RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-28-000-2022-00169-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00169-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00169-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad del acto de designación del señor del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de Representantes, periodo 2022-2024, contenido en el Acta 01 de 21 de julio de 2022, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Benicio Echeverry Pinzón como apoderado de la Cámara de Representantes. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, de conformidad con el artículo 289 de la Ley 1437 de 2011. CUARTO: ARCHIVAR el expediente, una vez quede en firme el fallo. 56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2022-00189-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Auto del 29 de septiembre de 2022. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 32 www.consejodeestado.gov.co Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal) 11001-03-28-000-2022-00188-00 11001-03-28-000-2022-00189-00 QUINTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00169-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de abril de 2023

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00
Demandantes: JUAN PABLO ALVIS ANDRADE Y OTROS1
Demandado: ACTO ELECTORAL DE JAIME LUIS LACOUTURE
PEÑALOZA, COMO SECRETARIO GENERAL DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES, PERIODO 2022-2024

Temas: Aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018, inhabilidades previstas
en los numerales 2 y 8 del artículo 179 de la Constitución
Política, prohibición del inciso 2 del artículo 126 superior.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta causal de nulidad que
impida abordar el fondo del asunto, la Sección Quinta del Consejo de Estado
procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. En el presente caso, los señores Juan Pablo Alvis Andrade, Juan David Díaz
Orozco, Juan Mateo Lozano Guarnizo, Jhon Jairo Cerquera Adarve y Harold
Eduardo Sua Montaña formularon en nombre propio, el 2 y 18 de agosto del año
2022, demandas de nulidad electoral2 contra el acto electoral del señor Jaime Luis
Lacouture Peñaloza, como secretario general de la Cámara de Representantes,
periodo 2022-2024, contenido en el acta de sesión plenaria No. 01 del 21 de julio
de 2022 de esa corporación3.

1.1. Hechos

2. Las demandas se fundan en supuestos fácticos que los actores narraron, en
síntesis, así:

3. El 29 de agosto de 2018, el Congreso de la República designó al señor Jaime
Luis Lacouture Peñaloza, como magistrado del Consejo Nacional Electoral – en
adelante CNE–, periodo 2018-2022.
1
Juan David Díaz Orozco, Juan Mateo Lozano Guarnizo, Jhon Jairo Cerquera Adarve y Harold Eduardo Sua Montaña.
2
Medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.
3
Gaceta del Congreso 1046 del 8 de septiembre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

4. El 29 de junio de 2022, ostentando todavía la calidad de magistrado del CNE, el
demandado inscribió su candidatura en la convocatoria pública para la selección
del secretario general de la Cámara de Representantes, periodo 2022- 2024.

5. El 21 de julio de 2022, el Congreso de la República en pleno aceptó la renuncia
presentada por el señor Lacouture Peñaloza como magistrado del CNE.

6. Ese mismo día –21 de julio de 2022–, y con posterioridad a su renuncia como
magistrado, la Cámara de Representantes, en sesión plenaria, eligió al
demandado, secretario general de esa Corporación, periodo 2022-2024.

1.2. Concepto de la violación

7. Los accionantes acusan que en la adopción del acto electoral del señor Jaime
Luis Lacouture Peñaloza, como secretario general de la Cámara de
Representantes, se incurrió en diversos vicios que afectan su legalidad, de
conformidad con los siguientes planteamientos:

1.2.1. Proceso 2022-00169-00 – infracción de la norma en que debió
fundarse4-

8. Los actores indicaron que el inciso 4 del artículo 126 de la Carta Política,
prescribe que “salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores
públicos atribuida a corporaciones públicas deberá́ estar precedida de una convocatoria
pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los
principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y
criterios de mérito para su selección”.

9. A su vez, refirieron que el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de
2018, señala que “mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de
servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el
inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por
analogía”.

10. En el caso particular, en sentir de los demandantes, la nulidad del acto de
elección, se derivaría del hecho que, la Ley 1904 de 2018 debía aplicarse a la
designación del secretario general de la Cámara de Representantes, en tanto se
trata de un servidor público, según el artículo 384 de la Ley 5ª de 1992, elegido
por una corporación pública (artículo 46 de la Ley 5ª de 1992), cuyo procedimiento
eleccionario no está regulado en la ley.

4
ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad
de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

11. Así mismo, señalaron que el proceso de elección debió estar precedido de
varias etapas como lo estipula la Ley 1904 de 2018, a saber:

 Convocatoria, efectuada dos meses antes del 20 de julio, con la inclusión
de la información del artículo 6 de la citada Ley 1904 de 2018.
 Inscripción, la cual debe hacerse con no menos de diez (10) días
calendarios desde la publicación de la convocatoria.
 Lista de admitidos a la convocatoria pública, previo informe de la
Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes.
 Pruebas de conocimiento, llevadas a cabo por una institución de
educación superior pública o privada debidamente acreditada.
 Criterios de selección, esto es, la ponderación de las pruebas de
conocimiento, la formación profesional, la experiencia, la competencia,
entre otras.
 Entrevista a los 10 candidatos elegibles por separado y por el tiempo que
se señale.

12. Además, precisaron que la regulación del proceso electoral del demandado no
tiene reserva de ley orgánica, al considerar que “(…) el mencionado procedimiento de
elección puede ser reglamentado a través de una ley ordinaria dado que corresponde a
un asunto administrativo externo a la reglamentación de la actividad legislativa que
desempeñan el gre [sic] y la Cámara de Representantes. Así, el rango de ley ordinaria de
la Ley 1904 de 2018 es el idóneo para regular el procedimiento de elección de los
secretarios y subsecretarios del Senado de la República y la Cámara de Representantes”

1.2.2. Proceso 2022-00188-00

1.2.2.1. Expedición irregular

13. El demandante sostuvo que, al tenor de los artículos 135 5 constitucional y 466
de la Ley 5 de 1992, la elección del secretario general de la Cámara de
Representantes debe tener lugar el 20 de julio del cuatrienio que se comienza.

14. No obstante, la parte actora adujo que, a pesar de este mandato, la elección
del demandado ocurrió el 21 de julio de 2022, esto es, un día después a la fecha
establecida en la Constitución y en la ley para la realización de esta designación.

15. Igualmente, señaló que, a la luz de esas normas7, el periodo del secretario
general es un “periodo constitucional” que se inicia el 20 de julio, momento para el
cual, el designado debe cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento
para el empleo, consistentes en las mismas calidades que se requieren para ser
representante a la Cámara.

5
“Son facultades de cada cámara: (...) 2. Elegir a su Secretario General, para periodos de dos años, contados a partir del
20 de julio, quien deberá́ reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
6
“Corresponde a cada Cámara elegir al Secretario General para un periodo de dos años, contado a partir del 20 de julio,
fecha de instalación del cuatrienio legislativo. Deberá́ reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva corporación.”
7
Artículos 135 Superior y 46 de la Ley 5 de 1992.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

16. En el caso particular, el periodo del secretario general arrancó
automáticamente el 20 de julio de 2022, sin que el acusado diera por satisfechas
las condiciones para acceder a él pues, para esa época, era todavía magistrado
del CNE, cargo al que renunció tan solo al día siguiente –21 de julio de 2022–.

1.2.2.2. Incursión en una inhabilidad

17. El actor manifestó que, como se vio, para ostentar la dignidad mencionada se
debe cumplir en la oportunidad antes señalada con las calidades que se reclaman
a los integrantes de ese órgano elector.

18. En ese sentido, adujo que la equiparación del empleo con el de representante
a la Cámara conllevaba a aplicar a este cargo el régimen de inhabilidades de los
congresistas, consagrado en el artículo 179 constitucional.

19. Refirió que el ordinal 8 del artículo 179 ejusdem prescribe que nadie podrá ser
designado “...para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos
coinciden en el tiempo, así́ sea parcialmente.”

20. En el sub-judice, el periodo del demandado como magistrado del CNE –que
finalizó el 21 de julio de 2022– coincidió parcialmente con el periodo de elección
del secretario general, que había comenzado a correr desde el 20 de julio de esa
misma anualidad.

21. El accionante afirmó que, para evitar la configuración de esta causal de
inelegibilidad, el señor accionado debió renunciar a la magistratura un (1) año
antes a su elección como secretario general, es decir, desde el 19 de julio de
2021, única excepción establecida para esa inhabilidad, incluida en el texto del
artículo 179.8 constitucional.

1.2.2.3. Desconocimiento del artículo 126 Superior

22. La parte actora arguyó que el inciso 2 del artículo 126 de la Constitución
prohíbe a los servidores del Estado intervenir en los procedimientos de postulación
y designación de aquellos ciudadanos que en el pasado participaron, a su vez, en
su nominación o elección.

23. En el sub-lite, el demandante aseveró que los representantes a la Cámara que
eligieron al señor demandado, como secretario general de la Corporación, periodo
2022-2024, transgredieron esa disposición constitucional, al haber designado a
una persona que participó activamente en el trámite de declaratoria de su elección
como congresistas para el periodo constitucional 2022- 2026, en su calidad de
magistrado del CNE hasta el 21 de julio de 2022.

24. En particular, el accionante destacó que el señor Lacouture Peñaloza intervino
en:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

 El procedimiento eleccionario de todos los representantes a la Cámara,
periodo 2022-2026, en el ejercicio de las funciones asignadas por la Carta
Política de 19918 al CNE y, en especial, las de (I) distribución de los aportes
de las campañas electorales9; (II) escrutinio general de las elecciones10; (III)
reconocimiento y otorgamiento de las personerías jurídicas de los
partidos11.
 La resolución de las reclamaciones presentadas contra el escrutinio general
efectuado por los delegados del CNE en el departamento de Antioquia,
declarando la elección de los representantes a la Cámara por ese
departamento para el periodo 2022-2026, mediante Acuerdo No. 003 del 16
de julio de 2022, del cual fue el magistrado ponente en el CNE.
 La declaratoria de la elección del representante a la Cámara, Miguel Polo
Polo.

1.2.3. Proceso 2022-00189-00 -infracción de la norma en que debió fundarse-
12

25. Sustentó que el acto por el cual la Cámara de Representantes eligió a su
secretario general el 21 de julio de 2022, viola los artículos 135.2, 177 y 179.2 de
la Constitución Política.

26. Explicó que el numeral segundo del artículo 135 de la Constitución es claro en
señalar que el secretario de la referida corporación “deberá reunir las mismas
calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara”. De manera que, el
actor afirmó que, conforme al principio de armonización constitucional, en ese
supuesto debe considerarse no solo las “calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara” previsto en el artículo 177 constitucional, sino también tener en
cuenta que se cumplen con todos los requisitos para poder ser congresista al
momento de su elección.

27. Anotó que, en ese orden de ideas, lo establecido en el numeral segundo del
artículo 179 de la Constitución es aplicable a los candidatos a secretario general,
mediante remisión normativa indirecta del numeral segundo del artículo 135
constitucional.

28. Así las cosas, el demandado, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, fue elegido sin
cumplir las mismas calidades para ser miembro de la Cámara de Representantes
exigidas por el numeral segundo del artículo 135 constitucional toda vez que, al

8
Artículo 265 constitucional.
9
Ordinal 7 del artículo 265 constitucional.
10
Ordinal 8 del artículo 265 constitucional.
11
Ordinal 9 del artículo 265 constitucional.
12
ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad
de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

haber ejercido como magistrado del CNE dentro de los doce meses anteriores a la
elección, no podía ser elegido secretario de esa corporación.

1.3 Trámite relevante

29. En el proceso 2022-00169-00, en decisión del 8 de septiembre de 2022, la
Sala admitió la demanda y negó la medida cautelar.

30. En el radicado 2022-00188-00, por auto del 20 de octubre de 2022, la Sala
admitió la demanda y negó la medida cautelar.

31. En el radicado 2022-00189-00, por auto del 29 de septiembre de 2022, la Sala
admitió la demanda y negó la medida cautelar.

32. Por medio de auto del 27 de enero de 2023, se dispuso la acumulación de los
procesos señalados.

1.4. Contestaciones

1.4.1. Proceso 2022-00169-00

33. Por conducto de apoderado judicial, el demandado, Jaime Luis Lacouture
Peñaloza, se opuso a las pretensiones del escrito inicial, pronunciándose, así:

34. Refirió que la Ley 1904 de 2018 no es aplicable a la elección controvertida, en
la medida en que fue prevista para regular la designación del contralor general de
la República; sin embargo, el parágrafo de su artículo 12 la hizo extensiva a otras
elecciones por analogía; es decir, cuando no exista una regulación expresa.

35. De acuerdo con lo anterior, precisó que en este caso “… no se cumplen las
condiciones que permitan la extrapolación pretendida por los demandantes, habida cuenta
que no hay vacío normativo en la regulación sobre la elección del secretario general de
la Cámara de Representantes, ni tampoco similitud con la del Contralor General de la
República”.

36. Resaltó que la Ley 5ª de 1992 regula expresamente la elección controvertida,
para lo cual destacó los artículos 4613, 13614, 13715 y 13816, disposiciones en

13
“Articulo 46. elección, período, calidades. corresponde a cada cámara elegir al secretario general para un período de
dos años, contado a partir del 20 de julio, fecha de instalación del cuatrienio legislativo. deberá reunir las mismas calidades
señaladas para ser miembro de la respectiva corporación, además de condiciones profesionales y experiencia en cargos
similares no inferior a cinco (5) años, o haber sido congresista u ocupado el cargo de secretario general en propiedad en
cualquiera de las cámaras. (aparte tachado fue declarado inexequible por la corte constitucional).
parágrafo. no puede ser designado secretario general, en propiedad, un miembro del congreso
14
Artículo 136. procedimiento en caso de elección. en las elecciones que se efectúen en las corporaciones legislativas, se
adelantará el siguiente procedimiento:
1. postulados los candidatos, el presidente designará una comisión escrutadora.
2. abierta la votación cada uno de los congresistas, en votación secreta, escribirá en una papeleta el nombre de uno de los
candidatos al cargo por proveer, o la dejará en blanco.
3. el secretario llamará a lista, y cada senador o representante depositar en una urna su voto.
4. recogidas todas las papeletas, si no está establecido un sistema electrónico o similar que permita cumplir la función,
serán contadas por uno de los escrutadores a fin de verificar correspondencia con el número de votantes. en caso contrario
se repetirá la votación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

donde se señala el periodo, fecha de inicio de la labor, calidades, requisitos,
prohibiciones para ostentar el cargo y su forma de selección, que además se
acompasan con lo previsto en el artículo 126 constitucional, que prevé la
necesidad de efectuar una convocatoria que contenga los puntos antes previstos
para la provisión de empleos públicos.

37. Agregó que, de advertirse vacío normativo en cuanto a la elección
demandada, no es procedente acudir a la normativa que regula la designación del
contralor general de la República, pues son particularmente distintas, en cuanto a
los plazos para la designación, los criterios a evaluar y la definición del perfil para
ocupar los cargos.

38. De otra parte, manifestó que la Ley 5ª de 1992, al ostentar la categoría de
orgánica, tiene una jerarquía superior sobre la Ley 1904 de 2018, que es ordinaria,
por lo que esta última no podría derogarla ni reformarla en forma tácita o expresa.

39. Señaló que, con el procedimiento para la elección de la dignidad demandada,
se cumplieron los parámetros de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, equidad de género y mérito.

40. Manifestó que existe una distinción entre la designación del contralor general
de la República y la del secretario general de la Cámara de Representantes, pues
mientras que para la primera el artículo 26717 Superior dispuso que debía cumplir
con los requisitos allí enlistados y además los que exija la ley, para el caso del
secretario previó como exigencias las contempladas para ser senador 18, sin que la
carta indicara que para este caso se debiera cumplir con alguna otra calidad.

5. el secretario leerá en voz alta y agrupará, según el nombre, uno a uno los votos, colocando las papeletas a la vista de los
escrutadores, y anotará, separadamente, los nombres y votación de los postulados que la obtuvieron.
6. agrupadas por candidatos las papeletas, la comisión escrutadora procederá a contarlos y entregará el resultado
indicando el número de votos obtenido por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, los votos nulos, y el total de
votos.
7. entregado el resultado, la presidencia preguntará a la respectiva corporación si declara constitucional y legalmente
elegido, para el cargo o dignidad de que se trate y en el período correspondiente, al candidato que ha obtenido la mayoría
de votos.
8. declarado electo el candidato será invitado por el presidente para tomarle el juramento de rigor, si se hallare en las
cercanías del recinto legislativo, o se dispondrá su posesión para una sesión posterior. el juramento se hará en los
siguientes términos:
"invocando la protección de dios, ¿juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y
lealmente con los deberes que el cargo de ... os imponen, de acuerdo con la constitución y las leyes ".
y se responderá: "sí, juro".
el presidente concluirá:
"si así fuere que dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, y si no que el y ellos os lo demanden".
15
Artículo 137. votos en blanco y nulos. se considera como voto en blanco, en las elecciones que efectúen las cámaras, la
papeleta que no contenga escrito alguno y así se haya depositado en la urna, o que así lo exprese. el voto nulo, en cambio,
corresponde a un nombre distinto al de las personas por las cuales se está votando, o contiene un nombre ilegible, o
aparece más de un nombre.
16
Artículo 138. citación. toda fecha de elección de funcionarios, de miembros de comisiones o para decisiones acerca de
proyectos, en días distintos a los indicados en este reglamento, deberá ser fijada con tres (3) días de antelación.
al aprobarse o comunicarse la citación deberá señalarse el cargo a proveer, el candidato o candidatos nominados, las
comisiones a integrarse y los proyectos que serán objeto de votación, además de la hora en que se llevará a efecto”.
17
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la
ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas,
financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el
mismo tiempo y acreditar las demás condiciones que exija la ley.
18
Según el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia para ser elegido Senador “se requiere ser colombiano de
nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

41. Como un segundo argumento en defensa de la legalidad de la elección
cuestionada, precisó que la actividad legislativa tiene reserva de ley orgánica, de
acuerdo con lo normado en el artículo 151 Superior, para lo cual aclaró que la
labor de secretario general “que para algunos puede ser considerada como de apoyo,
es imprescindible en el proceso de producción normativa, y por ende, amerita que lo
relacionado con este cargo, en especial la forma de vinculación, respete la mencionada
reserva de ley orgánica”.

42. Esgrimió que, del artículo 153 de la Ley 2200 de 202219, el cual modificó el
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, se extrae con toda
claridad que dicha norma es aplicable “con mayor rigor y énfasis a las entidades
territoriales y serán ellas, en principio las llamadas a considerar la analogía, pues
eventualmente se podrá hacer a nivel del Congreso de la República, pero para otra clase
de elecciones, que no para las previstas en la Ley 5a de 1992 para sus directivos y
secretarios, encargados de la organización, implementación y ejecución del trámite
legislativo y de reforma constitucional, sin cuyo concurso llevaría al traste con la esencial
función propia del poder legislativo”.

43. Señaló que el procedimiento que se realizó para elegir al demandado respetó
las disposiciones constitucionales y legales que la rigen; al respecto, indicó que
existió una convocatoria que fue efectivamente publicada, la cual, si bien, no se
efectuó en el término que indica la Ley 1904 de 2018, esto es, con 2 meses de
antelación a la elección, explicó que ello se debe a que la designación del
contralor general de la República tiene un periodo mayor al del secretario de la
Cámara de Representantes, y por otro, que para ostentar el primer cargo se
derivan varias exigencias20, cuando para el segundo, solamente es necesario ser
nacional y tener 35 años de edad, lo que hace imperioso contar con un lapso
mayor para acreditar ante el órgano elector los requisitos. Además, propuso
excepciones de mérito21.

44. A través de su apoderado, la Cámara de Representantes se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. En ese sentido, manifestó que la demanda no
contiene argumentos que permitan desvirtuar la presunción de legalidad del acto
enjuiciado, para lo cual señaló que la elección del secretario general de la Cámara
19
ARTÍCULO 153. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, el cual quedará así́:
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos
atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución
Política, la presente ley se aplicará por analogía. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos municipales
de entidades territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo
dispuesto en el presente parágrafo transitorio.
20
“Edad, título universitario calificado, experiencia profesional o docente, y además, calidades adicionales y logros de
diversa índole”.
21
“Inexistencia absoluta de la nulidad pretendida respecto de la elección del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como
secretario general de la Cámara de Representantes, Insuficiencia de elementos que permitan desvirtuar la presunción de
legalidad del acto de designación del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de
Representantes, Inexistencia de infracción de las normas en que debe fundarse el acto de elección del secretario general
de la Cámara de Representantes, Aplicación integral del procedimiento establecido para la designación del señor Jaime
Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de Representantes, Actuar legítimo y legal de la
Corporación para designar al señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de
Representantes, Existencia de regulación de requisito y procedimiento en el ordenamiento jurídico para designar
secretario general de la Cámara de Representantes, Cumplimiento de requisitos y procedimiento establecidos para la
designación del secretario general de la Cámara de Representantes, Falta de similitud entre la elección del secretario
general de la Cámara de Representantes con la de contralor general de la República, Insuficiencia de elementos que
permitan desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, Excepción genérica del artículo 282 del CGP”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

de Representantes se sustentó en la Ley 5ª de 1992, que es un estatuto válido y
aplicable a ésta, en la medida en que contiene los parámetros para realizar la
designación controvertida.

45. De otra parte, indicó que los accionantes pretenden que se aplique la Ley
1904 de 2018 a todas las elecciones de los miembros de las corporaciones
públicas y restarle así eficacia a las disposiciones especiales que regulan el
asunto, como lo es la Ley 5ª de 1992. Además, comentó que aplicar la primera
normativa sobre la segunda sería desconocer el principio de jerarquía, en la
medida en que una ley ordinaria no puede modificar o derogar una orgánica.

1.4.2. Proceso 2022-00188-00

46. El accionado, por conducto de sus apoderadas judiciales, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, sobre la base de los argumentos que se
sintetizan a continuación:

47. Expuso que, para el 21 de julio de 2022 –día de la elección–, el señor
Lacouture Peñaloza cumplía los requisitos constitucionales para acceder al cargo
de secretario general de la Cámara, pues ejercía su ciudadanía y era mayor de 25
años, exigencias prescritas en el artículo 177 superior en armonía con el artículo
135 ejusdem.

48. Afirmó que no era cierto que el periodo del demandado como magistrado del
CNE hubiera coincidido con el de secretario general de la Cámara de
Representantes, al considerar que, desde el 19 de julio de 2022, presentó ante la
plenaria del Congreso de la República su renuncia a la magistratura, la cual, a
pesar de haber sido aceptada el 21 siguiente, tuvo efectos fiscales desde el 20 de
julio de 2022, como lo solicitó en su escrito de dimisión.

49. Adujo la imposibilidad de hablarse que, en su condición de magistrado del
CNE, el accionado hubiera postulado, nombrado o elegido a los representantes a
la Cámara con el fin de que éstos, posteriormente, lo designaran secretario, por
cuanto en tratándose de actos electorales la voluntad que siempre impera es
aquella de la ciudadanía, depositada en las urnas.

50. Agregó que, de acuerdo con el artículo 3722 de la Ley 5 de 1992, la elección
de la mesa directiva de la Cámara –lo que incluía al secretario general– se
producía una vez instalado el Congreso de la República, sin que la disposición
estableciera una fecha precisa para la elección de ese funcionario, como
erradamente lo consideraba el demandante.

51. Añadió que la convocatoria realizada para la elección del secretario general de
la Cámara respetó los principios contenidos en el artículo 126 superior, así:

22
“Sesión inaugural. Instaladas las sesiones del Congreso, los Senadores y Representantes se reunirán por separado con
el objeto de elegir sus Mesas Directivas y dar comienzo al trabajo legislativo.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

 El principio de publicidad, ya que, con base en ello, se explicaba la
participación de 135 interesados en el procedimiento en el que resultó
electo el acusado.
 El principio de transparencia, por cuanto las actuaciones de la mesa
directiva durante el trámite censurado fueron de dominio público, tanto así
que el demandante pudo aportarlas a esta causa procesal.
 Los criterios de mérito, comoquiera que la designación estuvo precedida de
un estudio razonado de las hojas de vida de los postulantes.

52. Además, presentó excepciones de mérito23 y solicitó “reconocer personería para
actuar a la abogada Nubia Magola Mesa Granados, identificada como aparece al pie de
nuestras firmas, pues en la providencia de 20 de octubre de 2022 solo se reconoció lo
propio en favor de la doctora María Elizabeth García González, siendo que el poder nos
fue otorgado a ambas”.

1.4.3. Proceso 2022-00189-00

53. El demandado, por conducto de sus apoderadas judiciales, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones sobre la base de los argumentos que se sintetizan
a continuación:

54. Señaló que el actor parte de una premisa equivocada, en el sentido que
confunde la figura de las calidades y requisitos con las inhabilidades, que de vieja
data han sido distinguidas por el Consejo de Estado.

55. Las calidades y requisitos, por un lado, son circunstancias que están definidas
como atributos mínimos que debe reunir una persona para acceder a determinada
dignidad; mientras que las inhabilidades, son todos aquellos supuestos
establecidos expresamente en el ordenamiento jurídico que se oponen a que una
persona en la que recae determinada circunstancia no acceda a un empleo
público en particular.

56. Resaltó que el artículo 135.2 de la Constitución Política prevé que “Son
facultades de cada Cámara: (…) Elegir a su Secretario General, para períodos de dos
años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades
señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara”. Además, sin mayor esfuerzo -
afirmó- se observa que la proposición jurídica comprende el señalamiento de
“calidades”, que no son otras que las anotadas en el artículo 177 del texto

23
“Inexistencia absoluta de la nulidad pretendida respecto de la elección del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como
secretario general de la Cámara de Representantes, Insuficiencia de elementos que permitan desvirtuar la presunción de
legalidad del acto de designación del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de
Representantes, Inexistencia de infracción de las normas en que debe fundarse el acto de elección del secretario general
de la Cámara de Representantes e inexistencia de inhabilidades e impedimentos en la designación, Aplicación integral del
procedimiento establecido para la designación del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la
Cámara de Representantes, Actuar legítimo y legal de la Corporación para designar al señor Jaime Luis Lacouture
Peñaloza como secretario general de la Cámara de Representantes, Cumplimiento de requisitos y procedimiento
establecidos para la designación del secretario general de la Cámara de Representantes, Falta de intervención del
demandado en la designación de sus electores, pues los congresistas se eligen por voto popular, El acto acusado se
expidió en debida forma, no se acreditó que se hubiera hecho de manera irregular, Inexistencia de desviación de las
atribuciones de quien profirió el acto, Inexistencia de la falsa o indebida motivación del acto de elección, Excepción genérica
del artículo 282 del CGP”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

fundamental, relativas a (i) ser ciudadano en ejercicio y (ii) tener más de
veinticinco años.

57. Afirmó que la Carta no contempló una remisión al régimen de inhabilidades
que se especifica en el artículo 179 ejusdem. De ahí que donde el Constituyente
no estableció límites no le es dable al intérprete hacerlo; mucho menos bajo
auspicios de intelecciones analógicas o extensivas.

58. En esa medida, indicó que no es viable aplicar a la elección demandada el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades dispuesto para los congresistas, de
un lado porque éstas son taxativas y de aplicación restrictiva, y de otro, porque la
elección cuestionada está plenamente regulada en la Ley 5ª de 1992.

59. Además, refirió que la inhabilidad dispuesta en el artículo 179.2 Superior
tampoco resulta aplicable al demandado, en la medida en que su enunciado parte
de un sujeto especial, esto es, un empleado público; no obstante, el señor
Lacouture Peñaloza cuando fungió como magistrado del CNE, no se encontraba
cobijado por esa categoría de servidor público “pues aunque tienen la calidad de
servidores públicos en los términos del artículo 123 constitucional, en tanto están al
servicio del Estado y cumplen sus funciones en la forma prevista en la Constitución y la
ley, ello no les otorga el carácter de empleados, debido a que su vinculación no es laboral
sino de prestación de funciones públicas, por manera que, ni siquiera hay lugar a hacer
referencia al tipo de autoridad que supuestamente ejerció”.

60. Así mismo, añadió que para la elección del demandado fueron respetados
todos los postulados constitucionales y legales previstos para la designación del
cargo de secretario general de la Cámara de Representantes.

61. De otra parte, planteó la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda para
lo cual explicaron que el actor no es claro en la mayoría de aspectos que planteó
en el escrito inicial, lo que no permite ejercer el derecho de defensa en debida
forma.

62. En ese sentido, precisan que el actor:

 No incluyó un acápite donde se señale el nombre y domicilio del
demandado
 Las pretensiones no se expresaron con precisión y claridad, ni siquiera es
posible comprenderlas leyendo el texto completo de la demanda.
 En cuanto a los hechos de la demanda, si bien son enumerados, no fueron
determinados y clasificados, de acuerdo con pedimentos del escrito inicial,
pues de ellos podría llegarse a entender que el actor cuestiona las
actuaciones efectuadas por el congreso y no la elección aquí controvertida.
 En lo que atañe a los fundamentos de derecho, se tiene que uno de los
reproches es que el demandado incurrió en la inhabilidad del artículo 179.2
Superior, no obstante, el demandante no especificó el tipo de autoridad que
presuntamente ejerció el cuestionado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

63. Expresaron que la solicitud de suspensión provisional del acto acusado es
abiertamente improcedente, pues fue realizada por una interpretación errada del
demandante respecto del auto que inadmitió el escrito introductorio, dado que su
propósito no fue demostrar una contradicción de la elección controvertida con el
ordenamiento jurídico, sino sanear su omisión de enviar la demanda y sus anexos
a la parte demandada, en cumplimiento de la exigencia del artículo 162 de la ley
1437 de 2011.

64. Además, indicó que la petición cautelar resulta extemporánea, al considerar
que no fue realizada en la oportunidad prevista para dicho efecto, pues su
presentación debió hacerse al momento de radicar la demanda y no en una etapa
posterior.

65. En esa medida, solicitaron al despacho tener como no presentada la cautela,
por ser improcedente y extemporánea. Adicionalmente, presentaron excepciones
de mérito24.

66. La Cámara de Representantes, por medio de apoderado judicial se pronunció
en el mismo sentido que lo hizo en el proceso 2022-00169-00.

1.5. Petición

67. El demandante en el proceso 2022-00189-00, el 30 de enero de 2023, solicitó
lo siguiente: “pidiendo saber en razón del mismo si como actor de uno de los libelos
puedo ser impugnador o coadyuvante respecto de los otros si todas las actuaciones del
proceso 11001-03-28-000-2022-00189-00 van a quedar visibles en el expediente del
11001-03-28-000-2022-00169-00 tras la acumulación decretada”.

68. Adicionalmente, en escrito del 14 de marzo de 2023, reiteró lo aseverado en el
memorial del 4 de octubre de 2022, en el que refirió que “es evidente e incluso la
misma delagada [sic] de la procuraduría así lo reconoce de la imposibilidad actual del
ordenamiento colombiano de hacer extensible como causal de inhabilidad a otros cargos
de la rama legislativa el contemplado para el de congresista en el numeral 2 del artículo
179 constitucional”. No obstante, refirió que desistía de cualquier pretensión
recursiva que pueda formular respecto de la fijación del litigio.

1.6. Fijación del litigio y orden de sentencia anticipada

69. Con auto del 8 de marzo de 2023, la magistrada sustanciadora del proceso fijó
el litigio en los términos que se reproducen enseguida:

Determinar si el acto electoral del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como
secretario General de la Cámara de Representantes, periodo 2022-2024, es nulo,

24
“Inexistencia absoluta de la nulidad pretendida respecto de la elección del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como
secretario general de la Cámara de Representantes, Insuficiencia de elementos que permitan desvirtuar la presunción de
legalidad del acto de designación del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de
Representantes, Aplicación integral del procedimiento establecido para la designación del señor Jaime Luis Lacouture
Peñaloza como secretario general de la Cámara de Representantes, Cumplimiento de requisitos y procedimiento
establecidos para la designación del secretario general de la Cámara de Representantes, insuficiencia de elementos que
permitan desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado y Excepción genérica del artículo 282 del CGP”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

por cuanto la elección controvertida (I) no atendió las normas que reputa el
demandante como aplicables al caso, en especial, la Ley 1904 de 2018, teniendo en
cuenta que la convocatoria pública, no atendió los parámetros previstos en la citada
regulación, en lo referente a los términos de su publicación, la realización de un
examen de conocimientos, así como la designación de la institución educativa que
apoyara el proceso eleccionario; (II) si el mismo acto electoral fue expedido de
manera irregular, por ser elegido en fecha distinta a la que ordena la Ley 5ª de
1992, (III) si se desconoció la prohibición contendida en el artículo 126 Superior; y
(VI) [sic] si incurrió en las causales de inhabilidades, contenida en los numeral 2 y 8
del artículo 179 Superior.

70. Se indicó que la resolución de este interrogante supone, entre otras, abordar
las siguientes temáticas:

 Establecer si la elección demanda [sic] ha sido regulada de forma específica por el
legislador en la Ley 5 de 1992 o si por el contrario es la Ley 1904 de 2018 la que
rige este trámite electoral.

 Determinar si el acto demandado está viciado de nulidad por haber sido expedido
de manera irregular, aspecto en donde se deberá analizar si de acuerdo con los
artículos 135 y 46 de la Ley 5ª de 1992, el señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza
debió ser elegido el 20 de julio de 2022 y no al día siguiente como en efecto se
hizo.

 Adicionalmente, estudiar si el demandado desconoció la prohibición del artículo
126 Superior, teniendo en cuenta que como magistrado del CNE, intervino en la
postulación, elección y posesión de los congresistas que posteriormente lo
designaron como secretario general de la Cámara de Representantes.

 Además, determinar si resultan aplicables al demandado las inhabilidades previstas
para los congresistas, contenidas en los numerales 2 y 8 del artículo 179 Superior.
En caso afirmativo, establecer si el demandado ejerció algún tipo de autoridad y si
se configuró la coincidencia de períodos en el presente caso.

71. Asimismo, se resolvieron las peticiones probatorias y se prescribió dictar
sentencia anticipada al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437
de 2011. Luego, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
que presentaran alegatos y rindieran concepto.

1.7. Alegatos de conclusión

72. Por intermedio de sus apoderadas judiciales, el demandado se opuso
nuevamente a la negativa de las pretensiones para lo cual señalaron lo siguiente:

73. Afirmó que la Ley 1904 de 2018 no era aplicable al asunto de marras al
considerar que la elección cuestionada esta plenamente regulada en la Ley 5 de
1992, dicha normatividad que fue atendida completamente en el proceso
eleccionario del señor Jaime Luis Lacouture.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

74. Además, señaló que la Ley 5 de 1992 tiene categoría orgánica, por lo que no
podría pensar que por una ley ordinaria pudiera regularse la elección del
secretario general de la Cámara de Representantes, cuando es un asunto que
tiene reserva legal especial.

75. Para justificar su postura, aseguraron que la Sección Quinta ha definido el
asunto, en el sentido de señalar que no es posible aplicar a la elección
cuestionada la Ley 1904 de 2018, para lo cual citó las sentencias del 19 de enero
de 2023, proferida con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, en
el proceso radicado 11001-03-28-000-2022-00171-00, del 2 de febrero de 2023
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, el proceso de radicado 11001-
03-28-000-2022-00173-00 y la del 16 de marzo de 2023 con ponencia del doctor
Pedro Pablo Vanegas Gil, dentro del proceso 11001-03-28-000-2022-00172-00.

76. Adicionalmente, aseguraron que no se presentó ninguna irregularidad en
cuanto a que la designación del demandado se hiciera el 21 de julio de 2022, por
cuanto ello se encuentra amparado en la ley, al considerar que el día anterior es
decir el 20 de julio de 2022, es la fecha en que se realiza la sesión de
inauguración del congreso, reunión que no pudo ser concluida en esa calenda, por
lo que era dable que la elección del secretario general se realice en una fecha
posterior.

77. Además, agregaron que no hay una coincidencia de periodos entre los cargos
de magistrado del CNE y secretario general de la Cámara, debido a que, entre uno
y otro existió la presentación y aceptación de una renuncia al empleo de miembro
del Consejo Nacional Electoral, que habilitaba al elegido para poder haber sido
designado por la cámara.

78. De otra parte, advirtieron que no se desconoció el artículo 126 Superior en la
medida en que el demandado como magistrado del CNE no tenía la potestad de
elegir a los representantes a la Cámara, pues tal atribución solo se encuentra a
cargo del pueblo que en las urnas plasma la voluntad de elegir a determinados
candidatos.

79. Finalmente, precisaron que no hay lugar a la configuración de las
inhabilidades contenidas en el artículo 179 numerales 2 y 8, teniendo en cuenta
que éstas solo son aplicables a quienes fungen como congresistas, y agregaron
que el régimen de inhabilidades es taxativo, en ese orden de ideas por
interpretación no se puede extender al cargo que ostenta el demandado.

80. En el mismo sentido que sus antecesoras, se pronunció la Cámara de
Representantes.

81. Los demandantes coincidieron en señalar en síntesis que insistían en sus
pretensiones anulatorias.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

1.7.2 Concepto del Ministerio Público

82. Indicó que debían denegarse las pretensiones de la demanda, al considerar
que la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en la
que señala que no es posible aplicar la Ley 1904 de 2018 a la elección
cuestionada, teniendo en cuenta que tiene regulación expresa en la Ley 5 de
1992.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

83. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 25 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer y tramitar en única instancia el
proceso de la referencia.

2.2. Cuestión previa

84. El 30 de enero de 2023, el demandante en el proceso 2022-00189-00,
cuestionó sobre la procedencia de ser tercero o coadyuvante en los procesos que
fueron acumulados al presente trámite, esto es 2022-00169-00 y 2022-00188-00.

85. Además, en escrito del 14 de marzo del año en curso, señaló que no era dable
tramitar el proceso teniendo en cuenta la causal de inhabilidad del artículo 179.2
superior, debido a “(…) la imposibilidad actual del ordenamiento colombiano de hacer
extensible como causal de inhabilidad a otros cargos de la rama legislativa el
contemplado para el de congresista en el numeral 2 del artículo 179 constitucional (…)”.

86. De acuerdo con lo señalado es pertinente resaltar que los planteamientos
elevados por el actor constituyen en estricto una consulta, la cual quedo absuelta
desde el auto del 27 de enero del auto en curso, donde el Magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil, decidió acumular los procesos señalados en el párrafo anterior, con
el propósito de fallar en una sola sentencia los mismos, teniendo en cuenta que se
trataban de una misma elección demandada y reproches de índole subjetivos y
neutros.

87. En términos más sencillos, lo anterior hace referencia a que, una vez proferido
el auto de acumulación, los procesos 2022-00169-00, 2022-00188-00 y 2022-
00189-00, siguen desde ese momento una misma cuerda procesal lo que implica
que, quienes fungían como demandantes en cada una de las demandas, podían

25
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 4. De la nulidad de
los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, (…).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

realizar las intervenciones que consideraran pertinentes, sin un reconocimiento
adicional como coadyuvante.

88. Además, en cuanto a la segunda circunstancia aducida por el actor Sua
Montaña, es pertinente recordar que desde la presentación de la demanda, señaló
como cuestionamiento lo siguiente: “(…) lo estipulado en el numeral segundo del
artículo 179 de la Constitución es aplicable a los candidatos a secretario general de la
Cámara de Representantes(..:) circunstancia que entendió la Sala desde la admisión
del proceso por auto del 29 de septiembre de 2022, que hacía referencia al motivo
de su reproche contra la elección cuestionada, sin que presentara recurso al
respecto o solicitud de aclaración o adición de dicha providencia, como medios
procedentes para ventilar alguna inconformidad.

89. Ahora, si bien en memorial del 4 de octubre de 2022, el demandante en forma
imprecisa indicó que su escrito inicial no recaía sobre la inhabilidad contenida en
el 179.2 Superior, lo cierto es que luego al pronunciarse sobre las excepciones,
solicitó que al decidir sobre la ineptitud de la demanda, el despacho debía
reafirmar lo decidido por la Sala en auto admisorio del 29 de septiembre de
202226, por lo que se entiende que el actor está conforme con el análisis que la
Sección emprendió en la materia. En esa medida, para la Sala que es procedente
proferir un pronunciamiento sobre la señalada inhabilidad.

2.3. Acto demandado

90. Se trata del acto electoral del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como
secretario general de la Cámara de Representantes, contenido en el acta de
sesión plenaria No. 01 del 21 de julio de 2022 de esa corporación27.

2.4. Problema jurídico a resolver

91. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolverá el cuestionamiento jurídico
plasmado en el ordinal 1.6 de esta providencia, anticipando que las súplicas de la
demanda serán negadas.

92. Para ello, se abordará, en primer lugar, a qué se refiere el vicio de nulidad de
expedición irregular (2022-00188-00) e infracción de la norma que debió fundarse
el acto cuestionado (2022-00169-00) invocados por la parte actora, para después
examinar las censuras endilgadas a dicha designación.

2.5.1. Expedición irregular

93. Sobre esta causal de nulidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado
recientemente precisó:

26
Asimismo, cuestionan la aptitud del libelo con idénticos argumentos a los desestimados en este proceso mediante auto
interlocutorio del 29 de septiembre de 2022 siendo entonces lógico el volver a proferir esta corporación igual decisión
27
Gaceta del Congreso 1046 del 8 de septiembre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

“La expedición de un acto administrativo debe respetar el debido proceso, es decir,
el conjunto de formalidades o normas adjetivas que señalan los requisitos, etapas y
trámites que se deben observar para su formación, a fin de salvaguardar la
veracidad de su contenido, la igualdad entre los interesados y la publicidad, entre
otras garantías del debido proceso, en especial frente a los actos de carácter
particular y reglado; no tanto así en relación con los generales, reglamentarios y
discrecionales o los de ejecución inmediata por razones de orden, salubridad o
calamidad pública. Esta Sala ha considerado que este vicio de nulidad se
materializa cuando:

1. (…) La decisión de la administración viole las normas de orden adjetivo, las
cuales establecen el procedimiento para su formación o la forma como éste debe
presentarse.

2. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe verificarse si éstos son
de una suficiencia tal que afecten el sentido de la decisión.

3. Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es sustancial
o trascendente, el acto será anulable por expedición irregular (…).28

Por último, vale aclara [sic] que, en virtud de los principios de eficacia y economía
no toda irregularidad en el trámite de formación de un acto tiene la virtualidad de
anularlo sino solo aquellas que transgreden las garantías procesales que protegen
los derechos subjetivos de los administrados y que, por tanto, integran lo que se
conoce como el debido proceso sustantivo”29.

94. De acuerdo con lo anterior, cuando se hace referencia a la mencionada
causal de nulidad, se alude a irregularidades en el trámite de expedición del acto
electoral, en la omisión o desconocimiento de las etapas y/o exigencias
procedimentales para que pueda surgir a la vida jurídica, es decir, en el irrespeto
de las formas propias de cada procedimiento, que tienen como propósitos
garantizar a los destinatarios de la decisión final el derecho de audiencia y
defensa, la posibilidad de conocer y participar en las actuaciones previas a
aquélla, así como establecer condiciones mínimas que contribuyan a una
manifestación definitiva de la voluntad de la administración acorde con el
ordenamiento jurídico y la debida valoración de los supuestos de hecho30.

95. De otra parte, la causal de nulidad invocada, referida a la infracción de las
normas en las que ha debido fundarse o también conocida como violación de una
norma superior, se centra en la contravención del acto electoral con las
disposiciones normativas que componen su marco jurídico31.

28
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de octubre de 2016, rad. 11001-03-28-000-2010-00007-00, M. P.
Mauricio Torres Cuervo.
29
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 23001-
23-33-000-2020-00004-02.
30
En tal sentido ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, M.P. Ramiro
Saavedra Becerra, Rad. 11001-03-26-000-2004-00020-00(27832); Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de
julio de 2019, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. 08001-23-31-000-2003-01881-01.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado No. 11001032800020180008100 (acumulado), Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. nº. 11001-03-28-000-2016-00038-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

96. Este vicio se presenta cuando el acto:

i) Omite su aplicación: la autoridad o elegido ignora su existencia, o
conociéndola decide no aplicarla ya sea por considerar que fue derogada o
estima que no se subsume al caso concreto.

ii) Aplicación indebida: cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen
valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el
asunto que es objeto de decisión32.

El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.- Porque
el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto
de hecho que la norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta
la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso
concreto33.

iii) Interpretación errónea: consistente en el entendimiento desatinado del
precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver34.

97. En esa medida, una vez definida las irregularidades sobre las que edifica el
actor los reproches de sus demandas 2022-00169-00 y 2022-00188-00 es
pertinente resolver el caso en concreto.

2.6. Caso concreto

2.6.1. Planteamiento de la censura

98. En el presente asunto la parte demandante pretende que se declare la nulidad
del acto electoral del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario
general de la Cámara de Representantes, en consideración a que (I) no se
siguieron lo aspectos contemplados en la Ley 1904 de 2018, aplicables al asunto
de la referencia, (II) la mencionada elección fue expedida irregularmente por
cuanto no se realizó el 20 de julio de 2022 de acuerdo con lo señalado en los
artículo 135 Superior y 46 de la Ley 5 de 1992, (III) el designado no cumplía los
requisitos para ocupar el empleo al que fue nombrado como secretario general de
la Cámara de Representantes, (IV) se desconoció el artículo 126 superior, pues
presuntamente el demandado como magistrado del CNE participó en la elección
de los congresistas que luego lo nombraron en el cargo de secretario general de la
Cámara de Representante y (V) incurrió en las causales de inhabilidad contenidas
en los numerales 2 y 8 del artículo 179 Superior.

2.6.1.1. Aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018 en la presente elección-
reiteración de jurisprudencia35
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012. M.P:
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Radicado No. 25000-23-27-000-2004-92271-02.
33
Ídem.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado No. 11001032800020180008100 (acumulado), Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. nº. 11001-03-28-000-2016-00038-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

99. En el presente asunto, se recuerda que en primer lugar solicitaron la nulidad
de la elección del señor señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario
general de la Cámara de Representantes, periodo 2022-2024, cuyo reproche
concreto se dirige a indicar que la elección cuestionada desconoció el parágrafo
transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018, por no haberse seguido los
parámetros allí enlistados, al considerar que era aplicable, dado que la Ley 5 de
1992 no reguló la mencionada elección.

100. Para resolver el caso, es pertinente recordar que el parágrafo señalado
indica lo siguiente:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las
demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas
conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución
Política, la presente ley se aplicará por analogía. Para el caso de la elección de los
secretarios de los concejos municipales de entidades territoriales de categorías 4a,
5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo
dispuesto en el presente parágrafo transitorio”.

101. De lo anterior, se extrae que, para la aplicabilidad analógica de la citada
disposición, es necesario el cumplimiento de dos presupuestos, a saber, i) que se
trate de una elección atribuida a una corporación pública y ii) que la misma no se
encuentre regulada por una ley especial.

102. De acuerdo con lo señalado, es pertinente determinar si se cumplen los
anteriores presupuestos para la procedencia de la aplicación de la Ley 1904 de
2018 al caso concreto.

103. En este punto, se destaca que la elección cuestionada cumple con el primero
de los requisitos, por cuanto se encuentra atribuida a una corporación pública, a
saber, la Cámara de Representantes, según las voces del artículo 46 de la Ley 5ª
de 1992, establece que será designado por la respectiva cámara para un periodo
de 2 años a partir del 20 de julio, es decir, la fecha en que se instala el respectivo
cuatrienio legislativo.

104. No obstante lo anterior, no ocurre lo mismo con el segundo de los
presupuestos, debido a que de la norma antes referida, se extrae que el secretario
es elegido por la respectiva cámara y que “deberá reunir las mismas calidades
exigidas para ser miembro de la respectiva corporación”.

105. En los anteriores términos, la Ley 5 de 1992, en su artículo 136, contiene las
reglas a seguir para la realización de las elecciones que deban efectuar cada una

35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2022-00171-00 . M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 19 de enero de 2023. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2022-00173-00 . M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2022-
00172-00 . M.P. Pedro Pablo Vanegas gil. Sentencia del 16 de marzo de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

de las cámaras que conforman el Congreso de la República, en cuyo tenor literal
enuncia:

“Procedimiento en caso de elección. En las elecciones que se efectúen en las
Corporaciones legislativas, se adelantará el siguiente procedimiento:

1. Postulados los candidatos, el Presidente designará una Comisión escrutadora.
2. Abierta la votación cada uno de los Congresistas, en votación secreta, escribirá en una
papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por proveer, o la dejará en blanco.

3. El Secretario llamará a lista, y cada Senador o Representante depositar en una urna
su voto.

4. Recogidas todas las papeletas, si no está establecido un sistema electrónico o similar
que permita cumplir la función, serán contadas por uno de los escrutadores a fin de
verificar correspondencia con el número de votantes. En caso contrario se repetirá la
votación.

5. El Secretario leerá en voz alta y agrupará, según el nombre, uno a uno los votos,
colocando las papeletas a la vista de los escrutadores, y anotará, separadamente, los
nombres y votación de los postulados que la obtuvieron.

6. Agrupadas por candidatos las papeletas, la comisión escrutadora procederá a
contarlos y entregará el resultado indicando el número de votos obtenido por cada uno
de los candidatos, los votos en blanco, los votos nulos, y el total de votos.

7. Entregado el resultado, la Presidencia preguntará a la respectiva Corporación si
declara constitucional y legalmente elegido, para el cargo o dignidad de que se trate y en
el período correspondiente, al candidato que ha obtenido la mayoría de votos.

8. Declarado electo el candidato será invitado por el Presidente para tomarle el
juramento de rigor, si se hallare en las cercanías del recinto legislativo, o se dispondrá su
posesión para una sesión posterior”.

106. En atención a la norma referida, el demandado afirma que la Ley 5 de 1992
contiene un trámite eleccionario para la escogencia del secretario demandado, por
lo que la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 resulta imposible, de cara a la
existencia de este procedimiento singular.

107. Ahora bien, de acuerdo con los reproches de la demanda y lo afirmado por el
accionado, se impone analizar si efectivamente el artículo 136 de la Ley 5 de 1992
consagra estructuralmente todas las reglas propias de una convocatoria o, por el
contrario, si podría ser sustituido o complementado en ese aspecto por otras
normas, como es el caso de la Ley 1904 de 2018.

108. Para dicho efecto, es pertinente indicar que, de la norma citada en el párrafo
anterior, se puede evidenciar que para los eventos en que cada una de las cámaras
del congreso deban realizar alguna elección de un cargo en la respectiva
corporación deberán adelantar el procedimiento allí previsto.

109. En otros términos, la Ley 5 de 1992 contempló los requisitos y los parámetros
para adelantar la designación del secretario general de la Cámara, por lo que no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

hay razón para exigir la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 en el presente
caso.

110. Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara, que el procedimiento
señalado no prevé las etapas de selección del secretario, y se concluyera que no
está expresamente regulado en la Ley 5ª de 1992, el Congreso goza de plena
autonomía y tiene la potestad de regular sus propios asuntos, mediante las leyes
que éste expide, pues así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-830 de
2001:

“La Constitución del 91 le confiere al Congreso, como rama del poder autónoma e
independiente, la capacidad soberana de administrar sus propios asuntos, al atribuirle
en el artículo 150-20 facultad para ‘Crear los servicios administrativos y técnicos de las
Cámaras’, lo cual, obviamente, debe hacerse por medio de ley, como expresamente
allí se ordena. Disposición que guarda concordancia con el artículo 135 del mismo
ordenamiento, que señala las facultades de cada Cámara, entre ellas, elegir sus mesas
directivas, elegir su secretario general, proveer los empleos creados por la ley para el
cumplimiento de sus funciones, organizar su policía interior, entre otras.”

Ello significa que el Congreso, por disposición constitucional expresa, tiene autonomía
y plena capacidad para auto-organizarse, lo que se traduce, especialmente, en: a)
autonomía reglamentaria, es decir, capacidad para dictar normas para su propio
funcionamiento, sin la intromisión ni la interferencia de ningún otro órgano y sin que el
gobierno tenga iniciativa en estas materias, y b) autonomía financiera y administrativa,
por cuanto las Cámaras tienen la facultad de fijar su propio reglamento y administrar
sus propios servicios así como el personal que los presta El Congreso ‘es una rama del
poder autónomo, cuya potestad de legislación lo legitima como representante
fundamental del ejercicio de la soberanía nacional y lo instituye como órgano separado
ontológicamente de la administración y, por lo tanto, no sólo con las fundamentales
funciones políticas de hacer la ley y de controlar al que la debe ejecutar, sino además
con la potestad democrática de administrar sus propios servicios, requeridos para
hacer posible el cumplimiento de la función fundamental del Estado, sin condicionarle
esa tarea a tener que depender de la antesala presupuestal de funcionarios
administrativos o del corretaje de ruego al otorgamiento del apoyo financiero a su
función soberana. Cercenar al Congreso sus obvias funciones de administrar sus
propios asuntos, de ejecutar su propio presupuesto y de disponer contractualmente de
su erario, es convertirlo en un apéndice no sólo administrativo sino político del poder
ejecutivo del Estado, ahí sí, en clamorosa contradicción con el principio incólume de la
separación orgánica de los poderes, consagrados en los artículos 2 y 55 de la Carta’.”.

111. De esta manera, el Tribunal Constitucional determinó, que el Congreso, de
acuerdo con la facultad conferida en el artículo 150.20 Superior, en consonancia
con el 135, “tiene competencia para establecer todos aquellos aspectos necesarios,
desde el punto de vista administrativo y técnico, destinados a su propio manejo y
administración interna, que le permitan cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que
le corresponde ejercer, siempre y cuando tales disposiciones no vulneren el ordenamiento
supremo”36.

112. Así las cosas, la aplicación de la Ley 1904 de 2018 no es procedente en el
caso sometido a estudio de la Sección, comoquiera que, no existe una ausencia de
verdaderas reglas de reclutamiento en la Ley 5 de 1992.

36
Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2001

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

2.6.1.2. La elección del secretario general de la Cámara de Representantes es
una materia que dispone de reserva legal orgánica

113. De otra parte, el demandado asegura que la elección cuestionada tiene
reserva de ley orgánica y solamente por esta especialidad puede ser regulada su
elección.

114. Para la Sala Electoral del Consejo de Estado, el reglamento del Congreso
debe ser expedido por ley orgánica, según lo normado en el artículo 151 Superior, y
sobre este aspecto la Corte Constitucional en sentencia C-423 de 1995 estableció lo
siguiente:

“Las leyes orgánicas se constituyen en reglamentos que establecen límites
procedimentales, para el ejercicio de la actividad legislativa, en el caso de las leyes
ordinarias en general y en el de ciertas y determinadas leyes en especial son normas
de autoreferencia para quienes tienen la facultad de expedirlas y posteriormente
desarrollar la materia de la cual tratan, a través de leyes ordinarias. Son normas
intermedias entre las disposiciones del ordenamiento superior y las normas que
desarrollan la materia que ellas regulan.”

115. Además, se tiene que los temas que contiene el reglamento del Congreso se
distinguen de acuerdo con la actividad propia de la corporación, por lo que la Corte
Constitucional los identificó por asuntos de manera enunciativa, mas no taxativa, en
ese orden señalo lo siguiente:

“La ley que establezca el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de
Representantes, en su carácter de normativa orgánica, necesariamente debe tomar
en consideración el conjunto de funciones que cumple el Congreso y cuyo
ejercicio periódico debe sujetarse a unas reglas y procedimientos uniformes que
son precisamente los que se contienen en aquéllas. La actividad de la rama
legislativa del poder público comprende, en los términos de la Constitución, una función
constituyente, legislativa en sentido estricto, de control político, judicial, electoral,
administrativa, de control público y de protocolo. De ahí que la regulación de los
aspectos mencionados - por lo demás mínimos e indispensables - de la función
electoral del Congreso, en modo alguno, exceda el ámbito de esta específica ley
orgánica. La asunción de las facultades electorales del Congreso y de sus
cámaras y su futuro ejercicio, se realizarán de conformidad con las reglas
adoptadas en su reglamento. Justamente éste es el propósito de una ley
orgánica”37.

116. En esa medida, confluye la Sala con la apreciación realizada por el
demandado en el sentido de concluir que la elección del secretario de la Cámara de
Representantes se encuentra directamente vinculada al objeto misional de la
corporación, es por eso que cualquier regulación que se pretenda proferir respecto
de la forma en las que se determinan las condiciones de acceso al cargo, se deben
fijar por una ley orgánica. Asunto distinto sería, el caso en el que se buscara
modificar el régimen de personal de los empleados del Congreso, lo cual sí puede
ser materia de ley ordinaria, según lo dispone la sentencia C-830 de 200138.
37
Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 1993.
38
“El estatuto de personal, que contiene en detalle la estructura administrativa y técnica de la corporación, la clasificación,
funciones y provisión de los empleos, entre otras materias, no se encuentra dentro de los asuntos que, según el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

117. Por manera que, al haberse adoptado los parámetros para la elección
cuestionada en la Ley 5ª de 1992, no resulta admisible aplicar de manera analógica
el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.

2.6.1.3. De la expedición irregular en el procedimiento de elección del
demandado

118. En esta oportunidad, el demandante estima que el acto declarativo de la
elección del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la
Cámara de Representantes, periodo 2022-2024, fue expedido irregularmente, por
cuanto:

 La elección demandada no sucedió el 20 de julio de 2022, fecha en la que,
desde su perspectiva, debía ser designado por así disponerlo los artículos
135 constitucional y 46 de la Ley 5 de 1992, Reglamento Interno del
Congreso de la República.

 Para el 20 de julio de 2022, día en el que comenzaba a correr el periodo del
demandado, éste no cumplía con los requisitos para acceder al cargo, toda
vez que, para ese momento, tenía aún la condición de magistrado del
Consejo Nacional Electoral, lo que le impedía ser elegido en ese empleo.

119. De lo anterior, se desprende que, como núcleo esencial de la censura, se
encuentra la figura del periodo del secretario general, razón por la que la Sección
Quinta emprende su estudio, como sigue:

120. El artículo 135 de la Carta Política de 1991 consagra algunas de las
funciones electorales39 atribuidas a cada una de las cámaras que, en Colombia,
componen la rama legislativa del Poder Público, dentro de las cuales figura la
designación de su secretario general.

121. Al respecto, el ordinal 2 del referido artículo 135 superior prevé:

“Son facultades de cada Cámara: (…) 2. Elegir a su Secretario General, para
períodos de dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las
mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.”

122. Del texto reproducido se desprende que –en lo atinente al asunto estudiado
por la Sala–, la Cámara de Representantes elegirá a su secretario general,
fijándose en la norma ciertas especificidades respecto de su periodo, al que se le
establece una duración de 2 años y un extremo inicial para su conteo, que arranca
el 20 de julio.

artículo 151 superior, deben ser regulados por medio de ley orgánica, como ya se expresó en párrafos anteriores y,
por ende, mal podría concebirse como un parámetro de orientación y de constitucionalidad para las demás leyes. El
estatuto de personal del Congreso debe ser establecido mediante ley ordinaria, la cual no requiere de la referida rigidez y
estabilidad normativa de la ley orgánica”.
39
Otra de las consignadas en la norma se relaciona con la escogencia de su mesa directiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

123. Esta última particularidad –la determinación de una fecha exacta para su
cómputo–, destaca la existencia de un periodo institucional que, contrario a los
periodos personales que se inauguran con la posesión del elegido o nombrado,
tienen un día efectivamente asignado desde el cual, se contabilizará su extensión.

124. En punto de las diferencias entre los periodos institucionales y personales, la
jurisprudencia de esta Sala de Sección40 ha explicado:

“Al respecto el Consejo de Estado, desde vieja data, señaló que el periodo
personal se cuenta a partir de la posesión del elegido, se ejerce el cargo durante el
tiempo que señala la norma correspondiente y la falta absoluta del funcionario da
lugar a una nueva elección para un nuevo período y el institucional es señalado
por la norma, parte “…de una fecha determinada y por consiguiente debe finalizar
en una fecha determinable”. En este caso la falta absoluta del principal se llena
automáticamente con el suplente, o en ocasiones por medio de nueva elección, pero
siempre por el tiempo que resta para completar el período.” (Negrilla fuera de texto)

125. En ese orden, se itera, el artículo 135 constitucional erige un periodo
institucional para el secretario general y, en ese sentido, prescribe que su cómputo
parte el 20 de julio, fecha que, igualmente, ha sido utilizada por la Constitución
como aquella en la que debuta el funcionamiento de la corporación41.

126. Ahora bien, lo anterior lleva a resaltar que, en oposición a lo expresado por el
demandante, la referencia al “20 de julio” hecha en la disposición42 no se relaciona
con la instauración de una jornada precisa en la que deba ocurrir la designación
del secretario, pues tan solo debe entenderse como el momento en el que
comienza su periodo de 2 años.

127. En términos sencillos, la norma no prevé un día en el que la Cámara deba
desplegar su potestad nominadora para elegir a este empleado, sino, de forma
exclusiva, la fecha en la que su periodo se activa, más allá que la escogencia haya
tenido o no lugar en esa data43.

128. En consonancia con ello, el artículo 46 de la Ley 5 de 1992 consagra:

“Corresponde a cada Cámara elegir al Secretario General para un período de dos
años, contado a partir del 20 de julio, fecha de instalación del cuatrienio
legislativo. Deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva corporación” (Negrilla fuera de texto)

129. Es decir, la ley orgánica del Congreso replica los postulados constitucionales,
dándole al “20 de julio” la naturaleza de límite inaugural del periodo del secretario,
pero no la de término improrrogable en la que deba acontecer la designación de
este funcionario.

40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00058-00
(ACUM.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 18 de febrero de 2021.
41
Ver, en ese sentido, el artículo 138 de la norma superior.
42
Artículo 135 constitucional.
43
20 de julio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

130. Por lo anterior, para la Sala no es posible atender el argumento del
accionante según el cual, el acto de elección del demandado es ilegal, pues no fue
adoptado el 20 de julio de 2022; día en el que, como se ha afirmado, inició el
periodo institucional del acusado, teniendo en cuenta que las normas no señalan
una fecha perentoria para la producción de su designación.

2.6.1.4. Presunta falta de requisitos del demandado para ocupar el cargo

131. En otro aspecto, la parte actora sostiene también que la nulidad del acto
reprochado debe ser decretada, ya que, para el 20 de julio de 2022, el señor
Jaime Luis Lacouture Peñaloza –día en que comenzaba a correr el periodo del
secretario de la Cámara– era magistrado del CNE, incumpliendo de esta manera
los requisitos exigidos para acceder al cargo.

132. En cuanto a las calidades pedidas a quiénes pretenden llegar a este empleo,
los artículos 135 constitucional y 46 de la Ley 5 de 1992 estipulan que el
postulante deberá acreditar las mismas que son señaladas para ser miembro de la
Corporación, a la sazón, de la Cámara de Representantes.

133. En ese orden, el artículo 177 de la Carta Política de 1991 señala:

“Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más
de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.” (subrayas fuera de texto)

134. De conformidad con este mandato, el candidato a la Secretaría de la Cámara
deberá demostrar, para la fecha de la elección44, que es ciudadano en ejercicio y
que cuenta con más de 25 años, sin prescribírsele otro tipo de requisito adicional.

135. En el caso concreto, la Sala subraya que, no existe en el expediente medio
de convicción del que se evidencie que, para el 21 de julio de 2022 –data de
elección del acusado–, éste incumplía alguno de estos presupuestos de entrada al
ejercicio de funciones públicas.

136. Por el contrario, reposa acta de posesión de ese día 45, que prueba que el
señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza accedió al empleo de secretario de la
Cámara, tras refrendar ante la mesa directiva de esa corporación la observancia
de las calidades pedidas en el artículo 177 constitucional, sin que ellas puedan
desconocerse por su condición de magistrado del CNE para el 20 de julio de 2022.

137. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha aducido en relación
con los representantes a la Cámara:

“En el caso particular, si bien está demostrado que la señora Mayra Alejandra
Viancha Sanabria fue inscrita el día 9 de diciembre de 2013 como candidata por el

44
Los requisitos de los representantes a la Cámara deberán estar acreditados para el día de la elección y no para el
momento de la inscripción de las candidaturas, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala en la sentencia del 10
de septiembre de 2015, rad. 11001-03-28-000-2014-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Por consiguiente,
dicha conclusión debe ser extendida para el caso del secretario general de esa corporación.
45
21 de julio de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

Grupo Significativo de Ciudadanos “Centro Democrático Mano Firme Corazón
Grande” a la Cámara de Representantes por el Departamento de Boyacá y que para
esa fecha tenía 22 años y 5 meses, es lo cierto que el requisito de la edad que
prevé la Constitución Política es exigible respecto del momento de la elección…”.
(Negrilla y subraya propias)

138. En ese orden, el Acta No. 01 del 21 de julio de 2022, que plasma la elección
objetada, relata:

“Adicional a esto, hoy (21 de julio de 2022) se aceptó en el Congreso en pleno, la
renuncia del magistrado del CNE (señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza), esto
quiere decir que hoy se da la elección en la cual, él participa como candidato…”.

139. De esta manera, este cuestionamiento tampoco tiene vocación de
prosperidad.

2.6.1.5. Del presunto desconocimiento del inciso 2 del artículo 126
constitucional

140. El artículo 126 constitucional, reformado por el Acto Legislativo No. 02 de
2015 –conocido como el del reequilibrio de poderes– prescribe en lo pertinente:

“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular,
ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos (…) con quienes
hubieren intervenido en su postulación o designación (…).”

141. Del inciso 2 de la norma transcrita se deriva la existencia de un mandato que
prohíbe que los servidores públicos puedan postular y/o designar a quienes
previamente participaron en el desarrollo del procedimiento que le permitió
acceder al cargo, ya sea postulándolo o nombrándolo.

142. La jurisprudencia ha denominado esta causal de inelegibilidad como la de “yo
te elijo, tú me eliges”, señalando que con ella se pretende evitar, en general, el pago
de favores a la hora de acceder a los empleos públicos46.

143. Pues bien, en el caso del accionado, la parte demandante considera que
esta disposición fue transgredida, ya que los representantes a la Cámara, periodo
2022-2026, designaron como secretario general de esa corporación a un
ciudadano que, previamente y en su condición de magistrado del CNE, intervino
en su procedimiento de elección, comoquiera que:

 Participó en el escrutinio general de las elecciones al Congreso, periodo
2022-2026.

46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2016-00038-00
(ACUM). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 27 de octubre de 2016.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

 Suscribió actos administrativos de distribución de aportes de campañas
electorales en ese mismo certamen.
 Intervino en la resolución de reclamaciones presentadas ante ciertas
comisiones escrutadoras departamentales, en especial la de Antioquia,
fijando el nombre definitivo de los candidatos elegidos a la Cámara de
Representantes por esa entidad territorial, periodo 2022-2026.
 Declaró la elección del señor Miguel Polo Polo como representante por la
circunscripción afrodescendiente.

144. Bajo este panorama, la Sala se detendrá en establecer el alcance normativo
dado al inciso 2 del artículo 126 superior con el propósito de determinar si, su
vulneración puede tenerse por acreditada.

145. En punto de la comprensión de esta prohibición47, la Corte Constitucional
reseñó, en reciente sentencia SU-261 de 202148, las siguientes reglas que sirven
para dilucidar este caso:

 El inciso 2 del artículo 126 de la Carta Política de 1991 prevé una prohibición
que afecta de forma directa el núcleo esencial del derecho de acceso a los
cargos públicos. En ese orden, de acuerdo con el alto Tribunal constitucional,
la disposición debe ser objeto de una interpretación restrictiva, que limite en
menor medida el goce y ejercicio de este derecho49.

 Para su configuración, la proscripción comentada requiere de la probanza de
2 condiciones, a saber: (I) que un servidor postule o nombre también como
servidor; (II) a una persona que intervino en su postulación o designación en
el empleo desde el que desarrolla actualmente la potestad nominadora.

 La postulación, el nombramiento o la designación debe convertir a los
administrados en servidores públicos. De esta manera, se excluyen del
ámbito de aplicación del artículo 126.2 constitucional, aquellos eventos en los
que la intervención en el procedimiento eleccionario analizado no transforma
al designado en servidor, pues se trataba de una condición que ostentaba
con antelación a esa actuación.

Ello sucede, v. gr., en los asuntos en que, en una universidad oficial, un
profesor de planta –servidor del Estado– es elegido como delegado de los
docentes ante el Consejo Superior, función que no lo trasmuta en servidor –
vínculo reglamentario que ya existía–, pues exclusivamente se le asignan
funciones especiales de representación.

 La potestad de nominación que castiga el artículo 126.2 superior se refiere a
la que recae de manera plena en un servidor público determinado, y no a la
que se atribuye a órganos colegiados de los que forma parte éste. En ese
sentido, la Corte Constitucional subrayó en su fallo SU-261 de 2021:

47
Aquella contenida en el inciso 2 del artículo 126 constitucional.
48
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
49
En dicha providencia –SU-261 de 2021– se sostuvo: “Sin embargo, el inciso segundo del artículo 126 de la Constitución
no tiene dos o más lecturas posibles. Una interpretación restrictiva de esa disposición es la que amplía la garantía de otros
derechos fundamentales directamente relacionados con el derecho fundamental a la participación política.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 27
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

“221. La prohibición constitucional del artículo 126 fue redactada sobre el supuesto
de que un servidor público, en ejercicio de sus funciones, realice un nombramiento o
postulación (sujeto (y) nombra o designa posteriormente al sujeto (x) como servidor
público). No obstante, cuando no sea el servidor público sino un órgano
colegiado -al que pertenece dicho servidor- el que realiza el acto de
nombramiento o de postulación, la prohibición de dicho precepto
constitucional no debe ser entendida como de aplicación inmediata.” (Negrilla
fuera de texto)

 En los casos de la prohibición analizada, resulta necesario demostrar,
además de la transgresión normativa, que dicha vulneración tuvo una
incidencia real en la designación que permite modificar los resultados
obtenidos en el certamen.

146. En el caso particular, la premisa del demandante se sintetiza en la siguiente
fórmula:

“En la designación del acusado existió desconocimiento del artículo 126
constitucional, por cuanto (I) los representantes a la Cámara, periodo 2022-2026,
(servidores del Estado) previamente postulados y elegidos por él en su condición de
magistrado del CNE; (II) intervinieron en su designación como secretario general de
esa corporación, periodo 2022-2024.”

147. En ese entendido, el alegato del accionante es descartado en esta
oportunidad, a la luz de las ideas que se exponen a continuación:

 En su condición de magistrado del CNE, el demandado no designó, ni
nombró a los representantes a la Cámara, periodo 2022-2026

148. El artículo 3 de la Carta Política de 1991 prescribe que: “La soberanía reside
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en
forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la
Constitución establece.” (Negrilla fuera de texto)

149. De lo anterior, se desprende que en el caso de los elegidos populares –como
lo son los representantes a la Cámara–, la titularidad de la potestad de nominación
pertenece al pueblo que, en el marco de los certámenes democráticos
organizados periódicamente, elige a sus dignatarios en los diferentes cargos y
corporaciones.

150. En otros términos, la designación corresponde a la ciudadanía, que expresa
su voluntad mediante el derecho al voto, sin que se trate de una potestad
delegable a un órgano específico del Estado.

151. En ese contexto, las autoridades electorales –en el sub-judice, el CNE,
mediante sus miembros– se encargan de salvaguardar esa voluntad, declarándola
en beneficio de los administrados escogidos en todos los casos por el pueblo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 28
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

152. En este punto, la Sala distingue 2 tipos de actos, así: (I) el de designación en
cabeza de los ciudadanos, al amparo del sufragio activo50; (II) el declarativo de la
elección, dependiendo del caso, que corresponderá a los entes públicos –en el
presente caso al CNE– que, lejos de ser constitutivo o creador de un derecho, da
constancia y fe del consentimiento exteriorizado en las urnas.

153. Así, la realización de escrutinios por parte del CNE –organismo al que
perteneció el accionado hasta el 21 de julio de 2021– no puede ser comprendida
como una actividad con la que se designa o nombra ciudadanos, pues, a decir
verdad, se trata de una labor que se busca hacer aflorar la intención popular, único
titular de la designación de los congresistas que, posteriormente, eligieron al
demandado como secretario general.

154. De esta manera, la intervención del accionado en la resolución de las
reclamaciones presentadas en el ámbito de los comicios de los representantes a
la Cámara por la circunscripción de Antioquia y la declaración de elección del
representante, señor Miguel Polo Polo, no se encuadran, en la situación prohibitiva
pregonada en el artículo 126 constitucional, en esa medida el cargo no está
llamado a prosperar.

 La prerrogativa de declarar elecciones, resolver reclamaciones y
efectuar, en general, escrutinios, es atribuida al CNE, como órgano
colegiado, y no propiamente al accionado como uno de sus integrantes

155. Sin perjuicio de lo anterior, y recordando las directrices ofrecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-261 de 202151, las competencias ejercidas por
parte del CNE en el marco de las elecciones al Congreso, periodo 2022-2026, y,
en especial, aquellas utilizadas en la declaración de la designación democrática de
los representantes a la Cámara, han sido asignadas al CNE, como órgano
responsable de la reglamentación, inspección, vigilancia y control de la actividad
electoral en Colombia.

156. Es decir, no han sido atribuidas de manera independiente y autónoma a sus
magistrados, sino al corporativo, por lo que, de aceptarse el dicho del demandante
según el cual, la designación de los electores del accionado como secretario
general de la Cámara está asignada al CNE, lo cierto es que no responde a una
facultad radicada en un solo servidor, sino en un órgano compuesto por 9
integrantes52, en el que las decisiones son adoptadas de manera conjunta. En esa
medida, el ejercicio de esa función no puede atribuirse únicamente al demandado,
pues se reitera hace parte de un corporativo quien tiene la potestad de tomar las
decisiones en cuanto a reclamaciones y escrutinios.

2.6.1.6. De la presunta transgresión del régimen de inhabilidades establecido
en el artículo 179 superior

50
Artículo 260 constitucional.
51
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
52
Artículo 264 constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 29
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

157. Como se ha visto, los artículos 175 de la Constitución Política y 46 de la Ley
5 de 1992 rezan, en su tenor literal, que el secretario general de la Cámara deberá
reunir las mismas calidades exigidas a los integrantes de esa corporación.

158. Es decir, el ordenamiento pregona una homologación entre los requisitos de
acceso a la función pública entre el secretario y los representantes que tendría, de
acuerdo con la argumentación de la parte actora, otro tipo de implicaciones, a
saber, la extensión a este funcionario53 del régimen de inhabilidades concebido en
la Carta Política de 1991 a los congresistas.

159. En ese orden, el secretario general de la Cámara se vería cobijado no solo
por los presupuestos de ingreso al servicio público de estos servidores del Estado
–parlamentarios–, sino, a la vez, por las causales de inelegibilidad erigidas para
éstos en el artículo 179 superior.

160. Partiendo de esa premisa, la parte accionante manifiesta que el señor Jaime
Luis Lacouture Peñaloza incurrió en el motivo de inhabilidad consagrado en el
ordinal 8 del artículo 179 de la Constitución, que prevé que nadie podrá ser
designado “para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden
en el tiempo, así sea parcialmente”.

161. Ello, por cuanto, el periodo del demandado como magistrado del CNE –que
finalizó el 21 de julio de 2022– concurrió por un día con el periodo institucional del
secretario general, que había comenzado a correr desde el 20 de julio hogaño,
derivándose de ello la nulidad del acto de designación del acusado.

162. A su vez indicó que se incurrió en la causal de inhabilidad del artículo 179.2
sin explicar a cuál de los eventos allí previsto incurrió el demandado.

163. Para esta Judicatura, la censura planteada por la parte demandante, no
está llamada a prosperar por las siguientes razones:

164. En la jurisprudencia de esta Sala de Sección54 ha sido habitual distinguir las
nociones de calidades y requisitos para acceder a un empleo de las inhabilidades
y, en general de las causales de inelegibilidad, que se erigen en torno suyo.

165. En el primer caso, se ha dicho que los requisitos y calidades son aquellos
presupuestos normativos que establecen estándares “positivos” a partir de los
cuales, resultan determinables las personas o ciudadanos que pueden ser
investidos con una dignidad pública.

53
Se hace referencia al secretario general de la Cámara.
54
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00
(ACUM). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 3 de diciembre de 2020. Ver, igualmente: “Elecciones
Territoriales: Circunstancias que le afectan. Jurisprudencia y Conceptos del Consejo de Estado.”. Publicación Presidencia
del Consejo de Estado 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 30
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

166. En términos sencillos, éstos hacen referencia a las condiciones impuestas
por el orden jurídico, con los que se “moldea” el perfil de quién dispone de las
características constitucionales, legales y reglamentarias para desempeñar la
función estatal, a través de su nombramiento, elección o llamamiento.

167. Por el contrario, las inhabilidades describen situaciones “negativas”,
constitutivas de restricciones que, fundadas en razones de interés general,
obstaculizan el derecho político de los administrados, impidiendo su ingreso al
servicio del Estado.

168. En consonancia, la Sala ha afirmado:

“Dentro del universo de las causales de inelegibilidad, las inhabilidades se
presentan como aquellas circunstancias creadas por el Constituyente y el legislador
para impedir el acceso de los ciudadanos al desempeño de los cargos públicos, bajo
una lógica normativa que enlista previamente las situaciones fácticas de quiénes no
pueden ser elegidos popularmente, inspirada en razones de interés general y la
búsqueda incesante del bien común.

En ese orden, el régimen de inhabilidades no solo encuentra sustento en el deseo
de salvaguardar el ejercicio de lo público de la indignidad que puede acompañar las
postulaciones democráticas de la ciudadanía –por ejemplo, la imposición de
condena penal contra un candidato por delitos dolosos o preterintencionales o el
decreto de su pérdida de investidura–, sino también en el anhelo de prevenir
afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los
procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes.”55

169. En suma, mientras las calidades y requisitos habilitan, las inhabilidades
imposibilitan el ejercicio de empleos, siendo así 2 categorías que deben ser
diferenciadas claramente.

170. Precisado lo anterior, se tiene que la extensión predicada por el demandante
–de conformidad con la cual, la aplicación de las calidades de los representantes a
la Cámara al cargo de secretario general conlleva también cubrirlos con las
inhabilidades de los miembros de esa corporación– no es un argumento que
pueda ser acogido en esta oportunidad, por cuanto:

 La remisión normativa hecha en los artículos 135 superior y 46 de la Ley 5 de
1992 se limita a equiparar las calidades de representantes y secretarios, sin
mencionar al catálogo de causales de inelegibilidad y, en especial, de las
inhabilidades erigidas en el artículo 179 constitucional.

 Como se vio, calidades e inhabilidades son conceptos que, aunque
complementarios en el sistema democrático colombiano, resultan ser
diferentes y autónomos.

 El artículo 179 constitucional contempla los motivos inhabilitantes de los
congresistas –lo que incluye a los representantes a la Cámara– y su

55
Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 31
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

literalidad no menciona su aplicación paralela al secretario general de ese
corporativo.

171. Sobre este punto, la Sección Quinta del Consejo de Estado expuso, en
reciente providencia del 29 de septiembre de 202256, en el contexto de una
demanda de nulidad electoral dirigida igualmente contra el hoy acusado:

“De entrada, la Sala advierte que, el artículo 179 superior antes citado, regula el
régimen de inhabilidades de los congresistas, de manera que no se observa que
dicha disposición deba verificarse o constatarse para efectos de determinar su
incumplimiento por parte del demandado, comoquiera que él fue designado como
secretario general de la Cámara de Representantes.”

172. Siguiendo este orden, el cargo será despachado negativamente.

2.7. Otras consideraciones

173. En el presente asunto el señor Benicio Echeverry Pinzón, identificado con la
cédula de ciudadanía número 79.277.460, portador de la tarjeta profesional
número 99.772, otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, presentó poder
para representar a la Cámara de Representantes el 29 de marzo de 2023. De lo
anterior, se observa una revocatoria implícita del poder inicialmente otorgado, por
auto del 8 de septiembre de 2022 al profesional del derecho Andrés Felipe Ruiz
Rivera. En consonancia con ello, la Sala reconocerá personería adjetiva para
actuar en el presente trámite al señor Echeverry Pinzón.

174. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades
constitucionales y legales,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad del acto de designación del señor del
señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario general de la Cámara de
Representantes, periodo 2022-2024, contenido en el Acta 01 de 21 de julio de
2022, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Benicio Echeverry Pinzón
como apoderado de la Cámara de Representantes.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, de conformidad con el
artículo 289 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente, una vez quede en firme el fallo.

56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2022-00189-00. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Auto del 29 de septiembre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 32
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Pablo Alvis Andrade y otros
Rad: 11001-03-28-000-2022-00169-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00188-00
11001-03-28-000-2022-00189-00

QUINTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso
alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 33
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.