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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00339-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00339-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad del acto de elección del señor Fabio Buriticá Bermeo como rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo 2023-2025, esto es, el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022 proferido por el Consejo Superior Universitario, conforme la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: En firme esta providencia archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00339-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

1 de junio de 2023

Demandante: Óscar Villanueva Rojas
Demandado: Fabio Buriticá Bermeo
Rad: 11001-03-28-000-2022-00339-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00339-00
Demandante: ÓSCAR VILLANUEVA ROJAS
FABIO BURITICÁ BERMEO COMO RECTOR DE LA
Demandado: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, PERIODO 2023-2025

Trámite de elecciones de rectores. Recusaciones e
Temas:
impedimentos.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Corresponde a la Sala decidir la demanda presentada en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la
designación del señor Fabio Buriticá Bermeo como rector de la Universidad de la
Amazonia, contenida en el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022 proferido por el
Consejo Superior Universitario.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Óscar Villanueva Rojas, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó la
designación del señor Fabio Buriticá Bermeo como rector de la Universidad de La
Amazonia.

Formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos del
Acuerdo No. 74 del 28 de octubre de 2022 por el cual se designó al señor
FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la Universidad de la
Amazonia para el periodo estatutario 2023-2025, mediante sesión
extraordinaria del Consejo Superior Universitario calendada el pasado
28 de octubre del corriente año, en razón de las consideraciones
expuestas en el escrito de medida cautelar de suspensión provisional,
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Demandante: Óscar Villanueva Rojas
Demandado: Fabio Buriticá Bermeo
Rad: 11001-03-28-000-2022-00339-00

acompasadas de los cargos, censuras y causales de nulidad
deprecadas, las cuales fueran sustentadas en el líbelo genitor contentivo
del presente medio de control.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, se
proceda con la declaración de nulidad del Acto electoral definitivo
Acuerdo No. 74 del 28 de octubre de 2022 por el cual se designó al
señor FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la Universidad de la
Amazonia para el periodo estatutario 2023-2025, mediante sesión
extraordinaria de Consejo Superior Universitario calendada el pasado 28
de octubre de 2022.”

1.1. Hechos

Indicó que el Consejo Superior Universitario - CSU expidió el Acuerdo 45 del 19 de
agosto de 2022, modificado por el Acuerdo 54 del 9 de septiembre de 2022, en los
que se estableció el calendario para el desarrollo del proceso de designación de
rector de la universidad para el periodo 2023-2025.

Sostuvo que el 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo una reunión virtual para que
la viceministra de Educación Superior, en el curso de la misma, conociera los
candidatos admitidos, y que el demandante recusó al señor William David Grimaldo
Sarmiento, secretario general, por ser un funcionario de libre nombramiento y
remoción que depende directamente del rector, puesto que el demandado concursó
teniendo la calidad de rector en el periodo 2020-2022.

Dijo que, en esa reunión, la viceministra le explicó que los argumentos que presentó
debieron dirigirse ante el funcionario competente, puesto que ese escenario no era
la instancia idónea ni correspondiente para enrostrar el conflicto de interés.

Aseguró que toda vez que el secretario general no manifestó impedimento alguno,
el 28 de octubre de 2022, el demandante junto con otros 5 candidatos presentaron
un escrito de recusación en su contra, de manera concreta un conflicto de interés
derivado de la relación de subordinación y dependencia directa entre él y su superior
jerárquico, señor Fabio Buriticá Bermeo, en calidad de rector- candidato.

Indicó que, a pesar de la recusación presentada, la sesión siguió su curso sin que
se resolviera de fondo y se procedió con el mecanismo de votación en donde resultó
designado el demandado como rector.

Anotó que el 1° de noviembre de 2022 la presidente del Consejo Superior
Universitario le comunicó al demandante la respuesta a la recusación presentada y
le explicó que por unanimidad resolvió no aceptarla.

Adujo que se desconoció que el secretario general no ostenta la calidad de miembro
del Consejo Superior, y que la presidente de esa corporación no es su superior
jerárquico, sino que por disposición estatutaria lo es el rector.

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1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Primer cargo: Infracción al deber de declaración de impedimento consagrado en las
causales 1, 15 y 16 establecidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que el secretario general del Consejo Superior Universitario debió
declararse impedido a partir del momento en el que el demandado, actuando en
calidad de rector, se inscribió ante la Secretaría General.

Indicó que la causal del impedimento es la establecida en el numeral 1 del artículo
11 de la Ley 1437 de 2011, puesto que hay un conflicto de intereses entre el
secretario general y el demandado en calidad de rector, por su candidatura para el
periodo 2023-2025.

Anotó que según el artículo 15 del Acuerdo 5 de 20041, la Secretaría General
depende directamente de la Rectoría, y es la encargada de ejecutar labores de
orden general y, por tanto, es subordinado del rector razón por la cual tiene un
interés directo en el que comparte las expectativas que su superior jerárquico tuvo
durante el desarrollo del proceso de designación.

Comentó que el secretario general debió declararse impedido para evitar, no solo
favorecimientos en la postulación y aspiración a la reelección de su superior
jerárquico, sino también animadversión o represalias por parte de este último.

Explicó que el señor William David Grimaldo Sarmiento en su calidad de secretario
general fue el encargado de proyectar y suscribir, a nombre propio o a través de su
equipo de trabajo, las actuaciones administrativas de trámite y definitivas, durante
el proceso de designación de rector, en donde resultó elegido el demandado.

Reiteró que desde que se realizó la inscripción de la candidatura del demandado,
las funciones del secretario dejaron de atender el interés general, al tener que
recepcionar y verificar que su superior jerárquico hubiera acreditado los requisitos
de inscripción, los cuales tuvieron lugar entre el 3 y 10 de octubre de 2022, y por
tanto no se sabe hasta qué grado se vio comprometida la imparcialidad y objetividad
del servidor.

Sostuvo que también se configura la causal del numeral 15 del artículo 11 de la Ley
1437 de 2011, puesto que de las funciones señaladas en el artículo 8 del Acuerdo
18 de 2019, como cuantificar el resultado de las votaciones realizadas, anunciar el
número de votos a favor y en contra, sin perjuicio de las demás directrices impartidas
por el rector, como superior jerárquico del secretario general, en desarrollo del
Acuerdo 45 de 2022, pudo mediar la figura de la recomendación.

De otra parte, dijo que también se presenta la causal establecida en el numeral 16
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, dado que el secretario general desarrolla las
siguientes funciones:

1 “Por el cual se deroga los Acuerdos 016 y 064 de 1994 y se adopta la Estructura Interna de la Universidad de

la Amazonia.”
3

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(i) Resolver consultas formuladas por los organismos públicos y privados, así como
por los usuarios particulares, (ii) compilar las normas legales, conceptos,
jurisprudencia y doctrina relacionados con la actividad de la universidad, (iii)
presentar conceptos en las reformas estatutarias que se soliciten para la notificación
y ratificación por parte del Ministerio de Educación Nacional y otros organismos
relacionados con la educación, (iv) ejercer la función de secretario del Consejo
Superior Universitario, del Consejo Académico, del Comité de Personal Docente y
demás instancias que le asigne el rector de la universidad, (v) elaborar las actas
correspondientes a las sesiones del Consejo Superior Universitario, y demás
órganos de asesoría, consultoría o coordinación que le asigne el rector y firmarlas
conjuntamente con sus presidentes, (vi) legalizar los actos y autenticar la firma de
los presidentes del Consejo Superior Universitario, entre otras.

Segundo cargo: Infracción al trámite de las recusaciones consagrado en el artículo
12 de la Ley 1437 de 2011.

Anotó que el 28 de octubre de 2022, el secretario general ante el pleno del Consejo
Superior Universitario, rechazó los argumentos por los cuales se sustentó la
recusación formulada y esa corporación debió declararse incompetente para
conocer del trámite de esa actuación, ya que el servidor recusado no es miembro
de ese cuerpo colegiado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Acuerdo 18
de 2019.

Aseguró que el Consejo Superior debió remitir la recusación al superior jerárquico
competente, que es el rector, el cual, a su vez, debió declararse impedido, y por
tanto lo procedente era nombrar un rector ad hoc para resolver la recusación.

Con todo, adujo que, si el Consejo Superior Universitario iba a resolver la
recusación, lo debió hacer antes de proceder con la votación con la que resultó
elegido el demandado.

Así mismo, dijo que la decisión que resolvió la recusación, se realizó por fuera de la
actuación administrativa en la que se presentó, pues fue notificada el 1 de
noviembre de 2022, y proyectada por la profesional especializada vinculada la
secretaría general, dependiente y subordinada del recusado, lo que evidencia un
favorecimiento.

Tercer cargo: violación al numeral 26 del artículo 38, numeral 8 del artículo 39,
artículo 44 de la Ley 1952 de 2019.

Sostuvo que el recusado estaba llamado a manifestar su oposición a la misma, a
los aspirantes que lo recusaron y no ante los miembros del CSU, y trasladarle la
recusación a su superior jerárquico, el rector, advirtiéndole que en su calidad de
candidato debía declararse impedido.

Cuarto cargo: transgresión a los artículos 19 y 20 del Acuerdo 16 de 20192.

2 La Sala evidencia que a folios 45 y 46 del escrito de la demanda el actor a pie de página hace referencia al

Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019 “por el cual se deroga el Acuerdo No. 061 de 1996, y se adopta el
reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia y se dictan otras disposiciones”.
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Mencionó que en el acto donde se designó al demandado como rector de la
universidad, no se consagró la posibilidad de interponer y tramitar el recurso de
reposición que establece esas normas.

Quinto cargo: expedición irregular.

Precisó que por las irregularidades que ocurrieron en cuanto al trámite de la
recusación planteada contra el secretario general, hubo expedición irregular del
acto.

Dijo que la recusación indebidamente tramitada fue formulada por 6 de los 9
candidatos lo que advierte la relevancia del asunto y la infracción de las normas que
se indican como vulneradas, implica que el acto acusado fue expedido de manera
irregular.

Sexto cargo: desconocimiento del derecho de defensa.

Anotó que en el acto demandado no se consagró la posibilidad de interponer y
tramitar el recurso de reposición consagrado en los artículos 19 y 20 del Acuerdo
16 de 20193.

2. Contestaciones

2.1. Gustavo Adolfo Celis Parra – Coadyuvante

El señor Celis Parra presentó escrito con el fin de pronunciarse de manera integral
sobre la demanda y la solicitud de suspensión provisional del acto acusado. Expuso
que es un directo afectado por cuanto fue aspirante al cargo de rector y
adicionalmente, actúa en calidad de vocero del sindicato de profesores de la
Universidad de la Amazonia SIPROUNIAMAZONIA, por ser parte de su junta
directiva y vicepresidente suplente.

Solicitó que se tuviera en cuenta el auto del 27 de febrero de 20204 a través del cual
esta Sección, a su juicio, flexibilizó “la carga argumentativa sumaria que debía
agotar la parte demandante al momento de solicitar la medida cautelar, en donde le
impone al Juez que con el solo hecho de solicitarla, sin necesidad de que se diga
expresamente, esto es, que se acude a los mismos argumentos, al mismo concepto
de violación y a las mismas pruebas que se presentaron con la demanda, el Juez
Electoral pueda llegar a estudiarlo”.

Señaló que, con base en este pronunciamiento, se debe evitar el exceso de ritual
manifiesto y prevalecer el derecho sustancial sobre el formal.

3 La Sala evidencia que a folios 45 y 46 del escrito de la demanda el actor a pie de página hace referencia al

Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019 “por el cual se deroga el Acuerdo No. 061 de 1996, y se adopta el
reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia y se dictan otras disposiciones”.
4 Consejo de Estado. Sección Quinta. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez. Referencia: NULIDAD ELECTORAL -

Resuelve recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional de los efectos del acto
acusado. Rectificación jurisprudencial. Rad. 17001-23-33-000-2019-00551-01.
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Manifestó que comparte los argumentos presentados por la parte actora en la
demanda y en la solicitud de medida cautelar.

En este sentido, solicitó hacer énfasis en algunos aspectos como:

Primero, que la presidente del Consejo Superior de la Universidad de Amazonia no
solamente resolvió el escrito de recusación formulado a pesar de que el secretario
general no es miembro de este, sino que lo calificó como secretario técnico con el
propósito de desconocer sus funciones reales estatutarias.

Y segundo, que el señor Grimaldo Sarmiento a través de su equipo jurídico,
concretamente, la profesional especializada Mónica Tobón, proyectó los actos
administrativos relacionados con el proceso de elección, entre estos, la recusación
formulada en su contra, situación que demuestra que fue una subalterna y
dependiente quien estuvo a cargo del trámite.

2.2. Demandado – Fabio Buriticá Bermeo

Actuó a través de apoderada y se opuso a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el Acuerdo 18 de 2019 del Consejo Superior, diferenció que unas son
las funciones del secretario general, con subordinación y dependencia del rector, y
otras las funciones de secretario del Consejo Superior Universitario, con
subordinación y dependencia de ese cuerpo colegiado.

Expresó que lo que ocurrió en este caso es que el secretario del CSU en
cumplimiento de las funciones previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 8 del
Acuerdo 18 de 2019, se limitó a comunicar la decisión tomada por esa corporación.

Indicó que no es cierto que la recusación presentada por el señor Villanueva no
hubiese sido tramitada por el CSU, puesto que el acta de la sesión extraordinaria
del 28 de octubre de 2022 demuestra que esa corporación, al ser la única
competente para diseñar el proceso electoral, tramitarlo y elegir al rector, surtió y
cumplió estrictamente con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Expuso que una vez la presidente del CSU tuvo conocimiento de la recusación la
puso en consideración de ese órgano, el cual suspendió la actuación que se estaba
surtiendo, y hasta que no fue resuelta no se continuó con el proceso electoral.

Anotó que el hecho de que un acto administrativo no prevea la procedencia o no de
recursos, no conlleva su nulidad, tanto así que el inciso 2 del numeral 2 del artículo
161 de la Ley 1437 de 2011, prevé en esos casos que la única consecuencia jurídica
es que no se haga exigible el requisito de interponerlos.

Señaló que al no haberse aceptado la recusación por parte del secretario del CSU,
y sin que se afectara el quórum deliberatorio y decisorio, por unanimidad por 9 votos,
el Consejo decidió de plano negar y declararla infundada.

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Adujo que, dentro de las funciones asignadas al secretario del Consejo Superior, no
se encuentra la de elegir, postular ni votar en el proceso de elección y designación
del rector y sus funciones son de trámite como proyectar y comunicar las decisiones
de este cuerpo colegiado, cuantificar el resultado de las votaciones y elaborar las
actas.

Explicó que toda vez que el rector de la universidad no es elegido o designado por
recomendación o señalamiento del secretario del CSU, no se suscita ningún
conflicto de interés.

De otra parte, explicó que mal pretende el demandante considerar que por el simple
hecho de que 9 aspirantes presentaran una infundada recusación, eso tenga la
magnitud y alcance de deslegitimar el proceso electoral, ya que de ser así se
vulneraría el derecho de la autonomía universitaria, la eficacia del voto de quienes
tenían derecho a él y los derechos políticos del demandado.

Con base en lo anterior, propuso las siguientes excepciones de fondo: (i)
inexistencia del cargo de infracción de las normas en que debía fundarse porque no
se configuran las causales señaladas en el artículo 1, 15 y 16 de la Ley 1437 de
2011, (ii) inexistencia del cargo de infracción de las normas en que debía fundarse
porque se dio cabal cumplimiento al proceso para resolver recusaciones de
conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, (iii) inexistencia de
expedición irregular del acto de elección por cuanto todo el trámite se surtió en
estricto cumplimiento de la normatividad, (iv) necesidad de proteger la eficacia del
voto del CSU y de los derechos políticos del demandado, y (v) inexistencia de
vulneración al derecho de defensa del demandante.

2.3. Universidad de la Amazonia

Contestó la demanda a través de apoderado y señaló que la designación del rector
de la Universidad de la Amazonia, es una función exclusiva y excluyente del
Consejo Superior Universitario, trámite en el que el secretario general de la
universidad no actúa como tal, sino como secretario del Consejo Superior
Universitario, porque así lo dispone el Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019, y cuyas
funciones en el proceso de designación del rector, tales como citación a la
reuniones, publicación y comunicación de las decisiones del Consejo Superior
Universitario, proyección y suscripción de las actas de cierre de inscripciones, de la
lista definitiva de aspirantes, de la presentación y sustentación del programa de
trabajo académico y de gestión administrativa, son actuaciones en las que el
secretario del Consejo Superior Universitario da fe de lo ocurrido, sin que su firma
implique poder de decisión, injerencia o participación en las determinaciones de la
corporación, entre otras razones, porque no forma parte de esta.

Explicó que el secretario del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia,
cuando actúa ante ese cuerpo colegiado en cumplimiento de las funciones que le
fueron asignadas mediante el Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019, lo hace como
secretario del Consejo Superior Universitario, y no como secretario general de la
universidad, en condiciones de subordinación y dependencia del rector, pues su
actuación y funciones ante el Consejo Superior son distintas de las de secretario
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general de la institución de educación superior y en tal sentido, no se presenta
conflicto de interés alguno, como lo expone la parte actora.

Adujo que, respecto de la recusación propuesta por la parte demandante, vale
destacar que fue presentada ya avanzada la sesión, sin que reunieran los requisitos
establecidos por la Ley, y, con todo, se le dio el trámite y se resolvió en la misma
sesión negando la recusación. Es decir, que se desestimaron los argumentos en los
que se fundaba, entre otras razones porque las funciones del secretario del Consejo
Superior en el proceso de elección de rector son funciones operativas, secretariales,
de notario que da fe de lo ocurrido en las sesiones, y no forma parte del Consejo
Superior Universitario, ni tiene voz, ni voto, en el seno de la corporación lo que de
suyo hace improcedente la recusación.

Explicó que el secretario del CSU no estaba obligado a declararse impedido, y ante
la recusación expresó su convicción de no estar incurso en ninguna causal de
impedimento, además de que la recusación no reunía las exigencias legales, razón
por la que el Consejo Superior la estudió y la resolvió negándola por infundada.

Mencionó que las actuaciones del secretario del Consejo Superior en el proceso de
designación del rector tales como: la proyección y suscripción de las actas de cierre
de inscripciones, de la lista definitiva de aspirantes admitidos, de notificación de la
presentación y sustentación del programa de trabajo académico y gestión
administrativa; el comunicado de la designación del señor Fabio Buriticá Bermeo
como rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo esta 2023 – 2025,
(aprobado por el Consejo Superior, según consta en el acta de fecha 28 de octubre
de 2022), del acto electoral definitivo, Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022
expedido por el Consejo Superior Universitario, y la respuesta a la recusación
formulada por el demandante el 28 de octubre, notificada el 1 de noviembre de 2022
y decidida de fondo por el Consejo Superior Universitario en pleno, que la parte
demandante señala como manifestación de un conflicto de intereses, son
actividades que no se encarnan en esta figura.

Dijo que en cuanto a que en el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022, expedido
por el Consejo Superior Universitario, no se consagró la posibilidad de interponer el
recurso de reposición a que tenía derecho, según el Acuerdo 18 del 24 de mayo de
2019, esto no revela ningún conflicto de intereses, ni es una causal de nulidad, como
lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia nacional, en todo caso, habrá de
tenerse en cuenta que tratándose de un acto electoral no resulta aplicable la
previsión del acuerdo en mención relativa a la notificación, en el entendido de que
lo allí dispuesto no se refiere a estos.

Insistió en que el rector de la Universidad de la Amazonia no es elegido o designado
por recomendación o señalamiento del secretario general ni por el secretario del
Consejo Superior Universitario, sino que se hace por decisión de la mayoría de los
miembros del cuerpo colegiado, luego de un proceso en el que se verifican, por
parte del Consejo Superior Universitario, el cumplimiento de los requisitos exigidos
en el Estatuto General, y de acuerdo con el cronograma aprobado, que se establece
mediante el Acuerdo correspondiente en cuya aprobación no participa el secretario
general de la Universidad y tampoco el secretario CSU.
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Explicó que respecto de las acusaciones relativas al trámite de la recusación
formulada por el demandante el 28 de octubre de 2022 a las 8: 40 a.m., contra el
señor Grimaldo Sarmiento como secretario general y secretario del Consejo
Superior Universitario, en dicho trámite se observó rigurosamente el previsto por el
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, tal como consta en el acta 26 de la misma fecha.

Insistió en que el Consejo Superior Universitario, una vez tuvo conocimiento de la
recusación contra William David Grimaldo Sarmiento, suspendió la actuación y le
pidió que se manifestara. Seguidamente el secretario, expresó que no la aceptaba,
expresando las razones de su decisión. Acto seguido, el Consejo Superior en cuanto
a su competencia para conocer de la recusación, concluyó que era competente por
cuanto se estaba recusando a quien al interior de la corporación desempeñaba las
funciones de secretario del Consejo Superior Universitario. Luego, el Consejo
Superior Universitario abordó el estudio de la recusación y por unanimidad resolvió
negarla y declararla infundada.

Finalmente, propuso las excepciones de ausencia de demostración de las causales
de nulidad invocadas, y la excepción innominada.

3. Actuación procesal

Mediante providencia del 16 de febrero de 2023 se admitió la demanda, se negó la
solicitud de medida de suspensión provisional y se reconoció al señor Gustavo
Adolfo Celis Parra como coadyuvante.

A través del proveído del 20 de abril de 2023, se incorporaron las pruebas
documentales al expediente, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de
conclusión.

4. Alegatos de Conclusión

4.1. Demandante

Reiteró los argumentos presentados en su escrito inicial al considerar que se
encuentran suficientemente desarrollados e ilustrados y evidencia que se ajustan a
los ejes temáticos indicados en la fijación del litigio propuesta en el auto del 20 de
abril de 2023.

4.2. Demandado

Por medio de su apoderada insistió que, de acuerdo con las pruebas que obran en
el expediente y los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, los
cargos propuestos no están llamados a prosperar.

4.3. Universidad de la Amazonia

El apoderado de la institución de educación superior reafirmó los postulados en los
que funda su postura frente al caso objeto de estudio y solicitó desestimar las
pretensiones del presente medio de control.
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Demandante: Óscar Villanueva Rojas
Demandado: Fabio Buriticá Bermeo
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5. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en los
siguientes términos:

Manifestó que de los medios de prueba allegados con la demanda, se advierte que
los trámites de conformación de las listas de admitidos, de aspirantes, definitiva de
aspirantes a candidato a rector de la Universidad de la Amazonia, período 2022-
2025, así como las notificaciones y constancias expedidas dentro del procedimiento,
dan cuenta de la participación de Grimaldo Sarmiento como secretario, pero no
como determinador de las condiciones para seleccionar el máximo director de ese
claustro universitario.

Señaló que está claro que William David Grimaldo Sarmiento actuó como secretario
del Consejo Superior Universitario y no como integrante de ese colegiado, según lo
dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo 62 de 2002 de la Universidad de la
Amazonia.

Aseguró que William David Grimaldo Sarmiento en calidad de secretario general de
la universidad y secretario del Consejo Superior Universitario, no tenía motivos para
declararse impedido en la elección del rector candidato Fabio Buriticá Bermeo, por
cuanto, no se trataba de uno de los consejeros electores, pues solo ejercía
actividades secretariales bajo los mandatos de la máxima autoridad colegiada.

Indicó que tampoco es posible extender una eventual irregularidad en cabeza del
candidato habilitado Fabio Buriticá Bermeo respecto de William David Grimaldo
Sarmiento, comoquiera que, si bien el primero resultó elegido, es claro que el
segundo no fue su elector y no tuvo, siquiera, incidencia sustancial en el proceso
eleccionario, habida cuenta que la competencia de designación está en cabeza del
Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia, del cual, él no es
integrante.

Señaló que si bien es cierto, Grimaldo Sarmiento ejercía como servidor público -
secretario del Consejo Superior-, no tenía la capacidad de "influir” utilizando su
cargo para conseguir una actuación, concepto o decisión que le generara beneficio
y, en todo caso, no se advierte probado que haya “ejercido su cargo” o las
potestades de su empleo para una finalidad distinta a la prevista en las normas de
selección del rector, generando en consecuencia el conflicto de intereses en
contraste con las previsiones constitucionales y legales de imparcialidad y
ecuanimidad.

En cuanto al trámite de las recusaciones, afirmó que está acreditado en el marco
del proceso de elección del rector de la Universidad del Amazonas, período 2023-
2025, que, mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2022, varios candidatos
presentaron recusación contra William David Grimaldo Sarmiento, secretario
general de la Universidad de la Amazonia y del Consejo Superior Universitario, la
cual fue resuelta desfavorablemente mediante comunicación SG.CSU-044
Florencia – Caquetá, 28 de octubre de 2022, por parte del órgano superior de
administración de la Universidad.
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Demandante: Óscar Villanueva Rojas
Demandado: Fabio Buriticá Bermeo
Rad: 11001-03-28-000-2022-00339-00

Precisó que el secretario general no hacía parte del Consejo Superior Universitario
de la Universidad de la Amazonia, y por tanto el trámite de elección solo se
suspende cuando los recusados sean los integrantes del colegiado elector, mas no
si se trata de otros funcionarios.

Señaló que mediante el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022 se designó al rector
de la Universidad la Amazonia, período 2023-2025, sin embargo, este acto no
estableció la posibilidad de interponer recursos, de manera que, a partir de los
elementos de juicio aportados al presente trámite, esta circunstancia en sí misma
no incidió en el resultado de elección.

Recalcó que el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022 mediante el cual se designó
al Rector de la Universidad la Amazonia, período 2023-2025, tiene la connotación
de ser un acto electoral, habida cuenta que se está formalizando la decisión del
Consejo Superior Universitario en materia de elección. Por consiguiente, se sale de
la posibilidad de permitir recursos en los términos de los artículos décimo noveno y
vigésimo del Acuerdo 16 del 24 de mayo de 2019 de la Universidad de la Amazonia,
que tratan de actos administrativos de carácter general, de trámite y de naturaleza
particular y concreta.

Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida
contra el acto de elección del señor Fabio Buriticá Bermeo como rector de la
Universidad de la Amazonia para el periodo 2023-2025, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 20196.

2. Problemas jurídicos

En este caso debe analizarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la elección
del señor Fabio Buriticá Bermeo, como rector de la Universidad de la Amazonia para
el periodo 2023- 2025, para lo cual debe determinarse si el acto acusado, esto es,

5 “Artículo 149 Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (…) 4. De la nulidad de los actos de

elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de
los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto
de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del
Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.(…)” (Negrilla fuera de texto).
6 Acuerdo 80 de 2019. Artículo 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para

efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.”
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Demandante: Óscar Villanueva Rojas
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el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022, desconoció el régimen de impedimentos
y recusaciones dado que el señor William David Grimaldo Sarmiento secretario
general: no se declaró impedido para actuar en el trámite administrativo que dio
lugar a la elección, pese a su condición de subordinado del rector electo, y la
recusación presentada en su contra no se tramitó conforme con la ley.

Para tal efecto, se estudiará en concreto:

• Si se incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse por
omisión al deber de manifestación o declaración de impedimento prevista
en el artículo 11 del CPACA, específicamente, las causales 1, 15 y 16.
También si se presentó una violación de los numerales 26 y 8 de los
artículos 38 y 39 y 44 de la Ley 1952 de 2019 y del artículo 44 del Acuerdo
62 de 2022.

• Si se configuró una expedición irregular del acto acusado por parte del
Consejo Superior de la universidad por no tener en cuenta el trámite de
impedimentos y recusaciones previsto en el artículo 12 del CPACA y si
con ello actuó por fuera de sus funciones y competencias.

• Y, por último, si se desconoció el derecho de defensa del demandante por
cuanto el trámite pasó por alto los artículos 19 y 20 del Acuerdo 18 del 24
de mayo de 2019 que consagran la posibilidad de presentar recurso de
reposición contra el acto demandado.

3. Conflicto de intereses y trámite de las recusaciones

Sobre el conflicto de intereses, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

“Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado
si no manifiesta su impedimento por (…).

De acuerdo con esta norma, hay conflicto de intereses cuando el interés general
propio de la función pública se enfrenta con el particular y directo del servidor
público.

Al respecto, esta Corporación ha dicho:

“(…) Entonces el conflicto de intereses podría definirse como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función
pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente
del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza
alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un
familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma
exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y

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los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido,
pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación
y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente
e imparcial.

El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, ha
interpretado el conflicto de intereses “como la concurrencia de intereses
antagónicos en quien ejerce funciones públicas, por lo cual puede
afectarse la transparencia de las decisiones que le competen y llevarlo a
adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o
particular, en detrimento del interés público”.

Así mismo, para que se configure el conflicto de intereses es necesario
que el funcionario tenga dentro de sus funciones la actuación o la toma
de la decisión respecto de la cual se atribuye el interés particular, de
manera que su intervención en dicho asunto sea determinante para su
resolución. No podría hablarse de conflicto de intereses si el asunto
objeto de gestión o decisión no es de competencia del funcionario o no
pertenece al ámbito de sus funciones. El conflicto de intereses es una
conducta que atenta contra la transparencia y moralidad en la
administración pública, y constituye evidente acto de corrupción, que no
solo el ordenamiento interno sino el régimen internacional ha querido
prevenir.

Así, la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de
octubre de 2003 y aprobada en Colombia por la Ley 970 de 2005, sobre
el conflicto de intereses, convino las siguientes disposiciones:

“Capítulo II Medidas preventivas

Artículo 7º
Sector público
[…]
4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas
destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

Artículo 8º
Códigos de conducta para funcionarios públicos
[…]
5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer
medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que
hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación,
entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos,
inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan

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dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus
atribuciones como funcionarios públicos.

Artículo 12
Sector privado
[…]
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones
apropiadas, durante un período razonable, a las actividades
profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación de
funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o
jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén
directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o
supervisadas por esos funcionarios públicos durante su
permanencia en el cargo (…)”.”7

De acuerdo con lo anterior, para que se configure el conflicto de intereses se
requiere: (i) que el servidor público haya incurrido en una conducta contraria a la
función pública, (ii) motivado por el interés particular o ausencia del general, (iii)
toma una decisión o realizar una gestión propia de sus gestiones o cargo, (iv) en
provecho suyo, de su familia o de un tercero8.

De otra parte, en lo atinente al trámite de las recusaciones esta Sección ha dicho lo
siguiente:

Sobre los requisitos que deben cumplir los escritos de recusación, esta Corporación
en reciente providencia sostuvo:

“(…) 93. En efecto, en atención a que las manifestaciones de
impedimento y las recusaciones tienen como propósito que el trámite y
resolución de los asuntos sometidos a la administración sea transparente
y objetivo, el legislador estableció que antes abordar el fondo de éstos
debe despejarse cualquier duda sobre la imparcialidad de los servidores
públicos o los particulares que ejerzan función públicas responsables, a
tal punto que la actuación administrativa correspondiente se suspende
por virtud de la misma ley, “desde la manifestación de impedimento o
desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida” (art. 12
de la Ley 1437 de 2011), lo cual resulta lógico y razonable en la medida
que de la definición de las eventuales situaciones de impedimento
depende quiénes serán las personas habilitadas para impulsar y/o poner
fin a la actuación.

94. Lo anterior a su vez supone que la autoridad competente una vez
tiene conocimiento de una recusación, verifique si cumple con los
requisitos mínimos para catalogarse como tal, los cuales se según se
desprende de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 (tratándose

7 Consejo de Estado, Sección Plena, sentencia del 28 de noviembre de 2017, expediente número 11001-03-25-

000-2005-00068-00, M.P. César Palomino Cortés.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Expediente 11001-03-28-000-

2020-00031-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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de actuaciones administrativas) corresponden al (I) señalamiento del
servidor público o particular que ejerce función pública sobre el que recae
el reproche y, (II) las razones por las que se estima que respecto de aquél
existe un conflicto entre el interés particular y el general, razones que
deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del
caso, la configuración de las causales de impedimento legalmente
establecidas.

95. A los mencionados requisitos debe añadirse a la luz del artículo
16 de la Ley 1437 de 2011, que describe las pautas mínimas que
debe contener una solicitud, la identificación del solicitante (salvo
que exista una justificación seria y creíble del peticionario para
mantener la reserva de su identidad), en tanto tal exigencia (I)
permite precisar el titular del derecho de petición que debe
garantizarse y (II) reviste de seriedad su ejercicio, “pues obliga a
que quien lo suscribe se haga responsable de las afirmaciones que
realice en sustento del mismo e impide que se utilice para afectar
impunemente derechos de terceros como el buen nombre o la
honra”, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-
951 de 2014.

96. Efectivamente, si no se identifica la persona que formula ésta,
salvo que exista una justificación seria y creíble del peticionario
para mantener la reserva de su identidad, prima facie no es posible
predicar que con la recusación se está efectuando en ejercicio
legítimo y responsable del derecho de petición, aunque
eventualmente podrían afectarse los derechos de terceros, verbigracia,
los recusados y las personas interesadas en la actuación administrativa.

97. Asimismo, resulta indispensable que se identifique al servidor público
o particular que ejerce función pública que se pretende separar de la
actuación administrativa, así como las razones por las que se estima que
su imparcialidad está comprometida a la luz de las causales de
impedimento previstas por el legislador, de lo contrario no podría correrse
traslado al recusado para que realice las consideraciones que estime
pertinentes, ni entrar analizar si existe o no un conflicto entre el interés
particular y el general.

98. En ese orden de ideas, si un escrito formalmente denominado
recusación no cumple con los requisitos antes señalados, en
criterio de la Sala es válido que al mismo no se le dé el trámite ni se
le atribuyan los efectos propios de una recusación, en especial la
suspensión de la actuación administrativa, so pena de que se vean
afectados los destinatarios de éstas con ocasión de peticiones que no
reúnen las condiciones mínimas para su estudio de fondo.”9 (Negrillas
fuera del texto original)

9 Sección Quinta del Consejo de Estado. Auto del 12 de marzo de 2020. Expediente número 11001-0328-000-

2020-00009-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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De acuerdo con lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha manifestado
que los escritos de recusación deben cumplir con los siguientes requisitos:

(i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y
creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de
conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la Corte
Constitucional. En dicha sentencia la Corte Constitucional sostuvo:

“(…) En relación con el numeral segundo, relativo a “Los nombres y apellidos
completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso,
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia.” la Defensoría del Pueblo sostiene que la exigencia de este
requisito debe tener dos excepciones: i) cuando exista una justificación
plausible del peticionario para mantener la reserva de identidad; y ii) cuando
la petición ofrezca elementos que la hagan seria, creíble y consistente, de
manera que los derechos o situaciones involucradas en ella deben ser objeto
de una intervención de la autoridad competente.

Para la Corte, la exigencia de identificación del peticionario se justifica desde
el punto de vista de efectividad del derecho, especialmente, cuando se trata
de peticiones de interés particular. A su juicio, la obligación de indicar en la
petición la identidad de quien la realiza no restringe el ejercicio del derecho
de petición y, por el contrario, favorece la eficacia y eficiencia de la
administración.

De otro lado, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, parte del núcleo
esencial del derecho de petición es el de obtener pronta respuesta, por lo que
habilitar de manera general la presentación de peticiones en forma anónima,
impediría que se cumpla con la finalidad del precepto constitucional
resolviendo de manera pronta y efectiva la solicitud elevada, dado que la
ausencia de información del peticionario dificulta la concreción de la
respuesta. Adicionalmente, considera la Sala, que en principio, la
identificación plena del peticionario reviste de seriedad el ejercicio del
derecho, pues obliga a que quien lo suscribe se haga responsable de
las afirmaciones que realice en sustento del mismo e impide que se
utilice para afectar impunemente derechos de terceros como el buen
nombre o la honra.

No obstante, como lo advierte la Defensoría del Pueblo, bien cabe la
posibilidad de que existan circunstancias serias y creíbles que justifiquen el
anonimato del peticionario y ameriten la intervención de la autoridad
competente, sin que se requiera la identificación de quien formula la petición.
Por ello, la Corte considera que aunque la exigencia prevista en el numeral 2
del artículo 16 resulta compatible con la Constitución, en esas circunstancias
especiales este requisito constituiría un obstáculo para el ejercicio efectivo
del derecho de petición, razón por la cual, a través de un condicionamiento
de la exequibilidad, deben excluirse de la exigencia de identificación del
peticionario, de manera que las peticiones de carácter anónimo tengan que
ser admitidas para trámite y resolución de fondo cuando exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de
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su identidad.

(…)

Conclusión

De acuerdo con el análisis realizado, la Sala constata que los contenidos que
el artículo 16 del proyecto de ley estatutaria en revisión no contrarían la
normatividad constitucional, salvo en cuanto al requisito establecido en el
numeral 2, de modo que el artículo 16 se declarará exequible, sin perjuicio
de que se entienda que las peticiones de carácter anónimo deban ser
admitidas para trámite y resolución de fondo cuando exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de
su identidad.” (Negrillas fuera del texto original)

(ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública,
sobre el que recae el reproche y,
(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto
entre el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a
ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de las
causales de impedimento legalmente establecidas.

En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe
tramitar ni se le atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se
suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve afectado
el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los miembros del cuerpo colegiado
es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de no
encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle trámite.

Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y
producirá los efectos correspondientes. Ante la falta de reglamentación del trámite
de las recusaciones en los estatutos de los entes autónomos, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el siguiente
procedimiento:

1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende
hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se
busca que la recusación se decida antes de que el funcionario recusado participe
en la actuación correspondiente, en este caso, votar en la elección del rector de la
universidad.

2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación, el
servidor recusado debe manifestar si acepta o no la causal invocada.

3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la
recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo, esto es,
sin acudir a trámites o procedimientos adicionales.

Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el
superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo
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sector administrativo y, a falta de los anteriores, el Procurador General o Regional,
según el caso.

4. Caso concreto

Teniendo en cuenta el marco normativo anterior, le corresponde a la Sala
pronunciarse sobre los puntos que fueron definidos en la fijación del litigio que
contiene los ejes principales de los cargos formulados por la parte demandante
agrupados, por efectos metodológicos, de la siguiente manera:

4.1. Infracción en las normas en que debía fundarse por omisión al deber de
manifestación o declaración de impedimento previsto en el artículo 11 del CPACA,
específicamente, las causales 1, 15 y 16. También si se presentó una violación de
los numerales 26 y 8 de los artículos 38 y 39 y 44 de la Ley 1952 de 2019 y del
artículo 44 del Acuerdo 62 de 2022 en relación con los deberes de los servidores
públicos.

En punto, vale recordar que para el demandante el presunto conflicto de intereses
se genera por la intervención del señor William David Grimaldo Sarmiento como
secretario general en el marco de las actuaciones surtidas con ocasión al Acuerdo
45 de 2022, modificado por el Acuerdo 54 de 2022; esto es, el procedimiento de
elección de rector de la Universidad de la Amazonia, período 2022-2025, como su
superior jerárquico.

Al respecto, el Acuerdo 62 de 2002 “Por el cual se deroga el Acuerdo 64 de 1993, y
se adopta el Estatuto General de la Universidad de la Amazonia” consagra en el
parágrafo primero del artículo 24 que el secretario general actúa como secretario
del Consejo Superior Universitario, hecho que se reafirma en el Acuerdo 5 de 2004
que contempla las funciones de la Secretaría General en el que se establecen, entre
otras, la de: “a) Ejercer la función de Secretaría del Consejo Superior Universitario,
Consejo Académico y Comité de Personal Docente, levantando sus respectivas
actas”.

En igual sentido, la Resolución 13 de 2017 que ajustó el manual específico de
perfiles, funciones y competencias laborales del personal administrativo de la
institución señaló que al secretario general le corresponde: “1. Ejercer la función del
secretario del Consejo Superior Universitario, del Consejo Académico, del Comité
de Personal Docente y demás instancias que le asigne el rector de la Universidad
de la Amazonia, de acuerdo con las normas vigentes, para cumplir con el Estatuto
Orgánico.”

Así mismo, el citado manual, al referirse al secretario general del establecimiento
de educación, dispone en el detalle del perfil del cargo que su jefe inmediato es el
rector, circunstancia que permite concluir que la misma persona representa ambas
calidades, esto es, secretario general de la universidad y secretario del Consejo
Superior Universitario pero con funciones distintas en donde en el primero, se
evidencia la dependencia directa, en el marco de esas funciones, con su superior
jerárquico, es decir, el rector.

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En este sentido, el Acuerdo 18 de 2019 “Por el cual se deroga el Acuerdo No. 061
de 1996, y se adopta el reglamento interno del Consejo Suprior de la Universidad
de la Amazonia y se dictan otras disposiciones” en su artículo octavo dispone las
funciones del secretario del Consejo Superior Universitario y señala,
específicamente, en el artículo 410 que no es miembro del órgano directivo:

“ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO
SUPERIOR UNIVERSITARIO. Son funciones del Secretario Superior
Universitario, las siguientes:

1. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior
Universitario.
2. Tramitar las comunicaciones, peticiones y demás asuntos que sean de la
competencia del Consejo Superior Universitario.
3. Verificar que los asuntos remitidos al Consejo Superior Universitario
cumplan con su conducto regular.
4. Cuantificar el resultado de las votaciones realizadas, anunciando con el
número de votos a favor y en contra.
5. Comunicar las decisiones del Consejo Superior Universitario por escrito,
a más tardar en los cuatro (4) días hábiles de la sesión correspondiente.
6. Elaborar las Actas correspondientes a las sesiones de Consejo Superior
Universitario.
7. Expedir las certificaciones de las decisiones del Consejo Superior
Universitario.
8. Guardar la fe pública universitaria, derivada de los actos administrativos
expedidos por el Consejo Superior Universitario y tramitar la publicación de
los mismos.
9. Tramitar la publicación de los actos administrativos expedidos por el
Consejo Superior Universitario.
10. Presentar al Consejo Superior Universitario los proyectos de Acuerdo,
así como los recursos de su competencia, y velar para que el trámite de
todos ellos se sujete a las condiciones y a los términos legales.
11. Solicitar la asesoría de la oficina jurídica de Universidad de la Amazonia
para los asuntos de la competencia del consejo superior.
12. Ejercer las demás funciones que le asignen, inherentes al ejercicio de su
cargo.”

Del anterior listado, la Sala advierte que las labores están relacionadas
estrictamente con actividades de trámite como, por ejemplo: citar a reuniones,
gestionar peticiones, cuantificar el resultado de las votaciones, elaborar actas,
proyectar y comunicar decisiones, expedir certificaciones, guardar fe pública, entre
otras, como en efecto ocurrió en el presente caso en donde el secretario cumplió
sus funciones dando constancia de las actuaciones llevadas a cabo en la sesión
integrada por los miembros del CSU, razón por la que no se puede predicar una
injerencia en la toma de decisiones del cuerpo colegiado como la elección que
contiene el acto acusado.

10 “ARTÍCULO CUARTO. SECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. El Secretario General

de la Universidad de la Amazonia actuará como Secretario del Consejo Superior Universitario, sin que ostente
la calidad de miembro del mismo.”
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Lo anterior, se corrobora en el material probatorio que obra en el expediente al dejar
en evidencia que los trámites administrativos del proceso que fueron llevados a cabo
por el secretario del Consejo Superior Universitario guardan relación estrictamente
con la conformación de la lista de admitidos, aspirantes, definitiva y notificaciones y
constancias requeridas por el cuerpo colegiado en el marco de la elección sin que
tenga posibilidad de intervenir en la toma de decisiones.

Tal circunstancia también permite precisar que el secretario del Consejo Superior
Universitario no depende de forma alguna del rector, por cuanto sus funciones, en
el marco de esta labor específica, se ejecutan dentro del organismo directivo sin
que haga parte de este, de lo cual se desprende que no se presenta un factor de
subordinación al que hace referencia el actor en su demanda.

Este hecho cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que de los 10 miembros que
forman parte del Consejo Superior solo 9 tienen voz y voto pues excluyen al rector
de la universidad.

Así lo dispone el artículo 24 del Acuerdo 62 de 2002:

“El Consejo Superior Universitario máximo órgano de dirección de la
Universidad de la Amazonia. Está integrado por:

“(…)
j) el Rector de la Universidad de la Amazonia, con voz pero sin voto, quien
será tenido en cuenta para efectos de integrar el quórum”

De este artículo, es notorio que el señor William David Grimaldo Sarmiento, al no
ser parte de los miembros que conforman el CSU no estaba llamado a declararse
impedido, por el hecho que aduce el demandante de supuestamente depender del
rector en su labor como secretario del Consejo Superior, pues dentro de sus
funciones en dicha calidad, no está contemplada la de participar con voz y voto en
la elección del señor rector, de manera que su actuación se sujeta de manera
exclusiva al acompañamiento administrativo de labores secretariales dirigidas por
los consejeros electores, por lo que su rol como secretario no tiene vocación de
interferir, favorecer o inclinar el resultado de la votación.

De igual forma, la Sala echa de menos cualquier medio de convicción que
demuestre que su desempeño fue desviado del cumplimiento de las funciones de
su cargo para obtener finalidades distintas y beneficiar o recomendar, de cualquier
modo, a alguno de los aspirantes del proceso que impliquen un conflicto de
intereses particular y directo.

De otra parte, en lo referente al artículo 44 y los numerales 26 y 8 de las
disposiciones 38 y 39 de la Ley 1592 de 2019, la Sala precisa que corresponden a
faltas disciplinarias de manera que no hacen parte al marco normativo en el que
debía fundase el acto de elección. En ese orden, son circunstancias del actuar del
servidor público que deben ventilarse en otros escenarios distintos al de la nulidad
electoral.

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Demandante: Óscar Villanueva Rojas
Demandado: Fabio Buriticá Bermeo
Rad: 11001-03-28-000-2022-00339-00

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 137 del CPACA contiene
las causales generales de nulidad y para su procedencia el demandante debe
demostrar la norma que fue desconocida y en la que debió fundarse el acto de
elección. Lo anterior, en consideración a que los artículos citados corresponden a
los deberes de los servidores públicos, normas que no están relacionadas con el
proceso de elección que es objeto de debate en este medio de control.

Así las cosas, esta Sección no encuentra configurado este primer cargo de la
demanda y tal sentido, el mismo no está llamado a prosperar.

4.2. Expedición irregular del acto acusado por parte del Consejo Superior de la
universidad por no tener en cuenta el trámite de impedimentos y recusaciones
previsto en el artículo 12 del CPACA y si con ello actuó por fuera de sus funciones
y competencias.

A juicio del demandante el CSU pasó por alto el trámite contenido en el artículo 12
de la Ley 1437 de 2011 al conocer sin competencia, la recusación formulada por
este en contra del señor Grimaldo Sarmiento pues, en su entender, a quien le
correspondía adoptar la decisión era al rector, pero al ser su superior jerárquico se
debió nombrar un rector ad hoc.

Visto el marco normativo del numeral tercero de esta providencia, en relación con
el conflicto de interés y el trámite de las recusaciones, esta Sala no hará
nuevamente mención de las referidas disposiciones y centrará su estudio en lo
ocurrido en el caso concreto:

El Consejo Superior Universitario dio trámite a la recusación formulada el 28 de
octubre de 2022 por el demandante y otros aspirantes contra el secretario y
mediante sesión extraordinaria de la misma fecha negó y declaró infundada la
solicitud. Esta decisión quedó consignada en el oficio SG.CSU-044 y notificada
mediante correo electrónico del 1 de noviembre de 2022.

En el citado oficio se enfatizó que el señor Grimaldo Sarmiento lleva a cabo
funciones de secretario del órgano directivo y en tal sentido, su superior es este
mismo cuerpo colegiado por esto, el procedimiento surtido se centró en suspender
el proceso, escuchar la versión de no aceptación del recusado y luego, se abordó
el asunto el cual se resolvió por los miembros del consejo de forma unánime en el
sentido de despachar desfavorablemente la solicitud de los referidos aspirantes al
encontrar no fundados los argumentos presentados.

Al respecto, vale la pena recordar que el artículo 4 del Acuerdo 18 de 2019, esto es
el reglamento interno de la universidad, como se precisó anteriormente, establece
que “El Secretario General de la Universidad de la Amazonia actuará como
Secretario del Consejo Superior Universitario, sin que ostente la calidad de miembro
del mismo.”

De otra parte, el parágrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo 62 de 2002 dispone: “los
integrantes del Consejo Superior Universitario estarán sujetos a los impedimentos,
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley y los estatutos, así como

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las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de
instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior
Universitario, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán
responsables de las decisiones que adopten.”

En este orden de ideas, aunque el señor Grimaldo Sarmiento no es miembro del
CSU, la Sala advierte que se surtió el procedimiento correspondiente para dar
trámite a la recusación, es decir, sus integrantes estudiaron y adoptaron una
decisión antes de continuar con el curso del proceso de elección, tal como lo
dispone el inciso final del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, es necesario precisar que las causas que motivaron la referida
recusación, están relacionadas con aspectos administrativos que se surtieron antes
de su presentación, esto es, 28 de octubre de 2022, las cuales fueron desestimadas
por el CSU al encontrar que el actuar del secretario no tenía incidencia en las
decisiones adoptadas por el cuerpo colegiado, así como tampoco en las etapas
siguientes del proceso de elección.

En este sentido, la Sala no encuentra que la autoridad universitaria haya incurrido
en irregularidades en el trámite debido a que de la confrontación de las
disposiciones que regulan la materia y lo relatado por las partes, es claro que el
rector no es el superior jerárquico del secretario del Consejo Superior Universitario
y por esta razón, no estaba obligado a declararse impedido.

Ahora, frente al punto de la demanda en el que el coadyuvante solicitó enfatizar,
cuando aduce que el señor Grimaldo Sarmiento a través de su equipo jurídico de la
Secretaría General, concretamente, la profesional especializada Mónica Tobón
proyectó los actos administrativos relacionados con el proceso de elección, tal
circunstancia no vicia la designación del demandado como rector del
establecimiento educativo en consideración a que son pronunciamientos que se
efectúan conforme a las decisiones que adopta el Consejo Superior Universitario en
los cuales no participa el referido funcionario ni sus subalternos.

Por las razones expuestas, esta Sala observa que la actuación del Consejo Superior
Universitario se ajusta a las disposiciones que regulan el trámite de la recusación y
por tal motivo, no encuentra irregularidad alguna que tenga la vocación de afectar
el proceso de elección del señor Fabio Buriticá Bermeo como rector de la
Universidad de la Amazonia para el período 2022-2025 y en ese orden de ideas,
este cargo tampoco está llamado a prosperar.

4.3. Desconocimiento del derecho de defensa del demandante por cuanto el trámite
pasó por alto los artículos 19 y 20 del Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019 que
consagran la posibilidad de presentar recurso de reposición contra el acto
demandado.

Sobre el particular, el señor Villanueva Rojas manifestó una presunta violación a su
derecho al debido proceso por cuanto no se tuvieron en cuenta los artículos 19 y 20
del Acuerdo 16 del 24 de mayo de 2019 que consagran la posibilidad de presentar
recurso de reposición contra el acto demandado.
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En efecto, el Acuerdo 074 de 2022 establece:

“ARTÍCULO PRIMERO: Designar a FABIO BURITICÁ BERMEO identificado
con la cédula de ciudadanía número 12.139.265 expedida en Neiva- Huila,
como Rector de la Universidad de la Amazonia, para el período estatutario
de tres (3) años, comprendidos entre el 1° de enero de 2023 al 31 de
diciembre de 2025, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente
Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El designado (a) deberá acreditar ante la División
de Servicios Administrativos de esta institución, el cumplimiento de los
demás requisitos de orden legal y estatutario.

ARTÍCULO TERCERO: El designado (a) deberá manifestar por escrito su
aceptación o negativa al cargo, dentro del términos de diez (10) días
contados a partir de la fecha de su notificación y tomar posesión del cargo
ante el Presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad de la
Amazonia, en sesión ordinaria o extraordinaria de la instancia.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y publicación, de conformidad con el Acuerdo Superior No. 16 de
2019.”

Sobre el particular, esta Sala evidencia que por sí sola esta situación no tiene la
potencialidad de invalidar la elección pues no afecta de manera alguna el calendario
y las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo del proceso de elección del
rector de la universidad, de las cuales se advierten garantías constitucionales en
igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Al margen de lo anterior, se observa que el citado acuerdo, esto es, el 16 del 24 de
mayo 2019, “por el cual se adopta y reglamenta el medio oficial de publicación de
los actos administrativos de la Universidad de la Amazonia” solo se compone de
ocho disposiciones, razón por la que no es posible un presunto desconocimiento de
las normas invocadas por la parte demandante, esto es, los artículos 19 y 20.

No obstante, la Sala evidencia que a folios 45 y 46 del escrito de la demanda el
actor a pie de página hace referencia al Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019 “por
el cual se deroga el Acuerdo No. 061 de 1996, y se adopta el reglamento interno del
Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia y se dictan otras disposiciones”
el cual contempla lo siguiente:

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. RECURSOS CONTRA ACTOS
EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Contra los
actos administrativos de carácter general, los de trámite, los comunicados y
las comunicaciones no procederá recurso alguno. Contra los actos
administrativos particulares sólo procederá el recurso de reposición, y con
éste se agotará la vía gubernativa.

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Cuando el Consejo Superior Universitario actuare como segunda instancia,
contra sus actos nos procederá ningún recurso.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. El
recurso de reposición se presentará ante el Secretario del Consejo Superior
Universitario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del Acto
del Consejo. Una vez presentado el recurso, la Secretaría dejará constancia
de la fecha y hora de su presentación, y lo remitirá a la oficina jurídica para
su concepto. (…)”

De lo anterior, se debe tener en cuenta que los citados acuerdos hacen alusión a
actos administrativos de carácter general y particular, distintos de aquellos en los
que se materializa una elección como ocurre en el sub examine, dado que contiene
la decisión del Consejo Superior Universitario como cuerpo elector razón por la que,
en atención a su naturaleza, solo pueden ser controvertirlos a través del medio de
control nulidad electoral conforme a lo dispuesto en el artículo 139 del CPACA.

En este contexto, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Así las cosas, esta Sección encuentra ajustado al ordenamiento jurídico el acto
acusado y, por consiguiente, denegará las pretensiones de la demanda tal como se
dejará consignado en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad del
acto de elección del señor Fabio Buriticá Bermeo como rector de la Universidad de
la Amazonia para el periodo 2023-2025, esto es, el Acuerdo 074 del 28 de octubre
de 2022 proferido por el Consejo Superior Universitario, conforme la parte motiva
de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta providencia archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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Demandado: Fabio Buriticá Bermeo
Rad: 11001-03-28-000-2022-00339-00

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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