Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00019-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00019-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00019-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
23 de abril de 2026
Demandante: ASPU
Demandado: Luis Fernando Gaviria Trujillo,
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Rad: 11001-03-28-000-2025-00019-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00019-00
Demandante: ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS-ASPU- SUBDIRECTIVA PEREIRA
Demandado: LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Tema: Proceso de elección rector de universidad- trámite de
recusaciones- conflicto de intereses- designación ad hoc de
presidente del Consejo Superior Universitario para presidir
las sesiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la sala la demanda presentada por la Asociación Sindical de
Profesores Universitarios -Subdirectiva Pereira-, en adelante, ASPU, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, en contra de la elección del señor Luis Fernando
Gaviria Trujillo como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. La parte actora elevó las siguientes:
PRIMERA: Declarar que es Nula la elección de LUIS FERNANDO GAVIRIA
TRUJILLO como Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira contenida
en el Acta Extraordinaria #19 del 20 de diciembre de 2024.
SEGUNDA: Producto de la declaración anterior, Declarar que es Nulo el
nombramiento y posesión contenida en el Acta Extraordinaria #20 del 26 de
diciembre de 2024 y la Resolución del Consejo Superior Universitario No. 09
de 26 de diciembre de 2024 por medio de la cual se nombra por un período
de cuatro (4) años como Rector a Luis Fernando Gaviria Trujillo.
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Demandante: ASPU
Demandado: Luis Fernando Gaviria Trujillo,
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
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1.1.2. Hechos
2. A través de la Resolución 02 de 6 de octubre de 2023 expedida por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, se
convocó al proceso de designación del rector de la institución universitaria por
el periodo de cuatro (4) años, en virtud del cual se postuló el señor Luis
Fernando Gaviria Trujillo, quien presentó como único título de especialización
el otorgado por él mismo el 14 de diciembre de 2016, como especialista en
procesos industriales agroalimentarios.
3. Con ocasión de la convocatoria, se realizaron las respectivas
elecciones de las cuales salió la terna de los candidatos Alexander Molina,
con un 50.05% de la votación, Luis Fernando Gaviria Trujillo con un 37.55%, y
Carlos Victoria con un 8.45%.
4. En atención al cronograma previsto por la Resolución 02 de 6 de
octubre de 2023, el 16 de noviembre de ese año se dieron a conocer los
resultados de la consulta a la comunidad universitaria para constituir la terna
para designar al rector de la universidad.
5. El Consejo Superior Universitario emitió la Resolución 03 de 22 de
noviembre de 2023, por medio de la cual modificó parcialmente el cronograma
de la convocatoria en vista de que ninguno de los candidatos obtuvo las dos
terceras partes de la votación de los miembros de dicha corporación.
6. La votación para la designación del rector se prolongó durante las
sesiones ordinarias del año 2024, en vista de que ninguno de los ternados
obtuvo la mayoría calificada exigida para ser elegido rector.
7. El 27 de septiembre de 2024, el señor Juan Camilo Montoya
Hernández presentó una recusación contra el gobernador del departamento
de Risaralda, con sustento en que nunca manifestó impedimento en la
elección de rector de la universidad, por cuanto uno de los ternados, el señor
Luis Fernando Gaviria Trujillo, es hermano del presidente del Partido Liberal, y
fue quien le otorgó el aval para ser candidato a la gobernación de dicho
departamento, lo que comportaba un conflicto de intereses también porque el
aludido partido financió su campaña con la suma de $95.000.000.
8. En sesión de 13 de noviembre de 2011, el jefe de la Oficina Jurídica de
la universidad emitió concepto jurídico, según el cual no cualquier ciudadano
está legitimado para elevar una recusación dentro de la convocatoria de que
se trata.
9. Dentro de esa misma actuación, el Consejo Superior Universitario
sometió a votación si se daba o no trámite a la recusación, proceso del cual se
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decidió finalmente no tramitarla respecto del gobernador de Risaralda, pues
ante el empate en la votación se entendía que se denegaba lo sometido a
escrutinio; lo anterior, luego de realizada una primera votación que fue
efectuada nuevamente por falta de claridad frente a la recusación a estudiar.
10. El docente de planta de la UPT, Andrés Escobar Mejía, quien es
representante de los docentes ante el CSU, no presentó impedimento pese a
que el señor Luis Fernando Gaviria Trujillo lo nombró como director de la
Maestría en Ingeniería Eléctrica, designación por la cual obtuvo un
sobresueldo.
11. El día 16 de diciembre de 2024, el rector encargado citó a reunión
extraordinaria del CSU para el día 20 de ese mismo mes y año, con el objeto,
entre otros, de designar el rector de la universidad para un periodo de cuatro
años.
12. La presidente del CSU, Adriana María López, delegada del Ministerio
de Educación Nacional, solicitó que se aplazara la sesión citada, toda vez que
debía asistir a otra diligencia; de igual manera, el delegado del presidente de
la República y la representante de los estudiantes también enviaron excusas
por inasistencia; sin embargo, el rector encargado no accedió a cambiar la
fecha de la sesión extraordinaria del CSU.
13. En el acta No. 19 de la reunión en mención, llevada a cabo el 20 de
diciembre de 2025, se constató que quien presidió la sesión fue el gobernador
de Pereira, y dentro de dicha sesión se eligió al señor Luis Fernando Gaviria
Trujillo como rector de la UTP.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
14. La parte actora señaló como lesionados los artículos 29, 126 y 209 de
la Constitución Política, 64 literal a), y 67 de la Ley 30 de 1992; 3.º, 11 y 12 de
la Ley 1437 de 2011; Acuerdos del CSU de la UTP 014 de 1999 (Estatuto
General), 41 de 2020 (Reglamento Interno del CSU) y 33 de 9 de julio de
2024, pues, en su sentir, se presentó expedición irregular del acto de elección
acusado por desatención de las normas procedimentales en que debía
fundarse, vulneración al debido proceso y al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, y desviación de poder. Con base en lo anterior, formuló
los siguientes cargos:
1.1.3.1. Violación del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, por no tramitar la
recusación contra un miembro del CSU
15. Señaló que se desconoció el procedimiento establecido por el artículo
12 de la Ley 1437 de 2011 para los impedimentos y recusaciones, toda vez
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que pese a que el ciudadano Juan Camilo Montoya Hernández recusó al
gobernador de Risaralda el día 27 de septiembre de 2024, tras considerar que
existía un conflicto de intereses porque uno de los ternados para la elección
de rector era el señor Luis Fernando Gaviria Trujillo, hermano del señor César
Augusto Gaviria Trujillo, presidente del Partido Liberal y quien otorgó aval al
citado gobernador para las elecciones como tal, no se discutió dicha
recusación en la sesión de 3 de octubre de 2024 del CSU.
16. Indicó que como el Estatuto General y el Reglamento Interno del CSU
no establecen un procedimiento para tramitar los impedimentos, debe
aplicarse el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, de manera que el CSU debió
tramitar la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a su
presentación, sin que ello implicara reuniones extras en atención a que ya
tenían programada una para el día 3 de octubre de 2024.
17. Adujo que si bien en la sesión del día 13 de noviembre de 2024 se
incluyó en el orden del día la recusación, no se discutió sino que se sometió a
votación si se tramitaría o no, de manera que en un inicio se votó en su
mayoría a favor de iniciar el trámite. No obstante, en vista de una solicitud de
votar nuevamente, otra vez se efectuó dicho procedimiento y, como resultado
de ello, se obtuvo un empate, del cual se entendió negada la petición de
recusación.
18. Aseveró que lo anterior demostró una intención deliberada de no
tramitar la recusación por conflicto de intereses formulada en contra del
gobernador de Risaralda, lo cual infringió el artículo 12 de la Ley 1437 de
2011, norma según la cual se aplica la suspensión de la actuación
administrativa en ese evento.
19. Explicó que, conforme a lo anterior, el procedimiento para elegir rector
de la UTP fue suspendido desde el 27 de septiembre de 2024, fecha en que
se radicó la recusación contra el gobernador de Risaralda, hasta la
presentación de esta demanda, de manera que la elección demandada es
ilegal.
1.1.3.2. Violación de los artículos 64 de la Ley 30 de 1992 y 8.º del
Reglamento Interno del CSU (Acuerdo 41 de 2020)
20. Alegó que se lesionaron las normas mencionadas, con fundamento en
que la sesión de 20 de diciembre de 2024 realizada por el CSU, dentro de la
cual se eligió al demandado como rector de la UTP, fue presidida por el
gobernador de Risaralda, mas no por la señora Adriana María López,
presidente de la corporación, quien al no poder asistir a la reunión, solicitó al
rector encargado que se asignara nueva fecha, petición frente a la cual se
hizo caso omiso.
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21. Informó que, de igual forma, el delegado del presidente de la República
dentro del CSU, Iván Vergara, envió excusa de inasistencia y dejó claro que
los estatutos no permitían una reunión virtual o híbrida para tratar los puntos
de la reunión citada; sin embargo, pese a esas advertencias, el rector
encargado insistió en convocar a sesión extraordinaria para el 20 de diciembre
de 2024.
22. Puntualizó que de conformidad con los artículos 64 de la Ley 30 de
1992 y 14 del Estatuto General de la UTP (Acuerdo 014 de 1999), el Consejo
Superior Universitario es presidido por el ministro de Educación Nacional o su
delegado, quien en este caso corresponde a la señora Adriana María López.
23. Agregó que no es un simple capricho ni un formalismo de la norma que
quien presida la sesión sea el delegado del ministro de Educación, por lo que
es claro que los miembros del CSU violaron las normas enunciadas en su
afán de elegir al demandado como rector de la universidad.
1.1.3.3. Violación del artículo 11, inciso 1.º de la Ley 1437 de 2011
24. Afirmó que el docente de planta y representante de los profesores ante
el CSU, Andrés Escobar Mejía, ha sido nombrado sucesivamente por el ex
rector Luis Fernando Gaviria Trujillo como director de la Maestría en
Ingeniería Eléctrica desde el año 2015. Lo anterior, a través de las
resoluciones 3175 de 3 de noviembre de 2015, 1532 de 19 de mayo de 2016,
708 de 27 de enero de 2017, 4539 de 27 de julio de 2017 y 1832 de 1º de
febrero de 2018.
25. Explicó que a la fecha de la radicación de esta demanda, el
mencionado profesor todavía es director de la maestría señalada, lo que
genera un porcentaje adicional a su salario, situación que demuestra que
existe un conflicto de intereses de él para participar en la elección del
demandado como rector de la universidad.
26. Alegó que por tal motivo, el señor Escobar Mejía debió exponer su
conflicto de intereses dentro del trámite administrativo de que se trata, y que al
guardar silencio en este caso si bien no invalida la decisión, sí demuestra el
interés del docente en favorecer a quien lo nombró en un cargo de dirección
dentro de la universidad.
27. Añadió que tal conflicto se evidenció en la reunión de 13 de noviembre
de 2024, en la cual el citado profesor solicitó una revisión de la votación
mayoritaria para tramitar la recusación del gobernador, con lo cual logró que
se hiciera un nuevo escrutinio que dio como resultado el empate que se
entendió como negativa.
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1.1.3.4. Violación de los artículos 209 de la Constitución Política y 3.º,
numeral 5.º, de la Ley 1437 de 2011 -principio de moralidad en las
actuaciones administrativas.
28. Mencionó que de conformidad con el Acuerdo 33 de 9 de julio de
2024, que contiene el reglamento del proceso de elección del representante
de los ex rectores como miembro del CSU, será excluido del censo electoral
de dicha designación quien forme parte de la lista de candidatos a cargos
directivos que sean de designación del consejo.
29. Arguyó que el señor Carlos Alberto Ossa Ossa fue elegido como
representante de los ex rectores ante el CSU a través de la Resolución de
Rectoría 6693 de 21 de agosto de 2024, por un periodo de dos años.
30. Expresó que no existe un método en el Estatuto General para que el
exrector que forme parte del CSU tome decisiones en su condición de
representante, por lo que es costumbre que este consulte con los demás ex
rectores la forma en que debe votar.
31. Resaltó que para la elección del rector, el consejero Ossa Ossa, a
través de mensajes de Whatsapp, solicitó a los ex rectores, dentro de los
cuales se encuentra el demandado, que enviaran su voto por alguno de los
candidatos a rector, con el fin de que él pudiera votar en dicho procedimiento
conforme a la decisión mayoritaria del grupo.
32. Informó que al momento de la votación de los ex rectores, se admitió
que el demandado votara por él mismo como candidato a rector, por lo que
con su propio voto contribuyó a obtener mayoría para que el señor Ossa Ossa
votara por Luis Fernando Gaviria Trujillo en la sesión de 20 de diciembre de
2024, situación que infringió el parágrafo único del artículo 6.º del Acuerdo 33
de 9 de julio de 2024, que excluyó del censo electoral al ex rector que se
encuentre de candidato a un cargo directivo designado por el CSU, lo cual
debe extenderse al campo interno de la decisión de los ex rectores.
1.1.3.5. Violación de los artículos 32 y 36 del Reglamento Interno del CSU
(Acuerdo 41 de 2020)
33. Manifestó que en la convocatoria a la sesión extraordinaria del 20 de
diciembre de 2024 se hizo lectura y aprobación del acta de dicha reunión, lo
que transgrede el artículo 32 del Reglamento Interno que estableció que el
orden del día debe contener la lectura y aprobación del acta anterior, por lo
que los miembros del CSU, en su afán de elegir al demandado como rector,
hicieron que en la misma sesión se aprobara su acta.
34. Adicionó que en dicho documento no se introdujeron las excusas
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presentadas por los miembros que no asistieron, a saber, los señores Adriana
María López, Iván Alberto Vergara y Anyi Paola Mazabel, pese a que el
artículo 36 del mismo reglamento lo exige, ni sus respectivas motivaciones.
1.1.3.6. Violación de los artículos 209 de la Constitución Política y 3º de
la Ley 1437 de 2011, al otorgarse el mismo demandado, su título de
especialista en Procesos Industriales Agroalimentarios
35. Mencionó que el demandado, quien ha sido rector de la UTP entre los
años 2014 y 2023, se otorgó a sí mismo el título de especialista en Procesos
Industriales Agroalimentarios, suscrito el 14 de diciembre de 2016, con lo cual
reunió el requisito de posgrado que exige el artículo 6.º, literal b), del Acuerdo
34 de 2023 que modificó la elección del rector.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Luis Fernando Gaviria Trujillo, demandado
36. En relación con la presunta violación del artículo 12 de la ley 1437 de
2011 al denegarse la recusación presentada por el señor Hernández Montoya
contra el consejero Juan Diego Patiño Ochoa, manifestó que dicha petición no
cumplió con los requisitos formales establecidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, toda vez que no se señaló la causal taxativa del
impedimento que afectaría al recusado para participar en la elección del rector
de la universidad ni se demostró su configuración.
37. Frente a la presunta violación del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 por
la ausencia de la presidente del CSU en la sesión extraordinaria de 20 de
diciembre de 2024 donde resultó elegido el demandado, adujo que dicha
norma no previó quien está llamado a presidir tal diligencia, de manera que no
se puede suplir ese vacío con el razonamiento del demandante.
38. Al respecto, aclaró que los miembros del CSU presentes en la sesión
mencionada acudieron a la figura de un presidente ad hoc, con el fin de
cumplir las actividades incluidas en el orden del día, práctica que es común en
dicha corporación como se observa en varias reuniones ordinarias y
extraordinarias desde el año 2015.
39. En cuanto al presunto impedimento del señor Andrés Escobar Mejía,
representante de los docentes ante el CSU, para votar en la elección objeto
de cuestionamiento, expuso que si bien él ha sido nombrado como director de
la Maestría en Ingeniería Eléctrica por el demandado desde el año 2015, y en
la actualidad ejerce tal cargo, de conformidad con el artículo 24 del Estatuto
General de la UTP contenido en el Acuerdo 14 de 1999, corresponde al rector
efectuar tales nombramientos de quienes resulten ganadores en la respectiva
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elección entre los profesores, de manera que su labor es simplemente
nombrar a quienes son previamente elegidos.
40. Explicó que la designación del profesor en mención obedeció a una
recomendación dada por el Consejo de la Facultad de Ingenierías, razón por
la cual dicha decisión no es discrecional del rector; además, su elección como
representante de los profesores ante el CSU no estuvo influenciada por el
demandado, pues esta tuvo lugar tras un procedimiento electoral convocado
por la UTP.
41. En cuanto a la presunta irregularidad en la votación del representante
de los ex rectores ante el CSU en la elección del rector de la UTP, refirió que
resulta infundada la afirmación del demandante en relación con que el
parágrafo único del artículo 6.º del Acuerdo 33 regula de forma clara el
proceso de discusión informal de tales electores en un grupo de Whatsapp,
toda vez que las consultas hechas por la persona que ostenta tal calidad para
expresar su voto sobre cualquier asunto ante el CSU no son vinculantes y, por
ende, no son susceptibles de afectar la validez de su voto.
42. En relación con la presunta irregularidad en la convocatoria de la sesión
extraordinaria de 20 de diciembre de 2024, en cuanto no fue realizada por la
presidente del CSU sino por el rector encargado, afirmó que él contaba con la
facultad para tal efecto de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo 41 de
2020.
43. Frente a las irregularidades en el orden del día de la mencionada
reunión por violación de los artículos 32 y 36 del acuerdo en cita, por no
haberse leído y aprobado el acta anterior y por no quedar consignada en el
acta de la sesión actual la inasistencia de la delegada del ministro de
Educación Nacional, del presidente de la República y de la representante de
los estudiantes, mencionó que la primera de las normas relacionadas hizo
referencia a las sesiones ordinarias, mas no a las extraordinarias, de manera
que no resultaba necesario aprobar el acta anterior.
44. Adicionó que en el acta de la sesión extraordinaria No. 19 de 2024 sí
quedó consignada la inasistencia de los miembros del consejo que refirió el
demandante.
45. Finalmente, sobre la falta de cumplimiento del demandado para ser
elegido rector por cuanto el título de posgrado de especialista en Procesos
Industriales Agroalimentarios fue otorgado por él mismo como rector en
diciembre de 2016, recalcó que tal estudio cumple con los requisitos
estatutarios y legales.
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1.3. Pronunciamiento de terceros impugnadores
1.3.1. Universidad Tecnológica de Pereira
46. Manifestó que el ciudadano Juan Camilo Montoya Hernández no elevó
una recusación sino que presentó una petición en la cual únicamente solicitó
que se incluyera en el orden del día la discusión sobre un posible conflicto de
intereses en relación con el gobernador de Risaralda y el candidato a rector,
de manera que si en gracia de discusión se entendiera que estaba recusando
al consejero de igual manera tal actuación no cumpliría con los requisitos
establecidos para tal efecto, pues no identificó las causales taxativas previstas
por el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
47. Señaló que el demandante no argumentó las razones por las cuales el
señor Andrés Escobar tenía un interés directo en la elección del demandado,
objeto de censura, dado que se limitó a plantear que un nombramiento
realizado hace casi una década genera automáticamente un impedimento.
48. Indicó que, por otro lado, del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 no se
desprende que todas las sesiones de los consejos deban estar presididas por
el ministro de Educación o su delegado, tesis que de acogerse limitaría el
principio de autonomía universitaria pues no existe en la normativa interna una
prohibición del CSU de sesionar sin la asistencia de dicha cartera.
49. Adujo que se hizo uso de la figura de la presidencia ad hoc la cual ha
sido utilizada previamente en la Universidad Tecnológica de Pereira, para
suplir la ausencia de quien por ley debe presidir, tema sobre el cual el Consejo
de Estado ha tenido la oportunidad de referirse1.
50. Aseveró que, en relación con el supuesto yerro al aprobarse el acta en
la misma sesión en la que se eligió al demandado, tal requisito es una
formalidad que no compromete la validez y fuerza vinculante de las decisiones
adoptadas en la reunión anterior, de tal manera que no compromete la
elección del rector.
51. Planteó que el pantallazo de la conversación de Whatsapp aportado por
el demandante corresponde a un tema privado tratado en un grupo de ex
rectores de la universidad, el cual fue allegado sin tener en cuenta que el actor
no es parte del mismo y sin justificar sobre su procedencia, legitimidad o
trazabilidad técnica, lo que configura una prueba ilícita.
52. Puntualizó que adicionalmente dicho pantallazo no cumple con los
requisitos de autenticidad e integridad, por lo que únicamente solo puede ser
1 Al respecto citó la sentencia proferida dentro del expediente 25000234100020190089201.
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considerado como prueba documental si se garantiza que su contenido es
íntegro, su origen es verificable y el documento electrónico es accesible para
su consulta posterior, presupuestos que no se cumplen en el presente caso,
en tanto el demandante solo aportó una imagen impresa, descontextualizada
y no respaldada por el archivo original, sin peritaje, metadatos ni cadena de
custodia.
53. Consideró que de igual manera el voto del representante de los ex
rectores es directo y autónomo, sin que requiera una norma expresa que lo
ratifique. Además, la afirmación del demandante en torno a que existe una
costumbre de consulta previa entre ex rectores no tiene soporte jurídico ni
implica que la decisión final esté condicionada o determinada por tal práctica.
54. Argumentó que, en relación con las irregularidades en la obtención del
título de especialista del demandado, carece de fundamento porque el juez
electoral no tiene competencia para decidir sobre su validez, este goza de
presunción de legalidad, el programa académico cuenta con registro calificado
y la firma del rector en el diploma es una formalidad.
1.3.2. Jairo Alberto Mendoza Vargas, tercero impugnador
55. Afirmó que la recusación presentada por el señor Juan Camilo Montoya
Hernández fue rechazada en atención a que no cumplía con los requisitos de
procedibilidad exigido por la ley y la jurisprudencia.
56. Destacó que la normativa aplicable no reguló la suplencia del ministro
de Educación Nacional o del presidente de la República, o sus delegados, por
lo que se acudió a la figura de un presidente ad hoc en la sesión
extraordinaria, con el fin de propender por la realización de la misma con los
demás miembros presentes, proceder que ha sido reiterado en varias
ocasiones.
57. Aclaró que la designación del profesor Andrés Escobar Mejía en la
Dirección de Ingeniería Eléctrica obedeció a una recomendación dada por el
Consejo de Facultad de Ingenierías, máximo órgano de dirección de la
facultad; además, dicho docente fue elegido como representante de los
profesores ante el CSU como consecuencia de un proceso de elección
popular.
58. Recalcó que el rector encargado citó a sesión extraordinaria para elegir
al rector de la universidad, de acuerdo con la facultad establecida por el
artículo 25 del Acuerdo No. 41 de 2020.
59. Alegó que no resultaba necesario leer y aprobar el acta de la sesión
anterior al tratarse de una reunión extraordinaria, en tanto el artículo 32 ibidem
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hizo referencia a las sesiones ordinarias.
60. Acotó que el título de especialista obtenido por el demandado fue
adquirido legítimamente, y los supuestos yerros aducidos por el demandante
no afectan su validez.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
61. Por auto de 13 de marzo de 2025 se admitió la demanda y se ordenó
su notificación al señor Luis Fernando Gaviria Trujillo, en calidad de
demandado, y al Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica
de Pereira. De igual manera, se denegó la solicitud de suspensión provisional
que pidió la parte actora en la demanda, con fundamento en que no obran las
pruebas necesarias para tal efecto.
62. En providencia de 24 de abril de 2025, se negó una solicitud de adición
del auto admisorio elevada por el apoderado de la Universidad Tecnológica de
Pereira, al mismo tiempo que se reconoció a dicha institución como tercero
impugnador.
63. A través de proveído de 29 de mayo de 2025, se rechazó el recurso de
reposición instaurado contra el auto anterior por la Universidad Tecnológica de
Pereira, y se tuvo como tercero impugnador al señor Jairo Alberto Mendoza
Vargas.
64. Por auto de 29 de agosto de 2025, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, se rechazó la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa de la parte demandante, propuesta por uno de los impugnadores, se
incorporaron las pruebas aportadas por las partes y terceros, se denegó la
prueba que pidió el demandante y se fijó el litigio bajo los siguientes términos:
37. En este caso, deberá analizarse si el acto de nombramiento del señor
Luis Fernando Gaviria Trujillo como rector de la Universidad Tecnológica de
Pereira es nulo por haber sido expedido de forma irregular, con desatención
de las normas en que debía fundarse, con violación al derecho al debido
proceso con ocasión de la metodología adoptada por el Consejo Superior
Universitario de la institución educativa y con violación al régimen de
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades.
38. Por lo anterior, deberá establecerse:
a. Si se vulneró el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo por no haber tramitado la recusación
presentada contra el señor Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador del
Departamento de Risaralda.
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b. Si la realización de sesión del Consejo Superior Universitario del 20 de
diciembre de 2024, presidida por el gobernador del Departamento de
Risaralda y no por la presidente del consejo vulneró lo dispuesto en los
artículos 64 de la Ley 30 de 1992 y 14 del Estatuto General de la
Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 014 de 1999), con lo cual,
además, se vulneró el artículo 8, literales a) y b), del Acuerdo 41 de 2020,
Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
c. Vulneración del artículo 11, inciso 1.°, del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por existir un conflicto de
interés entre el representante de los docentes, el señor Andrés Escobar
Mejía, y el señor Luis Fernando Gaviria Trujillo, con lo cual se violó el
principio de moralidad.
d. Violación de los artículos 209 de la Constitución Política y 3 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por
vulneración del principio a la moralidad con ocasión del método elegido para
el voto del representante de los exrectores.
e. Violación del reglamento interno del Consejo Superior Universitario de la
Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 41 de 2020), específicamente
los artículos 32 y 36, porque el mismo día de la celebración de la sesión
extraordinaria número 19, se realizó la aprobación de esta y no se
introdujeron las excusas presentadas por los señores Adriana María López,
Iván Alberto Vergara y Anyi Paola Mazabel, pese a que así lo consagra el
Reglamento Interno de la Universidad.
f. Violación del principio de moralidad, puesto que el título de posgrado como
especialista de procesos industriales agroalimentarios, aportado para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 del Acuerdo 34
de 2023, fue otorgado por él mismo.
65. En esa misma providencia se ordenó que, una vez ejecutoriada, se
corriera traslado a las partes para que alegaran de conclusión por escrito, y al
Ministerio Público para que emitiera concepto2.
1.5. Alegatos de conclusión
1.5.1. Parte demandante
66. Manifestó que se encuentra acreditado en el expediente que la
recusación formulada contra el gobernador de Risaralda no fue resuelta pese
a que cumplía con los requisitos para tal efecto, lo que vulneró la ley y el
2 Confirmada por vía de reposición mediante auto de 17 de octubre de 2025. En providencia
de 18 de noviembre de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya rechazó por
improcedente el recurso de súplica contra esa decisión.
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Estatuto General de la UTP, así como los antecedentes de la Sección Quinta
del Consejo de Estado3.
67. Reiteró los demás reparos formulados en la demanda, en relación con
la ausencia del delegado del Ministerio de Educación Nacional en la elección
del rector de la universidad, la falta de potestad del CSU para designar
presidente ad hoc para presidir las reuniones extraordinarias, el conflicto de
intereses del señor Andrés Escobar Mejía como miembro del citado órgano en
calidad de representante de los docentes, las presuntas irregularidades por el
voto del representante de los ex rectores y por la falta de aprobación del acta
de la sesión anterior, así como por la obtención del estatus de candidato del
demandado con base en un título de posgrado otorgado a sí mismo.
1.5.2. Luis Fernando Gaviria Trujillo, demandado
68. Trajo a colación lo señalado en la contestación de la demanda, en
relación con la falta de cumplimiento de requisitos legales de la petición
presentada por el ciudadano Hernández Montoya que, en sentir de la parte
demandante, configuró una recusación que no fue resuelta.
69. Reafirmó que la designación de un presidente ad hoc fue válida y legal,
que no hubo conflicto de intereses del profesor Andrés Escobar Mejía quien
fue designado como director de la Maestría de Ingeniería Eléctrica tras
agotarse un proceso de elección interna, no hubo irregularidad por el voto del
representante de los ex rectores porque la conversación privada dentro del
grupo de Whatsapp no tuvo incidencia en la elección y no resultaba necesario
aprobar el acta de la sesión anterior en tanto la norma invocada por la
demandante hace referencia a las reuniones ordinarias.
70. Coligió que el título de posgrado allegado por él para su postulación
como candidato a la rectoría es válido, de manera que lo alegado por la actora
no tiene asidero pues la firma del rector en el diploma no implica que lo
otorgue en nombre propio, pues este va precedido de unos requisitos legales
para su obtención.
1.5.3. Universidad Tecnológica de Pereira
71. Iteró lo expuesto en su intervención a favor del demandado, en especial
en lo relacionado con la inexistencia del escrito de recusación el cual, en su
sentir, corresponde a un derecho de petición, de manera que no cumple con
los requisitos legales y jurisprudenciales para tramitarse como tal.
3 Al respecto, citó la decisión de 18 de julio de 2024, proferida dentro del radicado 11001-03-
28-000-2024-00060-00, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
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72. Aseguró, de igual manera, que no existe impedimento respecto del
profesor Andrés Escobar Mejía, que la Ley 30 de 1992 no prohíbe la
designación de un presidente ad hoc ante la inasistencia del delegado del
Ministerio de Educación Nacional, y que no se incurrió en una irregularidad en
el voto del representante de los ex rectores, en tanto la consulta al grupo de
Whatsapp hecha por dicho miembro del CSU fue un acto meramente formal.
73. Observó, en los mismos términos de su participación, que la validez del
título de posgrado obtenido por el demandado no es objeto de la presente
acción.
1.5.4. Jairo Alberto Mendoza Vargas, tercero impugnador
74. Reiteró lo indicado en su intervención como impugnador, a favor del
demandado, sobre la falta de requisitos de la recusación contra el gobernador
de Risaralda, la ausencia de irregularidad por la designación de un presidente
ad hoc para presidir la sesión en la que resultó elegido el rector de la UTP, la
falta de conflicto de intereses con el profesor Andrés Escobar Mejía y la
carencia del yerro por el método elegido para el voto del representante de los
ex rectores.
75. De igual manera, reafirmó la validez del título de posgrado del
demandado.
1.5.5. Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad
Tecnológica de Pereira
76. Los señores Juan Diego Patiño Ochoa (gobernador de Risaralda),
Carlos Alberto Ossa Ossa (representante de los ex rectores), Luz Stella
Restrepo de Ocampo (representante de las directivas académicas), Andrés
Escobar Mejía (representante de los docentes), Paula Andrea Villa Sánchez
(representante de los egresados) y Jaime Cortés Díaz (representante del
sector productivo, presentaron alegatos de conclusión.
77. Sin embargo, comoquiera que los seis consejeros que acudieron no
fueron reconocidos como terceros en el proceso, no es posible tener en
cuenta los alegatos, máxime si no concurrieron la totalidad de los miembros
de la corporación, quienes de conformidad con el artículo 14 del Estatuto
General corresponden a diez.
1.6. Concepto del Ministerio Público
78. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó
que se denieguen las pretensiones de la demanda con base en las siguientes
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razones.
79. En relación con la falta de trámite de la recusación presentada contra el
gobernador de Risaralda, argumentó que tal solicitud fue analizada como
derecho de petición y se denegó por cuanto no cumplió con los requisitos
previstos por el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.
80. Sobre la designación del presidente ad hoc ante la inasistencia del
ministro de Educación Nacional, expuso que si bien el ordenamiento jurídico
previó que los CSU deben tener como presidente al citado funcionario o a su
delegado, no existe norma que establezca como regla que no puede
adelantarse sesiones ordinarias o extraordinarias ante su ausencia.
81. Afirmó que el Estatuto General de la UTP determinó que el cuórum
para sesionar es de cinco miembros del CSU y para decidir debe contarse con
la mitad más uno de los asistentes, exigencia que se cumplió en el presente
caso.
82. Aseguró que no es posible inferir un conflicto de intereses entre el
demandado y el señor Andrés Escobar Mejía, toda vez que el rector no
participó en la escogencia del docente como representante ante el CSU, en
tanto dicho vocero fue elegido mediante voto secreto.
83. Precisó que, en relación con la captura de pantalla de la aplicación
Whatsapp aportada por la parte actora de un grupo denominado «Exrectores
de la UTP», dicha prueba debe ser excluida por cuanto fue obtenida con
menoscabo del derecho a la intimidad, en tanto el espacio virtual en mención
tiene un carácter privado y reservado, por lo que al no existir una
determinación judicial que ordene el acceso a la información contenida allí ni
haber sido entregada voluntariamente por alguno de sus miembros, resulta un
medio probatorio ilícito.
84. Aclaró que el pantallazo en mención no puede tenerse en cuenta como
un mensaje de datos sino como documento, en tanto tiene un contenido
meramente representativo; además, se respetó el procedimiento de votación y
elección del demandado pues los mensajes en el grupo de Whatsapp
constituyen un proceder informal.
85. Manifestó que los yerros relacionados con la presunta omisión de
aprobación del acta de la sesión anterior e inclusión de las excusas de
algunos consejeros no se configuraron, por cuanto el artículo 32 del
Reglamento Interno del CSU, invocado como infringido, hace referencia a las
reuniones de tipo ordinario mas no extraordinario, como es el caso.
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86. Además, en el apartado de ausentes del acta de la sesión en la que se
eligió al demandado se registró la ausencia de los miembros que no
asistieron.
87. Agregó que la parte actora no explicó la forma como la suscripción del
título de posgrado obtenido por el demandado afectó la elección de que se
trata.
1.7. Actuaciones procesales posteriores
88. Mediante auto de 19 de enero de 2026, se denegó una solicitud
probatoria elevada por la parte demandante y se dispuso no tener en cuenta
la intervención de quien pretendía actuar como apoderado judicial del
Ministerio de Educación Nacional, decisión confirmada en providencias de 6 y
26 de febrero del año en curso, que resolvieron los recursos de reposición y
súplica contra el citado proveído, respectivamente.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
89. La sala es competente para decidir en única instancia la presente
demanda de nulidad electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
4.º del artículo 149 del CPACA4 y el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024, que contiene el
reglamento interno del Consejo de Estado, en tanto la discusión recae sobre
el acto de elección del señor Luis Fernando Gaviria Trujillo como rector de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
2.2. El acto acusado
90. El acto cuya nulidad se cuestiona es la elección de Luis Fernando
Gaviria Trujillo como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira
contenida en el Acta Extraordinaria No. 19 de 20 de diciembre de 2024
proferida por el Consejo Superior Universitario de dicha institución.
4 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El
Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
[…] 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus
Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del
orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de
nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la
República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo […].
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2.3. Problema jurídico
91. Corresponde a la sala determinar si el acto de nombramiento del señor
Luis Fernando Gaviria Trujillo como rector de la Universidad Tecnológica de
Pereira es nulo por haber sido expedido de forma irregular, con desatención
de las normas en que debía fundarse, con violación al derecho al debido
proceso con ocasión de la metodología adoptada por el Consejo Superior
Universitario de la institución educativa y con violación al régimen de
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades.
92. Por lo anterior, deberá establecerse:
a. Si se vulneró el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, por el trámite otorgado a
la recusación presentada contra el gobernador de Risaralda.
b. Si se vulneró lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley 30 de 1992 y 14 del
Estatuto General de la UTP (Acuerdo 014 de 1999), 8.º, literales a) y b), del
Acuerdo 41 de 2020, Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario de
la Universidad Tecnológica de Pereira, por la designación de un presidente ad
hoc para la realización de sesión del Consejo Superior Universitario del 20 de
diciembre de 2024, ante la ausencia del ministro de Educación Nacional o su
delegado.
c. Si existió un conflicto de intereses entre el docente Andrés Escobar Mejía y
el demandado, y si por tal motivo se vulneró el artículo 11, inciso 1. °, de la Ley
1437 de 2011 y el principio de moralidad.
d. Si se lesionaron los artículos 209 de la Constitución Política y 3 de la Ley
1437 de 2011 con ocasión del método elegido para el voto del representante de
los exrectores.
e. Si se violó el reglamento interno del Consejo Superior Universitario de la
Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 41 de 2020), específicamente los
artículos 32 y 36, en relación con la aprobación de la sesión extraordinaria el
mismo día y la falta de inclusión de las excusas presentadas por los señores
Adriana María López, Iván Alberto Vergara y Anyi Paola Mazabel.
f. Si se violó el principio de moralidad, al haber sido otorgado al demandado el
título de posgrado como especialista de procesos industriales agroalimentarios,
por él mismo.
2.4. Marco jurídico
93. El artículo 69 de la Constitución Política establece una garantía a la
autonomía universitaria, de modo que las universidades tienen la potestad
para elegir sus directivas y establecer sus propios estatutos. En relación con
las universidades públicas, la misma norma determina que existirá un régimen
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especial establecido por la ley.
94. A su turno, la Ley 30 de 1992 reguló el servicio público de la educación
superior y reiteró la autonomía universitaria en su artículo 3º:
ARTÍCULO 3o. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela
por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema
inspección y vigilancia de la Educación Superior.
95. Dicha autonomía implica «[…] el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los
títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional»5.
96. De igual manera, definió a las universidades como «[…] las
reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su
desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La
investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones
o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la
cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas
para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o
disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-
doctorados (sic), de conformidad con la presente Ley»6.
97. El artículo 20 de la Ley 30 de 1992 le otorgó al Ministerio de Educación
Nacional la facultad de reconocer como universidad a las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas que demuestren tener los siguientes
requisitos:
a) Experiencia en investigación científica de alto nivel.
b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas
que apoyen los primeros.
98. El mismo artículo facultó al Gobierno Nacional, para que dentro del
término de seis (6) meses, estableciera los otros requisitos que se estimen
necesarios.
5
Artículo 28 de la Ley 30 de 1992.
6
Artículo 19 de la Ley 30 de 1992.
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99. De lo anterior se concluye que las universidades gozan de autonomía
para, entre otras cosas, crear sus estatutos y elegir los miembros de los
órganos directivos.
2.5. Análisis de los cargos propuestos en la demanda
100. La sala procederá a pronunciarse acerca de cada uno de los reparos
señalados en la demanda, de conformidad con la fijación del litigio y el
problema jurídico planteado en esta providencia.
2.5.1. Vulneración del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, por el trámite
otorgado a la recusación presentada contra el gobernador de Risaralda.
101. El demandante cuestionó la falta de trámite y pronunciamiento de fondo
frente a la recusación propuesta por el ciudadano Juan Camilo Montoya
Hernández contra el gobernador de Risaralda el 27 de septiembre de 2024,
por un presunto conflicto de intereses derivado del otorgamiento del aval al
mencionado político por parte del presidente del partido Liberal, César Gaviria
Trujillo para las elecciones de la gobernación del citado departamento, quien
a su turno es hermano del demandado.
102. Alegó que no se suspendió el trámite de la elección del rector pese a
haberse presentado la recusación.
103. Sea lo primero señalar que revisado el contenido del Acuerdo No. 41
de 2020 (Reglamento Interno del CSU de la UTP) y los estatutos de la
universidad, se observa que tales normativas internas no se ocuparon de
reglamentar lo concerniente a los impedimentos y recusaciones de los
miembros del CSU, de manera que debe acudirse a lo estipulado por los
artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, normas que disponen:
ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o
decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho.
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su
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cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el
numeral precedente.
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa:
representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los
negocios del servidor público.
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o
jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o
alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los
interesados en la actuación, su representante o apoderado.
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su
representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge,
compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a
hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la
investigación penal.
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la
actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o
amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en
la actuación administrativa, su representante o apoderado.
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero
civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate
de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad
anónima.
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas
interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en
sociedad de personas.
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación
administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido
en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin
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embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones
que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la
administración.
12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las
personas interesadas en la actuación administrativa.
13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión
administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que
él debe resolver.
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de
elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período
electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores.
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al
cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como
referencia con el mismo fin.
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado
como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta
Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o
económico interesado en el asunto objeto de definición.
ARTÍCULO 12. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En
caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes
a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo
tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los
anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en
el caso de las autoridades territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el
impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto,
pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto
ordenará la entrega del expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará
si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado
en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se
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decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio
administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia
el inciso 1 de este artículo.
104. Sobre el particular, esta sección ha desarrollado de forma puntual el
trámite de las recusaciones dentro de las elecciones de rectores de
universidades, bajo los siguientes términos7:
Para resolver, debe tenerse en cuenta que sobre las recusaciones esta
Sala8 se ha pronunciado indicando que deben cumplir con los siguientes
requisitos:
“(i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación
seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de
conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la Corte
Constitucional. (…).
(ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función
pública, sobre el que recae el reproche y,
(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un
conflicto entre el interés particular y el general, las cuales deben estar
encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso, la
configuración de las causales de impedimento legalmente establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se
debe tramitar ni se le atribuye los efectos propios de la recusación, esto
es, no se suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación
no se ve afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los
miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos
mínimos formales, y en caso de no encontrarlos acreditados, de manera
motivada podrán rechazarlo y no darle trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo
y producirá los efectos correspondientes. Ante la falta de reglamentación
del trámite de las recusaciones en los estatutos de las corporaciones
autónomas regionales, debe aplicarse lo establecido en el artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011, y seguirse el siguiente procedimiento: (…)”9 (Negrillas fuera
del texto original).
En este orden de ideas, los escritos de recusación deben tener una carga
argumentativa mínima que se materializa en un escrito motivado que
contenga: el sujeto que lo propone y sobre el que recae, las razones de
hecho en que se fundamenta, la causal taxativa en la que se subsume.
De manera que si la recusación no cumple con estos requisitos, el trámite
administrativo debe seguir su curso, dado que no puede dotarse de efectos
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado
Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 23 de septiembre 2021. Expediente
11001-03-28-000-2021-00002-00.
8
Sección Quinta del Consejo de Estado. Auto del 12 de marzo de 2020. Expediente número 11001-0328-000-2020-
00009-00. M.P. Rocío Araújo. Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia del 3 de septiembre de 2020.
Expediente número 11001-03-28-000-2020-00031-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Consejo de Estado
Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 18 de marzo de 2021, rad. 11001-03-28-000-2019-
00084-00 (acum).
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de marzo de 2021, Rad. No. 11001-03-
28-000-2019-00084-00 (Acum.), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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a una petición que carece de las exigencias que el legislador previó para su
materialización, y por tanto no debe suspenderse la actuación.
Por el contrario, si el escrito cumple con los requisitos establecidos con
antelación, debe seguirse el trámite dispuesto en el artículo 12 de la Ley
1437 de 2011 […].
De acuerdo con esta norma, el trámite que se debe dar a las recusaciones
que cumplen con los requisitos es el siguiente:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se
suspende hasta cuando la recusación sea resuelta. Con la suspensión
del procedimiento administrativo, se busca que la recusación sea resuelta
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación
correspondiente.
En este punto debe tenerse en cuenta que si bien la norma no establece que
la suspensión deba decretarse a través de una providencia o actuación
determinada, lo cierto es que el funcionario recusado no puede ejercer
sus competencias, bien sea adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas, hasta tanto la recusación sea resuelta.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación,
el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano
la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo,
esto es, sin acudir a trámites o procedimientos adicionales.
Finalmente esta norma establece que la autoridad competente para decidir
es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del
respectivo sector administrativo y, a falta de los anteriores, el Procurador
General o Regional, según el caso.
105. Ahora bien, revisados los antecedentes administrativos del caso, se
observa que el 27 de septiembre de 2024, el señor Juan Camilo Hernández
Montoya elevó petición ante la secretaria general de la Universidad
Tecnológica de Pereira, con el fin de que se revisara un presunto conflicto de
intereses del gobernador de Risaralda Juan Diego Patiño Ochoa para votar en
la elección del rector de la institución.
106. Lo anterior, tras fundamentar que dicho funcionario recibió aval del
partido Liberal Colombiano para su candidatura al cargo desempeñado, el
cual fue otorgado por el señor César Gaviria Trujillo, quien a su turno es
hermano de Luis Fernando Gaviria Trujillo, entonces aspirante a la rectoría de
la universidad; y, además, con sustento en que el señor César Gaviria realizó
dos contribuciones económicas por un total de noventa y cinco millones de
pesos para financiar la campaña del elegido gobernador de Risaralda.
107. La secretaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad
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Tecnológica de Pereira, en escrito de 14 de noviembre de 2024 otorgó
respuesta a la solicitud relacionada en precedencia, en el sentido de informar
al señor Juan Camilo Hernández Montoya que «[…] después de la
deliberación correspondiente10 […] el Consejo Superior tuvo una votación que
no resultó suficiente en los términos del Estatuto General ni en el reglamento
interno del consejo, situación que generó que se repitiera la votación y al
resultar un empate, se impidió dar continuidad al trámite lo que conllevó a
negar el punto en mención, por falta de requisitos que dieron lugar a su
solicitud de recusación […]».
108. Acorde con lo anterior, verificado el contenido del Acta Ordinaria No. 15
de 13 de noviembre de 2024 del CSU, dentro de la cual se incluyó dentro del
orden del día la recusación presentada por el señor Juan Camilo Hernández
Montoya frente al consejero Juan Diego Patiño Ochoa (gobernador de
Risaralda), se advierte que ante el doble empate en torno a si se aprobaba o
no por parte de los consejeros el inicio del trámite de la misma, se tuvo por
negada por cuanto en la segunda votación se obtuvo un nuevo empate. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 37, parágrafo II del Acuerdo 41 de
2020. De igual manera, se decidió proyectar la respuesta a la petición del
señor Hernández Montoya, referenciada anteriormente.
109. De lo expuesto se infiere que el CSU sometió a votación si se daba o
no trámite a la recusación de que se trata, y ante el doble empate se entendió
por negado el trámite en los términos de la norma citada, que establece:
Artículo 37. De la forma de toma de decisiones. Antes de la deliberación
de un asunto, los miembros del Consejo podrán decidir por mayoría, a
solicitud de cualquier miembro, si ello se hiciere por votación secreta y
escrita o por signos.
[…] Parágrafo II. Si después de discutido un determinado asunto, no fuere
posible lograr consenso para la toma de las decisiones correspondientes,
se procederá a votar, previa declaratoria por parte del Consejo de la
suficiente ilustración, que cualquiera de los miembros podrá solicitar. Si
realizada la votación, se presentara un empate, se procederá de la
siguiente manera:
a. Si a juicio de los miembros del Consejo Superior el asunto es aplazable,
quedará para el orden del día de la sesión siguiente.
b. Si es urgente tomar una determinación, se procederá a una
segunda votación y, en caso de que persista el empate, se entenderá
negada, teniendo en cuenta que no obtuvo la mayoría para su
aprobación […] [Destacado por la sala]
10 En la sesión de 13 de noviembre de 2024.
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110. Como se puede observar, el CSU optó por someter a decisión si daba
o no trámite a la recusación objeto de controversia, de lo cual se presentaron
al interior de la corporación posturas divergentes pues, por un lado, algunos
consejeros consideraban que esta debía ser rechazada por no cumplir con los
requisitos. De otra parte, algunos miembros estimaban que incluso sí se
configuraba el conflicto de intereses.
111. Al someter a votación por primera vez en la sesión de 13 de noviembre
de 2024 (según consta en el Acta Ordinaria No. 15), se elevó la siguiente
pregunta: ¿aprueba usted o no el inicio del trámite de recusación en contra
del señor Gobernador Juan Diego Patiño Ochoa?.
112. Luego de ello, se constató que los consejeros 1. Wilson Arenas
Valencia (representante de las directivas académicas), 2. Jaime Cortés Díaz
(representante del sector productivo) y 3. Andrés Escobar Mejía
(representante de los docentes) votaron en contra de lo anterior, mientras que
4. Carlos Andrés Gómez Flórez (representante de los ex rectores), 5. Anyi
Paola Mazabel Manzo (representante de los estudiantes), 6. Adriana María
López Jamboos (delegada del MEN) e 7. Iván Alberto Vergara Sinisterra
(delegado del presidente de la República) votaron a favor. 8. El consejero
Carlos Alberto Ossa Ossa (representante de los egresados) votó en blanco.
113. Cabe señalar que con voz y voto asistieron nueve consejeros, pero
como la presunta recusación se presentó respecto del gobernador de
Risaralda, su delegado, el señor Aníbal Felipe Pulgarín Gallego no participó
de la votación.
114. De conformidad con el artículo 14 del Estatuto de la Universidad, el
número de consejeros que cuentan con voz y voto es de nueve, y para
decidir, en este caso sobre si se tramitaba o no la recusación se requería la
mitad más uno de los asistentes (artículo 15 ibídem).
115. En la primera votación, se entendió que hubo mayoría porque se
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obtuvieron cuatro votos a favor de iniciar el proceso de recusación contra el
gobernador de Risaralda. No obstante, con ocasión de una revisión solicitada
por el representante de los docentes con fundamento en que no se logró la
mayoría de los votos exigidos, se concluyó que de conformidad con el
Acuerdo 41 de 2020 se debe contar con la mitad más uno para obtener la
aprobación, esto es, debía obtenerse 5 votos.
116. Por ende, la secretaria indicó que había 8 consejeros presentes,
porque el representante de la Gobernación de Risaralda se retiró, y votaron 4
a favor de la propuesta, de lo que finalmente se concluyó que no se contó con
la mayoría requerida que era de 5 consejeros, de manera que se repitió la
votación y se suscitó un empate en tanto 4 miembros votaron a favor y 4 en
contra, interpretación que, en todo caso, se acompasa con el contenido del
artículo 15 del Estatuto General según el cual «constituye quórum […] para
decidir […] la mitad más uno de los asistentes […]».
117. Ello denota que la corporación en mención sí dio trámite a la solicitud
presentada por el señor Juan Camilo Hernández Montoya, la cual fue elevada
en los términos del artículo 23 de la Constitución Política, esto es, en ejercicio
del derecho de petición, al cual se le dio respuesta por parte de la secretaria
del CSU como se expuso en precedencia.
118. Cabe resaltar que revisada dicha solicitud se advierte que, en efecto,
no se formuló expresamente una recusación en contra del señor Juan Diego
Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda y miembro del CSU, sino que se pidió
a la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Pereira que se
realizaran las acciones y consultas tendientes a evaluar un posible conflicto de
intereses del mencionado, para votar en las elecciones del rector de la
institución.
119. En efecto, las peticiones que formuló expresamente el señor
Hernández Montoya, además de no invocar causal alguna de las previstas por
el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, fueron encaminadas a que se estudiara
una eventual recusación:
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120. En ese sentido, resultaba lógico que generara duda al interior del CSU
de si el escrito elevado en ejercicio del derecho de petición cumplía con los
requisitos para ser tramitado como recusación, teniendo en cuenta, además,
que el peticionario no hizo uso de dicha figura en los términos de los artículos
11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual los consejeros decidieron
someter a votación si daban trámite de recusación o no a la solicitud pues les
correspondía a ellos decidir sobre el particular.
121. Por consiguiente, en la sesión ordinaria No. 15 de 13 de noviembre de
2024 el CSU incluyó dentro del orden del día el estudio de la solicitud del
señor Juan Camilo Hernández Montoya de cara a una eventual recusación,
tomó nota del concepto jurídico proferido por el profesional de la universidad
encargado de ello, quien sugirió rechazar de plano la petición por falta de
capacidad activa y causal para recusar, se tuvo en cuenta la opinión de cada
uno de los consejeros sobre el particular y, finalmente, se dispuso votar si se
daba o no trámite de recusación a la petición.
122. Tal situación permite determinar que, contrario a lo afirmado por el
demandante, el CSU sí decidió sobre la petición del señor Hernández
Montoya y dispuso efectuar un escrutinio para decidir si se tramitaba como
recusación, por lo que si no la resolvió de fondo fue porque precisamente
cada uno de los consejeros votó y, ante el segundo empate se entendió
negada la solicitud de conformidad con el artículo el artículo 37, parágrafo II
del Acuerdo 41 de 2020.
123. Es decir, la decisión adoptada por el CSU en la que se entendió por
negado el trámite como recusación, tuvo sustento en el citado acuerdo y fue
producto de un proceso de votación interna en el que, además, basta aclarar,
no participó el gobernador de Risaralda, miembro eventualmente recusado
quien se retiró de la sesión mientras se decidía:
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124. Así las cosas, no se infringió lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley
1437 de 2011 como lo expuso el demandante, toda vez que la petición del
señor Hernández Montoya sí fue sometida a discusión para decidirse si se
tramitaba como recusación ante la confusión que se generó por cuanto el
solicitante no hizo uso de tal figura de forma directa sino que pidió que
eventualmente se tramitara, de forma ambigua, lo que trajo duda al CSU y lo
llevó a que se votara tal asunto.
125. Se agrega a lo anterior que sin perjuicio de la decisión adoptada por el
CSU, lo cierto es que la petición de que se trata no cumplió con los requisitos
para ser tramitada como recusación, toda vez que de conformidad con el
precedente de esta corporación, antes citado, se deben exponer las razones
por las que se estima la existencia del conflicto de intereses, encaminadas a
ilustrar la configuración de las causales de impedimento, las cuales, se insiste,
no fueron invocadas.
126. Sobre el particular, se recuerda lo considerado por esta sección en un
pronunciamiento anterior11:
131. Ahora bien, a pesar de esta irregularidad, la Sala encuentra que los
escritos no cumplían con el tercero de los presupuestos, esto es, aquel
relativo a la exposición de las razones del presunto conflicto de interés para
ilustrar la configuración de alguna de las causales de impedimento invocadas.
132. Lo anterior, justamente porque en ninguno de ellos se indicó claramente
a cuál de las causales consagradas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
se hacía referencia para recusar a los miembros del Consejo Directivo.
133. En efecto, de la revisión de las recusaciones, se advierte que los señores
Vargas Ballén y Gómez Ocampo alegaron presuntas irregularidades que, en
su criterio, comprometían la imparcialidad de los consejeros dentro de la
designación del director.
134. No obstante, omitieron invocar alguna causal específica de impedimento
en la que pudiera encuadrarse las presuntas irregularidades, lo que denota
que no se hizo un esfuerzo argumentativo suficiente para demostrar el
supuesto conflicto de interés que hacía necesario que los consejeros se
apartaran del proceso de designación, sumado a que las afirmaciones se
realizaron de manera general sin que estuvieran acompañadas de un sustento
probatorio para demostrar su configuración.
135. Esto, en la medida en que, por ejemplo, se limitaron a mencionar de
forma genérica aspectos como la existencia de familiares de miembros del
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de
18 de julio de 2024. Magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente 11001-03-
28-000-2024-00060-00.
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Consejo Directivo que habían sido contratistas de la entidad y cuyos contratos
habían sido supervisados por algunos de los ahora candidatos, pero no
indicaron en qué causal taxativa de impedimento se enmarcaba tal
circunstancia o quienes eran esos parientes y su específica relación
contractual con la entidad.
127. De otra parte, se observa que el proceso electoral sí se suspendió
puesto que no se adoptaron decisiones luego de radicada la solicitud del
señor Hernández Montoya el día 27 de septiembre de 2024; en efecto, en la
sesión realizada el 13 de noviembre de 2024 que fue la actuación efectuada
después de presentada la petición de que se trata, se procedió a tratar el
punto relacionado con la presunta recusación contra el gobernador de
Risaralda y, una vez decidido lo concerniente a ello, en la siguiente sesión que
fue la que se realizó el 21 de noviembre de 2024, se continuó con el proceso
de elección del rector de la UTP.
128. Por ende, el cargo bajo análisis no prospera.
2.5.2. Vulneración de los artículos 64 de la Ley 30 de 1992 y 14 del
Estatuto General de la UTP (Acuerdo 014 de 1999), 8.º, literales a) y b),
del Acuerdo 41 de 2020, Reglamento Interno del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, por la
designación de un presidente ad hoc para la realización de sesión del
Consejo Superior Universitario del 20 de diciembre de 2024, ante la
ausencia del ministro de Educación Nacional o su delegado.
129. Frente a este punto, la parte actora afirmó que se lesionaron las
normas señaladas por cuanto la reunión en la que resultó elegido el
demandado no fue presidida por el ministro de Educación o su delegado, sino
por el gobernador de Risaralda.
130. Al respecto, debe citarse el contenido de las normas invocadas como
infringidas para determinar si fueron lesionadas:
• Artículo 64 de la Ley 30 de 1992 «Por la cual se organiza el servicio público
de la educación superior»:
ARTÍCULO 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de
dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:
a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en
el caso de las instituciones de orden nacional.
b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido
vínculos con el sector universitario.
d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno
de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-
rector universitario.
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e) El Rector de la institución con voz y sin voto.
PARÁGRAFO 1o. En las universidades distritales y municipales tendrán
asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la
presidencia y no el Gobernador.
PARÁGRAFO 2o. Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades,
elección y período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros
contemplados en el literal d) del presente artículo. [Destaca la sala]
• Artículo 14 del Estatuto General de la UTP
ARTICULO 14.: Corresponde al Consejo Superior la determinación de las
políticas, objetivos y orientaciones generales de la institución.
Como máximo órgano de dirección y gobierno su conformación es la
siguiente:
A. El Ministro de Educación o su delegado, quien lo presidirá.
B. El Gobernador del Departamento de Risaralda.
C. Un miembro designado por el Presidente de la República que haya tenido
vínculos con el sector universitario, quien podrá presidir en ausencia del
delegado del Ministro de Educación Nacional.
D. Un representante de las Directivas Académicas, elegido por votación de
entre ellos. Entendiéndose por tales: el Vicerrector Académico, los Decanos,
los Directores de Escuela, los Directores de Departamento, los Directores de
Programa, los Directores de los entes actualmente llamados <escuelas= y el
Director de Investigación y Extensión.
E. Un representante de los docentes, quien deberá ser profesor escalafonado,
de tiempo completo y elegido por el profesorado mediante votación popular y
secreta.
F. Un representante de los estudiantes, con matrícula vigente en un programa
regular, elegido por los estudiantes mediante votación popular y secreta.
G. Un representante de los egresados elegido por votación democrática.
H. Un representante del sector productivo, elegido por el Comité Intergremial
y conforme a sus estatutos.
I. Un exrector de la Universidad Tecnológica de Pereira designado por los
exrectores de la Institución, entre quienes hayan ejercido el cargo como
titulares.
J. El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto […] (Destacado fuera del
texto).
• Artículo 8º, literales a) y b), del Acuerdo 41 de 2020
Artículo 8. Funciones del Presidente del Consejo Superior Universitario.
Serán funciones del Presidente del Consejo Superior Universitario las
siguientes:
a. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
b. Dirigir la discusión en las sesiones y proponer las votaciones […].
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131. Sea lo primero señalar, que dentro de los reproches formulados por la
demandante se plantearon unos inconformismos relacionados con la falta de
atención a la solicitud de la delegada del CSU de asignar nueva fecha para
llevar a cabo la sesión de 20 de diciembre de 2024, en la que resultó elegido
el demandante, así como aquella formulada por el delegado del presidente de
la República, quien envió excusa de inasistencia y dejó claro que los estatutos
no permitían una reunión híbrida o virtual.
132. No obstante, el reglamento del CSU no consagra la obligación de
aplazar o fijar nueva fecha en caso de que alguno de los consejeros así lo
solicite, salvo que no se constituya el cuórum que corresponde a un número
de cinco (5) miembros (artículo 23, parágrafo I. del Acuerdo 41 de 2020), lo
cual no aconteció en este caso pues asistieron seis (6) consejeros con voz y
voto más el rector encargado quien tiene voz pero no voto (artículo 14 del
Estatuto de la UTP)12, de modo que hubo cuórum.
133. Ahora bien, frente al reparo concreto relacionado con la designación de
un presidente ad hoc, de las normas transcritas resulta claro que el ministro
de Educación Nacional o su delegado es quien preside el CSU. Sin embargo,
estas no establecieron el procedimiento en caso de que este no asista a la
reunión, pero tampoco previeron que en ese evento no pueda llevarse a cabo
la respectiva sesión.
134. En ese sentido, no se observa que el trámite adoptado por los
consejeros ante la ausencia del delegado del ministro de Educación Nacional
esté viciado o lesione alguna norma, pues optaron por deliberar y designar un
presidente ad hoc por votación mayoritaria del cuerpo colegiado, de manera
que el presente cargo no prospera.
2.5.3. Vulneración del artículo 11, inciso primero de la Ley 1437 de 2011 y
del principio de moralidad, por el presunto conflicto de intereses entre el
docente Andrés Escobar Mejía y el demandado.
135. La parte actora cuestiona la falta de manifestación de impedimento del
señor Andrés Escobar Mejía, representante de los docentes, por presunto
conflicto de intereses para participar en la elección del demandado, al haber
resultado favorecido en su designación de director de maestría por el señor
Luis Fernando Gaviria Trujillo, como rector de la universidad.
136. En relación con el tema objeto de debate, se recuerda que de
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 el conflicto de
12 ARTICULO 14.: […] Como máximo órgano de dirección y gobierno su conformación es la
siguiente: […] J. El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto.
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intereses se configura cuando el interés general propio de la función pública
entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, de
modo que en ese caso este debe declararse impedido.
137. Sobre el particular, esta Sección ha considerado lo siguiente13:
[…] De acuerdo con esta norma, hay conflicto de intereses cuando el interés
general propio de la función pública se enfrenta con el particular y directo del
servidor público.
Al respecto, esta Corporación ha dicho:
“(…) Entonces el conflicto de intereses podría definirse como aquella conducta en
que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por
un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse
impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o
cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la
función ylos particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir
con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial.
El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, ha interpretado el
conflicto de intereses “como la concurrencia de intereses antagónicos en quien
ejerce funciones públicas, por lo cual puede afectarse la transparencia de las
decisiones que le competen y llevarlo a adoptar determinaciones de
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público”.
Así mismo, para que se configure el conflicto de intereses es necesario que el
funcionario tenga dentro de sus funciones la actuación o la toma de la decisión
respecto de la cual se atribuye el interés particular, de manera que su intervención
en dicho asunto sea determinante para su resolución. No podría hablarse de
conflicto de intereses si el asunto objeto de gestión o decisión no es de competencia
del funcionario o no pertenece al ámbito de sus funciones. El conflicto de intereses
es una conducta que atenta contra la transparencia y moralidad en la administración
pública, y constituye evidente acto de corrupción, que no solo el ordenamiento
interno sino el régimen internacional ha querido prevenir. […]
De acuerdo con lo anterior, para que se configure el conflicto de intereses se
requiere: (i) que el servidor público haya incurrido en una conducta contraria
a la función pública, (ii) motivado por el interés particular o ausencia del
general, (iii) toma una decisión o realizar una gestión propia de sus
gestiones o cargo, (iv) en provecho suyo, de su familia o de un tercero […].
138. En el presente caso, se observa que la situación expuesta por la parte
actora no configura un conflicto de intereses por el que debió haberse
declarado impedido el docente Andrés Escobar Mejía para hacer parte del
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de
1.º de junio de 2023. Expediente 11001-03-28-000-2022-00339-00. Magistrado ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio.
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proceso de elección del demandado, puesto que las resoluciones aportadas
con la demanda no dan fe de designaciones, como lo expone el demandante,
sino de actos de delegación del demandado hacia el mencionado profesor
para efectuar funciones propias del rector, de conformidad con la facultad de
delegar consagrada por el artículo 24, numeral 13 del Estatuto General de la
universidad, norma que establece:
ARTICULO 24.: Son funciones del Rector: […] 13. Delegar algunas de sus
funciones en organismos o autoridades de la Universidad […]
139. En ese sentido, revisados los actos de delegación aportados por la
parte demandante, los cuales corresponden a las resoluciones de rectoría que
reposan en el archivo de pruebas adjunto a la demanda14 se advierte que
estos fueron proferidos en los años 2015 a 2018, esto es, mucho antes de que
se iniciara el proceso de elección del rector de la universidad, de manera que
el presunto interés no sería actual.
140. Así las cosas, no se advierte un interés particular del docente Escobar
Mejía en el proceso de elección del demandado, pues más allá de exponerse
un supuesto beneficio de este último al haber delegado en circunstancias
anteriores algunas funciones de rectoría en cabeza del consejero, no resulta
claro si tales situaciones realmente se desplegaron para favorecer al profesor
de forma directa en una época cercana al proceso de elección objeto de
controversia, en tanto el último acto de delegación se profirió en el año 2018,
o sea, cinco años antes de la Resolución No. 02 de 6 de octubre de 2023, a
través de la cual se convocó al proceso de designación del rector de la UTP.
141. De igual forma, se observa que el mencionado profesor tampoco fue
recusado dentro del proceso de elección objeto de reparo.
142. Por tales motivos, no prospera el anterior cargo.
2.5.4. Vulneración de los artículos 209 de la Constitución Política y 3.º de
la Ley 1437 de 2011 por el método elegido para el voto del representante
de los exrectores.
143. La parte actora cuestionó el hecho de que el representante de los ex
rectores hiciera una consulta por mensaje en un grupo de Whatsapp sobre la
intención de voto de los demás ex rectores dentro de los que se encuentra el
demandado.
144. Al respecto, tal y como lo puso de presente la misma demandante, el
14 Identificadas con los números 3175 de 2015, 1532 de 2016, 708 de 2017, 4539 de 2017,
1832 de 2018.
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Estatuto General de la universidad no consagra un procedimiento adicional
para que el ex rector pueda emitir su voto, de manera que al margen de si se
tiene o no como acreditado el trámite que reprocha, esto es, de consulta por
vía mensaje de Whatsapp a los demás ex rectores, lo cierto es que el
consejero que funge como representante de estos, al hacer parte del Consejo
Superior Universitario, cuenta con voz y voto dentro de las respectivas
deliberaciones que se realicen al interior de las sesiones ordinarias y
extraordinarias, y en ejercicio de esa atribución puede emitir ese voto.
145. En ese orden de ideas, sin entrar a verificar si debía darse o no valor
probatorio a la imagen aportada por la parte actora que presuntamente
demuestra una conversación en un grupo privado de Whatsapp perteneciente
a los ex rectores, lo cierto es que dicho análisis resulta innecesario de cara al
estudio del presente caso pues, se insiste, el representante de tales
autoridades académicas, al ser parte del Consejo Superior Universitario en los
términos del artículo 14, literal i, del Estatuto de la Universidad Tecnológica de
Pereira, es autónomo y cuenta con voz y voto al interior de las sesiones de la
corporación.
146. De igual forma, no resultaba procedente aplicar por analogía el
Acuerdo 33 de 9 de julio de 2024 a través del cual se reglamentó el proceso
de elección del representante de los ex rectores, toda vez que dicha
normativa no hace referencia a un caso similar al que expone el demandante,
en tanto se parte, además, de un supuesto trámite, como lo es la consulta
interna del representante citado a sus pares, el cual no está regulado.
147. Adicionalmente, una eventual consulta del representante de los ex
rectores a sus colegas no comportaría irregularidad alguna, pues la normativa
no lo prohíbe.
148. Ahora bien, en el concepto emitido por el Ministerio Público, se solicitó
la exclusión de la imagen de Whatsapp, antes señalada, con fundamento en
que debe aplicarse la cláusula de exclusión probatoria prevista en el artículo
29 de la Constitución Política por menoscabo del derecho fundamental a la
intimidad.
149. No obstante, según lo dicho en precedencia tal figura no sería
necesaria, toda vez que se advirtió que resulta inane la valoración de la
imagen en mención, pues se sobrepone lo concluido por esta sala en relación
con que el representante de los ex rectores es autónomo en sus decisiones
con voz y voto al interior del Consejo Superior Universitario, de manera que
una eventual consulta a los demás ex directivos no trae irregularidad alguna.
150. De acuerdo con lo anterior, no se evidencia una vulneración a las
normas alegadas, y de esa manera, se concluye que este cargo no prospera.
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2.5.5. Violación del reglamento interno del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 41 de
2020), artículos 32 y 36, en relación con la aprobación de la sesión
extraordinaria el mismo día y la falta de inclusión de las excusas
presentadas por los señores Adriana María López, Iván Alberto Vergara y
Anyi Paola Mazabel.
151. La demandante cuestiona la omisión de registro de las excusas y sus
motivaciones presentadas por los señores Adriana María López, Iván Alberto
Vergara y Anyi Paola Mazabel, miembros del CSU que no asistieron a la
sesión en la que resultó elegido el demandado, tal y como lo ordena el
artículo 36 del reglamento, norma que establece:
Artículo 36. Aviso de inasistencia. El consejero que se considerare
transitoriamente impedido para asistir a una sesión dará aviso al Secretario
del Consejo, quien informará de ello a los demás consejeros y se consignará
en el Acta de la respectiva sesión. Cuando uno de los miembros del Consejo
dejare de asistir a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, será
requerido por escrito por parte de la Secretaria General, previo mandato del
Presidente, para que se reintegre a las sesiones. Si a pesar de este
requerimiento la situación persiste, se informará a los organismos de control
competentes.
152. Revisada el Acta Extraordinaria No. 19 de 20 de diciembre de 2024, en
la cual el Consejo Superior Universitario eligió al señor Luis Fernando Gaviria
Trujillo como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, se observa que
sí se cumplió con lo previsto en la norma transcrita, toda vez que se
registraron como ausentes a los consejeros mencionados por la demandante,
como se muestra a continuación:
153. Debe destacarse que el artículo 36, antes transcrito, no exige que en el
acta se consignen los motivos de las excusas, pues solo previó que deben
consignarse los consejeros ausentes, como, en efecto, se realizó previniendo,
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además, que estos previamente manifestaron su imposibilidad para asistir.
154. Adicionalmente, frente al reproche relacionado con la lectura y
aprobación del acta de la misma reunión, lo que en sentir de la actora
transgrede el artículo 32 ibídem, se observa que dicha norma hace referencia
a las sesiones ordinarias, como puede verse del artículo anterior que debe
leerse en conjunto pues reguló el orden del día en ese tipo de reuniones y, en
el siguiente artículo, previó la elaboración de dicho documento:
Artículo 31. Orden del día. Los temas para tratar en las sesiones
ordinarias deberán ser entregados al Secretario del Consejo con una
anticipación no menor de diez (10) días calendario antes de la fecha de la
reunión. [Destaca la sala]
Artículo 32. Elaboración del orden del día. El proyecto de orden del día
se elabora por el Secretario del Consejo. Deberá contener, por lo menos:
• Verificación del cuórum
• Lectura y aprobación del orden del día.
• Lectura y aprobación del acta anterior.
• Informe del Rector
• Informes especiales
• Proposiciones y varios.
155. En ese orden de ideas, para el caso de las sesiones extraordinarias la
norma no exige que deba realizarse lectura y aprobación del acta anterior, ni
prohíbe tampoco que se lea el acta de la misma reunión, por lo que el cargo
invocado no prospera.
2.5.6. Violación del principio de moralidad, al haber sido otorgado al
demandado el título de posgrado como especialista de procesos
industriales agroalimentarios, por él mismo.
156. Finalmente, la demandante cuestiona el hecho de que el demandado
haya suscrito su diploma de posgrado en la modalidad de especialización de
la UTP, en calidad de rector.
157. Al respecto debe decirse que las normas que se invocan en la
demanda como infringidas disponen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 209. La función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
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adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señale la ley.
LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 3. Principios. Todas las autoridades
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad,
coordinación, eficacia, economía y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas
se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de
los derechos de representación, defensa y contradicción.
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los
principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de
inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones
bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección
especial las personas que por su condición económica, física o mental se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar
teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en
asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación
alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en
general, cualquier clase de motivación subjetiva.
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares
presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de
sus competencias, derechos y deberes.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las
actuaciones administrativas.
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y
atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades
encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
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7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes
asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación
de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del
dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las
actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al
público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que
medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley,
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera
masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código.
Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus
actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus
cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la
protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas.
158. No obstante, de la revisión de estas normas y de lo alegado en la
demanda no se evidencia un desconocimiento puesto que en la demanda se
limita a cuestionar que el mismo haya suscrito el diploma, sin explicar como
esta situación desconoce estas normas.
159. En conclusión, el cargo bajo análisis no procede por cuanto no se
advierte infracción a las normas que sustentaron el concepto de violación.
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160. Así las cosas, la sala denegará las pretensiones de la demanda,
comoquiera que no prosperaron los cargos propuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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