Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00017-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00017-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00017-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de octubre de 2023
Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00017-00
Demandante: KAROL MAURICIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Demandado: CARLOS JULIO GONZÁLEZ VILLA – SENADOR DE LA
REPÚBLICA.
Temas Aplicación de la sanción de la «Silla Vacía». Artículo 134
de la Constitución Política. Vinculación formal a proceso
penal.
SENTENCIA
La Sala resuelve la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto de
llamamiento del señor Carlos Julio González Villa en su calidad de senador de la
República, para el período 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El señor Karol Mauricio Martínez Rodríguez, actuando en nombre propio, y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139
del CPACA, pretende:
PRIMERA: Declarar la Nulidad del Acto de Llamamiento del 6 de febrero de 2023,
expedido por el presidente del Senado de la República ROY LEONARDO
BARRERAS MONTEALEGRE, por medio del cual se llamó al señor CARLOS
JULIO GONZÁLEZ VILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.277.306
para tomar posesión del cargo de Senador de la República por el Partido Cambio
Radical.
SEGUNDA: Declarar que el Partido Cambio Radical no tiene derecho a reemplazar
la curul del ex senador ARTURO CHAR en atención a la prohibición expresa del
artículo 134 constitucional. (Sic a toda la cita).
1.2 Hechos
La parte actora expuso como fundamentos fácticos los siguientes:
Indicó que en las elecciones para elegir a los miembros del Congreso de la
República realizadas el 13 de marzo de 2022, el partido político Cambio Radical
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Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
obtuvo once curules en el senado, una de ellas conseguida por el señor Arturo
Char Chaljub.
Resaltó que en el puesto doce de la lista que inscribió la citada colectividad se
ubicó el señor Carlos Julio González Villa, quien no pudo obtener una curul directa
a la corporación pública.
Advirtió que ocho meses después de realizadas dichas elecciones, más
exactamente el 25 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia llamó a
indagatoria al congresista Arturo Char Chaljub por los delitos de «corrupción
electoral y concierto para delinquir, relacionado con la compra de votos y la
condena de la exsenadora Aida Merlano».
Para el 3 de febrero de 2023, refirió que el señor Char presentó renuncia a su
curul la cual fue tramitada de manera «apresurada para así realizar el llamamiento
al siguiente en la lista del partido cambio radical (sic)».
Finalmente, el 7 de febrero de 2023 el señor Carlos Julio González Villa fue
llamado para ser posesionado ante la dimisión presentada por quien ostentó la
curul en representación de dicha organización política.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora invocó como norma vulnerada, el artículo 134 de la Constitución
Política, por las siguientes razones:
Indicó que, el acto de llamamiento fue expedido en contra de la prohibición
expresa de reemplazar la curul, cuando el congresista que renuncia está vinculado
formalmente a un proceso penal por la comisión de un delito, en este caso, el de
«corrupción electoral».
Recordó que el artículo 134 constitucional 1 estableció la figura de la «Silla Vacía
que no es cosa diferente a un castigo o sanción a los partidos políticos por incluir
delincuentes en sus listas, a partir de dicha norma les está PROHIBIDO
reemplazar a quienes hayan sido capturados o condenados por la comisión de
delitos contra los mecanismos de participación democrática».
Insistió en que las actuaciones desplegadas por el presidente del Senado de la
República, el señor Arturo Char Chaljub y, el llamado, «burlan la Constitución
Política al … sostener como su principal argumento que como el Señor Arturo
Char renunció antes de ser vinculado formalmente a la investigación por
CORRUPCIÓN ELECTORAL, entonces el llamamiento que hizo el Presidente del
Senado Roy Barreras al ex gobernador del Huila Carlos Julio González Villa para
ocupar la curul dejada por el señor Char es constitucional, lo que resulta
ABSOLUTAMENTE FALSO y agrede a la Carta Superior». (Sic a la cita)
1
Refirió jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de septiembre de
2013, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 54001-23-31-000-2012-00097-01.
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Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
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Finalmente, expuso que el llamamiento fue, «INCONSTITUCIONAL… pues solo
era válido en el momento en que se le resolviera la situación jurídica al señor
Arturo Char, la formalidad de la vinculación al proceso penal no puede constituirse
en una burla a la Constitución Política de suerte que el partido Cambio Radical no
podía disponer de la curul y tiene que asumir su castigo o sanción perdiendo dicho
escaño por incluir corruptos en sus listas».
1.4 Actuaciones procesales
1.4.1 La admisión y su reforma
Mediante auto de 18 de mayo de 20232, el despacho admitió la demanda y, al día
siguiente, es decir, el 193, la Secretaría de la Sección Quinta notificó al
demandado la existencia de la providencia 4.
El demandante, a través de memorial radicado en esta corporación el 25 de
mayo5, solicitó la suspensión provisional y reformó la demanda en punto de
aportar pruebas al plenario.
Este ponente mediante providencia del 5 de junio6 de 2023 admitió la reforma de
la demanda, rechazó de plano la medida cautelar y ordenó correr traslado a los
sujetos procesales de la modificación del escrito inicial.
La apoderada del demandado, a través de escrito de 6 de junio de 20237, solicitó
aclarar y adicionar el auto del 5 del mismo mes y año, con el fin de que se
precisara cómo debía contabilizarse el término para contestar la demanda, dado
que se notificó una providencia que admitió la reforma del libelo.
Mediante auto del 16 de junio de 2023, el magistrado sustanciador negó la
solicitud de aclaración y adición, en consideración a que no existieron conceptos o
frases que ofrecieran verdadero motivo de duda en la parte resolutiva del auto del
5 de junio de 2023, por lo tanto, lo pedido no encuadró dentro de los supuestos de
los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
expresa del 306 del CPACA.
2. Contestación de la demanda
2.1.1. Excepción Previa
El demandado, a través de apoderada judicial,8 propuso como primer argumento
de defensa, la excepción de «inepta demanda por indebida formulación del
2
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 20.
3
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 25.
4
Conforme al artículo 279 del CPACA, concordante con el numeral 2º del artículo 205 ibidem, el 23
de mayo de 2023 comenzó a correr el término de quince (15) días para contestar la demanda.
5
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 29.
6
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 31.
7
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 35.
8
Índice SAMAI número 36.
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concepto de violación», en consideración a que se pide la aplicación retroactiva de
la «Silla Vacía» antes de la vinculación al proceso penal.
En otras palabras, para el accionado no es posible aplicar la prohibición, como lo
quiere mostrar el demandante, ya que al momento de la renuncia que presentó el
senador Char Chaljub el 3 de febrero de 2023, no existía vinculación al proceso
penal, en tal sentido, las situaciones jurídicas no se materializaron, por lo que el
cargo formulado en la demanda fue erróneamente justificado, conllevando al
fracaso de la pretensión por vía de la ineptitud del libelo.
En conclusión, para el extremo pasivo, la demanda no identificó el concepto de la
violación, habida cuenta que su fundamentación se edificó en interpretaciones
subjetivas que no tienen una relación razonada entre el acto censurado y los
preceptos normativos estimados como vulnerados.
2.1.2. Excepción innominada
La defensa propuso, conforme al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, decretar
cualquier otra excepción que el juzgador encuentre demostrada.
2.1.3. Excepciones de mérito
El demandado manifestó, en primer lugar, que la renuncia presentada por el
senador Arturo Char Chaljub, materializaba la falta absoluta y posibilitaba su
reemplazo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el parágrafo transitorio
del artículo 134 superior el cual estableció, que quien dimita de manera justificada
y a su vez le sea aceptada por la respectiva corporación, habilita a quien le siga
conforme con la votación obtenida.
Refirió que la decisión de renunciar, se dio de manera libre y espontánea 9 y no fue
producto de una decisión de un órgano de investigación o judicial, por lo cual se
concluye que el llamado estaba habilitado para posesionarse en la curul vacante.
En una segunda manifestación, el extremo pasivo aseveró que no se configuraba
la «Silla Vacía» toda vez que, el exsenador Char no había sido condenado por los
delitos enlistados en la Constitución Política, tampoco fue vinculado a proceso
penal por esas faltas, mucho menos existió una orden de captura en su contra,
luego al presentarse la dimisión, el corporativo llamó a quien seguía, con lo cual,
esta actividad se ajustó al ordenamiento jurídico.
Para dar sustento a su explicación, la defensa profundizó respecto a la expresión,
«vinculación formal al proceso como requisito de aplicación de la Silla Vacía»,
indicando previamente que la norma procedimental en materia penal para los
congresistas es la establecida en la Ley 600 del 2000 cuya estructura jurídica está
dividida en dos momentos a saber: i) la etapa de investigación y ii) la de juicio.
9
Citó como sustento la siguiente providencia: Corte Constitucional, sentencia C – 532 de 1993.
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La apoderada aclaró que en esa primera etapa, el legislador la dividió en dos
momentos a saber, una preprocesal denominada investigación previa y la otra
procesal, definida como la instrucción. Esta última en su sentir 10 es la que
jurídicamente vincula al sujeto al proceso penal, pues es allí donde se individualiza
al autor o partícipe de la conducta punible.
Manifestó que el proceso penal inicia con la providencia que da apertura a la
instrucción, adquiriendo el ciudadano la calidad de sujeto procesal 11 y, al ocurrir
ello, conforme a los artículos 33112 y 33213 del Código de Procedimiento Penal, la
persona queda «vinculada formalmente al proceso».
Indicó que una persona investigada por la posible autoría o participación de una
conducta delictiva, antes de la indagatoria, se le denomina imputado y no tiene
calidad de sujeto procesal, contrario sensu, es a partir de dicho momento que el
ciudadano adquiere la calidad de sindicado, pues es vinculado formalmente al
proceso penal14.
Para el caso concreto, justifica la inoperancia de la figura de la «Silla Vacía»
debido a que, el señor Arturo Char Chaljub para el 3 de febrero de 2023, no había
sido vinculado formalmente al proceso como taxativamente lo indica el artículo 134
constitucional y como lo ha reseñado la jurisprudencia del Consejo de Estado15.
Adicional a lo anterior, el extremo pasivo advierte que el demandante confundió la
citación que hizo la Sala Especial de Instrucción al senador Char con la
vinculación formal al proceso penal, habida consideración que en el subjudice no
ha sido escuchado en indagatoria, tampoco puede aceptarse la interpretación de
la parte actora en darle efectos expansivos a esta sanción pues solo cabe una
hermenéutica restrictiva por la afectación al derecho de elegir y ser elegido que le
es favorable al congresista llamado.
10
Apoyó su argumento en doctrina de Gilberto Martínez Rave, Procedimiento Penal Colombiano.
11
Artículo 126. Calidad de sujeto procesal. Se denomina imputado a quien se atribuya autoría o
participación en la conducta punible. Este adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal
desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente.
12
Apertura de instrucción. Mediante providencia de sustanciación, el Fiscal General de la Nación o
su delegado, dispondrá la apertura de instrucción indicando los fundamentos de la decisión, las
personas por vincular y las pruebas a practicar. La instrucción tendrá como fin determinar: 1. Si se
ha infringido la ley penal. 2. Quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible. 3.
Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal. 4. Las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la conducta. 5. Las condiciones sociales,
familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus
antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida. 6. Los daños y perjuicios de orden
moral y material que causó la conducta punible. En los procesos por delitos contra la
administración pública se ordenará comunicar al representante legal de la entidad supuestamente
perjudicada y a la Contraloría sobre la apertura de la investigación.
13
Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado en indagatoria o
declarado persona ausente. En los casos en que es necesario resolver situación jurídica, sólo
procederá una vez se haya vinculado al imputado legalmente al proceso.
14
Citó Corte Suprema de Justicia, sentencia radicado número 36123 del 11 de abril de 2012.
15
Citó Consejo de Estado, sentencia radicado 11001-03-28-00-2019-00024-00 de 13 de mayo de
2021.
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Demandado: Carlos Julio González Villa
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De otro lado, el demandado justificó la tesis denominada, «temporalidad de la
presunción de la investigación», esto es, que al exsenador Char «se le está
investigando por hechos ocurridos en un cuatrienio diferente para el cual fue
elegido, por lo cual, la conducta tendría una consecuencia inmediata sobre el
período cuando las cometió, pero para el que fue electo, deberá mantenerse en
vilo o en estado “pendiente” hasta que haya decisión definitiva.»
Finalmente, el extremo pasivo refirió la improcedencia de aplicar el precedente
judicial del fallo 2019-00024-00 proferido por la Sección Quinta en el caso de la
exsenadora Aida Merlano, en consideración a que en ese proceso judicial se tenía
plena prueba de que la excongresista se encontraba afectada con medida
privativa de la libertad por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al
sufragante, lo cual dista del sub examine, pues iteró la inexistencia de vinculación
al proceso del señor Char.
3. Auto que resuelve excepción y da trámite a la figura de la sentencia
anticipada
3.1 Mediante decisión del 14 de agosto de 2023 el despacho sustanciador
determinó en el sublite que la excepción propuesta no se refería a los imperativos
formales que estructuró el legislador procesal, frente a lo que debe contener el
libelo inicial y que están consagrados en los artículos 162, 163 y 166 del CPACA.
Por el contrario, la misma tuvo como sustento argumentos de defensa del
apoderado del demandado respecto de las censuras invocadas en el medio de
control instaurado.
Al revisarse el contenido del escrito de la contestación de la demanda, los
planteamientos de la excepción propuesta coinciden con los expuestos en los
argumentos de fondo que soportan la defensa técnica ejercida, dentro de los
literales c), d) y e) del numeral 5.3, del escrito en el que se opone a las
pretensiones.
En consecuencia, la excepción de ineptitud de la demanda no tiene vocación de
prosperidad.
Así mismo en el citado auto, se precisó en relación con la excepción genérica
consistente en, toda aquella que se halle probada en el proceso, que al momento
en que se emitía la citada decisión no se encontraba ninguna excepción que
decretar de oficio.
De otro lado, en lo relativo a la sentencia anticipada, se manifestó al tenor de lo
establecido por el literal a) del numeral 1 del artículo 182 A del CPACA que, se
trataba de un aspecto de puro derecho, lo que supuso, que, en dicha providencia
se emitiera pronunciamiento previo sobre las pruebas, la fijación del litigio y la
oportunidad a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.
3.2 Pronunciamiento sobre las pruebas
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3.1.1 Se tuvieron como pruebas aportadas por la parte actora las documentales
allegadas en forma digital con la reforma de la demanda.
Así mismo en el acápite denominado «pruebas documentales» del libelo, el
demandante pidió el recaudo de algunos medios de convicción de tal naturaleza,
con lo cual, el despacho entendió que se trataba de una petición probatoria de
parte y, determinó lo siguiente:
i) oficiar por intermedio de la secretaria de la Sección Quinta al Consejo Nacional
Electoral, para que allegara copia del formulario E-26SEN y la Resolución E-3332
del 19 de julio de 2022, por medio de los cuales se declaró la elección, entre otros,
del congresista dimitente, así como la constancia de los no elegidos en estricto
orden de votación del partido político Cambio Radical al Senado de la República.
ii) A la presidencia del Congreso de la República para que remitiera copias de: i) la
renuncia del señor Arturo Char Chaljub con su respectivo sello o constancia de
recibido, ii) la declaratoria de vacancia de la curul, iii) el acta de posesión del
demandado y, iv) el expediente administrativo del llamamiento al senador Carlos
Julio González Villa.
iii) Finalmente, respecto a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia se le solicitó: copia de las actuaciones judiciales surtidas respecto de las
denuncias instauradas en contra del congresista Arturo Char Chaljub, por la
presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción
al sufragante agravado.
En punto a la fijación del litigio, se estableció en los siguientes términos:
«Determinar si el acto de llamamiento del señor Carlos Julio González Villa como
senador de la República, para lo que resta del período constitucional 2022-2026,
de fecha 6 de febrero de 2023, es nulo por cuanto se alega la configuración de la
causal prevista en el artículo 137 del CPACA16, esto es, la infracción de lo
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política, relativo a la «Silla Vacía».
Lo anterior, implica determinar si, en el presente caso, debió o no aplicarse la
citada figura constitucional, en cuanto se afirma que el entonces senador, Arturo
Char Chaljub, renunció a su dignidad con ocasión de su vinculación a un proceso
penal por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante»
Una vez aportadas las documentales se corrió traslado de estas pruebas 17 y, se
otorgó plazo para que las partes presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio
Público rindiera su concepto.
4. Alegatos de conclusión
16
Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse (…)
17
Índice SAMAI número 57.
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4.1. La parte accionada18 insistió en que no puede aplicarse el artículo 134
superior, toda vez que, de acuerdo con el acervo probatorio allegado al proceso,
no se cumplieron los presupuestos para la aplicación de la figura de la «Silla
Vacía» respecto del llamamiento que se hiciera al señor Carlos Julio González
Villa.
Destacó que, dentro de los medios probatorios decretados, se observa que el
exsenador Arturo Char Chaljub el 3 de febrero de 2023 presentó renuncia
voluntaria a su cargo, con lo cual, consolidó la falta absoluta de tal dignidad,
permitiendo así que, el presidente del senado realizara el llamamiento al
demandado.
De igual forma insistió en que del expediente probatorio, se destaca fielmente que
la mesa directiva a través de la Resolución 194 del 3 de febrero de 2023, aceptó la
dimisión del senador, y con ello, permitió que el derecho a elegir y ser elegido se
respetara no solo a favor del partido político sino también del demandado.
Así las cosas, del acta de posesión allegada por el secretario del senado queda
claro que el 7 de febrero, momento en que se protocoliza el acto de posesión
como senador al llamado se logra consolidar la voluntad popular.
La apoderada del llamado resaltó conforme al expediente judicial allegado por la
Corte Suprema de Justicia, la demostración de que al exsenador dimitente se le
inició investigación penal (apertura de instrucción) el 24 de noviembre de 2022
dentro del radicado 0030; sin embargo, solo hasta el 30 de junio de 2023 se le
vinculó formalmente a proceso penal a través del instituto jurídico de la
(indagatoria).
Con ello, insiste, no se configuran los supuestos jurídicos con que fue pensado el
artículo 134 superior, esto es, que al momento de presentar la renuncia el senador
Arturo Char Chaljub no tenía la calidad de imputado, luego, no se encontraba
vinculado a causa penal, por lo cual, era procedente el llamamiento que hoy se
demanda.
También destaca que, de las carpetas penales aportadas por la Corte Suprema de
Justicia, no se evidencia ninguna orden de captura privativa de la libertad, luego,
ese extremo tampoco se demuestra y hace que el llamamiento mantenga su
legalidad.
Finalmente, destacó con apoyo de la Ley 600 del año 2000, la jurisprudencia de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia19 y la doctrina sobre la materia que, la
calidad de sindicado solo se materializa al momento en que la persona es
vinculada por el juez mediante indagatoria, situación que en efecto ocurrió pero
con posterioridad a la renuncia presentada por el senador saliente, luego colige
que no podía aplicarse el precedente judicial del caso de la excongresista, Aida
Merlano Rebolledo, toda vez que en ese caso sí hubo orden de captura y se había
18
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19
Citó Corte Suprema de Justicia radicado número 36123 del 11 de abril de 2012.
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materializado diligencia de indagatoria.
4.2 La parte accionante guardó silencio20.
4.3. Concepto del Ministerio Público 21
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 149 numeral 322 y el Acuerdo 080
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es
competente para conocer en única instancia la demanda contra el acto de
llamamiento del senador Carlos Julio González Villa con ocasión de la renuncia
del congresista Arturo Char Chaljub.
2. El acto electoral cuestionado
El acto de llamamiento demandado presenta la siguiente literalidad:
20
Índice SAMAI número 61.
21
Índice SAMAI número 61.
22
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
presidente y el vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la
Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de
Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del
orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se
exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.
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3. Problema jurídico
Como se estableció en la fijación del litigio, el problema consiste en determinar si
el acto de llamamiento hecho al señor Carlos Julio González Villa como senador
de la República, para lo que resta del período constitucional 2022-2026, que
consta en el oficio de 6 de febrero de 2023, es nulo por contrariar lo normado en el
artículo 134 de la Constitución Política.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) la
naturaleza jurídica la figura de la «Silla Vacía» – entendimiento de la expresión
«renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos
penales» del artículo 134 constitucional y, (ii) el caso concreto.
4. Naturaleza jurídica la figura de la «Silla Vacía» – entendimiento de la
expresión «renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a
procesos penales» del artículo 134 constitucional
4.1 Respecto a la naturaleza jurídica de la «Silla Vacía», debe decirse que, en la
Constitución de 1886, las suplencias en las corporaciones de elección popular
tenían una regulación específica23. Sin embargo, cuando se estudió el tema por el
23
Constitución de 1886, Artículo 93. El Senado de la República se compondrá de dos Senadores
por cada Departamento, y uno más por cada doscientos mil o fracción mayor de cien mil habitantes
que tengan en exceso sobre los primeros doscientos mil. (…) Las faltas absolutas o temporales de
los Senadores serán llenadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de colocación de
sus nombres en la correspondiente lista electoral. El número de suplentes será igual al número de
Senadores principales. (…) Artículo 99. La Cámara de Representantes se compondrá de dos
Representantes por cada Departamento y uno más por cada cien mil o fracción mayor de cincuenta
mil habitantes que tenga en exceso sobre los primeros cien mil. (…) Las faltas absolutas o
temporales de los Representantes serán llenadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden
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constituyente de 199124, se propuso su exclusión, entre otras, por las siguientes
razones:
Se propone eliminar el concepto de falta temporal por enfermedad comprobada,
fundamentándose en que generalmente lo que ocurre es que el congresista va a la
entidad de previsión social y se hace incapacitar por dos o tres meses. Con ello lo
que… busca es que, al retirarse el titular a gozar de su incapacidad, pueda
remplazarlo el suplente respectivo. De esta forma se cumple el compromiso
político que adquirió… con el suplente al momento de la inscripción y elección
respectiva.
Desde esa época se pensó en suprimir la figura de las suplencias, y remplazarla
por la de las vacancias, aspectos que se consagraron finalmente en la
Constitución de 1991 en dos artículos, el 134 25 y 26126, señalando en ellas la
forma de colmar las faltas absolutas y transitorias mientras se expedía la
respectiva ley, en los cargos de elección popular en corporaciones públicas.
Una vez proclamada la carta de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó
en el Título VI denominado, de la Rama Legislativa, capítulo 1 la siguiente
disposición:
Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los
candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista
correspondiente.
La versión actual del artículo 13427 y que fuera estudiada por esta Sección28 no se
asemeja a su contenido original debido a que el legislador la ha modificado a lo
de colocación de sus nombres en la correspondiente lista electoral. El número de suplentes será
igual al número de Representantes principales. (…).
24
Sesión plenaria de mayo 14 de 1991, primer debate.
25
Artículo 134. Las vacancias por faltas absolutas o temporales de los Miembros de las
Corporaciones Públicas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de
inscripción de la lista correspondiente.
26
Artículo 261. Ningún cargo de elección popular en corporaciones públicas tendrá suplente. Las
vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de
inscripción, sucesivo y descendente.
27
Artículo 134. Modificado por el art. 4 del Acto Legislativo 02 de 2015. Los miembros de las
Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados
en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos
que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente
en la misma lista electoral. En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados
por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados
ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los
mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes
renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión
de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura
dentro de los respectivos procesos. (…) Parágrafo Transitorio. Mientras el legislador regula el
régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan
lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la
declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva
corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la pérdida de investidura; ii)
Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de
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largo de los años. En efecto, una de sus primeras reformas se dio con el Acto
Legislativo 1 de 1993. En este se amplió el marco de las suplencias y permitió el
reemplazo con ocasión de las faltas temporales, haciéndola extensiva a todas las
corporaciones públicas, y fijó como regla que, el llamado a sustituir al elegido sería
el candidato que le seguía de manera sucesiva y descendente en el orden de
inscripción de la misma lista electoral.
Años después la mencionada disposición fue reformada nuevamente a través del
Acto Legislativo 1 de 2009. Según los antecedentes legislativos, tuvo como
propósito, por una parte, evitar la práctica del «carrusel» pues la laxitud de la
norma llevó a que varias personas de la misma lista electoral se turnaran la curul 29
y, por otro, buscar el fortalecimiento de las colectividades políticas.
En el 2015, el legislador derivado a través del Acto Legislativo 2 modificó el
artículo 134 con el fin de acentuar la depuración de las corporaciones públicas,
mediante un reajuste institucional que conllevara un mejor ejercicio del poder
estatal y un equilibrio en su ejecución. Tal reforma buscó extender la sanción a los
partidos políticos con la ampliación de la figura de la «Silla Vacía» a delitos contra
la administración pública, a fin de que aquellos adoptarán filtros en la escogencia
de los candidatos30.
Este acercamiento histórico permite a la Sala entender la citada figura
constitucional desde su génesis, es decir sobre la progresividad fáctica que dio
lugar a que el pensamiento, tanto del constituyente como del legislador, fuera
dando lugar a la figura de la «Silla Vacía».
De interés resulta, recorrer el entendimiento que sobre aquella ha tenido la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado y los alcances que le han dado al artículo
134 superior.
En efecto, la Corte en sentencia C-532 de 199331 determinó que el Congreso no
violaba la Constitución al establecer los casos en que procedía la falta absoluta de
un congresista y su reemplazo ni al extender dicho manejo a las demás
aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente
artículo. La prohibición de reemplazos, se aplicará para las investigaciones judiciales que se
iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción del
relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública que se aplicará para las
investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo
Oñate, 13 de mayo de 2021, radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 (principal).
29
Gacetas del Congreso de la República Nos. 697 de 3 de octubre de 2008, 742 de 24 de octubre
de 2008, 21 de noviembre de 2008, 21 de abril de 2009 y 30 de abril de 2009.
30
Ponencia para primer debate en segunda vuelta al proyecto de Acto Legislativo 153 de 2014
Cámara, 18 de 2014 Senado. Gaceta del Congreso del 13 de mayo de 2015.
31
Corte Constitucional. Proceso D-236. Sentencia de 11 de noviembre de 1993. Acción pública de
inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 274 de la Ley 5 de 1992. Actor: Evelio
Henao Ospina. Materia: causales de falta absoluta del congresista. Tema: prohibición
constitucional de suplencias para los cargos de elección popular en las corporaciones públicas.
MP. Hernando Herrera Vergara.
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corporaciones de elección popular, al respecto hizo las siguientes
consideraciones:
… no se advierte la violación de la norma constitucional contenida en el artículo
134, toda vez que la disposición citada se limitó a señalar los distintos eventos en
que se presenta la falta absoluta del Congresista. De esta manera queda claro que
la prohibición de la figura de los suplentes que consagró la Carta Fundamental, se
refiere a los casos de faltas temporales de los Congresistas, cuando señala en su
artículo 261 que ningún cargo de elección popular en corporaciones públicas
tendrá suplente, lo que es distinto a los casos de falta absoluta en que la misma
Constitución señaló las formas de suplir las vacancias que se presentan de
manera definitiva.
En sentencia SU-150 de 202132 la Corte manifestó:
El alcance y contenido de la Silla Vacía está dirigida a prohibir, en el caso del
Congreso de la República, el ingreso de otro congresista del mismo partido o
movimiento político, a través de la figura del reemplazo por faltas absolutas o
temporales, cuando contra el congresista que deba ser reemplazado exista
condena penal o sea proferida orden de captura, con ocasión de un proceso
originado por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o
financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos
contra la administración pública; contra los mecanismos de participación
democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. (…). Igual efecto se produciría
en casos de renuncia de un miembro de una corporación pública, al que se le
haya iniciado vinculación formal por tales delitos (…).
… la medida implementada por la figura de la Silla Vacía, (i) busca eliminar
totalmente su influencia en las decisiones a tomar, y (ii) disminuir el poder de
decisión de los partidos y movimientos que infringieron sus deberes de diligencia y
cuidado en la integración de las listas.» (Resaltado por la Sala)
El Consejo de Estado por su parte en su Sala Electoral profirió algunas decisiones
con fundamento en el mandato 134 constitucional original y en el reformado,
manteniendo una coherencia interpretativa frente a la naturaleza jurídica de dicha
sanción, al respecto dijo lo siguiente:
… se prohibió reemplazar a los miembros de una corporación pública de elección
popular, cuando sobre ellos recaiga orden de captura dentro de un proceso penal
al cual se le vincule formalmente por delitos relacionados con (…), esto es, se
estableció una regla distinta a la anterior, pues tales faltas no admiten suplir la
vacante y, además, se castiga tanto a quien ocupaba la curul como al partido,
pues a éste último se le impone la sanción conocida con el nombre de la Silla
Vacía.
Con este aparte de la norma, el constituyente quiso evitar que los partidos
eludieran su responsabilidad para ser objeto de la sanción de la Silla Vacía, esto
es, con o sin dimisión en razón a las acciones graves anteriormente señaladas no
32
Corte Constitucional. Sentencia de 21 de mayo de 2021. Expediente T-7.585.858. Acción de
tutela. Actor: Roy Leonardo Barreras Montealegre. Demandado: Mesa Directiva del senado de la
República. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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hay lugar al reemplazo, por lo tanto, los efectos son para el acusado y para la
colectividad a la que pertenece33.» (Resaltado fuera de texto).
Así también, la Sección ha diferenciado cuándo es posible hacer el llamamiento o
aplicar la figura de la «Silla Vacía», para tal efecto, se consideró de manera
expresa que el método exegético aplicado al mandato 134 Superior no era la
herramienta más útil y acorde a los principios electorales, allí se dijo:
… la Sección evidencia que la técnica utilizada por el Constituyente no fue la más
adecuada, pues si se acepta que tanto el “llamamiento”, como la “Silla Vacía”
tienen causales específicas y taxativas para su materialización puede suceder,
como en efecto ocurre, que muchas situaciones que generan la vacancia de la
curul - absoluta o temporal - queden excluidas del ámbito de aplicación de tales
figuras, y, por ello, la técnica de interpretación gramatical no es la llamada a zanjar
la controversia que se genera (…). Ante esta paradoja constitucional es necesario
recurrir a criterios de interpretación, más allá de los exegéticos, a efectos de
determinar qué sucede en esos casos en los que la situación que dio lugar a la
falta en la corporación pública no está descrita en las causales contenidas en el
artículo 134 Constitucional
(…)
Ello implica sostener que los eventos que dan lugar al llamamiento no son
taxativos, sino meramente enunciativos, pero no bajo el esquema de
interpretación literal, sino acudiendo al finalístico, que como se explicó es el que
está llamado a prevalecer en atención al componente democrático que subyace a
la norma constitucional (…).
Bajo este panorama, es necesario reiterar que el “llamamiento” y la “Silla Vacía”
tienen efectos distintos, pues mientras el primero busca que la vacancia no afecte
el normal desarrollo de la Corporación Pública, el segundo se erige como una
medida de restricción democrática en extremo, en virtud del reproche que le hace
el ordenamiento jurídico a los partidos y movimientos políticos que deben ser, en
específicos eventos, corresponsables por las conductas de aquellos a quienes
avalaron, puesto que se les exige adelantar un verdadero examen de las calidades
de los candidatos que habrán de ocupar una curul en su nombre, en caso de salir
victoriosos.
(…)
Por ello, no cabe duda que la consecuencia de dejar vacía la curul es una
drástica medida de restricción democrática que tiene que ser aplicada,
únicamente, en aquellos eventos que tengan expresamente prevista esa
consecuencia y de los que se predique una gravedad especial que amerite su
aplicación.»34 (Destacados fuera de texto).
33
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, 5 de septiembre de 2013, radicación número: 54001-23-31-000-2012-00097-
01, demandado: concejal del municipio de Cúcuta.
34
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, MP. Alberto Yepes
Barreiro, Auto de 30 de agosto de 2017, radicación 13001-23-33-000-2017-00606-01, demandado:
concejal de Cartagena.
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Esta Corporación resalta en igual sentido, el hecho relativo al alcance de las
renuncias no justificadas de aquellos corporados que, bajo el manto de una mera
liberalidad en su dimisión, ocultan elementos que deben ser considerados por el
juez al momento de fallar un caso, al respecto se dijo:
… las renuncias no justificadas con ocasión a la vinculación formal por
delitos relacionados (…), la cual trae como consecuencia la pérdida de su
calidad de congresista, diputado, concejal y edil y la imposibilidad de ser
reemplazado. Con este aparte de la norma el constituyente quiso evitar que los
partidos eludieran su responsabilidad para ser objeto de la sanción de la
Silla Vacía, esto es, con o sin dimisión en razón a las acciones graves
anteriormente señaladas no hay lugar al reemplazo, por lo tanto, los efectos son
para el acusado y para la colectividad a la que pertenece.
(…)
… aunque el miembro de la corporación de elección popular investigado o juzgado
renuncie, pues se recuerda, la norma superior no sólo busca excluir como
miembros de aquélla a las personas que estén involucradas por tales punibles,
sino también exigir de las agrupaciones políticas que los respaldan, una revisión
rigurosa de los requisitos y calidades de sus principales integrantes, so pena de
ver disminuida su representación en el órgano de representación popular, sin que
sirva de excusa o justificación para conservar la curul, que el integrante contra el
cual se inició el proceso judicial de naturaleza penal renunció al cargo…35»
(Resaltado por la Sala)
Así las cosas, el análisis judicial que lleve a aplicar la restricción de la «Silla
Vacía» debe precisar con rigurosidad el parámetro fáctico, temporal y jurídico en el
que el corporado estuvo incurso, en consideración a que fue el constituyente quien
quiso someter a una restricción de extrema severidad «pérdida del derecho a
reemplazar con el siguiente de la lista», sino también, dejar acéfala la curul en
aquellas corporaciones, como el Congreso de la República, cuando del acervo
probatorio, se llegue a la conclusión de que el investido renunció a la curul a
sabiendas de su vinculación formal a causa penal.
4.2 Entendimiento de la expresión «renuncien habiendo sido vinculados
formalmente en Colombia a procesos penales» del artículo 134
constitucional
Para la Sala, es importante resaltar el contenido semántico que utilizó la
Constitución Política respecto al artículo 134 superior cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no
tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas
o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, según el
35
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente:
Rocío Araújo Oñate, trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) radicación número: 11001-03-
28-000-2019-00024-00 (11001-03-28-000-2019-00034-00) demandado: Soledad Tamayo -
Senadora de la República, período 2018-2022.
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orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y
descendente en la misma lista electoral.
En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos
comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos
armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración
pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de
Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados
formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos,
ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura
dentro de los respectivos procesos. (…) (Destacado por la Sala)
Conforme con la delimitación conceptual, se tiene que el constituyente utilizó los
siguientes verbos: «habiendo sido», expresiones que conforme a la Nueva
Gramática Básica de la Lengua Española36 deben entenderse de la siguiente
manera:
Habiendo: Gerundio del verbo haber. Es una forma verbal compuesta que se
utiliza para expresar una acción que ocurre antes de otra acción en el pasado. Se
forma con el gerundio, seguido del participio pasado del verbo principal.
Sido: Participio del verbo ser. Como forma verbal se utiliza para describir algo que
ha ocurrido en el pasado. Se utiliza en tiempos compuestos o perfectos como
“había sido”.
Quiere decir de lo anterior que, no podrá reemplazarse a quien, ha sido, en un
momento anterior –pasado– vinculado a proceso penal. Para el constituyente, las
formas verbales utilizadas en pretérito demuestran el interés porque los
corporados al presentar una renuncia no se pudieran reemplazar cuando, con
anterioridad a dicho momento «habían sido» vinculados formalmente a proceso
penal.
Con esta delimitación gramatical, el constituyente fijó un hito jurídico, temporal y
modal, los cuales son inescindibles entre sí, en el primero de ellos, se encuentra la
«renuncia», es decir la manifestación clara y expresa por parte del corporado de
dejar su dignidad, la cual, en tratándose de congresistas, conforme a las
previsiones del artículo 27537 de la Ley 5ª de 1992 debe ser aceptada por la Mesa
Directiva del senado de la República o de la Cámara de Representantes.
El segundo se refiere al momento; «habiendo sido», el cual condiciona a la acción
de la renuncia, con lo cual el acto jurídico de dimisión a la corporación se
materializa al conocerse la existencia de una vinculación formal a proceso penal y
36 https://enclave.rae.es/gramatica/html/NG_BASICA_MASTER2AULA.html.
https://dle.rae.es/haber. https://dle.rae.es/ser?m=form.
37
Renuncia. Los Senadores y Representantes pueden presentar renuncia de su investidura o
representación popular ante la respectiva corporación legislativa, la cual resolverá dentro de los
diez (10) días siguientes. En su receso lo hará la Mesa Directiva, en el mismo término. El Gobierno,
el Consejo Nacional Electoral y la otra Cámara serán informadas al día siguiente de la resolución,
para los efectos pertinentes.
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por consecuencia, ese abandono del corporado a su investidura no permite que
exista un reemplazo.
En otras palabras, la frase constitucional: «quienes renuncien habiendo sido
vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de
delitos», enseña que solo podrá aplicarse la sanción de la «Silla Vacía» cuando al
momento en que es presentada y aceptada la renuncia, subsistía previamente una
vinculación formal a causa penal.
Lo anteriormente afirmado permite comprender en mejor medida la existencia de
ese –parámetro modal– relativo a la exigencia y seriedad con que el constituyente
derivado decidió establecer una condición, delimitada por la «vinculación formal a
proceso penal» que es diferenciable tanto de la «investigación» como del
juzgamiento del corporado.
Parámetros que como se verán más adelante tienen aristas especiales que no
pueden confundirse por el operador jurídico y en cuyo caso la interpretación se
ceñirá sobre ese parámetro constitucional que delimitó la norma.
Es decir, la existencia de la expresión: «renuncien habiendo sido vinculados
formalmente», implica que los partidos y movimientos políticos con antelación,
previa y anticipadamente al avalar candidatos, deben verificar las condiciones de
idoneidad, entre esas, que no estén encartados penalmente a través de la
vinculación legal a la causa punitiva, pues de lo contrario, será la organización
quien pueda verse afectada en su representatividad en la respectiva instancia de
participación política, a través de la figura de la «Silla Vacía».
Dicho lo anterior, la Sala observa que la citada expresión «vinculación formal» no
ha sido desarrollada por la jurisprudencia contenciosa, por lo cual debe acudirse al
entendimiento que le ha dado la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional respecto de los presupuestos ontológicos en que se funda ésta.
Así las cosas, la Sala Electoral debe responder cuándo y en qué momento se
debe entender vinculada formalmente una persona –cuya calidad es la de ser
congresista– a proceso penal, para tal efecto, debe acudirse a los artículos 234 y
235 superior con el fin de hilvanar el análisis correspondiente a su correcto
entendimiento:
Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la
Jurisdicción Ordinaria y se compondrá del número impar de Magistrados que
determine la ley. Esta dividirá la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a
cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará
aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.
En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas
Especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble
instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena.
(…)
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Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
(…)
4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
Concordante con la anterior disposición se encuentra el artículo 186 ídem el cual
previó lo siguiente:
Artículo 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma
privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su
detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos
inmediatamente a disposición de la misma corporación.
Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia
de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.
Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su
conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
La primera condena podrá ser impugnada.
Al ser esta norma constitucional el derrotero a seguir para conocer quién, cómo y
de qué manera se juzga a los legisladores nacionales, el constituyente derivado
desarrolló en la Ley 5 de 1992 el siguiente postulado:
Artículo 267. Fuero para el juzgamiento. De los delitos que cometan los
congresistas conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única
autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser
aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma Corporación.
Al descender en la jerarquía normativa, se encuentra la Sala con que el régimen
procesal penal que guía la instrucción como también el juzgamiento de estos
funcionarios es la Ley 600 del año 2000, la cual, en el artículo 75 numeral 7 asignó
la competencia a la Corte Suprema de Justicia para estos asuntos:
Artículo 75. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia conoce:
(…)
7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la
Cámara.
Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6 y 7 anteriores
hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero sólo se mantendrá para las
conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
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Corresponde entonces desentrañar, cómo dicha corporación judicial ha entendido
la vinculación formal a proceso penal, dada la competencia que constitucional y
legalmente el constituyente y el legislador previeron para la investigación y
juzgamiento de esta clase de funcionarios. Al respecto es la misma Ley 600 la que
define en el artículo 332 el citado supuesto normativo:
Artículo 332. Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una
vez sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente.
Quiere decir lo anterior, que la indagatoria o la declaración de persona ausente
como hitos jurídico-procesales son los espacios determinantes para colegir la
vinculación. Sobre este punto, debe advertirse que el constituyente en el artículo
134 superior utilizó la expresión «formal» adscribiendo que la providencia emitida
por el juez penal competente, y para el caso concreto, la indagatoria, cumpla con
las exigencias propias del citado estatuto procesal, esto es, lo contemplado en los
artículos 33638 y 33839.
Frente a este punto, la Sala destaca el concepto de «indagatoria» el cual ha sido
entendido por la jurisprudencia constitucional con anterioridad a la expedición de
la Ley 600 del 2000 de la siguiente manera40:
«La doctrina y la jurisprudencia han definido la indagatoria como el acto que se
realiza ante juez competente, en el cual se le comunican al indagado las razones
por las cuales ha sido citado a declarar personalmente, para que éste, en forma
libre y voluntaria, rinda las explicaciones relativas a su defensa, suministrando
informaciones respecto de los hechos que se investigan.
38
Citación para indagatoria. Todo imputado será citado en forma personal para rendir indagatoria,
para lo cual se adelantarán las diligencias necesarias, dejando expresa constancia de ello en el
expediente. Si no comparece o ante la imposibilidad de hacer efectiva la citación, el funcionario
competente podrá ordenar su conducción para garantizar la práctica de la diligencia. Cuando de las
pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta
obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar
orden de captura. (Texto tachado declarado inexequible)
39
Formalidades de la Indagatoria. El funcionario judicial iniciará la diligencia interrogando al
procesado por su nombre y apellidos, apodos si los tuviere, documentos de identificación y su
origen, los nombres de sus padres, edad, lugar de nacimiento, estado civil, nombre de su cónyuge
o compañero permanente y de sus hijos suministrando la edad de los mismos y su ocupación;
domicilio o residencia; establecimientos donde ha estudiado y duración de los respectivos recursos;
lugares o establecimientos donde ha trabajado con indicación de las épocas respectivas y el sueldo
o salario que devenga actualmente y las obligaciones patrimoniales que tiene; los bienes muebles
o inmuebles que posea; sus antecedentes penales y contravencionales, con indicación del
despacho que conoció del proceso. Igualmente, el funcionario judicial dejará constancia de las
características morfológicas del indagado. A continuación, se le interrogará sobre los hechos que
originaron su vinculación y se le pondrá de presente la imputación jurídica provisional. La
intervención del defensor no le dará derecho para insinuarle las respuestas que debe dar, pero
podrá objetar al funcionario las preguntas que no haga en forma legal y correcta. El indagado tiene
derecho de hacer constar en el acta todos los aspectos que considere pertinentes para su defensa
o para la explicación de los hechos. El funcionario judicial ordenará las pruebas necesarias para
verificar las citas, comprobar las aseveraciones del imputado y las que requiera para la definición
de la situación jurídica del sindicado, además de las pedidas por los sujetos procesales
intervinientes.
40
Corte Constitucional, sentencia C – 403 de 1997, MP. Vladimiro Naranjo Meza.
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El derecho procesal moderno le reconoce a la indagatoria una doble connotación
jurídica: como medio de defensa y como fuente de prueba de la investigación
penal.
Lo primero, porque a través de ella la ley le otorga al procesado el derecho a
responder los cargos que se le hubiesen imputado previamente; lo segundo,
porque de lo expresado en la diligencia puede el juez especializado encontrar o
deducir indicios de responsabilidad en el delito que se investiga, y hallar razones
que conduzcan a la inocencia o responsabilidad del acusado.
(…)
El llamamiento a indagatoria y la declaración de persona ausente constituyen los
medios legales para vincular un imputado al proceso penal.» (Resaltado fuera de
texto)
Sobre este instituto jurídico el Tribunal Constitucional 41 con posterioridad y en
vigencia de la Ley 600 del 2000 aseveró:
«(…) debe resaltarse que esto no implica desconocimiento de garantía alguna al
derecho de defensa, por cuanto a las personas que son vinculadas por medio de
indagatoria se les informa sobre los hechos objeto de investigación, de manera
que los esfuerzos probatorios deberán ir encaminados a demostrar la ocurrencia o
no de los mismos, así como la participación que los vinculados tuvieron en dichas
situaciones, a través del aporte y contradicción de las pruebas que servirán como
base a la decisión con que se cierra la etapa instructiva. Por esta razón ha
entendido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
la Corte Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que
esta estructura y dinámica procesales respetan con plenitud el derecho de defensa
(…)» (Resaltado fuera de texto)
Por su parte la Corte Suprema de Justicia42 afirmó frente a la indagatoria que:
«Un ejercicio deductivo indica que la diligencia de indagatoria es, preferentemente,
la manera de vincular al proceso al probable autor o partícipe, acto con el que se
persigue el enteramiento al procesado de la pretensión penal, pero a su turno,
como pacíficamente lo tiene enseñado la jurisprudencia, es un medio de defensa.
La indagatoria vincula jurídicamente al procesado como sujeto procesal. Es un
medio de defensa, pues coincide con la oportunidad con que cuenta el sindicado
para explicar su conducta, solicitar la práctica de pruebas, replicar las
imputaciones y las pruebas de cargo. Es innegable que su naturaleza le permite
ser un medio de prueba, y de ella derivarse otras, como la confesión, pruebas
testimoniales u otras.» (Resaltado fuera de texto).
También insistió la citada corporación judicial43 en su naturaleza jurídica así:
41
Corte Constitucional, sentencia T – 1067 de 2012, MP. Alexei Julio Estrada.
42
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, providencia con número de radicado 26568, de julio
5 de 2007.
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20
Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
«Debe reiterarse que la vinculación de un sindicado a un proceso penal, la cual se
efectúa a través de indagatoria, es un acto de naturaleza no meramente formal
sino, y por sobre todo, de carácter sustancial y desde luego, que se constituye en
un espacio procesal insalvable para que el mismo haga despliegue de ejercicios
de defensa material y técnica con referencia a las imputaciones fácticas y jurídicas
de que se trate en concreto y se le den a conocer, ello como expresión del
principio constitucional de publicidad».
Así las cosas, queda claro que para aplicar lo normado en el artículo 134
constitucional relacionado con la «Silla Vacía», y atendiendo a las expresiones,
«renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos
penales», el corporado en este caso el congresista, debió haber rendido
indagatoria para colegir que ya está ligado a causa penal.
En consecuencia, no hay lugar aplicar la «Silla Vacía», cuando la renuncia del
congresista involucrado en un proceso penal, se da antes de su vinculación formal
a éste, evento en el cual del parámetro del 134 no se advierte imposibilidad para
que la vacante se ocupe mediante el llamamiento.
Dicho lo anterior, la Sección resolverá los alcances de la fijación del litigio
conforme a las pruebas que obran en el expediente y los considerandos referidos.
8. Caso concreto
De conformidad con la regulación citada en precedencia debe la Sala analizar las
situaciones fácticas comprobadas en el caso concreto, para concluir si accede o
no a las pretensiones de la demanda. En este orden, los extremos principales
demostrados son los siguientes:
El entonces señor Arturo Char Chaljub fue elegido en las elecciones del 13 de
marzo de 2022 como senador de la República conforme lo demuestra la
Resolución 3332 y el formulario E 26 SEN que fueron aportados por la autoridad
electoral –CNE–:
43
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 31.124 del 13 de mayo de
2009.
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Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
A su turno, el candidato no elegido, Carlos Julio González Villa, se situó como el
primero a ser llamado de acuerdo con el orden de votación que certificó dicha
autoridad:
De lo anterior se colige que el señor González Villa era el ciudadano no elegido a
quien le correspondía un escaño en el corporativo nacional si alguna falta absoluta
se generaba al interior del Senado de la República por parte del partido político
Cambio Radical.
Así mismo, se conoce de la renuncia el 3 de febrero de 2023 del señor Char
Chaljub a su investidura, conforme a la carpeta aportada por el secretario general
del Senado, y en el que acepta la existencia de una investigación penal en su
contra:
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Renuncia que a su vez fue aceptada en la misma data por la Mesa Directiva del
corporativo nacional en los siguientes términos:
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Demandado: Carlos Julio González Villa
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Posteriores días, más exactamente el 6 de febrero, el secretario general del
Senado de la República con ocasión de la renuncia y la aceptación dada a esta,
expidió oficio mediante el cual realizó el llamamiento al señor González Villa, así:
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Con lo ocurrido, el 7 de febrero de 2023 el llamado tomó posesión de su
investidura tal como se demuestra en el siguiente documento:
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Ahora bien, a la Sala le corresponde determinar concretamente con base en los
elementos materiales probatorios, si en el extremo temporal en que nació el acto
electoral cuestionado, ya había sido proferida providencia judicial por parte de juez
penal en la que se vinculó formalmente a proceso punitivo.
Al respecto, la Sección decretó oficiosamente la incorporación del expediente
penal en contra del congresista Arturo Char Chaljub, el cual fue allegado por la
Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sobre este tópico la
Sala decretó tal prueba, conforme a los artículos 323 44 y 33045 de la Ley 600 del
2000 y sobre el cual se establece el deber de reserva judicial.
En este punto la Sala recuerda conforme a la jurisprudencia de esta Sección, así
como de la Corte Constitucional el alcance que tiene la citada obligación. En
primer lugar, la Sala46 ha entendido la reserva judicial: «como una garantía para
las personas cuando por su vinculación a causas penales deban ser privadas de la
libertad, principio que se compone de una serie de elementos enderezados a
brindar las mayores garantías para los asociados que se vean envueltos en tales
situaciones, acogiendo de paso los estándares internacionales previstos para la
privación de la libertad».
Sobre este instituto penal la Corte Constitucional 47 ha dicho que:
(…) no obstante siendo la investigación abierta para los sujetos procesales y el
juicio público, es posible que se establezcan actuaciones reservadas, como lo
consagran los artículos 321, 331 y 342, [Ley 600 de 2000] los cuales también
encuentran fundamento constitucional en el artículo 228 de la Constitución, que
permite a la administración de justicia mantener bajo reserva determinadas
actuaciones judiciales que se surten dentro del proceso penal.
(…)
Bajo ese entendido, existen ciertas actuaciones, documentos y diligencias que no
pueden ser objeto de conocimiento del público -por lo menos de manera temporal
dada la concomitancia de la actuación con la decisión de fondo a adoptar-
(…)
Como puede observarse, la reserva de las actuaciones judiciales en estas
materias se predica de las etapas tempranas del proceso de forma mayormente
rigurosa, por lo que, a medida que avanza el trámite procesal, la reserva se diluye,
hasta la etapa de juzgamiento, así por ejemplo en el procedimiento de la Ley 600
de 2000, las etapas preliminares a la calificación del mérito del sumario se
44
Artículo 323. Reserva de las Diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son
reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas
y a que se le expidan copias.
45
Artículo 330. Reserva de la instrucción. Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir
copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y
conocer de procesos judiciales, (…)
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. María Nohemí
Hernández Pinzón, 28 de septiembre de 2007, radicación 85001-23-31-000-2007-00117-01(HC)
47
Corte Constitucional, sentencia SU – 274 de 2019, MP. José Fernando Reyes Cuartas.
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
entienden reservadas -art. 330 y 393- y solo hasta la etapa de juzgamiento -art.
400- se entiende que las actuaciones se realizan a “vista pública” -art. 403-.
Dicho lo anterior, la Sala observa los siguientes eventos jurídico-procesales que
soportaron la investigación contra el exsenador Arturo Char Chaljub y en los
cuales se delimita el hito en que se vinculó formalmente al proceso penal, así:
En primer lugar, del expediente se demuestra el adelantamiento de una
investigación en contra del citado senador, cuyo número de radicación es el 00030
y CUI48 1100102470002018001300. Allí se observa que para el 10 de diciembre
de 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró abierta la investigación previa
conforme a los derroteros de la Ley 600 del año 2000, habida cuenta el fuero
constitucional que ostentaba el encartado, así:
«La Fiscal 197 Seccional de protección a mecanismos de participación
democrática de Bogotá compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para que
se investigue la conducta del Senador Arturo Char Chaljub, quien presuntamente
habría incurrido en prácticas que atentan contra los mecanismos de participación
democrática, según hechos dados a conocer por el ciudadano Rafael Antonio
Rocha en el marco de la investigación 010016000099201800110 adelantada en
esa Fiscalía contra los financiadores de la supuesta compra de votos en la
campaña de la entonces candidata al senado Aida Merlano Rebolledo
(…)
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 322 de la Ley 600 de
2000, se declara abierta la investigación previa con la finalidad de establecer si los
hechos denunciados han tenido ocurrencia, si revisten relevancia jurídico penal y
si resulta procedente iniciar o no la acción penal (…)»
Luego de recopilar algunos elementos probatorios en la causa penal, el
magistrado ponente recibió el 27 de julio del año 2020 en diligencia, la versión
libre del señor Arturo Char Chaljub, así como también para el 31 de la misma data
recibió el testimonio del encartado, así:
«En Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil veinte
(2020) siendo las 9:15 a.m., se inicia la diligencia de VERSION LIBRE del Senador
ARTURO CHAR CHALJUB, conforme a lo ordenado por la Sala Especial de
Instrucción de esta Corte, mediante autos del 19 de febrero y 11 de junio de 2020
dentro del radicado número 00030 que se adelanta en su contra».
«En Bogotá, D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil veinte
(2020) siendo las 9:02 a.m., día y hora señalados según lo dispuesto en Auto de
22 de julio del año en curso, se da inicio a la diligencia de testimonio del ciudadano
ARTURO CHAR CHALJUB, conforme a lo ordenado por la Sala Especial de
Instrucción de esta Corte, mediante autos del 19 de febrero y 11 de junio de 2020
dentro del radicado número 00030 que se adelanta en su contra».
48
Código Único de Investigación.
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Luego de recopilar algunos otros testimonios, decretar inspecciones judiciales
tanto al partido político como a otras instancias y aceptar el aplazamiento de
ciertas diligencias, el magistrado sustanciador decidió para el 11 de febrero del
año 2022 remitir copias ante diferentes órganos a efectos de investigar otras
conductas punibles como disciplinarias, así:
«De manera atenta y de conformidad con lo ordenado por el doctor FRANCISCO
JAVIER FARFÁN MOLINA, Magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia, en auto del 11 de febrero del año en curso, dentro de
la presente actuación que se adelanta en su contra, me permito informarle que, se
dispuso compulsa de copias ante el Despacho del Fiscal General de la Nación, la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y la
Comisión de Disciplina Judicial».
En los cuadernos 16 al 20 del expediente contentivo de la investigación penal se
observa que el despacho sustanciador, el 24 de noviembre de 2022, se pronunció
sobre la viabilidad de ordenar la instrucción contra el senador Arturo Char Chaljub
bajo las siguientes manifestaciones, a saber:
«La Sala decide en torno a la viabilidad de ordenar la apertura de la instrucción en
contra del senador Arturo Char Chaljub, de conformidad con lo establecido en el
artículo 331 de la Ley 600 de 2000, por la posible comisión de los delitos de
concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado, previstos y
sancionados en los artículos 340 inciso tercero y 390 inciso cuarto de la Ley 599
de 2000.
(…)
112. En el caso bajo examen la Corte ordenará abrir investigación formal contra
Arturo Char Chaljub, solo en relación con una sola de las hipótesis que son
materia de la actividad investigativa, es decir, en lo relacionado con su
participación en los presuntos ilícitos de concierto para delinquir agravado y
corrupción al sufragante, ya que solo frente a este indiciado, y en lo concerniente a
las indicadas conductas, se advierten cumplidos los presupuestos que exige la ley
procesal para disponer apertura de instrucción.
(…)
121. De conformidad con lo antes expuesto, la Sala avizora que en el presente
asunto se obtuvieron los fines y propósitos de la investigación previa, y se
encuentran plenamente constatados los presupuestos de orden legal y probatorio.
(…)
175. Como consecuencia de lo expuesto, y de conformidad con los medios
suasorios previamente evaluados, la Sala concluye que se cumplieron las
finalidades de la investigación previa, señaladas en el artículo 322 de la Ley 600
de 2000, tras lo cual, con base en las pruebas legal y oportunamente incorporadas
al expediente, resulta imperativo y jurídicamente viable ordenar la APERTURA DE
INVESTIGACIÓN FORMAL en contra del senador Arturo Char Chaljub, por la
presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción
al sufragante agravado, conductas descritas en los artículos 340 inciso tercero de
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esa disposición y 390 del Código Penal material, bajo el inciso cuarto de esa
norma.
176. Así las cosas, y para efectos de materializar los fines previstos en el artículo
331 de la Ley 600 de 2000, la Sala igualmente ordena la práctica de la siguiente
diligencia:
a. Vincular mediante diligencia de indagatoria al senador Arturo Char Chaljub en
fecha y hora que será fijada posteriormente por el Despacho del Magistrado
ponente.
(…)
RESUELVE
Primero: ORDENAR la apertura de INSTRUCCIÓN en contra del senador Arturo
Char Chaljub, como posible autor de los delitos de concierto para delinquir
agravado y corrupción al sufragante agravado, descritos y sancionados en los
artículos 340 inciso tercero y 390 inciso cuarto de la Ley 599 de 2000».
La Sección Electoral observa que, si bien se ordenó la referida instrucción no es
menos cierto que este no fue el hito procesal en el que se vinculó formalmente al
proceso penal al exsenador Char, ya que, para el 5 de diciembre del 2022, la
Corte Suprema de Justicia ordenó escuchar en indagatoria al senador Arturo Char
Chaljub, conforme a la siguiente decisión judicial:
«2. En consecuencia, se ordena escuchar en INDAGATORIA al imputado
Arturo Char Chaljub los días 24 y 25 de enero de 2023, diligencias que se
cumplirán en dos jornadas diarias, iniciando la primera a partir de las 9:00
a.m. y la segunda a las 2:30 p.m.»
Cabe precisar que conforme se refirió en líneas precedentes, la vinculación a la
luz del artículo 332 de la Ley 600 del año 2000 condiciona a que sea escuchado
en indagatoria, lo que implica que no solo es la citación, sino su real
materialización.
En este sentido conforme al análisis del expediente judicial adosado, y de acuerdo
con la orden para comparecer y rendir indagatoria, el senador Char interpuso
incidente de nulidad frente a tal decisión, lo que permitió que el magistrado
instructor el 23 de enero del 2023 manifestara lo siguiente:
«2. Sobre el particular, por considerar procedente y razonable la petición de la
defensa, y en aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y
contradicción del investigado, el Despacho accede a la reprogramación de la
diligencia de injurada, cuya nueva fecha será oportunamente comunicada a las
partes e intervinientes, una vez la Sala Especial de Instrucción analice y resuelva
la petición de nulidad propuesta por el nuevo abogado de la defensa.»
Frente a ello, la corporación penal decidió el 2 de febrero rechazar las solicitudes
de la defensa mediante providencia que fue notificada el 3 siguiente en la que el
ponente afirmó lo siguiente:
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«66. Como corolario de lo expuesto, las razones adicionales devienen superfluas,
por cuanto esta Sala no encuentra acreditada la configuración de las causales de
invalidez previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 306 de la Ley 600 de 2000, y
por ello desestima la solicitud de nulidad que ha elevado la defensa del senador
Arturo Char Chaljub, no se accede a la aludida postulación. (…)
RESUELVE
Primero. NEGAR la solicitud de nulidad presentada por el defensor del senador
Arturo Char Chaljub.
Segundo. Contra esta decisión procede exclusivamente el recurso de reposición.»
En este punto la Sección precisa que, el auto mediante el cual el magistrado
ponente rechazó el incidente de nulidad fue formalmente notificado el 3 de febrero
de 2023, fecha en la cual el señor Arturo Char Chaljub presentó su renuncia, pero,
ante todo, se destaca que, en esa data, aún no había sido materializada la citada
indagatoria, como mecanismo de vinculación formal al proceso penal.
Destaca esta corporación electoral que, con ocasión de la notificación de dicha
decisión, el apoderado del señor Char, días posteriores presentó en ejercicio de su
derecho de defensa, recurso de reposición ante el magistrado instructor el cual fue
desatado mediante providencia del 9 de marzo de 2023 y notificado el 13 en los
siguientes términos:
«112.Como corolario de lo señalado, esta Sala no encuentra que tengan asidero
en la actuación las censuras de la defensa, y por ello, al no estar acreditada la
configuración de las causales de invalidez previstas en los numerales 2 y 3 del
artículo 306 de la Ley 600 de 2000, no repondrá la decisión impugnada, ni
decretará por tanto la nulidad que ha sido postulada. (…)
RESUELVE
Primero. NO REPONER el auto AEI 0022-2023 de 2 de febrero de 2023, mediante
el cual se negó la solicitud de nulidad presentada por el defensor del exsenador
Arturo Char Chaljub, frente al auto que ordenó abrir investigación formal en su
contra.
Segundo. Declarar improcedente el recurso de apelación que interpuso la defensa
del exsenador Arturo Char Chaljub, contra el proveído en el que se negó la nulidad
postulada».
Finalmente, luego de desatarse algunos otros recursos, solicitudes e incluso
acciones de tutela, el despacho del magistrado ponente el 30 de junio de 2023
instaló formalmente la diligencia de indagatoria, aspecto nodal del presente
asunto, el cual fue posterior al llamamiento que se hiciera al demandado Carlos
Julio González Villa, ello de conformidad con la siguiente providencia:
«ACTA DILIGENCIA DE INDAGATORIA Radicado No 00030
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Declarante: Arturo Char Chaljub
En Bogotá, D.C., hoy viernes treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023),
siendo las 9:10 de la mañana se instala la diligencia de indagatoria del investigado
ARTURO CHAR CHALJUB, conforme a lo ordenado por la Sala Especial de
Instrucción de esta Corte en auto de 24 de noviembre de 2022, dentro del radicado
No 00030 que se adelanta en su contra, (…)
En virtud de lo anterior, se presentan el iniciado Arturo Char Chaljub, acompañado
de su defensor (…)
También se le hace saber al ex Senador de la Republica Arturo Char Chaljub que
la indagatoria es en esencia un medio de defensa y como tal tiene el derecho de
renunciar a ella, pero en todo caso, en el evento de que ello ocurra, se le tendrá
por vinculado procesalmente y la actuación continuara el curso establecido en la
ley.
Ante esa manifestación, el Director de la audiencia precisa que “la renuncia a
rendir indagatoria” implica que a partir de este momento el ex congresista Arturo
Char Chaljub se encuentra vinculado procesalmente a la actuación penal, y
procede seguidamente a formular la imputación jurídica provisional por el presunto
delito de Concierto para delinquir agravado, consagrado en el artículo 340,
numeral 3º de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002 y por la
conducta punible de Corrupción de sufragante agravado, prevista en el artículo
390 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1864 de 2017». (Destacado por
la Sala)
Con estas pruebas, extraídas del expediente principal que cursa en la Honorable
Corte Suprema de Justicia, la Sala colige que, por más que se observó diligencia
en las actuaciones realizadas por el instructor, la renuncia en efecto no escondió
motivos falsos o apócrifos como lo relato el demandante. Opuestamente, al
garantizar el legítimo derecho defensa, el juzgador de lo penal encontró con
acierto materializar la indagatoria, respetando y resolviendo en término las
solicitudes y demás recursos que el investigado presentó.
De esa cadena de hechos probados y con base en las consideraciones expuestas
capítulos atrás, la Sala evidencia lo siguiente:
(i) La «Silla Vacía» al ser una sanción exclusiva para las organizaciones políticas,
no operó, teniendo en cuenta que la renuncia presentada por el corporado no se
dio con ocasión de una vinculación anterior a proceso penal, por lo cual posibilitó
el llamamiento a quien tiene derecho según la votación lograda en las urnas.
(ii) Dentro de ese contexto, la Sala no encuentra que se hubiera vinculado
jurídicamente al excongresista Char para el momento en que renunció al
Congreso y con ello haya incursionado en las conductas proscritas por el artículo
134 constitucional, tampoco que por las mismas circunstancias se presente mérito
para sancionar a la organización política «Cambio Radical» en los precisos
términos de la anterior disposición que exige una circunstancia objetiva, clara y
concreta que permitan edificar el reproche contra el proceder o la falta de
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diligencia de aquella respecto de los candidatos que avaló, ya sea una condena,
una orden de captura y/o la vinculación formal del elegido.
(iii) En esta oportunidad, y partiendo de las condiciones con las que se desarrolló
la instrucción contra el exsenador Arturo Char Chaljub y entendiendo el carácter
constitucional y convencional49 del derecho a elegir y ser elegido del llamado como
de la organización política, la Sala no ve procedente limitar bajo la exclusiva
interpretación que propone el accionante el artículo 134 superior.
(iv). Esta es la hermenéutica que debe aplicarse a las disposiciones normativas y
al caso concreto, a partir de los sistemas de interpretación, comoquiera que la
exégesis del artículo 134 superior resulta necesario armonizarla con los
fundamentos fácticos del caso en el que convergen la figura de la «Silla Vacía» y
los postulados penales que ha zanjado la corporación que llevó la instrucción.
En este punto se insiste en que:
Desde una hermenéutica histórica y sistemática:
a) El constituyente consagró dentro de los fines del Estado el atinente a la
participación, el cual debe ser garantizado por todas las autoridades
públicas, incluyendo a los jueces, quienes para la solución de los casos
deben aplicar los precisos términos en que estableció la Constitución
Política. Así las cosas, el alcance de la «Silla Vacía» está dirigida a impedir
que las vacancias que se generen con ocasión de condenas, vinculaciones
formales u órdenes de captura relacionadas con los delitos indicados en el
artículo 134 constitucional, puedan ser provistas y, por ende, sancionar a la
colectividad que no realizó la correcta depuración de sus candidatos.
b) Al ser una prohibición que en su efecto restringe el derecho a elegir y ser
elegido tanto del ciudadano como a las colectividades políticas, bajo la
cortapisa del debido proceso penal, su lectura debe hacerse de manera
armónica y sistemática con los parámetros fijados por la Constitución
Política, la ley y la jurisprudencia.
c) Como se analizó, el constituyente maximizó el concepto de participación,
con lo cual el juez en su interpretación, que se corresponde con, el artículo
1 sobre democracia pluralista y participativa y con el 40 sobre la posibilidad
de todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político, debe buscar el efecto que mejor lo materialice, siendo este
caso la imposibilidad de aplicar la «Silla Vacía» a la agrupación política.
Al unísono con lo dicho y probado, debe recordarse que en un contexto regular u
ordinario de llamamiento a ocupar curul dentro del corporativo nacional, la
49
Sobre la materia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
MP. Rocío Araújo Oñate, 6 de octubre de 2022, radicación 11001-03-28-000-2022-00159-00: Así
las cosas, no se observa errado que la Sección Quinta hubiere acudido a las consideraciones
efectuadas en las sentencias referidas, pues como parámetro vinculante en punto del control de
convencionalidad al que está avocado incluso el juez electoral, ambas determinan un aspecto que
se ha convertido en invariable en la jurisprudencia interamericana, esto es, la posibilidad de
limitación de los derechos políticos.
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Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
renuncia en razón de las conductas graves que consagra el dispositivo 134
constitucional conlleva consecuencias jurídicas para la organización que avaló al
candidato para la elección directa, sin embargo, sobre la base del principio
democrático que es de carácter universal y expansivo, y ante la hermenéutica que
la Corte Suprema de Justicia ha aplicado a la expresión, «vinculación formal al
proceso penal», la Sala puede resolver el caso bajo la interpretación que mejor se
acopla a esta, cual es aquella que haga primar la realización de la participación y
los votos obtenidos en la elección.
Finalmente, la Sala no accederá a uno de los argumentos esbozados por el
accionante en el que pidió dar aplicación al antecedente judicial del radicado 2019-
00024-0050 –caso Aida Merlano–, por cuanto en ese proceso ya existía orden de
captura y medida de aseguramiento51. En tal sentido, en ese caso sí era dable
declarar en ese momento la consecuencia del artículo 134 superior dada la
gravedad y los extremos temporales y jurídicos que aplicaban al supuesto fáctico,
los cuales no son aplicables al presente asunto al no tener los mismos parámetros
del subjudice.
De accederse a lo pedido afectaría el efecto útil de las normas sistemáticamente
estudiadas, vaciaría de contenido no solo el artículo 134 sino también el principio
de representatividad que subyace en las corporaciones públicas, como
materialización del efecto expansivo de la democracia de aquellos que votaron por
aquel no elegido.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto de llamamiento del señor Carlos Julio
González Villa como senador de la República, para lo que resta del período
constitucional 2022-2026 expedido el 6 de febrero de 2023.
SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclaración de voto
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo
Oñate, 13 de mayo de 2021, radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 (principal) y 11001-03-
28-000-2019-00034-00.
51
Abril de 2018.
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Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez
Demandado: Carlos Julio González Villa
Rad: 11001-03-28-000-2023-00017-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en
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