Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00454-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00454-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 73001-23-33-000-2023-00454-02
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de febrero de 2025
Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
Demandada: Consuelo Avilés Aldana
Rad. 73001-23-33-000-2023-00454-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00454-02
Demandante: HERNANDO SALCEDO TAMAYO
Demandada: CONSUELO AVILÉS ALDANA - ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE
SUÁREZ (TOLIMA) - PERÍODO 2024—2027
Temas: Prohibición de doble militancia y análisis probatorio en conjunto de
aval y acuerdo de coalición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 12 de septiembre de 2024, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El demandante, en nombre propio, instauró demanda en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del
formulario E-26 ALC del 1 de noviembre de 2023, a través del cual la Comisión
Escrutadora Municipal declaró la elección de la señora Consuelo Avilés Aldana como
alcaldesa de Suárez (Tolima), para el período constitucional 2024-2027. Para dar sustento
a su libelo1, indicó que la elección era nula por violar normas superiores2 así como los
estatutos del partido Conservador.
1
La Sala destaca que las principales pretensiones de la demanda se formularon en los siguientes términos «PRIMERA. Que es NULO el
acto administrativo contenido en el acta parcial de escrutinio general para Alcalde, expedido por la comisión escrutadora municipal de
Suarez-Tolima, fechada del 1 de noviembre de 2023, contenida en EL FORMULARIO E-26 ALC, DEL 1-11- 2023 que declaró la elección
realizada el 29 de Octubre de 2023 y todo acto anexo o complementario al mismo en cuanto a la declaratoria como Alcaldesa electa, de
la SRA. CONSUELO AVILES ALDANA del municipio de Suarez-Tolima para el periodo 2024- 2027, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.110.519.848, residente en el municipio del Guamo-Tolima-vereda la Isla, AVALADA POR EL PARTIDO
CONSERVADOR y Coavalada en forma ilegal por el partido Colombia Renaciente, estándole prohibido en el propio aval hacerlo y sin
anexar autorización entre otras del partido conservador E6 ALCALDE. SEGUNDA. Que, como consecuencia de la anterior declaración
de nulidad, se ordene la cancelación de la credencial que le fuere otorgada a la citada elegida, señora Consuelo Avilés Aldana,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.519.848, como Alcaldesa del municipio de Suarez- Tolima, periodo constitucional 2024-
2027, Avalada por el partido conservador Coavalada en forma ilegal por el partido Colombia Renaciente, estándole prohibido en el
propio aval hacerlo y sin autorización entre otras del partido conservador.» (Sic a toda la cita).
2
Citó las siguientes: « ART. 107 C.N -ART.1-2-3-5-6-7-28- 29- LEY 1475 DEL 2011- CPCA art. 275 NUMERAL 5-8 INHABILIDAD Y
DOBLE MILITANCIA -LEY 136 DE 1994 art. 137.138.139 -LEY 617 DEL 2000-LEY 2200 DEL 2022-estatutos (…) se transgredieron los
artículos 15 y 16 de los Estatutos del Partido Conservador, que consagran entre los deberes y obligaciones de sus militantes, la de
apoyar a los aspirantes de la misma colectividad y votar por ellos, así como la prohibición de adelantar campañas por candidatos de
otras colectividades y además en los art. 106-108-109-114-116-124 , y del PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO art. De los estatutos
Señaló como vulnerados los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 y los artículos 15 y 16 de
los Estatutos del Partido Conservador.» (Sic a toda la cita)
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1
Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
Demandada: Consuelo Avilés Aldana
Rad. 73001-23-33-000-2023-00454-02
1.2 Hechos
El accionante consideró que la elegida había vulnerado el ordenamiento jurídico conforme
los siguientes supuestos fácticos:
1.2.1 Doble militancia en la modalidad de pertenencia simultánea
Indicó que la demandada fue inscrita por el Partido Conservador Colombiano en coalición
con Colombia Renaciente; sin embargo, según su dicho, ella era militante del Centro
Democrático, debido a que fue funcionaria pública de la administración municipal saliente,
la cual estaba dirigida por una alcaldesa que ganó su elección en representación de esta
asociación política3.
A partir de lo anterior, dijo que la accionada no renunció a su militancia, doce meses antes
del cierre del periodo de inscripción4 (29 de julio de 2022), pues solo dimitió el 28 de
febrero de 20235 y, al ser tardía su salida, se inhabilitó para participar en representación
del conservatismo en las elecciones de octubre de este último año6.
Para dar sustento a lo anterior, manifestó que el vínculo político entre la elegida y el partido
Centro Democrático se ve demostrado conforme a un video fechado el 22 de enero de
20237, en una alocución radial8 y una publicación en Facebook del perfil de la demandada9;
eventos en los que se puede concluir que fue auspiciada por el propio presidente de la
Asamblea Departamental del Tolima, señor Felipe Andrés Ferro Lozano quien como
militante de dicha agrupación, ya había dejado en claro que ella era la abanderada por tal
colectivo.
A partir de lo anterior, al haber sido elegida por el conservatismo, pidió declarar la nulidad
de su elección pues no renunció a tiempo a su militancia con el Centro Democrático.
3
Aseveró que la alcaldesa saliente Lucelly Villalva de Suárez mandataria en el periodo 2020-2023 fue elegida por el Centro
Democrático, y sobre esta base, la accionada apoyó dicha aspiración, lo que le permitió acompañar como funcionaria pública la
materialización del plan de gobierno de esa entidad territorial.
4
Citó los artículos 38 numeral 7 y 39 de la Ley 617 de 2000, relacionados con las incompatibilidades de los alcaldes (7. Inscribirse como
candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido.) (ARTICULO 39. DURACION DE LAS
INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE MUNICIPAL DISTRITAL. <Ver Notas del Editor*> Artículo CONDICONALMENTE EXEQUIBLE>
Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se refieren los numerales 1 y 4, tendrán vigencia durante el período
constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la
incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal término será de veinticuatro (24) * meses en la respectiva circunscripción.)
5
En la página 5 y 12 de la demanda utilizó otra fecha diciendo que había sido el 23 de agosto de 2023. En la 14 y en los hechos de la
demanda reitera que su dimisión fue el 28 de febrero de este mismo año, pero en la captura de pantalla que allegó con la apelación
relacionada con una carta de la accionada al partido Conservador, se afirma que fue el 30 de mayo del precitado año.
6
Este aspecto según relató, fue estudiado en el trámite de revocatoria de la inscripción que se presentó ante el CNE: «DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REVOCATORIA DE INSCRPCION 2023-041156 anexo una (23 DE AGOSTO DE 2022-NO
DAN INCLUSO LOS 12 MESES DE INHABILIDAD Y/O INCOMPATIBILIDAD-SOLO 11 MESES) SEGÚN RESOLUCION 13714 DE
OCTUBRE 19 DE OCTUBRE DEL 2023, HOJA 18 del acto antes citado que rechazo la solicitud de revocatoria de la inscripción de la
demandada expedida por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE» a partir de una queja anónima y cuya decisión administrativa
negó la pretensión revocatoria.
7
Copió lo expresado por el señor Ferro: «En el siempre lindo municipio de Suárez, estuve junto con Holman Guevara compartiendo
nuestra precandidata en el siempre lindo municipio de Suárez, estuve junto con Holman Guevara compartiendo nuestra precandidata por
el partido a la alcaldía del municipio, Consuelo Avilés quien con generosidad nos recibió, y presentó a varios de sus amigos que son
grandes líderes de la población. Seguimos construyendo partido y fortaleciendo nuestra propuesta en el Tolima. #MiDiputadoAmigo
#ConstruimosConSeguridad #EstoEsDeAmigos #SuarezTolima Centro Democrático - Comunidad Oficial».
8
Emisora ECOS DEL COMBEIMA 20 ENERO 2023. «El Centro Democrático prepara sus candidatos para las alcaldías de Piedras y
Suárez El Centro Democrático le apunta a mantener el poder local en el municipio de Suárez y para ello tiene listo el aval para Consuelo
Avilés Aldana, a quien esta semana se le vio reunida con el presidente de la Asamblea, Felipe Ferro, y el reconocido empresario Holman
Guevara Paredes. Ese es uno de los dos municipios en los que el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez puso alcaldes de su
organización política. Hace cuatro años ganó las elecciones con Lucelly Villalba de Suárez». (Sic a toda la cita)
9
Dijo lo siguiente: «Recibimos con agrado la visita de nuestro presidente de la asamblea departamental Felipe Ferro y nuestro amigo y
empresario Holman Guevara (dirigentes del Tolima del partido centro democrático) con el fin de entregar un mensaje contundente a
nuestro amado Suarez y es “Aquí no es un sueño de Consuelo Avilés esto es en nombre del municipio de Suarez, aquí no juego yo
jugamos todos, con sentido de pertenencia y con vocación de servicio. Gracias a todos por su acompañamiento.» (Sic a toda la cita)
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Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
Demandada: Consuelo Avilés Aldana
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1.2.2 Improcedencia de coalición entre el partido Conservador y Colombia
Renaciente
Manifestó que la inscripción de la elegida ante la Registraduría a través de la alianza entre
estas dos agrupaciones fue ilegal, por cuanto el aval del primero de estos, no autorizaba
dicha unión, según quedó establecido en el texto de dicho documento que dispuso lo
siguiente: «se prohíbe su uso para la adhesión y/o apoyo programático con otros partidos
y/o movimientos políticos».
Para soportar lo anterior, dijo que cuando la accionada se inscribió y le fue expedido el
formulario E–6 AL, no se allegó ninguna autorización de las directivas del colectivo
avalante para realizar la coalición; luego, desatendiendo la literalidad de esa prohibición, su
elección se encuentra viciada. Conforme a ello, concluyó que la demandada otorgó y
recibió apoyo de y hacia los concejales del partido Colombia Renaciente, siendo dicho
actuar prohibido por las normas superiores.
1.2.3 Inhabilidad por haber sido alcaldesa encargada
Soportó su reparo en que la elección, vulneró el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, para tal
efecto, recordó que la administración saliente fue dirigida por el partido Centro Democrático
y, en tal sentido, la demandada, al haber hecho parte de la alcaldía como funcionaria 10,
representó los ideales de dicha agrupación; incluso, al haber sido alcaldesa encargada11.
Apunto a decir que, estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos12 porque ésta cumplió
con todas las directrices de ese colectivo, lo que en su parecer le impedía presentarse por
el conservatismo a las elecciones del 29 de octubre de 2023.
1.2.4 «Inhabilidad» por haber participado en la encuesta del partido Conservador
Aseveró que la elegida actuó en este mecanismo y, con base en ello, tres son los reparos
que en su criterio anulan la elección: i) quien realizó dicha actividad no estaba registrado
como firma autorizada ante el CNE, ii) tal instrumento no tuvo permiso de la colectividad de
acuerdo con las respuestas que dio la representante judicial a los derechos de petición que
se le presentaron y, iii) en esa encuesta no se definieron quiénes podían competir por el
aval; luego, si se trataba de escoger un candidato, se debía tener como mínimo una
autorización del directorio.
Apuntó a decir, que en el plenario obra un video en el que aparece la accionada, según él,
militante del Centro Democrático para ese momento y el señor Andrés Díaz Calderón,
miembro del partido Conservador, en una entrevista en la que se habla de la «supuesta
encuesta», la cual insiste, nunca fue autorizada por los estamentos o directivos del partido
y que a la postre, llevó a que con ese evento se otorgará un aval ilegal.
10
Dijo que había sido la secretaria de hacienda municipal.
11
Aportó acto de delegación como alcaldesa encargada, conforme al Decreto 149 del 2020 del 23 de noviembre al 26 de noviembre de
dicho año.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en sentencia con Radicación número: 76001-23-31-000-
2007-01477-02 del 31 de julio de 2009, con ponencia de la magistrada María Nohemí Hernández Pinzón.
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1.2.5 Doble militancia en la modalidad de apoyo a los aspirantes de otras
agrupaciones políticas
En este punto, se limitó a afirmar que la demandada recibió y otorgó apoyo al partido
Centro Democrático, comoquiera que al haber sido su militante y tener respaldo del señor
Felipe Andrés Ferro Lozano y demás candidatos de esa colectividad, quedaba demostrada
esta modalidad. Soporta su argumento en que como quedó inscrita por el conservatismo,
esos respaldos recíprocos anulaban su elección, de igual modo, dijo que, al participar de la
coalición con el Partido Colombia Renaciente, sin ser permitido ello por el aval otorgado del
colectivo Conservador, por esa sola circunstancia se materializó la conducta prohibida. Así
mismo afirmó que dio apoyo a los concejales de esta última agrupación y los recaudó.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora consideró, que la elección es nula por infringir los artículos 107 superior, el
1, 2, 3, 5, 6, 7, 28, y 29 de la Ley 1475 del 2011, 275 numerales 5 y 8 del CPACA, el 137,
138 y 139 de la Ley 136 de 1994 y las Leyes 617 de 2000 y 2200 del año 2022.
Acotó que también resultaron afectados los artículos 15 y 16 de los estatutos del Partido
Conservador, que consagran entre los deberes y obligaciones de sus militantes, la de
apoyar a los aspirantes de la misma colectividad y votar por ellos, así como la prohibición
de adelantar campañas por candidatos de otras colectividades y además los preceptos
106, 108, 109, 114, 116 y 124 de la normativa interna del Partido Centro Democrático.
2. Solicitud de medida cautelar
La parte actora solicitó la suspensión provisional del acto de elección con fundamento en
los mismos cargos de la demanda.
3. Oposición a la petición cautelar
La demandada manifestó que no estuvo demostrado que ella hubiera ejercido como
alcaldesa encargada del municipio de Suárez (Tolima), comoquiera que solo se aportó el
acto de nombramiento, pero no se allegó la aceptación del cargo ni la posesión para tener
por acreditado ese supuesto del libelo.
Respecto de la inhabilidad del artículo 95 de la Ley 136 de 1994; esto es, haber ejercido
autoridad administrativa doce meses antes de la elección, indicó que sí se desvinculó a
tiempo del cargo de secretaria de hacienda y de tesorera municipal el 30 de septiembre de
2022, lo que la dejaba apta para aspirar.
Comentó que su militancia con el partido Centro Democrático, terminó el 23 de agosto de
202213 cuando presentó dimisión a dicha colectividad, y, sobre esta base, dijo que al
momento de su inscripción (27 de julio de 2023), nada la ataba con esa agrupación. Acotó
que si bien, se aportaron unos videos del apoyo que le dio el diputado Felipe Ferro, esos
actos se dieron en enero de 2023; es decir, fueron anteriores al acto de inscripción.
13
Dijo que con el ánimo de estar más segura, reiteró su renuncia en carta remitida el 30 de mayo de 2023.
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De otro lado, aseveró que nunca participó de ninguna encuesta entre las agrupaciones del
Centro Democrático y el Conservador, por ende, desconoce el reparo de que la firma que
realizó esa actividad este o no registrada ante el CNE.
En otro punto, adujo que, si bien hay una prohibición textual de alianza en el aval otorgado
por el partido Conservador, también es claro que se aportó acuerdo de coalición firmado
por los representantes legales de este y de Colombia Renaciente, el cual no solo cumplió
con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 sino también, fue clara la
posibilidad de coaligarse.
Finalmente, indicó que no hay prueba de apoyos recíprocos indebidos a favor de los
candidatos y causas de los partidos Colombia Renaciente y Centro Democrático.
4. Contestaciones a la demanda
Los sujetos procesales manifestaron lo siguiente:
4.1 La accionada
En nombre propio14 se limitó a decir que el libelo era confuso; con todo, propuso como
excepción de fondo la presunción de legalidad del acto demandado, argumento que fue
nuevamente propuesto por intermedio de su apoderado judicial15 en el término para
oponerse a las pretensiones16.
4.2 Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral
Las entidades indicaron a través de sus apoderados que había falta de legitimación en la
causa por pasiva. El CNE dijo que solo conoció de un trámite de revocatoria de inscripción
de la candidatura de la accionada, pero esta fue negada, con lo cual se cerró el asunto en
materia administrativa. La RNEC dijo que su rol en el proceso electoral solo fue logístico.
5. Actuaciones procesales relevantes de primera instancia
5.1 Niega medida cautelar y admite demanda
La demanda fue admitida mediante auto del 15 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Allí, aparte de ordenar17 las notificaciones de rigor, también se
negó la solicitud de medida cautelar, en atención de que «en esta instancia inicial se
advierten inconsistencias en el material probatorio aportado por las partes que requieren
del agotamiento de las demás etapas procesales y en especial la probatoria, para
esclarecer los hechos objeto de controversia».
14
Con fecha 12 de marzo de 2024.
15
Con fecha 8 de abril de 2024.
16
Conforme a la constancia secretarial y luego de conceder término para reformar la demanda, en silencio, y de negar la solicitud de
reforma del libelo, la demanda «se notificó mediante correo electrónico el 12 de marzo de 2024, conforme el artículo 48 de la
Ley 2080 de 2021, se entiende cumplida una vez transcurridos dos 02 días hábiles siguientes, vale decir, hasta el día 14 de
marzo de 2024. Así las cosas, a partir de la fecha 15 de marzo de 2024, inclusive, empieza a correr el término de quince (15)
días para contestar la demanda, en los términos del artículo 279 CPACA ».
17
También se negó la intervención como tercero del señor Antonio José Paris Márquez, debido a que si bien solo invocó su calidad de
ciudadano no señaló de manera expresa la parte a la que se adheriría.
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Frente a esta última determinación se dijo lo siguiente:
En primer lugar, no se demostró la pertenencia simultánea de la accionada, debido a que
obra copia de la certificación expedida por el secretario general del partido Centro
Democrático18 en el que se indica, que ella fue miembro hasta el 28 de febrero de 2023,
momento en el que presentó su renuncia. De igual modo, se precisó que «la demandada
acredita que, le fue aceptada su dimisión el día 24 de agosto de 2022, de conformidad con
el hilo electrónico, entre esta y la Jefe de la Asistente Jurídica del partido Centro
Democrático la señora Nazly Adriana Espitia Velandia». Finalmente, se afirmó que «no se
logra determinar con certeza el elemento temporal contemplado en el inciso 2 del artículo
107 de la Constitución Política en concordancia con el numeral 8 del artículo 275».
Como segundo tópico, dijo que no existió ninguna prueba de actos positivos y concretos de
apoyo de la accionada a los aspirantes de Colombia Renaciente para el Concejo de
Suárez (Tolima) y a las causas del Centro Democrático. Aparte de ello, el auto refiere que
«de las pruebas aportadas en esta etapa procesal, no se puede arribar a esa conclusión,
reforzado por el hecho de que, (i) en ninguna de ellas se logra identificar si algunas de las
personas que están allí, pertenecen a la lista de candidatos a concejales del partido
Colombia Renaciente, ni tampoco se ha acreditado debidamente dentro del expediente que
el partido Conservador tuviese lista de candidatos en esas curules».
En un tercer punto, dijo que si bien existe una leyenda en el aval otorgado por el partido
Conservador que prohíbe la alianza con otras colectividades, «el mismo no solo está
avalado por quien era candidata en ese momento, sino también por los representantes
legales de los partidos conservadores, luego entonces, si bien existía una prohibición dada
en el aval emitido por el Partido Conservador a la demandada, también lo es que ella no se
extendía a los representantes de cada colectividad o ello no se probó en esta etapa
procesal».
En cuarto momento, negó que hubiese estado inhabilitada la demandada al no haber
renunciado a su autoridad doce meses antes de su inscripción. Para tal efecto, manifestó:
«[N]o obra documentación alguna que permita evidenciar su configuración, pues se echa de
menos la referencias fácticas y probatorias en razón al vínculo y/o parentesco que exige la
norma prohibitiva para su configuración». (…) «[L]as elecciones territoriales se surtieron el 29
de octubre de 2023. Por lo que el periodo inhabilitante en el que se proscribía por el
ordenamiento jurídico la prestación de servicios en cargos públicos de los aspirantes a
alcalde municipal, estaba delimitado por el lapso de tiempo comprendido entre el 29 de
octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023. De manera que, en principio, el cargo que
ostentaba la demandada en el Municipio de Suarez, circunscripción para el cual resultó
elegida como alcaldesa, no se ubicaría temporalmente en ese lapso de la prohibición, como
quiera que, mediante el Decreto 060 del 30 de septiembre de 2022 le fue aceptada la
renuncia como Secretaria de Hacienda y Tesorera, es decir, 12 meses y 28 días antes del
acto de elección.»
Finalmente, el tribunal manifestó que la demandada, solicitó aplicar enfoque de género a la
decisión, pues se había visto perseguida e increpada por el demandante. Al respecto, el a
quo exhortó a las partes para que dieran cumplimiento a los deberes de una contienda, sin
perjuicio de que, en el transcurso del proceso y previa comprobación, pudiera aplicar las
18
Emitida por la jefe de la asistente jurídica del partido Centro Democrático, Nazly Adriana Espitia Velandia.
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Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
Demandada: Consuelo Avilés Aldana
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medidas de protección que contempla el ordenamiento jurídico (sensibilización ciudadana y
compulsa de copias a entes de control).
5.2 Apelación medida cautelar
La decisión que negó la suspensión provisional fue apelada por la parte actora y, mediante
providencia del 9 de abril de 2024, el ponente rechazó la alzada comoquiera que había
sido presentada en forma extemporánea19.
5.3 Audiencia inicial
Fue celebrada el 15 de mayo de 2024, allí el a quo se pronunció sobre los medios de
prueba:
Se ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara el
expediente administrativo que permitió la inscripción de la demandada. Así mismo se
decretaron unos testimonios20, se denegó la práctica del interrogatorio de parte21 y el
traslado22 de la copia del proceso administrativo radicado: CNE-E-DG-2023-041156.
Respecto a la fijación del litigio, quedó establecido en los siguientes términos:
[D]eterminar, si la señora Consuelo Avilés Aldana incurrió en (i) doble militancia por apoyo y
al pertenecer al partido Centro Democrático al no haber renunciado dentro de los 12 meses
siguientes a la inscripción y recibir aval del partido Conservador de Colombia y coaval del
partido Colombia Renaciente, sin tener autorización para ello del partido por el cual se
postuló (Conservador) y (ii) estar inhabilitada para inscribirse al no haber renunciado al cargo
público que desempeñaba 12 meses antes de la inscripción de su candidatura para su
postulación y de conformidad con lo establecido en la demanda.
6. La sentencia apelada
A través de fallo del 12 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima
desestimó las pretensiones formuladas por la parte actora.
Como primera medida, negó nuevas solicitudes para: i) suspender provisionalmente el acto
de elección y, ii) de pruebas23. Respecto de estas determinaciones dijo que la petición
cautelar, ya había sido desatada en el auto del 15 de febrero de 202424 y los medios
demostrativos fueron allegados de manera extemporánea.
19
Esta decisión fue objeto de recurso de reposición como de súplica. Frente al primer reparo, el despacho sustanciador no repuso el
proveído (auto del 25 de abril de 2024) y en la segunda providencia, la Sala con decisión del 23 de mayo del mismo año confirmo la
decisión adoptada.
20
Ingeniero Jorge Andrés Diaz Rodríguez, el Representante legal del partido Conservador y Senador Efraín José Cepeda Sarabia y la
Secretaria Jurídica del Partido Conservador Colombiano Orfa Patricia Monroy García, personas que deberán ser citadas a través del
apoderado de la parte demandada. Los dos primeros fueron desistidos por el solicitante en la audiencia de pruebas.
21
Comoquiera que versaban sobre hechos en los que esta actuó como alcaldesa encargada, y considerando la calidad de electa, (art.
195 CGP) no resulta admisible acceder a este medio de convicción, por lo tanto se ordenó oficiar a la elegida para que rindiera bajo
juramento informe sobre los interrogantes que el accionante formulará.
22
En tal sentido, se ordenó oficiar OFICIAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Registraduría Municipal de Suarez, para que,
se allegue, con destino al expediente de la referencia, el Acta General de Escrutinios de los concejales inscritos para las elecciones para
el periodo constitucional 2024-2027 en el Municipio de Suarez (Tol.).
23
Avales otorgados a otros candidatos de otros municipios por el partido conservador, derechos de petición, entre otras documentales.
24
Aseveró lo siguiente: «la oportunidad para solicitar medidas cautelares de suspensión de un acto electoral de nombramiento no es otra
que con la misma interposición de la demanda.» «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.
Susana Buitrago Valencia, radicación: 11001-03-28- 000-2014-00141-00, auto del cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015), Bogotá
D.C. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 11001-03-
28-000-2023-00017-00, auto del cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023), Bogotá D.C.»
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Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
Demandada: Consuelo Avilés Aldana
Rad. 73001-23-33-000-2023-00454-02
Frente a las pretensiones de la demanda, sostuvo en primer lugar, que no se demostró la
afiliación múltiple a dos colectivos, pues la accionada renunció a la militancia del partido
Centro Democrático el 23 de agosto de 2022, data muy anterior al momento de la
inscripción como candidata (27 de julio de 2023).
También se indicó que para el 23 de febrero de 2023: «no se requería que la demandada
anexara la renuncia del partido centro democrático al partido conservador para su inscripción, pues
recuérdese que la renuncia a un partido o movimiento político surte efectos desde el momento
mismo en el que el militante informa a la organización política que es su deseo abandonarla, tal y
como sucedió el día 23 de febrero de 2023, ni debió renunciar al partido 12 meses antes para
poder inscribirse como lo asegura el demandante, si se tiene en cuenta que uno de los elementos
configurativos de la prohibición de doble militancia alegada en el caso concreto, es precisamente
que la conducta prohibitiva se desarrolle dentro del elemento temporal previsto en la ley, esto es, la
simultaneidad, por lo que al no probarse este supuesto, no queda sino colegir que en lo que atañe
a este punto la causal no se configuró.».
De hecho, se afirmó que el secretario de esa colectividad certificó el 16 de febrero de 2024
que la señora Avilés no ocupó cargos de dirección. Así mismo, el propio Partido
Conservador confirmó que la dimisión al otro colectivo se dio el 28 de febrero de 2023,
fechas que, aunque son disimiles, demuestran que fueron anteriores a su registro como
aspirante.
Como segundo tópico, no quedó probada la doble militancia en la modalidad de apoyo,
pues del propio dicho del accionante las reuniones de la accionada con un diputado del
Centro Democrático sucedieron en el mes de enero de 2023, fecha en la cual no había en
estricto sentido proselitismo político. De otro lado, no se demostraron actos reales y
concretos de apoyo de la demandada hacia militantes o causas diferentes al del Partido
Conservador. En este punto advirtió que no se valorarían algunos videos, comoquiera que
no se tenía certeza sobre el origen, la fecha y el autor del mismo.
En un tercer punto, el a quo de acuerdo con las pruebas documentales y el testimonio25
de la secretaria jurídica26 del Partido Conservador, dijo que la coalición realizada entre esta
agrupación y Colombia Renaciente no anulaba la elección de la demandada, pues esa
unión de fuerzas al haber sido comunicada y aceptada por los directivos y estamentos de
las dos colectividades, dio legalidad al acto de inscripción27.
25
Dijo en relación con la inscripción que se puso en el avala, relacionado con la prohibición de alianzas o adhesiones que: «sucede que,
cuando otorgábamos los avales a los diferentes candidatos a la alcaldía muchos negociaban los avales y nos dábamos cuenta tiempo
después, cuando el Consejo Nacional Electoral, nos requería por la presentación de las cuentas de los ingresos y gastos de la campaña,
entonces en la Secretaría Jurídica advirtió de que cómo así no hubo ninguna clase y nos terminan ninguna clase de presentación de
cuentas y nos terminaban sancionando tanto a los candidatos y a veces al Partido Conservador, porque el candidato, la persona
solamente vino y buscó el aval y posteriormente se fue y lo negoció con cualquier otro partido político, y se hacía una decisión sin
consultarle al Directorio Nacional conservador» El caso de Del que me está preguntando de Suarez, Tolima, para mí fue un caso
especial porque desde que la señora se inscribió, empezaron a bombardear sobre las inhabilidades, todo lo demás, colocaron tutela.
Contesté, tutelas, mandaron cualquier cantidad de documentación solicitando la inhabilidad hasta por una condena que no existió,
porque eso, una aclaración por parte de los juzgados, creo que era de un Juzgado de Girardot, algo así y ella pidió el permiso para
poder realizar una coalición y de aquí se le dio el permiso y se le envió el documento de coaval para que ella pudiera ser la coalición con
el partido político, si no estoy mal, creo que era renaciente, si no estoy mal.
26
PARTE DEMANDANTE (1:10:49 a 1:11:02) ¿Un acuerdo de coalición, modifica el aval cuando es establece una restricción y una
prohibición como está expresa en el aval otorgado? TESTIGO (1:11:03 a 1:11:55),Sí señor, porque de acuerdo al acta, vuelvo y digo,
que se firmó Acta Núm. 5 del Directorio Nacional Conservador, realizada en el club de banqueros el día 9 de mayo, en su hoja 5, yo di la
explicación en el Directorio nacional que se tenía que hacer solicitud para que se pudiera inscribir la persona, el acuerdo de coalición,
cómo se dice Eh?, Sí como que reformaba esa parte porque se le estaba dando autorización por parte del partido, lo que no, no podía
ser el candidato era ir directamente a arreglar con otro partido sin autorización del partido del Partido Conservador, por eso está mi
chulo, mi visto bueno en la firma del Presidente, yo misma lo hice, yo misma lo elaboré y hubo autorización.
27
Tuvo en cuenta el oficio EAT0164-4930C1EC del 14 de junio de 2023 en el que el presidente del partido Conservador remitió a la
Registraduría Municipal de Suárez (Tolima), la inscripción y el aval a favor de la demandada.
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Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
Demandada: Consuelo Avilés Aldana
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El tribunal recordó que con la Resolución 017 de mayo de 2023, el partido Conservador
dictó disposiciones relacionadas con el otorgamiento de los avales para las elecciones de
octubre de dicho año y, a partir de ello, si bien se establecieron algunas prohibiciones para
coaligarse, no es menos cierto que con el documento de coalición, expresamente se
autorizó esa alianza.
Como cuarto tópico, negó que la demandada estuviera inhabilitada. Así lo hizo saber:
[S]i bien la causal contenida en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 señala que
su vigencia en la respectiva circunscripción será durante el periodo constitucional y hasta 12
meses después del vencimiento del mismo, dicha normatividad fue modulada con la entrada
en vigencia del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, por lo que, a partir del 14 de julio de 2011
el término máximo de incompatibilidad que corresponde a quienes hubieren desempeñado el
cargo de Alcalde, establecido en la norma en cita, comprende los 12 meses anteriores a la
fecha de la elección y no los 24 meses a la fecha de inscripción, en virtud de tal modificación
legislativa y resultar incluso más benéfica respecto del juzgamiento – por retroactividad de la
ley en casos que sea procedente -, en la medida en que el término de inhabilidad aplicable a
quienes hubieren desempeñado el cargo se redujo y ahora solo es 1 año anterior a la
elección, en ese sentido, la conducta de haberse desempeñado como alcaldesa más de 24
meses antes de la inscripción como candidata a la alcaldía, no está prohibida.
Finalmente, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva elevadas por los organismos electorales.
7. Actuaciones en segunda instancia
El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia, el demandante interpuso recurso de apelación28. El escrito
fue admitido por el despacho con providencia del 8 de noviembre de 202429. En sus
documentos esbozó los siguientes reparos, los cuales serán organizados por la Sala para
tener claridad y una mejor comprensión de ellos:
En primer lugar, aseveró que hubo una indebida valoración probatoria, pues con lo
aportado en la demanda, se llega a la conclusión que la accionada se coaligó con el
partido Colombia Renaciente, sin tener autorización expresa del representante legal del
Conservador30, lo cual va en contra de la prohibición que se escribió en el aval31.
De otro lado, comentó lo siguiente:
LA JURIDICCION NI EL JUEZ NO HAY NINGUNA NORMA O LEY U OTRA QUE AUTORICE
MODIFICAR dicho AVAL o darle ni por asomo un efecto que estaba vedado como era en este
momento modificar o interpretar en forma no acorde a derecho, cuando se sabe que un
convenio no puede modificar un AVAL (…) NO PUEDE ADMITIRSE PRUEBA ALGUNA EN
CONTRARIO ASI SE ANEXE UNA SUPUESTA AUTORIZACION ILEGAL Y FALSA POR
CIERTO DEL PARTIDO POR PARTE DE LA ASESORA JURIDICA. [P]ermanece la
prohibición nada se puede hacer aun que lo firme el representante legal que establece la
28
Un primer escrito fue radicado el 25 de septiembre de 2024 y otro que denominó: «adición a la apelación» fue registrado el 26 del
mismo mes y año.
29
Índice Samai número 5.
30
Dijo que se inscribió en forma directa y que la certificación (de la aceptación de la alianza) fue expedida extemporáneamente al
momento de la inscripción.
31
«El documento de aval otorgado al candidato es únicamente para su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
prohíbe su uso para la adhesión y/o apoyo programático con otros partidos y/o movimientos políticos».
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prohibición porque el aval es el documento o acto administrativo que lo permite Y EL MISMO
R. LEGAL fue quien establecido la restricción y el mismo es el que DEBIA REVOCARLA Y
NO LO HIZO NI AUTORIZO A NADIE HACERLO porque sus repuestas son claras de que
jamás revoco la prohibición. (…) 21.EL AVAL OTORGADO quedo como esta es imposible
revocarlo o quitar la prohibición por haber pasado la elección ni modificado el E-6 NI LO
REFORMO CON EL E-8 Y No hay duda alguna de la doble militancia POR LA PROHIBICION
y al inscribir un Coaval salta de bulto la doble militancia por apoyo y otras causales de haber
cometido la doble militancia y ninguna autoridad administrativa o judicial en este momento
puede levantar la prohibición porque es exclusiva competencia del representante del partido
conservador EFRAIM CEPEDA SARABIA y le caduco la competencia. (Sic a toda la cita).
Controvirtió la respuesta dada a un derecho de petición, emitida por el Partido
Conservador32, en la que se dijo que sí había existido autorización de alianzas para el
municipio de Suárez, lo cual, en su criterio es «ilegal»; primero, porque no fue firmada esa
contestación por el representante legal de esa colectividad y, segundo porque la asesora
jurídica no es competente para expedir esta clase de certificaciones que desdigan la
prohibición que contenía el aval.
Sobre esta base, aportó capturas de pantalla de los avales otorgados en los municipios de
Falan, Chaparral y Guamo del departamento del Tolima en los que el Partido Conservador
precisó la posibilidad de inscribirse directamente y hacer coalición. También allegó uno que
fue expedido por el partido Cambio Radical33, documentos con los cuales pretende sacar
avante la tesis relacionada con que allí sí se autorizó la posibilidad de alianzas, pero en el
caso de la demandada esa posibilidad estuvo vedada.
Finalmente, dice que lo único que salva a la accionada es que se hubiera aportado al E – 6
y al E – 8 el levantamiento por escrito de la prohibición.
Como segundo acápite, esbozó los siguientes tres argumentos:
i) debe decidirse nuevamente la solicitud de «medida cautelar» y aceptar todas las
pruebas anexas a dicha petición puesto que con base en los artículos 233 y 234 del
CPACA34 es factible solicitar la suspensión provisional del acto, cuando se presenten
hechos sobrevivientes, ii) la sentencia de primera instancia es nula, comoquiera que
fue dictada sin haberse conformado legalmente el quorum de la Sala, debido a que
solo se integró con dos magistrados: el ponente quien ocupó dos plazas, ante la
vacancia de uno de los cargos y otro juzgador y, iii) la sentencia no debió aplicar un
enfoque de género a favor de la accionada, debido a que no existe ninguna prueba
que evidencie que su actuar afectó a la elegida.
Al tenor de lo anterior, insistió en que había hechos nuevos, los cuales ameritaban valorar
otras pruebas35, pues demostraban que no había existido ninguna revocatoria de la
prohibición de coalición inserta en el aval. Sobre esta base, dijo que el testimonio del
32
Página 35 del recurso de apelación.
33
Página 38 ibidem.
3434
Citó sentencia: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de Unificación, Expediente No. 44001-23-33-000-2020-00022-
01_20201126 de 26 de noviembre de 2020, C.P. Dra. Rocío Araujo Oñate.
35
Derecho de petición del 16 de enero de 2024 dirigido al Partido Conservador (anterior a la admisión de la demanda), en este punto
aseveró que si bien ya había recibido respuesta, quería mayor claridad sobre la prohibición contenida en el aval. Respuesta incompleta
otorgada a dicha solicitud del 31 de enero de 2024. Fallo en el trámite de acción de tutela35 (16 de febrero de 2024) para que se
resolvieran las inquietudes dejadas de solventar. Respuesta de dicho colectivo del 16 de febrero de 2024 relacionada con «la prohibición
de la encuesta».
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representante del Partido Conservador es superfluo e inocuo pues no podía desdecir la
literalidad de dicho aval y su restricción para aliarse con otros colectivos políticos.
Cierra su dicho en lo relacionado a la nulidad de la providencia de primera instancia, en
que la aclaración de voto de uno de los dos magistrados, era un salvamento de su
decisión; luego, la sentencia no obtuvo las mayorías.
En tercer momento, insistió en dos argumentos bifrontes36, por un lado dijo que la
accionada, militante del Centro Democrático para ese momento, sí participó de la consulta
interna del Partido Conservador celebrada el 22 de mayo de 2023, como lo prueba un
video en el que aparece un miembro de esta última colectividad y la declaración de parte
de la demandada en la que aceptó su participación37. A partir de este relato y lo
establecido por el artículo 7.º de la Ley 1475 de 201138, ella no podía aspirar por el
Conservatismo a la alcaldía pues desatendió el resultado de dicho mecanismo interno.
De otro lado, dijo que de no accederse a lo anterior: i) tal consulta no tuvo la autorización
de las directivas, ii) no fue plural pues no hubo participación de otros miembros de esta
agrupación39 y, iii) no se sabe si la empresa que la realizó esta inscrita ante el CNE.
Finalmente, comentó que el video que él aporto, en el que se retrata la participación de la
demandada en dicha encuesta no fue tachado de falso; luego, el a quo debía valorar esa
prueba y no aducir que como no tenía fecha de creación y autor, por ese solo hecho, debía
evadir el estudio de ese medio demostrativo.
Formuló una cuarta réplica, para insistir en la doble militancia por pertenencia simultánea,
pues al estar prohibido coaligarse, tal como lo rezó el aval y, habiendo hecho la alianza con
el partido Colombia Renaciente, por esa sola actividad esta incursa en conducta proscrita.
A partir de ello, reitera que apoyó y recibió respaldos indebidos de las listas de concejales
de esa agrupación.
Adicional a esto, dijo que esta modalidad está demostrada, comoquiera que en los
documentos que soportan el formulario E – 6 AL de su inscripción, no está la renuncia al
Centro Democrático, agrupación que, según cuenta, le permitió participar de la consulta
con el partido Conservador.
En quinto lugar, sin mayor argumentación, se limitó a decir que la demandada estaba
inhabilitada, pues había sido alcaldesa encargada de una administración que tuvo la
gobernanza del partido Centro Democrático.
8. Auto que remitió nulidad originada en sentencia
Como se dijo en precedencia, el despacho ponente, mediante auto del 8 de noviembre de
202440, admitió el recurso de apelación y el 19 de ese mismo mes y año41, de conformidad
36
De dos frentes o dos caras. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
37
Asegura que esas manifestaciones en la audiencia de pruebas se dieron en los minutos 33 y siguientes, 26.10 y el 35.
38
Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier
circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones
distintas.
39
Dijo que se violaron los artículos 106, 108, 109, 114, 116 y 124 de los estatutos del partido Conservador.
40
Índice SAMAI número 6.
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con el artículo 294 del CPACA, devolvió el trámite al a quo, debido a que en la alzada se
formuló una nulidad originada en la sentencia al afirmarse que el fallo no había sido
proferido con el quorum suficiente, pues solo fue suscrita por dos de los tres magistrados.
9. Decisión que niega nulidad
El a quo con providencia del 13 de diciembre de 2024, negó la solicitud debido a que la
sala dual que suscribió la sentencia lo había hecho con las mayorías suficientes, por ende,
la decisión de negar las pretensiones de la demanda fue proferida de manera unánime y
que la única observación de la decisión, fue la aclaración de voto42, no el salvamento,
como erradamente lo propuso la parte actora, de que en su sentir se debía haber llamado
al magistrado que seguía en turno para que esta determinación se hubiese juzgado con
tres funcionarios.
La decisión que negó la nulidad, se sustentó entre otras, en lo dispuesto por el artículo 128
del CPACA43, el Acuerdo 209 de 199744 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura y
una sentencia de tutela proferida por esta Sección Electoral45.
10. Auto que negó peticiones probatorias en segunda instancia
A través de auto del 24 de enero de 202546, el despacho conductor negó las peticiones
probatorias elevadas por la parte actora, al advertirse, entre otras cosas, su
extemporaneidad. Así mismo, se hizo lo propio con la solicitud que proponía un nuevo
estudio de la medida cautelar a la luz de lo establecido por el artículo 277 del CPACA y la
jurisprudencia vigente sobre la materia.
11. Alegatos de conclusión47
11.1 El demandante
Repitió los argumentos de su posición jurídica.
11.2 El demandado
Reiteró los planteamientos expuestos en sus escritos de defensa.
41
Índice SAMAI número 14.
42
Magistrado Belisario Beltrán Bastidas.
43
ARTÍCULO 128. Quórum para otras decisiones en el Consejo de Estado. Toda decisión de carácter jurisdiccional o no, diferente de la
indicada en el artículo anterior, que tomen el Consejo de Estado en Pleno o cualquiera de sus salas, secciones, o subsecciones o los
Tribunales Administrativos, o cualquiera de sus secciones, requerirá para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto favorable de
la mayoría de sus miembros. Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquella, y si tampoco se obtuviere, se
procederá al sorteo de conjuez o conjueces, según el caso, para dirimir el empate o para conseguir tal mayoría. Es obligación de todos
los Magistrados participar en la deliberación y decisión de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso,
por la sala o sección a la que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o
calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. El incumplimiento sin
justa causa de este deber es causal de mala conducta. El reglamento interno señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus
salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación y decisión de los asuntos de su competencia. Cuando quiera que el
número de los Magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto por impedimento o recusación o por causal legal de
separación del cargo disminuya el quórum decisorio, para completarlo se acudirá a la designación de conjueces.
44
Por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los tribunales administrativos.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, Auto del 27 de febrero
de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-05242-00 (AC).
46
Índice SAMAI número 22.
47
Una vez ejecutoriado el auto mediante el cual el despacho sustanciador negó las pruebas en segunda instancia, se corrió traslado
para alegar.
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12. Concepto del Ministerio Público48
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado pidió confirmar la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda, precisando que:
i) la accionada fue miembro del partido Centro Democrático hasta el 28 de febrero de 2023
y la encuesta de opinión fue realizada el 18 de mayo de 2023, - más de dos meses
después -, por lo que, está ya no era militante, por ende, podía participar de actividades
políticas del partido Conservador Colombiano y, ii) respecto de la prohibición contenida en
el aval, afirmó que esta última colectividad lo expidió después de suscrito el acuerdo de
coalición, por lo que dicha leyenda no aplica al pacto firmado, debido a que en la línea del
tiempo, primero se suscribió el convenio de voluntades y fue como resultado de este que
se expidió el señalado aval.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, en atención a los artículos 15049 y 152.7.a)50 de la Ley 1437 del 2011, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación, modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 202451.
2.2 El acto acusado
Se trata del formulario E – 26 ALC expedido el 1.º de noviembre de 2023 por medio del
cual la comisión escrutadora declaró la elección de Consuelo Avilés Aldana como
alcaldesa de Suárez (Tolima).
2.3 Cuestión previa
Antes de abordar el estudio del recurso de apelación, la Sala hará algunos razonamientos
frente a los ítems segundo y quinto de la apelación que quedaron expuestos en el numeral
6.1 de la presente providencia.
De un lado y, en relación con la decisión de resolver nuevamente una solicitud cautelar y
de aplicar el enfoque de género, debe decirse que este aspecto ya fue decidido y no le
corresponde a la sala incluir consideración adicional sobre el tema. Por otro lado, en lo que
48
Índice SAMAI número 34.
49
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. (…)».
50
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros
de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de
cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las
demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración; (…)».
51
«ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
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tiene que ver con que la demandada estaba inhabilitada, este argumento no se estudiará,
debido a que no hubo carga argumentativa del apelante.
Sobre este último punto en particular, tal como lo ha dicho esta corporación en diversos
pronunciamientos52:
[A] través del recurso de apelación, una de las partes o ambas, solicitan al superior
que examine la decisión dictada en un proceso, expresando sus inconformidades,
con la finalidad de que éste analice la decisión de primer grado, y de ser procedente, la
modifique o la revoque. El recurso de apelación es el medio o acción que se concede a
la persona agraviada o condenada por una resolución judicial, para que acuda a otro
tribunal superior, sometiéndole el conocimiento de la cuestión resuelta; exige que se
expliquen las razones de inconformidad, para establecer si las pruebas y el soporte
jurídico han sido correctamente estimados. Esta Sección ha precisado que la labor de
la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión
impugnada, el acierto o el error del a-quo en el juicio realizado, circunscribiéndose a
dicho aspecto la competencia. De lo anterior se desprende que, en la sustentación del
recurso de apelación, el recurrente debe presentar unos argumentos a través de los
cuáles refute o controvierta la decisión proferida por el a quo, ya que solamente
sobre estos reparos tiene competencia el ad quem para pronunciarse, exceptuando
aquellas decisiones que el juez deba adoptar de oficio, en virtud de lo establecido en la
ley.
Conforme a lo anterior, fue insuficiente lo aducido por la parte actora en este punto para
ilustrar en qué consistió el o los errores del a quo; es decir, cuáles fueron los aspectos
específicos de hecho o de derecho que dejó de analizarse y/o cuáles fueron las
consideraciones concretas que no se adecuan con el ordenamiento jurídico y su por qué.
2.4 Problema jurídico
Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima, negó las pretensiones de
la demanda.
Para tal efecto, se determinará: i) si hubo una indebida valoración probatoria, relacionada
con la improcedencia de la coalición entre el Partido Conservador y la agrupación
Colombia Renaciente, comoquiera que existía una prohibición expresa en el aval otorgado
a la demandada, ii) si participó de una consulta sin la autorización de las directivas del
conservatismo, iii) si se incursionó en la prohibición de la doble militancia en la modalidad
de pertenencia simultánea, por apoyo y en desconocimiento del resultado de la consulta, al
haber sido demostrados los supuestos fácticos que las edifican.
Conforme a lo anterior, la metodología que utilizará la Sala para resolver el asunto inicia
con el estudio de la doble militancia en sus dos modalidades: pertenencia simultánea y
apoyo, para luego, desatar el caso conceto.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Gloria María Gómez Montoya. Auto del 20 de junio de
2024. Rad. 11001-03-28-000-2024-00144-00.
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2.5 Marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de la doble militancia
La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto
Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever
que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica. Dicha norma también dispuso que
quien participara en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas
interpartidistas, no podía inscribirse por otro en el mismo certamen electoral.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C – 303 de 2010, al decidir la demanda de
inconstitucionalidad del parágrafo transitorio 1.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de
2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución, puso de presente que la antedicha
regla tenía por finalidad propender por el fortalecimiento de los partidos y movimientos
políticos, lo cual impacta positivamente en la vigencia del principio de la soberanía popular,
al aseverar lo siguiente:
(…) la prohibición de la doble militancia y del transfuguismo político, en los términos antes
expuestos, constituye herramientas de primera línea para la consecución del fin constitucional
de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, basado en el aumento del estándar
de disciplina de sus miembros e integrantes. A su vez, el fenómeno del transfuguismo tiene
importante incidencia en la vigencia del principio de soberanía popular, habida cuenta de las
particularidades del sistema electoral colombiano.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual, se adoptan reglas sobre
organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y se dictan
disposiciones en materia de procesos electorales, al desarrollar la institución de la doble
militancia, trajo una regulación que contempla otras hipótesis a las ya referidas:
Artículo 2o. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o
pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el
ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y
registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes
existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por
el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten
electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer
al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo
significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de éstas, deben
renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser
inscritos como candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria
de la inscripción. (…)
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Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito de aplicación
de la figura de la doble militancia, en tanto eliminó la expresión que imponía que el partido
o movimiento político debía contar con personería jurídica, que le adscribía el Acto
Legislativo 01 de 2003.
En consecuencia, dispuso que «… [E]n ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político». Sobre el
particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C – 490 de 2011, al revisar la
constitucionalidad del citado artículo, determinó que «el legislador estatutario puede
incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble
militancia» y, por ende, declaró este precepto ajustado a la carta política.
2.6 Pertenencia simultánea
Sobre esta conducta, debe decirse que fue introducida en el sistema jurídico colombiano 53
con el fin de crear un régimen severo de bancadas, en el cual, se prohíbe el transfuguismo;
lo anterior, bajo el entendido de que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad
constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza
depositada por el elector en determinado plan de acción proselitista, no resulte frustrada
por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación mediante la cual
accedió a la corporación o cargo de elección popular54.
Esta modalidad de doble militancia está dirigida entonces a quienes son miembros de más
de un colectivo; sin embargo, para comprender correctamente el reparo que hizo el
legislador, es pertinente reseñar el sentido y alcance de los conceptos de ciudadano,
miembro e integrante de un partido o movimiento político dados por la Corte Constitucional
en sentencia C – 342 de 2006, comoquiera que es a partir de dichos elementos que el
juzgador puede analizar la conducta que se endilga.
Al respecto, esa corporación dijo lo siguiente:
i) El ciudadano es la persona titular de derechos políticos, y estos a su vez se traducen, de
conformidad con la Constitución, en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos,
tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos,
revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar
parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de
inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin,
desempeñar cargos públicos. En tal sentido, el ciudadano es un elector, es decir, es titular
del derecho a ejercer el sufragio, mediante el cual concurre en la conformación de las
autoridades representativas del Estado. La calidad de elector no depende, en consecuencia,
de la afiliación o no a un determinado partido o movimiento político, lo cual no obsta para
que, el ciudadano pueda ser un simpatizante de un partido político.
ii) El miembro de un partido o movimiento político es aquel ciudadano que, de conformidad
con los estatutos de éstos, hace parte formalmente de la organización política, situación que
le permite ser titular de determinados derechos estatutarios, como es aquel de tomar parte
en las decisiones internas, pero a su vez, le impone determinados deberes, encaminados a
53
A partir de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad electoral, con
consagración expresa en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
los siguientes términos: Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en
el artículo 137 de este código y, además, cuando: (…) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble
militancia política.
54
Corte Constitucional. Sentencia C – 490 de 2011. MP Luis Ernesto Vargas Silva.
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mantener la disciplina de la agrupación. En tal sentido, en términos de ciencia política, el
miembro del partido o movimiento político es usualmente un militante.
iii) El integrante de un partido o movimiento político que ejerce un cargo de representación
popular es aquel ciudadano, que no sólo es miembro formal de una determinada
organización política, que milita activamente en ella, sino que, merced al aval que recibió de
la misma, participó y resultó elegido para ocupar una curul a nombre de aquél. En tal
sentido, confluyen en este ciudadano las calidades de miembro de un partido o movimiento
político, motivo por el cual debe respetar los estatutos, la disciplina y decisiones adoptadas
democráticamente en el seno de aquél; y al mismo tiempo, al ser integrante de una
Corporación Pública, deberá actuar en aquélla como integrante de una bancada, en pro de
defender un determinado programa político. De tal suerte que, se trata de la categoría en la
cual el ciudadano puede participar con la máxima intensidad posible en el funcionamiento
de los partidos políticos modernos; correlativamente, es aquella donde se exige un mayor
compromiso y lealtad con el ideario que se comprometió a defender.
Cabe resaltar que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha comprendido esta
modalidad y su naturaleza jurídica a partir de los siguientes razonamientos:
[D]esde un punto de vista formal, la mencionada prohibición busca evitar la pertenencia
simultánea del elegido a dos partidos, movimientos políticos o grupo significativo de
ciudadanos, y por ende, a dos bancadas; desde una aproximación material, la interdicción
conlleva a que el representante no ejerza activismo en defensa de los programas, idearios o
ideologías de dos organizaciones políticas al mismo tiempo. Tal prohibición, por lo demás,
tiene como corolario la sanción del “transfuguismo político”, fenómeno que acepta el normal
desarrollo de la actividad del Congreso de la República, o en su caso de las Asambleas
Departamentales, los Concejos Distritales y Municipales y las Juntas Administradoras
Locales. Así pues, no se trata tan solo de un asunto de lealtad para con la organización
política que llevó al candidato a la curul, sino que está de por medio el racional
funcionamiento de una Corporación Pública. (…)
En este orden de ideas, las prohibiciones de la doble militancia, en el sentido de pertenecer
simultáneamente a dos bancadas, y del transfuguismo político parten de entender que no se
trata simplemente de una discrepancia entre el parlamentario y la formación política que
avaló su candidatura en las anteriores elecciones o el grupo parlamentario surgido de
aquélla, sino que su rechazo se apoya en el fraude que se le comete a los electores,
quienes votaron por un determinado programa al cual se comprometió a defender el elegido
mediante su bancada en una determinada Corporación Pública.55
Finalmente, esta Sala56 ha venido estudiando esta modalidad y, recientemente analizó un
caso en el que se discutía precisamente la pertenencia simultánea de un aspirante, que
luego fue elegido, en representación de otra agrupación política.
Al respecto se dijo:
Es por lo anterior, que dicha renuncia fue presentada sin cuestionamiento por parte de la
colectividad, y aunque no se precisó cómo, a través de qué medio o quién la estudió, se
impone afirmar que su propio representante legal la dio por materializada, y de ahí se
derivaron todos los efectos jurídicos que le son propios; entre esos, por supuesto la libertad
para aspirar a un cargo público por cualquier otro colectivo político. En este punto, debe
enrostrarse a la parte actora su falta de aportación de medios de convicción respecto a tener
por falsa la presentación, pues el hecho de que haya sido datada su presunta filiación en el
2019 y no del 2011, eso no reporta para la Sala un aspecto relevante de cara a lo que se
certifica.
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2013. Rad. 25000-23-
31-000-2011-00775-02, MP. Alberto Yepes Barreiro.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 15 de
agosto de 2024. Rad. 85001-23-33-000-2023-00129-01.
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Más allá de esa imprecisión, es más que evidente que la dimisión no se ve derruida por esta
situación y en esos términos, no importa entonces cuándo fue efectivamente materializada su
vinculación con el partido político, sino lo que allí se resalta, es la renuncia presentada por el
demandado a esa organización y que ese acontecimiento tuvo lugar el 10 de marzo de 2023.
A partir de estos razonamientos, la Sala en cada caso debe acudir necesariamente a las
pruebas que aportan los sujetos procesales, y a partir de ello, a través de una valoración
en conjunto de estas y de la aplicación de la sana critica, zanjar el asunto, construyendo
las premisas que le permitan comprender la actuación del demandado y la actividad de las
agrupaciones políticas, para colegir si se está en presencia o no de una múltiple afiliación a
una asociación partidista.
2.7 Participar en consulta interna de partido distinto de aquel por el cual resultó
elegido
La Sala, a partir del estudio que trajo la ley y la Constitución Política sobre el instituto de
«las consultas», ha comprendido que estos son verdaderos escenarios de democracia
interna de las organizaciones políticas para realizar, entre otros asuntos, la selección de
sus propios candidatos, ello de conformidad con los artículos 557 y 7 de la Ley 1475 de
2011.
Respecto a este último precepto, el legislador definió su alcance en los siguientes
términos:
Artículo 7º. OBLIGATORIEDAD DE LOS RESULTADOS. (...) Se entiende que un
precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de
conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las
convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para
inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral,
por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los
partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los
grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no
podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con
excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. La
inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del
candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta. La inscripción, en todo caso, a
solicitud del candidato seleccionado, se hará a nombre de los partidos, movimientos o
coaliciones que realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud de
inscripción58 (...) (Subrayado de la Sala)
De acuerdo con la disposición transcrita, la participación de un precandidato en una
consulta se formaliza con su inscripción en firme, de acuerdo con las reglas internas de los
partidos, lo que le impide postularse en el mismo proceso electoral por otra colectividad,
reiterando lo establecido constitucionalmente.
57
Artículo 5º. Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus
candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular. Las consultas pueden ser internas o populares. Se
denominarán internas cuando en ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro
de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas
internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos. (…).
58
Concordante con «Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir
candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus
candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad (…)» y «Artículo 32. Aceptación o
rechazo de inscripciones (…) La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos
a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido,
movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.»
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Ahora bien, aunque la norma acude al concepto de inhabilidad para referirse a la
naturaleza de esta restricción legal, lo cierto es que se trata de una modalidad de doble
militancia, teniendo en cuenta el contexto en el que la situación viene regulada en el
artículo 107 superior.
Respecto de esta singular modalidad de doble militancia la carta magna la estableció en
dicho precepto y, para tal efecto, fue la Corte Constitucional quien manifestó, lo siguiente:
De esta regla se siguen tres consecuencias evidentes para los candidatos: (i) participar como
candidato en las consultas de un partido o movimiento político implica militar o estar afiliado
al mismo; (ii) participar como candidato en consultas interpartidistas como miembro de un
partido o movimiento político, también implica militar o estar afiliado al mismo; (iii) haber
participado como candidato en las consultas antedichas impide al candidato inscribirse por
otro partido en el mismo proceso electoral. Nótese que la Constitución prohíbe la inscripción,
que es una etapa del proceso electoral que ocurre con anterioridad a la elección59.
Estas normas, interpretadas en forma exegética, tienen una doble finalidad, pues por una
parte, buscan que el candidato que resulte elegido no le dé la espalda al partido o
movimiento político en cuya consulta participó, pero también, obliga a la colectividad a
respetar los resultados del referido certamen, teniendo como su aspirante oficial, a aquel
que haya resultado victorioso, respetando su expectativa legítima.
Sobre esta misma base, la Sala Electoral ha proferido algunos razonamientos para darle
contenido a los presupuestos que fijó tanto el constituyente como el legislador.
En un primer caso, esta Sección60 dijo que conforme al artículo 107 de la Constitución
Política, no se podía declarar la nulidad del señor Freddy Hernando Libreros como alcalde
de Buga, en consideración a que las elecciones del 25 de marzo de 2007 realizadas por el
Partido Liberal Colombiano para escoger a los miembros del directorio municipal, no se
podían entender como «el mismo proceso electoral» respecto del certamen territorial
ocurrido el 28 de octubre de 2007.
La Sección en esa oportunidad manifestó que:
Para mayor claridad debe entenderse que la locución “el mismo proceso electoral” está
dominado por un criterio de unidad y no ambivalente, ya que entre la consulta popular y las
elecciones que le sobrevienen ha de existir una identidad material, regida por un objeto
común como son los cargos de elección popular. Por ello, al haberse convocado a los
integrantes del Partido Liberal Colombiano el 25 de marzo de 2007 para una consulta interna
(así la llama la parte actora), que no tenía por fin escoger el candidato a la alcaldía de
Guadalajara de Buga, no resulta jurídicamente sostenible la imputación que ahora se estudia,
pues queda más que demostrada la inexistencia de la infracción alegada.
Distinto sería, por ejemplo, que el demandado efectivamente hubiera participado en una
consulta popular del Partido Liberal Colombiano para escoger candidato a la alcaldía de
Guadalajara de Buga y hubiera sido vencido en las urnas, pues bajo ese entendido no cabría
la menor duda que no podría haber participado en las elecciones del 28 de octubre de 2007
para elegir al alcalde de esa municipalidad, inscrito por otro partido o movimiento político, no
solo por la existencia de prescripciones legales que así lo prohíben, sino también porque ello
implicaría una conducta desleal con los compromisos éticos que se adquieren frente a un
59
Corte Constitucional. Sentencia C-334 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
60
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. María Nohemí Hernández Pinzón. Sentencia del 4 de
junio de 2009. Rad. 76001233100020080000302.
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conglomerado político cuando se asume intervenir en esas consultas populares. (Subrayado
de la Sala)
En un segundo caso, la corporación61 denegó las pretensiones de una demanda, al afirmar
que si bien el accionado no fue inscrito como candidato único del partido político en cuya
consulta participó, esto fue así, no por su exclusiva voluntad, sino por haber sido la
voluntad política de esa colectividad, que decidió coaligarse con el Partido Liberal
Colombiano, a efectos de procurar la Alcaldía de Soacha; luego, dichas alianzas lejos de
afectar la obligatoriedad de las consultas, lo que logró a través del instituto de las
asociaciones, fue resaltar el apoyo reciproco de quienes se aliaron a dicho cargo
uninominal.
Posteriormente, en otra decisión judicial, la Sección62 denegó las pretensiones de una
demanda, en consideración a que el accionado si bien participó en unos foros adelantados
por el partido Centro Democrático, con los precandidatos de esa colectividad a la alcaldía
de San José de Cúcuta para los comicios de 27 de octubre de 2019, no se demostró que
dichos encuentros, hubiesen sido la primera de las etapas del proceso de selección del
candidato a la alcaldía, de acuerdo con el estudio que se hizo de los estatutos; lo cual,
cobró relevancia en dicho asunto debido a que la agrupación previó cuatro herramientas
democráticas para escoger a su aspirante, sin que se tuviera la «participación del foro»,
como uno de ellos.
Finalmente, la Sala en el 2024 profirió, entre otras, las siguientes dos decisiones en las que
se ha estudiado esta modalidad.
En un primer caso63, la corporación denegó las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral, comoquiera que encontró dudas en relación con la confirmación de la inscripción
formal del accionado al mecanismo de la consulta, adelantado por la agrupación política.
Al respecto, se dijo que:
106. Por lo anterior, concluye la Sala que, del análisis de las pruebas allegadas al plenario,
no se logró demostrar el dicho del recurrente según la cual «la inscripción quedó en firme»,
pues se insiste está en duda la forma en que se llevó a cabo la inscripción del demandado a
la consulta, así como su aceptación y confirmación, por el contrario, Colombia Humana
certificó la no participación de Breiner Paredes Estupiñán, en su consulta y su no militancia
desde abril de 2023.
107. En este punto, no sobra aclarar que las anteriores consideraciones no pretenden
cuestionar o analizar la legalidad del proceso adelantado por Colombia Humana para elegir a
sus precandidatos, pero tampoco puede esta colegiatura abstenerse de revisar la tesis de la
defensa que fue la misma del fallo apelado, según la cual no se demostró la debida
participación de Breiner Paredes Estupiñán, en dicho proceso democrático, por guardar
íntima relación con la causal de nulidad que se le endilga.
61
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Alberto Yepes Barreiro (E). Sentencia del 12 de
septiembre de 2013. Rad. 25000233100020110077502.
62
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 24 de junio
de 2021. Rad. 54001-23-33-000-2019-00329-01 (2019-00327-00, 2019-00328-00, 2019-00330-00 y 2019-00368-00).
63
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia del 4 de julio de
2024. Rad 52001-23-33-000-2023-00427-01.
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Finalmente, en providencia del 18 de abril del 202464, la Sala al resolver sobre una
apelación contra un auto que había denegado la suspensión provisional del acto de
elección de un concejal, aseveró que:
En tales condiciones, (…) no hay certeza de la infracción del artículo 107 de la Constitución
Política con la elección del señor José Antonio Torres Ramos, pues existen dos documentos
que se contradicen entre sí sobre el mismo hecho, es decir, la participación del demandado
en la consulta celebrada por Colombia Humana el 23 de abril de 2023 para escoger
candidato a la Alcaldía de María La Baja, antes de ser inscrito como candidato al concejo del
mismo municipio por el Partido Conservador, por el que fue elegido en la curul que ocupa
actualmente.
Vistos así los elementos que conforman estas específicas modalidades de la doble
militancia, el juez electoral, a partir del material probatorio y los razonamientos
jurisprudenciales que ha vertido la Sala en forma pacífica, podrá aplicar, si es procedente,
las consecuencias jurídicas que previeron, tanto el constituyente, como el legislador frente
a dicha conducta prohibida.
Dicho lo anterior, la Sala resolverá los demás reproches de la apelación así:
3. Caso concreto.
3.1 Punto número uno.
Como bien se recuerda, el reparo de la parte actora se centró en la indebida valoración
probatoria que hizo el tribunal, pues su tesis es que: i) la accionada, se coaligó con el
partido Colombia Renaciente, sin tener autorización expresa del representante legal de la
agrupación conservadora65, lo cual va en contra de la prohibición que se escribió en el
aval66; así como que, ii) la respuesta dada a un derecho de petición emitida por el partido
Conservador67 es «ilegal»; primero, porque no fue firmada esa contestación por el
representante legal de esa colectividad y, segundo, porque la asesora jurídica no es
competente para expedir esta clase de certificaciones que desdigan la prohibición que
contenía el aval y, iii) un acuerdo de coalición no puede modificar un aval, pues lo único
que podía hacerse era aportar al E – 6 y al E – 8 el levantamiento por escrito de la
prohibición.
Para la Sala es procedente negar los argumentos de la apelación, conforme a los
siguientes razonamientos:
En primer lugar, conviene recordar68 que el sistema jurídico colombiano ha adoptado un
método de valoración integral de la prueba, entendido como las directrices con base en las
cuales «el juez debe estimar los diversos medios probatorios, para efectos de formarse la
certeza que requieren los hechos en que se basa la correspondiente decisión judicial», con
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Auto del 18 de abril de
2024. Rad. 13001-23-33-000-2024-00004-01.
65
Dijo que se inscribió en forma directa y que la certificación (de la aceptación de la alianza) fue expedida extemporáneamente al
momento de la inscripción.
66
«El documento de aval otorgado al candidato es únicamente para su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
prohíbe su uso para la adhesión y/o apoyo programático con otros partidos y/o movimientos políticos».
67
Página 35 del recurso de apelación.
68
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de septiembre de 2016, expediente: 2015-00361-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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fundamento en la apreciación de las medios demostrativos, realizada bajo las reglas de la
sana crítica, como lo dispone el artículo 176 del CGP69.
Con base en lo dicho, la Sala encuentra que carece de razón el apelante al afirmar que
«[ni] la juridicci[ó]n ni el juez [ni] la norma [o la] ley autorice modificar dicho aval o darle ni por
asomo un efecto que estaba vedado (…) [ni] puede admitirse prueba alguna en contrario as[í] se
anexe una supuesta autorizaci[ó]n ilegal y falsa por cierto del partido por parte de la asesora
jur[í]dica», por cuanto lo que obra en el plenario, son precisamente medios que permiten
tener convicción a la Sala de que la demandada podía aspirar y ser electa como alcaldesa
aun con la restricción que se impuso en el aval.
Un medio de prueba relevante es precisamente el acuerdo de coalición programático y
político suscrito entre el Partido Conservador y Colombia Renaciente, fechado el 13 de
julio de 2023 y suscrito por los señores: Efraín José Cepeda Sarabia y Jhon Arley Murillo
Benítez, representantes de las dos agrupaciones políticas, sujetos a quienes no se les
desvirtuó dicha calidad dentro del proceso judicial y quienes corresponden a los mismos
que firmaron los avales.
Con esta documental la Sala puede comprender que:
i) El aval emitido el 14 de junio de 2023, por sí solo, no tiene la virtualidad de desautorizar
un acuerdo de coalición, el cual está sometido a las reglas internas de la organización
política. Sobre esta base, al realizar una lectura de la cláusula primera del acuerdo de
coalición, se precisó: «El presente Acuerdo (…) tiene por objeto avalar, inscribir y apoyar a
la candidata CONSUELO AVIL[É]S ALDANA (…)».
ii) Por virtud del principio de autonomía70, las agrupaciones políticas, establecieron que «el
candidato designado queda sujeto y acatará las disposiciones que emitan las directivas de
la organización donde milita y que lo avala», aspecto que no puede ser desatendido por
esta corporación judicial, pues el sentido y utilidad del acuerdo era precisamente aunar
esfuerzos para la consecución del cargo uninominal; luego, decretar la nulidad bajo la
lectura exegética y no integral de este, junto a otros medios de prueba que proponen las
partes, desconocería no solo la obligatoriedad71 que tiene este documento, sino que
desatendería el hecho de que al momento de inscribirse la demandada, esta lo hizo con el
acuerdo de coalición.
Esta precisión es importante, comoquiera que a la luz de lo dispuesto por el artículo 29 de
la Ley 1475 de 2011, se dispuso lo siguiente:
69
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba.
70
ARTICULO 6º—Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin
embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95
de la Constitución Política. En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para su
organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente.
71
Sentencia SU – 213 de 2022. MP. Cristina Pardo Schlesinger, dijo: «la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que las
coaliciones políticas surgen como resultado de «la decisión libremente adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos
para lograr un fin común en el campo de lo político». En similar sentido, la Sección Quinta ha definido los siguientes requisitos para
inscribir candidatos de coalición a cargos uninominales: i) de manera previa a la inscripción, las organizaciones políticas deben acordar
los aspectos referidos en el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011[233] y ii) «[a]l momento de la inscripción, en el formulario
de inscripción E-6, se debe dejar claro las agrupaciones políticas que integran la coalición y la filiación política del candidato».
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Demandante: Hernando Salcedo Tamayo
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Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir
candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el
candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos
que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con
personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al
candidato de la coalición. (Resaltado por la Sala)
iii) El citado pacto, tal como lo suscribieron los representantes legales y la aspirante, «hace
parte integral (…) que contiene los documentos para el otorgamiento del aval de candidato
por parte del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO72», lo que significa en últimas,
que la decisión de esta agrupación no se vio limitada por la leyenda que inicialmente
consideró, sino que por el contrario con este acuerdo73, se inscribía bajo esas condiciones
a la demandada.
iv) Una interpretación con sentido útil del aval y el acuerdo de coalición, permite entrever
que la primera voluntad del partido conservador se vio modificada por los nuevos objetivos
políticos que se dieron en forma posterior entre esta y Colombia Renaciente, lo cual no
está proscrito por el ordenamiento jurídico, como lo quiere hacer ver el apelante.
Conforme a lo anterior, las demás pruebas aportadas y decretadas por el juzgador de
instancia entre las que se destaca la declaración que realizó la señora Orfa Patricia Monroy
García74 como secretaria jurídica del Partido Conservador, los derechos de petición por ella
resueltos75 en su rol como representante judicial76, no permiten, como se dijo, acceder al
reclamo del apelante, pues se insiste, a partir de una valoración en conjunto de estos y los
preceptos legales, constitucionales y jurisprudenciales aplicables a la materia, permiten
decir a esta Sala que no existe irregularidad alguna frente al aval otorgado y la elección
cuestionada.
Finalmente, el hecho de que se controvirtiera la capacidad de la secretaria jurídica del
Partido Conservador para dar respuesta a un derecho de petición 77 afirmándose que era
ilegal por cuanto solo el representante legal la podía expedir y que lo dicho allí no podía
desdecir el contenido de la prohibición del aval, no significa, a esta altura del proceso, que
se le esté dando un alcance que rebase su competencia dentro del partido Conservador,
todo lo contrario, se trata de medios de prueba con los que el juzgador fortalece la tesis de
72
Reiterado en la cláusula décima séptima del acuerdo de coalición.
73
Reiterado en la cláusula décima octava del acuerdo de coalición
74
Audiencia de pruebas minuto 56 al 1:02, allí precisó o siguiente: «si la persona quiere hacer cualquier tipo de aval, realizar cualquier
tipo de aval el candidato, o de pronto no llegan al aval, sino a una adhesión, los mismos solicitan autorización por parte del Partido
Conservador colombiano y por parte de la Presidencia, porque la mesa Directiva del Directorio nacional autoriza el directorio nacional
autoriza la mesa Directiva para que la mesa Directiva por intermedio de la Secretaría Jurídica, haga el estudio de los coavales y de las
adhesiones que se puedan realizar en las diferentes candidaturas.» (…) «para las posteriores adhesiones y acuerdos de coalición, las
personas tenían que hacer una petición al partido y/o otro partido, hacerlo a nosotros para las adhesiones, con el fin de que fuera el
partido el que otorgará la autorización para que realizaran.» «Ese lo diseñé yo, es esa palabra que está ahí, la coloqué yo, Orfa Patricia
Monroy García, como secretaria Jurídica para para que en el caso de que estas personas quisieran negociar el aval, no lo pudieran
hacer. Entonces, cierta persona pedía la autorización en el partido para hacer, actuaban o adhesión de aquí se le otorgaba y se
mandaba directamente con mi firma y con mi chulo para que se diera la legalidad de la adhesión o de la coalición.».
75
Las del 15 de diciembre de 2023 y 10 de noviembre de dicho año, en las que se dijo: «La respuesta aparece en la resolución No. 017
del 17 de mayo de 2023 por medio de la cual el Directorio Nacional Conservador dictó las disposiciones referentes al aval para las
elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, y a las prohibiciones de los candidatos avalados». Y la respuesta dada el 15 de
noviembre de dicho año en la que afirmó: «En efecto, la mencionada resolución dice: “Artículo segundo. Adhesiones o apoyos
programáticos. Para la adhesión o apoyos programáticos a otras candidaturas, deberá el candidato solicitar por escrito la debida
autorización del Directorio Nacional Conservador. Artículo tercero. Nota de pie de página. En la elaboración del correspondiente aval
deberá ir nota pie de página donde se manifieste la prohibición de darle un uso diferente al realizar la inscripción ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil.».
76
Calidad que se vio retratada en los documentos que ella firmó como fueron los derechos de petición, así como su manifestación en la
audiencia de pruebas. Calidad que no fue desvirtuada por los sujetos procesales.
77
Página 35 del recurso de apelación.
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que esa agrupación política tenía claridad de que la forma en que se inscribiría a la
accionada era con el acuerdo de coalición, el cual debe decirse, no desdijo la voluntad
inicialmente conferida por su director, pues fue él mismo quien autorizó esa coalición, al
tener potestad para hacerlo, aspecto este último que el apelante no desvirtuó.
3.2 El punto número dos.
Este argumento fue soportado en forma bifronte78 bajo la convicción de que la accionada,
era militante del Centro Democrático para el 22 de mayo de 2023, día en que asevera,
participó de la consulta interna del Partido Conservador, tal como lo detalló un video que
no fue valorado por el a quo al aducir que no tenía fecha de creación y autor, aspecto que
dice fue desacertado, pues sobre esta documental nunca fue formulada tacha de falsedad
por la demandada.
La Sala para resolver el primero de estos reparos, parte de lo elemental; esto es, conocer
probatoriamente si la señora Consuelo Avilés Aldana era o no militante de la agrupación
Centro Democrático para dicha data.
Al respecto, se tienen los siguientes dos medios demostrativos:
Estas pruebas79, que no fueron desconocidas o tachadas como falsas por la parte actora,
tienen poder de convicción en la Sala y llevan a comprender que, lejos de lo pregonado por
el apelante, la accionada no ostentó ninguna vinculación jurídico-política con el partido
Centro Democrático, para el momento en que se adujo, había participado de la consulta y,
en consecuencia, estaba en libertad para participar de cualquier mecanismo preelectoral
de escogencia de candidatos en cualquier agrupación.
Adicional a ello, la accionada, en la audiencia de pruebas, así como en la oposición que
hizo de las pretensiones de la demanda y de la medida cautelar, afirmó que ella no había
participado de ninguna consulta realizada por el partido Conservador, aspecto que el
demandante no logra derruir más allá de su dicho y del argumento planteado sobre el
video en el que ella aparece recibiendo unos resultados de un presunto evento de esa
naturaleza.
78
De dos frentes o dos caras. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
79
También se encuentra la certificación emitida por el partido Centro Democrático en la que se afirma que la accionada renunció.
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No cabe duda de que el documento en el que se hace ver la renuncia a la militancia de la
demandada se presume auténtico, lo cual, según las voces del artículo 24480 del Código
General del Proceso, le otorgan mérito probatorio para tener por cierta su dimisión.
En línea con lo anterior, la Sala, contrario a lo dicho por el a quo, sí debe analizar el video
aportado por la parte actora, en atención a la normativa vigente, precísese (artículo 272 del
CGP):
El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de
la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha
parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega.
(Negrilla fuera del texto original)
Al respecto, no se observó en el plenario que se hubiese propuesto este medio procesal
para entender por desconocida la pieza de video que utilizó el demandante para sacar
avante sus aseveraciones; por ello y tal como se ha dicho en varias oportunidades81 por
parte de esta corporación judicial:
[L]a norma procesal es clara al señalar que, cuando se pretenda atacar la autenticidad de las
reproducciones de voz e imagen de la parte contra la cual se aducen, lo procedente es la
tacha de falsedad, instrumento que está previsto en los artículos 269 y siguientes del Código
General del Proceso. Sin embargo, tal y como lo precisó la parte recurrente, en este asunto el
demandado no tachó de falsos los videos aportados con la demanda.
Dicho lo anterior, debe decirse que el video aportado con el libelo introductorio da cuenta
de lo siguiente:
Las alocuciones del señor que aparece en este video dan cuenta de los presuntos
resultados de una encuesta efectuada por el Partido Conservador que se realizó en el
municipio de Suárez (Tolima), el jueves 18 de mayo sin que se diga el año, pero que se
entiende fueron del 2023 por la hoja que acompaña la presentación de sus protagonistas.
Allí, la accionada obtuvo, según cuentan, el 22% de favorabilidad, sin precisar la muestra
representativa o la cantidad de personas que participaron de esta. Este sujeto, llamado
80
Artículo 244. Documento Auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado,
manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los
privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el
caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus
contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. (…). La parte que aporte al
proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo
alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en
todos los procesos y en todas las jurisdicciones.
81
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Auto del 9 de mayo de
2024. Radicación: 68001-23-33-000-2023-00820-01 (Principal) 68001-23-33-000-2023-00824-00 68001-23-33-000-2023-00878-00
68001-23-33-000-2024-00040-00 (Acumulados).
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Andrés, manifiesta su apoyo y el de su círculo más cercano a la señora Consuelo a la
alcaldía de dicha entidad territorial, aludiendo al Partido Conservador que dice, le
acompañará y le dará el aval.
Por su parte, la dama responde gustosa a dicho respaldo, recibiendo una serie de
documentos sin que se observe a ciencia cierta el contenido de tales escritos, pues solo
aparece una imagen en color blanco y con fondo naranja difuminada que dice:
«ENCUESTA DE OPINIÓN DE SU[Á]REZ MAYO 2023. Finalmente, ella dice que hoy, 20
de mayo, toma los resultados para alcanzar en las urnas el cargo uninominal con el lema
de «trabajar por los suarences».
En conclusión, y de acuerdo con los medios de prueba que soportan este argumento de la
apelación, la Sala no observa que la señora Avilés Aldana hubiese sido militante del Centro
Democrático para el 22 de mayo de 2023, día en que asevera, participó presuntamente de
la consulta interna del partido Conservador. Además, no es procedente declarar la nulidad
de la elección por cuanto lo que genera el vicio, es la inscripción por otra colectividad
cuando en efecto se ha participado de una consulta interna previamente; luego, la
pertenencia simultanea que se endilga al momento de la realización de una presunta
consulta no es causal de anulación del acto.
Ahora bien, como se dijo, este reparo de la apelación tuvo un segundo acápite el cual se
soportó en que de no accederse a la réplica principal: i) tal consulta no había tenido la
autorización de las directivas, ii) no fue democrática pues se hizo sin la participación de
otros miembros de esta agrupación y, iii) no se sabe si la empresa que la realizó está
inscrita ante el CNE.
Para la Sala, es dable resolver este asunto pues fue propuesto por el recurrente; sin
embargo, esta censura tampoco tiene vocación de prosperidad, comoquiera que no se
tienen otros elementos demostrativos que lleven a pensar que esa actividad, en efecto
cumplió con todos los requisitos que prevé la normativa82 nacional para desarrollar una
encuesta, tampoco se sabe si se trató más de una estrategia publicitaria o proselitista y no
como se aduce allí, una encuesta o consulta con todo el rigor que conlleva.
De igual modo, se desconoce por completo si se debía aceptar la participación plural de
otros miembros del Partido Conservador en dicho mecanismo, pues ni siquiera fueron
aportados al expediente los estatutos de dicha agrupación política, solo se hizo referencia
a varios artículos83 presuntamente violados, pero la Sala sin conocer a completitud la
norma interna no puede darle los alcances que el peticionario aquí mencionó.
Por tanto, no se accederá al reparo de apelación presentado.
3.3 La tercera réplica.
Se sustenta en insistir en la doble militancia por pertenencia simultánea, pues al estar
prohibido coaligarse, tal como lo rezó el aval y, habiendo hecho la alianza con el partido
Colombia Renaciente, por ese solo hecho está incursa en conducta proscrita. Así mismo,
82
Entre otras precísese: Ley 130 de 1994, Resoluciones 23 de 1996 y 50 de 1997 emitidas por el CNE.
83
Dijo que se violaron los artículos 106, 108, 109, 114, 116 y 124 de los estatutos del partido Conservador.
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reitera que apoyó y recibió respaldos indebidos de las listas de concejales de esa
agrupación.
De igual modo, dijo que esta modalidad está demostraba, en consideración a que en los
documentos que soportan el formulario E – 6 AL de su inscripción, no está la renuncia al
Centro Democrático, agrupación que, según cuenta, le permitió participar de la consulta
con el partido Conservador.
La Sala denegará esta petición esbozada en el recurso de apelación a partir de los
siguientes razonamientos:
a)- En primer lugar, se tiene que la suscripción de un acuerdo de coalición no genera, per
se, la anulación del acto censurado por la incursión en doble militancia. Esto por cuanto ni
la ley ni la jurisprudencia le han dado esos alcances, tal como lo propone el recurrente.
Al respecto, como se dijo en la parte considerativa de esta decisión, las modalidades de la
conducta prohibida han sido desarrolladas de manera pacífica por la jurisprudencia de esta
Sala Electoral; entonces, la propuesta de la parte actora no tiene cabida en el
entendimiento que se le ha dado a esta restricción frente a la actuación de los candidatos.
b)- Si bien el apelante arremetió su dicho contra la accionada por haber recibido apoyos de
aspirantes de Colombia Renaciente, esa sola conducta no constituye reparo alguno, pues
de acuerdo con la hermenéutica de esta Sección, lo que se proscribe es el otorgamiento de
respaldo, no de recibirlo84.
Con todo, aunque no fueron claros los motivos de disenso de la parte actora, también se
puede colegir que cuestionó el hecho de que la elegida hubiera otorgado respaldos a otros
aspirantes que, según su dicho, abanderaban otras causas políticas, por ejemplo, el hecho
de que se aliara con el Centro Democrático, sin embargo, eso no quedó demostrado.
Sobre este punto, se aportó un video que a continuación se valorará:
En este filme se puede apreciar que hay música de fondo, se trata de una reunión con
varias personas que acompañan la mesa principal, hay una edición de video con las
expresiones «Pipe FERRO, Suárez TOLIMA y el slogan de un partido político» y su
protagonista, señor vestido de jeans y camisa manga larga arremangada color azul, saluda
84
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 20 de
agosto de 2020. Rad. 11001-03-28-000-2019-00088-00. «Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de
doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no
recibir apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular».
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a los ciudadanos que acompañan. El discurso no deja de ser un llamado a que se piense
en dicho territorio y en los restantes municipios por parte de los diputados.
Este medio documental, según cuenta la parte actora, debía analizarse en conjunto con
otros medios de convicción como lo fueron algunos links, enlaces web, o capturas de
pantalla85, empero de su estudio no se demuestra que ese comportamiento se haya
estructurado:
Tales publicaciones y video, según lo dictaminó el tribunal de instancia y lo confirma esta
Sala, ocurrieron en el mes de enero del año 2023, data en la que, según el calendario
dispuesto para la elección de autoridades locales (Resolución 28229 del 14 de octubre de
2022), no comprendía aun la etapa de inscripción de candidatos; luego, al tenor de lo dicho
en la parte considerativa de esta decisión, el elemento temporal al no estar acreditado
impide a la Sala analizar si el favorecimiento ocurrió o no.
Con todo, y para tratar de comprender los reparos del recurrente, debe decirse que no
quedaron acreditados los respaldos presuntamente otorgados a causas políticas distintas y
tampoco se demostró el elemento modal de la conducta prohibida; esto es, si el partido
Conservador, que avaló a la demandada, inscribió aspirantes a la duma departamental,
pues ese era otro de los ingredientes que debían ser probados por la parte actora.
Por tanto, no se accederá a los argumentos del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
85
Publicación de la emisora ECOS DEL COMBEIMA.
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II. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
del 12 de septiembre de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidenta
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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