Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00072-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00072-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00072-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de octubre de 2024
Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00072-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00072-00
Demandante: GLORIA LUCERO HERRERA CONTRERAS
Demandado: JORGE EMILIO REY ÁNGEL – GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – PERIODO 2024-
2027
Tema: Valor jurídico del preconteo de votos. Causal de nulidad
electoral por sabotaje.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda de la referencia, instaurada contra la
elección del señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador de Cundinamarca,
período 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora Gloria Lucero Herrera Contreras, por intermedio de apoderada judicial,
instauró demanda1 en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto de elección del señor
Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador de Cundinamarca, periodo 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 GOB de 10 de noviembre de 2023, expedido por
la comisión escrutadora departamental.
1
La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de enero de
2024. Además, fue corregida a órdenes del auto de 20 de febrero de 2024, por falencias en la
identificación de la parte demandada, el acto acusado y copia, el canal digital del demandado y
el objeto del poder.
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Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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2. Hechos
La parte actora narra que el 29 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones
para alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y juntas administradoras
locales en los municipios y departamentos del país.
Relata que desde las 4:00 p. m. de ese día, la Registraduría Nacional del Estado
Civil publicó cada 5 minutos en sus plataformas institucionales un boletín con la
suma de los votos que iba obteniendo cada candidato a la Gobernación de
Cundinamarca, indicando la hora y el minuto de corte, con base en los datos de
los formularios E-14 que se transmitían desde los puestos de votación.
Señala que, a su turno, los medios de comunicación divulgaron los boletines,
tomando como fuente la información oficial de la Registraduría. Particularmente,
indica que el portal digital periodístico La Silla Vacía reportó el 30 de noviembre
de 2023 que, de acuerdo con dicha entidad, los datos del preconteo son
meramente informativos y los avances y boletines son diferentes.
3. Normas violadas y concepto de la violación
La demandante invoca como normas violadas por el acto de elección acusado
los artículos 13, 29 y 40, numeral 1 de la Constitución Política y el artículo 275,
numerales 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, refiere «Del Código
Electoral: El debido proceso, la verdad electoral, la neutralidad tecnológica y los
principios de imparcialidad, transparencia, Indemnidad de los datos sensibles,
Integridad electoral y publicidad».
Además, cita a título de fundamentos de derecho de las pretensiones, los
artículos 2º, 3º y 40 (numerales 2, 3, 4, 7), 107, 237 y 258 de la Constitución
Política, que califica como normas que acentúan la participación activa de los
ciudadanos y suponen una mayor exigencia a la actividad de las autoridades.
Considera que es un deber estatal preservar la democracia en las votaciones y
prevenir cualquier daño o deterioro en sus componentes, que pueda ser causado
por prácticas subrepticias y maniobras de sabotaje con capacidad de alterar u
obstruir el proceso electoral.
Alega que en las elecciones de 29 de octubre de 2023 ocurrieron «de manera
sistemática» irregularidades que comprometieron la verdad electoral, que
enuncia en los siguientes términos:
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i) el diseño de dos estructuras de datos paralelas distintas para contener la
información electoral,
ii) la manipulación de varios aplicativos y softwares que generaron, procesaron o
trataron la información y los datos electorales,
iii) la manipulación intencional de las estructuras de almacenamiento digital de
datos y los documentos electorales correspondientes a los E-14 de DELEGADOS
y CLAVEROS de las mesas escrutadas, los resultados del conteo de los E14 y
presunta suma de votos en el preconteo y escrutinios.
iv) Es decir, que bajo la responsabilidad de la Registraduría, se volvió NULA la
validez de las actas E-14 de DELEGADOS y las actas E-14 de TRASMISIÓN y
los datos resultantes de ellas, porque las violaciones del debido proceso como el
borrado de la metadata (sic) y los vicios descritos en los hechos las despojaron
de toda certeza; quedando únicamente las actas E-14 de CLAVEROS, cuyas
imágenes en algunos casos también presentan hallazgos de manipulación
informática, y sin ninguna otra fuente válida con la cual validarlas diferente a
aquella que resulte de un reconteo (sic) manual de votos.
En relación con lo descrito, concreta las causales de nulidad invocadas en que
«[e]n el presente caso EL SABOTAJE Y FALSEDAD, nacen cuando se rompe la
cadena de custodia de la información y desaparece la certeza de los datos
electorales que cuentan los E14 y presuntamente suman los votos en la etapa
legal de preconteo».
Sustenta lo anterior en que, desde el inicio de los escrutinios, hasta la
presentación de la demanda, hizo seguimiento a la página web y la aplicación
móvil institucional y detectó resultados contradictorios en «DOS VERSIONES
DISTINTAS DE LOS DATOS QUE CUENTAN LOS E14 Y PRESUNTAMENTE
SUMAN LOS VOTOS EN EL PRECONTEO: una que se accede desde un visor
llamado AVANCES y otra desde un visor llamado BOLETINES».
Explica que la semana siguiente a la elección, varios ciudadanos hicieron un
análisis estadístico de los votos informados en los boletines, de donde advirtieron
un patrón inusual del promedio por mesa para cada candidato. En tal sentido,
expone que, al calcular el porcentaje en que los votos nuevos crecieron para cada
candidato boletín a boletín, «en un conteo orgánico, no siempre el que va
ganando debería tener más alto el porcentaje de crecimiento en votos nuevos, ni
el que va perdiendo tener el menor porcentaje», de tal manera que este dato
debió variar al compararse entre candidatos.
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Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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De otro lado, asegura que el 25 de noviembre de 2023 se borró de la página web
de la Registraduría, presuntamente de manera intencional, la «metadata»2 de los
archivos PDF con las imágenes de los formularios E-14 de las mesas de todo el
país, lo que afectó su trazabilidad y transparencia.
Adicional a lo anterior, resalta que el 10 de enero de 2024 varios ciudadanos que
venían haciendo seguimiento a los resultados notaron que fue suspendido el
acceso a las páginas y portales institucionales que contenían los datos del
preconteo, lo cual podría constituir un ocultamiento de material probatorio.
Con base en estas acusaciones, subraya que durante los comicios referidos se
comprometió la trazabilidad, integridad y cadena de custodia de la votación que
se consolida a partir de los formularios E-14, con el fin de informar
progresivamente los resultados parciales en los boletines y avances.
Argumenta que, si bien la Registraduría Nacional del Estado Civil alega que los
boletines del preconteo son meramente informativos y no son jurídicamente
vinculantes, también son documentos generados por una entidad pública en una
etapa legal del proceso electoral y que permiten la auditoría y el monitoreo por
parte de los ciudadanos, de modo que deben respetar el debido proceso y los
principios de publicidad y transparencia.
En línea con lo anterior, cuestiona que no existan causales de reclamación por
indicios de sabotaje o datos incorrectos en los boletines del preconteo, para
impedir que el escrutinio se convierta en una forma de legitimar falsedades y
conductas fraudulentas en esa etapa.
4. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar
Mediante auto de 16 de mayo de 2024, la Sala admitió la demanda y negó las
medidas cautelares solicitadas por la parte actora. Frente a lo segundo, no
accedió a la suspensión provisional del acto de elección del gobernador de
Cundinamarca, por considerar necesario profundizar en el análisis del
procedimiento que se lleva a cabo para el preconteo de votos y tener mayores
elementos probatorios sobre los hechos informados. En cuanto a la medida de
custodia de documentos y sistemas informáticos, se advirtió que las
irregularidades indicadas por la demandante habrían ocurrido en un certamen
electoral que se agotó en todas sus etapas, lo que la hacía improcedente.
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Definió la metadata como «el conjunto de datos que describen el contenido, autor, rastro de
creación, cambio y carga del archivo».
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Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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5. Contestaciones de la demanda
En el término del traslado de la demanda, se recibieron las siguientes
intervenciones:
5.1. Gobernador de Cundinamarca
El apoderado del señor Jorge Emilio Rey Ángel centró la defensa de su elección
en tres aspectos. En primer lugar, propuso la excepción previa de inepta
demanda, por considerar que la parte actora incurrió en diversas imprecisiones y
omitió algunas formalidades previstas en los artículos 139 y 162 del CPACA y
carecía de técnica jurídica, aún en el marco de un medio de control de carácter
público.
En segundo lugar, a lo largo de la contestación fue insistente en que los boletines
no son documentos electorales, sino un medio de divulgación rápida de los
resultados del preconteo el mismo día de la elección, que no es vinculante, según
lo han definido la Registraduría Nacional del Estado Civil3, el Consejo Nacional
Electoral4 y la Sección Quinta del Consejo de Estado5.
A su turno, explicó que el estudio de legalidad de los actos de elección se hace
sobre los formularios que se utilizan en el proceso electoral y que, por lo mismo,
las expectativas que generen los datos contenidos en los boletines no pueden
determinar los resultados definitivos que declaran las autoridades competentes6.
En tercer lugar, alegó que en este caso el cargo de sabotaje a los sistemas de
votación no tiene origen en la intromisión de un tercero ajeno a las autoridades
electorales ni acredita la incidencia en la elección, contrario a lo que exige la
jurisprudencia especializada en la materia7.
Sobre el mismo punto, agregó que la implementación de varios aplicativos para
difundir el preconteo no significaba que la información no fuera confiable, veraz
o integral. También destacó que la RNEC realizó simulacros para permitir la
3
Citó el Memorando GI0954 de 23 de octubre de 2023, pero no fue aportado con la contestación
de la demanda.
4
Mencionó y allegó la Resolución 1706 de 2019.
5
Hizo referencia a las sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 11001-03-28-000-2010-00009-
01, MP. Mauricio Torres Cuervo y 2 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2014-00107-00,
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
6
Sustentó este argumento en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
el 3 de junio de 2021, Rad. 68001-23-33-000-2019-00896-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
7
Invocó el auto de la Sección Quinta, de 12 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2024-
00064-00.
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Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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auditoría del software de escrutinios, que es el mismo utilizado para todas las
elecciones.
Sostuvo que el acceso a la página web y las aplicaciones estuvo garantizado en
todo momento y que cualquier falla habría sido momentánea. Además, aseguró
que el contenido de los archivos no varía cuando se borra la metadata, de
acuerdo con el informe técnico que anexó.
Finalmente, concluyó que las censuras contra el acto acusado no contaban con
suficiente respaldo probatorio ni jurídico.
5.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderada judicial, la entidad solicitó desestimar las pretensiones de
la demanda, por estar sustentada en la información contenida en los boletines y
avances que se emiten en la etapa de transmisión y son difundidos por los medios
de comunicación.
Precisó que los boletines no son documentos electorales ni son demandables,
pues no hacen parte del procedimiento de escrutinios y, en consecuencia, es
lógico que contra ellos no existan causales de reclamación. Así mismo, adujo que
las falsedades que plantea la demandante carecen de respaldo técnico y de una
metodología clara.
Por otra parte, formuló la excepción de inepta demanda, porque no suministró la
zona, el puesto ni la mesa donde habría ocurrido el sabotaje que la parte actora
atribuye al acto acusado, conforme al presupuesto establecido en el artículo 139
del CPACA.
5.3. Consejo Nacional Electoral
Este organismo, por medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones
de la demanda, ante la falta de sustentación probatoria y técnica del cargo de
sabotaje8.
En tal sentido, con apoyo en las normas que regulan el procedimiento de
escrutinios en el Código Electoral, indicó que el formulario E-14 de transmisión
no tiene el valor jurídico para legitimar los resultados electorales o influir en ellos.
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Sobre esta causal de nulidad, transcribió extensamente la sentencia proferida dentro del proceso
Rad. 11001-03-28-000-2018-00081-00.
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Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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Adicionalmente, observó que la demanda contiene afirmaciones genéricas, no
determina la zona, el puesto, la mesa ni los elementos necesarios para analizar
las irregularidades y, en esa medida, traslada la carga probatoria al juez.
6. Auto para dictar sentencia anticipada
Mediante auto de 23 de julio de 2024, el despacho del magistrado ponente
resolvió dar aplicación a esta figura, de conformidad con la causal del literal b),
numeral 1 del artículo 182A del CPACA. En la misma providencia se declaró no
probada la excepción de inepta demanda formulada en las contestaciones. Se
dispuso, además, tener como pruebas las aportadas al expediente y se
solicitaron algunas documentales a la Registraduría Nacional del Estado Civil9.
En cuanto a la fijación del litigio, se contrajo a determinar si debe anularse el acto
de elección del señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador de
Cundinamarca, período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 GOB de 10
de noviembre de 2023, expedido por la comisión escrutadora departamental, por
la causal del numeral 2 del artículo 275 del CPACA.
Con tal propósito, se dirigió el debate a «establecer si durante el preconteo de
votos de la jornada electoral de 29 de octubre de 2023, en lo que tiene que ver
con la elección del gobernador de Cundinamarca, hubo sabotaje a los sistemas
de transmisión de resultados, que se reflejó en la información de los boletines y
los avances publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para esa
elección en particular. Así mismo, se estudiará si un eventual sabotaje en el
preconteo podría incidir en el procedimiento de escrutinios y el acto que declara
la elección».
Finalmente, se aclaró que el problema jurídico no se extendería a la causal de
nulidad del numeral 3 del artículo 275 del CPACA, toda vez que no se formuló
como un cargo autónomo, con indicación precisa de los registros afectados, sino
como una consecuencia del sabotaje a los sistemas de transmisión utilizados en
el preconteo.
7. Alegatos de conclusión
7.1. La apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró en esta
etapa su oposición a las pretensiones de la demanda, pues están sustentadas
9
Se trata del «memorando GI-0954 del 23 de octubre de 2023 y/o del documento oficial que se
haya utilizado para las elecciones del 29 de octubre de 2023 y que contenga los lineamientos
para realizar el preconteo de votos».
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Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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en supuestas irregularidades durante el preconteo, pese a que los votos que
determinan la elección son los computados durante los escrutinios. Al respecto,
explicó que «los boletines y avances están sujetos a verificaciones ya que la
información reportada corresponde a la transmisión realizada desde el pre-
conteo o escrutinio de mesa, condición que puede cambiar con ocasión a las
reclamaciones que deben ser resueltas durante los escrutinios realizados por las
comisiones escrutadoras».
En cuanto al sabotaje, señaló que «dentro de la argumentación fáctica y
probatoria no se evidenció el daño, deterioro, obstrucción u oposición de manera
engañosa sobre los elementos que rodena (sic) el proceso electoral».
7.2. El apoderado del demandado se ratificó en la solicitud de negar la nulidad
del acto de elección acusado, con la convicción de que para su expedición no
hubo sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o
consolidación de los resultados, conforme a la causal del numeral 2 del artículo
275 del CPACA.
Con apoyo en el informe técnico allegado en la contestación, aseguró que «no
hay sabotaje si no se ingresa de forma subrepticia al sistema» y que el supuesto
hallazgo de patrón estadístico inusual del promedio de votos por mesa, alegado
por la parte actora, no está basado en fundamentos estadísticos válidos.
Destacó que las censuras solo se dirigen a atacar los boletines y datos de
preconteo, los cuales no son enjuiciables, pues no son los documentos
electorales que soportan la declaratoria de elección, ni tienen efectos vinculantes
y, en todo caso, con la demanda no se acredita en qué forma habrían afectado
la declaratoria de la elección10.
Adujo que, de acuerdo con la certificación de normas internacionales de calidad
que obtuvo la Registraduría Nacional del Estado Civil en 2019, la entidad
demostró organización, gestión y seguridad en los protocolos de archivo. En la
misma línea, agregó que las elecciones del 29 de octubre de 2023 atravesaron
por un proceso de auditoría externa a nivel nacional que arrojó «cero no
conformidades» e incluyó simulacros y verificaciones del software fuente, tanto
para el preconteo, como para los escrutinios.
10
Sobre el punto, citó la sentencia del 2 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2014-00107-
00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio y la sentencia del 3 de marzo de 2011, sin datos
adicionales.
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Por otra parte, planteó de nuevo reparos contra la aptitud de la demanda, por
inconsistencias en la individualización del acto acusado y falta de coherencia
entre los hechos y el concepto de la violación.
Finalmente, con base en los alegatos anteriores, insistió en las excepciones
denominadas «insuficiencia del acervo para dar por probada la violación» y
«genérica del artículo 282 del CGP».
8. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta corporación emitió concepto en
contra de la nulidad del acto de elección del demandado como gobernador de
Cundinamarca, ante la falta de prueba del sabotaje a los sistemas utilizados en
las elecciones y de la incidencia de alguna otra irregularidad.
En respaldo de la postura defendida, indicó que la demanda está basada en
presuntas diferencias entre los aplicativos utilizados por la RNEC para informar
los datos del preconteo, el cual «es meramente informativo y no corresponde al
soporte real de la elección». Igualmente, resaltó que no se probó que el software
de escrutinios haya sido objeto de sabotaje por parte de terceros, «más allá de
la mera consideración subjetiva de la accionante».
Precisó que las censuras resultan de un análisis individual realizado por la propia
parte actora en una etapa preliminar, pero no en el escrutinio propiamente dicho.
Al respecto, señaló que tampoco se identificaron las mesas afectadas por las
irregularidades ni se probó que los documentos defeinitivos en los que se soporta
la elección hubiesen sido objeto de ataques o maniobras para alterar su
autenticidad.
Por último, hizo énfasis en «la necesidad de acervos probatorios férreos,
contundentes y verificados, cuando se pretenda la limitación del derecho
fundamental a ser elegido».
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta sección es competente para decidir en única instancia el presente asunto,
de conformidad con los artículos 149, numeral 3 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 13 del Acuerdo 080 de 12 de
marzo de 2019 – Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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2. Problema jurídico
En el caso concreto, corresponde a la Sala decidir si debe anularse el acto de
elección del señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador de Cundinamarca
para el periodo 2024-2027, por cuenta de la causal de nulidad prevista en el
numeral 2 del artículo 275 del CPACA.
Para el efecto, de acuerdo con la fijación del litigio, es necesario «establecer si
durante el preconteo de votos de la jornada electoral de 29 de octubre de 2023,
en lo que tiene que ver con la elección del gobernador de Cundinamarca, hubo
sabotaje a los sistemas de transmisión de resultados, que se reflejó en la
información de los boletines y los avances publicados por la Registraduría
Nacional del Estado Civil para esa elección en particular. Así mismo, se estudiará
si un eventual sabotaje en el preconteo podría incidir en el procedimiento de
escrutinios y el acto que declara la elección».
Con tal propósito, previo a responder las censuras y los argumentos de defensa,
se expondrá el marco teórico de la causal de nulidad electoral por sabotaje a los
sistemas empleados para las votaciones y los escrutinios, y se abordará lo
relativo a la finalidad y alcance del preconteo de votos.
3. Nulidad electoral por sabotaje contra los sistemas empleados para las
votaciones y los escrutinios
Las causales de nulidad de los actos de elección popular son situaciones que
«atentan contra la eficiencia de las funciones públicas, el equilibrio o la igualdad
en la contienda electoral y la voluntad popular expresada en las urnas»11. La ley12
establece el catálogo de hipótesis que tienen como consecuencia la nulidad de
los actos mediante los cuales se declara una elección. Según ataquen las
calidades del elegido o el proceso de formación del acto, se clasifican en causales
subjetivas y objetivas, respectivamente, sin perjuicio de la aplicación de las
generales de los actos administrativos13.
Particularmente, las causales objetivas de nulidad electoral son irregularidades
que acontecen en el desarrollo del procedimiento administrativo electoral,
entendido como el «conjunto de actuaciones que adelantan las autoridades
electorales para producir un acto de elección popular»14.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de septiembre de 2021, Rad. 25000-23-
41-000-2019-01101-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
12
CPACA, artículos 275.
13
CPACA, artículo 137.
14
Id.
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Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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Dentro de esas situaciones, el artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone en el numeral 2 que
los actos de elección son nulos cuando «[s]e hayan destruido los documentos,
elementos o material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo
de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones».
Dado el componente técnico del sabotaje, esta sección ha profundizado en
algunos conceptos asociados. Así, se advirtió que un sistema de información es
«un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e
información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir
una necesidad u objetivo», que «interactúan para procesar los datos (incluidos
los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada,
que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada
organización, en función de sus objetivos»15.
Al lado de lo anterior, se ha resaltado que los diferentes tipos de software (de
sistema, de desarrollo y de aplicación) pueden ser objeto de intromisiones, usos
no autorizados y comportamientos irregulares con diferentes manifestaciones,
como espionaje, sabotaje, manipulación y hurto de tiempo. Especialmente, el
sabotaje y la manipulación informática exhiben deterioro, destrucción de datos o
equipos, o alteración de la información para influir en su procesamiento.
Por otra parte, se ha considerado necesario distinguir los ataques de la
naturaleza descrita, con la causal de nulidad electoral que proviene de la
violencia, pues en ambos escenarios se vulnera la integridad y orden natural de
las elecciones. La diferencia entre estos dos vicios radica en que la violencia
media el hecho de un tercero que irrumpe a través de la fuerza física o psicológica
sobre las personas o cosas que hacen parte del procedimiento de votaciones y
escrutinios, mientras que al sabotaje es indiferente el ingrediente coercitivo16.
Con estas bases conceptuales, la jurisprudencia ha definido el sabotaje, en el
contexto de los certámenes democráticos, como «el daño, deterioro, obstrucción
u oposición que, de manera sutil, engañosa o disimulada se hace sobre las cosas
con el objetivo de materializarse en alteraciones del proceso electoral, que no
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de febrero de 2018, Rad. 11001-03-28-
000-2014-00117-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2018-00081-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00072-00
involucran el uso de la fuerza sino que obedecen a maniobras subrepticias que
buscan destruir u obstruir el proceso eleccionario»17.
Atendiendo a la descripción anterior, esta irregularidad afecta directamente la
seguridad de los programas y las herramientas informáticas que apoyan la
organización de las diversas actividades de las votaciones y los escrutinios. Por
lo mismo, en estos casos el rigor y la especialidad de la prueba son factores
determinantes para comprender la forma de ataque, los elementos afectados y
las consecuencias sobre los resultados electorales que constituyen, en últimas,
el objeto de protección de este medio de control judicial.
En tales condiciones, la causal especial de nulidad electoral por sabotaje admite
la comprobación de conductas de diferente alcance y tipo que puedan llegar a
vulnerar los sistemas utilizados para la votación, información, transmisión o
consolidación de los resultados, como lo advierte expresamente el numeral 2 del
artículo 275 del CPACA.
4. Utilidad y valor jurídico del preconteo de votos
Las elecciones populares se desarrollan en el marco de etapas debidamente
regladas por la ley, debido a la importancia que reviste el voto ciudadano para el
principio democrático y la legitimidad del ingreso a la función pública. Este
procedimiento inicia con la etapa preelectoral, en la que tienen lugar las
actividades de preparación, como la depuración del censo electoral, la definición
de los puestos de votación, la inscripción de candidatos, etc.; a continuación, la
etapa electoral corresponde a la jornada de las votaciones y, por último, en la
etapa poselectoral se realizan los escrutinios y se declaran los resultados que
definen a los elegidos.
Con relación a los resultados, el artículo 1º del Código Electoral advierte que
deben ser «el reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada
en las urnas». Para cumplir este cometido, se instituyó el procedimiento de
escrutinios, que comprende «las actuaciones que adelantan las autoridades
competentes para contar los votos, consolidar los resultados, resolver los medios
de contradicción previstos en la ley y proferir los actos que declaran las
elecciones»18.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2018-00106-00 (Acum.), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00290-00 (Acum.), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Radicado: 11001-03-28-000-2024-00072-00
Este procedimiento se surte en los diferentes niveles que establece la ley19, de
forma escalonada y preclusiva, comenzando por los que desarrollan los jurados
en las mesas de votación y sucesivamente en las comisiones escrutadoras que
se requieran, según el tipo de elección20. Los resultados de la votación, en las
diferentes fases del escrutinio, deben quedar registrados en los formularios
oficiales que suministra la autoridad competente21, los cuales son comunicados
en la misma audiencia en la que se consolidan22.
Sin perjuicio de lo anterior, el Código Electoral también ha previsto la
comunicación provisional de los resultados, en los siguientes términos:
ARTICULO 155. Los claveros municipales, o por lo menos dos de ellos,
comunicarán desde el mismo día de las elecciones, por el medio más rápido,
los resultados que obtengan los candidatos presidenciales o las listas de
candidatos a las corporaciones públicas, tanto a la Registraduría Nacional del
Estado Civil como a los respectivos Delegados del Registrador Nacional.
En la misma forma comunicarán los resultados de las elecciones, mediante
telegrama circular al Registrador Nacional del Estado Civil, al Ministro de
Gobierno, Gobernador, Intendente o Comisario respectivo y a los
correspondientes Delegados del Registrador Nacional.
Los resultados de las votaciones de las distintas zonas de las ciudades
zonificadas, de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales los
comunicarán los Registradores Auxiliares o los delegados municipales al
respectivo Registrador del Estado Civil a la mayor brevedad posible y de
conformidad con las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
ARTICULO 156. Las oficinas telefónicas, telegráficas y postales funcionarán en
forma permanente el día de las elecciones y transmitirán con prelación y
franquicia los resultados de las votaciones a los funcionarios de que trata el
artículo anterior.
Los empleados de comunicaciones así como los claveros y delegados
municipales que, sin causa justificada, retarden u omitan la transmisión de los
resultados de las elecciones, serán sancionados con la pérdida del cargo
(destacado adicional).
19
Código Electoral, artículos 134 y siguientes.
20
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 2 de
agosto de 1967, Rad. 544 (Acum). Sección Quinta, sentencia de 6 de mayo de 2010, Rad. 0500-
23-31-000-2007-03351-01, MP. Mauricio Torres Cuervo. Sección Quinta, sentencia de 19 de julio
de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00117-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
21
Ver: Código Electoral, artículos 142, 169, 170, 172 y 184. En concordancia, Código Electoral,
artículo 203. Decreto 1010 de 2000, artículo 36, numeral 4.
22
Ver: Ley 1475 de 2011, artículo 41. Además, Resolución 1706 de 2019 del CNE, artículo cuarto.
En concordancia, Código Electoral, artículos 160, 172, 182 y 191.
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En estas disposiciones, que responden a las tecnologías de la época en que fue
expedido el mencionado código, puede advertirse el propósito de mantener
informada a la ciudadanía y evitar que se autoproclamen ganadores, mientras se
adelantan y finalizan los escrutinios oficiales en las etapas procedentes, según
se trate de elecciones de circunscripciones municipales, departamentales,
nacionales o especiales.
En concordancia, el inciso final del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011 dispone:
ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN. (...) Al concluir el
escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las personas
autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán las
correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas
inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas actas será
entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras
fotográficas o de video.
Esta norma refuerza el deber legal de publicidad de los resultados que establece
la legislación en la materia, al punto de adicionar un tercer ejemplar del formulario
E-14 a los dos contemplados en el artículo 142 del Código Electoral. De esta
forma, de dicha acta se levantan tres cuerpos, titulados «claveros», «delegados»
y «transmisión», este último, con la destinación explicada por esta sección de la
siguiente manera:
[L]a principal finalidad del ejemplar de transmisión es reportar los resultados de
un primer conteo que realizan los jurados de votación, preliminar y no
vinculante, conocido como «preconteo», que es difundido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil a la ciudadanía y los medios de comunicación, a través
de boletines oficiales. Sobre esta práctica, que puede responder al «medio más
rápido» al que se refiere el artículo 155 del Código Electoral.
Los resultados que se entregan el domingo de la elección a través de la
página web de la Registraduría tienen un carácter meramente informativo,
razón por la cual carece de un valor jurídico vinculante, pues de acuerdo con
lo previsto en el Código Electoral, los resultados oficiales de la elección sólo se
conocen una vez concluya el proceso de escrutinio, a cargo de las comisiones
escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral23 (Negrillas adicionales).
Consecuente con la naturaleza preliminar del preconteo, la jurisprudencia24 ha
precisado que los boletines que reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC) el mismo día de las elecciones no tienen la calidad de documentos
23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00290-00 (Acum.), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
24
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2011, Rad.
11001-03-28-000-2010-00009-01, MP. Mauricio Torres Cuervo y sentencia de 2 de mayo de
2016, Rad. 11001-03-28-000-2014-00107-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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electorales, pues su carácter es meramente informativo. Por tal razón, no se
asimilan ni remplazan a las actas de escrutinio, que son los documentos idóneos
en los que se soporta la declaración de la elección, conforme con el
procedimiento regulado en la ley.
Partiendo del esquema descrito, los escenarios donde las comisiones
escrutadoras acudan a los formularios E-14 de transmisión para hacer el
escrutinio oficial, aunque no se descartan, siempre serán excepcionales, ante
circunstancias especialísimas como, por ejemplo, la destrucción, desaparición o
ilegibilidad insuperable de los ejemplares de claveros o de delegados25.
En cuanto a la forma de transmitir los resultados del preconteo, a falta de normas
que expresamente detallen este aspecto, la RNEC ha expedido instructivos que
identifican los medios, elementos y responsables de asegurar la comunicación
desde los puestos de votación hasta los centros de recepción final, al igual que
su publicidad en la página web y los aplicativos que ha implementado la entidad
para estos efectos.
Así, para las elecciones del 29 de octubre de 2023, la RNEC expidió el
Memorando GI-0954 del 23 de octubre de 202326, que contiene «Lineamientos
para el Proceso de Preconteo». El documento advierte que «[e]l sistema de
preconteo debe realizar automáticamente la auditoría de la votación del boletín
(Vs) (sic) la votación del boletín anterior, con el fin de evitar inconsistencias y que
se cumpla el esquema de reemplazo».
A su vez, explica que los boletines serán expedidos «en la Oficina de Control y
en el Centro de Gestión Nacional» cada cinco, diez o veinte minutos, según la
elección de que se trate. Además, advierte que «con cada Boletín deberá expedir
los respectivos archivos para verificación y cada boletín deberá ser verificado en
los módulos de Delegados, Auditores, Procuraduría, Devolución de boletines y
Prensa».
Se concluye de lo expuesto que el preconteo no es una fase del procedimiento
de escrutinios, sino una actividad de la etapa poselectoral, que se adelanta en
cumplimiento del deber legal de informar a la comunidad los resultados de un
primer cómputo de votos en las mesas por parte de los jurados de votación.
25
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de mayo de
2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-00597-01, MP. Rocío Araújo Oñate.
26
Incorporado como prueba en el expediente.
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Por lo mismo, los boletines no contienen datos definitivos ni sirven de insumo a
las comisiones escrutadoras para declarar las elecciones, sin que esto suponga
que la transmisión de resultados esté exenta de controles o consecuencias por
malas prácticas o acciones irregulares, habida cuenta que el numeral 2 del
artículo 275 del CPACA contempla expresamente como causal de nulidad de los
actos de elección el sabotaje a los sistemas que sirven para realizar esta labor.
5. El caso concreto
La parte actora atribuye al acto de elección del señor Jorge Emilio Rey Ángel la
causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 275 del CPACA. Entre las
hipótesis relacionadas en esta norma, los hechos y el concepto de violación
normativa que expone la demanda permitieron concretar el cargo en el sabotaje
a los sistemas de transmisión de resultados de las elecciones.
Con este enfoque, la fijación del litigio se definió en el sentido de «establecer si
durante el preconteo de votos de la jornada electoral de 29 de octubre de 2023,
en lo que tiene que ver con la elección del gobernador de Cundinamarca, hubo
sabotaje a los sistemas de transmisión de resultados, que se reflejó en la
información de los boletines y los avances publicados por la Registraduría
Nacional del Estado Civil para esa elección en particular». Además, «se estudiará
si un eventual sabotaje en el preconteo podría incidir en el procedimiento de
escrutinios y el acto que declara la elección».
Para sustentar esta censura, la demandante afirmó que en las elecciones del 29
de octubre de 2023 ocurrieron las siguientes irregularidades:
a) La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) utilizó dos fuentes de
divulgación del preconteo, esto es, los avances y los boletines, que
contienen información contradictoria frente al mismo corte de transmisión.
b) Se suspendió acceso a la información del preconteo en la página web de
la RNEC.
c) Se eliminó la «metadata» de los formularios E-14 que se alojaban en
formato PDF.
d) Se presentó un patrón inusual de incremento de la votación en cada
reporte.
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A su juicio, las circunstancias descritas afectaron la trazabilidad, integridad y
cadena de custodia de la información, que trascendió a todos los ejemplares de
los formularios E-14, es decir, claveros, delegados y transmisión.
Por su parte, el demandado y las autoridades electorales que defienden el acto
acusado, al igual que el Ministerio Público, coinciden en que no se probó el
sabotaje y que el preconteo no equivale al escrutinio con el que se declaran las
elecciones.
Atendiendo a las posturas planteadas por los extremos procesales, la Sala
observa que todas las censuras contra la elección del gobernador de
Cundinamarca se enmarcan en el preconteo de votos que realizan los jurados de
votación y que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de
boletines informativos.
Estos resultados, como se explicó previamente en esta providencia, se difunden
el mismo día de las votaciones para acatar el deber legal establecido en ese
sentido, con fines de transparencia y publicidad. Sin embargo, la misma
legislación electoral es clara en disponer que la votación definitiva es la que
atraviesa por las diferentes fases del escrutinio, que inicia con los datos que
registran los jurados de votación en el formulario E-14 de «claveros»27, se va
consolidando en los formularios E-24 de las comisiones escrutadoras y culmina
con el formulario E-26 que declara la elección.
Por lo tanto, cuando se acusa la nulidad de estos actos por falsedades en los
documentos que los soportan, tanto los cargos, como su estudio, deben
considerar las actas de escrutinio, contenidas principalmente en los formularios
E-14 de claveros, E-24, E-24 TXT y E-26, respecto de unas mesas que deben
estar debidamente determinadas en la demanda, con indicación de los afectados
o beneficiados. Justamente por este motivo se excluyó de la fijación del litigio la
censura fundada en el numeral 3 del artículo 275 del CPACA.
Pese a ser esto así, es cierto, como lo afirma la parte actora, que la
responsabilidad de difundir el preconteo corresponde a la RNEC, a través de
elementos y personal a su cargo. Además, aunque está claro que la votación que
se reporta es provisional, su manejo debe revestir las mayores condiciones de
seguridad y transparencia que se exigen para todo el procedimiento de
elecciones.
27
Sin perjuicio de acudir excepcionalmente al ejemplar de delegados o, en última instancia, al de
transmisión, por ejemplo, por destrucción, ilegibilidad o falta de diligenciamiento del ejemplar de
claveros.
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Demandante: Gloria Lucero Herrera Contreras
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Radicado: 11001-03-28-000-2024-00072-00
En consecuencia, las irregularidades que puedan presentarse durante esa
actividad no deben quedar rotundamente desprovistas de consecuencias frente
a las decisiones que se adopten durante los escrutinios, adicionales a las que
puedan encuadrar en delitos castigados por la ley penal.
De hecho, la Sala considera que la causal de nulidad por sabotaje, prevista en el
numeral 2 del artículo 275 del CPACA, cuando incorpora los sistemas de
transmisión de resultados electorales, admite la posibilidad de analizar
situaciones que ocurran en el preconteo y que tengan la capacidad de afectar la
legitimidad de la voluntad popular, lo cual dependerá de su prueba y de la
incidencia directa sobre la declatoria de la elección de que se trate.
Desde esta perspectiva, se estudiarán las conductas que, de acuerdo con la
demanda, configuran el sabotaje en este caso.
a) Contradicción entre los boletines y los avances del preconteo
La demandante interpreta que la RNEC utilizó dos estructuras paralelas con
información contradictoria para divulgar los resultados del preconteo, lo cual
sustenta en los archivos PDF con los boletines 0 a 54 y con los avances hasta el
117, correspondientes a la elección del gobernador de Cundinamarca.
Al respecto, es importante advertir que las pruebas aportadas con relación a las
elecciones de la Alcaldía de Bogotá D.C., Gobernación del Valle del Cauca y
otras, no pueden servir para acreditar la irregularidad que se atribuye a la elección
acusada en el caso concreto, por tratarse de actos diferentes e independientes
entre sí.
Precisado esto, se tiene que los documentos aportados no corresponden a dos
estructuras paralelas de datos, como lo califica la parte actora, sino que
cumplieron propósitos diferentes.
En efecto, mientras que los boletines identifican el cargo específico de la
circunscripción que se trata, para el caso, «GOBERNADOR – COLOMBIA /
CUNDINAMARCA», con una hora específica de emisión y el número de mesas
informadas a ese corte, los avances recogen la información nacional por cargo,
es decir, «GOBERNADOR – COLOMBIA», que indican la agrupación política
más votada hasta ese momento.
Así se constata, por ejemplo, con los boletines y avances No. 8:
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Radicado: 11001-03-28-000-2024-00072-00
BOLETÍN 8
PÁGINA 1
BOLETÍN 8
PÁGINA 2 (detalle)
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AVANCE 8
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AVANCE 8
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AVANCE 8
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A partir de la información analizada, la Sala concluye que, lejos de un sabotaje,
las pruebas aportadas con la demanda indican que los boletines y los avances
contienen datos sobre el progreso de la votación que, respectivamente,
consolidan lo propio para los candidatos a la Gobernación de Cundinamarca y
para las colectividades con mayor votación a la gobernación por cada
departamento.
Siendo así, no se trata de dos estructuras de datos paralelas frente a una misma
votación, como lo interpretó la demandante y, por lo mismo. no cabe ningún
reproche desde la óptica de una manipulación de los sistemas utilizados para
emitirlos, almacenarlos o publicarlos.
b) Suspensión del acceso a la información del preconteo en la página
web de la RNEC
Al respecto, la parte actora señala que el 10 de enero de 2024 se percató de que
había sido «suspendido el acceso que los ciudadanos teníamos a través de las
aplicaciones y pagina (sic) webs institucionales de la Registraduría a las dos
versiones de los datos de preconteo supuestamente resultantes de la transmisión
de los E14».
Más allá de esa afirmación, este cargo está desprovisto de explicaciones técnicas
y, sobre todo, de pruebas que demuestren que la página no estuvo disponible, ni
mucho menos cuánto tiempo ni cómo esa circunstancia habría afectado de forma
concreta y directa la elección del gobernador de Cundinamarca, la cual, valga
señalar, fue declarada el 10 de noviembre de 2023, es decir, mucho antes del
percance que pone de presente la demandante.
c) Eliminación de la «metadata» de los formularios E-14 que se alojaban
en formato PDF
La demandante asegura que «el 25 de noviembre, encontramos que se borró la
metadata de los archivos PDF que contienen la imagen de los E14 de las mesas
de TODO EL PAIS (sic) que los ciudadanos podemos acceder a través de la
página web de la Registraduría y que son resguardados por esta entidad en sus
plataformas informáticas». Así mismo, definió la metadata de un PDF como «el
conjunto de datos que describen el contenido, autor, rastro de creación, cambio
y carga del archivo».
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Para probar este hecho, aportó un video de 42:53 minutos, titulado «E14-
DELEGADOS alterados Metadatos científicos informáticos», en el que se ve la
pantalla de un computador y se escucha a una persona que describe lo que se
observa. En tal sentido, explica que las imágenes corresponden al «editor de
texto plano o bloc de notas de Windows», sobre los que se realizó una «auditoría
informática a ficheros PDF de las actas de escrutinio E14 de delegados», que
«arrojaron inconsistencias respecto de los metadatos científicos», en cuanto la
fecha de creación, modificación y cargue al sitio web.
Por su parte, la Sala observa, primero, que la supuesta irregularidad habría tenido
lugar en una fecha posterior a la declaratoria de elección que se cuestiona en
este proceso, de modo que no es posible establecer cómo podría haber sido
afectado. Segundo, los documentos que se dicen revisados en el video
corresponden a los formularios E-14 de delegados, que cumple fines de archivo
y con los que, por regla general, no se realizan los escrutinios.
Adicionalmente, la prueba aportada para demostrar la sustitución de archivos
PDF de dichas actas proviene exclusivamente de la opinión de una persona
indeterminada y no se reforzó con insumos técnicos adicionales. A su turno, en
el informe aportado por el demandado, suscrito por un ingeniero de sistemas, se
afirma que «el contenido de los archivos no varía por el hecho de borrar su
metadata».
Así las cosas, con los elementos suministrados no es posible para la Sala
comprender las circunstancias en que habría ocurrido el sabotaje que propone la
demanda ni mucho menos la forma como habría afectado los escrutinios y el acto
acusado en particular.
d) Patrón inusual de incremento de la votación en cada reporte del
preconteo
Dice la demandante que algunos ciudadanos tabularon e hicieron un análisis
estadístico con los datos del preconteo y detectaron que «desde el boletín #1
para la Gobernación de Cundinamarca, el crecimiento de votos promedio por
mesa es igual o mayor al promedio de mesa del boletín anterior, con excepción
del boletín #3». Este comportamiento lo interpretan como anormal, porque «en
una situación orgánica como la de unas elecciones, debería variar al compararse
entre candidatos».
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La Sala considera que, para que un cargo de esta naturaleza y dimensión pueda
abordarse, es necesario que se suministren al juez elementos adicionales a la
interpretación subjetiva de la parte, que los refuercen desde el punto de vista
técnico y especializado, para el caso, estadístico e informático.
También se observa que este cargo no trasciende a comparar ese supuesto
comportamiento anormal, con los resultados oficiales de las actas de escrutinios,
las cuales, como se ha insistido a lo largo de esta providencia, son las que sirven
de fundamento a los actos que declaran la elección.
De manera que, en los términos en que fue propuesto y a partir de la prueba que
lo respalda, es imposible para el juez electoral estructurar una irregularidad con
la capacidad de viciar el procedimiento de escrutinios y, en particular, la elección
del demandado.
6. Conclusiones
Considerando el análisis precedente, la Sala concluye que el cargo de sabotaje
a los sistemas de transmisión no atacó los resultados definitivos del escrutinio, ni
se probó su ocurrencia respecto del preconteo de votos, razón por la cual no
afecta la elección del señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador de
Cundinamarca. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Negar la nulidad del acto de elección del señor Jorge Emilio Rey
Ángel como gobernador de Cundinamarca, periodo 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 GOB de 10 de noviembre de 2023, expedido por la comisión
escrutadora departamental.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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24
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