Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00190-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-28-000-2025-00190-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00190-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00190-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de mayo de 2026
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C. veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: NULIDAD
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00 (principal)
11001-03-28-000-2025-00198-00 (acumulado)
Demandantes: SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE, LUCAS DURÁN HERNÁNDEZ,
PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Temas: Reconocimiento de personería jurídica como resultado de la fusión entre
agrupaciones políticas. Interpretación de la regla contenida en el artículo
14 de la Ley 1475 de 2011 relativa al inicio de proceso sancionatorio en
contra de las colectividades solicitantes. Utilización de logosímbolos por
parte de partidos, movimientos políticos y coaliciones.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala dicta sentencia dentro del presente proceso en el que se pretende la nulidad de la
Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 por medio de la cual el Consejo Nacional
Electoral, otorgó personería jurídica al movimiento político Pacto Histórico producto de la fusión
presentada por los partidos Comunista Colombiano (PCC), Unión Patriótica (UP) y Polo
Democrático Alternativo (PDA).
Así mismo, se controvierte la Resolución 10211 del 15 de octubre de ese mismo año en la que
se confirmó la determinación tomada inicialmente y se negó el recurso de reposición
presentado.
1. ANTECEDENTES
1. Las demandas
La parte actora solicitó la nulidad de los actos administrativos referidos por la presunta
vulneración de los artículos 14 y 35 de la Ley 1475 de 2011 debido a que, se había iniciado
proceso sancionatorio contra las colectividades solicitantes de la fusión y, la regla prohibitiva
impedía otorgar la personería jurídica.
De otro lado, consideraron que se utilizó el logosímbolo de la coalición Pacto Histórico de los
certámenes de Congreso y Presidencia de la República del año 2022, en desconocimiento del
artículo 35 de la ley estatutaria, el cual restringe el uso de emblemas cuando estos ya han sido
previamente registrados.
2. Hechos comunes a las demandas
Se indicó por la parte actora que el 13 de junio de 2025, el PCC, la UP, el PDA, el Movimiento
Político Colombia Humana, el Partido Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
solicitaron ante el CNE el reconocimiento de la personería jurídica del Movimiento Político
Pacto Histórico como resultado del acuerdo de fusión suscrito.
Relataron que, en la actuación administrativa, se recopiló la relación de procedimientos
sancionatorios adelantados ante la organización electoral en contra de esas colectividades.
Comentaron que, en relación con el Movimiento Político Colombia Humana no se autorizó la
fusión en tanto no acreditó el cuórum estatutario exigido (artículo 72) para esa unión por cuanto
se presentaron 1870 delegados, de los cuales, asistieron a la asamblea aprobatoria solo 1280,
a sabiendas de que debían participar y aprobar 76 mil personas dicha anexión.
En relación con el Partido Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular, la autoridad
electoral los excluyó por cuanto al momento de la solicitud no contaban con personería jurídica
reconocida previamente, siendo este un requisito sustancial para acceder a la petición.
Aseveraron en línea con lo descrito, que el 17 de septiembre de 2025 se aprobó la fusión y se
reconoció el citado atributo en favor del PCC, la UP y el PDA, y aunque la Resolución 09673
de 2025 fue recurrida1, la autoridad demandada no repuso su decisión inicial y la confirmó a
través del acto administrativo 10211 de ese mismo año.
3. Normas violadas y concepto de la violación
Los accionantes plantearon la vulneración de los artículos 142 y 353 de la Ley 1475 de 2011.
Respecto de la primera norma, el concepto de la violación se estructuró, en los siguientes
términos:
3.1 La fusión entre los partidos Comunista Colombiano, Unión Patriótica y Polo Democrático
Alternativo fue autorizada por el Consejo Nacional Electoral en contra de la exigencia prevista
en el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 relacionada con la imposibilidad de
«acordarse la fusión voluntaria de un partido o movimiento cuando se haya iniciado proceso
sancionatorio».
En sentir de la parte actora, esa disposición legal fue analizada en la sentencia C – 490 de
2011 y allí, la Corte Constitucional precisó que, ante la existencia de indagaciones en curso
contra las colectividades agremiadas, la prohibición resulta ser una medida razonable,
necesaria y proporcional a la luz del ordenamiento jurídico que al ser desatendida por el CNE
materializó tres vicios de nulidad, a saber:
3.1.2 Infracción en las normas en que debía fundarse por interpretación errónea del
artículo 14 de la Ley 1475 de 20114.
En síntesis, manifestaron que en las resoluciones censuradas Sección Quinta se vertieron
razonamientos que contradicen el texto normativo y la decisión de exequibilidad que emitió la
Corte Constitucional sobre dicho parámetro, en tal sentido, el CNE desconoció esa prohibición
pues, – so pretexto de ampliar la participación y garantizar la libertad de asociación –,
desatendió el carácter absoluto de la regla prohibitiva.
1
Insistieron en que debía concederse la personería jurídica sin condicionamiento alguno y aceptando a la agrupación Colombia Humana y a
la asociación Minga Indígena Social y Popular.
2
En concordancia con los artículos 4, 152, 153 y 265 numerales 6, 9 y 14 de la Constitución Política.
3
Relacionadas a su vez con lo descrito por el artículo 39 de la Ley 130 de 1994.
4
También se esgrimieron los artículos constitucionales (2, 6, 13, 40, 107, 152, 153 y 265) y legales (4, 9, 14 de la Ley 1475 de 2011 y del
CPACA el 3 y el 137).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
En relación con lo decantado jurisprudencialmente, recordaron que la guardiana constitucional,
dijo que esa restricción que impide la fusión cuando se ha iniciado proceso sancionatorio es
razonable y no pugna con el orden jurídico, debido a que la intención del legislador es que una
vez la autoridad electoral ha considerado que existe mérito suficiente para iniciar una
investigación por la comisión de las faltas previstas en el capítulo III de la Ley 1475 de 2011,
resulta imprescindible que esa pesquisa llegue a su fin, con el objeto que se determine con
claridad la responsabilidad de la colectividad o sus directivos, tomando la disolución voluntaria
como un fraude a la ley.
A este respecto, resaltaron que la autoridad electoral entregó una base de datos, en respuesta
a una petición5 en la que se detallaron los procesos administrativos vigentes en contra de las
colectividades agremiadas a la fecha en que se acordó la fusión; luego, a partir de esa
información no se podía autorizar la unión ni otorgar la personería jurídica.
3.1.3 Falsa motivación
Dijeron que, el CNE al haber condicionado el reconocimiento político a que las indagaciones
administrativas terminaran y quedaran ejecutoriadas, no solo desconoció el tenor literal del
artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, sino que también, vertió fundamentos falsos debido a la
prohibición expresa que no podía ser desatendida bajo parámetros novedosos de
interpretación.
Insistieron en que el haber considerado la restricción como una «limitación de carácter
temporal y condicional de naturaleza no absoluta del derecho fundamental a constituir partidos
y movimientos políticos», desconoce con un pronunciamiento administrativo el alcance
otorgado por la Corte Constitucional en la sentencia C – 490 de 2011.
Por tal motivo, de haberse tenido en cuenta el hecho probado de la «existencia de proceso
sancionatorio vigente», la decisión demandada habría sido sustancialmente diferente.
3.1.4 Violación del principio de legalidad
Comentaron que, el CNE (conforme al artículo 121 constitucional) no solo vulneró sus propias
competencias de vigilancia, control e inspección sobre la actividad que desarrollan las
agrupaciones políticas, sino que también «donde la norma no distingue, no le correspondía
hacerlo como intérprete» y, por lo tanto, no podía condicionar la personería, en tanto, tal
posibilidad suspensiva, desbordó los límites que fijó la Carta Superior a esta autoridad
electoral.
3.2. Infracción en las normas en que debía fundarse el acto por interpretación errónea
Respecto del (Art. 35 Ley 1475 de 2011), el concepto de la violación se estructuró, en los
siguientes términos:
La argumentación de los accionantes, parte de identificar que el instituto de la «fusión de
agrupaciones políticas», no está regulado por las disposiciones electorales o constitucionales;
luego, tal como lo viene realizando el CNE en otros asuntos 6, era imperioso acudir por analogía
a la legislación comercial7.
5
Respuesta dada el 3 de octubre de 2025 a él como peticionario (Samuel Alejandro Ortiz Mancipe).
6
Trajo la Resolución 1291 de 2021, por medio de la cual se reconoció personería jurídica al Partido Político Dignidad.
7
Aseveraron que debía acogerse el planteamiento de la SU 316 de 2021.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
En línea con lo dicho, indicaron que el inciso final de este precepto normativo, relativo a la
propaganda electoral, prohibió el uso y reproducción de los emblemas de campaña cuando
estos «hubiesen sido previamente registrados por otras colectividades».
De acuerdo a estas precisiones, comentaron que el acto acusado autorizó el «isologo» del
Movimiento Político Pacto Histórico, el cual había sido utilizado con anterioridad ante el CNE
en los certámenes de Presidencia y Congreso de la República del año 2022; luego, al tenor de
la ley estatutaria, las resoluciones censuradas desconocieron la prohibición de uso de estos
emblemas.
Para reforzar sus manifestaciones, la parte actora dijo que en el párrafo 121 de la sentencia C
– 490 de 2011, la Corte Constitucional concretó que la restricción de uso, no solo cobija a otros
partidos y movimientos políticos, sino que se «extiende» a las «coaliciones», motivo por el
cual, la autoridad electoral no debió autorizar esa imagen en los actos demandados.
Conforme con lo expuesto, insistieron en que, si el CNE utilizó el Código de Comercio para
desarrollar el contenido y alcance de la «fusión de partidos», en este caso, el juez de la nulidad
debe acudir al Decreto 410 de 1971 y a la «Decisión 486 del año 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina8», norma según la cual, en los artículos 224 y ss., prohíben el manejo y
reproducción de cualquier marca que pueda confundir «directamente 9» a los ciudadanos.
Bajo estos razonamientos, precisaron que según la Ley 130 de 199410, está prohibido el uso
de símbolos o marcas distintivas de las agrupaciones políticas por parte de otras
agremiaciones y por ello, lo hecho con el logosímbolo del «Pacto Histórico en la fusión»,
confunde al electorado.
4. Admisiones de las demandas
Con auto del 29 de octubre de 202511, en el radicado 2025-00190-00 se admitió la demanda y
se ordenaron las notificaciones de ley. Respecto del expediente 2025-00198-00 se hizo lo
propio con providencia del 11 de noviembre de 2025 12.
4.1. Contestaciones de las demandas
4.1.1. Consejo Nacional Electoral13
La entidad accionada se opuso a las pretensiones y consideró que el artículo 14 de la Ley 1475
de 2011 no se vulneró en la medida en que el alcance de dicha disposición no impide la
radicación, trámite o evaluación de la solicitud de fusión; por el contrario, solo paraliza en el
tiempo, la producción de efectos jurídicos definitivos de la personería jurídica mientras están
activos o vigentes los procedimientos sancionatorios.
Señaló que la norma presuntamente desconocida fue interpretada en armonía con los
derechos fundamentales de asociación y de participación política consagrados en el artículo
40 de la Constitución Nacional y, contrario a lo sostenido en la demanda, no puede hablarse
de una prohibición absoluta, sino de una restricción de carácter temporal de la fusión.
8
Ley 457 de 1998 que aprobó el Protocolo modificatorio del tratado de creación del Tribunal de Justicia.
9
Esta expresión la utilizó conforme a lo dicho por ese Tribunal en el proceso 198-IP-2007, expediente interno 4307-ML.
10
Artículo 5.
11
Índice SAMAI 9. Magistrado ponente. Luis Alberto Álvarez Parra.
12
Índice SAMAI 5. Magistrado ponente. Luis Alberto Álvarez Parra.
13
Índice SAMAI 44 del 16 de diciembre de 2025 del radicado 2025-00190-00 y del radicado 2025-0019800, índice SAMAI 29 del 13 de enero
de 2026.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Manifestó que el uso de la «personería jurídica condicionada», resulta ser una herramienta
interpretativa acorde con la norma y la sentencia C – 490 de 2011, debido a que la finalidad
jurídica que buscó el legislador, fue evitar que las agrupaciones políticas se sustraigan del
control y vigilancia estatal y, en consecuencia, la actuación administrativa sancionatoria, lejos
de vulnerar el sistema normativo, ofreció una «solución integradora y ponderada».
Agregó que, es inexistente el exceso de competencia del CNE, la falsedad en la motivación y
la violación del principio de legalidad propuesto en las demandas, pues el otorgamiento de la
personería jurídica condicionada se encuentra respaldada por la aplicación de los artículos
107, 109 y 265 numeral 9 de la Constitución Política y lo dicho por la sentencia C – 490 de
2011 que, según cuenta, fue tergiversada por la parte actora.
Asimismo, manifestó que la interpretación literal que proponen los demandantes sobre la
restricción que trae el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, riñe con aquella hermenéutica
sistemática y garante de prerrogativas constitucionales dispuestas en las Leyes 130 de 1994
(Art. 3) y 1475 de 2011 (Arts. 3 y 4).
De igual modo, afirmó que el CNE ejerció sus competencias en el otorgamiento de la
personería jurídica a través del «diferimiento de los actos administrativos», figura no prohibida
por el sistema normativo que resulta ser razonable, proporcional y que impide evadir
eventuales sanciones o investigaciones.
En otro aspecto de su oposición, la autoridad demandada aseveró que no se violó el artículo
35 de la Ley 1475 de 2011 debido a que el logosímbolo controvertido que, según los
demandantes ya había sido usado e inscrito en las elecciones del año 2022, fue consultado en
el RUPYM14 por el director de Vigilancia, Inspección y Control del CNE, constatando que
«ninguna organización política con personería jurídica tenía un emblema igual previamente
registrado» que llevara a algún tipo de confusión sobre el elector.
En este punto, refirió que la norma ibidem concordante a su vez con el artículo 5 de la Ley 130
de 1994, permite concluir que ningún partido o movimiento político resultó afectado con el uso
no autorizado sobre este derecho exclusivo.
Finalmente, explicó que los actos demandados dieron continuidad al empleo de un signo
distintivo que históricamente ha sido común y compartido por los partidos «fusionantes», por
lo tanto, su aceptación refleja la identidad y las mismas ideas de las organizaciones que hoy
concurren a la unión de esfuerzos.
4.1.2 Movimiento Político Pacto Histórico 15
El 19 de diciembre de 2025 la colectividad pidió negar las pretensiones de las demandas,
compartiendo varios de los razonamientos esbozados por el Consejo Nacional Electoral.
Agregó respecto de la presunta vulneración del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y la falsa
motivación, que las resoluciones demandadas al reconocer este atributo jurídico, evitan la
atomización partidista, el personalismo y el clientelismo a partir del fortalecimiento vía «fusión»
de programas y visiones en común con organizaciones que canalizan la toma de decisiones.
En tal sentido, lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C – 490 de 2011 se
garantizó, toda vez que, los procedimientos sancionatorios determinaron el tipo de
14
Registro Único de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
15
En el radicado 2025-000198-00 guardó silencio en la contestación de la demanda. En el expediente 2025-00190-00 Índice SAMAI 48
contestó la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
responsabilidad administrativa de cada una de ellas, e incluso, una vez fueron notificados,
permitieron expresamente, aceptar los cargos atribuidos, acatando así, las decisiones emitidas
por la Dirección de Vigilancia e Inspección del CNE.
De otro lado, en relación con la violación al principio de legalidad por extralimitación de las
competencias del Consejo Nacional Electoral, adujeron que el artículo 265 de la Constitución
Política en concordancia con las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 otorgaron un amplio
margen de interpretación que en todo caso, debe ser analizado de manera ponderada,
teleológica y razonable a fin de «robustecer la democracia» y, lejos de aplicar una
hermenéutica literal y absoluta, la autoridad validó adecuadamente la restricción en forma
temporal y la condicionó a la finalización de las pesquisas iniciadas.
Finalmente, en lo relativo a la presunta violación del artículo 35 de esta última norma,
insistieron en que la autoridad electoral verificó el cumplimento de los requisitos legales para
su inscripción, concluyendo que ninguna otra colectividad lo había registrado con anterioridad.
Adicionalmente, afirmó que, en gracia de discusión, el logosímbolo controvertido es utilizado
por la mayoría de partidos que en otrora formaron la coalición con este mismo nombre; luego,
no hay fraude a la ley, ventajas competitivas, mucho menos, se confunde al electorado con el
uso de este emblema.
5. Trámite procesal relevante
5.1 Autos que resuelven medidas cautelares y recurso de reposición
La Sala Electoral negó la suspensión provisional de las decisiones controvertidas en el
radicado 2025-00190-00 con providencia del 11 de diciembre de 202516, decisión que fue
recurrida y confirmada en auto del 22 de enero de 2026.
En igual sentido, en el expediente 2025-00198-00 con providencia del 26 de febrero de este
último año se denegó la petición cautelar.
5.2 Autos que ordenan acumular procesos y acoger el trámite de sentencia anticipada17
Mediante providencia del 12 de febrero de 2026 se decretó la acumulación de los procesos
referidos en precedencia y se tuvo como principal al primero de estos radicados. Con auto del
10 de marzo de 2026, se acogió el trámite de sentencia anticipada, decisión que fijó el litigio
en los términos que más adelante se expondrá, denegó el decreto de algunas pruebas
solicitadas por la parte actora y negó la petición de saneamiento del tercero interviniente 18.
6. Alegatos de conclusión19
6.1 Demandante del radicado 2024-00198-0020
La parte actora reiteró los argumentos de su demanda, relacionados con el desconocimiento
del tenor literal del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011; esto es, el exceso de competencia del
CNE al haber incluido una cláusula suspensiva que vulneró el principio de legalidad.
16
Respectivamente las decisiones se encuentran contenidas en los índices 37, 58 y 73.
17
Respectivamente las decisiones se encuentran contenidas en los índices 68 y 80.
18
Harold Eduardo Sua Montaña.
19
Índice SAMAI 100.
20
Índice SAMAI 101.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
6.2 Demandantes del radicado 2024-00190-0021
Los accionantes reiteraron ampliamente lo esbozado en su demanda y agregaron que, «la
exégesis de las normas que incluyen inhabilidades (y prohibiciones) se debe hacer desde un sentido
literal (…). Lo anterior se traduce, lógicamente, en que NO le era permitido al CNE, así como tampoco
lo es para esta judicatura, la inclusión o sustracción de ingredientes normativos de las disposiciones».
Puntualizaron que, para resolver el presente asunto debe acudirse al artículo 28 de la Ley 84
de 1873, según la cual, «[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según
el uso general de las mismas palabras; (…) Asimismo, el artículo 29 ejusdem prevé que [l]as palabras
técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia
o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso».
En lo que tiene que ver frente al reparo propuesto sobre la violación del artículo 35 de la Ley
1475 de 2011, afirmaron que existe un vacío normativo en materia de «propiedad intelectual
(…) (nombre comercial y enseña comercial)» y, conforme a ello, debe acudirse
obligatoriamente al parámetro establecido en la SU – 316 de 2021 para desatar el sub judice.
Manifestaron que, de presentarse una discusión interpretativa sobre la temporalidad de la
prohibición, la sentencia C – 490 de 2011 no circunscribió «el veto a la verificación
administrativa de un plazo abierto (razonable, discrecional, etc.) o cerrado (un término
definido), sino que los logosímbolos NO podrán ser iguales o generar confusión con otros
previamente registrados».
Finalmente, propusieron los siguientes argumentos:
En primer lugar, aseveraron que de acuerdo con el inciso final del artículo 3. ° de la Ley 130
de 1994 el CNE, en el estudio de una solicitud de obtención de personería jurídica no se puede
demorar más de 30 días hábiles, por lo tanto, dicho límite (ratio temporis) fue ampliamente
excedido por la autoridad demandada.
Sobre esta base, señalaron que la solicitud se registró ante dicha corporación el 13 de junio
de 2025 y el acto administrativo que la resolvió fue expedido hasta el 17 de septiembre de la
misma anualidad, con lo cual se superó la competencia temporal otorgada por la ley, lo que
lleva igualmente a declarar la nulidad de las resoluciones controvertidas.
En segundo lugar, comentaron que en el sub examine se debe aplicar un control de
convencionalidad difuso sobre el precepto 14 de la Ley 1475 de 2011, «de modo que el artículo
23 convencional interamericano opere como estándar de protección de derechos políticos y
garantías judiciales dentro del examen de validez constitucional de la decisión administrativa
como de la normatividad nacional».
En tercer lugar, solicitaron que se concedieran las pretensiones de la demanda «con la
respectiva modulación de sus efectos, es decir hacia futuro -ex nunc- y hacerse efectivos
desde la ejecutoria de ésta, considerando que pudieron materializarse actos durante la
vigencia de los actos que se dictaron por la Autoridad Electoral».
6.3 El movimiento político Pacto Histórico22
La organización política reiteró lo expuesto en sus diversas actuaciones procesales e insistió
en que los partidos beneficiarios de la fusión, aceptaron todas las sanciones para cumplir con
21
Índice SAMAI 109.
22
Índice SAMAI 111.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
los procedimientos administrativos, hecho certificado por el Consejo Nacional Electoral,
dejando en firme la disolución de los partidos agremiados como la personería jurídica del
Movimiento Político Pacto Histórico.
Precisaron que, «[E]l CNE no modificó el régimen estatutario de partidos ni sustituyó el
contenido del artículo 14. Lo que hizo fue ejercer las competencias que la Constitución y la ley
le atribuyen para inspeccionar, vigilar y controlar a los partidos y movimientos, así como para
reconocer su personería jurídica, armonizando ese marco con el mandato de preservar los
derechos de participación política y con la necesidad de asegurar que el control sancionatorio
llegara efectivamente a su término».
Finalmente, la colectividad se opuso al cargo elevado por vulneración del artículo 35 de la Ley
1475 de 2011, y afirmó que quedó demostrado el cumplimiento de los requisitos establecidos
por el CNE y recordó que los símbolos utilizados desde el año 2022 pertenecen
mayoritariamente a los partidos que solicitaron la fusión, lo que garantiza: i) la plena legitimidad
de su uso por parte del Movimiento Político Pacto Histórico, ii) la recordación política y, iii) se
evita confusión del electorado.
6.4 Consejo Nacional Electoral
En esta etapa procesal, la autoridad electoral guardó silencio.
7. Concepto del Ministerio Público23
Pidió negar las pretensiones con fundamento en que el CNE no desconoció materialmente el
contenido del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, comoquiera que al haber existido una
«condición», el reconocimiento de la personería jurídica del Movimiento Político Pacto
Histórico, solo entró en vigor con la ejecutoria de los actos administrativos que terminaron los
procesos sancionatorios adelantados contra las organizaciones políticas que lo integraron.
Refirió que, en este caso debe verterse una interpretación armónica sobre las competencias y
límites establecidos del CNE, a fin de comprender integralmente la función constitucional
desplegada.
A este respecto, explicó que dicha atribución se materializó bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, por lo tanto, considera que las resoluciones controvertidas no se expidieron
de manera ilegal debido a que la finalidad de la condición suspensiva fue garantizar la
identificación de los sujetos responsables y la efectividad de las consecuencias jurídicas
derivadas de su actuación.
De otro lado, en lo que tiene que ver con la presunta infracción del artículo 35 de la Ley 1475
de 2011, dijo que la titularidad del logosímbolo utilizado en la coalición de 2022 debe analizarse
bajo el principio de «sucesión de derechos y continuidad de la voluntad política», habida cuenta
de que no puede desconocerse que dicho emblema fue la insignia que identificó la voluntad
de esas colectividades, lo que implica reconocer la «transmisión de la identidad política».
En este sentido, dijo que es perfectamente válido comprender que la nueva agremiación está
facultada para subrogarse en la identidad y exclusividad como legítimo sucesor de los activos
intangibles acumulados desde la vigencia de la alianza inicialmente concebida.
23
Índice SAMAI 112.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
2. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
Esta Sección es competente para decidir en única instancia el proceso de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 24 del CPACA, el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024.
2.2 Problema jurídico
Con base en la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar:
En primer lugar, si las Resoluciones 09673 del 17 de septiembre y 10211 del 15 de octubre ambas
de 2025, deben ser declaradas nulas por vulnerar el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 debido a
que se autorizó la fusión de los partidos Comunista Colombiano, Unión Patriótica y Polo Democrático
Alternativo a pesar de que se habían iniciado procesos sancionatorios en su contra.
Para tales efectos se estudiará: i) si la autoridad electoral desatendió los razonamientos de la
sentencia C – 490 de 2011 vertidos sobre dicho precepto, ii) si se interpretó erróneamente la
exigencia prevista en el inciso primero de la norma ibidem y, iii) si fueron falsamente motivados los
actos demandados.
En este punto, también se analizará si el CNE excedió sus competencias constitucionales y legales
al haber otorgado el citado reconocimiento de manera condicionada, en detrimento del principio de
legalidad.
En segundo lugar, se examinará si el artículo sexto de la Resolución 9673 de 2025 desconoció la
restricción establecida en el inciso final del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 al haber sido
interpretado erróneamente por parte del CNE; debido a que al autorizarse la inscripción del logotipo
del «Pacto Histórico», se incluyó en el RUPYM un emblema utilizado previamente por la coalición
que llevó ese mismo nombre en las elecciones de Congreso y Presidencia de la República del año
2022.
Para abordar este punto, se establecerá si el CNE debía acudir a los artículos 224 y subsiguientes
de la Decisión 486 del año 2000 emitida por la Comisión de la Comunidad Andina y al Código de
Comercio, normativa que prohíbe el uso y reproducción de cualquier marca previamente registrada
y que evita la confusión de los electores.
A fin de resolver el presente asunto, la Sala estudiará cuatro ejes temáticos: i) cuestión previa
por la enunciación de nuevos argumentos de ilegalidad contra los actos demandados, ii)
otorgamiento de personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral mediante la
aprobación del acuerdo de fusión presentado por los partidos y movimientos políticos, iii)
regulación normativa del uso de logosímbolos por parte de las agrupaciones políticas y, iv) la
situación acaecida por el Movimiento Político Pacto Histórico en el sub judice, a partir de las
censuras propuestas y el acervo probatorio.
2.3 Cuestión previa
La Sección evidencia que, en los alegatos de conclusión, la parte actora en el radicado 2025-
00190-00 propuso tres argumentos que no fueron esbozados en la demanda ni tampoco fueron
objeto de la fijación del litigio y de esta forma, no pueden tenerse en cuenta en esta etapa
procesal; comoquiera que, se afectaría el derecho de defensa y contradicción de la entidad
demandada.
24
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única Instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de
actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Por lo tanto, no se resolverán los reparos relacionados con las siguientes materias: i) el estudio
de la falta de competencia temporal del CNE por la superación del periodo fijado en el artículo
3° de la Ley 130 de 1994, ii) la aplicación del control de convencionalidad difuso sobre el
artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y, iii) la modulación de los efectos de la sentencia
anulatoria25.
2.4. Otorgamiento de personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral
mediante la aprobación del acuerdo de fusión presentado por los partidos y
movimientos políticos
2.4.1. Perspectiva histórica y constitucional
La Constitución Política de 1991 estableció como derecho fundamental de las personas el de
constituir colectividades políticas sin limitación alguna y a formar parte de ellas libremente.
Particularmente, en la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente26, se precisó que los partidos y movimientos constituyen instrumentos de
expresión ciudadana, así:
Para recuperar la democracia es necesario recuperar el espacio para los partidos. Deben ser los
partidos y movimientos políticos los cauces que permitan una auténtica expresión de la diversidad
política, social y económica del pueblo colombiano. (…) Estas son las razones por las cuales la
nueva Constitución ha tomado una serie de previsiones que buscan ante todo vigorizar los partidos
y movimientos políticos como instrumentos de expresión ciudadana.
Tal premisa, condicionó, desde sus orígenes, la prerrogativa a participar y conformar el poder
político, también, moldeó la competencia otorgada al CNE para reconocer la personería
jurídica de aquellas agremiaciones que, una vez conformadas por la decisión libre de
ciudadanos, contaran con no menos de cincuenta mil firmas o que en la elección anterior
hubiesen obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado, representación en el
Congreso de la República.
Años más tarde, a partir de la comprensión que el legislador tuvo de los artículos 40.3, 107 y
108 constitucionales, se modificaron en el 2003 y el 2009, los parámetros fijados originalmente
por la Asamblea Nacional Constituyente para precisar que el Consejo Nacional Electoral, sobre
la base de comprender el derecho a «constituir agrupaciones políticas sin limitación alguna»,
reconocería personería jurídica a los partidos y movimientos políticos que consiguieran una
votación no inferior al (2%), (luego al 3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado.
Conforme a lo dicho, la norma superior originalmente había concedido en el artículo 265, entre
otras, tres atribuciones especiales al CNE, condicionadas al desarrollo que la ley hiciera sobre:
i) el ejercicio como autoridad de suprema inspección y vigilancia (núm. 1º), ii) la competencia
para verificar el cumplimiento de las normas sobre partidos, movimientos políticos y por el
desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías (núm. 5º) y, iii) la
potestad para reconocer personería jurídica a estas colectividades (núm. 8º).
Tales prerrogativas fueron modificadas por el Acto Legislativo 01 de 2009, con el fin de
robustecer el campo de acción de este órgano, al precisar que no solo regularía, inspeccionaría
y vigilaría, sino que controlaría toda la actividad electoral, y que adicional a ello, podría también
revocar la personería jurídica de las agremiaciones políticas.
25
Con todo se trata de una atribución del juez.
26
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
En paralelo al desarrollo de estas modificaciones del texto superior, el Congreso de la
República reglamentó las competencias de la autoridad electoral sobre la materia; precisó
ciertos límites a los derechos de los ciudadanos inscritos bajo diferentes modelos asociativos
y; estableció algunas prerrogativas a los partidos y movimientos políticos para obtener tal
atributo jurídico, con lo cual, resaltó la autonomía para gestionar sus asuntos internos, pero en
igual sentido, precisó el respeto por las normas de orden público que caracterizan el sistema
político.
Para comprender mejor lo anterior, fue a través de la Ley 130 de 1994 que se consolidaron
dos premisas fundamentales para entender, que en adelante la personería jurídica si bien
debía respetar un parámetro objetivo para su reconocimiento (3% votación), por un lado, difería
en los estatutos las formas y los mecanismos en que podrían desarrollar su propia existencia 27
y, por otra parte que el derecho a constituirse como tales depende de lo que establezca la ley
y sus propias disposiciones internas 28.
Esta norma fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia C – 089 de 1994, de
donde resultan ilustrativas algunas precisiones que como se verá, abrieron paso a la
comprensión de la figura de la fusión, entendiéndola como una herramienta de origen interno
en los partidos y movimientos:
En la realidad política, los partidos surgen como organizaciones cuya mediación entre los
ciudadanos y el poder político contribuye a consolidar la democracia. Gracias a la legislación
electoral y a la acción de los partidos, se logra periódicamente encauzar y dar cuerpo a la voluntad
del pueblo. Las funciones de los partidos (…) suelen describirse, así: (1) movilizar a los ciudadanos
con miras a su integración en el proceso político y a la reducción de la abstención electoral de modo
que el sistema en su conjunto pueda aspirar a conservar su legitimidad y respetar el primado del
principio mayoritario; (...)
Bajo los modelos teóricos subyacentes a estos criterios de diferenciación (ontológico, funcional y
finalista) el legislador quiso comprender y delimitar un fenómeno social dinámico y variable por
naturaleza, como es el de la actividad política. De la combinación de estos criterios surge la idea
central de la permanencia, la cual, unida al elemento institucional, refleja no sólo la importancia de
la duración en el tiempo, sino también la relevancia del desarrollo organizativo y la solidez
ideológica. (Negrilla fuera de texto).
Se puede extraer de lo dicho que, en esta primera etapa, los partidos y movimientos políticos
buscaban que sus propuestas y proyectos se consolidaran en el tiempo a través de la
personería jurídica; se encauzaran por las vías democráticas; permanecieran a través de
procesos corporativos internos y por supuesto; consolidaran e integraran en mayor grado la
ideología que los caracteriza.
Tales atributos que resaltó la Corte Constitucional, permiten advertir que la actividad política
buscó con prácticas organizativas, dar solidez y relevancia a estas asociaciones con
mecanismos y herramientas de unión que junto a otras figuras corporativas dieran orden al
interior de sus estructuras y facilitaran la voluntad de los afiliados con fundamento en las
decisiones mayoritarias que permitirían decidir sobre su existencia, permanencia o extinción.
Debe precisarse que la Ley 130 de 1994 permitió que los propios partidos y movimientos,
catalogados como instituciones permanentes y asociaciones de ciudadanos, crearan y
utilizaran en uso de su autonomía29, instrumentos jurídicos diferentes a la ya creada disolución
27
Artículo 4. Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren
incursos en una de las siguientes causas: (...) 2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución (...).
28
Artículo 2. Definición. (...) Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales
tendrán personería jurídica. Artículo 7. Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se
regirá por lo establecido en sus propios estatutos. (...).
29
Artículo 1. Derecho a constituir partidos y movimientos. Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos,
a organizarlos y a desarrollarlos (...) Artículo 6. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos podrán
organizarse libremente. (...) En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para su
organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
con lo cual, dieron paso a nivel interno a la generación de figuras estatutarias como la
liquidación voluntaria y la fusión.
A propósito de lo comentado, la Corte Constitucional en la sentencia C – 081 de 2005 dijo lo
siguiente:
Estimó el constituyente derivado, que en el panorama político colombiano era excesivo el liderazgo
local y personal, manifiesto en las llamadas “micro empresas políticas”, el “clientelismo” y las
“operaciones avispa”, fenómenos todos estos que obstaculizaban la gobernabilidad y la posibilidad
de adoptar políticas públicas coherentes con programas de gobierno respaldados por
partidos fuertes, ideológicamente identificados y mayoritariamente respaldados.
(…) Ciertamente, entiende la Corte que el constituyente derivado consideró que los partidos
políticos, en el Estado Social de Derecho, son los más importantes medios de expresión de las
ideologías políticas, (…) Por ello, su fortalecimiento fue entendido como un mecanismo para
profundizar la democracia y el pluralismo, (…). (Negrilla fuera de texto).
Como puede verse, el carácter sustancial de los partidos políticos en la democracia
constitucional ha justificado una tendencia claramente identificable hacia su fortalecimiento, a
través de la progresiva creación de medidas, contenidas en sucesivas reformas jurídicas,
dirigidas a aumentar tanto el grado de disciplina en su interior, como a establecer obligaciones
en términos de participación en sus procedimientos domésticos.
2.4.2. Desarrollo legislativo y jurisprudencial
En línea con lo explicado, no solo las colectividades evolucionaron normativamente, sino que,
en la misma medida, se ampliaron las atribuciones de la máxima autoridad electoral con la
promulgación de la Ley 1475 de 2011.
Esta disposición, por un lado, fortaleció el poder orientador de los estatutos al precisar que
estos deben incluir normas sobre cuórum y mayorías especiales para la toma de decisiones
en su autorregulación30 y, de otra parte, otorgó al CNE la facultad para autorizar 31 el registro
de las normas internas, previa verificación del cumplimiento de las reglas que le gobiernan de
acuerdo con el marco constitucional y legal que le es propio.
Precisamente, en los antecedentes de la norma ibidem, los legisladores recibieron de parte del
ejecutivo, el proyecto de ley32 cuya exposición de motivos precisó que las innovaciones de la
reforma constitucional del año 2009 debían «sintonizar el estatuto básico de los partidos a esas
nuevas reglas superiores» y «actualizar la organización y funcionamiento del sistema
democrático33».
Al partir de la anterior premisa, se puede identificar que los diferentes debates parlamentarios
analizaron los múltiples instrumentos de cotidiano uso al interior de las agrupaciones políticas,
como la liquidación, la disolución, la fusión y la escisión voluntaria, pues de eso dan cuenta
algunas gacetas en las que inicialmente se incluyeron las dos primeras herramientas bajo la
restricción de que no podrían acordarse si se había iniciado un proceso de intervención judicial
en contra de la colectividad y de que su tratamiento se regiría por las normas previstas en la
ley civil para las personas jurídicas sin ánimo de lucro 34.
30
Al respecto debe decirse que dicha actividad surge del acatamiento de diversos principios creados en la ley 1475 de 2011, dispuestos en
el artículo 1, así: Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y
funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, (…).
31
Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y
agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus
reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el
registro de sus afiliados.
32
Proyecto de Ley 092 de 2010 de la Cámara de Representantes.
33
Gaceta 636 del 13 de septiembre de 2010, página 15.
34
Gacetas números 636, 1125 del 22 de diciembre de 2010 y 038 del 11 de diciembre de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
En lo correspondiente a las últimas dos figuras en comento, su inclusión fue progresiva 35,
debido a que en una primera etapa, se les comprendió como elementos obligatorios a incluir
en los estatutos puesto que serían objeto de revisión por parte de la autoridad electoral y, en
segunda instancia36, se entendió que la fusión y la escisión voluntaria de los partidos y
movimientos políticos no podría acordarse si se había iniciado un proceso de «disolución
administrativa37», restricción que luego fue modificada como se conoce hoy por «proceso
administrativo sancionatorio»38.
De esta manera se logra constatar que la intención del Congreso de la República fue, elevar a
rango legal algunas de las herramientas que las agremiaciones utilizaban en su quehacer
diario, las cuales merecían un tratamiento formal y que permitirían de la autoridad electoral el
despliegue de competencias para aprobar cada uno de dichos escenarios en respeto de sus
propias disposiciones internas39, como también del orden superior40.
En el mismo orden, se evidencia que, para el legislador estatutario, el fortalecimiento de la
disciplina a través de la imposición de sanciones en contra de las agrupaciones políticas, de
sus dirigentes y de sus militantes, era una materia que caracterizaba no solo el despliegue de
competencias del CNE como autoridad de vigilancia y control, sino que a partir de estas
facultades se brindaba orden a todo el sistema de partidos y movimientos políticos.
Así mismo, las preocupaciones de los partidos y movimientos políticos, como de los propios
legisladores permitieron reconocer que era dable otorgar y fortalecer a la máxima autoridad
electoral de la prerrogativa sancionatoria en contra de todas aquellas colectividades que
infringieran los cánones establecidos por esta norma, atribuyendo a dicho ente, la posibilidad
de imponer multas, suspender la personería jurídica e incluso cancelarla.
Esa armonía entre reconocimiento de derechos e imposición de sanciones es lo que permite
hoy día al CNE, en cada caso concreto y dependiendo de las faltas, sancionar e incluso
despojar del reconocimiento como organización política a aquellas agremiaciones que violen
los estrictos límites que el legislador precisó.
A partir de ello, la Ley 1475 de 2011, como viene afirmándose, estableció la fusión en dos
preceptos. Por un lado, en el artículo 4.18 al considerarlo como aquel mecanismo de la vida
interna que debe ser incluido por los estatutos y, por otro en el artículo 14, al disponer que su
adopción debe ser de acuerdo con la ley y con sus normas internas.
Así mismo, que no podrá acordarse tal unión si se iniciaron procesos sancionatorios
administrativos en contra de algunos de los solicitantes. Al respecto, este último precepto fue
redactado en los siguientes términos:
CAPÍTULO IV. De la disolución y liquidación de los partidos y movimientos políticos. Artículo
14. Disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos. La disolución,
liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la
ley y/o en sus estatutos. La disolución y liquidación de los partidos y movimientos políticos, adoptada
por decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral no tendrá recurso alguno. No podrá
35
Gacetas números: 691 del 27 de septiembre de 2010, 771 del 13 de octubre de 2010.
36
Gacetas números 882 del 10 de noviembre de 2010.
37
Las deliberaciones vertidas en dicho debate fueron las siguientes: «Recuérdese que según el antecedente para el Acto Legislativo de 2009
se le quitó toda connotación jurisdiccional al Consejo Nacional Electoral. Además, la competencia para la cancelación y pérdida de personería
jurídica de los partidos y movimientos políticos ya está asignada al CNE como organismo administrativo (...)».
38
Gaceta número 984 del 30 de noviembre de 2010.
39
Gacetas números: 1065 del 9 de diciembre de 2010, 1092 del 14 de diciembre del 2010, 1095 del 14 de diciembre del 2010, 1119 del 22
de diciembre del 2010, 1135 del 28 de diciembre del 2010.
40
Finalmente, en las Gacetas 038 del 11 de diciembre de 2011, 060 del 28 de diciembre de 2011, 077 del 10 de marzo de 2011 y 080 del 11
de marzo del 2011, quedaron consignadas las exigencias para que los estatutos incluyan reglas de disolución, fusión con otros partidos o
movimientos políticos, o escisión y liquidación, como también, que estas herramientas se rigen por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos
y que no podrá acordarse tales figuras cuando se haya iniciado proceso sancionatorio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político
cuando se haya iniciado proceso sancionatorio.
Conforme a la descripción normativa, la Sala Electoral comprende que la fusión como
operación político – jurídica que es, afecta a una o más colectividades que interesadas en
desaparecer para integrarse con sus respectivos ideales, militantes y patrimonios en una sola
entidad ya preexistente o de una nueva creación, lo debe hacer, respetando las reglas de
democracia interna que precisan sus estatutos y por supuesto acatando lo que la ley estatutaria
previó, esto es, honrar las obligaciones contraídas en vigencia de su existencia, en específico
las derivadas de la iniciación de los procesos administrativos.
Este precepto jurídico tiene significado en la medida que armoniza la estructura y autonomía
de las agremiaciones políticas, la persecución de fines constitucionalmente legítimos, entre
esos, la realización del máximo nivel de participación interna y el direccionamiento por las vías
participativas de la consolidación e integración en mayor grado la ideología; con el respeto a
los límites fijados por el legislador41, materializados por el ejercicio de una facultad
administrativa en cabeza del Consejo Nacional Electoral.
En otras palabras, la solicitud que hagan los partidos y movimientos políticos sobre el deseo
de fusionarse, no solo debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos que sus propios
estatutos previeron (reglas de cuórum, mayorías, autoridades con capacidad para deliberar y
decidir sobre ello, entre otros asuntos), sino que los solicitantes deben estar desprovistos de
toda indagación administrativa de carácter sancionatorio 42 al momento de suscribirse esa
unión.
Por ello es que el CNE en cada caso concreto debe verificar que la restricción del artículo 14
de la Ley 1475 de 2011 se cumpla y de esta manera no queden pendientes investigaciones
sancionatorias imputadas a los solicitantes y con ello se determine si la fusión procede o no.
A este respecto, la autoridad electoral conforme a la Ley 1475 de 2011, tiene importantes
prerrogativas que, de acuerdo con la gravedad de la falta, las pruebas acopiadas en la
indagación y las consecuencias de su materialización, pueden dar cabida a imponer diferentes
tipos de sanciones que debe ser analizadas, precisamente, cuando se trata de autorizar un
proceso de reorganización política.
Por ende, si bien se trata de una prerrogativa autónoma de los partidos, no todas las
agremiaciones podrían solicitar la fusión aun existiendo pesquisas abiertas, pues puede que
algunas de ellas conlleven, por ejemplo, a la pérdida de la personería jurídica, ante lo cual, la
autoridad electoral debe validar la procedencia de la respectiva solicitud.
Ahora bien, el artículo 14 ibidem utilizó la expresión «acordarse», locución43 que refiere a la
acción o efecto de determinar algo de común acuerdo, lo que implica que, los partidos o
movimientos políticos conciertan en uso de su autonomía, la decisión de fusionarse elevando
tal decisión por escrito.
A propósito de lo dicho, la Corte Constitucional en la sentencia C – 490 de 2011, analizó el
precepto normativo, así:
41
Téngase presente el Artículo 8° de la Ley 1475 de 2011 que a la letra estableció, lo siguiente: Responsabilidad de los partidos. Los partidos
y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o
financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.
42
Recientemente Consejo de Estado. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001032800020230002100. Sentencia del 8 de
febrero de 2024, «el artículo 108 superior, según ha sido modificado a través de dos actos legislativos de los años 2003 y 2009, busca
fortalecer y consolidar partidos políticos como célula básica del sistema electoral, con identidad ideológica, plataforma programática y apoyo
popular suficientes para garantizar su permanencia en el tiempo por encima de la tradición personalista».
43
Real Academia de la Lengua Española: tr. Dicho de un conjunto de personas: Determinar o resolver algo de común acuerdo, o por mayoría
de votos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
La regla que impide la disolución, liquidación, fusión o escisión voluntaria de la agrupación política
cuando ya se ha iniciado un proceso sancionatorio, es razonable y no pugna con el orden
constitucional, ya que la intención del legislador estatutario es que una vez la autoridad electoral ha
considerado que existe mérito suficiente para iniciar una investigación por la comisión de las faltas
previstas en el capítulo III, resulta imprescindible que esa pesquisa llegue a su fin, con el objeto
que se determine con claridad la responsabilidad de la colectividad y/o sus directivos,
tornando la disolución voluntaria como un fraude a la ley. (…) es válido que el legislador disponga
medidas que lo impidan, como sucede en el caso analizado. (Negrilla fuera de texto).
Al estudiarse lo dicho por la Corte Constitucional, la Sala Electoral logra extraer varias
expresiones que permiten entender el correcto sentido de esta disposición, aunado a todo lo
explicado hasta este punto, como lo son: «regla que impide» y «pesquisas que lleguen a su
fin».
Estos argumentos, leídos sistemáticamente con las funciones que ostenta el CNE, refieren a
que se «impedirá» por parte de esta autoridad el surgimiento de los efectos jurídicos sobre el
sistema de partidos del acuerdo de fusión suscrito por las agremiaciones políticas el cual, si
bien nace como expresión de deliberación democrática con ocasión de la autonomía que les
caracteriza, dicha herramienta no surtirá consecuencias hasta tanto esa regla prevista no se
vea cumplida.
Nótese que, el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 al haber sido interpretado por la Corte
Constitucional bajo la regla de «impedir que algo nazca», tuvo en cuenta las funciones
otorgadas por el legislador al Consejo Nacional Electoral como las dispuestas en los artículos
12 y 13 ibidem, que como se verá más adelante, permiten que esta autoridad utilice etas
herramientas jurídicas para materializar la restricción del primero de estos preceptos.
En otros términos, una vez se acude a la definición que da la RAE 44 a la expresión «impedir45»,
supuesto que utilizó la Corte Constitucional en la sentencia C – 490 de 2011, se tiene que el
órgano electoral imposibilita la ejecución material de la personería jurídica que nace del uso
de esta figura jurídica hasta que los procesos sancionatorios no lleguen a su fin y, por lo tanto,
a través de esta actividad el CNE evita que agrupaciones interesadas en reorganizarse
conforme a los parámetros del artículo 14 ibidem, acudan a tales instrumentos para eludir los
tipos de sanciones que la Ley 1475 de 2011 prevé de acuerdo con su gravedad.
Como puede verse, un análisis legal y constitucional de la norma permite comprender que las
propias organizaciones pueden crear y utilizar a través de la disolución voluntaria y la fusión,
formas propias para autorregularse46, extinguiéndose para luego unirse a uno de mayor
envergadura, a fin de competir en la actividad electoral y de esta forma, materializar el derecho
a unirse.
Sin embargo, esos procesos autónomos de democracia interna no pueden estar dirigidos a
eludir el régimen de responsabilidad consagrado en la ley, el cual como se ha observado, debe
ser controlado por parte del CNE en cada caso concreto conforme a la gravedad de las
pesquisas iniciadas al momento en que se pidió un respectivo proceso de reorganización.
44
Real Academia Española.
45
tr. Imposibilitar la ejecución de algo.
46
Los Estatutos de las organizaciones políticas, según lo ha señalado la H. Corte Constitucional, tienen como principal propósito unificar y
gobernar la acción y la organización de los partidos y movimientos políticos. En este sentido, en el marco de la fusión de partidos y movimientos
políticos y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, los Estatutos constituyen un parámetro de control sobre las decisiones que
las organizaciones políticas adopten. En consecuencia y, teniendo en cuenta que en dichos procesos se debate la conformidad de las
decisiones de fusión con los Estatutos de las organizaciones políticas involucradas, su resolución resulta determinante frente a la solicitud
realizada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Ahora bien, la hermenéutica que se debe verter sobre el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011
debe incluir un análisis integral con otras disposiciones de esta norma, como lo son los
preceptos 3, 12.2 y 13.6.
En lo que tiene que ver con el primer enunciado normativo, el legislador se preocupó por indicar
lo siguiente:
Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral llevará
el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. (…) En el acto de reconocimiento de
personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único a que
se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos
derechos y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se
someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y funcionamiento.
Para comprender esta norma de cara a lo que la Sala expone en relación con el alcance del
artículo 14 ibidem, debe decirse que existe un – requisito de solemnidad – para que una
personería surta plenos efectos legales en el ordenamiento jurídico producto del acuerdo de
fusión; esto es, la inscripción de dicho reconocimiento político en el denominado, Registro
Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM) el cual, no solo permite dar oponibilidad
al acto administrativo, sino que, a partir de esa formalidad, es que se pueden ejercer en
adelante los derechos como agrupación política y contraer obligaciones.
En este punto, el acuerdo de voluntades que deriva en la fusión es vinculante para los
suscriptores porque la Ley 1475 de 2011 (Art. 4) obliga a diseñar reglas sobre esta unión en
los estatutos, y porque frente a estos últimos la propia Constitución Política (Art. 107) los
comprende como normas que los partidos y movimientos políticos deben acatar y responder
por toda violación o contravención en lo que tiene que ver con su organización y
funcionamiento.
De manera tal que el acuerdo de fusión una vez suscrito (por quien tiene capacidad para ello,
con pleno acatamiento de las normas internas de cada una de las agremiaciones interesadas
y se formalice por escrito), resulta ser vinculante para los firmantes47, pero para que tal
expresión de voluntad impacte jurídicamente en el sistema de partidos, sea oponible ante
terceros y permita el ejercicio de prerrogativas como también de contraer obligaciones, solo
surgirá en el momento en que el CNE acredite que esas pesquisas llegaron a su fin 48 y
adicionalmente, se registre en el RUPYM la personería jurídica resultante de esa concertación
de voluntades.
Ahora bien, la Sala también debe acudir a lo establecido en los preceptos 12.2 y 13.6 de la Ley
1475 de 2011; habida cuenta que, tal como se ha venido exponiendo, es el CNE la autoridad
que autoriza la fusión.
Estos dispositivos fueron redactados de la siguiente manera:
47
Consejo de Estado. Sección Quinta. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01. Sentencia del 21
de julio de 2016. «En lo que tiene que ver con la fusión, que existe como una posibilidad para los partidos y movimientos políticos, el legislador
estatutario no hace referencia alguna (…), a los grupos significativos de ciudadanos, lo que permite concluir que dicho derecho no fue
adjudicado a estos últimos, puesto que el tratamiento legislativo otorgado a estos se caracteriza por ser diferencial y sus derechos y
obligaciones no son equiparables a aquellos de los partidos y movimientos políticos (…). También, esta idea se refuerza aún más si se
examina el numeral 18 del artículo 4º de la [Ley 1475 de 2011]. Lo anterior denota que la titularidad del derecho de fusión se encuentra
exclusivamente en cabeza de los partidos y movimientos políticos, siendo estos, al mismo tiempo los únicos sujetos facultados para acudir a
ella. La exclusión de los grupos significativos de ciudadanos de la posibilidad de fusionarse, parece a todas luces razonable, puesto que al
no contar con personería jurídica su existencia no se encuentra asegurada, lo cual impide que realice actos que requieran de una existencia
formal.
48
Conforme a lo descrito por el artículo 87 del CPACA. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 1.
Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. 2.
Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente
al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4.
Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización
a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Artículo 12. Sanciones aplicables a los partidos y movimientos. Los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o
reiteración de las faltas, la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a
sus directivos, a sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando
sus directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u
omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y
sanción: (…) 2. Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de
las faltas a que se refieren los numerales 1 al 4 del artículo 10.
Artículo 13. Competencia y procedimiento para imponer sanciones a los partidos y movimientos
políticos. El Consejo Nacional Electoral es titular del ejercicio preferente en la competencia y
procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos. (…) 6. En cualquier etapa de la actuación podrá adoptarse como medida cautelar,
debidamente motivada la suspensión de (..) la personería jurídica, hasta que se adopte la decisión
final, con el alcance y los efectos que se estimen oportunos para salvaguardar el interés general. En
tal caso, se ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de partidos.
Como puede verse, para cumplir con sus funciones constitucionales, el CNE puede
«suspender los efectos jurídicos de la personería jurídica de los partidos y movimientos
políticos», prerrogativa que se activa cuando se inician procedimientos administrativos por
algunas de las faltas que se refieren en el capítulo III del régimen sancionatorio.
Pues bien, tanto el artículo 12.2 como el 13.6 de la Ley 1475 de 2011, otorgan la competencia
al CNE para suspender el atributo otorgado hasta por un periodo de (4) años, preceptos que
materializan el ejercicio del ius puniendi estatal y que deben garantizar el derecho defensa y
el debido proceso49.
De acuerdo con ello, para integrar armónicamente estas facultades con lo dicho por la Corte
Constitucional, resulta perfectamente razonable comprender que, ante el curso de
indagaciones sancionatorias, sea la autoridad electoral quien pueda suspender el
reconocimiento de una personería jurídica hasta que esas investigaciones lleguen a su fin.
Esta precisión es de suma importancia porque el CNE de acuerdo con sus facultades y de
conformidad con el tipo de falta que logre determinar, podrá ejercer sus facultades
sancionatorias que incluso imposibilitarían la fusión porque en últimas lo que ordenó la Corte
Constitucional fue garantizar que los procesos sancionatorios no queden defraudados por los
solicitantes, so pretexto de una reorganización política.
En otros términos, el Consejo Nacional Electoral al tener la potestad para suspender los
efectos de la personería jurídica de aquellas agrupaciones solicitantes de la fusión,
perfectamente puede negar la petición, condicionarla o supeditarla teniendo en cuenta el tipo
de conducta reprochable, la gravedad de la actividad censurada y la sanción que prevé el
ordenamiento en la investigación administrativa advertida.
Tal interpretación, acogida por esta Sala Electoral para entender la actuación administrativa
del otorgamiento de dicho atributo, por vía de la aprobación de la fusión, se encuentra en
consonancia con algunos razonamientos emitidos por el tribunal constitucional, expuestos en
los siguientes términos50:
49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. MP. José Roberto Sáchica Méndez. Sentencia
del 11 de octubre de 2021. Rad. 76001-23-31-000-2007-00092-05. «El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política que propende por la garantía de la autonomía y libertad de los ciudadanos en tanto limita racionalmente el
ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. El debido proceso dicta que las autoridades, tanto en sede administrativa como judicial, deben
adelantar el procedimiento previamente definido para su actuación, en aplicación del principio de juez natural, con respeto de los derechos
de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones
proferidas en el curso de tales procedimientos y concediendo la oportunidad de impugnarlas».
50
Sentencia C – 763 de 2009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
[E]n virtud de su potestad legislativa en materia de procedimientos, el legislador puede regular y
definir entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, (…) De igual manera, ha considerado
que esta potestad no es absoluta, pues se encuentra limitada por las garantías constitucionales
(…). En atención a referentes Superiores como los señalados, la Corte tiene establecido que la
legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por
su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. (Negrilla fuera
de texto).
Es por lo anterior que la hermenéutica más apegada al entendimiento y naturaleza del régimen
de partidos políticos es aquella en la que el acuerdo de fusión, una vez suscrito por las
colectividades, vincula a los firmantes.
Respecto de los efectos jurídicos en el sistema de partidos, estos nacen por la autorización
que dé el CNE de ese convenio partidista.
De igual modo, podrá ser suspendido ese atributo si se iniciaron investigaciones sancionatorias
administrativas por la violación de las faltas del capítulo III.
Conforme al requisito solemne de registro ante el RUPYM, las agremiaciones nacientes solo
podrán ejercer sus derechos y contraer obligaciones, cuando tales pesquisas hayan
identificado al presunto infractor y culminen su cometido 51.
Y finalmente, en cada caso concreto, la máxima autoridad electoral de acuerdo con la falta
atribuida al movimiento o partido político, verificará que la restricción del artículo 14 de la Ley
1475 de 2011 se cumpla y de esta manera no queden pendientes investigaciones
sancionatorias imputadas o se eluda el régimen sancionatorio para con ello determinar si la
fusión procede o no.
De acuerdo con la construcción hermenéutica que realiza esta Sección sobre el artículo 14 de
la Ley 1475 de 2011 se logra: i) respetar el principio de supremacía constitucional y la fuerza
vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional, ii) impedir la evasión de
responsabilidades administrativas, fortaleciendo la eficacia del control electoral y la rendición
de cuentas y, iii) proteger la transparencia y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Con ello, se previene que los partidos puedan sustraerse al escrutinio legal mediante
mecanismos de reorganización política y se dota de contenido propio el régimen de partidos y
movimientos políticos, reiterándose con estos razonamientos, lo que ha venido esgrimiendo
esta Sala Electoral de tiempo atrás, así 52:
[E]l tema de la regulación de los partidos políticos y la actuación administrativa que se debe adelantar
para el reconocimiento de personería jurídica a este tipo de agrupaciones está específica y
suficientemente normado, razón por la cual no se hace necesario acudir por remisión a ninguna otra
codificación mucho menos a la legislación comercial que se encarga de regular relaciones
completamente disímiles a las aquí estudiadas.
Por lo tanto, una vez hecho el presente análisis, se podrá resolver el caso concreto en los
términos que se fijó el litigio.
2.5 Regulación normativa del uso de logosímbolos por parte de las agrupaciones
políticas
51
Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y
movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden (…).
52
Consejo de Estado. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001032800020230002100. Sentencia del 8 de febrero de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
De manera general, la Sección Quinta53 ha entendido que las imágenes que utilizan los
partidos y movimientos políticos constituyen signos distintivos que les permiten ser
identificados por el electorado; ser asociados con los ideales que defienden y sin que se trate
de una lista taxativa; los diferencian de sus contendores en los certámenes electorales en los
que participan.
Tal como se reflexionó en el punto 2.4 de la presente providencia, la Ley 130 de 1994 (Art. 5)
se ocupó de establecer las reglas sobre el dominio de los nombres y símbolos que adoptan los
partidos y movimientos políticos54 y determinó que su inscripción se debe adelantar ante el
Consejo Nacional Electoral.
Esta disposición, fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C
– 089 de 1994, donde se indicó lo siguiente:
El ejercicio de la actividad política y la acción proselitista hacen necesario que las organizaciones se
identifiquen no sólo ideológicamente sino también asociando su presencia a ciertos símbolos,
denominaciones, formas y emblemas que contribuyen a proyectar su imagen.
Ahora bien, con ocasión de los cambios normativos sobre el sistema de partidos políticos, el
legislador en el año 2011 expidió la Ley 1475 y dispuso en el artículo 4 que serían los estatutos
de las agrupaciones donde se debe incluir la «denominación y símbolos».
Además, en el inciso tercero del artículo 35 ibidem precisó que «en la propaganda electoral
sólo podrán utilizarse los emblemas previamente registrados ante el Consejo Nacional
Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos,
coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos
patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con
otros previamente registrados».
La Corte Constitucional por su parte, en la ya multicitada sentencia C – 490 de 2011 estudió el
inciso tercero y consideró:
Esta norma se contrae a establecer algunas reglas orientadas a propiciar claridad y lealtad en la
identificación de los partidos, movimientos y candidatos en el diseño de los mensajes
publicitarios que se emiten en el desarrollo de sus campañas electorales, mediante el uso de
símbolos, emblemas y logotipos diferenciados y previamente registrados ante el Consejo Nacional
Electoral. Una prescripción de esta naturaleza resulta compatible con las funciones de vigilancia
sobre publicidad que el artículo 265.6 de la Constitución asigna al Consejo Nacional Electoral, a la
vez que protege la equidad informativa y la formación libre de la decisión del elector. (Negrilla fuera
de texto).
La anterior consideración resalta la importancia material de las colectividades con personería
jurídica, así como la protección de la máxima autoridad electoral respecto de aquellas
estructuras con vocación de permanencia, a fin de que se tenga claridad respecto de otros
logosímbolos inscritos con anterioridad.
Visto así el asunto, al ser una prerrogativa que tienen las agremiaciones políticas para
representarse como mejor les convenga, su desarrollo no es absoluto y, en consecuencia, los
límites que planteó el legislador y la sentencia de constitucionalidad, ponen como talanqueras
53
Consejo de Estado. Sección Quinta. MP. Gloria María Gómez Montoya. Rad. 19001-23-33-000-2023-00224-02. Sentencia del 12 de
diciembre de 2024.
54
La Constitución Política en el artículo 15 precisa el derecho que tiene toda persona (natural o jurídica) a su buen nombre, y el deber del
Estado en respetarlos y hacerlos respetar. En la Sentencia T – 394 de 2024 se reiteró que, «las personas jurídicas de derecho privado son
expresión del derecho de libre asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución. El ejercicio de este derecho permite a las personas
naturales crear personas jurídicas como instrumento para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a (…) la participación
política mediante la constitución de partidos políticos (artículo 40.3 de la Constitución); (…), entre otros. La constitución de este tipo de
personas jurídicas permite o potencia la consecución de los derechos fundamentales que constituyen el objeto de tales asociaciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
la reproducción de símbolos patrios y los que ya estuvieran acreditados en favor de los partidos
y movimientos políticos.
En este punto, la referida decisión de constitucionalidad determinó que:
[En] la propaganda electoral sólo podrá utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente
registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos
significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o
reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o
generar confusión con otros previamente registrados. (Negrilla fuera de texto).
Al respecto, precisó la Corte Constitucional en la decisión que se estudia, que:
Estos instrumentos de recordación se integran como piezas importantes en el lenguaje y
comunicación de masas. Su sistemática utilización en los diferentes eventos políticos, convierte
este instrumental en verdadero bien intangible del partido cuyo valor de uso en el escenario político
demanda su empleo exclusivo por parte de la organización que lo ha creado y se sirve de él en la
contienda política, amén de que resulta decisivo para su propia cohesión y disciplina internas.
(Negrilla fuera de texto).
Lo dicho en precedencia no implica que otras formas asociativas no puedan crear o usar
electoralmente a su favor, entre otros, los emblemas; al contrario, el artículo 35 de la Ley 1475
de 2011, enuncia a los «grupos significativos de ciudadanos, las coaliciones o los comités de
promotores», para hacer uso de esas prerrogativas, pero lo que debe considerarse es que no
pueden inscribir, por ejemplo, un símbolo ya inscrito ante el CNE.
Descrito lo anterior, se procede a resolver los demás puntos propuestos por la Sala.
2.6. La situación acaecida por el Movimiento Político Pacto Histórico en el sub judice, a
partir de las censuras propuestas y el acervo probatorio
De acuerdo con la fijación del litigio, la Sala por razones metodológicas resolverá en primer
lugar los reparos relacionados con la presunta vulneración del artículo 14 de la Ley 1475 de
2011, los cuales tienen una conexidad temática en su fundamento; para luego, continuar con
la controversia dirigida respecto del precepto 35 de la norma ibidem.
2.6.1. Regla que impide la fusión establecida en el inciso primero del artículo 14 de la
Ley 1475 de 2011
Advierte la Sala que la hermenéutica relacionada con que «no podrá acordarse la disolución,
liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya
iniciado proceso sancionatorio», es aquella en la que:
i) Una vez perfeccionado el acuerdo (suscrito por quien tiene capacidad para ello, con pleno
acatamiento de las normas internas de cada uno de las agremiaciones interesadas y
formalizado por escrito), resulta ser vinculante para los firmantes que cuenten con personería
jurídica vigente.
ii) Para que tal expresión de voluntad tenga impacto jurídico en el sistema de partidos, sea
oponible ante terceros y permita el ejercicio de prerrogativas como de contraer obligaciones,
solo se dará en el momento en que el CNE acredite que esas pesquisas llegaron a su fin y
adicionalmente que el reconocimiento de esa personería jurídica resultante se registre en el
RUPYM (Art. 3).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
iii) De igual modo, se dejó claro que resulta procedente que el Consejo Nacional Electoral como
autoridad que autoriza la fusión, pueda reservarse la posibilidad de «suspender los efectos
jurídicos de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos», garantizando el
derecho de defensa55 y el debido proceso (Arts. 12.2 y 13.6 ibidem)56.
iv) En cada caso concreto, la máxima autoridad electoral de acuerdo con la falta atribuida al
movimiento o partido político, verificará que la restricción del artículo 14 de la Ley 1475 de
2011 se cumpla y de esta manera no queden pendientes investigaciones sancionatorias
imputadas o se eluda el régimen sancionatorio para con ello determinar si la fusión procede o
no.
Con base en los anteriores razonamientos, se encuentra que las resoluciones controvertidas,
para lo que interesa al sub judice, son del siguiente tenor57:
Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, por medio de la cual se resuelve la solicitud
de reconocimiento de personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico, como
consecuencia de la fusión de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y
Comunista Colombiano, dentro del expediente identificado con el radicado CNE-E-DG-2025-
011455. (…)
ARTÍCULO SEGUNDO: ACEPTAR la fusión del PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, bajo la
condición de que los procedimientos administrativos sancionatorios en curso contra dichas
organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta decisión, se encuentren debidamente
concluidos y en firme, de manera que únicamente a partir de ese momento surtirá plenos efectos
jurídicos lo dispuesto en este proveído, conforme a lo señalado en su parte motiva.
PARÁGRAFO PRIMERO. La condición suspensiva prevista en la presente Resolución recae
exclusivamente sobre los procesos administrativos sancionatorios en los que figuren como sujetos
vinculados las organizaciones políticas que se someten a la fusión. En consecuencia, no se
entenderán comprendidos dentro de dicha condición los procesos que recaigan únicamente sobre
candidatos avalados, excandidatos o personas naturales vinculadas a dichas colectividades, toda
vez que su responsabilidad es de carácter personal y no puede afectar el reconocimiento de la
personería jurídica derivada de la fusión.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En todo caso, los procesos sancionatorios que se inicien con
posterioridad a la presente decisión contra las organizaciones políticas solicitantes de la fusión no
constituirán condición para el reconocimiento de la personería jurídica del partido fusionado; pero
continuarán su trámite ante dichas organizaciones, individualmente consideradas, y, una vez
aprobada la fusión y otorgado el reconocimiento en los términos del artículo segundo, serán
asumidos por la personería jurídica resultante en el estado en que se encuentren. (…)
ARTÍCULO CUARTO: RECONOCER la personería jurídica del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO
HISTÓRICO, resultado de la fusión del PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO POLO
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, la cual únicamente
surtirá efectos a partir de la ejecutoria de los actos administrativos que pongan fin a los procesos
sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta
decisión, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta actuación. (…)
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental de la Corporación que expida la correspondiente certificación, una vez se encuentren
55
Al tratarse de un procedimiento administrativo el artículo 3 del CPACA aplicable, precisa lo siguiente: «Todas las autoridades deberán
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en
la Constitución Política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales. las actuaciones administrativas se desarrollarán,
especialmente, con arreglo a los principios del (…) 1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y la ley, con plena garantía de los derechos
de representación, defensa y contradicción. en materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad
de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
56
Debe precisarse que el Consejo Nacional Electoral según lo consignado en el Libro 3 del expediente administrativo aportado, páginas 1 a
21, refiere la existencia de los conceptos 967 de 2015 y 3366 de 2024 en los que estudio la figura de la fusión y sus distintas implicaciones
sin que exista una tesis jurídica pacífica en dicha entidad sobre la materia.
57
Se encuentra alojada el libro 5 del expediente administrativo folios 76 y subsiguientes, como también, en los anexos de las dos demandas
acumuladas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
terminados y ejecutoriados los procesos administrativos sancionatorios adelantados en contra del
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y el
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, iniciados hasta la fecha de esta decisión, con el fin de que
surta efectos jurídicos el reconocimiento aquí otorgado, y que dicha certificación sea notificada a
todas las partes objeto de esta actuación, incluido el Despacho Ponente. (…)
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente proveído de conformidad
con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (…) PARÁGRAFO. ANOTACIÓN Y PUBLICACIÓN. Los ARTÍCULOS TERCERO,
CUARTO y QUINTO del presente acto administrativo de registro producirán efectos a partir del
momento en que se realice la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos (…)
Resolución 10211 del 15 de octubre de 2025, por medio de la cual se resuelven los recursos
de reposición presentados contra la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, dentro
del expediente identificado con el radicado CNE-E-DG-2025-011455.
Artículo Segundo: No reponer la Resolución No. 09673 del 17 de septiembre de 2025, por medio de
la cual se decidió sobre la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del Movimiento Político
Pacto Histórico, como consecuencia de la fusión del Movimiento Político Colombia Humana, el
Partido Unión Patriótica, el Partido Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano,
el Partido Progresistas y la “Minga Indígena Política y Social”; proferida con ocasión del expediente
identificado con el radicado CNE-E-DG-2025-011455.
Para adoptar estas determinaciones, el CNE tuvo conocimiento del acuerdo de fusión el cual
tuvo como punto relevante, el siguiente:
Sexta: DEL PATRIMONIO, LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.
(…) En virtud de la transformación administrativa derivada del presente acuerdo de fusión, las partes
acuerdan que las acreencias, obligaciones y responsabilidades contraídas por cada uno de los
partidos fusionados con anterioridad a la entregada en vigor del presente acuerdo permanecerán
plenamente vigentes y exigibles. Estas responsabilidades no se entienden modificadas ni
extinguidas por efecto de la fusión y conservan su fuerza obligatoria frente a terceros, acreedores u
otras partes interesadas, incluyendo aquellas derivadas de la aplicación y cumplimiento del régimen
legal aplicable a los partidos políticos.
A partir de lo anterior, la autoridad electoral comprendió que, para preservar las
responsabilidades frente a procesos sancionatorios, esa manifestación voluntariamente
expresada debía ser verificada a fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de la regla
dispuesta en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 a efecto de posibilitar o no la fusión. A raíz
de ello, el CNE discriminó una serie de procedimientos administrativos en contra de las
agrupaciones solicitantes, así como los sujetos procesales ilustraron sobre la existencia de
varios otros.
En este punto, la Sala Electoral realizó un estudio completo de los actos administrativos
demandados, del expediente administrativo58 y de las pruebas aportadas por partes,
encontrando acreditado que: i) el acuerdo de fusión fue suscrito por los representantes legales
de las colectividades solicitantes el 13 de junio del 202559 y que, para esta fecha, ii) algunas
indagaciones estaban abiertas, otras cerradas y en algunas no se acreditó mayor información.
Al respecto se tiene lo siguiente:
58
https://drive.google.com/drive/folders/1b1ffsDN190M8qq7C6EMBEZbJEAhleFPt?usp=drive_link
59
Folio 11 del libro primero del expediente administrativo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Partido Comunista Colombiano:
Rad. Tema Resolución que abrió Resolución que sanciona y/o el que
investigación desata reposición u otras solicitudes
Sin ítem Presunta vulneración al artículo 18 de la Ley 1475 Sin acto administrativo Sin decisión administrativa en el expediente
de 2011 para la vigencia 2024. o información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
2024- Presunta transgresión del deber de diligencia 6492 del 4 de Sin decisión administrativa en el expediente
020046 consagrado en el artículo 8 y el numeral primero del diciembre de 2024. judicial o constancia de ejecutoria.
artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, en las
elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023.
2024- Presunta vulneración al deber de diligencia 6493 del 4 de Sin decisión administrativa en el expediente
008865 consagrado en el artículo 8 y el numeral primero del diciembre de 2024. judicial o constancia de ejecutoria.
artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, en el marco de
las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023.
2024- Presunta transgresión del deber de diligencia 6592 del 12 de Sin decisión administrativa en el expediente
008881 consagrado en el artículo 8 y el numeral primero del diciembre de 2024. judicial o constancia de ejecutoria.
artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, en las
elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023.
2024- Presunta vulneración del artículo 25 de la Ley 1475 06491 del 4 de Res 2986 del 24 de junio de 2025, sanciona.
008869 de 2011, al no presentar el informe individual de diciembre de 2024.
ingresos y gastos de campaña, no abrir cuenta
única bancaria, no manejar la totalidad de los
recursos a través de esta y no designar gerente de
campaña, en las elecciones del 29 de octubre de
2023 Junta Administradora Local de Sumapaz
(Bogotá).
2024- Presunta transgresión del artículo 25 de la Ley 5312 del 16 de octubre Res 03488 del 2 de julio de 2025, sanciona.
008875 1475 de 2011, al no presentar el informe individual de 2024.
de ingresos y gastos de campaña, con ocasión de
las elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre de
2023 12 excandidatos al Concejo de La Jagua De
Ibirico – Cesar.
2024- Presunto incumplimiento a la Resolución 8842 de 0992 de 2025 (sin Sin decisión administrativa en el expediente
020063 2021 «programa, estatutos, convocatoria al XXIII precisar fecha). judicial o constancia de ejecutoria.
Congreso Nacional del Partido Comunista
Colombiano».
2024- Presunta vulneración del artículo 25 de la ley 1475 Sin acto administrativo Sin decisión administrativa en el expediente
004225 de 2011 por parte de candidatos que no o información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
60 presentaron y lo hicieron extemporáneamente
informes de ingresos y gastos de campaña en las
elecciones territoriales 2023.
2024- Presunta vulneración del artículo 25 de la Ley 1475 00289 del 29 de enero Sin decisión administrativa en el expediente
008842 de 2011. 2025. judicial o constancia de ejecutoria.
Presunta transgresión del deber de diligencia
2025-
consagrado en el artículo 8 y el numeral primero del
006385 artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, en el marco de
las elecciones del 29 de octubre de 2023.
2025- Presunto uso indebido de propaganda política, Sin acto administrativo Sin decisión administrativa en el expediente
020467 hostigamiento, difamación e instrumentación de o información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
menores contra el Partido Comunista Colombiano
y su corriente «Maestro y Combatiente» del
departamento de Risaralda.
Unión Patriótica:
Rad. Tema Resolución que abrió Resolución que sanciona y/o el que desata
investigación reposición u otras solicitudes
2022- Presunta vulneración de los artículos 8, 10.1 y 25 2252 del 23 de marzo de 2023. 01591 del 28 de febrero de 2024 declara
011916 de la ley 1475 de 2011, por parte del gerente de responsable y se sanciona al excandidato y a su
campaña y candidato avalado por el Partido ex gerente de campaña con multa.
Colombia Humana – Unión Patriótica, para la
Alcaldía de Duitama - Boyacá en elecciones 05517 del 22 de octubre de 2024 negó recurso
atípicas del 18 de noviembre de 2021. de reposición.
2023- Presunta transgresión del régimen de financiación 05175 del 8 de octubre de 601 del 12 de febrero de 2025, rechazó y no se
002164 de las campañas electorales. 2024. accedió a las peticiones de nulidad, revocatoria
directa y de terminación del proceso
sancionatorio.
2023- Investigación por revocatorias de inscripción en 1079 de 2024 0621 de 2025 sanciona sin precisar fecha.
068358 las elecciones de Autoridades Locales de 2023.
2024- Presunta vulneración del artículo 25 de la ley 1475 3571 del 9 de julio de 2025. Sin decisión administrativa en el expediente
004247 de 2011 por parte de candidatos que no judicial o constancia de ejecutoria.
presentaron y lo hicieron extemporáneamente
informes de ingresos y gastos de campaña en las
elecciones territoriales 2023.
60
Según indicó el CNE, se remitieron los siguientes radicados: 2024-08875, coalición Pacto Histórico conformada, entre otros, por el PCC,
en el departamento de Cundinamarca, sanciona con la Res. 03488 de 2025 sin precisar fecha; 2024-08869, coalición Pacto Histórico
conformada, entre otros, por el PCC, en Bogotá D.C., sanciona con la Res. 02986 de 2025 sin precisar fecha; 2024-08791, coalición Pacto
Histórico conformada, entre otros, por el PCC, en el departamento del Valle del Cauca, sanciona con la Res. 07062 del 20 de agosto de 2025;
2024-08864, coalición Pacto Histórico conformada, entre otros, por el PCC, en el departamento de Arauca, inicia investigación con Res 6512
de 2024 sanciona con resolución 07071 del 20 de agosto de 2025 (por la presunta transgresión del deber de diligencia consagrado en el
artículo 8 y el numeral primero del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, en el marco de las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre de
2023).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Polo Democrático Alternativo:
Rad. Tema Resolución que abrió Resolución que sanciona y/o el que
investigación desata reposición u otras solicitudes
2022- Investigación con ocasión de la Asamblea Sin acto administrativo o 5406 del 26 de julio de 2023 que rechazó por
011873 Departamental realizada el 21 de enero de 2023 información oficial. falta de competencia las solicitudes de
y 2023- en la que se eligió la Coordinadora impugnación interpuestas contra la
departamental del Casanare. coordinadora departamental del Casanare.
013973
2022- Presunta no realización del congreso, a reunirse 0508 del 25 de enero de 1299 del 14 de febrero de 2024 resolvió un
016138 cada dos años conforme al artículo 108 de la 2023. recurso.
Constitución Política.
4721 del 28 de junio de 2023 sanciona
2022- Presunto incumplimiento de utilización del 15% Sin acto administrativo o 6207 del 9 de agosto de 2023 se abstiene de
025555 de los recursos estatales contemplado en el información oficial. continuar con la actuación administrativa.
artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, derivados de
la actividad de oposición en el funcionamiento de
la vigencia del año 2021.
2022- Presunta vulneración del artículo 25 de la Ley 03254 del 27 de junio de 02064 del 6 de mayo de 2025 impone
023354 1475 de 2011 por parte de algunos exgerentes 2024 sanción.
de campaña y candidatos que no presentaron y 00689 del 19 de febrero de
lo hicieron extemporáneamente informes de 2025.
ingresos y gastos de campaña en las elecciones
congresuales del 2022.
2022- Presunta vulneración del artículo 37 de la Sin acto administrativo o 5266 del 19 de julio de 2023 se abstiene de
024963 Resolución 1946 de 2021 respecto de la información oficial. continuar con la actuación administrativa.
candidatura a la Cámara de representantes por
el departamento del Guaviare de la coalición
Pacto Histórico y el Polo Democrático Alternativo
para las elecciones de 2022.
2023- Presunto incumplimiento de utilización del 15% Sin acto administrativo o Sin decisión administrativa en el expediente
025571 de los recursos estatales contemplado en el información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, derivados de
la actividad de oposición en el funcionamiento de
la vigencia del año 2022.
2023- Denuncia – sin identificación adicional – contra la Sin acto administrativo o 5406 de 2023 y se asevera en documentos
011873 sede nacional del PDA. información oficial. emitidos por el CNE que «se archiva, rechaza
o abstiene».
2023- Investigación contra el presidente del comité Sin acto administrativo o 5010 del 13 de julio de 2023 rechaza de plano
009965 ejecutivo de la localidad de Barrios Unidos de información oficial. la queja presentada.
Bogotá D.C.
2023- Presunto incumplimiento de los estatutos por Sin acto administrativo o 16343 del 13 de diciembre de 2023 declara la
017641 parte del representante legal del PDA al negar información oficial. carencia actual de objeto de la solicitud.
aval a un aspirante – sin identificación adicional.
2023- Impugnación decisión tomada por la Sin acto administrativo o 02966 del 5 de junio de 2024 niega la
017787 coordinación departamental del Valle del Cauca. información oficial. impugnación presentada.
2023- Queja por no consenso al interior del directorio Sin acto administrativo o 02463 de 2024 dio por terminada esa
021146 del municipio de Caldas (Antioquia). información oficial. actuación administrativa.
2023- Solicitud de revocatoria de inscripción por doble Sin acto administrativo o 13020 del 12 de octubre de 2023 niega la
032294 militancia de aspirante en la JAL de Bogotá D.C. información oficial. solicitud de revocatoria.
2023- Presunta inscripción de candidatos inhabilitados 00754 del 24 de enero de 06715 del 18 de diciembre de 2024 impone
068357 en las elecciones territoriales del 2023. 2024 sanción.
02693 de 2024 (sin fecha)
2023- Presunta vulneración del artículo 25 de la ley 00983 del 31 de enero 03208 del 19 de junio de 2024 sanciona al
038673 1475 de 2011 por parte de candidato a la alcaldía 2024. candidato.
de Caucasia (Antioquia) en la elección atípica del
6 de junio de 2021.
2024- Solicitud para proteger derechos estatutarios a la Sin acto administrativo o Sin decisión administrativa en el expediente
019798 militancia. información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
2024- Presunta vulneración del artículo 25 de la Ley Sin acto administrativo o Sin decisión administrativa en el expediente
004246 1475 de 2011 por parte de candidatos que no información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
presentaron y lo hicieron extemporáneamente
informes de ingresos y gastos de campaña en las
elecciones territoriales del 2023.
2024- Presunta violación de los estatutos respecto de Sin acto administrativo o 03772 del 17 de julio de 2024 rechaza por
011472 la elección colegiada del PDA. información oficial. extemporánea la impugnación.
y 2024-
011486
2024- Impugnación de las decisiones tomadas en el VII Sin acto administrativo o 01456 del 1 de abril de 2025 niega la solicitud
022809 Congreso Nacional del PDA por presunta información oficial. de impugnación presentada.
y 2024- violación de los estatutos.
022931
2025- Impugnación de la Resolución 108 del 26 de Sin acto administrativo o Sin decisión administrativa en el expediente
006416 marzo de 2025 emitida por el Comité ejecutivo información oficial. judicial o constancia de ejecutoria.
y 2025- nacional del PDA.
006469
2025- Presunta vulneración del artículo 27 de la ley Sin acto administrativo o 2699 del 11 de junio de 2025 dio por
000630 1475 de 2011 por parte de candidato y su información oficial. terminada la actuación administrativa.
gerente de campaña a la alcaldía de San
Lorenzo (Nariño) en la elección ordinaria del 29
de octubre de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Para la Sala, conforme a lo explicado en el aparte 2.4 de la presente providencia, el hecho de
que hubiesen existido indagaciones abiertas al momento de haberse acordado la fusión (13 de
junio de 2025) no implica per se, la vulneración del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 pues,
debe analizarse si tales pesquisas terminaron, es decir, si quedaron debidamente
ejecutoriadas, si el CNE autorizó el registro en el RUPYM de la personería jurídica que nació
de esa unión y si no existían sanciones que conllevaran a la pérdida de personería jurídica.
Sobre este aspecto, si bien la parte actora aduce que debe aplicarse una interpretación literal,
absoluta y exegeta de la restricción contemplada en el artículo 14, para la Sala es dable acudir
a una hermenéutica integral, sistemática y coherente con el sistema de partidos y lo dicho por
la Corte Constitucional en la sentencia C – 490 de 2011, para con ello, indicar, por una parte
que, será el CNE quien determine en cada caso concreto si conforme a la falta atribuida es
procedente restringir esa posibilidad de asociación, negando la petición, modulándola o
condicionándola, para con ello garantizar el cumplimiento de la regla allí prevista, el
desenvolvimiento propio de las colectividades en dicho proceso sancionatorio administrativo y
la responsabilidad derivada de faltas sancionables.
Conforme a lo dicho, se tiene demostrado en el expediente administrativo61 allegado por el
CNE, que los partidos Comunista Colombiano (10 de noviembre de 2025), Unión Patriótica (14
de octubre de 2025) y Polo Democrático Alternativo (5 de noviembre de 2025), además de
pedir la relación de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de ellos, decidieron
aceptar62 los cargos endilgados, tal como se evidencia en las siguientes pruebas
documentales:
61
Libro 9, folios: 3, 50, 62 y 68 al 70, también, en el Libro 8 folios 166 al 167 del expediente administrativo.
62
Libro 1, folio 9 del expediente administrativo, las agrupaciones fusionadas manifestaron lo siguiente: «En virtud de la transformación
administrativa derivada del presente Acuerdo de Fusión, las partes acuerdan que las acreencias, obligaciones y responsabilidades contraída
por cada uno de los partidos fusionados con anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo permanecerán plenamente vigentes y
exigibles. Estas responsabilidades no se entienden modificadas ni extinguidas por efecto de la fusión y conservan su fuerza obligatoria frente
a terceros, acreedores u otras partes interesadas, incluyendo aquellas derivadas de la aplicación y cumplimiento del régimen legal aplicable
a los partidos políticos».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
De acuerdo a lo documentado, los solicitantes aceptaron ante la autoridad electoral la
responsabilidad por las faltas iniciadas y en consecuencia de ello, el CNE verificó cada uno de
los procedimientos administrativos sancionatorios, registró la personería jurídica63 y determinó
lo siguiente64:
Conforme a tales evidencias y a lo discurrido en el punto 2.4 de la presente providencia, las
actuaciones administrativas sancionatorias al ser ejercicio propio del ius puniendi estatal, se
encuentran revestidas por las prerrogativas del debido proceso y el derecho de defensa; en
consecuencia, resulta perfectamente ajustado que cada uno de los sujetos pasivos de esas
indagaciones hubiesen aceptado la culpabilidad de sus actos.
De este modo, el allanamiento de cargos que hicieron las agrupaciones solicitantes se dirigió
fundamentalmente a: i) obtener beneficios en la sanción a imponer, ii) prescindir de etapas
procesales, iii) garantizar como investigados el ejercicio de su defensa y contradicción y, iv)
cumplir con una condición suspensiva para obtener el reconocimiento como movimiento
político.
Adicionalmente, debe precisarse que, en el acto censurado, se indicó que los procesos
administrativos sancionatorios en los que figuren como sujetos pasivos: los candidatos
avalados, excandidatos o personas naturales vinculadas a dichas colectividades, incluidos los
directivos, su responsabilidad es de carácter personal y no afectan el reconocimiento de la
personería jurídica derivada de la fusión65.
De igual modo, las pesquisas iniciadas con posterioridad al acto censurado contra las
organizaciones políticas solicitantes de la fusión no constituyeron condición para el
reconocimiento de la personería jurídica del nuevo movimiento político; pero continuarían su
trámite ante dichas organizaciones, individualmente consideradas, y, una vez aprobada la
63
Precísese que en el Libro 1 folio 11 del expediente administrativo, las agrupaciones fusionadas indicaron lo siguiente: «Décimo Tercera.
Registro y Formalización. Las partes acuerdan registrar la fusión ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los términos establecidos por
la Ley 1475 de 2011, garantizando el cumplimiento de los requisitos formales para la constitución legal del Pacto Histórico».
64
Libro 9 folio 77 del expediente administrativo. Así como también lo aportado en la contestación de la demanda por parte del CNE Índice
SAMAI 44.
65
Parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución 09673 de 2025
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
fusión y otorgado el reconocimiento en los términos del artículo segundo, fueron asumidos por
la personería jurídica resultante en el estado en que se encontraban66.
De este modo, tal como se ha venido disertando no solo el CNE controló una actividad de
reorganización, sino que también obtuvo el cierre de procesos sancionatorios, dejando
excluidos aquellos destinatarios – personas naturales – y las que se iniciaron una vez acordada
la fusión, pues también serian objeto de vigilancia y, por lo tanto, tales actuaciones garantizan
un trato acorde con la interpretación que esta Sala Electoral ha vertido sobre la materia.
En este orden de ideas, y atendiendo a las particularidades del presente asunto, se respetó la
regla establecida en el artículo 14 y se posibilitó el ejercicio del derecho fundamental de
asociación, aspectos que, como bien se razonó en el punto 2.4. de la presente providencia,
permiten advertir que en el caso concreto el CNE determinó dentro de sus competencias, que
ninguna sanción existía que llevara a la pérdida de personería jurídica de los solicitantes y que
las indagaciones iniciadas fueron culminadas totalmente.
Con base en todo lo analizado, la Sala contesta a cada uno de los interrogantes planteados en
la fijación del litigio, comenzando por los dos primeros al tener conexidad temática de la
siguiente manera:
i) ¿la autoridad electoral desatendió los razonamientos de la sentencia C – 490 de 2011
vertidos sobre el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011? y, ii) ¿se interpretó erróneamente la
exigencia prevista en el inciso primero ibidem?
Sobre el particular considera la Sala que el CNE no desconoció la ratio decidendi de dicha
providencia judicial, como tampoco, desconoció la citada norma pues, tal como se precisó en
el aparte 2.4, la hermenéutica que dio la Corte Constitucional tuvo como máximas de
entendimiento estas expresiones: «regla que impide» y «pesquisas que lleguen a su fin»,
razonamientos que fueron estudiados por esta Sección Especializada las cuales, deben ser
leídas sistemáticamente con las funciones que ostenta el CNE, además de ser interpretadas
integralmente con los demás artículos de la Ley 1475 de 2011.
Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la parte actora, la regla del artículo 14 ibidem bajo la
interpretación que dio la sentencia C – 490 de 2011 y el entendimiento que hace este tribunal
de lo contencioso-administrativo, impide acceder a través del método literal o exegético
esgrimido en la demanda a este primer grupo de cargos de nulidad.
Maxime, cuando al valorarse una de las pruebas aportadas por el accionante relacionada con
el fallo de tutela67 presentado por los partidos solicitantes, se indicó en línea con lo que se
viene exponiendo que:
el Consejo Nacional Electoral en su pronunciamiento advirtió cuáles eran esos asuntos que aún no
habían culminado y que limitaban el reconocimiento de la personería, hasta que estos no contaran
con una determinación que le diera fin a los procedimientos en curso (…) lo que significa que no se
desconocen los derechos fundamentales de participación política, el de elegir y ser elegido de
aquellas personas integrantes de los movimientos políticos fusionados de manera temporal,
atendiendo a la condición de marras y con este actuar se reconfirma que el órgano electoral actuó
bajo el marco legal, protegiendo garantías que se encuentran amparadas en la constitución y normas
previamente citadas».
Por lo tanto, el reparo no prospera.
66
Parágrafo segundo ibidem.
67
Expediente judicial de la acción de tutela con radicado: 11001-22-05-000-2025-01096-01, dirigido por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá, en la que se declaró improcedente el amparo solicitado por algunos de los integrantes de la agrupación política
fusionada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
iii) ¿fueron falsamente motivados los actos acusados?
Como bien lo ha tratado la jurisprudencia de esta corporación judicial, este vicio establecido
como causal de nulidad en el artículo 137 del CPACA, guarda relación directa con el principio
de legalidad y con el deber de la administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones.
Esta figura se presenta cuando existe un yerro en la escogencia o determinación de los
motivos; es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo68.
Dicho lo anterior, considera la Sala que no se encuentra acreditado este vicio, comoquiera que,
el CNE tuvo por demostrado la iniciación de procesos sancionatorios al momento en que se
acordó la fusión; sin embargo, acudiendo a los razonamientos expuestos por la sentencia C –
490 de 2011, derivó una condición suspensiva en el otorgamiento de la personería jurídica
para comprender la exigencia del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y el análisis constitucional
que posaba sobre él.
En este medida, de acuerdo con la hermenéutica adoptada por la Sección Quinta, no existe
divergencia entre lo acontecido fáctica y jurídicamente con la producción del acto censurado,
pues se itera, la condición allí contemplada suspendió la producción de efectos jurídicos hasta
tanto esas pesquisas no terminaran, lo que llevó, no solo a garantizar el principio de
supremacía constitucional y la fuerza vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional,
sino que también, impidió la evasión de responsabilidades administrativas, fortaleciendo la
eficacia del control electoral y la rendición de cuentas.
Por lo tanto, el reparo no prospera.
iv) ¿el CNE excedió sus competencias constitucionales y legales al haber otorgado el citado
reconocimiento de manera condicionada, en detrimento del principio de legalidad?
Como viene de explicarse, la autoridad electoral acudió a los razonamientos que la Corte
Constitucional había vertido sobre la materia. Aunado a ello, debe recordarse que la Sala
Electoral ha estudiado la competencia del CNE en los siguientes términos69:
(…) Como se puede observar, el constituyente (Art. 265) utilizó algunos verbos rectores como: i) la
regulación, ii) la inspección, iii) la vigilancia y, iv) el control; actividades que fueron cualificadas
respecto de un gran escenario jurídico; esto es, «toda la actividad electoral», incluyendo no solo a
las organizaciones políticas que hoy se conocen, sino también a sus aspectos derivados o
consustanciales como lo pueden ser las coaliciones, fusiones, escisiones, disoluciones,
liquidaciones, entre otras figuras.
Estas expresiones, si bien no fueron definidas por la propia norma superior o por algún otro precepto,
permiten a la Sala entenderlas de la siguiente manera:
• La función administrativa de inspección70 comporta la facultad de solicitar información de las
personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías
y seguimiento de su actividad. (Concordante con las precisiones que trajo la Ley 1475 de 2011, Art.
3 Par., Art 9, Art 13 núm. 7).
• La vigilancia71, está referida a funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas
a que los actos del ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige. (Artículos 19 y 45)
• El control72 permite ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones
críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo. (Artículo 25)
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. MP. Juan Camilo Morales Trujillo. Sentencia
del 16 de abril de 2026. Rad. 11001-03-25-000-2022-00688-00.
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 7 de noviembre
de 2024. Rad. 76001-23-33-000-2024-00045-02.
70
Según el Diccionario de la Lengua Española: «Examen que hace el juez por sí mismo, y en ocasiones con asistencia de los interesados y
de peritos o testigos, de un lugar o de una cosa, para hacer constar en acta o diligencia los resultados de sus observaciones».
71
Según el Diccionario de la Lengua Española: «Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno».
72
Según el Diccionario de la Lengua Española: «Comprobación, inspección, fiscalización, intervención».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
• La regulación73 es la potestad74 de expedir reglas o normas en las que debe ajustarse alguien o
algo y cuyo propósito general es lograr la efectividad de los fines sociales de aquel y corregir los
defectos o imperfecciones que se puedan dar. (Artículo 35)
Por su parte, debe decirse que los actos administrativos sometidos a una condición
suspensiva, como la que aquí se estudia, no son extraños en el ordenamiento jurídico y al
respecto, la jurisprudencia de esta corporación los ha entendido así:
Ha dicho la doctrina que en ciertos casos el acto administrativo debe precisar los límites de sus
efectos en el tiempo, porque de otra manera su contenido no estaría suficientemente determinado.
(…) Respecto al plazo suspensivo ha dicho que es aquel que permite a la Administración escoger
el tiempo oportuno para la emisión de un acto o precisar el momento en que el acto comienza a
producir los efectos. Por su parte, el plazo resolutorio es el que limita en el tiempo su validez y
aplicación75.
La doctrina nacional y extranjera ha sido unánime al señalar que cuando la condición suspensiva
falta o falla, no solo la obligación deja de nacer sino que desaparece retroactivamente ese germen
de obligación que la ley reconocía pendiente conditione, por manera que el acto jurídico, hasta
entonces en suspenso, deberá tenerse definitivamente como ineficaz, pues la obligación derivada
del mismo se reputa no haber existido jamás, así que el incumplimiento de la condición suspensiva
hace volver las cosas al estado que había antes de celebrarse el acto condicional76
Adicionalmente, debe indicarse que la competencia desplegada en el caso concreto por el
Consejo Nacional Electoral bajo la remisión que la Ley 1475 de 2011 hace al CPACA para los
aspectos no regulados en ese régimen especial, permiten reafirmar que al acudir al artículo
91, numeral 4.° de esta última norma se pueda advertir que el ordenamiento reconoce actos
administrativos sujetos a condición, lo cual robustece la tesis de que la condición suspensiva
impuesta no creó una figura extraña al sistema, sino que defirió los efectos plenos de la
personería jurídica hasta la terminación de los procesos sancionatorios, en garantía del control
administrativo y del principio de legalidad.
A partir de tales derroteros, se puede comprender que el ejercicio de esta potestad estuvo
acorde con la normativa vigente, debido a que el desarrollo de sus competencias en el caso
estudiado correspondió al despliegue de las facultades de vigilancia y control respecto del
otorgamiento de plenos efectos a la personería jurídica. Atribución que como se estudió en el
acápite 2.4 de la presente providencia, también tiene como sustento una hermenéutica
sistemática de los artículos 3, 12.2 y 13.6 de la Ley 1475 de 2011.
Así mismo, debe indicarse que la autoridad electoral fue exigente para condicionar la
personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico, en tanto mostró que las pesquisas
iniciadas correspondían a una serie de presuntas faltas que conllevaban, entre otras a la
imposición de multas y protegió el ordenamiento jurídico, a través de la suspensión de los
efectos del atributo hasta tanto tales asuntos no quedaran concluidos y no desconocieran el
régimen sancionatorio que ellos mismos se obligaron cumplir en el momento en que
suscribieron el acuerdo de fusión.
Por lo tanto, conforme a todo lo dicho, las pretensiones por la presunta vulneración del
articulo14 ibidem, en sus diversos reparos, no prosperan.
73
Según el Diccionario de la Lengua Española: «Acción y efecto de regular» «Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien
o algo».
74
Teniendo en cuenta los límites que ha impuesto la Sala Electoral respecto a dicha facultad. Véase entre otras: Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de octubre de 2012. Rad. 11001-03-28-000-
2010-00014-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio Sentencia del
6 de febrero de 2020. Rad. 11001-03-28-000-2019-00032-00.
75
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. MP. Milton Chaves García. Sentencia del 28 de noviembre de
2018. Rad. 25001-23-37-000-2012-00118-01(20694).
76
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. MP. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 29 de agosto de
2007. Rad. 47001-23-31-000-1993-03522-01(15604).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
2.6.2. Presunto desconocimiento de la restricción establecida en el inciso final del
artículo 35 de la Ley 1475 de 2011
Como bien recuerda la Sala, la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, confirmada
a su vez por la 10211 del 15 de octubre de ese mismo año, dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO SEXTO: INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS, una vez culminados y en firme los procesos sancionatorios en curso contra las
agrupaciones políticas que integran la fusión, iniciados hasta la fecha de esta decisión, el isologo
del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, de acuerdo con lo establecido en el apartado
considerativo de la presente Resolución:
Al respecto, se tiene que el reparo de los demandantes se centra en que el CNE interpretó
erróneamente la disposición jurídica al autorizar la inscripción del logosímbolo del «Pacto
Histórico» a sabiendas de que dicho emblema había sido utilizado e inscrito con anterioridad
en el RUPYM por la coalición que llevó ese mismo nombre en las elecciones de Congreso y
Presidencia de la República del año 2022.
De este modo, en criterio de la parte actora, se genera «confusión directa en el electorado» y
desatiende la aplicación obligatoria de los artículos 224 y subsiguientes de la Decisión 486 del
año 2000 emitida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como también del Código de
Comercio, normas que prohíben el uso y reproducción de cualquier marca registrada
anticipadamente.
A este respecto, la norma presuntamente vulnerada es del siguiente tenor:
Artículo 35. Propaganda electoral. (…) En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los
símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los
partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de
promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o
movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados.
Para que la Sala Electoral pueda resolver este asunto, debe acudir a lo dicho en el acápite 2.5
de la presente providencia en la que se precisó que, el sistema normativo (Ley 130 de 1994.
Art. 5, Ley 1475 de 2011. Arts. 4 y 35) refiere que serán los estatutos de los partidos y
movimientos políticos donde se deben incluir la «denominación y los símbolos» que deben ser
registrados ante el CNE.
Aunado a ello, en la sentencia C – 490 de 2011 que estudió el inciso tercero ibidem se dijo
que:
Esta norma se contrae a establecer algunas reglas orientadas a propiciar claridad y lealtad en la
identificación de los partidos, movimientos y candidatos en el diseño de los mensajes
publicitarios que se emiten en el desarrollo de sus campañas electorales, mediante el uso de
símbolos, emblemas y logotipos diferenciados y previamente registrados ante el Consejo Nacional
Electoral. (…).
[En] la propaganda electoral sólo podrá utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente
registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos
significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o
reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o
generar confusión con otros previamente registrados. (Negrilla fuera de texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Partiendo de lo anterior, se observa que la autoridad demandada recibió la contestación77 que
dio la dirección de vigilancia e inspección de esta entidad en estos términos: «En atención a la
comunicación que obra bajo el radicado del asunto, por medio de la cual solicita: “informar si
la denominación “Movimiento Político Pacto Histórico” y, el logosímbolo anexado se encuentra
registrado”, me permito indicar que en el RUPYM no existe registro de algún movimiento con
personería jurídica con ese nombre, ni logosímbolo”».
En este punto, el CNE en las consideraciones vertidas en la primera resolución demandada,
precisó la existencia de una coalición denominada Pacto Histórico, agremiación que según lo
comprendió esta autoridad, es sustancialmente distinta al movimiento político que lleva este
mismo nombre, no solo por que quienes lo conformaron en otrora, son distintos a los que se
refieren en la resolución controvertida, sino porque esa unión de esfuerzos se circunscribió
exclusivamente para los certámenes desarrollados en los diferentes departamentos así como
a nivel nacional (Senado y Presidencia de la República).
Para soportar el reparo propuesto, el extremo activo presentó como pruebas las siguientes:
I.Carpeta denominada «CNE-E-DG-2025-024506», en el que el CNE registra el logosímbolo de la
COALICIÓN denominada «PACTO HISTÓRICO» para las elecciones de Congreso de la República
del 13 de marzo de 2022 y la Presidencia de la República, período 2022-2026.78
II.Resolución No. 3587 de 2022, por medio de la cual se determina los partidos y movimientos políticos
que conservan o tienen derecho a la personería jurídica con ocasión de las elecciones para
Congreso de la República del 13 de marzo de 202279.
III.Avales otorgados por la coalición pacto Histórico en las elecciones del 13 de marzo de 2022 para al
senado de la República80 y la cámara de representantes de Bogotá81.
IV.Acuerdo político para las listas de coalición del Pacto Histórico del 202282, suscrito por los
representantes legales del MAIS, PDA, CH-UP y ADA.
V.Acuerdo de coalición para la alcaldía de Villavicencio, (Meta) para las elecciones del 29 de octubre
de 2023, formularios E – 26 al concejo de esa elección 83
VI.Comunicados84 de prensa del Pacto Histórico de febrero 11 de 202185 y «referentes programáticos»
de diciembre de 202186.
VII.Link de red social X del congresista Gabriel Becerra 87.
VIII.Comunicado de prensa del CNE del 13 de enero de 2022 que refiere sobre la aprobación de 304
registros de logosímbolos de agrupaciones políticas para las elecciones de Congreso de la
República del 13 de marzo de 2022.
IX.Infografía realizada por el CNE sobre la conformación del congreso de la república del 2022 88,
comunicado de prensa de la RNEC sobre la tarjeta electoral a utilizar en el certamen electoral de
marzo de 202289 y evidencia del perfil de la red social X del Pacto Histórico sobre la imagen del
tarjetón utilizado para la consulta presidencial del año 202290.
77
Libro 4, folio 17 del expediente administrativo.
78
https://drive.google.com/file/d/1eq6_01THgtyaLrTVKmhSBsKuOqkL4RKV/view?usp=sharing
79
En este documento se precisa en el artículo segundo lo siguiente: «DECLÁRASE que los siguientes partidos y movimientos políticos que
participaron en las elecciones al Congreso de la República llevadas a cabo el 13 de marzo de 2022 conformando coaliciones, y que las
mismas superaron el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en el territorio nacional, en la circunscripción ordinaria al Senado de la
República, conservan vigente la personería jurídica, así: coalición Pacto Histórico conformada por los partidos y movimientos: Polo
Democrático Alternativo, Movimiento Alianza Democrática Amplia, Movimiento Político Colombia Humana, Partido Colombia Humana – Unión
Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social y Partido Comunista Colombiano.
80
https://es.scribd.com/document/546730765/Lista-al-Senado-Pacto-Historico.
81
https://es.scribd.com/document/546641561/Lista-Camara-Bogota-Pacto-Historico.
82
https://www.polodemocratico.net/wp-content/uploads/2022/09/6.-ACUERDO-PACTO-HISTORICO.pdf
83
/https://portalhistorico.ramajudicial.gov.co/documents/2223275/171487685/Anexos.pdf/cc9a21a9-00c8-4964-a3a5-f341bda82206
84
https://www.cne.gov.co/elecciones/elecciones-2022/infografia-congreso-de-la-republica-2022-2026-cne
85
https://partido-up.org/se-construye-un-pacto-historico-en-colombia/
86
https://partido-up.org/wp-content/uploads/2021/12/EL-CAMBIO-VIENE-3.pdf
87
https://x.com/BecerraGabo/status/1359889948632113152
88
https://x.com/PactoCol/status/1502729769934372869
89
https://x.com/Registraduria/status/1481410428454453249
90
https://x.com/PactoCol/status/1502729769934372869
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
Para la Sala, los medios allegados 91 por la parte actora dan cuenta que para las elecciones
celebradas en el año 2022 (Presidencia y Congreso de la República), la coalición política
conformada, entre otras, por las agrupaciones: Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica
y Partido Comunista Colombiano, tuvo una importante participación en la corporación pública
y se hicieron con la máxima dignidad nacional por voto popular.
Lo comentado revela que cada una de estas personas jurídicas actuó bajo unos compromisos
políticos e ideológicos suscritos a través de diferentes documentos que, por virtud de su
autonomía, llevaron a realizar actividades conjuntas a fin de defender, no solo su propio
ideario, sino también a crear estrategias para hacerse con la mayor representación popular.
De igual modo, se logra acreditar 92 que tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como
el Consejo Nacional Electoral a través de diferentes medios de comunicación y de actos
administrativos, dieron a conocer que para varias circunscripciones territoriales en las
elecciones de Congreso de la República, se inscribieron algunos de los logosímbolos que
utilizaron distintas coaliciones conformadas entre los partidos anteriormente referidos y otros
que por diversas situaciones se sumaron, como por ejemplo: la Alianza Verde93, el Movimiento
Alianza Democrática Amplia, el Movimiento Político Colombia Humana y el Movimiento
Alternativo Indígena y Social.
También, se observa que estas autoridades del orden nacional difundieron la conformación
final de Senado y Cámara de representantes, se socializó la imagen del tarjetón de la consulta
presidencial e incluso, se precisó qué colectividades obtuvieron personera jurídica en el año
2022.
Hasta este punto, tales documentales solo detallan la prolífica actividad política de la coalición
Pacto Histórico a través de distintas uniones celebradas a nivel territorial y nacional, con
diferentes agremiaciones a las que integran las resoluciones aquí demandadas, de igual
manera, se evidencia cómo las autoridades estatales actuaron conforme a sus competencias
legales y constitucionales; lo que quiere decir, de lo hasta aquí valorado, la suma de esfuerzos
de diversos partidos y movimientos con personería jurídica.
Empero, tal como lo precisan varias de las resoluciones aprobadas sobre esta inscripción, el
CNE dejó en claro, por una parte; que se trató de diferentes alianzas en cada circunscripción
territorial; que no todas se conformaron con las mismas agremiaciones; que solo se
circunscribieron los registros para cada uno de los certámenes y; que no existía una suerte de
titularidad en cabeza de algunos de ellos.
En otros términos, el registro del logosímbolo del Pacto Histórico para el año 2022 tuvo una
duración episódica y coyuntural a esos certámenes, los cuales una vez celebrados no
generaron ninguna prerrogativa en cabeza de alguno de los colectivos que allí se unieron, lo
que lleva a que en los actos aquí censurados la autoridad electoral autorizara su inscripción y
precisara para el 29 de agosto de 202594 la inexistencia de uno previamente registrado por
algún partido o movimiento político con personería jurídica.
Finalmente, en relación con la solicitud que hace el extremo actor relacionada con que al juez
de la nulidad le es obligatorio acudir a las disposiciones del Código de Comercio como de la
Comunidad Andina de Naciones, en tanto la SU 316 de 2021 refiere a tales razonamientos, la
Sala debe precisar lo siguiente:
91
Pruebas 6 al 10.
92
Pruebas 4, 5, 11 y 12.
93
Páginas 83, 86, 90, 92, 94 y 95 de la demanda con radicado 2025-00190-00.
94
Dentro del expediente administrativo, el cuaderno numero 4 pagina 17.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
En primer lugar, se reitera lo dicho por la jurisprudencia especializada de esta Sección que ha
dicho lo siguiente95:
[E]l tema de la regulación de los partidos políticos y la actuación administrativa que se debe adelantar
para el reconocimiento de personería jurídica a este tipo de agrupaciones está específica y
suficientemente normado, razón por la cual no se hace necesario acudir por remisión a ninguna otra
codificación mucho menos a la legislación comercial que se encarga de regular relaciones
completamente disímiles a las aquí estudiadas.
En segundo término, la SU–316 de 202196 emitida por la Corte Constitucional indicó lo
siguiente:
203. En este caso particular, excepcionalmente y de forma transitoria, para el caso de las
elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de la República de marzo de 2022, en el
caso de la personería jurídica que será reconocida por medio de esta sentencia, el CNE deberá
inscribir temporalmente los nombres y símbolos originales de Colombia Humana. (…) Para el efecto,
el CNE podrá dar aplicación por analogía a las normas de propiedad intelectual, incluyendo, pero
sin limitarse a, lo previsto en el Código de Comercio (nombre y enseña comercial) y a la Decisión
486 de 2000 de la Comunidad Andina (arts. 190, 191), de forma tal que pueda suplir los vacíos
normativos en materia de propiedad intelectual y la protección del nombre o símbolos (nombre
comercial y enseña comercial). (Negrilla fuera de texto).
Como puede verse, el tribunal constitucional no creó una regla de imperativo cumplimiento
sobre la aplicación de tales derroteros, pues, por un lado, lo circunscribió a ese caso particular,
de manera excepcional y de forma transitoria, por otra parte, lo encuadró a ese asunto debido
a los derechos en tensión que se debatían en el trámite de tutela.
Así mismo, debe decirse que las normas sobre nombre y enseña comercial, propiedad
intelectual, tipos de confusión marcaria y su protección no pueden ser aplicadas como lo
propone la parte actora, en tanto el régimen de partidos y movimientos políticos protege a
militantes, programas ideológicos, normas estatutarias, régimen de bancadas que no pueden
ser tratados bajo la óptica comercial o marcaria pues en últimas existe una definición puntual
en las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 para prohibir el uso de logosímbolos ya inscritos.
En otras palabras, no se ve como obligatorio, acudir a normas andinas o comerciales teniendo
en cuenta que existen disposiciones dentro de las leyes referidas que, analizadas
integralmente, protegen precisamente lo que el demandante del radicado 2025-00198-00
ruega, «evitar la confusión», siendo la calificación que hace el CNE sobre dicho registro, la
forma adecuada para evitar la afectación del electorado.
Con base en lo anterior, se niega el reparo presentado.
Conclusión
La Sala Electoral interpretó los artículos 14 y 35 de la Ley 1475 de 2011 en los acápites 2.4 y
2.5 de la presente providencia, cuyas conclusiones, fueron contrastadas con las pruebas
recaudadas en el expediente judicial y determinaron lo siguiente:
i) no se desatendió la regla establecida en el primero de estos dos preceptos, como tampoco,
la sentencia C – 490 de 2011, al autorizarse el acuerdo de fusión de los partidos Comunista
Colombiano, Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo, ii) tampoco se interpretó
erróneamente la citada restricción, ni se excedieron las competencias normativas del CNE al
reconocer condicionadamente la personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico,
95
Consejo de Estado. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001032800020230002100. Sentencia del 8 de febrero de 2024.
96
Magistrado ponente, Alejandro Linares Cantillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00190-00
11001-03-28-000-2025-00198-00
iii) se motivaron adecuadamente las resoluciones controvertidas y, iv) no hubo vulneración del
régimen de propaganda electoral al autorizarse el registro del logosímbolo de la nueva
colectividad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
3. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la nulidad de la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 por medio
de la cual el Consejo Nacional Electoral, otorgó personería jurídica al movimiento político Pacto
Histórico producto de la autorización de la fusión presentada por los partidos Comunista
Colombiano (PCC), Unión Patriótica (UP) y Polo Democrático Alternativo (PDA). Así mismo,
de la Resolución 10211 del 15 de octubre de ese mismo año en la que se confirmó la
determinación tomada inicialmente y se negó el recurso de reposición presentado.
SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.