Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00196-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00196-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00196-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: NULIDAD
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2025-00196-00 (ppal.)1
Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna y otros2
Demandado: Consejo Nacional Electoral (CNE)
Temas: Reconocimiento de personería jurídica como resultado de
la escisión. Interpretación del artículo 14 de la Ley 1475 de
2011
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro de este asunto, en el
que se demandan las Resoluciones 09111 del 3 de septiembre de 20253 y 09907
del 1°. de octubre del mismo año4, de conformidad con los artículos 149.1 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 5 y 13 del
Acuerdo 080 de 20196.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante: pretensiones, supuestos fácticos de las
demandas7
1. La parte actora8 solicita anular las Resoluciones 09111 del 3 de septiembre
de 2025 y 09907 del 1°. de octubre del mismo año, mediante las cuales, entre otras
decisiones, el CNE reconoció personería jurídica al partido político Progresistas,
1
Con los radicados 11001-03-28-000-2025-00179-00, 11001-03-28-000-2025-00205-00.
2 Lucas Duran Hernández, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Nicolás Dupont Bernal y Ximena Echavarría
Cardona.
3 «[…] se DECIDE sobre el reconocimiento de personería jurídica e inscripción en el Registro Único de Partidos
y Movimientos Políticos al Partido Político “PROGRESISTAS”, en virtud de la escisión autorizada al interior del
Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, […] expediente con radicado No. CNE-E-DG-2025-001067».
4 «[…] se DECIDEN los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución No. 09111 del 03 de
septiembre de 2025 […]».
5 «ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. <modificado por el
artículo 24 de la Ley 2080 de 2021> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho
privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación
o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos […]».
6 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024.
7 El 9 de marzo de 2025 se decretó la acumulación de los procesos. Índice 51, Samai 2025-00196-00.
8 Los demandantes Nicolás Dupont Bernal y Ximena Echavarría Cardona (expediente 2025-00205-00)
propusieron los cargos denominados: «a. violación del principio de jerarquía normativa, b. extracción de
materias reservadas al legislador estatutario, c. contradicción con el régimen sancionatorio de los partidos
políticos, d. desconocimiento de la prohibición expresa del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, e. violación del
principio de legalidad y competencia administrativa, f. implicaciones constitucionales y democráticas», los
cuales, se encuentran encaminados a advertir la presunta vulneración del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.
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1
Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
porque, en su criterio, se desconoció y se interpretó de manera errónea la
prohibición contenida en el artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, al
supeditar dicho reconocimiento a la culminación de los procesos sancionatorios
iniciados por la autoridad electoral contra el Movimiento Alternativo Indígena y
Social (MAIS)9, colectividad de la cual se escindió.
2. En línea con lo anterior, explicaron que la mencionada escisión fue acordada
y aprobada en la IV Convención Nacional del MAIS, que se llevó a cabo los días 14,
15 y 16 de noviembre de 2024; lapso en el que cursaban ante el CNE procesos
administrativos sancionatorios contra dicha organización. Además, expusieron que,
María José Pizarro Rodríguez, en calidad de presidente y representante legal,
solicitó al CNE el reconocimiento de personería jurídica del partido político
Progresistas10.
3. Asimismo, advirtieron que los actos acusados vulneran los artículos 2, 6, 13,
40, 107, 121, 152, 153, 265 de la Constitución Política, 4, 9, 14 de la Ley 1475 de
2011, 3 y 137 de la Ley 1437 de 2011, dado que al CNE le corresponde garantizar
el cumplimiento de las normas relacionadas con el funcionamiento y la organización
de los partidos y no tiene dentro de su órbita funcional la modificación o
modulación del alcance de dicha normatividad.
4. A su vez, indicaron que la Corte Constitucional, en sentencia C-490 de 2011,
declaró exequible la prohibición contenida en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011,
con la cual se impide la disolución, liquidación, fusión o escisión de un partido o
movimiento político cuando exista un proceso sancionatorio en curso y resaltaron
que dicha norma es de naturaleza «imperativa», por lo que su aplicación es
«estricta» «sin posibilidad de ser modulada por la autoridad electoral»11, pues, de
lo contrario, los partidos políticos podrían eludir el régimen disciplinario.
5. Aunado a lo que antecede, señalaron que deviene procedente la aplicación
de la excepción de ilegalidad respecto de la Resolución 1291 de 2021 12, a la cual el
CNE acudió «como una suerte de precedente administrativo para motivar los actos
acusados», en tanto contraviene el contenido del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.
9 Según la información obrante en los actos acusados y los datos reportados por el Grupo de Atención al
Ciudadano y Gestión Documental, los autos de Fabiola Márquez Grisales y la petición con radicado CNE-E-DG-
2025-021028, relacionaron los siguientes expedientes sancionatorios iniciados contra el MAIS: i) CNE-E-DG-
2025-006311, ii) CNE-E-DG-2022-022487, iii) CNE-E-DG-2023-068318, iv) CNE-E-DG-2024-001606 v) CNE-
E-DG-2025-006385, vi) CNE-E-DG-003964, vii) CNE-E-DG-2023-012941, viii) CNE-E-DG-2023-025018, xi)
CNE-E-DG-2023-058480, x) CNE-E-DG-2023-025613, xi) CNE-E-DG-2022-005334, xii) CNE-E-DG-2022-
026623 y xiii) CNE-E-DG-2024-004186 (desglosado en CNE-E-DG-2024-010587, CNE-E-DG-2024-010588,
CNE-E-DG-2024-010589, CNE-E-DG-2024-010590, CNE-E-DG-2024-010591, CNE-E-DG-2024-010592, CNE-
E-DG-2024-010593).
10 Actuación a la que le fue asignado el radicado CNE-E-DG-2025-001067.
11 Sobre el particular, indicaron que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencias del 25 de mayo
de 2017, radicado 11001-03-28-000-2015-00081-00 y del 12 de abril de 2023, radicado 11001-03 28-000-2021-
00056-00), las normas estatutarias no son susceptibles de modulación ni de interpretación extensiva.
12 «Por medio de la cual se DECIDE sobre el reconocimiento de personería jurídica solicitado por el partido
político DIGNIDAD dentro del expediente con radicación número 11861-20».
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Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
6. Para sustentar lo anterior, advirtieron que el mentado acto administrativo
establece que la interpretación del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 no puede ser
restrictiva porque se implementarían requisitos adicionales a los contemplados en
la ley a efectos de permitir una escisión; sin embargo, a su juicio, dicha conclusión
no solo desconoce que, de acuerdo con la Corte Constitucional, la citada norma no
pugna con el orden jurídico sino que, también contradice la intención del legislador
frente a la referida normativa.
7. De otra parte, sostuvieron que los actos acusados adolecen de falsa
motivación, en tanto que el CNE omitió tener en cuenta hechos que estaban
demostrados y que, de haberse tenido en consideración, habrían conducido a negar
la personería jurídica solicitada, a saber, procesos sancionatorios.
8. En este punto, sostuvieron que, en las resoluciones demandadas, el CNE
concluyó que la finalidad del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 no resulta afectada,
dado que las sanciones derivadas de los procesos administrativos en contra del
MAIS podrían hacerse efectivas con cargo a su patrimonio y advirtió que dicha
norma no puede interpretarse de manera restrictiva a efectos de exigir requisitos
adicionales para el reconocimiento de personería jurídica de los partidos.
9. Con fundamento en lo expuesto, adujeron que el CNE omitió tener en cuenta
que el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 fue objeto de control previo y automático
por parte de la Corte Constitucional; luego, respecto del contenido de la citada
norma no resultaba procedente realizar «otro estudio o análisis de
constitucionalidad difuso».
10. Además, cuestionaron que el CNE acudiera por analogía a las normas de
derecho privado13, particularmente a la regulación comercial, para darle alcance a
las figuras de la fusión y la escisión, pues lo cierto es que el contenido del artículo
14 de la Ley 1475 de 2011 contempla una prohibición para los partidos y
movimientos políticos, por lo que sus derechos y obligaciones no son equiparables
a los de las sociedades comerciales y mercantiles.
11. Finalmente, indicaron que se desconoció el principio de legalidad porque
de conformidad con la prohibición contemplada en el citado artículo, lo procedente
era negar la solicitud de escisión del partido Progresistas, dado que, en contra de la
colectividad de la cual pretendía escindirse, existían procesos administrativos
sancionatorios. Por ende, en su concepto, al condicionar el reconocimiento de
personería jurídica de Progresistas, el CNE «extralimitó en sus funciones y
desbordó las competencias constitucionalmente atribuidas». (Negrilla fuera del
texto original).
13 «conforme lo establecido en la Resolución 1291 de 2021».
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Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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B. Posición de la parte demandada e interviniente
12. Los apoderados judiciales del CNE14 y del partido político Progresistas15
solicitaron denegar las pretensiones al concluir que la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, para lo cual
presentaron similares argumentos de defensa, como pasa a exponerse.
13. En primer lugar, señalaron, como excepción, la inexistencia de falsa
motivación de los actos demandados, dado que, a su juicio, los razonamientos
allí expuestos encuentran sustento en la valoración «integral, razonada y conforme
a las reglas de la sana crítica» de las pruebas recaudadas en el expediente
administrativo CNE-E-DG-2025-001067.
14. En esa línea, explicaron que en los actos acusados se expuso de manera
«clara y expresa» que el reconocimiento de personería jurídica de Progresistas tuvo
como génesis la escisión aprobada por el MAIS y que la eficacia de dicha actuación
estaría supeditada a la culminación de los procesos sancionatorios adelantados
contra esta última colectividad. Asimismo, señalaron que los demandantes,
realmente, pretenden exponer una inconformidad respecto de las conclusiones
esbozadas por la entidad electoral, «que no configura falsa motivación, sino una
discrepancia interpretativa».
15. En segundo término, propusieron, como excepción de mérito, la inexistencia
de violación del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y precisaron que el CNE no
desconoció las normas en que debían fundarse los actos, dado que la condición
suspensiva para el reconocimiento de personería jurídica de Progresistas
representó, precisamente, la observancia de dicha norma16, sin que ello implicara la
relativización o creación de una excepción respecto del citado precepto y tampoco
el desconocimiento del principio de legalidad; sino, por el contrario, la autoridad
electoral «aplicó la norma de manera finalista y razonable», a efectos de
salvaguardar, tanto el régimen sancionatorio electoral como el derecho de
asociación política.
16. Aunado a lo anterior, plantearon la excepción de inexistencia del supuesto
fáctico en que se sustentaron los cargos de la demanda, para lo cual, pusieron
de presente que la entidad garantizó «la finalidad preventiva y antifraude del artículo
14», dado que el MAIS no evadió su responsabilidad en los procesos
administrativos sancionatorios iniciados en su contra. Así, explicaron que el
citado movimiento se allanó a los cargos que le fueron endilgados por parte de la
autoridad electoral, con lo cual, se acreditó que respecto de dicha colectividad no
14 Índices 38 (2025-00196-00), 62 (2025-00179-00) y 19 (2025-00205-00) Samai.
15 Índices 39 (2025-00196-00) y 61 (2025-00179-00) Samai.
16 Sobre el particular, citó: Sentencia del 26 de noviembre de 2025, MP. Rodrigo Ávalos Ospina «TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL - Magistrado Ponente: RODRIGO
ÁVALOS OSPINA - ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR: IVÁN CEPEDA CASTRO, CAROLINA CORCHO
MEJÍA Y CARLOS ALBERTO BENAVIDES contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL».
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Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
existían procesos vigentes, tal como lo constató la Dirección de Inspección,
Vigilancia y Control antes de llevarse a cabo el registro ante el RUPYM17.
17. Por otra parte, advirtieron que el reconocimiento de personería de
Progresistas produjo efectos a partir del 21 de octubre de 2025, una vez
acreditada la condición suspensiva y que, teniendo en cuenta que,
posteriormente, dicha colectividad se fusionó por absorción al movimiento Pacto
Histórico, como da cuenta la Resolución 11241 de 2025; la eventual nulidad de los
actos acusados podría afectar, incluso, los derechos políticos de terceros.
18. En tercer lugar, señalaron que los demandantes no demostraron la
configuración de «exceso competencial» y tampoco la «desviación de poder» por
parte del CNE, pues, con la expedición de las resoluciones demandadas la
autoridad electoral actuó conforme las funciones contempladas en los artículos 107,
108, 265 de la Constitución Política, 3 de la Ley 130 de 1994 y 3 de la Ley 1475 de
2011 «dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plena observancia
del debido proceso».
C. Trámite del proceso
19. Las demandas fueron admitidas mediante providencias de 7, 27 de
noviembre y 2 de diciembre de 202518 y, en las mismas fechas, se corrió traslado
de la medida cautelar19. Asimismo, en autos de 11 de diciembre de 2025 y 22 de
enero de 202620 se decidió negar las solicitudes de suspensión provisional respecto
de los actos acusados, en síntesis, porque resultaba necesario surtir las etapas del
proceso para resolver los cargos propuestos por la parte actora.
20. A su vez, en auto del 25 de mayo de 202621, el magistrado ponente, con
fundamento en el artículo 182A del CPACA22, ordenó impartir trámite para dictar
sentencia anticipada, fijó el litigio, decidió sobre el decreto probatorio y ordenó correr
traslado para ejercer la contradicción de las pruebas, alegar de conclusión y al
Ministerio Público para su concepto.
21. Mediante escrito del 11 de junio de 202623 el apoderado judicial de
Progresistas se pronunció sobre las pruebas incorporadas al expediente y resaltó
las constancias del 21 de octubre de 2025 expedidas por el CNE, en las cuales la
entidad indicó que los procesos sancionatorios en contra del MAIS, con radicados
CNE-E-DG-2023-068318 y CNE-E-DG-2024-001606, se encuentran ejecutoriados.
17 Se advierte que no se precisó la fecha en que dicha dependencia emitió dicha información.
18 Índices 7 (2025-00196-00), 28 (2025-00179-00), 5 (2025-00205-00) – Samai.
19 Índices 8 (2025-00196-00), 29 (2025-00179-00), 6 (2025-00205-00) – Samai.
20 Índices 29 (2025-00196-00), 52 (2025-00179-00), 21 (2025-00205-00) – Samai.
21 Índice 70, Samai.
22 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
23 Índice 82, Samai.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
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22. En esa línea, señaló que los elementos probatorios previamente reseñados
dan cuenta de que las mencionadas actuaciones administrativas «quedaron en
firme» antes de la anotación en el registro del reconocimiento de personería jurídica
de Progresistas y «desvirtúan el cuadro de la certificación remitida el 5 de junio de
2026 que los relacionó como procesos sin ejecutoria».
23. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó
negar la nulidad de los actos acusados porque considera que el CNE «no
desconoció los criterios establecidos en la sentencia C-490 de 2011, ni transgredió
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011».
24. Para sustentar lo anterior, adujo que la condición suspensiva para reconocer
personería jurídica al partido político Progresistas tuvo como génesis la
armonización entre los criterios expuestos en la citada sentencia de la Corte
Constitucional, la referida norma estatutaria y la Ley 130 de 1994.
25. En igual sentido, expuso que la autorización de la escisión obedece a una
función constitucional del CNE, por lo que «el límite temporal definido no resulta
arbitrario ni trasgrede el bloque de legalidad, en tanto su finalidad es garantizar la
identificación de los sujetos responsables y la efectividad de las consecuencias
jurídicas derivadas de su actuación».
26. De otra parte, señaló que la actuación del CNE se ajustó al ordenamiento
jurídico, dado que, en virtud de la remisión contemplada en el CPACA para aquellos
asuntos que no se encuentren expresamente regulados, resulta viable acudir al
numeral 4 de artículo 91 del CPACA, del cual se desprende la posibilidad «de que
existan actos administrativos sometidos al cumplimiento de una condición».
27. Bajo ese entendido, expuso que la condición suspensiva que estableció la
autoridad electoral «no implica la incorporación de una figura extraña al sistema
jurídico»; por el contrario, procuró por la garantía del ejercicio de la función
administrativa y el principio de legalidad. En ese sentido, para respaldar su
argumento trajo a colación la providencia de la Sección Quinta24, en la cual se
estudió la legalidad del acto mediante el cual se otorgó personería jurídica al
partido Pacto Histórico con ocasión de una fusión entre varias
colectividades25.
28. Finalmente, indicó que la parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación
de los actos acusados ni la presunta extralimitación de competencias del CNE.
24 El Ministerio Público no referenció la providencia, pero citó apartes de esta.
25 Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual el CNE «otorgó personería jurídica al
movimiento político Pacto Histórico producto de la fusión presentada por los partidos Comunista Colombiano
(PCC), Unión Patriótica (UP) y Polo Democrático Alternativo (PDA)».
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II. CONSIDERACIONES
29. La Sala negará la nulidad de las Resoluciones 09111 del 3 de septiembre de
2025 y 09907 del 1°. de octubre del mismo año27, mediante las cuales el CNE
26
reconoció personería jurídica al partido político Progresistas, de conformidad con
los motivos que pasan a exponerse.
2.1. Caso concreto
30. Para resolver el presente asunto, se abordará los problemas jurídicos
planteados en la fijación del litigio, en los siguientes términos:
2.1.1. ¿Los actos acusados fueron expedidos por el CNE con infracción del
artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y desconocimiento del principio
de legalidad, al condicionar el reconocimiento de personería jurídica de
Progresistas a la culminación de los procesos administrativos sancionatorios
en contra del MAIS, colectividad que se escindió?
31. En este punto, la parte actora adujo que, con la expedición de los actos
enjuiciados, el CNE desconoció el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 porque
supeditó el reconocimiento de personería jurídica de Progresistas a la culminación
de los procesos administrativos sancionatorios vigentes en contra del MAIS;
colectividad que se escindió28.
32. A su vez, señalaron que en sentencia C-490 de 2011 la Corte Constitucional
declaró exequible la prohibición del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, con el cual
se impide la disolución, liquidación, fusión o escisión de un partido o movimiento
político cuando existan procesos sancionatorios en curso y advirtieron que dicha
norma debe ser aplicada de manera estricta «sin posibilidad de ser modulada por la
26 «Por medio de la cual se DECIDE sobre el reconocimiento de personería jurídica e inscripción en el Registro
Único de Partidos y Movimientos Políticos al Partido Político “PROGRESISTAS”, en virtud de la escisión
autorizada al interior del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, y se dictan otras disposiciones del
expediente con radicado No. CNE-E-DG-2025-001067».
27
«Por medio de la cual se DECIDEN los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución No.
09111 del 03 de septiembre de 2025, “Por medio de la cual se DECIDE sobre el reconocimiento de personería
jurídica e inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos al Partido Político
“PROGRESISTAS”, en virtud de la escisión autorizada al interior del Movimiento Alternativo Indígena y Social
– MAIS, y se dictan otras disposiciones dentro del expediente con radicado No. CNE-E-DG-2025-001067».
28 Según la información obrante en los actos acusados y los datos reportados por el Grupo de Atención al
Ciudadano y Gestión Documental, los autos de Fabiola Márquez Grisales y la petición con radicado CNE-E-DG-
2025-021028, relacionaron los siguientes expedientes sancionatorios iniciados contra el MAIS: i) CNE-E-DG-
2025-006311, ii) CNE-E-DG-2022-022487, iii) CNE-E-DG-2023-068318, iv) CNE-E-DG-2024-001606 v) CNE-
E-DG-2025-006385, vi) CNE-E-DG-003964, vii) CNE-E-DG-2023-012941, viii) CNE-E-DG-2023-025018, xi)
CNE-E-DG-2023-058480, x) CNE-E-DG-2023-025613, xi) CNE-E-DG-2022-005334, xii) CNE-E-DG-2022-
026623 y xiii) CNE-E-DG-2024-004186 (desglosado en CNE-E-DG-2024-010587, CNE-E-DG-2024-010588,
CNE-E-DG-2024-010589, CNE-E-DG-2024-010590, CNE-E-DG-2024-010591, CNE-E-DG-2024-010592, CNE-
E-DG-2024-010593).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
autoridad electoral»29, pues, de lo contrario, las colectividades podrían eludir el
régimen disciplinario.
33. Pues bien, del acervo probatorio la Sala encuentra demostrado que, el 21 de
enero de 202530, María José Pizarro Rodríguez, en calidad de presidente y
representante legal, elevó petición ante el CNE para que reconociera personería
jurídica al partido Progresistas, como consecuencia de la escisión aprobada por la
Convención Nacional del MAIS el 15 de noviembre de 202431.
34. En atención a lo que antecede, mediante Resolución 09111 del 3 de
septiembre de 202532 (acto acusado), el Consejo Nacional Electoral decidió, entre
otros aspectos, reconocer personería jurídica a Progresistas con ocasión de la
escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social, lo cual surtiría efectos «a
partir de la ejecutoria de los actos administrativos que decidan los procesos
sancionatorios adelantados contra el MAIS».
35. Al respecto, deviene necesario puntualizar que el artículo 14 de la Ley 1475
de 2011 señala que «no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y
escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya
iniciado proceso sancionatorio»33. (Énfasis añadido)
36. Sobre el particular se advierte que en el acto enjuiciado el CNE abordó el
estudio de los requisitos normativos para reconocerle personería jurídica a
Progresistas con ocasión de la escisión del MAIS y, explicó que, en el presente
asunto no se desconoció la prohibición contemplada en el artículo 14 de la Ley
1475 de 2011, dado que, la mentada escisión no implica la disolución de la
colectividad, por lo que cualquier sanción que se imponga en su contra podría
hacerse efectiva con cargo a su patrimonio, a saber:
4.4. Del reconocimiento de la personería jurídica al partido político
“PROGRESISTAS”
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los posibles procesos sancionatorios
iniciados en contra del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS,
29 Sobre el particular, indicaron que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencias del 25 de mayo
de 2017, radicado 11001-03-28-000-2015-00081-00 y del 12 de abril de 2023, radicado 11001-03 28-000-2021-
00056-00), las normas estatutarias no son susceptibles de modulación ni de interpretación extensiva.
30
Páginas 2 a 5. Cuaderno 1 del expediente CNE-E-DG-2025-001067. La petición fue reiterada el 3 de marzo
y el 11 de agosto del mismo año.
31 Páginas 111 a 134. «Acta IV Convención Nacional del MAIS 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 Hotel Grand
Park, Bogotá D.C.- Cundinamarca». Cuaderno 2 del expediente CNE-E-DG-2025-001067. La IV Convención
Nacional del MAIS se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024. La votación a favor de la escisión
se desató el 15 de noviembre de 2024.
32 Decisión confirmada mediante Resolución 09907 del 1 de octubre de 2025.
33 «ARTÍCULO 14. DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La disolución, liquidación, fusión y escisión de los
partidos y movimientos políticos se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos. La disolución y
liquidación de los partidos y movimientos políticos, adoptada por decisión administrativa del Consejo Nacional
Electoral no tendrá recurso alguno. No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria
de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio […]».
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
advierte esta Corporación que la escisión del movimiento no acarrea la
disolución del mismo, ya que, el movimiento se mantendrá vigente, permitiéndose
única y exclusivamente al sector de afiliados que se escinden ejercer sus derechos
políticos mediante la creación de un nuevo partido político acogiéndose a dicha
figura, pero sin reclamar ni hacer uso del nombre, logo, símbolos, patrimonio, bienes,
derechos civiles, comerciales, administrativos y/o económicos que ostenta el
Movimiento.
De allí que, la finalidad del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 consistente en
evitar que a través de figuras como la fusión o la escisión de un partido o movimiento
político se evadan las responsabilidades pecuniarias derivadas de las sanciones que
impone el Consejo Nacional Electoral, no sufre afectación alguna, por lo que las
sanciones pecuniarias ejecutoriadas impuestas por la máxima autoridad electoral en
contra de dicho Movimiento, así como las que eventualmente se lleguen a imponer
como consecuencia de los procesos en curso, bien pueden hacerse efectivas con
cargo a su patrimonio, compuesto por bienes y recursos líquidos, los cuales,
no sufren afectación alguna con la escisión […] (Énfasis añadido)
37. Además, en los actos acusados el CNE puntualizó que, tratándose de la
figura de la escisión, «nacerá a la vida jurídica un o unos nuevos partidos o
movimientos independientes de la colectividad política originaria, los cuales
gozarán de autonomía y patrimonio propio que les permita contraer derechos
y obligaciones en igualdad de condiciones con el partido o movimiento
escindente». (Énfasis añadido)
38. En línea con lo que antecede, resulta imperativo poner de presente que la
autoridad electoral reconoció que contra el MAIS se iniciaron investigaciones
administrativas sancionatorias, por lo que, a efectos de darle cumplimiento a la
norma estatutaria y aplicar la sentencia C-490 de 2011 sin trasgredir la libertad de
asociación de los ciudadanos, advirtió que el reconocimiento de Progresistas solo
surtiría efectos una vez las actuaciones estuviesen ejecutoriadas, a saber:
4.5. Del reconocimiento de la personería jurídica y sus efectos:
[…] se debe tener en cuenta que existe una restricción contemplada en el artículo
14 de la Ley 1475 de 2011, en cuanto a la prohibición expresa que las
organizaciones políticas con personería jurídica se escindan, fusionen o disuelven
cuando se ha iniciado actuación administrativa sancionatoria.
Tal como se describió en el acápite de hechos -1.15- en contra de la agrupación
política MAIS, se han aperturado algunas investigaciones administrativas por la Sala
Plena de la Corporación, por el presunto incumplimiento de normas electorales
establecidas en el Título III de la Ley 1475 de 2011, razón por lo que esta
Corporación en aras de garantizar la libertad de asociación de los de los
administrados, reconocerá personería jurídica al Partido Político
PROGRESISTAS, y resolverá ordenar la inscripción en el Registro Único de
Partidos y Movimientos Políticos - RUPYMP, no sin antes resaltar que, con el fin
de darle cumplimiento a la norma estatutaria señalada, este reconocimiento
surtirá efectos a partir de la ejecutoria de las investigaciones adelantadas por
esta Corporación en contra del Movimiento Alternativo Indígena y Social -
MAIS, lo anterior en observancia a lo señalado y evitar un fraude a la Ley electoral
y al desarrollo jurisprudencial planteado en la Sentencia C-490 del 2011 quien
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realizó en control, previo y automático de Constitucionalidad de la norma en
mención.
Es así como el reconocimiento de la personería jurídica del Partido Político
PROGRESISTAS, solicitado por vía de la escisión voluntaria del MAIS, está
condicionado a la culminación de los procesos sancionatorios en curso contra del
Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS. (Énfasis añadido)
39. Al respecto, la Sala considera que, contrario al dicho de los demandantes, el
CNE no interpretó de manera errónea el contenido de la norma estatutaria y
tampoco trasgredió su finalidad. Por el contrario, con el propósito de garantizar
los derechos fundamentales y las libertades de asociación política, particularmente
aquellas que provienen de la figura de la escisión, deviene necesario que la
autoridad electoral estudie cada caso, a efectos de procurar por el
cumplimiento de las decisiones que se emitan en el desarrollo de los procesos
sancionatorios e impedir la evasión de responsabilidad; aspecto que atiende en
su integridad la finalidad de la norma estatutaria, tal como lo expuso la Sección
Quinta en un caso de contornos fácticos similares 34, a saber:
Sobre este aspecto, si bien la parte actora aduce que debe aplicarse una
interpretación literal, absoluta y exeget[ic]a de la restricción contemplada en el
artículo 14, para la Sala es dable acudir a una hermenéutica integral,
sistemática y coherente con el sistema de partidos y lo dicho por la Corte
Constitucional en la sentencia C – 490 de 2011, para con ello, indicar, por una
parte que, será el CNE quien determine en cada caso concreto si conforme a la falta
atribuida es procedente restringir esa posibilidad de asociación, negando la
petición, modulándola o condicionándola, para con ello garantizar el
cumplimiento de la regla allí prevista, el desenvolvimiento propio de las
colectividades en dicho proceso sancionatorio administrativo y la
responsabilidad derivada de faltas sancionables. (Énfasis añadido)
40. Bajo la perspectiva expuesta, la condición que estableció la autoridad para
reconocer personería jurídica a Progresistas permite evidenciar que se procuró por
el acatamiento de la prohibición contemplada en el artículo 14 de la Ley 1475 de
2011, sin desconocer los derechos y libertades políticas de aquellos interesados en
conformar una nueva colectividad en virtud de la figura de escisión.
41. Así las cosas, la Sala encuentra acorde al ordenamiento jurídico la
interpretación armónica que realizó la autoridad electoral, con la cual se
respetaron las potestades propias del CNE y los derechos de asociación política
respaldados por el orden constitucional, tal como lo expuso la Sección con
anterioridad, en los siguientes términos35:
i) ¿la autoridad electoral desatendió los razonamientos de la sentencia C – 490
de 2011 vertidos sobre el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011? y, ii) ¿se interpretó
erróneamente la exigencia prevista en el inciso primero ibidem?
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de mayo de
2026, rad: 11001-03-28-000-2025-00190-00 (Acum.), MP: Luis Alberto Álvarez Parra.
35 Ibidem.
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Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
Sobre el particular considera la Sala que el CNE no desconoció la ratio decidendi de
dicha providencia judicial, como tampoco, desconoció la citada norma pues, tal
como se precisó en el aparte 2.4, la hermenéutica que dio la Corte Constitucional
tuvo como máximas de entendimiento estas expresiones: «regla que impide» y
«pesquisas que lleguen a su fin», razonamientos que fueron estudiados por esta
Sección Especializada las cuales, deben ser leídas sistemáticamente con las
funciones que ostenta el CNE, además de ser interpretadas integralmente con
los demás artículos de la Ley 1475 de 2011.
Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la parte actora, la regla del artículo
14 ibidem bajo la interpretación que dio la sentencia C – 490 de 2011 y el
entendimiento que hace este tribunal de lo contencioso-administrativo, impide
acceder a través del método literal o exegético esgrimido en la demanda a este
primer grupo de cargos de nulidad. (Énfasis añadido)
42. En ese orden, se anticipa que el cargo propuesto por la parte actora no
prospera, en tanto que, la Sala encuentra acorde al ordenamiento jurídico la
conclusión a la que arribó el CNE en el acto demandado, según la cual era
necesario supeditar el reconocimiento de personería jurídica de Progresistas a la
culminación y ejecutoria de los procesos administrativos sancionatorios iniciados en
contra del MAIS; colectividad respecto de la cual se escindió.
43. Además, como lo indicó esta Sección en el antecedente previamente citado,
el cual obedece a un caso de similares contornos fácticos al que nos ocupa, «la
máxima autoridad electoral de acuerdo con la falta atribuida al movimiento o partido
político verificará que la restricción del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 se cumpla
y de esta manera no queden pendientes investigaciones sancionatorias
imputadas o se eluda el régimen sancionatorio para con ello determinar si la
fusión procede o no». (Énfasis añadido)
44. Bajo ese entendido y como se señaló en líneas precedentes, en el presente
asunto no se configuró ninguno de los supuestos señalados por esta Sección, en
tanto que, las investigaciones administrativas iniciadas en contra del MAIS
continuarían tramitándose y solo hasta su culminación se otorgaría
personería jurídica a Progresistas; en consecuencia, con la escisión de la
colectividad no se eludió el régimen sancionatorio, como pasa a demostrarse.
45. En este punto, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso y el
contenido de los actos acusados36, la Sala advierte la existencia de distintas
actuaciones administrativas que no guardan relación con el régimen sancionatorio
y otras que, aunque corresponden a dicha materia, se desarrollaron y finiquitaron
en un periodo distinto de aquel en que se llevó a cabo la escisión del MAIS; motivo
por el cual, en el presente asunto, se hará alusión, únicamente, a los procesos
36 En la Resolución 09111 de 2025 el CNE enlistó 14 actuaciones administrativas, de los cuales 7 corresponden
a procesos sancionatorios (CNE-E-DG-2025-006311, CNE-E-DG-2024-001606, CNE-E-DG-2024-004186,
CNE-E-DG-2023-012941, CNE-E-DG-2023-025018, CNE-E-DG-2023-068318, CNE-E-DG-2023-025613, CNE-
E DG-2022-026623 y CNE-E-DG-2022-022487).
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Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
sancionatorios que se encontraban vigentes para la fecha en que MAIS aprobó su
escisión.
46. Aunado a lo anterior, en la Resolución 09111 de 2025 (acto acusado) se
informó que en proceso con radicado CNE-E-DG-2023-025018, se formularon
cargos contra el MAIS mediante Resolución 06693 de 2023 y, en Resolución 06721
de 2024 dicha actuación culminó. Sin embargo, no se tiene certeza de las fechas
en las cuales se expidieron los citados actos, como tampoco de su contenido.
47. Pues bien, como se indicó, de la revisión de los actos acusados y de
conformidad con el acervo probatorio, la Sala encuentra oportuno traer a colación
los procesos administrativos sancionatorios en contra del MAIS que se encontraban
vigentes para la fecha en que dicha colectividad aprobó la escisión, esto es, el 15
de noviembre de 202437:
Actuaciones en los procesos sancionatorios
Radicado Apertura de investigación y
Decisión
formulación de cargos
Resolución 01481 del 1 de abril de 2025.
Sanciona al MAIS, con privación de financiación
CNE-E- Resolución 01505 del 28 de febrero de
estatal por el monto de $19.459.513. A su vez,
1 DG-2023- 2024. Contra el MAIS, por la vulneración
en Resolución 02994 del 24 de junio de 2025 se
001606 del artículo 10.1 de la Ley 1475 de 2011.
resolvió recurso de reposición y se confirmó
dicha decisión.
Resolución 01507 del 28 de febrero de
Resolución 06545 del 4 de diciembre de 2024.
2024. Contra el MAIS, por la vulneración
Sanciona al MAIS con privación de financiación
CNE-E- de los numerales 1 y 5 del artículo 10 de la
estatal por el monto de $28.208.895. A su vez,
2 DG-2023- Ley 1574 de 2011, en concordancia con el
en Resolución 02662 del 11 de junio de 2025 se
068318 inciso primero del artículo 2 y el inciso
resolvió recurso de reposición y se confirmó
primero del artículo 28 de la referida
dicho acto.
norma.
Resolución 05309 del 16 de octubre de
2024. Contra excandidatos por vulnerar
CNE-E- artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y el Resolución 02449 del 28 de mayo de 2025. Da
3 DG-2024- MAIS por trasgredir artículos 8 y 10.1 de la por terminada la actuación administrativa en
01059338 misma norma. contra de excandidatos del MAIS.
Resolución 06618 del 12 de diciembre
de 2024. Contra el MAIS.
Resolución 05950 del 13 de noviembre
de 2024. Contra excandidatos por vulnerar
CNE-E- artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y el Resolución 02447 del 28 de mayo de 2025. Se
4 DG-2024- MAIS por trasgredir artículos 8 y 10.1 de la da por terminada la actuación administrativa en
001058939 misma norma. contra de excandidatos del MAIS.
Resolución 06619 del 12 de diciembre
de 2024. Contra el MAIS.
48. A su vez, se resalta que, mediante oficio del 21 de octubre de 2025, radicado
CNE-E-DG-2025-024459-025319, el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental informó que los siguientes procesos administrativos sancionatorios en
37 La IV Convención Nacional del MAIS se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024. La votación
a favor de la escisión se desató el 15 de noviembre de 2024.
38 Desglosado del expediente CNE-E-DG-2024-004186.
39 Desglosado del expediente CNE-E-DG-2024-004186.
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Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
contra del MAIS, se encuentran ejecutoriados: (i) CNE-E-DG-2023-06831840, (ii)
CNE-E-DG-2022-02662341, (iii) CNE-E-DG-2024-00418642 y (iv) CNE-E-DG-2024-
00160643.
49. Aunado a lo que antecede, de las pruebas allegadas se extrae la siguiente
relación de procesos administrativos sancionatorios en contra del MAIS, respecto
de los cuales no se conoce las decisiones que dieron lugar a su terminación y fueron
iniciados antes de la fecha en que se aprobó la escisión de la referida colectividad:
Apertura de investigación y formulación de cargos contra
Radicado44
excandidatos del MAIS
Resolución 05302 del 16 de octubre de 2024.
1 CNE-E-DG-2024-0010587 Contra excandidatos por
Resolución 06616 del 12 de diciembre de 2024. vulnerar artículo 25 de la
2 CNE-E-DG-2024-0010590 Resolución 05305 del 16 de octubre de 2024. Ley 1475 de 2011 y el
3 CNE-E-DG-2024-0010588 Resolución 05966 del 13 de noviembre de 2024. MAIS por trasgredir
artículos 8 y 10.1 de la
Resolución 05952 del 13 de noviembre de 2024. misma norma.
4 CNE-E-DG-2024-010591
Resolución 02128 del 13 de mayo de 2025.
50. No obstante, de la revisión de las pruebas aportadas, se observa que en la
Resolución 10013 del 7 de octubre de 202545 se explicó que el MAIS aceptó los
cargos formulados en los procesos relacionados en el numeral anterior, por lo que
reconoció de manera voluntaria los hechos y aceptó la responsabilidad que se
endilgó en las citadas actuaciones; en consecuencia, el CNE profirió decisión de
fondo en el citado acto y sancionó con multa a la colectividad.
51. Bajo esa óptica, la información previamente expuesta permite evidenciar que
luego de aprobada la escisión del MAIS (15 de noviembre de 2024) e incluso
después del reconocimiento condicionado de personería jurídica de Progresistas (3
de septiembre de 2025), los procesos sancionatorios en contra de la
colectividad escindente continuaron su curso ante la respectiva autoridad
electoral.
52. Al respecto, la Sala advierte que lo anterior guarda estrecha relación con la
argumentación aludida en el acto enjuiciado, pues, precisamente, el CNE se
encargó de puntualizar que el reconocimiento de personería jurídica de
Progresistas estaría supeditado a la culminación de los procesos
40 La decisión de sanción quedó ejecutoriada el 3 de febrero de 2024. A su vez, el acto que resolvió el recurso
de reposición quedó ejecutoriado el 11 de julio de 2025.
41 Se precisa que, mediante Resolución de 12 de enero de 2023 el CNE abrió investigación y formuló cargos
contra el MAIS. A su vez, en Resolución 00965 del 31 de enero de 2024 la autoridad electoral sancionó a la
colectividad. Dicha decisión quedó ejecutoriada el 17 de abril de 2024 y el 13 de marzo de 2024.
42 La decisión quedó ejecutoriada el 9 de octubre de 2025.
43 La decisión de sanción quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2025. A su vez, el acto que resolvió el recurso
de reposición quedó ejecutoriado el 10 y 15 de julio de 2025.
44 Los procesos que se enlistan fueron producto del desglose del expediente CNE-E-DG-2024-004186.
45 «Por medio de la cual se SANCIONA al MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS,
identificado con NIT 900847.655-4, por la vulneración al deber de diligencia y cuidado, según lo expuesto en el
artículo 8 y numeral 1 del artículo 19 de la Ley 1475 de 2011, dentro del expediente con radicado CNE-E-DG-
2024-004186».
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administrativos sancionatorios iniciados contra la colectividad escindida, con
lo cual, se respetaría la finalidad del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.
53. Además, como lo previó el CNE en el acto demandado, la colectividad
escindente mantuvo su personería jurídica y su patrimonio, con el cual se
garantizaría la ejecución de los procesos administrativos sancionatorios iniciados
en su contra.
54. Aunado a lo anterior, de conformidad con el acervo probatorio deviene
relevante subrayar que, el 21 de octubre de 2025, la Dirección de Vigilancia e
Inspección Electoral del CNE realizó la anotación en el Registro Único de Partidos,
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de lo ordenado en el acto enjuiciado
(Resolución 09111 de 2025)46, dado que, el Grupo de Atención al Ciudadano y
Gestión Documental certificó el cumplimiento de la condición esbozada en la
resolución demandada.
55. En ese entendido, la actuación señalada en el párrafo anterior deja entrever
que el escenario fijado como condición para que Progresistas obtuviera la
personería jurídica se cumplió; aspecto que ratifica la conclusión señalada con
anterioridad, consistente en que el CNE no trasgredió la finalidad del artículo 14 de
la Ley 1475 de 2011.
56. Aunado a lo anterior, resulta adecuado traer a colación el antecedente de la
Sección Quinta47, mediante el cual se resolvió un asunto similar, con el propósito de
advertir que en el desarrollo de investigaciones sancionatorias la autoridad electoral,
de conformidad con los artículos 12.2 y 13.6 de la Ley 1475 de 2011, podría acudir
a la suspensión del reconocimiento de personería jurídica hasta que dichos
procesos terminen, con lo cual, resultaría improcedente la acreditación de alguna
de las figuras de reorganización, como la fusión de los partidos o movimientos
políticos.
57. Asimismo, deviene relevante poner de presente que los procesos
administrativos enlistados no culminaron con decisiones que afectaran el
reconocimiento de personería jurídica de MAIS, sino que, la mayoría de estos
conllevaron la imposición de multas; aspecto que permite reafirmar que en el acto
enjuiciado no se trasgredió el contenido de la ley estatutaria.48
46 Artículos segundo a décimo segundo del acto demandado.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de mayo de
2026, rad: 11001-03-28-000-2025-00190-00 (Acum.), MP: Luis Alberto Álvarez Parra:
48 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 21 de mayo de 2026, rad: 11001-03-28-000-2025-00190-00 (Acum.), MP: Luis Alberto Álvarez Parra: «Para
la Sala, conforme a lo explicado en el aparte 2.4 de la presente providencia, el hecho de que hubiesen existido
indagaciones abiertas al momento de haberse acordado la fusión (13 de junio de 2025) no implica per
se, la vulneración del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 pues, debe analizarse si tales pesquisas
terminaron, es decir, si quedaron debidamente ejecutoriadas, si el CNE autorizó el registro en el RUPYM
de la personería jurídica que nació de esa unión y si no existían sanciones que conllevaran a la pérdida
de personería jurídica». (Énfasis añadido)
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Radicado: 11001-03-28-000-2025-00196-00. Acum.
58. Bajo ese entendido y contrario al dicho de los actores, esta Sección no
evidencia la trasgresión del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 por parte del
CNE al supeditar el reconocimiento de personería jurídica de Progresistas a la
terminación de procesos sancionatorios en contra de la colectividad respecto de la
cual se escindió, esto es, el MAIS, pues es lo cierto que esta última conservó su
personería jurídica y la totalidad de su patrimonio, y solo con la culminación
de las referidas actuaciones podría hacerse efectivo el mentado
reconocimiento.
59. De otro lado, se pone de presente que la parte actora propuso la aplicación
de la excepción de ilegalidad respecto de la Resolución 1291 de 2021, mediante la
cual el CNE reconoció personería jurídica al partido Dignidad, porque, a su juicio, la
autoridad lo reseñó «como una suerte de precedente administrativo para motivar los
actos acusados», pese a que contraviene el contenido del artículo 14 de la Ley 1475
de 2011.
60. Sobre el particular, la Sala advierte que dicho reparo no tiene cabida en el
presente asunto, en tanto que, el referido acto no fue el fundamento jurídico para
que la autoridad electoral decidiera supeditar el reconocimiento de personería
jurídica de Progresistas a la culminación de procesos sancionatorios iniciados
contra la colectividad respecto de la cual se escindió; por el contrario, el CNE basó
su interpretación en concordancia con la Ley 1475 de 2011, la sentencia C-490
de 2011 y los derechos y libertades políticas de los administrados.
61. Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que el acto mencionado por
la parte actora se presume legal, pues no ha sido suspendido ni anulado; luego, en
este proceso no deviene procedente estudiar los reproches que puedan elevarse en
su contra. Con todo, como se expuso en líneas precedentes, la interpretación que
le otorgó el CNE a la referida norma estatutaria se ajusta al ordenamiento jurídico y
constitucional.
2.1.2. ¿Los actos demandados incurrieron en falsa motivación por indebida
interpretación del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y en desconocimiento de
las conclusiones a las que arribó la Corte Constitucional, en la Sentencia C-
490 de 2011, al definir el control previo y automático de la citada norma?
62. En este punto, los demandantes señalaron que los actos acusados adolecen
de falsa motivación porque el CNE omitió hechos que estaban demostrados
(existencia de procesos sancionatorios) y que, de haberse tenido en consideración,
habrían conducido a negar la personería jurídica requerida.
63. Además, indicaron que el CNE omitió tener en cuenta que el artículo 14 de la
Ley 1475 de 2011 fue objeto de control previo y automático por parte de la Corte
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Constitucional; luego, respecto del contenido de la citada norma no resultaba
procedente realizar «otro estudio o análisis de constitucionalidad difuso».
64. Pues bien, del estudio de los actos demandados no se advierte la
configuración del vicio alegado por la parte actora, dado que, como se expuso en
líneas precedentes, la autoridad electoral no desconoció la existencia de
procesos administrativos sancionatorios en contra del MAIS, máxime si se
tiene en cuenta que procuró por la continuidad y eventual desenlace de dichas
actuaciones, al punto que, supeditó el reconocimiento de personería jurídica de
Progresistas a la culminación de los mencionados procesos; motivo por el cual, esta
Sala considera que el régimen sancionatorio que recayó sobre la colectividad
escindida no fue obstaculizado con la aprobación del mecanismo de reorganización
y tampoco con la referida condición.
65. A su vez, se observa que el CNE tuvo en cuenta la sentencia C-490 de 2011
para interpretar el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, por lo que, realmente no
desconoció el control que realizó la Corte Constitucional frente a la referida norma
estatutaria; por el contrario, garantizó el cumplimiento de su contenido al procurar
por la terminación de los procesos iniciados contra la colectividad que se escindió,
esto es, el MAIS.
66. De otro lado, los demandantes cuestionaron que el CNE acudiera por
analogía a la regulación comercial para darle alcance a las figuras de la fusión y la
escisión, pues, en su concepto, el contenido del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011
contempla una prohibición para los partidos y movimientos políticos, por lo que sus
derechos y obligaciones no son equiparables a los de las sociedades comerciales y
mercantiles.
67. Frente a lo anterior, la Sala encuentra necesario subrayar que en el acto
acusado49 el CNE mencionó la Ley 222 de 199550 para definir la figura de la escisión;
sin embargo, dicha alusión no tuvo como finalidad adentrarse en la prohibición
contemplada en la reiterada norma estatutaria, sino que, su único objetivo fue
exponer el concepto del citado mecanismo, a tal punto que, en el mismo acápite,
puntualizó que la regulación de la escisión de los partidos o movimientos políticos,
se encuentra contemplada en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y en los
respectivos estatutos51; motivo por el cual el cuestionamiento expuesto por la parte
actora no tiene vocación de prosperidad.52
49 Acápite 4.3 «Del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011. Escisión de los partidos y movimientos políticos».
50 «Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones».
51 «Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 dispone que la escisión de los partidos y movimientos
políticos se regirá por lo dispuesto en la Ley y sus Estatutos, de allí, que dichas organizaciones políticas fueron
dotadas de autonomía para establecer los procedimientos y reglas relacionadas con las figuras de escisión,
fusión, disolución y liquidación, a través de sus estatutos».
52 En línea con lo expuesto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 8 de febrero de 20245, rad: 11001032800020230002100, MP. Luis Alberto Álvarez Parra:
«[…] el tema de la regulación de los partidos políticos y la actuación administrativa que se debe adelantar para
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2.1.3. ¿El CNE extralimitó su competencia al condicionar el reconocimiento de
personería jurídica de Progresistas a la culminación de los procesos
administrativos sancionatorios en contra de la colectividad de la cual se
escindió, esto es, el MAIS?
68. Al respecto, la parte actora adujo que, se desconoció el principio de legalidad
porque de conformidad con la prohibición contemplada en el artículo 14 de la Ley
1475 de 2011, lo procedente era negar la personería jurídica del partido
Progresistas, dado que, en contra de la colectividad de la cual pretendía escindirse
(MAIS), existían procesos administrativos sancionatorios; luego, al condicionar el
mencionado reconocimiento, el CNE «extralimitó en sus funciones y desbordó las
competencias constitucionalmente atribuidas».
69. Pues bien, como se expuso en líneas anteriores, la condición que estableció
el CNE para reconocer personería a Progresistas no deviene ilegal y tampoco
trasgrede el ordenamiento jurídico; por el contrario, se advierte la observancia de
los postulados constitucionales a efectos de garantizar las libertades políticas, sin
desatender las obligaciones y prohibiciones respecto de las colectividades; en
consecuencia, la interpretación que le atribuyó la autoridad electoral a la mentada
norma estatutaria no corresponde a una extralimitación de sus funciones.
70. Aunado a lo que antecede, deviene relevante puntualizar que, la conclusión
a la que arribó el CNE en los actos acusados guarda estrecha relación con el artículo
265 de la Constitución Política, el cual prevé que la autoridad electoral «regulará,
inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y
movimientos políticos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que
a ellos corresponden»; facultad que acarrea, entre otros, el reconocimiento de
personería jurídica a las colectividades, con observancia del ordenamiento, los
derechos y libertades de los ciudadanos.
71. Además, de las actuaciones demandadas se observa que para fundamentar
la respectiva competencia el CNE acudió a los artículos 40, 107, 108 de la
Constitución Política y 1, 3 y 7 de la Ley 1475 de 2011, con lo cual se demuestra
que la autoridad electoral fundó su actuar en los postulados legales y
constitucionales.53
el reconocimiento de personería jurídica a este tipo de agrupaciones está específica y suficientemente normado,
razón por la cual no se hace necesario acudir por remisión a ninguna otra codificación mucho menos a la
legislación comercial que se encarga de regular relaciones completamente disímiles a las aquí estudiadas».
53 Al respecto, se trae a colación los siguientes postulados constitucionales que fueron relacionados en los actos
acusados: (i) «Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político […]», (ii) «Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y
desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse […]», (iii) «Artículo
108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos […]». A su vez, se relacionaron los siguientes artículos de la Ley 130 de 1994: (i)
«Artículo 1. Derecho a constituir partidos y movimientos. Todos los colombianos tienen derecho a constituir
partidos y movimientos políticos […]», (ii) «Artículo 3. Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo
Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos […]», (iii) «Artículo 7. Obligatoriedad de los estatutos.
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72. Así las cosas, como no prosperaron los cargos alegados por la parte actora,
es lo procedente negar las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expusieron en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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