Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-43-063-2016-00507-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-43-063-2016-00507-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-33-43-063-2016-00507-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
Radicación: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandantes: EMELIBETH AMBUILA GONZÁLEZ Y OTROS
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por Emelibeth Ambuila González y otros contra la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dentro del
proceso de reparación directa No. 11001-33-43-063-2016-00507-01.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa
1.1. El diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016), en ejercicio del medio
de control de reparación directa y a través de apoderado judicial, los señores
Emelibeth Ambuila González, Luis Alejandro Vidal Ulabarri, Luis Hernando Vidal,
Saida Loboa Ulabarri, Lina Zamara Vidal Reyes, Yerson Adrián Vidal Loboa, María
Máxima Vidal Angola, Karin Andrés Vidal Mina y Jaqueline Vidal Mina, solicitaron que
se declararan administrativamente responsables a la Nación – Rama Judicial –
Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad a la que, según
1
Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
aducen, fue sometido Luis Alejandro Vidal Ulabarri, junto con la correspondiente
condena al pago de los perjuicios morales y patrimoniales causados1.
Como sustento fáctico de su demanda, indicaron que el primero (1) de mayo de dos
mil quince (2015) el señor Vidal Ulabarri fue capturado en flagrancia e imputado por
el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Según adujeron, la Fiscalía
142 Seccional de Palmira – Valle del Cauca solicitó la imposición de medida de
aseguramiento intramural, la cual fue decretada en audiencia preliminar del dos (2) de
mayo de ese mismo año por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control
de garantías. Sin embargo, el veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015) esa
misma Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, alegando la atipicidad del
hecho investigado, la cual fue finalmente declarada por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Descongestión con funciones de conocimiento, el treinta y uno de julio de
dos mil quince (2015).
1.2. En primera instancia, el Juzgado 63 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante sentencia de seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017), negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora2.
Así, el Juzgado resaltó que, aunque se demostró el daño, la actuación de la Fiscalía
estuvo soportada en el hecho de que el señor Vidal había sido sorprendido en
situación de flagrancia mientras transportaba sustancias ilegales, al igual que en las
pruebas legalmente recaudadas.
En ese sentido, la autoridad judicial advirtió que solo hasta la celebración de la
audiencia preliminar “el señor Luis Alejandro Vidal decidió romper el silencio e informar
las razones por las cuales cometió el delito”, las cuales estaban relacionadas con el
secuestro de su hermano y las amenazas que recibió para que, so pena de que le
hicieran daño a su familiar, accediera a transportar los estupefacientes. Así, como esta
información no fue recibida desde un primer momento sino mientras iba avanzando la
investigación, el juzgado encontró que las demandadas. “desplegaron sus
actuaciones conforme a lo dispuesto en la norma penal, teniéndose que la imposición
de la medida (…) se encontraba respaldada con pruebas idóneas”.
1
Folios 4 al 33, C. 1.
2
Folios 215 al 222, C. 2.
2
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
1.3. Inconforme con esta decisión, la parte demandante formuló recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia3, por considerar que las entidades accionadas
incurrieron en una falla del servicio, pues al momento de la captura el señor Vidal
Ulabarri “manifestó la causa por la cual estaba inmerso en ese delito”, lo que mostraba
que actuó bajo insuperable coacción ajena. Pero, además, afirmó que en estos casos
debía darse aplicación al régimen objetivo, pues “el Consejo de Estado ha preferido
el título de daño especial”.
1.4. Mediante sentencia de veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la providencia de primera instancia4.
En efecto, para el Tribunal “bajo el régimen de responsabilidad objetiva que adopta el
ponente [debe] determinar[se] si en el presente asunto hay lugar a declarar la
responsabilidad” de las demandadas, además de verificar “si en el proceso de la
referencia se configura alguna causal eximente de responsabilidad”.
En ese sentido, aunque encontró probado el daño, el ad quem indicó que en este caso
se demostró la configuración del hecho de un tercero como eximente de
responsabilidad que rompe el nexo causal, debido a que en la causa penal se probó
que el señor Luis Alejandro Vidal había sido obligado a transportar los estupefacientes
que le fueron encontrados. En ese sentido, fue “la coacción que un tercero ejerció
sobre el demandante lo que permitió edificar sospecha sobre su conducta, al punto de
que se le vinculara al proceso penal”.
2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017), los señores Emelibeth Ambuila
González, Luis Alejandro Vidal Ulabarri, Luis Hernando Vidal, Saida Loboa Ulabarri,
Lina Zamara Vidal Reyes, Yerson Adrián Vidal Loboa, María Máxima Vidal Angola,
Karin Andrés Vidal Mina y Jaqueline Vidal Mina, a través de apoderado judicial,
presentaron recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia por considerar que
en la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, “no se tuvieron en cuenta los lineamientos
3
Folios 230 al 239, C. 2.
4
Folios 296 al 306, C. 3.
3
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
expuestos en la sentencia de unificación jurisprudencial” de diecisiete (17) de octubre
de dos mil trece (2013), radicado No. 23.3545.
Para los recurrentes, el Tribunal desconoció que, de conformidad con esa sentencia,
“si la persona estuvo privada de su libertad y posteriormente se le absolvió o precluyó,
ineludiblemente se cometió un daño especial. Y la otra apreciación es que frente a la
valoración de una medida de aseguramiento ya sea en flagrancia o no, es que si
dictaron la medida de aseguramiento intramural cumpliendo unos requisitos legales
es porque hay la certeza de una condena, pero si posteriormente se absolvió o
precluyó, estamos frente a una falla en el servicio porque no se pudo comprobar su
responsabilidad”. En ese sentido, sostienen que el Estado siempre será responsable
cuando una persona privada de la libertad es posteriormente absuelta o se precluye
la investigación en su contra, pues en el régimen objetivo eso es precisamente lo que
hace la medida injusta y, a su vez, es la prueba de la antijuridicidad del daño causado.
Así, con fundamento en lo anterior, concluyen que “se encuentran acreditados los
elementos estructurales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación por
la privación injusta”.
3. Trámite del recurso
3.1. En providencia de once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal
concedió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia formulado y le
otorgó a la parte actora el término de veinte (20) días para su sustentación6, decisión
que fue notificada el diecisiete (17) de octubre de ese mismo año.
3.2. Los recurrentes presentaron la sustentación del recurso el catorce (14) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)7.
3.3. El veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para darle trámite
al recurso formulado8, lo cual ocurrió el primero (1) de diciembre de ese mismo año9.
5
Folios 316 y 327 al 331, C. 3.
6
Folios 318 al 319, C 3.
7
Folios 327 al 331, C 3.
8
Folios 333 al 334, C 3.
9
Folio 335, C 3.
4
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
3.4. Mediante providencia de veintiséis (26) de febrero dos mil dieciocho (2018), el
entonces Despacho ponente admitió el recurso propuesto, ordenó notificar esta
decisión a la Nación – Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y dispuso correr
traslado del mismo, en los términos del artículo 266 del CPACA10.
3.5. Dentro de la oportunidad correspondiente, la Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial presentaron intervenciones. Por su parte, pese a haber sido notificadas,
el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardaron
silencio.
3.5.1. Fiscalía General de la Nación
Se opuso a la prosperidad del recurso por considerar que, contrario a lo asegurado
por la parte actora, no se acreditó que el fallo de segunda instancia hubiera
desconocido la sentencia de unificación proferida el diecisiete (17) de octubre de dos
mil trece (2013).
De acuerdo con la entidad, si bien esa providencia establecía la procedencia del
análisis de estos casos bajo el régimen objetivo, también contemplaba la posibilidad
de exonerarse de la misma ante la configuración de algún eximente de
responsabilidad. Así, como en el presente asunto se comprobó la ocurrencia del hecho
de un tercero, es claro que la sentencia impugnada atendió el precedente judicial
echado de menos11.
3.5.2. Rama Judicial
Solicitó que se niegue el recurso extraordinario formulado, bajo la consideración de
que la sentencia impugnada realizó el estudio del asunto sobre la base de aplicar el
10
Folios 337 al 339, C 3. En esta providencia se encontraron acreditados los demás requisitos legales
para la procedencia del recurso. Así, en relación con la cuantía, se advirtió que “en el escrito de
demanda [se] cuantificó concretamente sus pretensiones y la sumatoria de aquellas corresponde a un
valor de 457,6 SMLMV, es decir, supera la cifra establecida por la normatividad legal, lo que indica que
cumple con este presupuesto legal”; además, se encontró que el recurso fue formulado dentro del
término legal previsto para el efecto, que, para el caso concreto ꟷen tanto la sentencia fue notificada
el 28 de septiembre de 2017 y quedó ejecutoriada el 3 de octubre de ese mismo añoꟷ, vencía el día
10 de octubre de 2017. Finalmente, también se dejó constancia de que la sustentación se radicó dentro
de los veinte (20) días siguientes a la concesión del recurso, tal y como lo exigía la ley vigente para ese
momento.
11
Folios 341 al 360, C. 3.
5
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
régimen objetivo, solo que, en acatamiento a la sentencia de unificación invocada,
declaró la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero12.
Además, resaltó que al momento de su captura el señor Luis Alejandro Vidal Ulabarri
se encontraba transportando estupefacientes, lo que llevó a que se le imputara ese
delito y le fuera impuesta la medida de aseguramiento.
3.6. Cumplido lo anterior, el proceso entró al despacho para la adopción de la decisión
que en derecho corresponde.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)13, en concordancia con lo
establecido en el numeral 1° del artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento
Interno de la Corporación14ꟷ, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado es competente para conocer y decidir el presente asunto.
2. Problema jurídico
Conforme con lo expuesto, corresponde a esta Sala establecer si están demostrados
los supuestos para la prosperidad del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia en relación con la sentencia proferida el veinte (20) de septiembre de
dos mil diecisiete (2017) por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa No. 11001-
33-43-063-2016-00507-01.
12
Folios 384 al 387, C. 3.
13
“ARTÍCULO 259. COMPETENCIA. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en
atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
misma Corporación”.
14
“ARTÍCULO 14.- OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU
ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo
al criterio de especialidad, también tendrá́ competencia para: 1. Tramitar y decidir el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. (…).”
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y sus requisitos de
procedencia, con fundamento en las cuales dará solución al caso concreto.
3. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Con el propósito de garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico y evitar
que un mismo supuesto tenga diversos tratamientos por parte de los operadores
judiciales, el legislador reconoció la necesidad de que los órganos de cierre en las
distintas jurisdicciones cumplan, entre otras, una función de unificación
jurisprudencial15, con lo cual se logra “brindar a la sociedad un cierto nivel de certeza
respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad y garantizar que
las decisiones que se adopten por la administración de justicia, y general (sic) por
todas las autoridades públicas, ‘se funden en una interpretación uniforme y consistente
del ordenamiento jurídico’.”16
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Ley 1437 de 2011 buscó
fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado a través de la expedición de
“sentencias de unificación”, en los eventos previstos en el artículo 270 del CPACA, y
de herramientas administrativas y judiciales que los ciudadanos pueden usar a fin de
garantizar que las referidas decisiones sean acatadas tanto por la administración como
por los jueces que integran la jurisdicción17.
En este contexto, se crea el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con
la finalidad de garantizar que los jueces acaten las decisiones de unificación proferidas
por esta Corporación, en respeto del denominado “precedente vertical”18, y para
“asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y
15
Artículos 86, 235, 237 y 241 de la Constitución Política.
16
Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016.
17
En la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 sobre este punto se indicó: “Por último, cabe
destacar la intención del proyecto en cuanto al acatamiento de las decisiones judiciales, como una
manifestación del Estado de Derecho. Por ello, la preocupación de la Comisión se centró en dos
aspectos, a saber: uno, el respeto a las decisiones judiciales frente a casos similares y dos, el
cumplimiento de las decisiones judiciales. // Para garantizar el respeto a las decisiones judiciales que
constituyen jurisprudencia reiterada o de unificación, se propone como mecanismo el derecho a solicitar
la extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en un fallo de
unificación jurisprudencial en el que se haya reconocido una situación jurídica, siempre que, en lo
pretendido exista similitud de objeto y causa con lo ya fallado (…)”. Gaceta del Congreso No. 1173 de
2009, citado en Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016. Sobre este mismo tema, Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-33-001-2013-00046-
01, número interno 58317.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de sala del 30 de marzo de 2020, radicación
15001-33-31-701-2014-00009-01, número interno 61784.
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con
la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales
sujetos procesales” (artículo 256 del CPACA). Se trata de un mecanismo judicial que
permite salvaguardar los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza
legítima, como elementos transversales de la administración de justicia, “más allá que
como consecuencia de ello se protejan los derechos reclamados y, cuando fuere el
caso, se obtenga una reparación por los agravios inferidos.”19.
De ahí entonces que la única causal para la procedencia del recurso, según lo
establece el artículo 258 del CPACA, es que la sentencia recurrida se oponga o
contradiga una sentencia de unificación, es decir, en los términos del artículo 270 de
ese Estatuto, “las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado [bien a través de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o bien por el pleno de las respectivas
Secciones] por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos
extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión”20. Esa misma
calificación les ha sido reconocida a aquellas que, habiendo sido proferidas antes de
la vigencia del artículo 270 del CPACA, “establecen y fijan un criterio jurisprudencial
uniforme frente a (i) la aplicación o interpretación de una norma, (ii) la solución
específica de un supuesto de hecho (v.gr. título de imputación aplicable a la
responsabilidad por acto médico), (iii) la forma de llenar una laguna o vacío normativo
(sentencias integradoras), (iv) criterios de ponderación o valoración de específicas
situaciones o pruebas (v.gr. valor probatorio copias simples), o (v) se establecen
presunciones judiciales o de hombre (v.gr. ingreso mínimo de la víctima, entre
otros).”21.
En todo caso, es relevante precisar que la jurisprudencia de esta Sección ha sido clara
en establecer que “resulta imprescindible en el análisis del recurso extraordinario de
unificación el estudio de los hechos de cada caso concreto”22, porque “solo serán
subsumibles en el campo de la sentencia de unificación, procesos que discutan hechos
similares que permitan hacer extensivo el precedente”23; así como también ha
19
Corte Constitucional, sentencia C -179 de 2016.
20
Sobre el punto, puede consultarse Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de
2019, radicación 47001-33-33-000-2014-00019-01, número interno 61606.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-33-
001-2013-00046-01, número interno 58317.
22
Íbidem.
23
Pie de página en cita original: “Para que una decisión sea precedente de otra decisión no se requiere
que los hechos anteriores y los posteriores sean absolutamente idénticos (…) Es claro que la relevancia
8
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Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
precisado que “no todo el contenido de la sentencia de unificación sirve de insumo
para el ejercicio del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues solo
el contenido relacionado con el decisum24 y la ratio decidendi del caso concreto es la
que resulta útil para tal efecto.”25.
En consecuencia, para la prosperidad del recurso será necesario, no solo verificar que
la sentencia que se dice desconocida por el Tribunal tenga el carácter de sentencia de
unificación, sino también que esta sea aplicable al caso concreto por ser sus hechos
subsumibles o análogos y que, en efecto, el Tribunal haya pasado por alto o haya
contrariado la ratio decidendi de esa decisión.
Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha
sido pacífica y uniforme en concluir que a través de esta figura no es procedente
controvertir la valoración probatoria ejercida por los jueces de instancia, revivir el
debate probatorio, discutir las consideraciones propias del juez natural o intentar abrir
paso a una “tercera instancia” para obtener una decisión distinta a la adoptada en el
curso del proceso ordinario26. Lo anterior, toda vez que “el recurso extraordinario no
se concibe como una nueva vía de discusión de una causa jurídica, sino como una
herramienta puntual para decantar criterios y plasmar líneas de interpretación que
perduren en el tiempo.”27.
4. Caso concreto
Pues bien, como atrás se indicó, la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia exige que se acredite que la providencia acusada
desconoció una sentencia de unificación, es decir, una de aquellas proferidas en
aplicación del artículo 270 del CPACA o de las que, antes de la entrada en vigencia
de esa norma, hubieren fijado alguna regla de interpretación sobre determinada
de un precedente depende de la forma como se caracterizan los hechos que se desprenden del primer
caso (…). En orden a determinar qué es un precedente, se debe vincular las similitudes relevantes entre
los dos casos. SCHAUER, Frederick ‘Precedent’, en: Stanford Law Review, Vol. 39, n.° 3, pág. 577.”
24
Pie de página en cita original: “Parte resolutiva de la sentencia”.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación 11001-03-26-
000-2019-00026-00 (63357). En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del
1 de agosto de 2019, radicación 68001-33-33-001-2013-00046-01 (58.317), en la que se concluyó: “De
modo que el precedente solo tiene fuerza de cohesión y unidad frente a su ratio decidendi, significa que
el obiter dictum –dicho de paso– o los obiter dicta –dichos de paso–de la sentencia no tienen la
virtualidad de servir de fundamento del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.”.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 15 de agosto de 2018, radicación 11001-33-36-
038-2013-00508-01 (59375); de 18 de julio de 2019, radicación 11001-03-26-000-2018-00151-01
(62420); y de 19 de septiembre de 2019, radicación 05001-33-33-023-2013-00447-01 (55183).
27
Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016.
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Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
materia o establecido un criterio de jurisprudencia uniforme respecto de algún aspecto
jurídico específico.
En el caso concreto, los recurrentes alegan como desconocida la sentencia de
unificación de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación dentro del radicado 52001-23-31-
000-1996-07459-01 (23.354), pues, a su juicio, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debió proferir una sentencia condenatoria atendiendo a que, según el
régimen objetivo, cuando una persona es privada de su libertad y luego se precluye la
investigación en su contra, siempre se configura un daño especial.
En relación con este asunto, lo primero a señalar es que, analizada dicha providencia,
la Sala observa que aquella sí tiene la calidad de sentencia de unificación.
En efecto, a través del fallo citado y en ejercicio de la función unificadora, la Sección
Tercera analizó, entre otros asuntos, el tema de la imputación tratándose de los casos
de privación injusta de la libertad, respecto del cual concluyó que: “se habrá causado
un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente
absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en
beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento
de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los
correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales
condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de
su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter
excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del
principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al
restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los
términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.”. A partir
de esta decisión, se entendió entonces que estos casos debían ser fallados bajo un
régimen objetivo de responsabilidad, por el título de daño especial28.
Sin embargo, allí también se precisó:
“[L]las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen
objetivo de responsabilidad pueden ─y deben─ ser examinadas por el
28
En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 2 de
agosto de 2018, radicación 11001-03-26-000-2017-00085-00 (59.509).
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Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza
mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima determinan que el
daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad
demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo
absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y
extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en
detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera
dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento
que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de
responsabilidad penal” (se resalta).
Aunque con posterioridad a la sentencia de unificación de diecisiete (17) de octubre
de dos mil trece (2013) el panorama jurisprudencial ha cambiado ꟷpor cuenta de la
expedición de sentencias proferidas por la Corte Constitucional y por esta misma Sala
en relación con la imposibilidad de darle prevalencia a algún régimen de
responsabilidad29ꟷ, lo cierto es que la tesis contenida en ese fallo era la que se
encontraba vigente al momento en que el Tribunal adoptó la decisión que aquí se
ataca30.
Siendo ello así, la Sala advierte que la sentencia proferida el veinte (20) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017) por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, no incurrió en un desconocimiento de la
jurisprudencia unificada de esta Corporación, sino que, por el contrario, empleó la
regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a
su consideración.
En efecto, en la sentencia que se acusa el Tribunal, no obstante, la Carta Política no
establece prevalencia alguna en la aplicación de algún título de atribución de
responsabilidad, expresamente indicó que: “corresponde entonces, bajo el régimen
de responsabilidad objetiva que adopta el ponente determinar si en el presente
29
En ese sentido, la regla imperante hoy en día parte de considerar que “ningún cuerpo normativo -a
saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia
C-037 de 1996- establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada caso, debe realizar un análisis para
determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada, o en otros términos,
si devino o no en injusta” [Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de
agosto de 2020, radicación 66001-23-31-000-2011-00235-0 (46.947)]. Además, pueden consultarse,
entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de diciembre de 2020,
radicación 11001-03-15-000-2020-04046-00.
30
Sobre el punto, la Sección Tercera en sentencia del 7 de abril de 2022, proferida dentro del radicado
11001-03-26-000-2020-00021-00 (65.707), señaló que “aun cuando el precedente judicial se caracteriza
por su permanencia en el tiempo y la uniformidad de su aplicación, ello no significa que sea inamovible,
pues bien, por el contrario, ante imperativos de adaptación a los cambios sociales, económicos y
normativos, resulta posible que los órganos de cierre modifiquen las reglas fijadas en los precedentes
jurisprudenciales, bajo la estricta exigencia argumentativa de demostrar las razones que justifican dicho
cambio”.
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Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
asunto hay lugar a declarar la responsabilidad” (resaltado fuera de texto). Con ese fin,
no solo analizó la existencia del daño y su antijuridicidad sino que, además, a partir de
lo dicho en la sentencia de unificación del año dos mil trece (2013), se detuvo en el
estudio de si en este caso se había presentado alguna de las causales eximentes de
responsabilidad, frente a lo cual concluyó que “el nexo de causalidad entre el hecho
dañoso y la imputación que del mismo se hace a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación, sufre una ruptura sustancial, como lo indica (sic) las partes en
sus alegatos y el Ministerio Público, pues del acervo probatorio se observa por esta
colegiatura la existencia de un hecho del tercero como causal eximente de
responsabilidad” (se resalta).
Para fundamentar este asunto, la autoridad judicial sostuvo lo siguiente:
“Pues bien, en aras de establecer la ocurrencia de tal eximente de
responsabilidad, ha de establecerse el real origen de la investigación penal
adelantada por la Fiscalía, en contra del señor Luis Alejandro Vidal.
De las pruebas relacionadas, se tiene que el señor LUIS ALEJANDRO
VIDAL, se le vinculó a un proceso penal sindicado del delito de tráfico de
estupefacientes, toda vez que el Juzgado Sexto con función de control de
garantías impartió legalidad a la captura en flagrancia del demandante, y
con base en esto se profirió medida de aseguramiento en contra del actor.
En efecto, en este punto resulta importante resaltar que, cuando se
demuestra que el daño provino de un evento constitutivo de fuerza mayor,
hecho del tercero y hecho de la víctima, la imputación no se configura y,
por ende, no procede a declarar la responsabilidad que se demanda.
(…) para la Sala es certero afirmar que la privación de la libertad de que
fue objeto el señor LUIS ALEJANDRO VIDAL, no adquiere el carácter de
injusta, en tanto fue la coacción que un tercero ejerció sobre el demandante
lo que permitió edificar sospecha sobre su conducta, al punto de que se le
vinculara al proceso penal, lo que hizo necesario que el ente investigador
adoptara las medidas correspondientes para esclarecer tales sospechas,
lo que permite en criterio de esta Corporación, evidenciar una (sic) hecho
de un tercero en el origen del daño, que rompe el nexo de causalidad en el
presente asunto y que fuerzan (sic) a concluir, que deben ser negadas las
pretensiones de la demanda”.
Como se observa, en contra de lo que aduce la parte recurrente, la sentencia
impugnada sí efectuó el análisis del caso a la luz del título de imputación objetivo, solo
que, conforme a lo que también establecía la sentencia de unificación de diecisiete
(17) de octubre de dos mil trece (2013), consideró que no había lugar a declarar la
responsabilidad de las accionadas al haberse configurado un eximente de
responsabilidad.
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Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
De esta forma, es claro que respecto de esta sentencia de unificación no se configura
la causal prevista en el artículo 258 del CPACA, pues la decisión adoptada por el
Tribunal, lejos de contrariar u oponerse a la regla jurisprudencial fijada, la aplicó para
dar solución al caso concreto.
En consecuencia, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
presentado por la señora Emelibeth Ambuila González y otros, deberá ser
desestimado.
6. Costas
El artículo 267 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “[s]i prospera el recurso, total o
parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que
deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es
desestimado, se condenará en costas al recurrente (…)” (se destaca). Según se
desprende de la norma en cita, y tal y como lo ha reconocido la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, la imposición de costas en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia responde a un criterio objetivo y
verificable, esto es, la desestimación del recurso 31.
Como dicha situación acaeció en el caso concreto y se encuentra acreditada la labor
defensiva en la que debieron incurrir las entidades accionadas, la Sala impondrá a
cargo de la parte vencida el reconocimiento de agencias en derecho, de conformidad
con los parámetros establecidos en el Acuerdo N.° PSAA16-10554 del cinco (5) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Consejo Superior de la Judicatura32.
Así, atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso, se fijará por ese
concepto a cargo de la parte recurrente la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv), esto es, un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (smlmv) en favor de cada una de las entidades demandadas.
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-33-
001-2013-00046-01, número interno 58.317 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de
mayo de 2019, radicación 47001-33-33-000-2014-00019-01, número interno 61.606.
32
“Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20
S.M.L.M.V.”.
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Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por la señora Emelibeth Ambuila González y otros, contra la sentencia
proferida el veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
proceso de reparación directa No. 11001-33-43-063-2016-00507-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, las cuales deberán ser
liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 188 y 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, inclúyase por
concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) smlmv a la fecha de
la presente providencia, de la cual corresponderá un (1) smlmv para cada una de las
entidades que intervino en el trámite de este proceso, esto es, la Nación - Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
Presidente Sección Tercera
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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Radicado: 11001-33-43-063-2016-00507-01 (60619)
Demandante: Emelibeth Ambuila González y otros
ALBERTO MONTAÑA PLATA JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
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