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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-33-33-000-2014-00019-01

Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia: noción. Definición. Concepto

Fecha
9 de mayo de 2019
Consejero ponente
Carlos Alberto Zambrano Barrera
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-33-33-000-2014-00019-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por Libardo Sucre García Nassar y otros contra la sentencia del 31 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte recurrente, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 188 del C.P.A.C.A. y 366 del C.G. del P.; para el efecto, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-33-33-000-2014-00019-01

Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

9 de mayo de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Niega

SÍNTESIS DEL CASO: La parte demandante presentó (…) recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, con el objeto de que se “dicte una providencia que reemplace” la sentencia recurrida, pues, a su juicio, ésta contrarió lo establecido en las siguientes sentencias: i) la del 9 de febrero de 2012, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, radicación 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060) y ii) la del 20 de junio de 2017, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, radicación 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860).

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO PARA CONOCER DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - En razón al criterio de especialización

Corresponde a la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado el conocimiento del asunto de la referencia, en atención a su especialidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 259 del C.P.A.C.A

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 259

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Noción. Definición. Concepto / RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Finalidad / RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Causales

El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue introducido en el ordenamiento jurídico a través de la Ley 1437 de 2011 y tiene como propósito principal garantizar la unidad del derecho, lo cual incluye su interpretación y aplicación, así como los derechos de las partes y de los terceros perjudicados con la sentencia recurrida (artículo 256 del C.P.A.C.A.) Este mecanismo procesal materializa una de los principales objetivos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual es proteger “la igualdad de quienes acuden a la administración pública y al Juez Contencioso Administrativo, proporcionándoles la garantía de que sus casos serán resueltos como se han decidido otros similares” .Su única causal fue consagrada en el artículo 258 del C.P.A.C.A., en donde se establece que ésta se configura “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 256 / LEY 1437 D E2011 - ARTÍCULO 258

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - No constituye una tercera instancia para reabrir el debate probatorio

El Tribunal Administrativo del Magdalena no trasgredió el precedente jurisprudencial citado por la parte actora, pues las argumentaciones esgrimidas por la Policía Nacional en su recurso de alzada conducían a que en la sentencia de segunda instancia se determinara si, en efecto, aquélla era responsable de los daños que se le endilgaban, decisión que, de forma forzosa, incluía un análisis de las pruebas obrantes en el proceso, pues éste es el medio con que cuenta el juez para obtener certeza respecto de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda. (…) el tribunal actuó conforme a las normas procesales vigentes y que lo que pretenden los recurrentes es que se reconsidere la decisión de segunda instancia para determinar si se ajusta a derecho la valoración probatoria que dio lugar a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, propósito que no se puede llevar a cabo mediante este recurso extraordinario, dado que éste no constituye una tercera instancia en la que se pueda modificar la apreciación probatoria realizada por el fallador de segunda instancia.

PROCEDE CONDENA EN COSTAS - Niega. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

La Sala condenará en costas a la parte recurrente, toda vez que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece, en su artículo 267, que esa condena resulta procedente cuando se desestime el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo cual ocurre en el presente asunto. En la liquidación en costas se incluirá, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia, teniendo en cuenta las reglas previstas por el artículo 366 del C.G del P. y las tarifas establecidas por el numeral 9 del Acuerdo 10554 de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 267 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 / ACUERDO 10554 DE 2016.9

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 47001-33-33-000-2014-00019-01(61606)

Actor: LIBARDO SUCRE GARCÍA NASSAR Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Decide la Sala el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de enero de 2018, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 31 de octubre de 2013, Libardo Sucre García Nassar y otros presentaron demanda, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe literal, incluso con errores):

“1. Que se declare responsable administrativamente a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, por los daños y perjuicios de orden material, causados a DELCY GUERRERO NASSIS, por los daños y perjuicios de orden material, causados por la quema y destrucción del inmueble utilizado como domicilio de su familia, ubicado en la Calle 14 No. 7-20, en la ciudad de Fundación, en el departamento del Magdalena, así como los muebles y enseres que contenía, que se avalúan, de acuerdo a peritazgo anexo, en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VENTITRÉS MIL CIEN PESOS ($236.923.100.oo).

“2. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL al reconocimiento y pago a DELCY GUERRERO NASSIS, por los daños y perjuicios de orden material, causados por el arrendamiento del inmueble ubicado en el sector pozos colorados Lagos del Dulcino Cabaña 34, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, ante la quema y destrucción del bien raíz de su propiedad, con ocasión de la asonada ocurrida el 30 de octubre en el municipio de Fundación, Magdalena, que se avalúan en la suma de 60.000.000 millones, de acuerdo al contrato de arrendamiento anexo.

“3. Se condene a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL al reconocimiento y pago a DELCY GUERRERO NASSIS a la indexación de las cifras anteriores.

“4. Se condene a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL al reconocimiento y pago por daños morales, para cada uno de mis poderdantes, al equivalente en pesos, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia condenatoria que recaiga sobre este proceso, de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, o el mayor valor que disponga la jurisprudencia aplicable en ese momento.

“5. Se condene a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL al reconocimiento y pago por el daño causado ante la alteración grave a las condiciones de existencia, para cada uno de mis poderdantes, al equivalente en pesos, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia condenatoria que recaiga sobre este proceso, de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, o el mayor valor que disponga la jurisprudencia aplicable en ese momento.

“6. Los intereses sobre las sumas anteriores, conforme a lo señalado en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, desde la fecha de los hechos y hasta que se produzca su pago real y efectivo”.

Como fundamento fáctico de la demanda se señaló, en síntesis, lo siguiente:

1.1. “El señor LIBARDO SUCRE GARCIA NASSAR está casado con la señora DELCY GUERRERO NASSIS y fruto de este matrimonio nacieron sus hijos LIBARDO ENRIQUE GARCÍA GUERRERO, MOISÉS DAVID GARCIA GUERRERO y JULIO ANDRES GARCIA GUERRERO. Esta familia tiene como domicilio principal en la Calle 14 No. 7-20, en la ciudad de Fundación, en el departamento del Magdalena, el cual pertenece a la Sra. GUERRERO NASSIS”.

1.2. El señor Libardo Sucre García Nassar fue elegido como alcalde del municipio de Fundación, para el período 2008-2011.

1.3. El 30 de octubre de 2011 se realizaron las elecciones regionales en todo el país. A la finalización de éstas, se presentó una revuelta en el municipio de Fundación, la cual ocasionó destrozos en las sedes de la Registraduría, el Concejo Municipal, la alcaldía y en la casa de habitación del entonces Alcalde, es decir, el inmueble de propiedad de la señora Delcy Guerrero Nassis.

1.4. Pese a que, en varias oportunidades, el señor Libardo Sucre García Nassar le solicitó al Comandante de Policía de Fundación, ante la grave situación de orden público del municipio, que enviara vigilancia y seguridad a su domicilio, éste fue destrozado e incendiado.

1.5. Con ocasión de la pérdida de la referida vivienda, la señora Delcy Guerrero Nassis tuvo que arrendar un inmueble ubicado en el sector de Pozos Colorados en Santa Marta, para que funcionara como casa de habitación de su familia.

1.6. La “… obligación de vigilancia y protección recaía en la convocada no sólo por el carácter de ciudadanos comunes y corrientes que tienen los convocantes, sino también por la especial calidad del Sr. GARCÍA NASSAR, como Alcalde de Fundación, para el periodo (sic) 2008-2011, primera autoridad del municipio y, por ello, más vulnerable que el común de las personas a todo tipo de atentados a su vida, a sus bienes ya (sic) su familia”.

2. Trámite y sentencia de primera instancia

La demanda fue admitida el 6 de mayo de 2014 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta y notificada en debida forma a la accionada, la cual presentó escrito de contestación.

El 1 de julio de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A. y el 26 de mayo de 2016 se celebró la audiencia de pruebas. Posteriormente, esto es, el 1 de septiembre de 2016, se admitió el desistimiento de una prueba documental y, además, se fijó la fecha para la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento.

El 7 de octubre de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta celebró la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en la cual profirió sentencia, en donde accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (folios 62 a 78 del cuaderno 2).

Contra la anterior providencia, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó recurso de apelación (folios 79 a 84 del cuaderno 2), el cual fue concedido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta el 2 de diciembre de 2016 (folios 88 y 89 del cuaderno 2) y admitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 6 de febrero de 2017 (folio 118 del cuaderno 2).

El 27 de febrero de 2017, el Tribunal corrió traslado de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto, oportunidad en la cual las partes se pronunciaron.

3. Sentencia de segunda instancia

El 31 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión manifestó que este asunto se circunscribe a determinar si existe responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la ocurrencia de una supuesta falla en el servicio, al omitir proteger los bienes muebles e inmuebles de los actores, pese a que el señor Libardo Sucre García Nassar requirió, vía telefónica, una medida de protección a un Comandante de la estación de Policía del municipio de Fundación.

Sobre el particular, adujo que a la Policía Nacional le asiste un deber legal de protección y defensa de todas las personas residentes en el país; no obstante, dicho deber está limitado por las capacidades que en cada caso concreto se tengan, ya que “nadie está obligado a lo imposible”, lo cual no sirve de excusa para su incumplimiento, pues frente a cada circunstancia específica debe indagarse si, en efecto, fue imposible desempeñar los deberes que le correspondían.

Del análisis de los medios probatorios allegados al plenario, esto es, varios testimonios y la denuncia formulada por el señor García Nassar, advirtió que no se probó de manera directa la solicitud de medida de protección hecha a la demandada, antes de la ocurrencia del hecho dañino, razón por la cual sostuvo que el Estado no está llamado a responder por las supuestas omisiones en las que se incurrió en la protección de los bienes de los aquí actores.

Por otra parte, destacó que la demandada dio cumplimiento a la orden de servicio 117/COMAN-PLANE-38.16 del 23 de octubre de 2011, “mediante la cual se implementó el dispositivo policial para garantizar el normal desarrollo del evento electoral para el día 30 de octubre de 2011 en el Departamento (sic) de Policía Magdalena, cuya finalidad era garantizar el normal desarrollo del evento”, pues en la minutas de la Estación de Policía de Fundación se dejó constancia de que la jornada electoral se desarrolló en completa calma y sólo a la finalización de la misma, es decir, cuando se conocieron los resultados de las elecciones, se inició la revuelta que ocasionó los daños por los que se demandó.

Agregó que resultaba imprevisible para las autoridades, luego del normal desarrollo de la jornada, establecer que se podrían generar disturbios en el municipio y que, además, “la Policía Nacional, de acuerdo a (sic) sus deberes, reaccionó y atendió simultáneamente los diversos altercados que se presentaron en los lugares que se mencionaron en precedencia, incluso en la casa de quien fungía como alcalde, hoy demandante”.

Sostuvo que la demandada custodió y protegió la vivienda del entonces alcalde hasta la media noche del 30 de octubre de 2011, momento en el cual retornó a sus deberes rutinarios, puesto que “los servicios ordinarios de vigilancia se normalizaron”; por tanto, no se le podía exigir que previera las circunstancias que rodearon el daño por el cual se reclama.

Finalmente, dijo (se transcribe como obra en el texto original):

“En ese entendido, se insiste que dentro de las pruebas que militan en el expediente, las unidades de policía hicieron acto de presencia en cada uno de los sitios donde se estaban cometiendo destrozos, a tal grado de detener a un joven de 19 años … a la 1:30 am y a un menor de edad quien se encontraba en el lugar de los hechos, esto es, en la vivienda del demandante, siendo la 1:40 am.

“Lo anterior da cuenta que la Policía Nacional cumplió con su debito obligacional que le impone la Constitución Nacional, por lo que, además, de haber logrado que la jornada electoral concluyera sin novedades, reaccionaron, con los medios y el personal con que contaba para repeler la revuelta provocada por manifestantes en los sitios donde se presentaron”.

4. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó, oportunamente, recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, con el objeto de que se “dicte una providencia que reemplace” la sentencia recurrida, pues, a su juicio, ésta contrarió lo establecido en las siguientes sentencias: i) la del 9 de febrero de 2012, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, radicación 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060) y ii) la del 20 de junio de 2017, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, radicación 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860).

Aseveró que se desconoció la sentencia del 9 de febrero de 2012, producida en el expediente con número interno 21060, en donde se estableció “que la competencia del juez de segunda instancia se limita a los asuntos planteados en el recurso y a aquellos que (sic) en que procede excepcionalmente el ejercicio de las facultades oficiosas, sin que en esta sede resulten posibles los pronunciamientos sobre otros aspectos”, pues en la providencia impugnada se dijo que no se probó la existencia de requerimiento previo de protección y vigilancia, toda vez que los testigos eran “bastante cercanos a los demandantes” y, además, habían inconsistencias en lo manifestado por éstos sobre el horario del ataque, cuando lo cierto es que, afirmó, la parte demandada no discutió, en su recurso de alzada, la credibilidad o imparcialidad de los testimonios; por el contrario, “se fundamenta en ellos [los testimonios] para remarcar los argumentos que esgrimen como fundamentación (sic) de la impugnación, que básicamente se resumen en la manifestación de la adecuada prestación del servicio de protección y, en segundo lugar, en la existencia del hecho de un tercero”.

Por lo anterior, anotó que “la sentencia recurrida abordó un asunto que NO fue propuesto en el recurso de apelación como era la tacha de sospecha o la desestimación de los testimonios de los agentes de policía … comportamiento que no se compadece con la subregla establecida en la sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093 01 (21.060)”.

Por otra parte, sostuvo que en la sentencia del 20 de junio de 2017, producida en el proceso con número interno 18860, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente a los actos violentos de terceros, consideró “que el concepto de falla del servicio opera como fundamento de reparación también cuando, a pesar de no solicitar medidas de protección previas, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque”, posición que, en su parecer, fue contrariada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, ya que no tuvo en cuenta que uno de los demandantes fungía como alcalde en una zona considerada por la Defensoría del Pueblo como de “riesgo alto para el desarrollo de la campaña electoral y los comicios de ese momento”, lo cual implicaba que se tomaran las medidas tendientes a garantizar su protección de forma continua.

Además, no apreció que la demandada omitió, sin justificación alguna, ordenar la protección de los bienes de la máxima autoridad del municipio en dicha época, pero dispuso instrucciones en torno a la salvaguarda de las residencias de los candidatos de las justas electorales.

Por último, manifestó que (se transcribe literal, incluso con errores):

“Es evidente, entonces, que en este caso, analizadas las especiales circunstancias que se vivían en el momento, no era necesaria la exigencia del previo requerimiento de protección a la parte demandada, para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo a la jurisprudencia de la sentencia de unificación ya citada, sin embargo, ella fue desatendida en la sentencia recurrida”.

II. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

Admisión y traslado del recurso
El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 9 de abril de 2018 y admitido por esta Corporación el 24 de julio de esa misma anualidad, oportunidad en la cual, además, se corrió traslado por quince (15) días a la demandada y al Ministerio Público para que se pronunciaran respecto del mismo, en los términos del artículo 266 del C.P.A.C.A.

El auto admisorio se notificó por anotación en el estado del 27 de julio de 2018 (folio 356 del cuaderno principal), conforme a lo establecido en el artículo 201 del C.P.A.C.A., razón por la cual el término de traslado transcurrió del 30 de julio al 21 de agosto de 2018 (folio 372 del cuaderno principal).

Intervenciones

2.1. El Ministerio Público manifestó que no deben prosperar los cargos relacionados con la sentencia del 20 de junio de 2017 (expediente 18860), dado que ésta no es una providencia de unificación jurisprudencial, pues en ninguno de sus apartes se indicó que se estuviere unificando jurisprudencia en relación con uno u otro punto de derecho, “sino que sólo se limita a exponer un balance jurisprudencial en materia de responsabilidad de la fuerza pública por hechos violentos ejecutados por ésta directamente o por terceros”.

Añadió que dicha circunstancia quedó reflejada en la aclaración de voto del magistrado ponente de dicha sentencia, quien expresó: “… De manera que no se unificó el criterio de la Sección para el análisis de la responsabilidad estatal por ataques terroristas, pues, (sic) se acudió a los varios títulos de imputación de responsabilidad para buscar una solución a la controversia”.

Por otra parte, adujo que no se desconoció la sentencia del 9 de febrero de 2012 (expediente 21060), puesto que el Tribunal sí se encontraba habilitado para cuestionar la previsibilidad del ataque impetrado contra el inmueble de los acá actores, ya que, si bien en el recurso de apelación no se trató expresamente la credibilidad de los testigos, lo cierto es que en éste se argumentó que el ataque fue imprevisible para la fuerza pública.

En este sentido, añadió (se transcribe literal, incluso con errores):

“Así, el recurso planteado por la Policía Nacional en varios de sus apartados señala que el actuar de la multitud que atacó la casa del señor García Nassar no era previsible para la fuerza pública, elemento que aunque no se planteó de manera concreta cuestionando los testigos, si es suficiente para que el Tribunal entrase a analizar todos los elementos que llevaron al juzgado de primera instancia a inferir que el ataque sí era previsible para la fuerza pública, entre los que se encontraba la afirmación de unos testigos a partir de los cuales dicho juzgado de primera instancia consideró que se acreditaba la previsibilidad del hecho, mientras que el tribunal de segunda instancia los desestimó.

“(…)

“Se repite, más allá de las reservas que puedan existir respecto a esta valoración de las pruebas allegadas al plenario, los argumentos presentados en la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, cuestionada en recursos extraordinario de unificación de jurisprudencia, se encuentran en consonancia en términos generales con lo planteado en el recurso de apelación interpuesto por la Policía contra la sentencia de primera instancia, y por lo tanto no contraría o se opone a las reglas fijadas en la Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012, radicación N° 50001-23-31-000-1997-06093-01 (21060), proferida por el Consejo de Estado, respecto a los límites del juez cuando se presenta apelante único”.

En este orden de ideas, consideró que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia formulado por la parte actora no está llamado a prosperar.

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

Corresponde a la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado el conocimiento del asunto de la referencia, en atención a su especialidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 259 del C.P.A.C.A..

Caso concreto

El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue introducido en el ordenamiento jurídico a través de la Ley 1437 de 2011 y tiene como propósito principal garantizar la unidad del derecho, lo cual incluye su interpretación y aplicación, así como los derechos de las partes y de los terceros perjudicados con la sentencia recurrida (artículo 256 del C.P.A.C.A.)

Este mecanismo procesal materializa una de los principales objetivos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual es proteger “la igualdad de quienes acuden a la administración pública y al Juez Contencioso Administrativo, proporcionándoles la garantía de que sus casos serán resueltos como se han decidido otros similares”.

Su única causal fue consagrada en el artículo 258 del C.P.A.C.A., en donde se establece que ésta se configura “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

Pues bien, teniendo en cuenta el fin que tiene el recurso extraordinario que acá se decide, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la sentencia recurrida del 31 de enero de 2018, contrarió o no lo establecido en las sentencias i) del 9 de febrero de 2012, radicación 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060) y ii) del 20 de junio de 2017, radicación 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860), proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación.

Por ende, se pondrá de presente lo decidido en cada una de las sentencias mencionadas por el recurrente, para con ello establecer si se desconoció o no el criterio jurisprudencial determinado en éstas.

1. Sentencia del 9 de febrero de 2012:

En esta providencia la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso de reparación directa, el cual estaba dirigido a obtener la modificación de la indemnización de los perjuicios reconocidos en la sentencia de primera instancia, unificó la jurisprudencia en relación con la competencia del juez ad quem frente al recurso de alzada, en los siguientes términos (se transcribe como obra en el texto original):

“Esta Sala ha delimitado el estudio del recurso de alzada –y con ello la competencia del Juez ad quem– a los motivos de inconformidad que exprese el recurrente, según lo reflejan las siguientes puntualizaciones:

‘Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo’ (Se deja resaltado).

“(…)

“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’.

“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada”.

Como se ve, en la providencia transcrita se dispuso que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra circunscrita a los argumentos que se formulen en contra de la decisión adoptada en primera instancia, razón por la cual, en principio, los demás aspectos (diversos a los planteados por el recurrente) se excluyen del debate en la instancia superior, teniendo en cuenta que en el recurso de apelación operan el principio de congruencia de la sentencia y el principio “dispositivo de las partes”.

En el sub examine, la recurrente –parte demandante– sostiene que la providencia impugnada se opone a la sentencia de unificación acabada de referir, comoquiera que el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el fallo de primera instancia, con sustento en un “asunto que NO fue propuesto en el recurso de apelación (sic) como era la tacha de sospecha o la desestimación de los testimonios de los agentes de policía …”.

Revisado el recurso de alzada incoado por la Policía Nacional contra la sentencia del 7 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, se advierte que en él la demandada argumentó que debía revocarse el fallo impugnado y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, ya que, en su parecer, se configuró la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, puesto que los daños ocasionados a los acá actores se produjeron “por el actuar vandálico de una muchedumbre cuyo control se tornó imposible dada la multitud, que (sic) valga decir, protestaban (sic) por el resultado electoral, cuyo resultado (sic) era imprevisible, se tornó irresistible y exterior a la Policía Nacional”.

Agregó la Policía que se presentó un defecto en la valoración probatoria, puesto que, en su opinión, no obra en el plenario elemento alguno que permita establecer de forma indiciaria la posibilidad de ocurrencia del ataque cometido contra la vivienda del señor García Nassar. Igualmente, afirmó que tampoco se encuentra acreditado que el demandante haya pedido protección o vigilancia a la Policía Nacional.

Finalmente, arguyó que en la sentencia recurrida se desconoció la declaración del señor Ever Arnulfo Guarnizo Rojas, quien –señala- fue claro en manifestar, entre otras cosas, que “todo transcurrió en calma y fue después del cierre del certamen electoral que se enardeció la muchedumbre”.

Visto lo anterior, es claro que, en virtud de las argumentaciones presentadas por la parte demandada, resultaba ineludible para el Tribunal Administrativo del Magdalena realizar una valoración de las pruebas obrantes en el proceso, pues la aseveración de la Policía Nacional en el sentido de que ella no tenía responsabilidad en los hechos que le endilgaban, porque se había configurado la causal de exoneración denominada hecho exclusivo de un tercero, conducía necesariamente al ad quem a verificar si le asistía o no razón en su dicho, confrontación que solo podía y debía hacerse mediante el estudio de los medios probatorios presentes en el expediente.

Sumado a lo anterior, la parte demandada manifestó de manera expresa su inconformidad con el análisis probatorio realizado por el a quo, toda vez que, en su parecer, no se acreditó que existiera alguna probabilidad en la ocurrencia del ataque ni se demostró que el señor García Nassar hubiera requerido, de forma previa, protección para sus bienes, lo cual llevaba indefectiblemente al Tribunal a realizar una nueva valoración probatoria, en aras de establecer si compartía la posición esgrimida por el juez de primera instancia.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Magdalena no trasgredió el precedente jurisprudencial citado por la parte actora, pues las argumentaciones esgrimidas por la Policía Nacional en su recurso de alzada conducían a que en la sentencia de segunda instancia se determinara si, en efecto, aquélla era responsable de los daños que se le endilgaban, decisión que, de forma forzosa, incluía un análisis de las pruebas obrantes en el proceso, pues éste es el medio con que cuenta el juez para obtener certeza respecto de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

En efecto, el artículo 176 del C. G. del P. determina que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, lo cual significa que el juez está facultado para valorar la prueba de forma libre y razonada, sin sujetarse a reglas preestablecidas –salvo los casos de tarifa legal–, razón por la cual él no solo tiene independencia en la apreciación probatoria, sino que tiene el deber de valorar las pruebas, que fue lo que ocurrió en el fallo que acá se recurre.

En este orden de ideas, es claro que el tribunal actuó conforme a las normas procesales vigentes y que lo que pretenden los recurrentes es que se reconsidere la decisión de segunda instancia para determinar si se ajusta a derecho la valoración probatoria que dio lugar a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, propósito que no se puede llevar a cabo mediante este recurso extraordinario, dado que éste no constituye una tercera instancia en la que se pueda modificar la apreciación probatoria realizada por el fallador de segunda instancia.

2. Sentencia del 20 de junio de 2017:

Previo a analizar las consideraciones expuestas en la sentencia del 20 de junio de 2017, se torna necesario tener claridad acerca de si ésta ostenta o no la categoría de sentencia de unificación jurisprudencial, pues, de no ser así, sobraría cualquier análisis sobre el particular, dado que, conforme al artículo 258 del C.P.A.C.A., el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene lugar solo “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

La sentencia de unificación jurisprudencial “es aquélla que tiene por finalidad garantizar la aplicación de la Constitución, la Ley y el reglamento, de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos”, con ella se busca consolidar el principio de seguridad jurídica, tanto en sede administrativa como judicial, puesto que a través de este tipo de providencia se brinda certeza a la administración y a los jueces respecto de la posición jurisprudencial vigente en el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, en relación con un determinado tema y, según el artículo 270 del C.P.A.C.A., es la que se profiera o haya proferido: i) por importancia jurídica, ii) por trascendencia económica o social, iii) por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, iv) al decidir un recurso extraordinario y v) en aplicación del mecanismo de revisión eventual de que trata el artículo 36A de la Ley 270 de 1996.

Por tanto, “esta clase de sentencias escapa a la simple noción de jurisprudencia o de línea jurisprudencial, en la medida en que se les otorga el carácter de orientadoras de las decisiones que se profieran sobre casos similares sometidos a idénticos supuestos fácticos y jurídicos, por la administración o por la autoridad judicial. En dichas decisiones se efectúa una interpretación de un derecho preexistente y se orienta su aplicación a determinados casos, con el ánimo de garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad, los cuales se materializan con la aplicación uniforme de las normas y de la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

No obstante, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-588 de 2012, la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación no suprime el deber de seguir el precedente respecto de las demás decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo expresó dicha Corporación (se transcribe como obra en el texto original):

“ … en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado”(se resalta).

Ahora, en armonía con el artículo 270 antes citado, el artículo 271 del C.P.A.C.A. establece que le corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado proferir las sentencias de unificación jurisprudencial sobre asuntos que provengan directamente de las secciones de esta Corporación, mientras que a la Salas Plenas de cada una de las secciones del Consejo de Estado les compete dictar las sentencias de unificación relacionadas con los casos que procedan de las subsecciones de la misma Corporación o de los tribunales, según el caso.

A su turno, los artículos 14 y 14B del Acuerdo 58 de 1999 –Reglamento del Consejo de Estado– determinan que, a petición de cualquiera de los miembros de las subsecciones de las Secciones Segunda y Tercera del Consejo de Estado, la Sala Plena de cada una dichas secciones puede sesionar de forma conjunta, con el objeto de unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de cada sección.

En el sub lite, es cierto que la mencionada sentencia del 20 de junio de 2017 fue proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación; sin embargo, ello no implica que sea necesariamente de unificación jurisprudencial, pues, si bien todas las providencias de unificación deben ser emitidas por las Salas Plenas de la Secciones o por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no todas las providencias emitidas por dichas Salas son o tienen tal carácter. Para dilucidar si ostentan la referida categoría resulta forzoso verificar su contenido, en aras de establecer si encuadran en alguna de las que la ley califica o considera como tales, es decir, si fueron expedidas por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o al decidir algún recurso extraordinario o el mecanismo eventual de revisión de que trata el artículo 36A de la Ley 270 de 1996.

Pues bien, examinada la providencia del 20 de junio de 2017 (expediente 18.860), se observa que la Sala de la Sección Tercera de esta Corporación no manifestó en ella que dicha sentencia fuese emitida por alguna de las razones acabadas de mencionar, claramente se ve que tampoco fue proferida para decidir un recurso extraordinario o el citado mecanismo eventual de revisión y del estudio de su contenido tampoco se advierte que la misma se hubiere proferido por importancia jurídica o que a través de ella se hubiese unificado o sentado jurisprudencia, ya que, si bien allí se hace un amplio y claro balance jurisprudencial en torno a los regímenes de responsabilidad estatal utilizados en los casos de daños causados por el actuar violento de terceros, lo cierto es que no se fijó parámetros precisos sobre la forma como los jueces deben pronunciarse en asuntos similares.

De hecho, tal situación –que esta sentencia no tiene la connotación de unificación jurisprudencial– fue puesta de presente por uno de los Consejeros de Estado que integra la Sala de la Sección, quien, en su aclaración de voto, precisó (se transcribe como obre en el texto original):

“1. Después de analizar el caso desde la perspectiva de la falla del servicio, del riesgo excepcional y del daño especial, la Sala concluyó que no se cumplieron los supuestos para atribuir responsabilidad al Estado por la explosión de un carro bomba, ocurrida el 30 de enero de 1993, al existir una causal eximente de responsabilidad estatal, esto es, el hecho exclusivo y determinante de un tercero. De manera que no se unificó el criterio de la Sección para el análisis de la responsabilidad estatal por ataques terroristas, pues, se acudió a los varios títulos de imputación de responsabilidad para buscar una solución a la controversia” (se resalta).

Por consiguiente y de conformidad con todo lo acabado de señalar, la Sala desestimará el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia formulado por la parte actora contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Costas

La Sala condenará en costas a la parte recurrente, toda vez que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece, en su artículo 267, que esa condena resulta procedente cuando se desestime el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo cual ocurre en el presente asunto.

En la liquidación en costas se incluirá, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia, teniendo en cuenta las reglas previstas por el artículo 366 del C.G del P. y las tarifas establecidas por el numeral 9 del Acuerdo 10554 de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por Libardo Sucre García Nassar y otros contra la sentencia del 31 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte recurrente, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 188 del C.P.A.C.A. y 366 del C.G. del P.; para el efecto, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Presidenta

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

MARÍA ADRIANA MARÍN

ALBERTO MONTAÑA PLATA

RAMIRO PAZOS GUERRERO

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

NICOLÁS YEPES CORRALES

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

El extremo actor está conformado por: Libardo Sucre García Nassar, Delcy Guerrero Nassis, Libardo Enrique García Guerrero, Moisés David García Guerrero, Julio Andrés García Guerrero, Gladys Victoria Nassar Yidi y Aura Marina Nassis Pérez.
Folios 2 y 3 del cuaderno 1.
Folio 4 del cuaderno 1.
Folio 6 del cuaderno 1.
Folios 424 y 425 del cuaderno 1.
Folios 428 a 430 del cuaderno 1.
Folios 431 a 435 del cuaderno 1.
Folio 215 del cuaderno principal.
Folio 217 del cuaderno principal.
Ibídem.
Folio 218 del cuaderno principal.
Ibídem.
Folio 236 del cuaderno principal.
Folio 242 del cuaderno principal.
Folio 244 del cuaderno principal.
Folio 245 del cuaderno principal.
Folio 347 del cuaderno principal.
Folio 348 del cuaderno principal.
Folios 348 y 349 del cuaderno principal.
Folios 326 a 328 del cuaderno principal.
Folios 355 y 356 del cuaderno principal.
Folio 367 del cuaderno principal.
Folio 367 del cuaderno principal.
Folios 369 y 370 del cuaderno principal.
“ARTÍCULO 259. COMPETENCIA. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación”.
ALVARADO ARDILA, Víctor Hernando y otros: “Instituciones del derecho administrativo en el nuevo código: una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011”, Bogotá D.C., Banco de la República, 2012, p, 209.
“Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, Exp. 14638”.
“En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:
“ ‘De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional’”.
“Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:
“‘La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin’. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso’
“ ‘Son características de esta regla las siguientes:
“ ‘(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado’ (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106”.

“Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, radicación 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060).
Folio 245 del cuaderno principal.
Folio 79 del cuaderno 2
Folio 81 del cuaderno 2.
ALVARADO ARDILA, Op. cit, p, 213.
HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto y otros: “Las sentencias de unificación y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia”, Bogotá D.C., publicación realizada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 2014, p, 30.

“ARTICULO 14. DIVISION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION SEGUNDA. La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, que se denominarán A y B, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Consejeros. En caso de retiro de un Consejero, quien lo reemplace ocupará su lugar en la respectiva Subsección.
“PARAGRAFO 1o. Cada Subsección decidirá, los procesos a su cargo en forma autónoma. Sin embargo, las Subsecciones sesionarán conjuntamente:
1. Para unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, a petición de cualquiera de sus miembros …”.
“ARTÍCULO 14B. COMPETENCIA DE CADA SUBSECCIÓN.  Cada Subsección [de la Sección Tercera] decidirá los procesos a su cargo en forma autónoma. Sin embargo, las Subsecciones sesionarán conjuntamente:
“(…)
“3. Para unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, cuando así lo decida la Sección a petición de cualquiera de sus miembros …”.

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