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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00189-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00189-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por Andrés Estiven Higuera Acevedo y su grupo familiar, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el dieciocho (18) de octubre dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación directa No. 41001-33-33-006-2015-00332-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los 30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33- 33-001-2013-00046-01 (58317) y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2019, radicación 47001-33-33-000-2014-00019-01 (61.606). 31 Se excluye de la decisión a la Nación- Rama Judicial, ya que, que como se indicó, solo designó apoderado, pero no intervino en manera alguna en esta causa. 32 “Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.L.M.V.”. 10 Radicado: 11001-03-26-000-2023-00189-00 (70709) Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros artículos 188 y 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 y 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) smlmv, de la cual corresponderá un (1) smlmv para la Fiscalía General de la Nación y un (1) smlmv para el INPEC. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente físico al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00189-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

31 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2023-00189-00 (70709)
Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00189-00 (70709)
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia presentado por el señor Andrés Estiven Higuera Acevedo y su grupo
familiar, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el
dieciocho (18) de octubre dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación
directa No. 41001-33-33-006-2015-00332-01.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa

1.1. El seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014)1, Andrés Estiven Higuera
Acevedo, en nombre propio y en representación de su menor hija Isabela Higuera
Chavarro, Briyith Yasmín Chavarro Avendaño, Gladys Acevedo Suárez y
Williamson Higuera Acevedo, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio
de control de reparación directa, solicitaron que se declarara administrativamente
responsable a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la
privación de la libertad de la que fue objeto el señor Higuera Acevedo, la cual
calificaron como injusta. Adicionalmente, solicitaron que el Instituto Nacional

1Folio 1 del PDF denominado “Contrato Digitalización”, certificado No. “9D6B398304A0339B
CBA0F1F1A93F788E 36B8AD40FFFD1B05A247ADCD024F1356”, disponible en el índice 51 de
SAMAI del Tribunal Administrativo del Huila, expediente 41001-33-33-006-2015-00332-01.
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Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) fuera declarado responsable por los
“malos tratos” sufridos durante la detención.

Como sustento fáctico de su demanda, indicaron que el veintiocho (28) de julio de
dos mil once (2011) le fue impuesta medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario a Andrés Estiven Higuera, por el delito de
hurto agravado y calificado, y que el veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012)
el Juez Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva profirió
sentencia absolutoria en la que ordenó la cancelación de la medida impuesta, al
encontrar que no estaba acreditada su participación en el ilícito imputado. En este
sentido, consideraron que el señor Higuera Acevedo estuvo injustamente privado
de la libertad por el término de ocho (8) meses y un (1) día.

Además, alegaron que durante el tiempo que duró la privación de la libertad recibió
golpes y malos tratos por parte del personal del INPEC y de otros reclusos, por lo
que reclamaron indemnización por el daño sufrido en su integridad física2.

1.2. El dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Sexto
Administrativo de Neiva accedió a las pretensiones formuladas respecto de la
privación de la libertad, en aplicación de la sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
que establecía un régimen objetivo de responsabilidad, y negó las relativas a la
indemnización por los daños a la integridad física, por estimar que no habían sido
acreditados3.

1.3. Apelada esa decisión tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la
Rama Judicial4, mediante sentencia de dieciocho (18) de octubre dos mil veintidós
(2022) el Tribunal Administrativo del Huila revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó todas las pretensiones formuladas.

Como sustento de esa decisión, la autoridad judicial describió el desarrollo que el
tema de privación injusta de la libertad ha tenido en la jurisprudencia del Consejo
de Estado, precisando que la tesis planteada en la sentencia de diecisiete (17) de

2 Demanda a folios 86 a 105 del PDF “Contrato Digitalización” certificado No.
“206609199E600646FBA17BBB1376771979AB83F9D32168D2D55108A0A46F4AA6”, índice 51 de
SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal del Huila, expediente 41001-33-33-006-2015-00332-01.
3 Folios 11 a 37 del PDF “Contrato Digitalización”, certificado No. “DF62CB39177D9375

C685D61BD1760EBC1FD295C3F216795A712CE38D608EB135”, índice 51 de SAMAI de
Tribunales y Juzgados, Tribunal del Huila, expediente 41001-33-33-006-2015-00332-01.
4 Folios 57 a 66 y 67 a 73, respectivamente, de la ubicación antes citada.

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octubre de dos mil trece (2013), que establecía el régimen objetivo en esta materia,
fue revaluada en sentencia de quince (15) agosto de dos mil dieciocho (2018),
providencia que fue dejada sin efectos en virtud de una orden de tutela. En ese
sentido, sostuvo que para resolver sobre el punto debía acudirse a las sentencias
SU-072 de 2018 y C -037 de 1996, en las que se estableció que en estos asuntos
no se privilegia ningún régimen de imputación y que el operador judicial debe
determinar cuál es el que se ajusta de mejor manera a la realidad probatoria del
caso que se somete a su consideración.

Bajo esta premisa, consideró que en este caso el daño no podía reputarse
antijurídico en tanto la medida de aseguramiento impuesta se soportó en la realidad
probatoria obrante en el expediente penal, lo que permitió al juez de control de
garantías inferir razonablemente la participación del demandante en el ilícito5. En
consecuencia, sostuvo que la medida impuesta resultó justificada, legal, razonable
y necesaria, de cara a lo alegado y probado para esa fase procesal6.

2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022) el apoderado de los
demandantes formuló recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Como fundamento de su solicitud, indicó que la sentencia del fallador de segunda
instancia contravino la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, la
sentencia proferida por la Sección Tercera el quince (15) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), expediente 46947, así como la sentencia de doce (12) de
diciembre de dos mil veintidós (2022) proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, radicación 055001-23-31-000-2003-01465-01
(57311), respecto de los elementos que debe tener la medida de aseguramiento.

Sobre el punto, explicó que en la sentencia de agosto de dos mil dieciocho (2018)
la Sección Tercera concluyó que “no basta probar la restricción de la libertad y la
posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado
de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la
Constitución”, para lo cual debe examinarse: i) la existencia del daño antijuridico; ii)

5 Al respecto, indicó que en el proceso obraba copia del informe ejecutivo de captura en flagrancia,

del acta de incautación de elementos, del acta de materialización de derechos de la captura y de la
denuncia de la víctima.
6 Índice 23 de SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal del Huila, expediente 41001-33-33-006-

2015-00332-01.
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que quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo desde el punto de
vista civil y si con ello dio origen al proceso penal; iii) la autoridad llamada a reparar
el daño y iv) el título de imputación bajo la aplicación del principio iura novit curia.

A su juicio, estos elementos, aplicados al caso concreto, dan cuenta de que la
privación de la libertad del señor Andrés Estiven Higuera Acevedo fue injusta, ya
que su captura se produjo por un montaje de la Policía que solo vino a ser
descubierto en el juicio oral pero que contamina la legalidad de la captura y de la
medida de aseguramiento impuesta. Lo anterior, sumado a que no existían indicios
graves para imponer la medida de aseguramiento, de manera que ella no solo no
fue proporcional ─en particular, porque el arma con el que se cometió el ilícito no
apareció─, sino que tampoco fue razonable, en tanto no se verificó la autenticidad
de las declaraciones que lo culpaban.

Finalmente, precisó que el señor Higuera Acevedo no fue absuelto por duda sino
porque se concluyó que no cometió el delito imputado7.

3. Trámite del recurso e intervenciones

3.1. Mediante providencia de nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023),
el Tribunal Administrativo del Huila concedió el recurso y ordenó enviar el
expediente al Consejo de Estado8.

3.2. En proveído de veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024), el
despacho ponente inadmitió el recurso de la referencia9. Subsanados los yerros
advertidos, por auto de veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se
dispuso su admisión y se ordenó correr traslado a quienes fungieron como
demandados en el proceso ordinario y al Ministerio Público. Además, en dicha
providencia se precisó que el recurso se tramitaría únicamente en lo relativo a las
alegaciones formuladas respecto de la sentencia de quince (15) de agosto de dos
mil dieciocho (2018), expediente 46947, pues, de las dos sentencias invocadas, solo
esa tiene la condición de ser de unificación10.

7 Índice 30 de SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal del Huila, expediente 41001-33-33-006-

2015-00332-01.
8 Índice 44 de SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal del Huila, expediente 41001-33-33-006-

2015-00332-01.
9 Índice 3 de SAMAI.
10 Índice 10 de SAMAI. En el auto admisorio se determinó que la cuantía del proceso supera los 450

smlmv que exige la ley para la procedencia del recurso, pues las pretensiones formuladas fueron de
610 smlmv como perjuicios morales y de $19.000.000 como perjuicios patrimoniales. Además, se
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Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros

3.3. Durante el término de traslado se presentaron las siguientes intervenciones11:

3.3.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso
por considerar que la sentencia cuestionada se ajustó a los parámetros
jurisprudenciales vigentes sobre la materia y que se está utilizando este
recurso para insistir en las razones ya analizadas y valoradas por los jueces
de instancia12.

3.3.2. Por su parte, el INPEC solicitó que se declare la “carencia de objeto” por
“sustracción de materia”, toda vez que la sentencia de unificación que se dice
desconocida fue dejada sin efectos por una acción de tutela, decisión que fue
ratificada por la Corte Constitucional en sentencia SU-363 de 2021, de manera
que el recurso no cumple con el requisito de procedencia porque la decisión
invocada como desconocida no está vigente13.

3.3.3. Finalmente, el Delegado del Ministerio Público, mediante Concepto
No. 026 de 2024, solicitó que se declare la “improcedencia” del recurso debido
a que se funda en una decisión de unificación que ya no se encuentra
vigente14.

3.3 Surtido lo anterior, el expediente ingresó al despacho para adoptar la decisión
que en derecho corresponda15.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

encontró que el recurso fue presentado y sustentado dentro del término previsto en el artículo 261
del CPACA, teniendo en cuenta que, según constancia expedida por el Tribunal Administrativo del
Huila, la sentencia que se acusa quedó ejecutoriada al finalizar el 9 de noviembre de 2022 (índice
28 de SAMAI de Tribunales, expediente 41001-33-33-006-2015-00332-01), por lo que el término
para formular este recurso extraordinario vencía el 24 de noviembre de ese mismo año y la parte lo
presentó y sustentó el 18 de noviembre de 2022.
11 La Nación- Rama Judicial nombró apoderado judicial pero no intervino en esta causa, tal y como

consta en el índice 24 de SAMAI.
12 Índice 20 de SAMAI.
13 Índice 22 de SAMAI.
14 PDF denominado “Memorial_LEH_23CONCEPTO” del índice 23 de SAMAI.
15 Índice 25 de SAMAI.

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Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)16, en concordancia con
lo establecido en el numeral 1° del artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019
ꟷReglamento Interno de la Corporación17ꟷ, la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para conocer y decidir el presente asunto.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes atrás expuestos, corresponde a esta Sala
establecer si están demostrados los supuestos para la prosperidad del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia en relación con la sentencia proferida
el dieciocho (18) de octubre dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo
del Huila, dentro del proceso de reparación directa No. 41001-33-33-006-2015-
00332-01.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y sus
requisitos de procedencia para, posteriormente, dar solución al caso concreto.

3. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Con el propósito de garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico y
evitar que un mismo supuesto tenga diversos tratamientos por parte de los
operadores judiciales, el legislador reconoció la necesidad de que los órganos de
cierre en las distintas jurisdicciones cumplan, entre otras, una función de unificación
jurisprudencial18, con lo cual se logra “brindar a la sociedad un cierto nivel de certeza
respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad y garantizar
que las decisiones que se adopten por la administración de justicia, y general (sic)
por todas las autoridades públicas, ‘se funden en una interpretación uniforme y
consistente del ordenamiento jurídico’.”19.

16 “ARTÍCULO 259. COMPETENCIA. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en
atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
misma Corporación”.
17 “ARTÍCULO 14.- OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU

ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo
al criterio de especialidad, también tendrá́ competencia para: 1. Tramitar y decidir el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.”
18 Artículos 86, 235, 237 y 241 de la Constitución Política.
19 Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016.

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En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Ley 1437 de 2011 buscó
fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado a través de la expedición de
“sentencias de unificación”, en los eventos previstos en el artículo 270 del CPACA,
y de herramientas administrativas y judiciales que los ciudadanos pueden usar a fin
de garantizar que las referidas decisiones sean acatadas tanto por la administración
como por los jueces que integran la jurisdicción20.

En este contexto, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia surge
con la finalidad de garantizar que los jueces acaten las decisiones de unificación
proferidas por esta Corporación, en respeto del denominado “precedente vertical”21,
y para “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme
y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados
con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos
a tales sujetos procesales” (artículo 256 del CPACA). Se trata de un mecanismo
judicial que permite salvaguardar los principios de igualdad, seguridad jurídica y
confianza legítima, como elementos transversales de la administración de justicia,
“más allá que como consecuencia de ello se protejan los derechos reclamados y,
cuando fuere el caso, se obtenga una reparación por los agravios inferidos”22.

De ahí entonces que la única causal para la procedencia del recurso, según lo
establece el artículo 258 del CPACA, es que la sentencia recurrida se oponga o
contradiga una sentencia de unificación, es decir, en los términos del artículo 270
de ese Estatuto, “las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado [bien a
través de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o bien por el pleno de las
respectivas Secciones] por importancia jurídica o trascendencia económica o social
o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los
recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión”23. Esa

20 En la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 sobre este punto se indicó: “Por último, cabe

destacar la intención del proyecto en cuanto al acatamiento de las decisiones judiciales, como una
manifestación del Estado de Derecho. Por ello, la preocupación de la Comisión se centró en dos
aspectos, a saber: uno, el respeto a las decisiones judiciales frente a casos similares y dos, el
cumplimiento de las decisiones judiciales. // Para garantizar el respeto a las decisiones judiciales que
constituyen jurisprudencia reiterada o de unificación, se propone como mecanismo el derecho a
solicitar la extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en un fallo
de unificación jurisprudencial en el que se haya reconocido una situación jurídica, siempre que, en
lo pretendido exista similitud de objeto y causa con lo ya fallado (…)”. Gaceta del Congreso No. 1173
de 2009, citado en Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016. Sobre este mismo tema, Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-33-001-2013-
00046-01, número interno 58317.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de sala del 30 de marzo de 2020,

radicación 15001-33-31-701-2014-00009-01 (61784).
22 Corte Constitucional, Sentencia C -179 de 2016.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2019, radicación 47001-33-33-

000-2014-00019-01 (61606).
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misma calificación le ha sido reconocida a aquellas que, habiendo sido proferidas
antes de la vigencia del artículo 270 del CPACA, “establecen y fijan un criterio
jurisprudencial uniforme frente a (i) la aplicación o interpretación de una norma, (ii)
la solución específica de un supuesto de hecho (v.gr. título de imputación aplicable
a la responsabilidad por acto médico), (iii) la forma de llenar una laguna o vacío
normativo (sentencias integradoras), (iv) criterios de ponderación o valoración de
específicas situaciones o pruebas (v.gr. valor probatorio copias simples), o (v) se
establecen presunciones judiciales o de hombre (v.gr. ingreso mínimo de la víctima,
entre otros).”24.

Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha
sido pacífica y uniforme en concluir que a través de esta figura no es procedente
controvertir la valoración probatoria ejercida por los jueces de instancia, revivir el
debate probatorio, discutir las consideraciones propias del juez natural o intentar
abrir paso a una suerte de “tercera instancia” para obtener una decisión distinta a la
adoptada en el curso del proceso ordinario25. Lo anterior, toda vez que “el recurso
extraordinario no se concibe como una nueva vía de discusión de una causa
jurídica, sino como una herramienta puntual para decantar criterios y plasmar líneas
de interpretación que perduren en el tiempo.”26.

4. Caso concreto

Como se indicó en el acápite de antecedentes de la presente providencia, la parte
actora alega que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció la providencia
proferida por la Sección Tercera el quince (15) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), expediente 46947, específicamente respecto de los elementos que deben
examinarse para establecer si la privación de la libertad se ajusta o no al
ordenamiento jurídico, pues de haber efectuado un estudio riguroso de la misma,
en los términos de la aludida providencia, habría encontrado que debía accederse
a las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, la Sala anticipa que el recurso deberá ser desestimado, toda vez que
la sentencia en la que éste se sustenta ya no se encuentra vigente, pues fue dejada

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-

33-001-2013-00046-01 (58317).
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 15 de agosto de 2018, radicación 11001-33-

36-038-2013-00508-01 (59375); de 18 de julio de 2019, radicación 11001-03-26-000-2018-00151-01
(62420), y de 19 de septiembre de 2019, radicación 05001-33-33-023-2013-00447-01 (55183).
26 Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2016.

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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00189-00 (70709)
Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros

sin efectos en virtud de una orden de tutela. Así, aunque es cierto que en la
providencia del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) la Sección
Tercera unificó lo relativo a la responsabilidad extracontractual del Estado por
privación injusta de la libertad, dicha decisión fue dejada sin efectos mediante
providencia de tutela de quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)27,
decisión que fue confirmada por la Corte Constitucional en sentencia SU-363 de
2021.

En este escenario, la decisión de unificación que se invoca como desconocida no
se encuentra vigente y, como lo indicó la Sección en un caso similar, “resulta
impertinente proceder a dictar una decisión de fondo en procura de buscar que se
ordene la aplicación de una sentencia de unificación carente de efectos jurídicos”28.
En estos casos, esta Sala ha entendido que la sentencia invocada deja de ser
vinculante, de manera que, por sustracción de materia, no es posible emitir un
pronunciamiento de fondo29.

Además, llama la atención el hecho de que, pese que el mismo Tribunal en la
sentencia recurrida explicó con toda claridad que no podía fundar su providencia
en lo dicho en la sentencia del (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), toda vez
que para la fecha en la que se profirió la decisión acusada ya había perdido sus
efectos, la parte actora insista en la aplicación de dicho fallo alegando que sí están
acreditados los elementos para proceder con la indemnización de perjuicios,
circunstancia que da cuenta de que la intención de los recurrentes es utilizar esta
herramienta para darle cabida a un nuevo escenario de debate respecto de la
configuración de los elementos de la responsabilidad, con miras a lograr la
revocatoria de una decisión que resultó contraria a sus intereses, lo que, como se
indicó al fijar las características generales de esta herramienta judicial, desborda la
finalidad del recurso extraordinario, cuya única finalidad es la de hacer valer las
decisiones de unificación proferidas por el Consejo de Estado.

En consecuencia, el presente recurso deberá ser desestimado.

5. Costas

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2019,

radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2024, radicación 11001-03-26-

000-2019-00048-00 (63571).
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicación 11001-

03-26-000-2020-00027-00 (65754).
9

Radicado: 11001-03-26-000-2023-00189-00 (70709)
Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros

La parte final del inciso primero del artículo 267 de la Ley 1437 de 2011 dispone
que “[s]i el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente”. Según
se desprende de la norma en cita, tal y como lo ha reconocido la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, la imposición de costas en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia responde a un criterio objetivo y
verificable, esto es, a la desestimación del recurso30.

Como dicha situación acaeció en el caso concreto y se encuentra acreditada la labor
defensiva en la que debieron incurrir la Fiscalía General de la Nación y el INPEC31,
la Sala impondrá a cargo de la parte vencida y en favor de las referidas entidades
el reconocimiento de agencias en derecho, de conformidad con los parámetros
establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del cinco (5) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), proferido por el Consejo Superior de la Judicatura32. Así,
atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso, se fijará por ese
concepto a cargo de los recurrentes la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv), esto es, un (1) smlmv en favor de cada una de
las entidades intervinientes en este proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por Andrés Estiven Higuera Acevedo y su grupo familiar, contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el dieciocho (18) de
octubre dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación directa No.
41001-33-33-006-2015-00332-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, las cuales deberán ser
liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-

33-001-2013-00046-01 (58317) y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de
2019, radicación 47001-33-33-000-2014-00019-01 (61.606).
31 Se excluye de la decisión a la Nación- Rama Judicial, ya que, que como se indicó, solo designó

apoderado, pero no intervino en manera alguna en esta causa.
32 “Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20

S.M.L.M.V.”.
10

Radicado: 11001-03-26-000-2023-00189-00 (70709)
Recurrente: Andrés Estiven Higuera Acevedo y otros

artículos 188 y 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 365 y 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, inclúyase
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) smlmv, de la
cual corresponderá un (1) smlmv para la Fiscalía General de la Nación y un (1)
smlmv para el INPEC.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente físico al
Tribunal de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ FREDDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrada Magistrado

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF

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