Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00048-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00048-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00048-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
11 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571)
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA PLENA
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., once (11) de abril dos mil veinticuatro (2024)
11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571).
Radicado número:
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros.
Demandado: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la
Nación.
Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de
Jurisprudencia.
Tema: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Subtema 1: Naturaleza, objeto y
alcance del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Subtema 2: Carencia de objeto por
sustracción de materia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Verificada la competencia que le asiste a la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado1, decide el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
presentado por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el veintiuno
(21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mario Hernández Contreras, Elvira Liney Peña Rodríguez, Mayra Juliette Hernández
Peña, Angie Lorena Hernández Peña, Camila Alejandra Hernández Peña, María
Elizabeth Romero, Mario Andrés Hernández Peña, Diego Mauricio Tique Peña, Juan
Carlos Contreras y Absalón Contreras, presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa2, el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013),
con la pretensión de que se declarara administrativamente responsable a la Nación–
Rama Judicial–Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados como
consecuencia de la privación injusta de la libertad padecida por Mario Hernández
Contreras entre el veintisiete (27) de septiembre de dos mil ocho (2008) y el diecisiete
(17) de diciembre de dos mil diez (2010), por la eventual autoría del delito de rebelión.
1.2. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, mediante
sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016)3 declaró
administrativamente responsables a los órganos demandados, bajo un régimen de
imputación objetivo, por los perjuicios ocasionados a los accionantes, como
1 La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 y 259 del CPACA y el artículo 14.1
del Acuerdo 80 de 2019 proferido por la Sala Plena de esta Corporación. Asimismo, de conformidad con el artículo
257 CPACA, el recurso extraordinario de unificación procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales
Administrativos en única o en segunda instancia, con independencia de si se tramitaron por el Código Contencioso
Administrativo (CCA) o por el CPACA. En el presente caso, atendiendo que el recurso examinado se interpuso
contra una decisión del Tribunal Administrativo del Huila en segunda instancia, que supera la cuantía exigida, se
constata su procedencia.
2 Folios 123 a 136 del cuaderno número 1.
3 Folios 456 a 474 del cuaderno número 2.
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571)
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
consecuencia de la privación injusta de la libertad soportada por Mario Hernández
Contreras.
1.3. Recursos de apelación
Inconformes con la anterior decisión, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, la recurrieron en alzada4 con el cometido de que fuera revocada y que, en su
lugar, se denegaran las súplicas del escrito introductorio. Por su parte, los actores
también apelaron la sentencia5 para que se accediera plenamente a las pretensiones
por ellos formuladas.
1.4. Sentencia de segunda instancia
El Tribunal Administrativo del Huila, por medio de proveído del veintiuno (21) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018)6, revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, denegó los ruegos. Decisión respaldada en las siguientes consideraciones:
1.4.1. Inicialmente, el Tribunal refirió los precedentes jurisprudenciales vigentes
dictados en sede de unificación por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
asociados a asuntos en los que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial
del Estado por daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una
persona a la que, posteriormente, se le revocó esa medida, sea cual fuere la causa
de ello. Así, aludió al contenido de la sentencia SU-072 del 2018 y del proveído del 15
de agosto de 2018 (exp. 46.947), respectivamente, para sustentar que, como en estos
casos no se privilegió régimen de imputación alguno, debería entonces el juez
contencioso, de manera razonada y en función de cada asunto: (i) analizar la
antijuridicidad del daño (art. 90 C.N.), (ii) determinar la presencia de actuación
gravemente culposa o dolosa de la víctima directa, desde la óptica meramente civil,
con la que pudiera dar lugar a la apertura del proceso penal y la subsecuente orden
de detención, y, (iii) establecer la autoridad llamada a reparar el menoscabo
ocasionado.
1.4.2. Seguidamente, al examinar los medios de convicción con los que la parte actora
procuró demostrar la privación de la libertad padecida por Mario Hernández Contreras,
el Tribunal encontró probado: (i) que el implicado fue objeto de una medida de
aseguramiento de detención preventiva intramural durante veintiséis (26) meses y
diecinueve (19) días; (ii) que fue condenado, en primera instancia, por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Neiva a pena privativa de la libertad de setenta y ocho
(78) meses de prisión, por hallarlo responsable del punible de rebelión; y, (iii) que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en sede de apelación, lo exoneró de
cargos en aplicación del principio in dubio pro reo, en razón a las contradicciones e
imprecisiones advertidas en las atestaciones de cargos.
1.4.3. El ad quem analizó los testimonios que sirvieron de fundamento para la apertura
e instrucción del sumario penal seguido contra el procesado, y, al paso de dejar en
evidencia cada una de las inconsistencias que relucían de los relatos de cargo,
concluyó que, en principio, bajo el régimen objetivo de imputación, procedía la
ratificación de la condena, fundada como estuvo en una absolución por in dubio pro
reo. Empero, precisó que el hecho de producirse una absolución no conduce
inexorablemente a que se deba declarar la responsabilidad Estatal, pues en cada
asunto debe analizarse el hecho generador de las pesquisas y la incidencia eficiente
que tuvieron tanto el sindicado como los terceros que provocaron el ejercicio del ius
puniendi. De ahí que, al verificar las causales de exoneración de responsabilidad —
con fundamento en un precedente del 19 de abril de 2018, Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación (exp. 56.701) — glosó la siguiente prédica en el fallo
objeto de la apelación: “que la responsabilidad por privación de la libertad aquí
4 Folios 480 a 490 y 495 a 498 del cuaderno número 2.
5 Folios 491 a 494 del cuaderno número 2.
6 Folios 71 a 80 del cuaderno principal.
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Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
reclamada deviene en injusta por la mera actuación de los actores estatales (Fiscalía
y Jueces), comoquiera que la información probatoria inicial fue determinante para
establecer los elementos necesarios para restringirlo de la libertad, pero que a la
postre, resultó insuficiente y carente de plena convicción para generar certeza sin
duda razonable debido a que la versión de quienes inicialmente incriminaron al actor
Mario Hernández Contreras, resultó siendo limitada en su credibilidad, por lo que
surge la exoneración de responsabilidad por el hecho de terceros (testigos)”.
1.5. Recurso extraordinario de unificación
La parte actora interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el
veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)7, con la pretensión de que
se anulara el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, y en su lugar, se
accediera a las súplicas de la demanda, pues, a su juicio, aquella decisión contrarió
la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, radicación 66001-23-31-000-
2010-00235-01 (46.947) dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Los
argumentos expuestos en la sustentación del referido recurso extraordinario, en
síntesis, fueron los siguientes8:
1.5.1. Que el Tribunal aplicó erradamente el segundo criterio instituido en la sentencia
de unificación9, toda vez que “no se ciñó a los parámetros establecidos en dicho fallo,
contrariando así las pautas fijadas por este alto Tribunal de lo contencioso
administrativo, pues basó la revocatoria no en la culpa de la víctima como lo enseña
esta corporación, sino en el hecho de un tercero (testigos)”.
1.5.2. Que el Tribunal, para analizar el eximente de responsabilidad del hecho de un
tercero se apartó del pronunciamiento de unificación, valiéndose para ello de “unos
derroteros diferentes a los expuestos en dicho fallo unificador”. Valga precisar que el
censor ligó aquel reproche al incorrecto análisis de la culpa del señor Hernández
Contreras, consideración de la que se valió el fallador para exonerar a las
demandadas de responsabilidad administrativa.
1.5.3. Que el Tribunal no analizó la culpa de la víctima, tal como lo prevé el
pronunciamiento de unificación, y contrario a ello, examinó el hecho de un tercero;
objeto de estudio —este último— diametralmente opuesto al definido por el Consejo
de Estado para estos asuntos.
1.5.4. Arguyó que “ni la culpa de terceros ni los establecimientos públicos de personas
pueden ser considerados como causa idónea para exonerar de responsabilidad a las
entidades involucradas, ni mucho menos para deprecar algún tipo de responsabilidad
del agraviado”.
1.5.5. Precisó que, las privaciones injustas de la libertad ocasionadas por la “culpa de
terceros”, son daños que se reputan como achacables al Estado. Para fundamento de
este aserto, al paso de citar -in extenso- varias consideraciones de la sentencia
dictada por esta Corporación el 7 de abril del 2011 (exp. 18.571), concluyó que, para
estos asuntos, la culpa de terceros no constituye un eximente de responsabilidad.
1.5.6. Adujo que en el caso de marras no está acreditada la culpa de la víctima, pese
a que así “ligeramente” se “indicó” en el fallo impugnado, motivo por el cual, reprochó
que en la sentencia se considerara que en el sumario penal bien pudo relacionarse al
implicado como rebelde solamente por la actividad económica a la que se dedicaba,
a saber, por atender una farmacia a la que acudían un sinnúmero de personas sin
distingo de que fueran insurgentes.
7 Folio 87 del cuaderno principal.
8 Extraídos del escrito de sustentación. Folios 97 a 108 cuaderno principal.
9 “2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -
análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del
Código Civil)”.
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Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
1.6. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
1.6.1. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del quince (15) de enero de
dos mil diecinueve (2019)10, concedió el recurso y corrió traslado a la parte recurrente
para que lo sustentara en el término de veinte (20) días, carga que cumplió por escrito
el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019)11.
1.6.2. Esta Corporación admitió el recurso extraordinario el catorce (14) de enero de
dos mil veinte (2020)12, proveído notificado por estado el treinta y uno (31) de enero
siguiente13. En aquella decisión también se corrió traslado a las demandadas y al
Ministerio Público para que se pronunciaran.
En dicha oportunidad, las demandadas intervinieron dentro del plazo legal14. En su
orden, la Fiscalía General de la Nación15 adujo que el Tribunal resolvió el asunto en
estricto acatamiento de la referida sentencia de unificación del quince (15) de agosto
de dos mil dieciocho (2018), y que, por tal razón, la sustentación del recurso
extraordinario carecía de certeza. Aunado a ello, arguyó que el censor incluyó nuevos
cargos relacionados con el objeto del litigio inicial tendientes a que en esta instancia
se realice una nueva valoración probatoria, propósito que desborda el objeto del medio
extraordinario de impugnación propuesto, por lo que en su sentir, deberían
desestimarse las pretensiones de anulación. Por su parte, la Rama Judicial16, al paso
de insistir también en la acertada aplicación del precedente jurisprudencial, y por tanto,
en la consecuente denegación de las súplicas del recurso, reprochó la perspectiva
“meramente literal y acomodada” del recurrente, pues, en su sentir, la sustentación
realizada acusa confusión entre lo resuelto por el ad quem y los lineamientos de la
unificación.
1.6.3. El doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)17 esta Corporación dictó
auto en el que prescindió de la audiencia inicial y concedió traslado por diez (10) días
a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones y este último
emitiera concepto.
Los actores18 reiteraron los argumentos presentados desde la sustentación del
recurso. La Rama Judicial19 y la Fiscalía General de la Nación20, concluyeron -al
unísono- que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no constituye
una tercera instancia, en consecuencia no le es dable al censor suplir las deficiencias
de orden probatorio presentadas en la actuación para que en esta instancia se reabra
dicho debate, razón por la cual, solicitaron la denegación de la súplica de anulación
formulada, amén de que ni siquiera se acreditó la transgresión al precedente judicial
invocado. El Ministerio Público, por conducto de la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa, rindió el concepto No. 142 del 1 de diciembre de 202121,
con el que precisó que la sentencia de unificación invocada por el recurrente fue
dejada sin efectos por el Consejo de Estado a través de decisión de tutela del 15 de
noviembre de 201922, lo que en principio supondría que dicho pronunciamiento carece
10 Folios 91 y 92 del cuaderno principal.
11 Folios 97 a 109 del cuaderno principal.
12 Fls. 114 a 117, cdno. ppal.
13 Fl. 117, cdno. ppal.
14 Según obra en constancia secretarial del 5 de marzo de 2020. Folio 163, cdno. ppl.
15 Folios 136 a 154, cdno. ppl.
16 Folios 158 a 162, cdno. ppl.
17 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado 61798FD707AC8FF1
E7B57F110692C595 2EB066077A719CC8 162465E88388414B, ubicado en el índice 022.
18 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado 2E2C8A25F4031566
F2A411C0997BB990 324687A60A9CA246 C8DF2CE20354C3D7, índice 030.
19 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado C88AB6E8E597D335
728872C698A046EB 42F266481BC39A68 EC2E48CB8941E799, índice 028.
20 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado 1A265EBCEEDF1D81
B48FFDAFB29B5101 99570255694EA599 276AAE25BA0C1FBD, índice 029.
21 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado A04655BBEBE2488C
65EFB09524DF806B 389AD67D98CF3C34 5FFA13259EAE0BE4, índice 027.
22 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Exp 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC).
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de fuerza vinculante, sin embargo, manifestó que el presente asunto debería
analizarse conforme a las tesis expuestas por la Corte Constitucional en sentencia
SU-363 de 2021, providencia esta última en la que confirmó el fallo que dejó sin
efectos la sentencia de unificación invocada por el recurrente.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites de rigor y sin que exista causal alguna que invalide lo actuado,
procede la Sección Tercera del Consejo de Estado a decidir el asunto sometido a su
consideración. Esto, previa comprobación de que la sentencia invocada por el
recurrente detente, en la actualidad, efectos jurídicos.
2.1. Problema jurídico
El problema jurídico se enfocará en dilucidar los cargos expuestos por el recurrente,
empero, resulta indispensable, previamente, verificar si el pronunciamiento de
unificación sobre el que se edifica el pedimento del demandante ─ sentencia del
quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018)─, aun conserva sus efectos, de tal
manera que pueda ser contrastada con el fallo del Tribunal Administrativo del Huila.
En consecuencia, la Sala resolverá el siguiente interrogante:
¿ Conservan vigencia las reglas de unificación establecidas por el Consejo de Estado
en sentencia del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y pueden servir de
parámetro de aplicación para el análisis del recurso de unificación propuesto contra la
sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Huila ?
Solo si se comprueba que la mencionada providencia de esta Corporación mantiene
vigentes sus efectos, procederá la Sala a resolver el asunto de fondo.
2.2. Naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial
El fin del recurso extraordinario de unificación consiste en asegurar la unidad de la
interpretación del derecho, su aplicación uniforme y la garantía de los derechos de las
partes y de los terceros perjudicados con la providencia recurrida (artículo 256,
CPACA). El recurrente, a su vez, tiene la carga de indicar, con precisión, la sentencia
de unificación jurisprudencial que estima contrariada y las razones que le sirven de
fundamento (art. 262.4 CPACA). Este recurso tendrá vocación de prosperidad cuando
la sentencia recurrida contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del
Consejo de Estado (artículo 258, CPACA) y, más concretamente, a la regla de
unificación en ella fijada.
Ahora, en la identificación de las providencias de unificación, debe tomarse en
consideración, que: (i) según el artículo 270 del CPACA, lo son aquellas que haya
dictado el Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica o
social, por la necesidad de unificar jurisprudencia o precisar el alcance de las
divergencias interpretativas23; (ii) también lo son las proferidas para desatar el recurso
23 A título ilustrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo identificó los siguientes eventos generales en
los cuales está llamada a operar la labor unificadora de la jurisprudencia: “- Cuando uno o varios de los temas
contenidos en la providencia respectiva hubieren merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, de manera que resulte indispensable fijar una posición unificadora; || - Cuando uno o varios de los
temas de la providencia, por su complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las
disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean susceptibles de confusión o
involucren disposiciones respecto de las cuales quepan diferentes formas de aplicación o interpretación; || - Cuando
sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la
jurisprudencia de esta Corporación. || - Cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubieren sido objeto
de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado. […] Se reitera que los eventos antes expuestos
lo fueron únicamente a título enunciativo, por ello, su sola mención no excluye la posibilidad de que con
posterioridad y en atención a la finalidad de unificación de jurisprudencia puedan llegar a considerarse otras
hipótesis que harían posible la selección de la providencia para fines de revisión”. CONSEJO DE ESTADO, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de julio de 2009, radicación número 20001-23-31-000-2007-
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571)
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
extraordinario de revisión en acciones populares o de grupo, que hayan sido
seleccionadas con el fin expreso de unificar jurisprudencia, de acuerdo con el artículo
36 A de la Ley 270 de 199624; (iii) son así mismo sentencias de unificación las
proferidas para desatar el recurso de súplica, previsto en el artículo 21 del Decreto
2304 de 1989, contra providencias en las que se acoja un doctrina contraria a la
jurisprudencia del Consejo de Estado25-26; y (iv) por último, lo son las dictadas en los
asuntos remitidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por su
importancia jurídica o trascendencia social, según el artículo 38 de la Ley 446 de
199827.
Los anteriores criterios materiales de identificación de las sentencias de unificación
pueden ser complementados con un criterio funcional, de carácter auxiliar, en el cual
se observa el órgano que profirió la providencia, que lo es el Consejo de Estado; y,
dentro de este, las Salas Plenas de cada una de las cinco (5) secciones que, por su
especialidad, integran el pleno de la Sala Contenciosa28 y, las Salas Especiales de
Decisión29.
Por otra parte, la sentencia recurrida debe oponerse a la regla de unificación invocada,
de acuerdo con la ratio decidendi que motivó su adopción. Como lo ha precisado la
Sala30, las providencias de unificación tienen una fuerza vinculante reforzada, que las
hace objeto del recurso en comento, debido a que cumplen la “función especial y
específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable”31-32. Pero, las sentencias de
unificación tienen asimismo unas consecuencias jurídicas subjetivas, circunscritas al
caso concreto; y unos efectos generales, con trascendencia erga omnes, en cuanto
definen el alcance y sentido en el que deben entenderse y aplicarse las normas cuya
interpretación dio lugar a la elección del asunto como objeto de unificación. Este último
es el propósito primordial de este tipo de providencias.
Ahora bien, el precedente judicial vinculante está conformado por la “conjunción
inescindible” de tres (3) elementos, a saber: “(i) los hechos relevantes del caso a
decidir, (ii) la subregla o criterio jurisprudencial en el cual se soporta la decisión
adoptada por el juez o tribunal ─la ya comúnmente llamada ratio decidendi─ y (iii) la
parte resolutiva del correspondiente fallo ─decisum─”33. La identidad de patrones
fácticos supone que, en principio, se aplique una subregla jurisprudencial a casos
futuros; y la ratio decidendi conecta tales hechos con la parte resolutiva, definiendo
argumentativamente la subregla. En este orden de ideas, “solo serán subsumibles en
el campo de la sentencia de unificación, procesos que discutan hechos similares que
permitan hacer extensivo el precedente” 34; y en relación con “la ratio decidendi del
caso concreto” que “es la que resulta útil para tal efecto”35.
De esta forma, de acuerdo con lo expuesto en precedencia, se evita, de un lado, que
se pretenda aprovechar reglas que, pese a estar en la sentencia de unificación no
fueron materia de unificación36 y, de otro, que se aproveche el recurso extraordinario
00244-01(IJ)AG. Reiterado en: Auto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 11 de septiembre de
2012, radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008.
25 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena. Sentencia de 31 de agosto de 1988, expediente S-032.
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-104 de 1993.
27 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de C-180 de 2006.
28 Con fundamento en lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 ─Reglamento Interno del Consejo de
Estado─.
29 En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019.
30 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2018, exp. 55972.
31 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-588 de 2012.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 25 de septiembre de 2017, exp. 50892.
33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. 19957. CONSEJO DE
ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012, radicación número
17001-33-31-003-2010-00205-01(AP). CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29
de agosto de 2014, exp. 31190.
34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
35 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 63.357. En el mismo sentido:
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
36 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2023, Rad. 64.849.
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Radicado: 11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571)
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
de unificación de jurisprudencia, cual si fuera una etapa adicional para reabrir el
debate del proceso originario como si se tratara de una tercera instancia para discutir,
verbigracia, la valoración probatoria que efectuó el juez de la causa, pues “el recurso
extraordinario no se concibe como una nueva vía de discusión de una causa jurídica,
sino como una herramienta puntual para decantar criterios y plasmar líneas de
interpretación que perduren en el tiempo”37.
2.3. Análisis del recurso
Tal como se precisó (Cfr.1.5), la recurrente arguyó que la providencia del veintiuno
(21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal Administrativo
del Huila contravino los criterios de unificación dispuestos en la sentencia proferida
por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado el quince (15) de agosto de
dos mil dieciocho (2018), (Rad. 46.947).
Al respecto, se aprecia que, si bien para el momento en que se presentó el recurso
extraordinario, la sentencia invocada efectivamente correspondía a un
pronunciamiento de unificación, lo cierto es que la mentada providencia fue dejada
sin efectos como secuela de una orden de amparo emitida el quince (15) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019)38, decisión confirmanda por la Corte
Constitucional a través de sentencia SU-363 de 2021, tras comprobar la vulneración
de los derechos fundamentales del demandante en ese proceso.
Como consecuencia de lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación el seis (6)
de agosto de dos mil veinte (2020) profirió sentencia de reemplazo ─ya sin el rótulo
de unificación─ y, al punto, iteró que el carácter injusto de la privación de la libertad
se auscultaría a partir de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y
legalidad de la medida de aseguramiento, esto con fundamento en diferentes
pronunciamientos de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado39. Es decir,
la sentencia de Unificación del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018),
(Rad. 46.947), perdió todo su vigor.
Así las cosas, habida cuenta que el operador judicial no puede soslayar cualquier
circunstancia modificativa o extintiva de la relación sustancial que se debata en el
proceso40, resulta impertinente proceder a dictar una decisión de fondo en procura de
buscar que se ordene la aplicación de una sentencia de unificación carente de efectos
jurídicos, máxime cuando tal situación devino, en criterio del juez constitucional, de
una infracción a la Constitución, por cuanto ello iría en contra de la naturaleza misma
del presente instrumento judicial, el cual no es otro, se itera, que garantizar la unidad
del derecho, lo cual incluye su interpretación y aplicación uniforme, resultando
inconducente su análisis de fondo frente a una sentencia de unificación que no está
llamada a producir efectos jurídicos.
Como corolario de lo expuesto, si bien la parte recurrente presentó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia el veintisiete (27) de noviembre de dos
mil dieciocho (2018)41, esto es, con anterioridad a la decisión del juez constitucional
de dejar sin efectos la sentencia de unificación que se aduce desconocida, lo cierto
es que la circunstancia descrita altera el sustrato jurídico del recurso extraordinario
que se estudia, tanto en lo sustancial como en lo procesal pues, a no dudarlo, se ha
extinguido la causa que motivó su interposición, en la medida que la sentencia de
unificación cuya aplicación se busca fue retirada del conjunto de criterios auxiliares
del ordenamiento jurídico. Esta decisión reitera, tanto en su argumentación como en
el sentido de la decisión, varias sentencias proferidas por esta Sala en asuntos
37 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-179 de 2016.
38 Que decidió, en sede de segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15
de noviembre de 2019, dentro del expediente con radicado número 11001-03-15-000-2019-00169-01.
39 Sentencias SU-072 de 2018, C-037 de 1996, C-469 de 2016, y las sentencias del 3 de agosto de 2008 y 6 de
junio de 2012, dictadas bajo radicación interna 16516 y 24633, respectivamente.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2022, Rad. 65.707
41 Folio 87 del cuaderno principal.
7
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571)
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
similares al aquí estudiado42. Bajo ese escenario, se desestimará el recurso
interpuesto.
Finalmente, en lo que atañe a la tesis sostenida en esta sede por el delegado del
Ministerio Público por medio del concepto allegado, según la cual, el presente asunto
no debe desatarse con base en los criterios previstos en la multicitada sentencia de
unificación del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) de esta Corporación,
sino en las consideraciones desplegadas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-363 de 202143, bastará con considerar que aquello es improcedente, toda vez que
dicho argumento no fue formulado como cargo en el recurso.
2.5. Condena en costas
El artículo 267 del CPACA, establece que “si el recurso es desestimado, se condenará
en costas al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso
(aplicable por remisión expresa del art. 188 del CPACA44) prevé que se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se demuestren causadas
y, en la medida de su comprobación.
A pesar de lo anterior, no se condenará en costas (art. 267 CPACA), toda vez que la
desestimación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia acaece de
la extinción, por circunstancias ajenas al recurrente, de la causa material que motivó
su formulación, resultando evidente que la condena en costas se torne improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por el señor Mario Hernández Contreras y otros, contra la sentencia del
veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado ponente
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑÓZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2022, Rad. 65.707 y sentencia del 11 de
septiembre de 2023, Rad. 65.752.
43 Pronunciamiento que confirmó el fallo de tutela con el que se dejó sin efectos la sentencia de unificación
invocada por el recurrente.
44 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil” (se resalta).
8
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00048-00 (63571)
Demandante: Mario Hernández Contreras y otros
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARIN
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
OJMZ
9
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