Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2002-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Coadyuvancia: acción de nulidad y restablecimiento de derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2002-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2002-00003-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
22 de febrero de 2018
COADYUVANCIA – Acción de nulidad y restablecimiento de derecho / COADYUVANTE – No puede formular cargos diferentes a los propuestos por la demandante / COADYUVANCIA – El tercero excedió el límite de las pretensiones de la demanda principal / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]n los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho los terceros podrán intervenir como parte coadyuvante o impugnadora, según el caso, siempre que se demuestre interés directo en las resultas del proceso. […] [E]s claro que respecto de esos cargos que propone el tercero en el escrito de alegatos de conclusión no se cumple con lo dispuesto en el artículo 146 del CCA., puesto que allí está excediendo el límite de las pretensiones de la demanda principal y en esa medida no es procedente realizar estudio alguno. […] Suponer que un tercero como ALLIANZ pudiera ventilar cargos de nulidad distintos a los expuestos por la demandante sería tanto como aceptar que se produjera una reforma implícita a la demanda aun cuando el término para ello hubiese fenecido o permitir el examen de legalidad de un acto administrativo fuera del término de presentación oportuna de cuatro (4) meses que la ley concede para impetrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a defender una situación jurídica concreta que difiere de aquélla que se está controvirtiendo en la demanda principal.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de noviembre de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2004-00211-00, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 19 de agosto de 2010, Radicación 88001-23-31-000-2000-00045-02, C.P. María Claudia Rojas Lasso; y 7 de julio de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2006-00197-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno
RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO - Concepto / FACULTAD DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – Para excepcionalmente autorizar el tránsito de vehículos pertenecientes a los declarantes
[R]égimen de Tránsito Aduanero se entiende aquél que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra, dentro del territorio nacional. Las operaciones de tránsito aduanero, por regla general, se llevan a cabo únicamente en los vehículos de empresas inscritas y autorizadas previamente por la DIAN. De manera excepcional, la Aduana está facultada para autorizar el tránsito en vehículos pertenecientes a los declarantes, para lo cual se requiere la constitución de una garantía específica. La autoridad aduanera es la encargada de determinar la duración de la modalidad de tránsito de acuerdo con la distancia que separe la aduana de partida de la de destino. Dicho término se cuenta a partir de la fecha de autorización del Régimen y se consigna en la DTA. Para la ejecución de la operación de tránsito aduanero, los medios de transporte deben utilizar las rutas más directas entre la aduana de partida y la de destino
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de marzo de 2002, Radicación 76001-23-24-000-1997-04037-01(6228), C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO – Causales de cancelación / RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO – Responsables de la obligación aduanera / RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO – Obligaciones del transportador / RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO – El transportador es responsable de la entrega material de la mercancía como de entregar la DTA ante la aduana de destino / RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO – Efectivización de la póliza que constituye la empresa de transporte para garantizar la debida finalización / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e concluye que las empresas transportadoras, responderán ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados, y por la correcta ejecución de la operación de Tránsito Aduanero. Vistas así las cosas, la finalización del Régimen de Tránsito Aduanero acontece cuando el Transportador hace entrega de la “mercancía conforme” en la Aduana de Destino; es decir, cuando deposita la mercancía y presenta la documentación respectiva. […] [L]a obligación del transportador no se limita exclusivamente a la entrega de las mercancías sino que además, para el perfeccionamiento del régimen, se requiere que la DTA se registre en la aduana de destino. […] [S]e concluye que la efectividad de la póliza que el transportador debe constituir para garantizar el cumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero acontece cuando el transportador no hace entrega de la “mercancía conforme”, lo cual, se reitera, comprende el depósito físico de las mismas y la presentación de la DTA en la aduana de destino, y que para emitir esa decisión no es necesaria la formulación de pliego de cargos. Siendo ello así, no acierta el demandante al afirmar que la obligación de presentar la DTA recae en el declarante y no en el transportador, dada la claridad de las normas que regulan la materia y la decantada jurisprudencia que se ha expedido sobre el punto, y tampoco al manifestar que debió mediar la formulación de cargos pues la consecuencia del incumplimiento está prevista en la norma con la efectivización de la póliza que se constituye para amparar tal actividad,
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de noviembre de 2001, Radicación 76001-23-25-000-1997-4904-01(6043), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; 4 de noviembre de 2007, Radicación 13001-23-31-000-1995-10520-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 24 de abril de 2008, Radicación 47001-23-31-000-1999-00034-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y 15 de abril de 2010, Radicación 76001-23-25-000-1998-01438-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
RÉGIMEN DE TRANSITO ADUANERO - Incumplimiento del transportador por presentar DTA por fuera del plazo establecido / RÉGIMEN DE TRANSITO ADUANERO – Efectivización de la garantía
Revisado el expediente se advierte que la decisión de hacer efectiva la póliza de seguro que garantizaba dicho tránsito, obedeció al incumplimiento en la finalización del régimen, habida cuenta de que la citada empresa presentó la DTA en la aduana de destino fuera del plazo allí establecido, esto es, el 20 de junio de 1994, aun cuando es verificable que sí entregó las mercancías. En ese contexto, habría un claro incumplimiento de parte de la actora al Régimen de Tránsito Aduanero y, en esa medida, no sería procedente hablar de nulidad de las decisiones que se acusan, pues como ya quedó establecido, a partir de la interpretación de las normas que regulan esta actividad y de la jurisprudencia que se ha referido a ella, la finalización de ese régimen tiene lugar no sólo cuando se produce la entrega de las mercancías, sino que es inexorable la presentación de la documentación correspondiente a las autoridades respectivas (entiéndase DTA). […] [S]e halla en el plenario no sólo la anotación en la parte inferior del listado que da cuenta de la presentación fuera de término de las DTA y la orden de hacer efectiva las pólizas de cumplimiento, entre las cuales se encuentra la número 02493, sino que también obra la Declaración de Tránsito Aduanero con anotación de vencimiento, y adicionalmente, consta en el expediente la declaración expresa y clara de parte de la actora en la demanda y de la compañía de seguros que coadyuvó sus pretensiones, en el sentido de admitir que esa DTA se había registrado inoportunamente. En tal escenario, se advierte que existen pruebas que apuntan a establecer la extemporaneidad en la presentación de la DTA en la Aduana de destino por parte de SERCARGA, lo cual implica el incumplimiento en la obligación de finalizar el Régimen de Tránsito Aduanero, como quiera que, aun cuando entregó las mercancías en el depósito autorizado (Bodegas Frontal) en el límite de tiempo permitido, se encuentra acreditado que no hizo lo propio en relación con la DTA, todo lo cual lleva consigo la declaración de incumplimiento de todo el régimen y la consiguiente decisión de hacer efectiva la póliza que amparaba ese siniestro.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA ADUANERA – No configuración
[L]as normas cuya aplicación extraña la actora no se encontraban vigentes [Decreto 2685 de 1999 artículo 519] al momento de la ocurrencia de los hechos y que ello impediría, en principio, su invocación puesto que la declaración de incumplimiento del régimen de tránsito aduanero aconteció con la expedición de la citada Resolución número 00256, es decir, el 11 de octubre de 1994, cuando se encontraba vigente el Decreto 1909 de 1992, cuya regulación no contemplaba la norma que echa de menos la accionante. Sin embargo, revisado el régimen de transición dispuesto en el inciso segundo del artículo 24 del Decreto 1198 de 2000, lo que encuentra la Sala es que el silencio administrativo positivo del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 sería aplicable al caso, siempre que hayan transcurrido más de dieciocho (18) meses a partir del 1 de julio de 2000 hasta que la DIAN hubiese resuelto el recurso de apelación contra la Resolución 00256 del 11 de octubre de 1994. De lo visto en los hechos se desprende que la entidad demandada desató el recurso de alzada el 10 de septiembre de 2001 por medio de la Resolución 001937, es decir, catorce (14) meses y diez (10) días después de la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, lo cual permite concluir que frente a este acto no operó el silencio administrativo positivo, puesto que los dieciocho (18) meses que impone la norma como límite para decidir “los procesos que se encuentren en curso” vencían el 1º de enero de 2002.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 146 / DECRETO 2402 DE 1991 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 2402 DE 1991 – ARTÍCULO 4 / DECRETO 2402 DE 1991 – ARTÍCULO 8 / DECRETO 2402 DE 1991 – ARTÍCULO 9 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 519 / DECRETO 1909 DE 1992 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 1198 DE 2000 – ARTÍCULO 24 / RESOLUCIÓN 3333 DE 1991 – ANEXO 2 / RESOLUCIÓN 3333 DE 1991 – NUMERAL 6.1 / RESOLUCIÓN 3333 DE 1991 – NUMERAL 6.2 / RESOLUCIÓN 371 DE 1992 – ARTÍCULO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 13001-23-31-000-2002-00003-01
Actor: SERVICIOS A LA CARGA S.A. (EN ADELANTE SERCARGA)
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: Alcance de la coadyuvancia. Régimen de Tránsito Aduanero. Finalización. Obligación de presentar la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA). Silencio administrativo positivo.
Referencia: La coadyuvancia no puede exceder el límite de las pretensiones de la demanda, esto es, de los fundamentos fácticos y jurídicos allí esbozados.
El transportador en tránsito aduanero está obligado a presentar la DTA en la aduana de destino dentro del término fijado para ello.
Las declaraciones de tránsito aduanero fueron registradas en la aduana de destino extemporáneamente.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 20 de abril de 2012, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de las Resoluciones números 00256 del 11 de octubre de 1994, 003542 del 31 de octubre de 2000 y 001937 del 10 de septiembre de 2001 expedidas por la DIAN.
COMPETENCIA
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia:
ANTECEDENTES
LA DEMANDA
En ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del C.C.A. la sociedad SERVICIOS A LA CARGA S.A., actuando a través de apoderado, solicitó al Tribunal que en proceso de primera instancia accediera a las siguientes
Pretensiones
“PRINCIPALES:
Que se declare la NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994, expedida por la JEFE DIVISIÓN OPERATIVA de la ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA ESPECIAL DE CARTAGENA, por la cual se declara el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero autorizado en la Declaración de Tránsito Aduanero número 02493 del 3 de junio de 1994, en la que figura como empresa transportadora SERCARGA S.A., como declarante ADUANAS GAMA LTDA., y se ordena hacer efectiva la póliza de cumplimiento número 11157812 expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. por valor de CIEN MILLONES DE PESOS NI/CTE. ($100'000.000).
Resolución número 003542 del 31 de octubre de 2000, proferida por la JEFE DIVISIÓN SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR dé la ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA por la cual se resuelve confirmar la Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994 citada anteriormente y se concede el recurso de apelación.
Resolución número 001937 del 10 de septiembre de 2001, proferida por el ADMINISTRADOR ESPECIAL ADUANA DE CARTAGENA, a través de la cual se resuelve el Recurso de Apelación, confirmándose en todas sus partes la Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994, proferida por la JEFE de la ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA ESPECIAL DE CARTAGENA.
Que se declare que el término que tenía la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES para declarar el incumplimiento de la declaración de Tránsito Aduanero número 02493 de junio 3 de 1994 y ordenar hacer efectiva la Póliza cumplimiento número 11157812 expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., se encontraba caducado.
Que consecuencialmente se restablezca el derecho de SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes “SERCARGA S.A.” a tener una investigación administrativa justa, que establezca finalmente el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones, ordenando a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES retrotraer toda su actuación, corriendo pliego de cargos a SERCARGA S.A. Sobre los hechos de que tratan los actos administrativos demandados y se configure frente a estas actuaciones claramente el debido proceso.
Que SERVIVICIOS A LA CARGA antes “SERCARGA S.A.”, como empresa transportadora dentro de la operación de tránsito aduanero número 02493 del 3 de junio de 1994, cumplió con sus obligaciones como transportador, obligaciones establecidas en la Resolución 3333 de 1991.
Que no fue SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A.", la declarante en la operación de tránsito aduanero número 02493 del 3 de junio de 1994, ni intervino en la tramitación, expedición, ni radicación de la Declaración de Tránsito Aduanero Mencionada.
Que SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." queda liberada del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones inherentes al declarante en la Declaración de Tránsito Aduanero a que alude el incumplimiento y las sanciones contenidas en las Resoluciones atacadas en las pretensiones anteriores. las sanciones contenidas en las pretensiones anteriores.
Que como consecuencia del cumplimiento en sus obligaciones, SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A.", NO se encuentra obligada a pago alguno en favor de la NACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL denominada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, por los actos administrativos base de la presente acción.
Que consecuencialmente se declare que ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., NO se encuentra obligada a pago alguno en favor de la NACIÓN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL denominada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, como consecuencia de haber expedido la póliza de cumplimiento número 11157812.
Que se declare que la ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE CARTAGENA obró con desviación de poder al no motivar la cuantía de la sanción impuesta.
Que en el evento de que SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." y/o ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., durante la tramitación del presente proceso hayan tenido que pagar suma alguna de dinero como consecuencia de las multas señaladas en las Resoluciones declaradas nulas en el presente proceso, se ordene a la demandada devolver a SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." y/o ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. las sumas de dinero canceladas, debidamente indexadas de conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor que certifique el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA o el organismo que haga sus veces, entre la fecha del pago y la devolución real y material del dinero, junto con los intereses moratorios sobre el valor indexado.
Que se condene a la entidad demandada y en favor del demandante al pago de costas y agencias en derecho, que con ocasión de la atención del presente proceso se causen.
SUBSIDIARIAS
De no prosperar la declaración mencionada en el numeral cuarto de las principales que subsidiariamente se declare que con el incumplimiento imputado, la empresa transportadora no causó ningún daño ni lesiono los intereses del fisco nacional, habida consideración de que se cumplió el objeto recaudador del artículo 6 del Decreto 1909 de 1992, en virtud a que los derechos de aduana fueron oportunamente cancelados por el propietario de la mercancía, y por otro lado la mercancía fue entregada.
Que se declare por principio de favorabilidad la aplicación del Decreto 2685 de 1999, Decreto 1198 de 2000 y Resolución 4240 de 2000.”
Hechos
Mediante Resolución número 2144 del 1º de agosto de 1984, la DIAN autorizó a SERCARGA a transportar mercancías sin nacionalizar entre las diferentes aduanas del país.
Mediante Resolución número 02493 del 3 de junio de 1994, la División Operativa de la Administración de Aduanas de Cartagena, autorizó el tránsito aduanero hasta la ciudad de Santa Fe de Bogotá, con fecha límite de finalización el día 14 de junio de 1994, siendo el destinatario ADUANA BOGOTA BODEGAS FRONTAL, declarante ADUANAS GAMA LTDA. y actuando como empresa transportadora SERCARGA S.A.
La finalización de la operación de tránsito fue garantizada con la póliza global de cumplimiento número 11157812, expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000)
La empresa SERCARGA cumplió con la finalización del tránsito de las mercancía autorizadas; no obstante, la Declaración de Tránsito Aduanero (en adelante DTA) número 02493 de 3 de junio de 1994, fue registrada en la aduana de destino, en fecha posterior a la máxima permitida.
Mediante Resolución número 00256 de 11 de octubre de 1994, proferida por la Jefe de la División Operativa de la Administración de Impuestos y Aduana Especial de Cartagena, se ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento número 11157812, en cuantía de ($100’000.000), en razón a que la declaración de tránsito aduanero número 02493 fue registrada por parte del declarante (ADUANAS GAMA LTDA.) de manera posterior al plazo máximo.
Contra la decisión anterior la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
Mediante Resolución No. 003542 del 31 de octubre de 2000, la Jefe División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución No. 00256 del 11 de octubre de 1994, en todas sus partes.
El 10 de septiembre de 2001, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora mediante Resolución No. 001937, confirmando igualmente el primer acto administrativo.
Concepto de Violación
Primer cargo: “Caducidad del término que tenía la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para declarar el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero y ordenar hacer efectiva la póliza de Cumplimiento”.
La DIAN desconoció lo expresado en el artículo 1 de la Resolución 4324 de 1995, la cual modifica el artículo 41 de la Resolución No. 1794 de 1993 expedida por la DIAN, toda vez que, la decisión que ordenó hacer efectiva la póliza fue proferida casi sesenta (60) días después del término que tenía la administración para declarar mediante resolución motivada el incumplimiento de las obligaciones aduaneras (15 días).
Segundo cargo: “Falsa motivación de la Administración especial de Cartagena por error en los fundamentos de hecho que dan lugar a declarar el incumplimiento del Tránsito Aduanero”.
Señaló que los actos administrativos demandados fueron expedidos bajo una falsa motivación, ya que la empresa transportadora cumplió con las obligaciones derivadas de su intervención como transportador al entregar la mercancía en la aduana de destino establecida en la autorización de tránsito, dentro del plazo máximo allí previsto, en las mismas condiciones en las cuales fue recibida y con los precintos aduaneros intactos.
Precisó que, según lo establece el artículo 9 del Decreto 2402 de 1991, vigente para el momento de los hechos, es al declarante a quien le corresponde el diligenciamiento de los documentos, la nacionalización de la mercancía, y es quien debe registrar la Declaración de Tránsito en la aduana de destino, cuestión que para el caso debía cumplir ADUANAS GAMA LTDA.
Tercer cargo: “Atipicidad de la conducta atribuida a SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes “SERCARGA S.A.” como causal para declarar el incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero”.
Aseveró que no existe norma que consagre como infracción la conducta descrita en la Resolución No. 00256 de 1994, en razón que el Decreto 2402 de 1991 en su artículo 9, señala que será el declarante el responsable de la presentación de documentos, de la entrega de las mercancías y del registro de la DTA en la respectiva aduana.
Cuarto cargo: “Falta de Competencia del funcionario que expide el acto administrativo sancionatorio por pretermitir las instancias establecidas en el Art. 106 del Decreto No. 2117 del 29 de diciembre de 1992”.
Precisó que los actos administrativos impugnados desconocen lo establecido en el artículo 106 del Decreto No. 2117 de 1992, como quiera que la Resolución No. 00256 de 1994 (acusada), fue proferida sin que previamente se hubiere expedido pliego de cargos al transportador, impidiendo el ejercicio del derecho fundamental de defensa de la empresa transportadora.
Quinto Cargo: “Violación al Derecho fundamental del Debido Proceso”.
Estimó que la citada resolución es a todas luces violatoria del derecho de defensa y debido proceso, toda vez que previo a su expedición no se dictó pliego de cargos en su contra, lo cual le impidió tener conocimiento de la investigación, cuestión a la que sólo tuvo acceso cuando le notificaron la sanción.
Así las cosas, es evidente que la Administración está violando sus propias normas puesto que la Resolución No. 3333 de 1991 en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1800 de 1994, determinan la obligación de notificar al presunto contraventor de la posible falta administrativa a efectos de que rinda descargos.
Indicó que, aun en el evento de considerar que las mencionadas normas no son aplicables, la DIAN debió remitirse a lo dispuesto en el artículo 638 del Estatuto Tributario, que también exige la formulación de pliego de cargos de manera previa a la imposición de la sanción.
En su defecto, la demandada debió dar aplicación al régimen general consagrado en el Código Contencioso Administrativo (vigente al momento de los hechos) artículos 34 y 35, de manera que garantizara el derecho al debido proceso informando a SERCARGA de la infracción.
Sexto Cargo: “Nulidad de la Resolución 00256 del 11 de Octubre de 1994 de la División Operativa de la Administración de Impuestos y Aduana especial de Cartagena por expedición irregular de este acto administrativo”.
Conforme a lo expuesto en los numerales anteriores, para la actora las resoluciones sancionatorias fueron proferidas sin la observancia de las normas de procedimiento, violando el derecho de defensa y contradicción, lo que convierte al acto administrativo en ilegal, y en consecuencia, nulo, con ocasión a los evidentes vicios de forma y procedimiento lo cual se traduce en la violación del principio de legalidad.
Séptimo Cargo: “Falta de motivación en la determinación de la cuantía por la cual se ordena hacer efectiva la póliza otorgada por Servicios a la Carga S.A. antes “SERCARGA S.A.”
La Administración de Aduanas de Cartagena no motivó el acto administrativo en cuanto a la suma por la cual se hará efectiva la póliza de cumplimiento global. Simplemente ordenó, en el numeral segundo de la Resolución 00256 del 11 de octubre de 1994, hacer efectiva la póliza por un valor de cien millones de pesos ($100’000.000), proporcionalmente en la parte incumplida a favor de la nación. Al respecto se pregunta, proporcional a qué, puesto que la Resolución 1794 de 1993 no determina los criterios para fijar la suma por concepto de sanción y por ello debió tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 683 del Estatuto Tributario, según el cual no es procedente que el Estado exija más de lo que la misma ley ha querido que coadyuve en las cargas públicas de la Nación.
Vistas así las cosas, estimó que debía darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 730 ibídem, que contempla la omisión en la explicación de la tasación de la sanción como causal de nulidad del acto administrativo.
Octavo Cargo: “Violación del principio de Contradicción”.
Reiteró lo concerniente a la violación de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción ante la omisión de la DIAN de no dar traslado de los cargos que le eran reprochados, y por consiguiente, de la imposibilidad de contestar tales sindicaciones.
Noveno Cargo: “Violación del Derecho de Defensa por inaplicación del debido proceso”.
Aseguró que la DIAN decidió sancionar de plano a SERCARGA sin tener en cuenta la información aportada por el transportador, el declarante y los depósitos aduaneros, esto es, sin valorar las pruebas necesarias para resolver la situación jurídica de la actora, y en desconocimiento de la posibilidad de decretar pruebas de oficio, tal y como lo prevén los artículos 34, 35 y 56 del Código Contencioso Administrativo, lo cual se traduce en violación del derecho al debido proceso.
Decimo Cargo: “Las sanciones tributarias deben imponerse con criterio de proporcionalidad y equidad”.
Precisó que la sanción impuesta era inconstitucional, dado que con el incumplimiento que se reprochó a SERCARGA no se lesionó ni causó daño alguno a los intereses del Fisco Nacional, habida consideración de que se cumplió con el objeto recaudador del artículo 6 del Decreto 1909 de 1992, en razón a que los derechos de aduana fueron oportunamente cancelados por el propietario de la mercancía y esta fue entregada en la misma forma (oportuna).
Décimo primer Cargo: “Terminación en tiempo y en el lugar autorizado, por aplicación del principio de favorabilidad estipulado en el Artículo 520 del Decreto 2685 de 1999”.
Al momento de ser proferida la Resolución número 001937 del 10 de septiembre de 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 00256 de octubre 11 de 1994, se encontraba vigente el Decreto 2685 de 1999, el Decreto 1198 de 2000 y la Resolución 4240 de 2000, normas que contemplaban la responsabilidad del transportador por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero, pero dentro de los cuales no se halla como objeto de sanción la conducta atribuida a la demandante.
El Decreto 2685 de 1999 modifica los eventos en los cuales se da por terminado el tránsito aduanero, tal como lo señala el artículo 369 literal a), según el cual el registro de los documentos de viaje ante la aduana de destino ya no es un supuesto de la finalización de dicho tránsito.
En tal orden, y en aplicación del principio de favorabilidad, que ordena el Concepto número 148 de agosto de 2000, debe declararse la nulidad de los actos censurados, por cuanto, reitera, en el nuevo estatuto no se encuentra tipificada la conducta que es reprochada en el caso que se examina.
Décimo segundo Cargo: “Procedencia del Silencio Administrativo positivo por aplicación del Artículo 24 del Decreto 1198 de 2000”.
Aseveró que en el caso había operado el silencio administrativo positivo conforme lo señala el artículo 24 del Decreto 1198 de 2000 y el articulo 519 del Decreto 2685 de 1999, habida cuenta de que la DIAN había resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994 hasta el día 10 de septiembre de 2001, esto es, siete (7) años después, cuando el término para resolverlo era de un (1) año.
Décimo tercer Cargo: “Cumplimiento de las Obligaciones aduaneras derivadas de la intervención como transportadora por parte de SERCARGA S.A. dentro de la operación de Tránsito Aduanero No. 02493 del 3 de Junio de 1994”.
Conforme a lo establecido en la Resolución No. 3333 del 6 de diciembre de 1991, numeral 3.6, SERCARGA S.A. arribó y entregó la mercancía en la zona aduanera de destino, Santafé de Bogotá, cumpliendo estrictamente sus obligaciones como transportador.
En ese sentido, propuso la excepción de ilegalidad de la Resolución No. 00256 del 11 de octubre de 1994, por ser contraria a la enunciada Resolución No. 3333 del 6 de diciembre de 1991.
COADYUVANCIA
El apoderado de la compañía ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. coadyuvó la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho de la parte actora, argumentando lo siguiente:
Que la DIAN incurrió en una extralimitación de sus funciones al ordenar hacer efectiva la garantía constituida para asegurar el régimen de tránsito aduanero, puesto que lo efectuó cuando esa facultad ya se encontraba prescrita.
Explicó tal afirmación indicando que el artículo 1081 del Código de Comercio dispone que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro es de dos (2) años y que empezará a correr desde el momento en que se tuviere conocimiento del hecho que da base a la acción.
A su turno, el numeral 5º del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, señala que para que las garantías constituidas a favor de entidades públicas presten mérito ejecutivo, el acto administrativo ha de quedar ejecutoriado a fin de constituir con la póliza un título ejecutivo.
Bajo tales premisas, y en aplicación del artículo 62 ibídem, los actos administrativos quedan ejecutoriados cuando se hayan resuelto los recursos, esto es, a partir del día siguiente a la notificación de aquel que decide el último recurso interpuesto.
En este orden de ideas, la acción de cobro de la DIAN ya se encontraba prescrita, puesto que la Resolución No. 00256 del 11 de octubre de 1994 sólo quedó en firme hasta el día 13 de septiembre de 2001, luego de haberse desatado los recursos de reposición y apelación, es decir, siete (7) años y tres (3) meses después de ocurrido el siniestro. Al respecto invocó la aplicación de la sentencia del 21 de septiembre de 2000 proferida en el expediente 5796 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
También sostuvo que la Resolución 00256 del 11 de octubre de 1994 no podía ser considerada como la llamada a constituir, junto con la póliza, un título ejecutivo, por cuanto allí no se estableció una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la actora, dado que ordena hacer efectiva la garantía por cien millones de pesos ($100.000.000) proporcionalmente en la parte incumplida. Sobre el particular trajo a colación un aparte jurisprudencial sin identificar la autoridad que lo expidió, la fecha y el número de radicación.
Señaló que la DIAN desconoció lo dispuesto en el numeral 3.6. de la Resolución No. 3333 de 1991, pues contabilizó el plazo de tránsito aduanero en un número de días inferior al que determina esa norma que es de quince (15) días, que se entienden hábiles, y que aplicados al caso concreto daría el 28 de junio de 1994 y no el 14 de junio de esa anualidad, como erróneamente lo fija la Resolución número 02493 de 1994.
En tal orden, mal puede hablarse de incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero habida cuenta de que su finalización se produjo el 20 de junio, es decir, en el término que legalmente correspondía.
Afirmó que se había vulnerado el derecho al debido proceso de ADUANAS GAMA LTDA., puesto que no fue vinculada a la actuación administrativa, aun cuando, según lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 2666 de 1984, es el declarante quien tiene la obligación de presentar o hacer entrega de la mercancía en la aduana de destino.
Adujo que la Resolución No. 0003542 del 31 de octubre de 2000, por medio de la cual se desata el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 00256 del 11 de octubre de 1994, fue expedida por funcionario incompetente, como quiera que lo ordenado en el artículo 41 de la Resolución 4324 de 1995 es que la División de Fiscalización debe declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza, en tanto que en el caso que nos ocupa, la dependencia que lo realizó fue la División Operativa de la DIAN.
Reprochó que la demandada no haya notificado mediante pliego de cargos al transportador de la presunta conducta vulneradora del orden jurídico de manera previa a sancionarla.
Finalmente, aseveró que la Resolución No. 00256 del 11 de octubre de 1994, adolecía de suficiente motivación, por cuanto no precisaba la fecha de finalización de tránsito aduanero y tampoco el valor de la póliza que debía afectar. En lo que hace al primer aspecto, señaló que la DIAN sólo se limitó exponer en tal decisión que “como consta en el expediente, que el DTA No. 02493 no fue registrado en aquella Administración”.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El apoderado de la Administración Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena en el escrito de contestación se opuso a las pretensiones y a algunos hechos de la demanda, sosteniendo lo siguiente:
Adujo que el argumento esbozado por SERCARGA según el cual había operado la caducidad para declarar el incumplimiento del tránsito aduanero no había sido formulado en vía gubernativa, y en esa medida, no podía ser objeto de valoración por parte del Juez, so pena de violar el derecho de defensa de la DIAN. Tal razón la esbozó para sustentar la excepción de “indebido agotamiento de la vía gubernativa por plantear nuevos hechos”, apoyándose en lo dispuesto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo y en la sentencia del 8 de septiembre de 1995 emitida en el proceso número 7083 de esta Sección.
Sin perjuicio de lo anterior, también afirmó que el acto que hizo efectiva la garantía no era de contenido sancionatorio, y en esa medida, no era procedente hablar de caducidad, pues ello supondría romper el equilibrio del sistema jurídico al pretender darle un alcance extensivo a la norma que cobija procedimientos sancionatorios.
Indicó que la disposición aplicable era la contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio que consagra un periodo de prescripción para hacer efectiva la póliza, y que para el asunto bajo examen, se hallaba aplicable, puesto que el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero tuvo lugar el 29 de julio de 1994, y la DIAN lo declaró oficialmente tres (3) meses y dos (2) días después, mediante la Resolución 00256 del 11 de octubre de 1994, esto es, dentro de los dos años que preceptúa la citada norma.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 3 de la Resolución No. 371 de 1992, la responsabilidad del transportador se extiende hasta la entrega de los documentos de viaje a la autoridad aduanera dentro del plazo máximo autorizado y no se reduce únicamente a la entrega de la mercancía en la aduana de destino. Sobre este tópico invocó la sentencia del 21 de febrero de 2002 dictada en el proceso número 7118 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Indicó que la competencia para proferir las decisiones censuradas era de la División Operativa y no de la de Fiscalización, puesto que la declaratoria de incumplimiento no era equivalente a la imposición de una sanción administrativa
Precisó que no hubo vulneración del derecho al debido proceso, de defensa o contradicción, pues el artículo 41 de la Resolución 1794 de 1993 (modificada por la Resolución No. 4324 de 1995), no establece ningún trámite administrativo para la declaratoria de incumplimiento, como la expedición de pliego de cargos que echa de menos la actora, salvo la recepción de las pruebas aportadas por la administración previo a tal declaratoria. En ese orden, no es procedente la aplicación del Decreto 1800 de 1994, porque la declaratoria de incumplimiento del régimen de tránsito aduanero se encuentra reglamentado de manera especial en el artículo 41 de la Resolución No. 1794 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Resolución número 4324 de 1995.
Al respecto informó que SERCARGA tuvo la oportunidad de probar el cumplimiento del régimen al momento de interponer los recursos de vía gubernativa, pero que como no lo hizo, lo procedente era confirmar la decisión contenida en la Resolución 00256 de 1994.
Solicitó la aplicación de la sentencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso número 7375, sin identificar la fecha en la cual fue proferida.
En relación con la presunta falta de motivación en la determinación de la cuantía, precisó que la Resolución No. 00256 de 1994, cuantificó el monto incumplido a partir del valor de los derechos de importación suspendidos con el Régimen de Tránsito Aduanero teniendo en cuenta que la póliza otorgada era global, lo que implica que solo deba ser afectada en la proporción correspondiente a los derechos de aduana que se causarían en caso de someterse a importación ordinaria la mercancía en tránsito.
Aludió a la sentencia C-160 de 1998, que trajo al asunto la demandante, para decir que la interpretación que hacía SERCARGA estaba descontextualizada, debido a que de su lectura no era procedente concluir que por el hecho de no generar un daño económico el Estado no podía establecer un mecanismo de orden legal que constriña al administrado al cumplimiento de sus obligaciones, máxime si se tiene presente que el registro de la DTA busca controlar las mercancías en tránsito, debido a que mientras dura ese recorrido la obligación del pago de los tributos se encuentran suspendida.
Esgrimió que el principio de favorabilidad no era aplicable, por dos razones. La primera, porque se requería que el acto de fondo no se hubiese expedido, lo cual no ocurrió en el proceso de la referencia, y la segunda, porque solo es procedente en materia sancionatoria, y el caso no se ajusta a ese contenido de acuerdo con la sentencia del 5 de diciembre de 2002 expedida en el proceso 08001-23-31-000-1996-01351-01 (8105) de la Sección Primera de esta Corporación.
Con ocasión al cargo relacionado con la configuración del silencio administrativo positivo invocado por la actora, señaló que la declaratoria de incumplimiento del régimen aduanero no estaba contemplada dentro de los supuestos establecidos en el Decreto 2685 de 1999 para su ocurrencia. En efecto, actos como los enjuiciados en esta sede se encuentran regulados en el artículo 530 de la Resolución No. 4240 de 1999, y sólo respecto de los casos dispuestos en el Capítulo XIV del Título XV ibídem opera el mencionado fenómeno. Para respaldar este argumento transcribió un aparate del Concepto número 121 del 8 de octubre de 2002 de la División Normativa y Doctrina de la DIAN.
Puntualizó en que SERCARGA tenía una obligación de resultado, cual era, culminar el tránsito en debida forma, es decir, entregar la mercancía y registrar la llegada a la aduana de destino con el fin de habilitar la DTA como manifiesto de carga.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 20 de abril de 2012, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar parcialmente probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa por plantear hechos nuevos, propuesta por la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994, Resolución número 003542 del 31 de octubre de 2000, Resolución número 001937 del 10 de septiembre de 2001, proferidas por la ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA, según lo establecido en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, en el evento que la DIAN hubiese hecho efectiva la póliza de cumplimiento número 11157813, la cual garantizaba el cumplimiento al tránsito aduanero No. 02493 del 3 de junio de 1994, en donde aparecen como Declarante ADUANAS GAMA LTDA., como Consignataria FRONTIER SEA LTDA., como transportadora SERCARGA S.A., y como aseguradora COLSEGUROS S.A., la DIAN deberá reembolsar el dinero obtenido al hacer efectiva la póliza en mención, dinero que deberá ser indexado conforme al IPC, teniendo en cuenta la fecha de la efectividad de la póliza y la fecha en que se devuelva el dinero a la parte demandante.
CUARTO: Sin codena en costas.
QUINTO: Esta sentencia se cumplirá conforme a lo dispuesto en el artículo 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.”
Decidió la excepción propuesta por la DIAN en el sentido de declararla probada de manera parcial en relación con los cargos de caducidad de la acción para declarar la efectividad de la garantía, la operancia del silencio administrativo positivo y la aplicación del principio de favorabilidad, en consideración a que tales cargos no fueron plateados en vía gubernativa y no pueden ser calificados como orientados a mejorar los argumentos que sí se expusieron en la actuación administrativa. Para tal efecto se apoyó en la sentencia del 4 de mayo de 2006 expedida en el proceso número 2001-07634-01 (7634-05) de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
Acto seguido, transcribió el régimen jurídico aplicable al caso concreto, contenido en los artículos 113, 114, 116, 118 y 119 del Decreto 2666 de 1984, los numerales 6.1 y 6.2 y el artículo 8 de la Resolución No. 3333 de 1991, el artículo 4 del Decreto 1105 de 1992, el artículo 3 del Decreto 1105 de 1992, los artículos 13 y 109 del Decreto 1909 de 1992, los artículos 27 y 41 de la Resolución 1794 de 1993, y el artículo 6 de la Resolución No. 1676 de 1994.
El análisis del caso a la luz de las citadas normas permitió al Tribunal concluir que la obligación del transportador, en el Régimen de Tránsito Aduanero, comprende la entrega de la mercancía, lo cual implica la presentación de la documentación respectiva (DTA y manifiesto de carga) en la aduana de destino, dentro del término fijado por la DIAN para esos efectos.
También señaló que las empresas transportadoras se encuentran obligadas a constituir una garantía que ampare tal actividad, la cual puede hacerse efectiva por la autoridad administrativa correspondiente cuando quiera que halle incumplido dicho deber.
El Juzgador de Primera Instancia también encontró que aun cuando la Resolución 3333 de 1991, el Decreto 4201 de 1991, el Decreto 1909 de 1992 y la Resolución 1794 de 1993 no fueron puntuales en determinar los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del transportador relativas al tránsito aduanero, como sí lo fue el artículo 20 del Decreto 2295 de 1996, expedido con posterioridad a los hechos que ocupan la atención de la Sala, ello no significa que no existiese disposición que le permitiera a la demandada declarar el incumplimiento en la finalización del Régimen de Tránsito Aduanero y hacer efectiva la póliza.
Aplicado el anterior razonamiento al asunto bajo examen, lo que halló el Tribunal a folio 220 de este Cuaderno, fue que el registro de los documentos de viaje en la aduana de destino ocurrió el 10 de junio de 1994, es decir, dentro del término de finalización del tránsito aduanero, que tenía como fecha límite el 14 de junio de 1994, lo cual indica que la sociedad demandante no incumplió su deber y por ello, accedió a declarar la nulidad de las resoluciones que hicieron efectiva la póliza respectiva.
Explicó que “en los actos administrativos acusados no se establece la sanción por incumplimiento al tránsito aduanero por falta de entrega de documentos soportes, sino que la sanción es impuesta por el reporte de la finalización por fuera del término previsto para ello, situación que a la luz de las pruebas aportadas al expediente no es cierta, ya que el transportador Sercarga S.A., si reportó la terminación del tránsito dentro del plazo estipulado”.
En cuanto a la pretensión de restablecimiento del derecho, el a quo indicó que la DIAN deberá reembolsar el dinero obtenido siempre que hubiese hecho efectiva la póliza de cumplimiento número 11157813, que garantizaba el cumplimiento al tránsito aduanero No. 02493 del 3 de junio de 1994, dinero que deberá ser indexado conforme al IPC, teniendo en cuenta la fecha de la efectividad de la póliza y la fecha en que se devuelva el dinero.
EL RECURSO DE APELACION
Solamente la DIAN presentó recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar expresando lo siguiente:
Adujo que el Tribunal tenía una percepción errada del supuesto fáctico en que se funda la sentencia, en razón a que de acuerdo con las pruebas que militan en el expediente es posible concluir que la DTA no se registró en la Aduana de Destino, quedando incurso el transportador en una falta al régimen de tránsito aprobado a su favor.
Precisó que a folio 220 del expediente lo que se halla es un listado de las Declaraciones de Tránsito Aduaneras INCUMPLIDAS, es decir, que no fueron registradas en tiempo, y no como afirma el a quo, que lo fueron oportunamente.
En tal medida, la sentencia adolece de un defecto fáctico o material al no tener en cuenta un hecho probado; defecto que se configura cuando no se valoran las pruebas o estas se valoran erróneamente, concluyendo una realidad jurídica alejada de aquella que los medios probatorios imponen, asumiendo un contenido inconstitucional.
Trajo a colación seis (6) sentencias del Tribunal Administrativo de Bolívar en las cuales se define el tema de la extemporaneidad del registro de la DTA en la aduana de destino.
Adujo que en esas mismas providencias se reafirma que el incumplimiento no es una sanción y que por tanto no requiere un procedimiento administrativo previo, cuestión que permite afirmar que no existió violación al debido proceso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El apoderado de la DIAN alegó de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y solicitando tener en cuenta al momento de fallar la Sentencia del 22 de enero de 2009, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente 2002 00190-01, Actor: TRAFICOS Y FLETES S.A. contra la DIAN.
El apoderado de la sociedad ALLIANZ SEGUROS S.A. (antes aseguradora COLSEGUROS S.A.) alegó de conclusión afirmando que:
La Resolución No. 00256 del 11 de octubre de 1994, es de carácter sancionatorio, pues hace efectiva la garantía contenida en la póliza de cumplimiento, por tanto se encuentra sujeta al cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho Administrativo Sancionatorio y del Derecho Constitucional, como es el debido proceso y el derecho de contradicción.
Aseveró que ello era así, por cuanto el numeral 8 de la Resolución 3333 de 1991 establecía la “efectividad de la garantía” como una más de las sanciones aduaneras y que así lo había entendido la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 8 de febrero de 2001, expediente 5734.
Respecto a la supuesta errónea interpretación del folio 220 invocada por la DIAN en el recurso de apelación, señaló que la nota vista al final de ese listado, según la cual, las Declaraciones de Tránsito Aduanero fueron registradas con posterioridad a la fecha de su vencimiento, no es acorde con la realidad, pues la fecha de vencimiento era el 14 de junio de 1994 y el registro se efectuó el 10 de junio de 1994, fecha claramente anterior a la máxima permitida.
Informó que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los argumentos expuestos en el escrito de intervención, aun cuando, mediante auto de 5 de abril de 2002, fue vinculado al proceso en calidad de litis consorte necesario y coadyuvante. Indicó que no apeló esa decisión, habida cuenta de que fue favorable a sus intereses, pero que de encontrar razón en los argumentos de la DIAN para revocar el fallo, solicitaba que en esta sede se analizaran los cargos expuestos en dicho escrito, cargos que procedió a reiterar.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en éste asunto.
LA DECISION
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes.
CONSIDERACIONES
9.1. Cuestión previa. Coadyuvancia
En relación con la intervención que hiciera en los alegatos de conclusión de segunda instancia la sociedad ALLIANZ SEGUROS S.A., lo primero que debe aclararse es que lo hizo en su condición de tercera interesada en las resultas del proceso como coadyuvante de la demanda, tal y como fue reconocido en auto 29 de abril de 2008, lo cual no podría ser de otra forma en atención a lo previsto en el artículo 146 del CCA., según el cual en los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho los terceros podrán intervenir como parte coadyuvante o impugnadora, según el caso, siempre que se demuestre interés directo en las resultas del proceso.
Visto lo anterior, lo que encuentra la Sala es que la aseguradora expuso en sus intervenciones varios cargos de nulidad de los actos que se censuran, a saber: (i) prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, (ii) ausencia de título ejecutivo que impedía hacer efectiva la póliza,(iii) error en el cómputo del tránsito aduanero, (iv) falta de vinculación de la sociedad declarante al proceso, (v) falta de notificación del pliego de cargos al transportador y (vi) falta de precisión en la fecha de finalización de dicho régimen.
Siendo ello así, la Sala advierte que, en relación con los cargos tres (3) a seis (6), tales reproches tienen una relación directa con las pretensiones de SERCARGA en la medida en que se orienta a cuestionar las actuaciones desplegadas en el régimen de tránsito aduanero para sugerir que se llevó a cabo en debida forma por la actora y que por ello había lugar a declarar la nulidad de las decisiones impugnadas.
No obstante, en lo que hace a los dos primeros cargos lo que se observa es que se trata de controvertir aspectos relacionados con la efectividad de la póliza de seguro suscrita entre SERCARGA y ALLIANZ, aspectos estos que escapan del examen de legalidad del régimen de tránsito aduanero que propuso la actora en el proceso de la referencia.
En tal orden, es claro que respecto de esos cargos que propone el tercero en el escrito de alegatos de conclusión no se cumple con lo dispuesto en el artículo 146 del CCA., puesto que allí está excediendo el límite de las pretensiones de la demanda principal y en esa medida no es procedente realizar estudio alguno.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, en varias oportunidades, al definir el alcance de la figura de la coadyuvancia en el régimen previsto en el CCA., cuando se esté resolviendo una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como la que ocupa la atención de la Sala.
“Finalmente y con respecto a lo expuesto en el escrito presentado por el ciudadano CARLOS ALBERTO CASTILLA, es preciso tener en cuenta que el instituto procesal de la coadyuvancia es definido como una intervención adhesiva orientada ayudar o apoyar la postura asumida por una de las partes. En el contencioso de anulación, por tratarse de una acción de interés público, esa intervención si bien no tiene el carácter de accesoria no otorga al coadyuvante el derecho a formular pretensiones distintas a las planteadas en la demanda inicial. El tratadista Carlos Betancur Jaramillo así lo expresa: "... dada la índole del contencioso de nulidad y el hecho de que la demanda sea la única pieza del proceso que concreta su objeto, el coadyuvante está limitado a defender o atacar el petitum allí formulado, sin poder involucrar otra peticiones diferentes a las que conforman la litis". (Derecho Procesal Administrativo" p. 353. Ver igualmente la sentencia del 25 de octubre de 1993 dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Yesid Rojas Serrano, Radicación número: 2192). En ese orden de ideas, no resulta procedente realizar pronunciamiento alguno frente a la violación de lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley 489 de 1998 y 43 del C. C. A., teniendo en cuenta que este punto no fue propuesto por la parte actora en su demanda y además, la controversia planteada se circunscribe al análisis de la legalidad del acto acusado y no a los aspectos relacionados con su eficacia.”
Con posterioridad, tal regla fue reafirmada en la siguiente providencia:
“En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho la demanda contiene el marco de la litis, el cual condiciona, no sólo la actividad de la parte demandada sino también la del juez.
Si se permitiera la formulación de pretensiones y cargos nuevos por parte de los coadyuvantes de la parte demandante con posterioridad a la formulación de la demanda y su corrección se violaría el derecho de defensa de la parte demandada porque para defenderse frente a ellos no cuenta con una oportunidad procesal semejante a de la fijación en lista del libelo inicial o el de su corrección.
Se violaría, igualmente el principio de la imparcialidad que obliga al juez a garantizar la igualdad entre las partes y el principio de congruencia de la sentencia que impone decidir en el marco de litis determinada por las pretensiones de la demanda.” (Negritas del original).
Finalmente, en fallo del 7 de julio de 2011, esta Sección precisó el alcance de la citada figura manifestando lo siguiente:
“Así las cosas, para la Sala es claro que cuando una tercera persona coadyuva los argumentos expuestos en la demanda, como sucede en el sub judice, es necesario que jurídicamente exista coincidencia con la causa petendi propuesta por el actor, ya que de lo contrario, se estaría vulnerando el principio constitucional del debido proceso y, por ende, el derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que la referida “coadyuvancia”, en su contexto, está integrada por elementos fácticos y jurídicos nuevos, que indudablemente afectan a la parte demandada, al no poder ser controvertidas por esta, dado que fue presentada en la oportunidad procesal correspondiente a los alegatos de conclusión.”
Suponer que un tercero como ALLIANZ pudiera ventilar cargos de nulidad distintos a los expuestos por la demandante sería tanto como aceptar que se produjera una reforma implícita a la demanda aun cuando el término para ello hubiese fenecido o permitir el examen de legalidad de un acto administrativo fuera del término de presentación oportuna de cuatro (4) meses que la ley concede para impetrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a defender una situación jurídica concreta que difiere de aquélla que se está controvirtiendo en la demanda principal.
Bajo tales premisas, la Sala pasará a hacer el estudio correspondiente a los reparos que la DIAN expuso en el recurso de alzada contra la sentencia del Juzgador de Primera Instancia.
9.2. Problema jurídico
¿Está el transportador en tránsito aduanero obligado a presentar la DTA en la aduana de destino dentro del término fijado para ello?
Para resolver el anterior interrogante es necesario aludir a la normativa que regula el régimen de tránsito aduanero:
9.3. Régimen de Tránsito Aduanero
9.3.1. Generalidades
De conformidad con lo expuesto en el artículo 2º del Decreto 2402 de 1991, vigente al momento de los hechos que dieron lugar a la presente demanda, por Régimen de Tránsito Aduanero se entiende aquél que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra, dentro del territorio nacional.
Las operaciones de tránsito aduanero, por regla general, se llevan a cabo únicamente en los vehículos de empresas inscritas y autorizadas previamente por la DIAN. De manera excepcional, la Aduana está facultada para autorizar el tránsito en vehículos pertenecientes a los declarantes, para lo cual se requiere la constitución de una garantía específica.
La autoridad aduanera es la encargada de determinar la duración de la modalidad de tránsito de acuerdo con la distancia que separe la aduana de partida de la de destino. Dicho término se cuenta a partir de la fecha de autorización del Régimen y se consigna en la DTA. Para la ejecución de la operación de tránsito aduanero, los medios de transporte deben utilizar las rutas más directas entre la aduana de partida y la de destino, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Decreto 2666 de 1984, de la manera en que fue modificado por el artículo 8º del Decreto 2402 de 1991.
9.3.2. Finalización
El artículo 9º del Decreto 2402 de 1991 establece las causales por las cuales se termina el Régimen de Tránsito Aduanero; veamos:
“Artículo 9º El Artículo 119 del Decreto 2666 de 1984, quedará así:
Cancelación del Régimen:
El declarante será responsable de la presentación o entrega de las mercancías en la Aduana de Paso o de Destino, según sea pertinente.
El régimen terminará por las siguientes causales:
1. Cuando una de estas Aduanas lo estime conveniente por haber encontrado una situación irregular o indicios graves que pudieren perjudicar el interés fiscal o el control aduanero, revisará que el contenido de los bultos corresponda con lo declarado. Si confirma esta irregularidad dará por terminado el régimen y adoptará el procedimiento que corresponda respecto a la mercancía.
2. La cancelación del tránsito se efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la Aduana de Destino; y la devolución de la garantía procederá mediante la entrega de la Declaración de Tránsito correspondiente en la Aduana de Partida o mediante la comunicación oficial por telefax o radiograma del Administrador de la Aduana de Destino al de la Aduana de Partida.
3. En casos de accidente, la Aduana donde éste se produzca, comprobará la efectividad de las pérdidas o destrucción y dará su conformidad por ellas. Si hubiere inconformidad, se hará efectiva la garantía total o parcialmente, según sea el caso y se sancionará al infractor si procede, con las penas que establecen las normas por errores o delitos en la cantidad o naturaleza de la mercancía.” (Subrayas de la Sala).
A su turno, el artículo 3º del Decreto 1909 de 1992, señala al transportador como responsable de las obligaciones que se deriven de su intervención en las operaciones aduaneras. La norma es del siguiente tenor:
“Artículo 3. Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario y el declarante.
Para efectos aduaneros, la Nación estará representada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales.”
En concordancia con lo anterior, los numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución número 3333 de 6 de diciembre de 1991 expedida por la DIAN, se refieren al trámite que debe seguirse cuando las mercancías llegan a la Aduana de Destino, así:
“6. TRÁMITES EN LA ADUANA DE DESTINO
6.1. Presentación en la Aduana de la mercancía en Tránsito
Las mercancías en tránsito deberán ser presentadas en la Aduana de Destino dentro del plazo establecido, junto con los siguientes documentos:
• Declaración de Tránsito Aduanero (DTA), original, 2ª y 3ª copia.
-Documento de transporte.
6.2. Recepción de la mercancía
El funcionario asignado realizará las siguientes actuaciones:
-Verificará la correspondencia de los datos consignados en la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA) y los documentos anexos con los de la unidad de carga y/o medio de transporte.
• Examinará que los precintos aduaneros y las marcas de identificación estén intactos y que no presenten huella de alteración.
• Dispondrá el almacenamiento de las mercancías de conformidad con lo previsto en los Capítulos VI, VII y VIII del Decreto 2666 de 1984 y demás normas vigentes sobre la materia
• Avisará al Administrador o Jefe Regional de la Aduana de Partida sobre la llegada de las mercancías, vía fax, télex o por radiograma.”.
El artículo 3 de la Resolución número 371 de 1992 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordena al conductor entregar la declaración de tránsito cuando la mercancía llegue a la aduana de destino, documento que se habilitará como manifiesto de carga:
“Artículo 3º.- Obligaciones del transportador. Al arribo del medio de transporte y antes del descargue de la mercancía, el capitán o conductor del mismo, el operador portuario o un representante del transportador, deberá entregar al Grupo de Registro de Documentos de Viaje de la Aduana del puerto, aeropuerto o frontera, los siguientes documentos:
Tres (3) ejemplares del manifiesto de carga contentivo de toda la mercancía destinada al lugar de arribo, con sus adiciones, modificaciones o explicaciones;
Tres (3) ejemplares de las guías aéreas, conocimientos de embarque o cartas de porte, según el caso;
Tres (3) ejemplares del documento consolidador de carga junto con los documentos de transporte que lo conforman, en el evento en que la carga llegue consolidada;
Lista de empaque, cuando en el mismo bulto se encuentren mercancías heterogéneas;
Cuando en el medio de transporte no se traiga carga, informará por escrito señalando que viene en lastre; esta información sustituye el manifiesto de carga.”
De la lectura de las anotadas disposiciones se concluye que las empresas transportadoras, responderán ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados, y por la correcta ejecución de la operación de Tránsito Aduanero.
Vistas así las cosas, la finalización del Régimen de Tránsito Aduanero acontece cuando el Transportador hace entrega de la “mercancía conforme” en la Aduana de Destino; es decir, cuando deposita la mercancía y presenta la documentación respectiva.
La Sala se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre el particular definiendo una regla clara, uniforme y pacífica en el sentido de entender que la obligación del transportador no se limita exclusivamente a la entrega de las mercancías sino que además, para el perfeccionamiento del régimen, se requiere que la DTA se registre en la aduana de destino. En sentencia del 1º de noviembre de 1991, dictada en el expediente número 76001-23-25-000-1997-04904-01, ésta Sección manifestó lo siguiente:
“La solución de la controversia implica, entonces, establecer el alcance o contenido de la obligación que adquirió la actora en su calidad de transportadora de la mercancía sujeta al mencionado régimen. Para ello habrán de atenderse las disposiciones aplicadas en el acto demandado, cuales son los artículos 9 del Decreto 2402 de 1991, que señala las causales por las cuales se termina el Régimen de Tránsito Aduanero; 3 del Decreto 1909 de 1992, que señala al transportador como responsable de las obligaciones que se deriven de su intervención en las operaciones aduaneras.
Igualmente, los numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución núm. 3333 de 6 de diciembre de 1991, por medio de la cual se establece el procedimiento relativo al Tránsito Aduanero, cuyo tenor, en lo pertinente, es el siguiente:
(…)
También los artículos 9, numeral 2, del Decreto núm. 2402 de 1991, según el cual “la cancelación del tránsito se efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la Aduana de destino ...”; 25 de la Resolución núm. 1794 de 1993, que señala como objeto de las garantías otorgadas en régimen de tránsito aduanero el de “amparar la obligación de finalizar el régimen de tránsito dentro del plazo autorizado y/o el pago de los tributos aduaneros que se deriven del incumplimiento”; 3, parágrafo, de la Resolución núm. 371 de 1992, que dispone que el conductor deberá entregar la declaración de tránsito cuando la mercancía llegue a la aduana de destino, que se habilitará como manifiesto de carga; y 8 de la misma resolución, a cuyo tenor, el funcionario que reciba los documentos de viaje estampará y diligenciará el sello correspondiente en los ejemplares del manifiesto de carga.
Además, en la Resolución núm. 000212 de 16 de febrero de 1998, mediante la cual fue decidido el recurso de reposición, se hace constar que en el contrato de seguros correspondiente a la póliza que se ordena hacer efectiva aparece como obligación garantizada la finalización del tránsito aduanero dentro del término autorizado y/o pago de los tributos aduaneros en los términos del artículo 25 de la Resolución 1794 de 1993.
De lo anterior se deduce que:
Primero, la entrega de la documentación que respalda la mercancía, consistente en el manifiesto de carga de la misma y de la D.T.A., principalmente, forma parte de los requisitos que la ley exige para que se perfeccione el cumplimiento del tránsito aduanero, esto es, para que se dé como finalizado dicho régimen, y
Segundo, la obligación del transportador, en este caso de la actora en cuanto transportadora de la mercancía en tránsito aduanero, era la de finalizar el régimen mediante la entrega de la “mercancía conforme”, esto es, con la presentación de la documentación respectiva - D.T.A. y manifiesto de carga - , en la aduana de destino dentro del término fijado para el régimen correspondiente, que en su caso era hasta el 5 de septiembre de 1996.” (Subrayas de la Sala).
Tal conclusión fue reiterada en sentencia del 4 de octubre de 1997 dictada en el proceso número 13001-23-31-000-1995-10520-01, en proveído del 14 de marzo de 2002 proferido en el proceso número 76001 23 24 000 1997 04037 01 (6228), en fallo del 24 de abril de 2008 expedida en el radicado número 47001-23-31-000-1999-00034-01 y, en providencia del 15 de abril de 2010 proferido en el proceso número 76001-23-25-000-1998-01438-01.
9.3.3. Incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero
El incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero da lugar a hacer efectiva la póliza global que constituye la empresa de transporte para garantizar la debida finalización, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2402 de 1991, que a la letra dice:
“Artículo 4º El Artículo 114 del Decreto 2666 de 1984, quedará así:
Garantía:
La mercancía en tránsito no causará los derechos de importación o impuestos que corresponden a la importación para el consumo y el reglamento fijará el monto de la garantía que se deberá rendir por la terminación del régimen que no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía. Esta garantía podrá ser específica o global según ampare la obligación de una sola operación o las obligaciones de varias operaciones y sé constituirá por medio de bancos, compañías de seguros, o prenda industrial sobre el medio de transporte.
En caso de incumplimiento del régimen además de hacer efectiva la garantía, las propias mercancías en tránsito responderán por los derechos de importación y demás gravámenes que pudieren afectarles en su despacho para consumo.
Los vehículos de compañías de transporte debidamente inscrita para realizar el tránsito y autorizadas por la Dirección General de Aduanas, conforme al reglamento no requerirán de una garantía específica.” (Subrayas de la Sala).
La Sección Segunda de la Resolución 1793 de 1994 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece las garantías del Régimen de Tránsito e indica el objeto de tales pólizas, a saber:
“Artículo 25. Garantías en Régimen de Tránsito Aduanero. El objeto de estas garantías es amparar la obligación de finalizar el régimen de tránsito dentro del plazo autorizado y/o el pago de los tributos aduaneros que se deriven del incumplimiento.”.
De la estructura normativa expuesta se concluye que la efectividad de la póliza que el transportador debe constituir para garantizar el cumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero acontece cuando el transportador no hace entrega de la “mercancía conforme”, lo cual, se reitera, comprende el depósito físico de las mismas y la presentación de la DTA en la aduana de destino, y que para emitir esa decisión no es necesaria la formulación de pliego de cargos.
Siendo ello así, no acierta el demandante al afirmar que la obligación de presentar la DTA recae en el declarante y no en el transportador, dada la claridad de las normas que regulan la materia y la decantada jurisprudencia que se ha expedido sobre el punto, y tampoco al manifestar que debió mediar la formulación de cargos pues la consecuencia del incumplimiento está prevista en la norma con la efectivización de la póliza que se constituye para amparar tal actividad, razón que lleva forzadamente a abordar el asunto bajo examen a la luz del discernimiento esbozado en líneas precedentes, no sin antes traer a colación dos pronunciamientos de esta Sección que dan mayor solidez a la citada conclusión.
En sentencia del 14 de marzo de 2002, proferida en el expediente número 76001-23-24-000-1997-04037-01(6228) se delimitó el alcance de las obligaciones del declarante y el transportador, veamos:
“El declarante se hará responsable ante la Aduana por la veracidad de la información consignada en la Declaración de Tránsito Aduanero y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al Régimen de Tránsito que no llegue a la Aduana de destino.
En el caso de las empresas transportadoras, éstas responderán ante la autoridad aduanera por la finalización del Régimen dentro de los plazos autorizados, y por la correcta ejecución de la operación de Tránsito Aduanero.
Toda operación de Tránsito Aduanero deberá estar amparada con las garantías correspondientes. La garantía por la finalización de la modalidad, a cargo del transportador, se constituirá para respaldar las obligaciones de finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de Tránsito Aduanero”.
En providencia del 15 de abril de 2010 proferido en el proceso número 76001-23-25-000-1998-01438-01 la Sección Primera abordó un problema jurídico idéntico al que propuso la actora en primera instancia, frente a lo cual se dijo lo siguiente:
“La actora sostiene que cumplió su obligación de transportar la mercancía desde la aduana de partida hasta la de destino, dentro del plazo autorizado, y que según el 9º del Decreto 2402 de 1991 el responsable de presentar a la aduana de destino la documentación de la mercancía amparada con la DTA es el declarante y no el transportador, como afirma la DIAN en el acto acusado.
Corresponde a la Sala decidir si el transportador finaliza el régimen de tránsito aduanero con la sola entrega física de la mercancía a la aduana de destino, o si se necesita, además, la presentación, entrega y registro de los documentos de viaje dentro del plazo señalado
El artículo 3º del Decreto 1909 de 1992 claramente señala que el transportador es responsable de las obligaciones que se deriven de su intervención, es decir, que surjan con ocasión de la actividad de transporte que desarrolla. En efecto, el citado artículo prevé:
«Responsables de la obligación aduanera.- De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario y el declarante. »
Por su parte, el artículo 4º ibídem dispone que la obligación aduanera es personal, sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante abandono, aprehensión o decomiso, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella e independientemente de quién sea su propietario o tenedor.
La Sala en sentencia de 1 de noviembre de 2001,se pronunció sobre la cuestión y definió que el transportador está obligado a finalizar el régimen de tránsito aduanero con la entrega de la mercancía «conforme», esto es, con la presentación del DTA y el manifiesto de carga en la aduana de destino, dentro del término fijado para el régimen correspondiente.
En esa ocasión de dijo:
(…)
Observa la Sala la Declaración de Tránsito Aduanero 004967 de 3 de noviembre de 1995 (fl. 78 anexos), con la que se autorizó el transporte de la mercancía relacionada en el manifiesto de carga 355001002 de 30 de octubre de 1995 desde Buenaventura hasta Cali y fijó como plazo máximo para su realización el 10 de noviembre de 1995.
Asimismo obra en el expediente, la comunicación de 4 de diciembre de 1995 (fl. 76 anexos) con la que la Jefe de la División Operativa de la DIAN –Administración Cali informa al Jefe de la División Operativa de la DIAN –Administración Buenaventura, lo siguiente:
«Dando cumplimiento de la resolución 3333 de Diciembre 06 de 1991 y al Memorando 00038 de Enero 7 de 1995, adjunto envío informe de la referencia el cual contiene 25 folios que describen la información correspondiente a los DTA que cumplieron el Régimen. […]
Además informamos que el DTA No. 4967 llegó fuera del plazo máximo autorizado, por lo tanto no cumplió el régimen.» (negrilla fuera de texto)
Además, se observa en el aviso de llegada de las Declaraciones de Tránsito Aduanero (fl. 76 anexos) impreso por la División Operativa de la DIAN –Administración Cali, que la fecha de llegada de la DTA 4967 fue el 29 de noviembre de 1995.
Fuerza es, entonces concluir que la actora incumplió el régimen de tránsito aduanero, pues no entregó la DTA en la Aduana de destino dentro del plazo autorizado (10 de noviembre de 1995).
Correspondía a la actora demostrar que en realidad no existió el hecho que dio lugar a la declaración de incumplimiento del tránsito aduanero, pues según el artículo 177 del CPC., aplicable por reenvío del artículo 168 del CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Dado que la actora no demostró haber entregado en la Aduana de destino la DTA y el manifiesto de carga dentro del plazo establecido, esto es el 10 de noviembre de 1995, no puede predicarse en principio violación de las normas invocadas en la demanda.” (Subrayas de la Sala).
En sentencia del 4 de abril de 2007 se definió también el alcance de la garantía que debía prestarse para asegurar la finalización del régimen de tránsito aduanero:
“En el debate procesal se da por sentado que la D.T.A. fue entregada en la aduana de destino el 15 siguiente de ese mes, es decir, después de vencido el término señalado para la finalización del régimen de tránsito aduanero, hecho que además no discute la demandante, de allí que deba concluirse que la actora no finalizó el régimen de tránsito aduanero, tal como se había obligado, puesto que no cumplió con la correspondiente obligación que adquirió cuando aceptó la D.T.A.; luego incurrió en el incumplimiento que en el acto acusado se le atribuye, lo cual viene a constituir el siniestro amparado por el contrato de seguros. En estas circunstancias la Sala considera que la ocurrencia del siniestro está claramente demostrada, como lo reclama la aseguradora; y como la póliza estaba vigente, era legítimo que la Administración ordenara hacerla efectiva en la proporción correspondiente al DTA.
En cuanto a ese tópico del monto de la garantía que se ordenó hacer efectiva, cabe decir que por ser global, era menester hacerlo en proporción de la parte incumplida, tal como se prevé en la resolución 00091 de 26 de julio 1994; de modo que la aseguradora sólo deberá responder por la proporción que corresponda.
Con lo anterior queda despejada la inconformidad expresada por dicha empresa a título de excepciones
Se reitera que al tenor del artículo 25 de la Resolución núm. 1794 de 13 de octubre de 1993 señala que el objeto de tales garantías es amparar la obligación de finalizar el régimen de tránsito dentro del plazo autorizado y/o el pago de los tributos aduaneros que se deriven del incumplimiento.
De otra parte, en sede administrativa ni en sede jurisdiccional se aportó prueba alguna sobre hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que le impidieran cumplir con el aludido plazo, sino que la actora se limitó a aducir que entregó la mercancía a la aduana de destino, la Zona Aduanera ALMADELCO de Santa fe de Bogotá, dentro del término, lo cual es cierto pero no fue suficiente para considerar con ello finalizado el régimen, pues la mercancía no fue presentada con su DTA, esto es, de manera conforme o en debida forma”.
Delimitado el alcance de la obligación de finalización del Régimen de Tránsito Aduanero desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, en lo que hace a los deberes del transportador, es preciso verificar si en el asunto bajo examen se dio o no cumplimiento a tales obligaciones.
9.3.4. Caso concreto
Para abordar el caso concreto es necesario responder al siguiente cuestionamiento: ¿Es cierto que las declaraciones de tránsito aduanero fueron registradas en la aduana de destino oportunamente?
La situación fáctica que dio lugar a la presente controversia se enmarca en el Régimen de Tránsito Aduanero número 02493, autorizado por la DIAN a SERCARGA para trasportar mercancía de Cartagena a Bogotá D.C., cuya fecha de inicio era el 3 de junio de 1994 y con plazo máximo de finalización el 14 de junio de ese mismo año.
Revisado el expediente se advierte que la decisión de hacer efectiva la póliza de seguro que garantizaba dicho tránsito, obedeció al incumplimiento en la finalización del régimen, habida cuenta de que la citada empresa presentó la DTA en la aduana de destino fuera del plazo allí establecido, esto es, el 20 de junio de 1994, aun cuando es verificable que sí entregó las mercancías.
En ese contexto, habría un claro incumplimiento de parte de la actora al Régimen de Tránsito Aduanero y, en esa medida, no sería procedente hablar de nulidad de las decisiones que se acusan, pues como ya quedó establecido, a partir de la interpretación de las normas que regulan esta actividad y de la jurisprudencia que se ha referido a ella, la finalización de ese régimen tiene lugar no sólo cuando se produce la entrega de las mercancías, sino que es inexorable la presentación de la documentación correspondiente a las autoridades respectivas (entiéndase DTA).
No obstante, el Tribunal Administrativo de Bolívar en su análisis, encontró que la fecha de registro de la DTA se efectuó el 10 de junio de 1994, según información visible a folio 220 de este expediente, que es la siguiente:
Lo anterior dio lugar a que el a quo accediera a las pretensiones de la demandante, pues, a su juicio, evidenció el cumplimiento del régimen, como quiera que el registro de la DTA, que echaba de menos la DIAN, se efectuó antes del 14 de junio de 1994.
Sobre el particular, la DIAN solicitó en el recurso de apelación a la sentencia de primera instancia que se ponderara la anotación que aparecía en la parte final de dicho documento, según la cual las DTA que allí se enlistaron: “fueron registradas en esta administración en fecha posterior a la de su vencimiento, hacer efectiva póliza”.
Lo anterior lleva a la Sala a hacer un estudio cuidadoso de las pruebas que obran en el proceso, a efectos de esclarecer si el registro de la tantas veces citada DTA fue oportuno o no.
A folio 253 de este Cuaderno, obra la DTA número 02493, por medio de la cual la demandada autorizó el tránsito desde Cartagena hasta Bogotá D.C., con fecha límite de llegada de 14 de junio de 1994, figurando como destinatario Bodegas Frontal, como declarante Aduanas Gama Ltda., y como transportadora SERCARGA. Allí aparece una anotación de “VENCIDO” con sello 108550, veamos:
También consta en el escrito de demanda que, la Transportadora SERCARGA aceptó de manera expresa que el registro de la DTA fue posterior a la fecha límite otorgada por la DIAN para la finalización del régimen. A folios 9 y 10 podemos encontrar lo siguiente:
“HECHOS:
(…)
10. La Declaración de Tránsito Aduanero número 02493 del 3 de junio de 1994 fue registrada en la Aduana de Destino, en fecha posterior a la máxima autorizada. Esta obligación no es del transportador, sino que corresponde al declarante”. (Subrayas de la Sala).
Más adelante en el capítulo de “CONCEPTO DE VIOLACIÓN”, específicamente en numeral tercero titulado “ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA A SERVICIOS A LA CARGA S.A. ANTES”SERCARGHA S.A.” COMO CAUSAL PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO”, manifestó lo siguiente:
“Dentro de los considerandos de la Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994, se menciona que el tránsito autorizado llegó con fecha posterior a la máxima autorizada.
De tal manera que la conducta atribuida a la empresa transportadora como base para hacer efectiva la Póliza, es la de que el tránsito aduanero no fue registrado dentro del plazo máximo de realización.
La empresa transportadora SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes “SERCARGA S.A.” cumplió con la ejecución del transporte amparado por la Declaración de Tránsito Aduanero número 02493 del 3 de junio de 1994.
Veamos ahora, quien tiene la obligación de hacer presentación de las mercancías: Corresponde al DECLARANTE. Así lo establece claramente el artículo 9 del Decreto 2402 de 1991, por el cual se modifica el artículo 119 del Decreto 2666 de 1984:
(…)
La norma es clara: No es la empresa transportadora, quien tiene la obligación de “registrar” la Declaración de Tránsito Aduanero en la aduana de destino, es el declarante.
Las normas transcritas regulan de manera especial el tránsito aduanero, luego su aplicación al tema debe ser preferencial frente a otros que regulan regímenes diferentes, tales como la importación.
Tal vez existe confusión en la aplicación de las normas, ya que en el caso de la IMPORTACIÓN si tiene la obligación el transportador terrestre de hacer el REGISTRO de los documentos, tal como lo prevé el Decreto 1909 de 1982, en su artículo 17, último párrafo. Pero este no es el caso aplicable: El régimen es diferente, es tránsito aduanero, donde esta obligación está en cabeza del declarante como ya se demostró en los párrafos anteriores.
Por lo anteriormente expuesto, vemos que no existe norma prevista que consagre como infracción la conducta descrita, en los Decretos 2402 de 1991, y Resoluciones 3333 de 1991, 1794 de 1993 y 1676 de 1996, por lo cual no es procedente la aplicación de sanción alguna en cabeza de SERCARGA S.A.
Por lo anteriormente expuesto es claro que SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes “SERCARGA S.A.” como transportador arribó y entregó las mercancías en la zona aduanera de destino, cumpliendo en forma estricta sus obligaciones como empresa transportadora entregando de conformidad la mercancía dentro del tiempo establecido para tal fin”. (Subrayas y resaltado originales).
Del estudio del libelo de la demanda se concluye que la actora no solamente acepta y es consciente de la presentación extemporánea de la DTA, sino que los cargos en parte alguna tienden a sostener que la presentación de tal documento se produjo en el término establecido por la DIAN, pues por el contrario, están orientados a defender una interpretación normativa según la cual es el declarante y no la empresa transportadora el sujeto obligado a hacer el registro que aquí se discute. En otras palabras, para la accionante es un hecho cierto que la presentación de la DTA se efectuó fuera del término establecido para ese fin y por ello acude a otros cargos para desvirtuar la legalidad de las resoluciones que acusa.
Tal conducta aparece además confirmada por la intervención que hiciera la tercera con interés directo en el proceso, la sociedad ALLIANZ SEGUROS S.A. en primera instancia, pues revisado dicho memorial se observa que, igualmente, admite que aun cuando la entrega de las mercancías se produjo en el término previsto por la DIAN, no corrió la misma suerte el registro de la documentación requerida para entender finalizado el régimen. A continuación el aparte correspondiente:
“Como quiera que en el caso de estudio la Declaración de Tránsito Aduanero No. 02493 del 3 de junio de 1994 finalizó, con la entrega de la mercancía a la aduana de destino, el día 14 de junio de 1994, tal como la demandante SERCARGA S.A., lo afirma en su escrito a través del cual interpone el recurso de Reposición contra el acto administrativo que declaró el incumplimiento, siendo esa su única obligación dentro de este régimen, es inobjetable que esa entrega se hizo dentro del plazo no solamente en el señalado en el anterior precepto aduanero, sino dentro del plazo, irregularmente, fijado por la administración; no configurándose por lo tanto el incumplimiento de la obligación aduanera por parte del transportador.
Ahora bien, si la documentación correspondiente a esa mercancía, fue presentada, lo cual es un deber exclusivo del declarante, el día 20 de junio de 1994 como lo informa el Coordinador de Registro de la División Operativa de la Administración Especial de Operaciones Aduaneras de Santafé de Bogotá, obteniéndose el registro No. 108550, tal como lo reconoce la Administración en los considerandos de la Resolución No. 003542 de Octubre 31 de 2000, que desató el recurso de Reposición, no puede, tampoco hablarse de presentación extemporánea y mucho menos de que se configure el incumplimiento de la obligación aduanera por parte del transportador ni del declarante, pues como quedó advertido el plazo de finalización del precitado Régimen Aduanero, legal y jurídicamente, vencía el día 28 de Junio de 1994, esto es, mucho antes de haberse obtenido el Registro 108550 con la presentación de la documentación.” (Subrayas de la Sala).
Así las cosas, se halla en el plenario no sólo la anotación en la parte inferior del listado que da cuenta de la presentación fuera de término de las DTA y la orden de hacer efectiva las pólizas de cumplimiento, entre las cuales se encuentra la número 02493, sino que también obra la Declaración de Tránsito Aduanero con anotación de vencimiento, y adicionalmente, consta en el expediente la declaración expresa y clara de parte de la actora en la demanda y de la compañía de seguros que coadyuvó sus pretensiones, en el sentido de admitir que esa DTA se había registrado inoportunamente.
En tal escenario, se advierte que existen pruebas que apuntan a establecer la extemporaneidad en la presentación de la DTA en la Aduana de destino por parte de SERCARGA, lo cual implica el incumplimiento en la obligación de finalizar el Régimen de Tránsito Aduanero, como quiera que, aun cuando entregó las mercancías en el depósito autorizado (Bodegas Frontal) en el límite de tiempo permitido, se encuentra acreditado que no hizo lo propio en relación con la DTA, todo lo cual lleva consigo la declaración de incumplimiento de todo el régimen y la consiguiente decisión de hacer efectiva la póliza que amparaba ese siniestro.
9.4. Silencio administrativo positivo
En relación con este reparo, la demandante invoca el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, para solicitar que se aplique el silencio administrativo positivo en lo que hace a la decisión que desató el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución número 00256 del 11 de octubre de 1994, pues transcurrieron siete (7) años para que le fuese resuelto, cuando lo ordenado es que sea de un (1) año de conformidad con el artículo 24 del Decreto 1198 de 2000.
El problema en este caso giraría en torno a dilucidar el siguiente problema jurídico ¿operó el silencio administrativo positivo si la empresa de transporte no presentó la DTA en puerto de destino el 14 de junio de 1994, el 11 de octubre de ese año fue expedida la Resolución número 00256 que ordenó hacer efectiva la póliza por incumplimiento del régimen de tránsito aduanero, el 24 de octubre de la misma anualidad interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, el 31 de octubre de 2000 le fue desatado el primero y el 10 de septiembre de 2011 le fue resuelta la alzada?
Para resolver este cargo es pertinente transcribir el contenido de los preceptos involucrados en este trámite. El artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, que entró a regir el 1º de julio de 2000, es del siguiente tenor:
“Artículo 519. Incumplimiento de términos. <Artículo modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo.
Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado. Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
No habrá lugar al silencio administrativo positivo cuando no se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión y cuando se trate de mercancía respecto de la cual no sea procedente la legalización de que tratan los artículos 228 y 502-1 del presente Decreto, ni de aquellas mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, a menos que en este último evento se acrediten los documentos que prueban el cumplimiento de la obligación que constituye restricción legal administrativa, y en todo caso, sin perjuicio de los términos previstos para decidir de fondo, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por decidir de forma extemporánea.
Contra la negativa al silencio administrativo positivo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Igualmente, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente en los términos previstos en los incisos anteriores, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de parte así lo declarará.
Siempre que se declare el silencio administrativo positivo en el proceso administrativo para definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas, dentro del mismo acto que decida de fondo se otorgará el término de un mes para presentar la declaración de legalización. Vencido este término sin que la declaración de legalización haya obtenido levante, quedará en firme el acto administrativo que ordenó el decomiso”.
A su turno, el artículo 24 del Decreto 1198 de 2000 prevé que:
“Artículo 24. En los procesos iniciados y los recursos interpuestos antes del 1 de julio de 2000, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubiesen comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes al momento de su iniciación.
En todo caso, la sustanciación, trámite y decisión de los procesos que se encuentren en curso en el momento de entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, deberá realizarse dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a dicha vigencia, so pena de que se produzca el silencio administrativo positivo.”
Al respecto lo primero que observa la Sala es que conforme lo dispone el inciso primero del citado artículo 24 ibídem, las normas cuya aplicación extraña la actora no se encontraban vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos y que ello impediría, en principio, su invocación puesto que la declaración de incumplimiento del régimen de tránsito aduanero aconteció con la expedición de la citada Resolución número 00256, es decir, el 11 de octubre de 1994, cuando se encontraba vigente el Decreto 1909 de 1992, cuya regulación no contemplaba la norma que echa de menos la accionante.
Sin embargo, revisado el régimen de transición dispuesto en el inciso segundo del artículo 24 del Decreto 1198 de 2000, lo que encuentra la Sala es que el silencio administrativo positivo del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 sería aplicable al caso, siempre que hayan transcurrido más de dieciocho (18) meses a partir del 1 de julio de 2000 hasta que la DIAN hubiese resuelto el recurso de apelación contra la Resolución 00256 del 11 de octubre de 1994.
De lo visto en los hechos se desprende que la entidad demandada desató el recurso de alzada el 10 de septiembre de 2001 por medio de la Resolución 001937, es decir, catorce (14) meses y diez (10) días después de la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, lo cual permite concluir que frente a este acto no operó el silencio administrativo positivo, puesto que los dieciocho (18) meses que impone la norma como límite para decidir “los procesos que se encuentren en curso” vencían el 1º de enero de 2002.
Bajo tales premisas, quedan resueltos los cargos esbozados por la parte actora en primera instancia, y en consecuencia, es imperioso revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, para en su lugar, negar las pretensiones de la accionante como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
SEGUNDO: Reconocer personería a la abogada Tatiana Orozco Cuervo como apoderada de la DIAN en los términos y para los fines del poder que obra a folios 456 a 492 de este Cuaderno.
TERCERO: Una vez en firme, devolver el expediente al Tribunal de origen para lo que corresponda.
Copiase, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de febrero de 2018.
HERNADO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folios 5 al 7 del Cuaderno del Tribunal.
No indica la autoridad que lo profiere.
“...En todo caso, la sustanciación tramite y decisión de los procesos que se encuentren en curso en el momento de entrada en vigencia de este Decreto, deberá realizarse dentro del año siguiente a dicha vigencia, so pena de que se produzca el silencio administrativo positivo.”
“…Los términos previstos en el presente capitulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado.”
“3.6. Plazo.
El tránsito deberá finalizarse dentro de los (15) días siguientes a la fecha de su autorización”.
Folio 327 de éste Cuaderno.
Folio 326 vuelto de éste Cuaderno.
“CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. La aduana de ingreso o de partida cancelará la garantía cuando se pruebe a satisfacción la terminación del régimen. En caso contrario, se hará efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda conforme a lo establecido en las normas aduaneras”. (Subrayas y resaltado de Allianz).
Visible a folios 130 y 131 de este Cuaderno.
“Artículo 146. Intervención de Terceros. En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.
En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso.
En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57 del Código de Procedimiento Civil.
El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.
El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo el que la niega, en el suspensivo y el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.
En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros”. (Subrayas de la Sala).
“Artículo 146. Intervención de terceros. En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.
En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso.
En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57 del Código de Procedimiento Civil.
El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.
El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo el que la niega, en el suspensivo y el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.
En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros.” (Subrayas de la Sala).
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de noviembre de 2008 proferida en el proceso número 11001-03-24-000-2004-00211-00. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 19 de agosto de 2010 proferida en el proceso identificado con radicación número 88001-23-31-000-2000-00045-02. Consejera ponente: Maria Claudia Rojas Lasso.
Consejo de Estado. Sección Primera. Providencia del 7 de julio de 2011 proferida en el expediente número 11001-03-24-000-2006-00197-00. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno
Anexo 2 de la Resolución 3333 del 6 de diciembre de 1991, expedida por la DIAN.
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de marzo de 2002, proferida en el expediente número 76001-23-24-000-1997-04037-01(6228).
Ibídem.
“Por medio de la cual se establece el procedimiento relativo al Tránsito Aduanero”.
Ibídem.
Sentencia de 1 de noviembre de 2001, Expediente 1997-4904, Actora: TRÁFICOS Y FLETES S.A., M.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola.
Consejo de Estado. Sección primera, Proceso número Radicación número: 13001-23-31-000-1995-10520-01
Folio 220 de este Cuaderno.
Folios 13 y 14 de este Cuaderno.
Folio 73 ibídem.
No un (1) año como erradamente lo sostiene la parte actora.
Fecha de entrada en vigencia del Decreto 1685 de 1999 de conformidad con el artículo 573 de dicho estatuto.
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