Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2002-99012-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2002-99012-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2002-99012-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 13001233100020029901201
Demandante: SERVICIOS A LA CARGA S.A.
Demandados: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Tema: Acto administrativo que declara el incumplimiento y hace efectiva una
póliza de seguro. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 29 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. SERVICIOS A LA CARGA S.A., en adelante la parte demandante1, presentó
demanda2 contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
1
Por intermedio de apoderado judicial.
2
Folios 61 a 86 del cuaderno principal.
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Número único de radicación: 13001233100020029901201
Demandante: SERVICIOS A LA CARGA S.A.
prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3, en adelante,
Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las
Resoluciones núm. 000173 de 18 de julio de 19954, 003536 de 31 de octubre de
20005 y 001940 de 10 de septiembre de 2001 6, expedidos por la Administración
Especial de Aduanas de Cartagena.
La pretensión
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:
“[…] 1. Que se declare la NULIDAD de los siguientes actos administrativos.
1.1. Resolución número 000173 del 18 de julio de 1995, expedida por el JEFE
DIVISIÓN OPERATIVA de la ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE CARTAGENA, por
medio de la cual se declara el incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero
autorizado con la Continuación de Viaje número 00740 del 15 de mayo de 1995 y
se ordena hacer efectiva la póliza global de cumplimiento número 1115781 por
valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100'000.000).
1.2 Resolución número 003536 del 31 de octubre de 2000, proferida por la JEFE
DIVISIÓN SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR de la ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA, por medio de la cual se resuelve el
Recurso de Reposición y se confirma en todas sus partes la Resolución número
000173 del 18 de julio de 1995, citada en el numeral anterior.
1.3. Resolución número 001940 del 10 de septiembre de 2001, expedida por el
ADMINISTRADOR ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA, a través de la cual
se confirma en todas sus partes la Resolución número 00173 del 18 de julio de
1995 proferida por el JEFE DIVISIÓN OPERATIVA la ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE CARTAGENA.
2. Que se declare que el término que tenía la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES para declarar el incumplimiento de la Continuación de
Viaje número 00740 de mayo 15 de 1995 y ordenar hacer efectiva la póliza de
cumplimiento número 1115781 expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS
S.A., se encontraba caducado.
3. Que SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A.", como empresa
transportadora dentro de la Operación de Tránsito Aduanero número 00740 del 15
de mayo de 1995, cumplió con sus obligaciones como transportador, obligaciones
establecidas en la Resolución 3333 de 1991.
3
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4
[…] Por medio de la cual se declara un incumplimiento […]”
5
“[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición y se concede la apelación […]”.
6
“[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 0173 del 18-07-
95 […]”
7
Folio 5 del cuaderno principal.
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Demandante: SERVICIOS A LA CARGA S.A.
4. Que no fue SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." la
declarante en la Continuación de Viaje número 00740 de mayo 15 de 1995, ni
intervino en la tramitación, expedición, ni radicación de la misma.
5. Que SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." queda liberada del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones inherentes al declarante en la
Continuación de Viaje a que alude el incumplimiento y las sanciones contenidas en
las Resoluciones atacadas en las pretensiones anteriores.
6. Que como consecuencia del cumplimiento en sus obligaciones, SERVICIOS A LA
CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A.", NO se encuentra obligada a pago alguno en
favor de la NACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL denominada
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, por los actos
administrativos base de la presente acción.
7. Que consecuencialmente se declare que ASEGURADORA COLSEGUROS S.A,
NO se encuentra obligada a pago alguno en favor de la NACIÓN UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL denominada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES, como consecuencia de haber expedido la póliza de
cumplimiento número 1115781.
8. Que en el evento de que SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA
S.A.», durante la tramitación del presente proceso haya tenido que pagar suma
alguna de dinero como consecuencia de las multas señaladas en las resoluciones
declaradas nulas en el presente proceso, se ordene a la demandada devolver a
SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." las sumas de dinero
canceladas, debidamente indexadas de conformidad con la variación porcentual del
índice de precios al consumidor que certifique el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA o el organismo que haga sus
veces, entre la fecha del pago y la devolución real y material del dinero, junto con
los intereses moratorios sobre el valor indexado.
9. Que se condene a la entidad demandada y en favor del demandante al pago de
costas y agencias en derecho, que con ocasión de la atención del presente proceso
se causen […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4. El 18 de julio de 1995, la parte demandada expidió la Resolución núm.
0001738 mediante la cual declaró el incumplimiento de la continuación de viaje
núm. 00740 con fecha de aceptación del 15 de mayo de 1995 en el trayecto
Cartagena - Barranquilla y con plazo máximo de realización de 18 de mayo del
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[…] Por medio de la cual se declara un incumplimiento […]”
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mismo año, el cual no fue cumplido por la parte demandante en su calidad de
transportador conforme lo señalado en el numeral 8.° de la Resolución núm. 3333
de 1991.
5. La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación el 14 de agosto de 1995 en el que solicitó se revocará el acto
administrativo, por cuanto la decisión vulnera el debido proceso al no haber
proferido pliego de cargos y notificarle la actuación para ejercer su derecho de
defensa y por cuanto el diligenciamiento de documentos y la nacionalización no
hacen parte de las obligaciones del transportador sino del declarante.
6. El Jefe de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración
de Aduanas de Cartagena por medio de la Resolución núm. 003536 de 31 de
octubre de 20009, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el
acto administrativo inicial.
7. A través de la Resolución núm. 001940 de 10 de septiembre de 200110, el
Administrador Especial de Aduanas de Cartagena resolvió el recurso de apelación
confirmando en su integridad la Resolución núm. 000173 de 18 de julio de 1995 11,
expedida por la División Operativa de la Administración Especial de Aduanas de
Cartagena, mediante la cual se declaró el incumplimiento de la continuación de
viaje con número 00740 de 18 de mayo de 1995.
Normas violadas
8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
Artículos 4 y 29 de la Constitución Política de Colombia.
Artículos 2, 3, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 3 del Decreto núm. 1800 de 1994.
Concepto de Violación
9
“[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición y se concede la apelación […]”.
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“[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 0173 del 18-07-
95 […]”
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[…] Por medio de la cual se declara un incumplimiento […]”
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9. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
Primer cargo: Atipicidad de la conducta
10. Este motivo de censura lo fundamentó en los siguientes términos:
11. Adujo que: “[…] quien tiene la obligación de hacer la presentación de las
mercancías: Corresponde al declarante. Así lo establece claramente el artículo 9
del Decreto 2402 de 1991, por el cual se modifica el artículo 119 del Decreto 2666
de 1984 […] La norma es clara: NO es el operador de transporte multimodal quien
tiene la obligación de "registrar" la Declaración de Tránsito Aduanero o
Continuación de Viaje en la Aduana de Destino, es el declarante. Las normas
transcritas regulan de manera especial el tránsito aduanero, luego su aplicación al
tema debe ser preferencial frente a otros que regulan regímenes diferentes, tales
como la importación […]”.
Segundo cargo: cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas de la
intervención como operador de transporte multimodal por parte de
SERVICIOS A LA CARGA S.A antes "SERCARGA S.A.” dentro de la
continuación de viaje número 00740 del 15 de mayo de 1995
12. Manifestó que: “[…] SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA
S.A." arribó y entregó las mercancías en la zona aduanera de destino en la ciudad
de Barranquilla el 17 de mayo de 1995 a las 08:00 a.m., cumpliendo en forma
estricta sus obligaciones como Operador de Transporte Multimodal entregando de
conformidad la mercancía dentro del tiempo establecido para ese fin, en la
Resolución número 3333 del 6 de diciembre de 1991, numeral 3.6 que dice: "3.6.
Plazo. El tránsito deberá finalizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de su autorización”. Esta norma se encuentra vigente y no da lugar a
interpretación alguna. Así pues el plazo establecido en la casilla «VALIDO HASTA"
de la Continuación de Viaje que da lugar a la Resolución objeto de este Recurso,
ES INFERIOR en término a lo previsto en la mencionada Resolución que regula el
tema, situación que excede la norma legal, por lo cual un término inferior no es
obligatorio para el particular que está obligado en este caso por la Ley. Surge aquí
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una EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD, frente al término establecido en la mencionada
casilla con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Nacional, por ser
manifiestamente contrario a la Ley que regula el tema […]”.
Tercer cargo: falsa motivación de la administración por error en los
fundamentos de hecho que dan lugar a declarar el incumplimiento de la
continuación de viaje número 00740 del 15 de mayo de 1995
13. Señaló que: “[…] "SERCARGA S.A." como empresa transportadora dentro
de la Continuación de Viaje número 00740, colocó el contenedor transportado a
disposición de la Aduana de Barranquilla Zona Franca el día 17 de mayo de 1995,
a las 08:00 a.m., pero por errores del importador no fue posible el ingreso a la Zona
Franca, ya que faltaba el documento de introducción, al cual le rechazaron la
solicitud por no estar la bodega autorizada para recibir la clase de mercancía que
contenía el contenedor (textiles) pues está solo está habilitada para recibir
productos comestibles como granos, etc. De estos hechos tiene conocimiento la
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA DE BARRANOUILLA desde el
mismo momento en que SERCARGA S.A. llegó con la mercancía a esta ciudad,
los cuales vienen siendo objeto de su investigación, como consta en copias al
carbón de las declaraciones libres y espontáneas por parte de ANA MERCEDES
ILLERA CELY en su calidad de Directora de SERCARGA S.A. Barranquilla y de
JANNER VILLAREAL NAVARRO, como embarcador de SERCARGA S.A. Así las
cosas el transportador cumplió con su obligación de transportar las mercancías a él
confiadas para su movilización entregándolas en la Aduana de Destino. El
diligenciamiento de documentos y nacionalización de la mercancía no hace parte
de las obligaciones del transportador […]”.
14. Indicó que: “[…] Analicemos a continuación quién tiene la obligación de
presentar O entregar las mercancías en la aduana de destino: El decreto 2402 de
1991, establece en su artículo 9 […] Dentro del numeral segundo del mismo
artículo […] y ya vimos atrás que la presentación de la mercancía la debe efectuar
el declarante y de tal suerte que cuando el declarante no sea el mismo
transportador, la obligación de presentar las mercancías en la aduana de destino
no es del transportador sino como lo dice la norma del declarante. De acuerdo al
artículo 119 del decreto 2666 de 1984, que estipula que el declarante será
responsable de la presentación o entrega de las mercancías en la Aduana de Paso
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o de Destino. Por lo anteriormente expuesto, se configura aquí claramente UNA
FALSA MOTIVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN […], pues no tienen en cuenta las
circunstancias en que se desarrollaron los hechos base de la Resolución […]”.
Cuarto cargo: caducidad del término que tenía la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para declarar el incumplimiento del régimen de tránsito
aduanero y ordenar hacer efectiva la póliza de cumplimiento
15. Adujo que: “[…] La Resolución número 000173 del 18 de julio de 1995,
declara el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero número 00740 de mayo
15 de 1995, toda vez que la Continuación de Viaje fue registrada en fecha posterior
a la máxima autorizada y ordena hacer efectiva la póliza de cumplimiento número
1115781 expedida por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. por valor de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000). Es decir, que para la
Administración es claro que los hechos que consuman la supuesta Infracción
Aduanera se realizan al incumplir la obligación establecida en el artículo 8 de la
Resolución 3333 de 1991 […]”
16. Manifestó que: “[…] La Resolución 4324 de 1995 expresa en su artículo 1,
que modifica el artículo 41 de la Resolución 1794 de 1993 que: "Art. 41. -
Efectividad de las Garantías La División de Liquidación de la Administración de
Impuestos y Aduanas correspondiente o la que haga sus veces, declarará de
oficio, mediante Resolución motivada, el incumplimiento de las obligaciones
aduaneras respaldadas con garantía bancaria o de compañía de seguros, previa
recepción del expediente que contenga las pruebas correspondientes remitido por
la División competente de la Administración de Impuestos y Aduanas donde
ocurrieron los hechos y de la fotocopia autenticada de la garantía, enviada por la
dependencia donde repose el original de la misma, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes al recibo de tales documentos, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a que hubiere lugar […] La Resolución número 000173 que declara el
incumplimiento se profiere el 18 de julio de 1995, pero no se notifica sino hasta el
14 de agosto del mismo año “El acto administrativo se notificó personalmente al
representante legal de ANÍBAL OCHOA Y CIA. el 28-07-95, por edicto al
representante legal de la compañía de transportes SERCARGA S.A. y a la
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., el cual fue fijado el 31-07-95 y desfijado el
14-08-95...", fecha en la cual, la Resolución sancionatoria podía producir efectos
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frente al particular, es decir un (1) mes después del término que tenía la
Administración para declarar mediante Resolución motivada el incumplimiento de
las obligaciones aduaneras. En consecuencia el término para proferir la Resolución
de Incumplimiento había caducado y por ello no hay lugar a la sanción impuesta
[…]”.
Quinto cargo: Violación al derecho fundamental al debido proceso
17. Adujo que: “[…] Ley 58 de 1982 […] artículo 5 […] En ningún momento
previo a la expedición de este acto administrativo sancionatorio, se corrió pliego de
cargos al Transportador, permitiéndole conocer el proceso interno o investigación
mediante el cual se llega a deducir el presunto incumplimiento. Como la empresa
nunca conoció previamente los documentos atrás mencionados, tampoco pudo
controvertirlos y ejercer su derecho de defensa. No se le da la oportunidad previa,
antes de ser sancionada, de dar explicación alguna o de demostrar que sí cumplió
con su obligación. Sólo conoce de estos hechos al momento de ser notificada de
las Resoluciones Sancionatorias. De tal manera que la Administración entra a
decidir, como en efecto lo hace, profiriendo actos administrativos que afecta
intereses de un particular al que nunca ha corrido pliego de cargos, sin darle en
consecuencia oportunidad de defensa, es decir de ser oído y vencido […]”.
18. Señaló que: “[…] Da curso aquí la administración a una concepción de
RESPONSABILIDAD OBJETIVA responsabilidad que se encuentra proscrita de
nuestro ordenamiento Jurídico. De no haberse entregado, por parte de la empresa
transportadora, la mercancía que corresponde a los tránsitos aduaneros ya
mencionados, habría que establecer, antes de sancionar, cuál fue el origen de esta
situación, determinar una relación de causalidad para proceder así mismo a
establecer la responsabilidad. Estos son principios generales de derecho,
especialmente previstos en nuestro Código Civil, artículos 2341 y siguientes […]”
Sexto cargo: Falta de competencia del funcionario que expide el acto
administrativo sancionatorio por pretermitir las instancias establecidas en el
artículo 106 del decreto número 2117 del 29 de diciembre de 1992
19. Indicó que: “[…] La Resolución que se ataca, fue proferida por el JEFE
DIVISIÓN OPERATIVA de la ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE CARTAGENA, sin
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que previamente a la misma se hubiera corrido PLIEGO DE CARGOS al
TRANSPORTADOR por parte de la DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN, tal como lo
establece el artículo 106 del Decreto 2117 del 29 de diciembre de 1992 […] .Así
pues en el presente caso, la División Operativa, sin que previamente exista
investigación ni actos preparatorios por parte de la División de Fiscalización, se
atribuye una competencia, y en forma directa procede a sancionar. Aquí aparte de
tomarse competencias que no le corresponden pues aún no se ha adelantado lo
pertinente por la DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, está violando el derecho de
defensa de la empresa transportadora. En consecuencia, es pertinente,
RETROTRAER la actuación administrativa, revocar la Resolución que se ataca y
abrir investigación y correr pliegos de cargos a todos los involucrados en la
operación de transporte […]”.
Séptimo cargo: Violación del principio de contradicción
20. Argumentó que: “[…] El Código Contencioso Administrativo consagra en su
artículo 3, los principios orientadores de las actuaciones administrativas, entre los
que se señala el denominado Principio de Contradicción, según el cual los
interesados tendrán la oportunidad de conocer y controvertir las decisiones de la
administración por los medios legales. Si en concepto de la ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE CARTAGENA, la empresa SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes
"SERCARGA S.A." había incumplido el régimen aduanero, tal como consta en el
expediente, la Administración de Cartagena ha debido correr el correspondiente
Pliego de Cargos a la empresa transportadora, haciendo de su conocimiento la
mencionada información, dándole el tiempo prudente para dar contestación con la
documentación necesaria para probar si en realidad hubo tal incumplimiento […]”.
Octavo cargo: Nulidad de la resolución número 000173 del 18 de julio de
1995, de la división operativa de la administración especial de Cartagena, por
expedición irregular de este acto administrativo
21. Precisó que: “[…] Por lo expuesto en los numerales anteriores, es evidente
que la Administración expidió la Resolución impugnada, sin observar normas de
procedimiento, violando el derecho de contradicción, el derecho de defensa de la
empresa SERVICIOS A LA CARGA S.A. antes "SERCARGA S.A." y sancionándola
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sin haber observado para ello procedimiento legal alguno, por lo cual este acto
administrativo es ilegal y en consecuencia nulo […]”.
Noveno cargo: Falta de motivación en la determinación de la cuantía por la
cual se ordena hacer efectiva la póliza otorgada
22. Adujo que: “[…] La Resolución 1794 del 13 de octubre de 1993 usa el
término "proporcional" y aquí nos hacemos las siguientes reflexiones. Nos
preguntamos: ¿Proporcional a qué?. Debemos aquí recordar el artículo 683, del
Estatuto Tributario […] No dar explicación alguna constituye causal de nulidad de
este acto administrativo, así lo establece el artículo 730 del Estatuto Tributario,
numeral 4. Adicionalmente la Resolución 333 del 6 de diciembre de 1991,
establece:"2. - Características de la Garantía.- Las garantías se constituirán por la
finalización del régimen y/o para asegurar el valor de los derechos de importación y
demás impuestos comprometidos”. Este aspecto es reiterado por la Resolución
número 1794 del 13 de octubre de 1993, artículo 25 […] Posteriormente en la
misma Resolución, artículo 41, efectividad de las garantías, se dice en el Parágrafo
2 "Cuando se constituyan garantías globales y se declare el incumplimiento se
afectará la garantía proporcionalmente en la parte incumplida, debiéndose
reajustar por parte del tomador la misma". Muy bien, pues en este caso se trata de
una Póliza Global, es decir que tiene plena aplicación el parágrafo citado. Se debe
entonces afectar la garantía proporcionalmente en la parte incumplida. Si en aras
de discusión se aceptara que el tránsito aduanero arribó unos días tarde, debe
entonces liquidarse la parte proporcional a un día. Preguntamos: ¿Cuál es ese
valor?. Debería entonces la ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE CARTAGENA,
proceder a hacer la liquidación de los tributos de esta mercancía y con base en ella
establecer cuál es el valor de estos tributos proporcional a los días de retardo […]”.
Décimo cargo: Las sanciones tributarias deben imponerse con criterio de
proporcionalidad y equidad
23. Manifestó que: “[…] El incumplimiento en el tránsito aduanero se sanciona
no porque así lo disponga la Resolución 3333 de 1991, sino porque perjudica el fin
fiscal estatuido por el artículo 6 del Decreto 1909 de 1992. Por estas razones, la
sanción estipulada en el artículo 22 del Decreto 2295 de 1996 no es cosa diferente
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al medio coercitivo consagrado para que se cumpla y respete el objeto recaudador
del artículo 6 del Decreto 1909 de 1992, pues faculta a las autoridades aduaneras
para liquidar los derechos de aduana, con base en el valor de la mercancía,
determinado según lo establezcan las disposiciones que rijan la valorización
aduanera. En tal virtud, si no se da el hecho atentatorio del fin perseguido por este
precepto, no hay lugar a la imposición de la sanción establecida para el
incumplimiento del régimen de tránsito aduanero. […] Entonces, de acuerdo con la
Jurisprudencia Constitucional, no puede haber sanción, si no se causa daño.
Siendo esto así, para el caso que ahora nos ocupa, la sanción impuesta es
inconstitucional, dado que con el incumplimiento imputado, la empresa
transportadora no causó ningún daño ni lesionó los intereses del Fisco Nacional,
habida consideración de que se cumplió el objeto recaudador del artículo 6 del
Decreto 1909 de 1992, en virtud a que los derechos de aduana fueron
oportunamente cancelados por el propietario de la mercancía, y por otro lado la
mercancía fue entregada […]”.
24. Concluyó que se infringieron los artículos 28 y 35 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 5 de la Ley 58 de 1998: “[…] la Administración nunca
tuvo en cuenta lo solicitado en el Recurso de Reposición y en subsidio de
Apelación contra la Resolución número 0213 del 25 de septiembre de1998. Con tal
actitud, la Administración está violando el derecho de defensa de la empresa
transportadora, puesto que NO está tomando en cuenta los argumentos esgrimidos
en dicho escrito, ni la documentación que está a su disposición si la solicitase a los
demás funcionarios de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES y demás entes participantes en la Continuación de Viaje número
00740 del 15 de mayo de 1995. Como puede observarse en el presente caso, el
funcionario de la Administración profirió la decisión de plano sin tener en cuenta
que primero deberá tenerse en cuenta toda la documentación aportada al
expediente tanto por funcionarios de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, como por el transportador, el declarante y los depósitos aduaneros,
etc. y proceder a su análisis, y si es del caso decretar las pruebas tendientes a
esclarecer los hechos y no proceder, como lo hizo el funcionario, a emitir una
decisión sin que previamente se le dé oportunidad a la empresa transportadora de
demostrar el cumplimiento o no de sus obligaciones, más aún cuando casi siempre
la documentación que posee el JEFE DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN no refleja la
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totalidad de la realidad de los hechos, pues casi siempre la documentación que a él
se remite es sólo aquélla proferida por la misma Administración a través de sus
funcionarios […]”
Contestación de la demanda
25. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a la pretensión
formulada, así12:
26. Señaló que: “[…] El tránsito es el régimen aduanero que permite el
transporte de mercancías nacionales con destino a la exportación, o extranjeras de
una aduana a otra bajo control aduanero y con suspensión de tributos. A la luz de
lo establecido en el artículo 114 del Decreto 2666 de 1984, el Tránsito Aduanero
debe estar garantizada por una póliza de seguros que no podrá exceder del 50%
del valor de la mercancía que respalde la obligación de finalizar el régimen dentro
del plazo autorizado y los demás gravámenes que pudieran afectarse en su
despacho para consumo. La Resolución 3333 de 1991 consagra en su numeral 2°
reproducido por el artículo 25 de la Resolución 1794 de 1993 que.... las garantías
se constituirán para garantizar la finalización del régimen yo para asegurar el valor
de los derechos de importación y demás impuestos comprometidos". El parágrafo
del artículo 3° de La Resolución 371 de 1992, establece la obligación del
transportador al consagrar:' "Cuando la mercancía sometida al régimen de tránsito
llegue a la aduana de destino, el conductor del medio de transporte deberá
entregar la declaración de tránsito, declaración que se habilitará como manifiesto
de carga"[…]”.
27. Adujo que: “[…] La Resolución 3333 de 1991, remite en su numeral 7 al
artículo 9° del Decreto 2402 de 1991, que modificó el artículo 119 del Decreto
2666, para establecer las causales de finalización del régimen de transito
aduanero. El numeral 2° del artículo 119 del Decreto 2666 de 1984 consagra." El
régimen terminará por las siguientes causales. La cancelación del tránsito se
efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la Aduana de Destino y
la devolución de la garantía procederá mediante la entrega de la declaración del
tránsito correspondiente en la Aduana de Partida o mediante comunicación oficial
12
Folios 147 a 157 del cuaderno principal.
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por telefax o radiograma del Administrador de la Aduana de destino al de la
Aduana de Partida." De lo anterior se colige que la responsabilidad del
transportador no se reduce a la entrega de la mercancía al depósito aduanero, sino
que se extiende hasta la entrega de los documentos de viaje a la autoridad
aduanera, todo dentro del plazo máximo autorizado. Se impone la obligación al
transportador de las mercancías sometidas al régimen de tránsito Aduanero, de
entregar la declaración de tránsito en la aduana de partida, para que sea devuelta
la garantía o en su defecto se tendrá como prueba la información, acerca de la
llegada o no de la mercancía, que suministre la Aduana de Destino por fax o
radiograma. Para finalizar en debida forma el régimen de tránsito Aduanero, se
debe entregar no sólo física sino documentalmente la mercancía, lo primero con su
entrega al depósito aduanero y lo segundo con la presentación del DTA ante la
aduana de partida, todo dentro del plazo autorizado para realizar la operación. O
en su defecto debe existir una comunicación del Administrador de la Aduana de
Destino al Administrador de la Aduana de partida en donde certifique la llegada del
tránsito […]”.
28. Manifestó que: “[…] A su turno la Resolución No 1794 de 1993, que entró a
reglamentar todo lo relativo a las garantías con que respalden operaciones
aduaneras, establece que la División de competente procederá a declarar el
incumplimiento mediante Resolución motivada, previa recepción de las pruebas por
parte de la oficina competente de la Administración donde ocurrieron los hechos y
en la misma providencia donde se declare el incumplimiento se ordenará la
efectividad de la garantía […]”.
29. Indicó que: “[…] En el expediente reposa Oficio a través del la cual la
Aduana de Destino, informa a la Aduana de Partida que a la fecha, la llegada del
tránsito amparado CV0740 fue registrada extemporáneamente. […] la declaratoria
de incumplimiento no es una sanción, sino la consecuencia jurídica derivada del
incumplimiento de una obligación de hacer a cargo del transportador. El
transportador que actúa como tal, dentro de una operación de tránsito de una
mercancía, tiene a su cargo el cumplimiento de una obligación de legal de
resultado. En el caso concreto de la CV 0740 SERCARGA debía producir un
resultado: Finalizar el régimen dentro del término legal autorizado por la Aduana de
Cartagena, entendiendo de acuerdo con las normas citadas que la finalización no
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solo consiste en entregar físicamente la mercancía a la Zona Aduanera de destino,
sino que también incluye el registro documental de la misma ante la Administración
Aduana de Destino. Siendo ello así, no existió violación al Debido Proceso, porque
lo que hizo la Administración fue actualizar las consecuencias jurídicas que se
derivan del incumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de tránsito
aduanero en debida forma.
30. Precisó que: “[…] El procedimiento de declaratoria de incumplimiento se
adelantará de conformidad con la Resolución 1794 de 1993. Así, el artículo 41 de
la Resolución 1794 de 1993, que establece que la División de Liquidación mediante
Resolución motivada, declarará el incumplimiento de las obligaciones aduaneras
respaldadas con garantías bancarias y de compañía de seguros. El acto
administrativo que declara el incumplimiento se notifica tanto al asegurado como a
la aseguradora, momento a partir del cual pueden ejercer plenamente su derecho
de defensa mediante los recursos ordinarios en vía gubernativa […]”.
31. Argumentó que: “[…] Tampoco es de recibo el argumento que manifiesta
que se debió aplicar el Decreto 1800 de 1994, y que por lo tanto se haya impuesto
una sanción de plano con violación del artículo 29 de la Constitución, porque el
procedimiento para la declaratoria del incumplimiento del régimen de tránsito
aduanero, se encuentra reglamentado de manera especial por el artículo 41 de la
Resolución No 1794 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Resolución 4324
de 1995, el cual se cumplió a satisfacción en el presente caso. En consecuencia, el
acto administrativo impugnado no adolece de vicio de irregularidad en su
expedición, ya que fue proferido en aplicación de las normas aduaneras vigentes
para el régimen de tránsito aduanero y las que regulan la efectividad de las
garantías que respaldan el cumplimiento de las obligaciones aduaneras […]”.
32. Expuso que: “[…] El control aduanero, podemos entenderlo como una
FUNCION PUBLICA ESTATAL que tiene por objeto la vigilancia y control sobre las
operaciones de comercio exterior, importaciones, exportaciones y el tránsito
aduanero. Se busca proteger el bien jurídico del ORDEN PUBLICO ECONOMICO.
Por esto la legislación aduanera establece una serie de obligaciones sustantivas y
formales a los sujetos que realizan las operaciones aduaneras, las cuales resultan
imperativas dado el carácter de orden público de las normas que gobiernan la
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materia. En aras de proporcionar seguridad jurídica y mantener la prevalencia del
interés general se impone en materia de transito aduanero, la obligación al
transportador de entregar los documentos de viaje (DTA Y DOCUMENTO DE
TRANSPORTE) a la Aduana de Destino dentro del plazo autorizado por la aduana
de partida. Por eso el incumplimiento de esta obligación se encuentra sancionado
por las normas que fueron debidamente aplicadas por la entidad que represento.
No existió violación del debido proceso porque lo que se hizo fue actualizar las
consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de la obligación de
finalizar el régimen de tránsito aduanero en debida forma […]”.
33. Analizó que: “[…] el artículo 5 de la Resolución 2450 de Abril 29 de 1997, de
conformidad con lo establecido en el Art. 20 del Decreto 2295/96, establece que en
caso de incumplimiento del régimen se hará efectiva la garantía que ampara su
cumplimiento. El procedimiento de declaratoria de incumplimiento se adelantará de
conformidad con la Resolución 1794 de 1993. Así, el artículo 41 de la Resolución
1794 de 1993, modificado por el artículo 1°. De la Resolución 4324 de 1995,
establece que la División de Liquidación mediante Resolución motivada, declarará
el incumplimiento de las obligaciones aduaneras respaldadas con garantías
bancarias y de compañía de seguros. Como se anotó las normas sobre esta
materia no tiene previsto ningún tipo de procedimiento previo a la declaratoria de
incumplimiento y ordenan que se haga una vez se reciban las pruebas por parte de
la oficina competente, que en el presente caso lo era la Administración […] que
actuaba como aduana de destino. […]”.
34. Afirmó que: “[…] El derecho de defensa lo ha ejercido la empresa
transportadora a quien se le notificó en debida forma la Resolución No 0116 de
1995, con los recursos que estamos resolviendo. No existió violación del debido
proceso por que lo que se hizo fue actualizar las consecuencias jurídicas que se
derivan del incumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de continuación
de viaje en debida forma. El acto administrativo que declara el incumplimiento se
notifica tanto al asegurado como a la aseguradora, momento a partir del cual
pueden ejercer plenamente su derecho de defensa mediante los recursos
ordinarios en vía gubernativa […]”.
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35. Concluyó que: “[…] No es de recibo el argumento del apelante cuando
manifiesta que se debió aplicar el artículo 2 del Decreto 1800 de 1994 y que por lo
tanto se haya impuesto una sanción de plano con violación del artículo 29 de la
Constitución, porque el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento del
régimen de tránsito aduanero se encuentra reglamentado de manera especial por
el artículo 41 de la Resolución No 1794 de 1993. El derecho de contradicción
tampoco se ha vulnerado, ya que con ocasión de la interposición de los recursos
de ley, bien ha podido el recurrente aportar la prueba que acreditara el
cumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de tránsito Aduanero en
debida forma, pero no lo hizo. De acuerdo a la información suministrada por la
Administración […] la DA No 01386, fue registrada extemporáneamente. Es
palpable que se incumplió con el régimen, debido a que no basta con la entrega
física de la mercancía a su destino sino que es necesario para finalizar el régimen
de tránsito Aduanero por parte del transportador registrar y numerar los
documentos de viaje en las dependencias de la aduana de destino antes del
vencimiento del término otorgado por la aduana de partida […]”.
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.
36. La Aseguradora Colseguros S.A. presentó escrito de intervención en el
proceso en el 14 de julio de 200313 en el que coadyuvó las pretensiones y cargos
de nulidad de la parte demandante y en el que además manifestó:
37. Adujo que: “[…] En el caso sub-lite los funcionarios de la Administración
Especial de Aduanas de Cartagena al expedir los actos acusados incurrieron en
una extralimitación de funciones, al ordenar hacer efectiva la garantía constituida
para asegurar la finalización de la Continuación del Viaje dentro del plazo
autorizado, cuando la acción que se deriva del contrato de seguro ya había
prescrito por haber transcurrido más de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia del siniestro, afectando de esa manera el patrimonio del administrado
[…] Se hace más evidente esa extralimitación de funciones, cuando los
funcionarios de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, expiden
decisiones de orden inferior que modifican normas superiores, reduciendo el plazo
otorgado […]”.
13
Folio 91 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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38. Manifestó que: “[…] se constituye el fenómeno jurídico de la prescripción
consagrada en el artículo 1081 del Estatuto Mercantil, toda vez que la Resolución
No.000173 expedida el 18 de Julio de 1.995 por el Jefe de la División Operativa de
la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, tan solo vino a quedar
ejecutoriada el 15 de Septiembre de 2.001, es decir, después de seis (6) años y
cuatro (4) meses de ocurrido el siniestro, fecha en se surtió la notificación por
correo de la Resolución No. 001940 expedida por el Despacho de la
Administración Especial de Aduanas de Cartagena, mediante la cual se desató el
recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución No. 000173 de Julio
18 de 1.995. El anterior planteamiento encuentra pleno respaldo en la Sentencia
del 31 de septiembre de 2000 expediente No 5796 proferida por el Consejo de
Estado con Ponencia de la Consejera Dra. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO
[…]”.
39. Expuso que: “[…] De la misma manera, la Resolución No. 000173 adiada el
18 de Julio de 1.995, no es el acto administrativo que sea válidamente llamado a
conformar junto con la Póliza de Cumplimiento el título ejecutivo, por cuanto en
dicho acto no consta una obligación clara, expresa y exigible para que preste
merito ejecutivo, como lo demanda el Estatuto Tributario en armonía con el Código
Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil (artículo 488) […]”.
40. Señaló que: “[…] La División de Servicio al Comercio Exterior,
anteriormente, División Operativa de la Administración Especial de Aduana de
Cartagena al expedir la Resolución No. 003536 del 30 de octubre de 2.000
mediante la cual desata el recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución
No. 000173 del 18 de Julio de 1.995 incurrió en un vicio de incompetencia que
hace anulable el acto administrativo, al expedir un acto que por reforma de la ley se
le había asignado el conocimiento, en esa materia, a la División de Liquidación. En
efecto la Resolución No. 4324 de 1.995 que modificó el artículo 41 de la
Resolución 1794 de 1.993, señala en su artículo 41 lo siguiente: "Art. 41
Efectividad de la Garantía. La División de Liquidación de la Administración de
Impuestos y Aduanas correspondiente o la que haga sus veces declarará de oficio
mediante Resolución motivada el incumplimiento de las obligaciones aduaneras
respaldadas con garantías bancarias o de compañías de seguros, previo recepción
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del expediente. En este orden de ideas si la Resolución No. 4324 de 1.995
facultaba a la División de Liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas
para conocer los casos en materia de incumplimiento de obligaciones aduaneras,
de la misma manera esta División era la competente para conocer y resolver el
recurso de Reposición, que repito se había interpuesto contra la Resolución No.
000173 de Julio 18 de 1.995 […]”.
41. Indicó que: “[…] En el caso presente la Resolución No. 000173 de Julio 18
de 1.995 proferida por al Jefe de la División Operativa de la Administración
Especial de Aduanas de Cartagena, adolece de insuficiente motivación, por cuanto
de una parte no precisa la fecha de finalización de la Continuación de Viaje,
limitándose a decir "la llegada de la continuación de viaje en fecha posterior a la
máxima autorizada por esta administración", así como tampoco concretó el valor
de la póliza que se debía afectar, limitándose así el ejercicio del derecho de
defensa garantizado en el artículo 29 de la Constitución Nacional […]”
Alegatos de conclusión
42. El Despacho sustanciador14, vencido el término probatorio y mediante el
auto proferido el 25 de agosto de 201415, resolvió correr traslado común a las
partes por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le
informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término
para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el
mencionado artículo.
43. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.
44. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.
45. La ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. reiteró los argumentos expuestos
en su escrito de intervención.
Concepto del Ministerio Público
14
El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Despacho de Descongestión núm. 2,
doctora Ligia Ramírez Castaño.
15
Cfr. folio 296 del cuaderno principal.
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46. El Procurador Delegado no emitió concepto.
Sentencia proferida, en primera instancia
47. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 004 mediante
sentencia proferida el 30 de septiembre de 201416, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de los siguientes Actos Administrativos:
-Resolución No. 000173 de Julio 18 de 1995, expedida por la División Operativa de
la Administración Especial de Aduanas de Cartagena.
-Resolución No. 003536 de octubre 31 de 2000, proferida por la División de Servicio
al Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que
confirma la anterior y concede el recurso de apelación.
-Resolución No. 001940 de septiembre 10 de 2001, proferida por el Administrador
Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se resuelve el recurso de
apelación y se confirma la resolución inicial.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, la sociedad actora
queda exonerada de responsabilidad y de la declaratoria de efectividad de la Póliza
Global de seguro de Cumplimiento con numero N° 1115781 y que de verificarse
pago por dicho concepto, se tiene derecho a su devolución por parte de la DIAN.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente […]”.
Consideraciones del Tribunal
48. Adujo que: “[…] no se verifica en la actuación administrativa ningún
documento que dé cuenta de la existencia de una Declaración de Tránsito
Aduanero a nombre de SERCARGA S.A. como empresa transportadora. A folio
238 del expediente se verifica un formato de Continuación de Viaje, en el que
figura como Declarante ANIBAL OCHOA CIA y como empresa transportadora
SERCARGA S.A. El Código de Comercio en el artículo 987 (modificado por el
Decreto 01 de 1990), dispone: ARTÍCULO 987. «TRANSPORTE MULTIMODAL>
[…] Es decir, que de conformidad con la norma transcrita, el aludido formato de
Continuación de Viaje que quedó reseñado, sugiere dos o más modos de
16
Cfr. Folio 324 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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transporte, y por ende, una operación de transporte multimodal. Así, teniendo en
cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos en el asunto de la referencia,
encuentra la Sala, que las Operaciones de Transporte Multimodal quedaban
cobijadas, principalmente, bajo la Decisión 331 de 1993 de la comisión de Acuerdo
de Cartagena, Decisión 331 de 1993 Responsabilidad del Operador de Transporte
Multimodal […]”.
49. Manifestó que: “[…] Del relato consignado en los hechos de la demanda, así
como de lo expuesto en los actos acusados, se concluye que las partes están de
acuerdo en el hecho de que lo autorizado desde la Aduana de Cartagena hasta la
Aduana de Barranquilla era una continuación de viaje, y, que en dicha operación,
figuró como empresa declarante de la operación ANIBAL OCHOA Y CIA. También
quedó demostrado que SERCARGA S.A. ejecutó el transporte de la mercancía
encomendada, hasta la Ciudad destino, esto es, Barranquilla. La mercancía, según
lo expuesto por el demandante, arribó dentro del término autorizado, sin que se
procediera con el correspondiente registro documental, por tratarse de una función
que como simple transportador no estaba llamado a atender. A raíz de lo anterior,
la DIAN entiende que no hubo finalización del viaje, procediendo a declarar el
incumplimiento del régimen de continuación de viaje, ordenando a su vez hacer
efectiva la correspondiente póliza global de cumplimiento […]”.
50. Señaló que: “[…] en una operación de tránsito aduanero, el declarante es
quien se hace responsable ante la Aduana de partida por la veracidad de la
información consignada en la Declaración de Tránsito Aduanero y por el pago de
los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al Régimen de
Tránsito, que no llegue a la Aduana de destino. En el caso de las empresas
transportadoras, estas responderán ante la autoridad aduanera por la finalización
del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la
operación de Tránsito Aduanero. Así mismo resulta claro, que toda operación de
Tránsito Aduanero deberá estar amparada con las garantías correspondientes. La
garantía por la finalización de la modalidad, a cargo del transportador, se
constituirá para respaldar las obligaciones de finalización del régimen dentro de los
plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de Tránsito
Aduanero. Que las empresas transportadoras inscritas y autorizadas para realizar
Tránsitos Aduaneros, deberán garantizar sus operaciones mediante la constitución
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de una garantía global, bancaria o de compañía de seguros, y finalmente, que la
autoridad aduanera determinará la duración de la modalidad de Tránsito de
acuerdo con la distancia que separe la Aduana de Partida de la de Destino. Dicho
término se contará a partir de la fecha de autorización del régimen y se consignará
en la Declaración de Tránsito Aduanero. Para la ejecución de la Operación de
Tránsito Aduanero, los medios de transporte deberán utilizar las rutas más directas
entre la Aduana de Partida y la de Destino […]”.
51. Precisó que: “[…] En principio, lo anterior hace suponer que en efecto debió
recaer una consecuencia sobre la empresa SERCARGA S.A. en su calidad de
empresa transportadora; no obstante, al detenernos en la norma se advierte, que
tal responsabilidad deviene de la custodia que le es asignada, mediando una
declaración de tránsito aduanero, lo cual no resulta ser del caso, pues, además de
no figurar tal documental en los antecedentes administrativos arrimados al proceso,
y, resultando evidente en el asunto en cuestión un transporte que se da bajo al
menos dos medios de transporte - tal y como se desprende del formato de
continuación de viaje -, el procedimiento que acogió la DIAN no era el llamado a
observar para efectos de proceder con una declaratoria de incumplimiento. Vemos
entonces que en el asunto de la referencia, la DIAN no hace mención a la
operación de Transporte Multimodal que sugiere el formato de continuación de este
viaje obrante en el expediente, ni aplica las normas propias de este régimen […]”.
52. Consideró que: “[…] En dicho formato de continuación de viaje debió
aparecer el Operador de transporte multimodal, responsable de la carga autorizada
en la Continuación de Viaje respectiva, y con la cual se autoriza el traslado de
mercancías extranjeras (-en éste caso de Miami EE.UU -) por dos o más modos de
transporte diferentes, en virtud de un único documento de Transporte Multimodal
debiendo cumplir dicho operador de manera correcta con la finalización del
régimen de tránsito, dentro del término autorizado, esto es, con la entrega física de
la mercancía transportada "conforme" y la presentación de los documentos
respectivos, en la Aduana de destino, indistintamente de la subcontratación que
hiciere para realizar adecuadamente la operación. Es decir, bajo ésta modalidad
quien resulta como declarante es el transportador multimodal, y responsable
además de la finalización, aun subcontratando a otro transportador para finalizar
dicho régimen; de allí que le sean aplicables las sanciones aduaneras […]”.
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53. Indicó que: “[…] para el caso de transportadores en el régimen de tránsito
aduanero puro y simple - donde media un solo medio de transporte – el documento
susceptible de registro es la Declaración de Transito Aduanero, la cual se echa de
menos en el asunto de la referencia, - incluso desde que se autoriza la operación,
pues para que se lleve a cabo la misma, la DIAN expide un formato de
continuación de viaje; de manera que no podía exigirle el registro de un documento
distinto a aquel que expresamente exige la norma. De manera entonces que en el
asunto bajo estudio se dan los supuestos de hecho y de derecho que viabilizan lo
pretendido por la parte actora, pues la DIAN, haciendo uso de sus competencias,
procede a una declaratoria de incumplimiento, pero no atiende el régimen propio
que a la operación le asistía, con la correspondiente investigación que diera lugar a
una declaratoria de responsabilidad y consecuente sanción en cabeza del operador
multimodal responsable. Tal proceder de la demandada violenta el debido proceso
por infracción directa al principio de seguridad jurídica; teniendo en cuenta que
desde los formatos que expide y autoriza, crea un estado de confusión en el
usuario aduanero, pues la diferenciación de declarante y transportador en un
mismo documento, resulta propio de una declaración de tránsito aduanero, lo cual
no resulta del caso […]”.
54. Expuso que: “[…] Así, ubicándonos en el plano de los cargos en los que
insiste el demandante, le asiste razón en cuanto se presenta una violación al
debido proceso, pues sin estar definida su responsabilidad como transportador
subcontratado - en el marco de una operación de transporte multimodal - o, como
transportador en el marco de una operación de transito aduanero -, mal podía la
DIAN entrar a declarar un incumplimiento propio de una operación ajena a la que
realmente se estaba realizando. Bajo ese hilo conductor debe entenderse, que al
usuario aduanero no se le evalúo su conducta a la luz de un criterio objetivo
basado en la realidad fáctica que se desprende de la operación realizada, como lo
pretendió hacer ver la DIAN al expedir los actos acusados, lo que deriva en una
violación al debido proceso, por vulneración directa al principio de seguridad
jurídica que está llamado a salvaguardar toda autoridad en el ejercicio de sus
funciones […]”.
Recurso de apelación
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55. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación17 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
56. Indicó que el a quo incurrió en una errónea interpretación de las normas
aduaneras aplicables al tránsito aduanero: “[…] el artículo 987 del Código de
Comercio que define el transporte multimodal y la Decisión 331 del Acuerdo de
Cartagena se observa que los mismos señalan cuales son las responsabilidades
que se le deben atribuir al operador de transporte multimodal […], en caso de
pérdida o daño de les mercancías, pero en ningún momento citan cual es la
responsabilidad de los mismos desde el punto de vista aduanero, en caso de
incumplimiento en la entrega de las mercancías en la aduana de destino o por la
inobservancia de alguno de los requisitos propios del régimen, consagrados en
normas especiales, como si los son las aduaneras […]”
57. Sostuvo que: “[…] las normas especiales que regulaban lo relacionado con
el tránsito aduanero eran las siguientes: 1. Decreto 2666 de 1984, modificado por
el Decreto 2402 de 1991. 2. Resolución 3333 de 1991. El artículo 1° del Decreto
2402 de 1991, estableció que el título de la sección V del Decreto 2666 de 1984,
quedaría así: "Normas relativas al tránsito aduanero y transporte multimodal, al
transbordo y al cabotaje". El título del Capítulo XIV quedará como sigue: "Tránsito
Aduanero, y transporte multimodal". Se observa con claridad que esta norma
comprende las disposiciones aplicables no solo a los casos de tránsito aduanero,
que es el régimen como tal o el género, sino también a los casos de transporte
multimodal, transbordo y cabotaje, como modalidades o subespecies del tránsito.
Por lo anterior, consideramos que no es de recibo el argumento planteado por el
tribunal cuando considera que las normas aduaneras vigentes no se deben aplicar
a la situación particular que nos ocupa pues es más que claro que lo relativo a los
requisitos para dar por finalizado la continuación de viaje, se encuentran
contenidos en el Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 2402 de 1991 y
por ello no era necesario remitirse a normas distintas como el Código de Comercio
o el Acuerdo de Cartagena pues si bien es una norma supranacional, también es
cierto que la misma no reemplaza la legislación interna que debe regir la ejecución
del transporte multimodal en cada país, sobre todo porque no tiene un
17
Cfr. Folios 346 a 354 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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procedimiento específico a aplicar en un caso como el que nos ocupa y como ya lo
hemos señalado establece la responsabilidad comercial por la pérdida o daño de
las mercancías […]”.
58. Manifestó que: “[…] el intérprete realizó una interpretación sesgada de la
norma en lugar de hacer una interpretación sistemática de la misma, en la que
debía consultar las demás normas contenidas dentro del cuerpo del Decreto 2666
de 1984, modificado por el decreto 2402 de 1991, que son las que regulan el tema
del tránsito aduanero. Así las cosas, el Tribunal debió tener en cuenta que el
artículo 112 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 2402 de 1991 al
regular el régimen de tránsito aduanero lo define como aquel que "permite el
transporte de mercancías nacionales o extranjeras de una aduana a otra, bajo
control aduanero". Es decir, se trata de un régimen que permite que unos bienes
ingresen al territorio aduanero nacional y sean trasladados a una aduana diferente
para su nacionalización, previo el cumplimiento de la presentación de una
Declaración de tránsito Aduanero, que es el documento que aduaneramente
ampara la mercancía. Debido a que la carga se encuentra cerrada y no es objeto
de inspección en la aduana de partida, la misma queda bajo responsabilidad de la
empresa transportadora, quien para efectos de transportarla debe estar inscrita
ante la DIAN y además debe haber constituido garantía para garantizar el
cumplimiento del régimen […]”.
59. Adujo que: “[…] el artículo 4° del Decreto 1105 de 1992 establece que "La
empresa transportadora responderá por la presentación en debida forma de la
información contenida en el Manifiesto de Carga y demás documentos anexos
suministrados a la Dirección General de Aduanas. El artículo 13 del Decreto 1909
de 1992 señala que "Para efectos aduaneros, la mercancía descargada en puerto
o aeropuerto o transportada por vía terrestre quedará bajo responsabilidad del
transportador, hasta su entrega a los depósitos habilitados o al declarante, según
el caso". El artículo 119 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 2402
de 1991, establece que "el declarante será responsable de la presentación o
entrega de las mercancías en la Aduana de Paso o de Destino, según sea
pertinente." El numeral 7° de la Resolución 3333 de 1991, "por medio de la cual se
establece el procedimiento relativo al tránsito aduanero" señala lo siguiente con
relación a la finalización del régimen: "El régimen de tránsito aduanero se dará por
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finalizado en los casos previstos en el artículo 9 del Decreto 2402 de 1991,
modificatorio del artículo 119 del Decreto 2666 de 1984 […]”.
60. Afirmó que: “[…] Una vez finalizado el régimen, el funcionario asignado
entregará la tercera copia del formulario Declaración de Transito Aduanero (DTA) a
la empresa transportadora, y la segunda copia original al declarante, el original
será archivado en la aduana. La tercera copia deberá conservarla la empresa
transportadora por un lapso no inferior de cinco años y podrá ser constatada por la
aduana cuando a bien lo considere". El artículo 119 del Decreto 2666 de 1984,
modificado por el Decreto 2402 de 1991, establece respecto de la cancelación del
régimen lo siguiente: "El declarante será responsable de la presentación o entrega
de las mercancías en la Aduana de Paso o de Destino, según sea pertinente. El
régimen terminará por las siguientes causales: (...) 2. La cancelación del tránsito se
efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la Aduana de Destino;
y la devolución de la garantía procederá mediante la entrega de la Declaración de
Tránsito correspondiente en la Aduana de Partida o mediante la comunicación
oficial por telefax o radiograma del Administrador de la Aduana de Destino al de la
Aduana de Partida. (...)". Como se puede observar, el régimen termina con la
presentación de la mercancía en la aduana de destino […]”.
61. Precisó que: “[…] el numeral 6.1 de la Resolución 3333 de 1991 estableció
lo siguiente: "Trámites en la aduana de destino. 6.1. Presentación en la aduana de
la mercancía en tránsito. Las mercancías en tránsito deberán ser presentadas en la
aduana de destino dentro del plazo establecido, junto con los siguientes
documentos: -Declaración de Tránsito Aduanero (DTA), original, 2 y 3 copia. -
Documento de transporte." Así mismo la Resolución 3333 de 1991, señaló con
relación a la cancelación de la garantía que: "La aduana de ingreso o de partida
cancelará la garantía cuando se pruebe a satisfacción la terminación del régimen.
En caso contrario, se hará efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las demás
sanciones que corresponda conforme a lo establecido en las normas aduaneras.
De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1909 de
1992 "serán responsables de las obligaciones aduaneras, importador, el
propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las
obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario,
intermediario y el declarante". Es decir, el transportador no solamente es
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responsable por la entrega de la mercancía dentro del plazo señalado sino que
además dicha entrega debe realizarse acompañada de los documentos
correspondientes, esto es la Declaración de Tránsito o para el caso que nos ocupa,
la Continuación de Viaje No 00740 de mayo 15 de 1995, de acuerdo con lo
señalado en las normas precedentes […]”.
62. Argumentó que: “[…] teniendo en cuenta que SERCARGA tenía como plazo
para finalizar la Continuación de Viaje No 00740 de mayo 15 de 1995 el día 18 de
mayo de 1995 y la culminó el día 19 de mayo de 1995, fecha en la que se hizo
entrega de los documentos conforme con la norma citada con anterioridad, se
observa que sí se encuentra demostrado que incumplió el régimen de tránsito
aduanero y por lo tanto sí era procedente que la DIAN declarara el incumplimiento
e hiciera efectiva la póliza. Es decir, la Administración obró conforme con lo
establecido en las normas aduaneras aplicables al caso y en ningún momento
vulneró el derecho de defensa del actor, pues éste tuvo la oportunidad de
controvertir la decisión de la Administración en la vía gubernativa. No debe
perderse de vista que con la ejecución del tránsito aduanero no puede vulnerarse
el bien superior de la seguridad jurídica en las operaciones aduaneras, pues
existen obligaciones y requisitos formales y sustantivos en las mismas que impiden
que se pueda considerar que el régimen de transito solo se trate de la entrega de
la mercancía, sino que por el contrario conlleva el cumplimiento de un conjunto de
requisitos que proporcionan certeza en el cumplimiento de la operación […]”.
63. Concluyó que: “[…] Sobre la naturaleza de los incumplimientos decretados
en el régimen de transito aduanero el Tribunal Administrativo de Bolívar ha
expedido múltiples Sentencias que reafirman que el incumplimiento no es una
sanción y que el transportador agota la ejecución del tránsito, no solo con la
entrega física de la mercancía en las mismas condiciones en que salió de la
aduana de partida, sino con el registro en tiempo en la aduana de destino […] las
sentencias citadas niegan las solicitudes de la demanda, pues concluyen que el
transito no es un incumplimiento y porque el transportador responde por la entrega
de la mercancía y el registro de la DTA en la aduana de destino para habilitarla
como manifiesto de carga en las mismas condiciones en que salió de la aduana de
partida […]”.
Actuaciones en segunda instancia
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64. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de junio de 201518, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión núm. 004.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
65. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 9 de mayo de 2018, corrió traslado19 a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera el concepto.
66. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal
67. La parte demandada reiteró las consideraciones expuestas en la
contestación de la demanda.
68. COLSEGUROS S.A. hoy ALLIANZ S.A. reiteró los argumentos expuestos
en su escrito de intervención.
Concepto del Ministerio Público
69. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
70. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) los
problemas jurídicos; iii) marco normativo sobre el debido proceso; iv) marco
normativo de las obligaciones del transportador en el régimen de tránsito aduanero
y, v) el caso concreto.
Competencia de la Sala
18
Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.
19
Cfr. Folio 72 ibidem
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71. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo20, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30821 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.
72. Visto el artículo 328 del Código General del Proceso23, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 el Acuerdo núm. PSAA15-
10392 de 1 de octubre de 201524, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala procederá a examinar las argumentaciones
expuestas por la parte demandada en el recurso de apelación, interpuesto contra la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión núm. 004 y se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, puesto que los mismos, en el
caso de apelante único, definen el marco de la decisión que habrá de adoptarse en
la segunda instancia.
73. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.
Actos administrativos acusados
20
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión. […]”.
21
[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
22
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
23
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella […]”.
24
“[…] ARTÍCULO 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso
entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente
[…]”.
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74. Los actos administrativos acusados25 son los siguientes:
75. La Resolución núm. 000173 de 18 de julio de 199526, expedida por el Jefe
de la División Operativa de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena,
en su parte considerativa y resolutiva señaló:
“[…] ANIBAL OCHOA Y CIA. en calidad de declarante presentó la continuación de
viaje número 00740 con fecha de aceptación del 15 de mayo de 1995 y con plazo
máximo de realización al 18 de mayo del mismo año.
En la continuación de viaje figura como empresa transportadora SERCARGA S.A. la
Cual aportó póliza global de cumplimiento número 1115781 por valor de $
100.000.000.00 con vigencia al 5 de septiembre de 1995, expedida por la
aseguradora COLSEGUROS S.A., a favor de la Nación-Unidad Administrativa
Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de que se
autorizara la realización el transporte de mercancía sin nacionalizar entre las
distintas aduanas del país.
El Coordinador de Registro y Documentos de la Administración de Impuestos y
Aduanas de Barranquilla informó mediante oficio número 0263 de junio 12 de 1995,
la llegada de la continuación de viaje con fecha posterior a la máxima autorizada por
esta Administración.
Así la cosas, y atendiendo el mandato contenido en el numeral 8° de la resolución
3333 de 1991, que es del siguiente tenor:
"CANCELACION DE LA GARANTIA. La aduana de ingreso o de partida cancelará la
garantía, cuando se pruebe a satisfacción la terminación del régimen. En caso
contrario se hará efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las demás sanciones que
corresponda conforme a lo establecido en las normas aduaneras.
Conforme a lo anteriormente expresado, debe declararse el incumplimiento de la
continuación de viaje en referencia y ordenarse hacer efectiva la póliza.
[…]
RESUELVE
Art. 1 DECLARAR el incumplimiento de la continuación de viaie señalada en la
resolución 3333 de 1991, según número 00740 del 15 de mayo de 1995, en la que
figura como declarante ANIBAL OCHOA y como empresa transportadora
SERCARGA S.A., con Nit. 860.037.028-8.
Art. 2 HACER EFECTIVA la póliza global de cumplimiento No 1115781 expedida por
la aseguradora COLSEGUROS S.A., por el valor de $ 100.000.000.00 de acuerdo a
lo que establece la resolución 1794 de 1992 artículo 41 parágrafo 2°,
proporcionalmente en la parte incumplida a favor de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previa notificación al
garante y tomador de dicha póliza.
25
Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
26
[…] Por medio de la cual se declara un incumplimiento […]”
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Art 3 NOTIFICAR la presente resolución de conformidad con los artículos 99 y 100
del Decreto 1909 de 1992, a ANIBAL OCHOA Y CIA. , a La Matuna Edificio Banco
de Colombia Piso 4 de esta ciudad, a la compañía aseguradora COLSEGUROS S.A.
a La Matuna Edif. Banco del Estado piso y 5 de esta ciudad y a la compañía
transportadora SERCARGA S.A., a Manga a la Cra. 30 No. 28 -27 de esta ciudad,
advirtiéndoles que contra esta resolución proceden los recursos de reposición y
apelación, el de reposición ante el Jefe de la División Operativa y el de apelación
ante el inmediato superior, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Art. 4 NOTIFICADA Y EJECUTORIADA la presente providencia remitir copia a la
Subdirección Operativa, para lo de su competencia.
Art 5 De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 41 de la resolución 1794 de
1993, enviar copia a la división de Fiscalización para que asuma las funciones de su
cargo […]”.
76. La Resolución núm. 003536 de 31 de octubre de 200027, expedida por la
Jefe de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Especial
de Aduanas de Cartagena en la que se dispuso:
“[…] PARA RESOLVER SE CONSIDERA
El tránsito aduanero bajo examen, se encuentra regulado por el Decreto 2666 de
1984 con las modificaciones introducidas por el Decreto 2402 de 1991, y la
Resolución 3333 de 1991.
El artículo 112 del Decreto 2666 de 1984, modificado por el Decreto 2402 de 1991
define el tránsito aduanero así: "Es el régimen aduanero que permite el transporte de
mercancías nacionales o extranjeras de una Aduana a otra, bajo control aduanero.
Tránsito al interior es el que termina en una Aduana del País y por lo tanto
comprende el que de una Aduana de ingreso va a una Aduana del País, o bien, de
una del País a otra similar".
La Resolución 3333 de I.991 consagra en el numeral 4. CONTINUACIÓN DE
VIAJE.4.1 Presentación de documentos Cuando las mercancías vengan de otro país
al amparo de un contrato de transporte multimodal o de cualquier otro contrato de
transporte, la Aduana de Ingreso permitirá la continuación del viaje con la
presentación del documento de transporte en el que se señala la naturaleza, de la
mercancía y el lugar final de entrada.
El artículo 119 ibídem establece que la cancelación del régimen ocurre con la
presentación conforme de la mercancía a la Aduana de destino, contemplando la
Resolución 3333 de 1991 el procedimiento en la Aduana de destino, indicando en su
numeral 6 que las mercancías en tránsito deben ser presentadas a la Aduana de
destino dentro del plazo establecido.
27
“[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición y se concede la apelación […]”.
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El numeral 6 de la Resolución 3333 de 1991 señala que las mercancías en tránsito
deberán ser presentadas en la Aduana de destino dentro del plazo, junto con los
siguientes documentos:
Declaración de Tránsito Aduanero (DA) original, segunda y tercera copia Documento
de transporte.
Y agrega que el funcionario asignado al recepcionar la mercancía realizará las
siguientes actuaciones:
• Verificará la correspondencia de los datos consignados en la declaración de
tránsito aduanero (DTA) y los documentos anexos con los de la unidad de carga y/o
medio de transporte.
-.Examinará que los precintos aduaneros y las marcas de identificación estén
intactas y que no presenten huellas de alteración.
Lo anterior quiere decir que, para finalizar en debida forma el régimen de tránsito
aduanero, se debe entregar físicamente la mercancía al Depósito Aduanero y
presentar y entregar los documentos de transporte ante la Aduana de destino,
todo dentro del plazo autorizado para realizar dicha operación.
Referente a lo la falsa motivación esta no tiene ocurrencia en el acto impugnado toda
vez que existe una relación entre el hecho, el acto administrativo de incumplimiento y
las normas invocadas, no se puede desconocer que las normas invocadas y
transcritas establecen que la entrega se efectúa en la Aduana de Destino, para la
DIAN algunas circunstancias de hechos externos y eventuales que se presenten en
el contrato de transporte y el transportador, no inciden ni desplazan las
responsabilidades que tiene el transportador ante esta Entidad, toda vez que son
circunstancias previsibles y posible de evitar.
Por otra parte que en esta continuación de viaje se radica la responsabilidad en
cabeza de SERCARGAS, toda vez que mediante comunicación radicada el 15- 05-
95 del Director Oficinas Cartagena de SERCARGAS, informa a la DIAN que han
aceptado el contrato de transporte y respaldan lo anterior mencionado la Póliza No.
11157812 de la Compañía COLSEGUROS, para garantizar el cumplimiento de este
tipo de operaciones.
Así mismo dentro del correspondiente proceso se ha tenido a oportunidad de
conocer las pruebas y tanto es así que en esta oportunidad de contradicen, la
realidad procesal es que no se ha probado el cumplimiento de la obligación, toda vez
que el transportador no aportó pruebas que desvirtúen que la continuación de viaje
se cumplió entregando los documentos a la Aduana de Destino dentro del término,
configurándose la extemporaneidad en la entrega, tal como lo indica el informe de la
Coordinadora de la Aduana de Barranquilla.
En mérito de lo expuesto, el Jefe de División de Servicio al Comercio Exterior.
RESUELVE:
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Demandante: SERVICIOS A LA CARGA S.A.
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER personería para actuar a la Doctora ANA
MERCEDES ILLERA CELY , identificada con C.C. número 63.305.236 expedida en
Bucaramanga y Licencia Profesional T.S.D.J. de Barranquilla, apoderada especial de
SERCARGA S.A.
ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR sus partes la Resolución No. 00173 del 18-
07-95, mediante la cual se declaró el incumplimiento de una continuación de viaje y
se hizo efectiva en la parte proporcional una garantía global de compañía de seguro.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la apoderada judicial
y/o representante legal de SERCARGA S.A en la Carrera 30 No. 28-27 en
Cartagena, al apoderado judicial y/o representante legal de la sociedad
COLSEGUROS S.A. en la Matuna Edificio Banco del Estado Piso 5 en Cartagena,
de conformidad con el Título XIX del Decreto 2685 de 1.999.
ARTICULO CUARTO: CONCEDER el recurso de apelación interpuesto en su
oportunidad legal y para efecto enviar el expediente a la División Jurídica de ésta
Administración.
ARTICULO QUINTO: Una vez en firme la presente resolución enviar copia del acto
al Grupo de Garantía de esta División y a la División de Cobranza para los efectos
del cobro de la obligación […]”.
77. La Resolución núm. 001940 de 10 de septiembre de 2001 28, expedida por el
Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, en su parte considerativa y
resolutiva señaló:
“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Antes de entrar a analizar los cargos formulados por los peticionarios, conviene
hacer algunas precisiones en torno al régimen Aduanero cuyo incumplimiento motiva
la expedición del acto acusado:
La continuación de Viaje es el régimen aduanero que permite el transporte de
mercancías nacionales con destino a la exportación, o extranjeras de una aduana a
otra y bajo control aduanero y con suspensión de tributos.
[…] La División Operativa expide la Resolución 00173 del 18 de julio de 1995, la cual
se notificó por estado a los interesados Transportes Sercarga S.A, y a Colseguros
S.A. informando en su parte resolutiva que contra ella procedían los recursos de
reposición y apelación. La empresa transportadora y Aseguradora dentro del término
legal otorgado interpuso los recursos en la vía gubernativa que se están resolviendo
y que dan lugar al estudio de los motivos de inconformidad del recurrente en relación
con la actuación administrativa.
28
“[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 0173 del 18-07-
95 […]”
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Por lo anterior el derecho de contradicción no se ha vulnerado, ya que con ocasión
de la interposición de los recursos de ley, bien ha podido el recurrente aportar la
prueba que acreditara el cumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de
tránsito Aduanero en debida forma y/o controvertir lo afirmado por la Administración.
No existió violación del debido proceso porque lo que se hizo fue actualizar las
consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de la obligación de
finalizar el régimen en debida forma.
Es menester precisar que la naturaleza de las obligaciones surgidas del
incumplimiento de los tránsitos aduaneros, que deben estar previamente autorizados
por la administración y amparados por pólizas, son de naturaleza diversa de las
consecuencias surgidas por la introducción de mercancía al territorio aduanero, sin
presentarla y/o declararla. En la primera de estas obligaciones -decimos las surgidas
del incumplimiento de régimen de tránsito la expedición del acto administrativo que
declara incumplimiento no requiere de la formulación de Pliego de Cargos por parte
de la División de Fiscalización Aduanera, antes Control Aduanero, pues la aplicación
de los artículos 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo proceden cuando
falte procedimiento expreso y como se anotó las normas sobre esta materia no tiene
previsto ningún tipo de procedimiento previo a la declaratoria de incumplimiento del
régimen de tránsito y ordenan que se haga una vez se reciban las pruebas por parte
de la oficina competente. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento del
régimen de tránsito aduanero se encuentra reglamentado de manera especial por el
artículo 41 de la Resolución No 1794 de 1993, modificado por el artículo 1º de la
Resolución No 4324 de 1995, el cual se cumplió a satisfacción en el presente caso.
El Coordinador de Registro y Documentos de la Administración de Barranquilla con
oficio No ORYD 0263 del 12 de junio de 1995, informa que la Continuación de Viaje
No 740 llegó a la aduana de destino después del tiempo autorizado, radicado con el
No de Registro (02- 502225 de fecha 19 de mayo /95, razón por la cual se procedió a
declarar incumplimiento pertinente.
De manera que los cargos elevados por el actor no están llamados a prosperar por
que la motivación del acto acusado está conforme con los presupuestos de hecho y
de derecho que consagran las normas aplicables a la materia que se mencionó
anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, en
uso de sus facultades legales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 00173 del 18 de julio de 1995
expedida por la División Operativa de la Administración de Aduanas de Cartagena,
mediante la cual se decretó el incumplimiento de la continuación de viaje con número
00740 del 18 de mayo de 1995.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la Doctora ANA
MERCEDES ILLERA CELY apoderada de Transportes Sercarga S.A a la dirección
Calle 13 No 79 A 15, de la ciudad de Bogotá D.C, de acuerdo con los artículos 562 y
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siguientes del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1232 de Junio 20 de
2001, informándole que contra la misma no procede ningún recurso.
ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de la presente Resolución una vez
notificada, a la División de Cobranzas Recaudación Aduanera de esta
Administración, y Subdirección de Servicio al Comercio Exterior, para lo de su
competencia […]”.
Problemas jurídicos
78. Corresponde a la Sala, con fundamento en el contenido de la decisión del a
quo y el recurso de apelación, determinar: i) si el a quo aplicó las normas
especiales que regulan el tránsito aduanero y lo relativo a los requisitos para dar
por finalizado la continuación de viaje ii) si el transportador es responsable por la
entrega de la mercancía dentro del plazo señalado y además debe realizarse
acompañada de los documentos correspondientes (Declaración de Tránsito).
79. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o a confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudenciales del debido proceso
80. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.
81. En términos generales, el Consejo de Estado29 ha considerado que “[…] el
derecho al debido proceso se erige como una garantía a todas las personas
según la cual su intervención en una actuación administrativa o judicial está
regida por reglas previamente establecidas por el legislador, que a su vez le
permiten defenderse y solicitar las pruebas tendientes a demostrar lo que afirma,
29
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 21 de
agosto de 2014. Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201400413-01. C.P.
doctor Guillermo Vargas Ayala.
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sin que la voluntad del funcionario público pueda tener alguna injerencia [i.e] en
las distintas etapas del proceso […]”.
82. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho del
debido proceso es “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia […]”30; se trata de un
mecanismo orientado a: i) limitar el poder de las autoridades, “[…] forzando a que
sus actuaciones se sometan siempre a las formas preestablecidas por la ley […]”;
ii) contribuir “[…] a la garantía y realización de los derechos de los particulares,
que deben gozar de posibilidades adecuadas de participación en el proceso de
formación de la voluntad de la Administración […]”; y iii) a mejorar el ejercicio de
las funciones públicas y a lograr un mayor estándar de imparcial en la aplicación
del derecho, gracias al debate entidad-particular que propicia31.
83. La misma Corte, en relación con el debido proceso, consideró 32 que “[…]
[u]na de las notas más destacadas de la Constitución Política de 1991 es la
extensión de las garantías propias del debido proceso a las actuaciones
administrativas. Ello demuestra la intención constituyente de establecer un
orden normativo en el que el ejercicio de las funciones públicas se encuentra
sujeto a límites destinados a asegurar la eficacia y protección de la persona,
mediante el respeto por sus derechos fundamentales. El Estado
Constitucional de Derecho es, desde esta perspectiva, un conjunto de garantías
de esos derechos, al tiempo que las normas que determinan la estructura del
Estado y sus instituciones deben interpretarse en función de esas garantías […]”
(Destacado fuera de texto).
84. Por último, mediante sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional
señaló que “[…] en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al
debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las
30
Corte Constitucional, sentencia C-980 de 1 de diciembre de 2010. M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de
3 de julio de 2014; C.P. doctor Guillermo Vargas
32
Corte Constitucional, Sentencia C-034 de 29 de enero de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
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autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se
encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente
establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan
resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o
extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción […]” y que, en
todo caso, se han identificado algunas garantías mínimas asociadas al concepto
de debido proceso administrativo, entre ellas, el derecho a: i) que el trámite se
adelante por la autoridad competente; ii) que durante el mismo y hasta su
culminación se permita la participación de todos los interesados; iii) ser oído
durante toda la actuación; iv) que la actuación se adelante sin dilaciones
injustificadas; v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera
oportuna y de conformidad con la ley; vi) solicitar, aportar y controvertir
pruebas; vii) en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción; y, por
último, viii) impugnar las decisiones que puedan afectarle.
Marco normativo de la operación de tránsito aduanero en vigencia del
Decreto núm. 2266 de 26 de octubre de 198433
85. El legislador permite que unos determinados bienes que ingresan por un
determinado puerto o aeropuerto no sean objeto de presentación ni
nacionalización en ese sitio sino en otro que se llama aduana de destino para lo
cual la aduana de partida autoriza el tránsito aduanero, previa presentación de la
Declaración de Tránsito Aduanero D.T.A. que es el documento que
aduaneramente ampara la mercancía.
Visto el artículo Decreto núm. 2266 de 26 de octubre de 198434, define las
siguientes materias:
“[…]
Tránsito aduanero.
Para los efectos comprendidos en el presente Capítulo, se entenderá por tránsito
aduanero el régimen bajo el cual se transportan mercancías que no están en libré
circulación dentro del territorio aduanero. Este tránsito comprende tanto el
nacional como el internacional.
33
“[…]Por el cual se revisa parcialmente la legislación aduanera […]”.
34
“[…]Por el cual se revisa parcialmente la legislación aduanera […]”.
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Tránsito aduanero nacional.
Es el tránsito aduanero dentro del territorio nacional.
Tránsito aduanero internacional.
Es el tránsito aduanero en el curso del cual, en una misma operación, se cruzan
una o más fronteras; comprende el tránsito de una aduana interior a una de salida
o de una de entrada a una de salida o a una interior.
Aduanas de partida y de destino.
La primera es aquella donde empieza una operación de tránsito aduanero; la
segunda, donde termina.
[…] Precinto aduanero.
Cinta, ligadura o elemento análogo que dada su naturaleza y características
permita a la aduana controlar efectivamente la seguridad de las mercancías
contenidas dentro de una unidad de carga. Los precintos deben ser sólidas y
duraderos; de pronta identificación y colocación; fabricados de manera que sea
imposible levantarlos o soltarlos sin romperlos o efectuar manipulaciones
irregulares sin dejar señales. No pueden ser utilizados más de una vez y deben
estar marcados en forma tal que identifique plenamente a la autoridad aduanera
que los colocó.
A toda unidad de carga se le deberán colocar precintos por la aduana de partida
[…]”.
86. Visto el artículo 41 ibidem, Hay lugar a transporte multimodal cuando se
moviliza una mercancía por dos o más medios de transporte diferentes. Las
operaciones aduaneras relativas al transporte multimodal y las referentes a la
consolidación de carga deberán realizarse en les lugares habilitados para ello. El
Director General de Aduanas determinará las formalidades relativas a la
documentación de estas operaciones y los requisitos que deben cumplir los
operadores de transporte multimodal.
87. Visto el artículo 114 ibidem, sobre la declaración de tránsito, el
transportador presentará una declaración de mercancías relacionándolas, para el
tránsito aduanero. La Dirección General de Aduanas establecerá el formato y
número de ejemplares de la declaración siguiendo los modelos
internacionalmente aceptados. Cualquier documento comercial o de transporte
que complemente la declaración podrá ser aceptado como parte descriptiva de la
misma para la autorización del tránsito aduanero.
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88. Visto el artículo 115 ibidem, sobre la inexistencia de derechos, señala que
las mercancías mientras permanezcan bajo el régimen de tránsito aduanero no
causarán derechos de importación, o de exportación.
89. Asimismo, visto el artículo 3 del Decreto núm. 1909 de 1992 señala que el
transportador será responsable de las obligaciones aduaneras que se deriven por
su intervención.
90. A su turno, el artículo 118, ibidem, dispone sobre las garantías:
“[…] Articulo 118. Garantías. Para obtener la autorización de tránsito aduanero
el declarante deberá constituir garantía bancaria o de compañía de seguros ante
el administrador de la aduana y a favor de la Nación, cuya cuantía no podrá ser
inferior al monto de los derechos de importación o de exportación eventualmente
exigibles, a fin de responder por la ejecución de las obligaciones emanadas de la
operación.
Para varias operaciones de tránsito aduanero se podrán aceptar garantías
globales.
Parágrafo. El Gobierno Nacional fijará el régimen de sanción aplicable al
incumplimiento de las obligaciones derivadas del tránsito aduanero […]”.
91. Por su parte, el artículo 125, ibidem, establece que cuando el declarante
demuestre ante las autoridades aduaneras el cumplimiento de las obligaciones
emanadas del tránsito aduanero, como la entrega de mercancías, presentación
de precintos intactos y las demás inherentes a la operación, se procederá a la
cancelación de la garantía constituida. En caso contrario se hará efectiva.
92. Visto el artículo 124 ibidem, sobre la finalización del régimen de tránsito
aduanero, señala:
“[…] Artículo 124. Terminación del tránsito aduanero. La entrega de
mercancías a la aduana de destino pone fin a la operación de tránsito aduanero.
Parágrafo. La aduana de partida comunicará inmediatamente a la de destino la
iniciación del régimen y ésta a aquélla la llegada de la mercancía, también
inmediatamente […]”.
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93. Vista el numeral 2.° de la Resolución núm. 3333 de 6 de diciembre de
199135 señala que: “[…] las garantías se constituirán para garantizar la finalización
del régimen y/o para asegurar el valor de los derechos de importación y demás
impuestos comprometidos […]”.
94. Visto el numeral 7.° de la Resolución 3333 de 1991, remite al artículo 9 del
Decreto núm. 2402 de 1991, que modificó el artículo 119 del Decreto 2666 de
1984, para establecer las causales de finalización del régimen de transito
aduanero: “[…] El numeral 2° del artículo 119 del Decreto 2666 de 1984 consagra:"
El régimen terminará por las siguientes causales… La cancelación del tránsito se
efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la Aduana de Destino y
la devolución de la garantía procederá mediante la entrega de la declaración del
tránsito correspondiente en la Aduana de Partida o mediante comunicación oficial
por telefax o radiograma del Administrador de la Aduana de destino al de la
Aduana de Partida […]”.
95. Visto el numeral 4.° de la Resolución núm. 3333 de 1991, sobre la
continuación del viaje, dispone que cuando las mercancías vengan de otro país al
amparo de un contrato de transporte multimodal o de cualquier otro contrato de
transporte, la aduana de ingreso permitirá la continuación del viaje con la
presentación del documento de transporte en el que se señala la naturaleza, de la
mercancía y el lugar final de entrada.
96. Asimismo, el numeral 6.° de la Resolución núm. 3333 de 1991, dispone que
las mercancías en tránsito deben ser presentadas a la Aduana de destino dentro
del plazo establecido, junto con la Declaración de Tránsito Aduanero (DA) original,
segunda y tercera copia y el documento de transporte. El numeral 6.2 de la norma
ibidem, dispone que el funcionario asignado al recepcionar la mercancía realizará
las siguientes actuaciones:
• Verificará la correspondencia de los datos consignados en la declaración de
tránsito aduanero (DTA) y los documentos anexos con los de la unidad de carga y/o
medio de transporte.
-.Examinará que los precintos aduaneros y las marcas de identificación estén
intactas y que no presenten huellas de alteración […]”.
35
“[…] Por medio de la cual se establece el procedimiento relativo al tránsito aduanero […]”
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97. Ahora bien, visto el parágrafo del artículo 3.° de la Resolución núm. 371 de
1992, establece la siguiente obligación del transportador: "[…] Cuando la
mercancía sometida al régimen de tránsito llegue el conductor del medio de
transporte deberá entregar la declaración de tránsito, declaración que se habilitará
como manifiesto de carga […]”.
98. A su turno la Resolución No 1794 de 1993, que entró a reglamentar todo lo
relativo a las garantías con que respalden operaciones aduaneras, en su artículo
41 modificado por el artículo 1° de la Resolución 4324 de 1995, establece que la
División de Liquidación procederá a declarar el incumplimiento mediante
Resolución motivada, previa recepción de las pruebas por parte de la oficina
competente de la Administración donde ocurrieron los hechos y en la misma
providencia donde se declare el incumplimiento se ordenará la efectividad de la
garantía
99. De lo anterior se colige que la responsabilidad del transportador no se
reduce a la entrega de la mercancía al depósito aduanero, sino que se extiende
hasta la entrega de los documentos de viaje a la autoridad aduanera, todo dentro
del plazo máximo autorizado. Se impone la obligación al transportador de las
mercancías sometidas al régimen de tránsito Aduanero, de entregar la declaración
de tránsito en la aduana de partida, para que sea devuelta la garantía o en su
defecto se tendrá como prueba la información, acerca de la llegada o no de la
mercancía, que suministre la Aduana de Destino por fax o radiograma.
100. Lo anterior quiere decir que, para finalizar en debida forma el régimen de
tránsito aduanero, se debe entregar físicamente la mercancía al Depósito
Aduanero y presentar y entregar los documentos de transporte ante la Aduana
de destino, todo dentro del plazo autorizado para realizar dicha operación
101. Al configurarse el incumplimiento de esta obligación a cargo del
transportador, la consecuencia que sobreviene es la orden de hacer efectiva la
póliza con que amparaba su cumplimiento, según lo previsto la Resolución núm.
4324 de 1995, sin que fuera necesario adelantar ningún trámite administrativo
previo a tal declaratoria.
Acervo y análisis probatorio
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102. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
103. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de
la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada.
104. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandada en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.
Cuestión previa. Coadyuvancia
105. En relación con la intervención que hiciera la sociedad ALLIANZ SEGUROS
S.A., lo primero que debe aclararse es que lo hizo en su condición de tercera
interesada en las resultas del proceso como coadyuvante de la demanda, lo cual
no podría ser de otra forma en atención a lo previsto en el artículo 146 del Código
Contencioso Administrativo36, según el cual en los juicios de nulidad y
restablecimiento del derecho los terceros podrán intervenir como parte
36
“[…] Artículo 146. Intervención de Terceros. En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá
pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado
para alegar en primera o en única instancia.
En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora
se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las
resultas del proceso.
En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá
por los artículos 50 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57 del Código de Procedimiento Civil.
El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.
El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo el que
la niega, en el suspensivo y el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de
súplica. En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá
intervención de terceros […]”. (Subrayas de la Sala).
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coadyuvante o impugnadora, según el caso, siempre que se demuestre interés
directo en las resultas del proceso.
106. Visto lo anterior, la Sala encuentra que la aseguradora coadyuvó los cargos
presentados en la demanda y adicionalmente expuso en sus intervenciones varios
cargos de nulidad de los actos que se censuran, a saber: (i) prescripción de las
acciones que se derivan del contrato de seguro, (ii) ausencia de título ejecutivo que
impedía hacer efectiva la póliza,(iii) falta de competencia del funcionario que
resolvió el recurso de reposición en sede administrativa, (iv) falta de motivación,
por cuanto de una parte no precisa la fecha de finalización de la Continuación de
Viaje.
107. Siendo ello así, la Sala advierte que, en relación con los cargos restantes,
tales reproches tienen una relación directa con las pretensiones de la parte
demandante en la medida en que se orienta a cuestionar las actuaciones
desplegadas en el régimen de tránsito aduanero para sugerir que se llevó a cabo
en debida forma y que por ello había lugar a declarar la nulidad de las decisiones
impugnadas.
108. No obstante lo anterior, en relación a los cuatro cargos señalados lo que se
observa es que se trata de controvertir aspectos relacionados con la efectividad de
la póliza de seguro suscrita entre la empresa SERCARGA S.A. y la aseguradora,
aspectos estos que escapan del examen de legalidad del régimen de tránsito
aduanero que propuso la actora en el proceso de la referencia.
109. En ese orden, es claro que respecto de esos cargos que propone el tercero
en el escrito de intervención no se cumple con lo dispuesto en el artículo 146 del
Código Contencioso Administrativo37, por cuanto está excediendo el límite de las
37
“Artículo 146. Intervención de terceros. En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir
que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para
alegar en primera o en única instancia. En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir
como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso
anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso. En los procesos contractuales y de reparación
directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57
del Código de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros
eventualmente responsables. El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable
en el efecto devolutivo el que la niega, en el suspensivo y el que la resuelva en única instancia será susceptible
del recurso ordinario de súplica. En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección
popular no se admitirá intervención de terceros.” (Subrayas de la Sala).
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pretensiones de la demanda principal y en esa medida no es procedente realizar
estudio alguno.
110. Así lo ha entendido esta Corporación, en varias oportunidades, al definir el
alcance de la figura de la coadyuvancia en el régimen previsto en el Código
Contencioso Administrativo, cuando se esté resolviendo una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho:
“[…] Finalmente y con respecto a lo expuesto en el escrito presentado por el
ciudadano CARLOS ALBERTO CASTILLA, es preciso tener en cuenta que el instituto
procesal de la coadyuvancia es definido como una intervención adhesiva orientada
ayudar o apoyar la postura asumida por una de las partes. En el contencioso de
anulación, por tratarse de una acción de interés público, esa intervención si bien no
tiene el carácter de accesoria no otorga al coadyuvante el derecho a formular
pretensiones distintas a las planteadas en la demanda inicial. El tratadista Carlos
Betancur Jaramillo así lo expresa: "... dada la índole del contencioso de nulidad y el
hecho de que la demanda sea la única pieza del proceso que concreta su objeto, el
coadyuvante está limitado a defender o atacar el petitum allí formulado, sin poder
involucrar otra peticiones diferentes a las que conforman la litis". (Derecho Procesal
Administrativo" p. 353. Ver igualmente la sentencia del 25 de octubre de 1993 dictada
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Consejero ponente: Yesid Rojas Serrano, Radicación número: 2192). En ese orden
de ideas, no resulta procedente realizar pronunciamiento alguno frente a la violación
de lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley 489 de 1998 y 43 del C. C. A., teniendo
en cuenta que este punto no fue propuesto por la parte actora en su demanda y
además, la controversia planteada se circunscribe al análisis de la legalidad del acto
acusado y no a los aspectos relacionados con su eficacia […]”38.
111. Lo anterior, fue reafirmado en las siguientes sentencias39:
“[…] En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho la demanda contiene
el marco de la litis, el cual condiciona, no sólo la actividad de la parte demandada
sino también la del juez.
Si se permitiera la formulación de pretensiones y cargos nuevos por parte de los
coadyuvantes de la parte demandante con posterioridad a la formulación de la
demanda y su corrección se violaría el derecho de defensa de la parte
demandada porque para defenderse frente a ellos no cuenta con una oportunidad
procesal semejante a de la fijación en lista del libelo inicial o el de su corrección.
Se violaría, igualmente el principio de la imparcialidad que obliga al juez a
garantizar la igualdad entre las partes y el principio de congruencia de la
38
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de
noviembre de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación
11001032400020040021100 […]”.
39
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de febrero
de 2018; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 13001233100020020000301 […]”.
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sentencia que impone decidir en el marco de litis determinada por las pretensiones
de la demanda[…]”40 (Negrillas del original).
112. Además, en sentencia de 7 de julio de 2011, esta Sección de la Corporación
precisó el alcance de la citada figura manifestando lo siguiente:
“[…]Así las cosas, para la Sala es claro que cuando una tercera persona
coadyuva los argumentos expuestos en la demanda, como sucede en el sub
judice, es necesario que jurídicamente exista coincidencia con la causa petendi
propuesta por el actor, ya que de lo contrario, se estaría vulnerando el principio
constitucional del debido proceso y, por ende, el derecho de defensa, máxime
si se tiene en cuenta que la referida “coadyuvancia”, en su contexto, está
integrada por elementos fácticos y jurídicos nuevos, que indudablemente
afectan a la parte demandada, al no poder ser controvertidas por esta, dado
que fue presentada en la oportunidad procesal correspondiente a los alegatos
de conclusión[…].”41
113. Suponer que un tercero como la aseguradora pudiera ventilar cargos de
nulidad distintos a los expuestos por la demandante sería tanto como aceptar que
se produjera una reforma implícita a la demanda aun cuando el término para ello
hubiese fenecido o permitir el examen de legalidad de un acto administrativo fuera
del término de presentación oportuna de cuatro (4) meses que la ley concede para
impetrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a defender
una situación jurídica concreta que difiere de aquélla que se está controvirtiendo en
la demanda principal.
114. Bajo tales premisas, la Sala pasará a hacer el estudio correspondiente a los
reparos que la parte demandada DIAN expuso en el recurso de alzada contra la
sentencia del a quo.
Análisis del caso concreto
115. La Sala, por razones de metodología, analizará los argumentos del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, como se indica a continuación:
i) responsabilidad del transportador en el régimen de tránsito aduanero y la
indebida interpretación de las normas aduaneras.
De la responsabilidad del transportador en el régimen de transito aduanero
40
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de agosto
de 2010; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 88001233100020000004502 […]”.
41
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de julio de
2011; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; número único de radicación 11001032400020060019700 […]”.
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45
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116. La parte demandada señaló en el recurso de apelación que el artículo 987
del Código de Comercio que define el transporte multimodal y la Decisión 331 del
Acuerdo de Cartagena se observa que los mismos señalan cuales son las
responsabilidades que se le deben atribuir al operador de transporte multimodal en
caso de pérdida o daño de les mercancías, pero en ningún momento citan cual es
la responsabilidad de los mismos desde el punto de vista aduanero, en caso de
incumplimiento en la entrega de las mercancías en la aduana de destino o por la
inobservancia de alguno de los requisitos propios del régimen, señalados en
normas especiales, como si los son las aduaneras.
117. Adujo que el régimen de transito aduanero termina con la presentación de
la mercancía en la aduana de destino y que el transportador no solamente es
responsable por la entrega de la mercancía dentro del plazo señalado sino que
además dicha entrega debe realizarse acompañada de los documentos
correspondientes, es decir, la Declaración de Tránsito o para el caso que nos
ocupa, la Continuación de Viaje No 00740 de mayo 15 de 1995.
118. Manifestó que SERCARGA tenía como plazo para finalizar la Continuación
de Viaje No 00740 de mayo 15 de 1995 el día 18 de mayo de 1995 y la culminó el
día 19 de mayo de 1995, fecha en la que se hizo entrega de los documentos
conforme con la norma citada con anterioridad, se observa que sí se encuentra
demostrado que incumplió el régimen de tránsito aduanero y por lo tanto sí era
procedente que la DIAN declarara el incumplimiento e hiciera efectiva la póliza.
119. Visto el artículo 2º del Decreto 2402 de 1991, vigente al momento de los
hechos que dieron lugar a la presente demanda, por Régimen de Tránsito
Aduanero se entiende aquél que permite el transporte terrestre de mercancías
nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a
otra, dentro del territorio nacional.
120. Las operaciones de tránsito aduanero, por regla general, se llevan a cabo
únicamente en los vehículos de empresas inscritas y autorizadas previamente por
la DIAN42. De manera excepcional, la Aduana está facultada para autorizar el
42
Anexo 2 de la Resolución 3333 del 6 de diciembre de 1991, expedida por la DIAN.
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tránsito en vehículos pertenecientes a los declarantes, para lo cual se requiere la
constitución de una garantía específica43.
121. La autoridad aduanera es la encargada de determinar la duración de la
modalidad de tránsito de acuerdo con la distancia que separe la aduana de partida
de la de destino44. Dicho término se cuenta a partir de la fecha de autorización del
Régimen y se consigna en la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA). Para la
ejecución de la operación de tránsito aduanero, los medios de transporte deben
utilizar las rutas más directas entre la aduana de partida y la de destino, de
conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Decreto núm. 2666 de 1984, de
la manera en que fue modificado por el artículo 8 del Decreto núm. 2402 de 1991.
122. Visto el artículo 9 del Decreto núm. 2402 de 1991 establece las causales por
las cuales se termina el Régimen de Tránsito Aduanero y prevé que La cancelación
del tránsito se efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la
Aduana de Destino; y la devolución de la garantía procederá mediante la entrega
de la Declaración de Tránsito correspondiente en la Aduana de Partida o mediante
la comunicación oficial por telefax o radiograma del Administrador de la Aduana de
Destino al de la Aduana de Partida.
123. Visto el artículo 3 del Decreto núm. 1909 de 1992, señala al transportador
como responsable de las obligaciones que se deriven de su intervención en las
operaciones aduaneras. En concordancia con lo anterior, los numerales 6.1 y 6.2
de la Resolución núm. 3333 de 1991, expedida por la DIAN45, señala el trámite que
debe seguirse cuando las mercancías llegan a la Aduana de Destino y para el
efecto establece que las mercancías en tránsito deberán ser presentadas en la
Aduana de Destino dentro del plazo establecido, junto con la - Declaración de
Tránsito Aduanero (DTA), original, 2ª y 3ª copia y el documento de transporte.
124. En la Resolución núm. 3333 de 1991 se establece que para la recepción de
la mercancía i) el funcionario asignado Verificará la correspondencia de los datos
consignados en la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA) y los documentos
anexos con los de la unidad de carga y/o medio de transporte; ii) Examinará que
los precintos aduaneros y las marcas de identificación estén intactos y que no
43
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo
de 2002; C.P. Olga Inés Navarrete Barrero; número único de radicación 76001232400019970403701 […]”.
44
Ibídem.
45
“[…] Por medio de la cual se establece el procedimiento relativo al Tránsito Aduanero […]”.
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presenten huella de alteración; iii) Dispondrá el almacenamiento de las mercancías
de conformidad con lo previsto en los Capítulos VI, VII y VIII del Decreto 2666 de
1984 y demás normas vigentes sobre la materia y iv) Avisará al Administrador o
Jefe Regional de la Aduana de Partida sobre la llegada de las mercancías, vía fax,
télex o por radiograma.
125. Visto el artículo 3 de la Resolución núm. 371 de 1992 expedida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordena al conductor entregar la
declaración de tránsito cuando la mercancía llegue a la aduana de destino,
documento que se habilitará como manifiesto de carga.
126. De la lectura de las anotadas disposiciones, la Sala concluye que las
empresas transportadoras, responderán ante la autoridad aduanera por la
finalización del régimen dentro de los plazos autorizados, y por la correcta
ejecución de la operación de Tránsito Aduanero.
127. Así las cosas, la finalización del Régimen de Tránsito Aduanero acontece
cuando el Transportador hace entrega de la “mercancía conforme” en la Aduana de
Destino; es decir, cuando deposita la mercancía y presenta la documentación
respectiva46.
128. La Sala en múltiples oportunidades a definido una regla clara, uniforme y
pacífica en el sentido de entender que la obligación del transportador no se limita
exclusivamente a la entrega de las mercancías sino que además, para el
perfeccionamiento del régimen, se requiere que la Declaración de Tránsito
Aduanero (DTA) se registre en la aduana de destino. En sentencia del 1.º de
noviembre de 1991, dictada en el expediente número 76001-23-25-000-1997-
04904-01, ésta Sección manifestó lo siguiente:
“[…] La solución de la controversia implica, entonces, establecer el alcance o
contenido de la obligación que adquirió la actora en su calidad de transportadora de
la mercancía sujeta al mencionado régimen. Para ello habrán de atenderse las
disposiciones aplicadas en el acto demandado, cuales son los artículos 9 del
Decreto 2402 de 1991, que señala las causales por las cuales se termina el
Régimen de Tránsito Aduanero; 3 del Decreto 1909 de 1992, que señala al
transportador como responsable de las obligaciones que se deriven de su
intervención en las operaciones aduaneras.
46
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de febrero
de 2018; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 13001233100020020000301 […]”.
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Igualmente, los numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución núm. 3333 de 6 de diciembre
de 1991, por medio de la cual se establece el procedimiento relativo al Tránsito
Aduanero, cuyo tenor, en lo pertinente, es el siguiente:
(…) También los artículos 9, numeral 2, del Decreto núm. 2402 de 1991, según el
cual “la cancelación del tránsito se efectuará con la presentación conforme de la
mercancía en la Aduana de destino ...”; 25 de la Resolución núm. 1794 de 1993,
que señala como objeto de las garantías otorgadas en régimen de tránsito
aduanero el de “amparar la obligación de finalizar el régimen de tránsito dentro del
plazo autorizado y/o el pago de los tributos aduaneros que se deriven del
incumplimiento”; 3, parágrafo, de la Resolución núm. 371 de 1992, que dispone que
el conductor deberá entregar la declaración de tránsito cuando la mercancía llegue
a la aduana de destino, que se habilitará como manifiesto de carga; y 8 de la misma
resolución, a cuyo tenor, el funcionario que reciba los documentos de viaje
estampará y diligenciará el sello correspondiente en los ejemplares del manifiesto
de carga.
Además, en la Resolución núm. 000212 de 16 de febrero de 1998, mediante la cual
fue decidido el recurso de reposición, se hace constar que en el contrato de
seguros correspondiente a la póliza que se ordena hacer efectiva aparece como
obligación garantizada la finalización del tránsito aduanero dentro del término
autorizado y/o pago de los tributos aduaneros en los términos del artículo 25 de la
Resolución 1794 de 1993.
De lo anterior se deduce que:
Primero, la entrega de la documentación que respalda la mercancía, consistente en
el manifiesto de carga de la misma y de la D.T.A., principalmente, forma parte de
los requisitos que la ley exige para que se perfeccione el cumplimiento del tránsito
aduanero, esto es, para que se dé como finalizado dicho régimen, y
Segundo, la obligación del transportador, en este caso de la actora en cuanto
transportadora de la mercancía en tránsito aduanero, era la de finalizar el régimen
mediante la entrega de la “mercancía conforme”, esto es, con la presentación de la
documentación respectiva - D.T.A. y manifiesto de carga - , en la aduana de destino
dentro del término fijado para el régimen correspondiente, que en su caso era hasta
el 5 de septiembre de 1996. […]” (Subrayas de la Sala).
129. Tal conclusión fue reiterada en sentencia de 4 de octubre de 1997 dictada
en el proceso número 13001-23-31-000-1995-10520-01, en providencia de 14 de
marzo de 2002 proferido en el proceso número 76001 23 24 000 1997 04037 01
(6228), en fallo el 24 de abril de 2008 expedida en el radicado número 47001-23-
31-000-1999-00034-01, en sentencia el 15 de abril de 2010 proferido en el proceso
número 76001-23-25-000-1998-01438-01 y en sentencia de 22 de febrero de 2018,
en el proceso con número único de radicación 13001-23-31-000-2002-00003-01.
Incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero
130. El incumplimiento del Régimen de Tránsito Aduanero da lugar a hacer
efectiva la póliza global que constituye la empresa de transporte para garantizar la
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debida finalización, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto núm.
2402 de 1991, que señala: “[…] En caso de incumplimiento del régimen además de
hacer efectiva la garantía, las propias mercancías en tránsito responderán por los
derechos de importación y demás gravámenes que pudieren afectarles en su
despacho para consumo. […]”
131. Vista la Sección Segunda de la Resolución núm. 1793 de 1994 expedida por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece las garantías del Régimen
de Tránsito e indica el objeto de tales pólizas, es amparar la obligación de finalizar
el régimen de tránsito dentro del plazo autorizado y/o el pago de los tributos
aduaneros que se deriven del incumplimiento.
132. De la estructura normativa expuesta se concluye que la efectividad de la
póliza que el transportador debe constituir para garantizar el cumplimiento del
Régimen de Tránsito Aduanero acontece cuando el transportador no hace entrega
de la “mercancía conforme”, lo cual, se reitera, comprende el depósito físico de las
mismas y la presentación de la Declaración de Tránsito Aduanero en la aduana de
destino, y que para emitir esa decisión no es necesaria la formulación de pliego de
cargos.
133. Así, no acierta el demandante al afirmar que la obligación de presentar la
Declaración de Tránsito Aduanero recae en el declarante y no en el transportador,
dada la claridad de las normas que regulan la materia y la decantada
jurisprudencia que se ha expedido sobre el punto, toda vez que la consecuencia
del incumplimiento está prevista en la norma con la efectivización de la póliza que
se constituye para amparar tal actividad, razón que lleva forzadamente a abordar el
asunto bajo examen a la luz del discernimiento esbozado en líneas precedentes.
134. Ahora bien, en sentencia de 14 de marzo de 2002, proferida en el
expediente número 76001-23-24-000-1997-04037-01 esta Sección de la
Corporación delimitó el alcance de las obligaciones del declarante y el
transportador:
“[…] El declarante se hará responsable ante la Aduana por la veracidad de la
información consignada en la Declaración de Tránsito Aduanero y por el pago de
los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al Régimen de
Tránsito que no llegue a la Aduana de destino.
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En el caso de las empresas transportadoras, éstas responderán ante la autoridad
aduanera por la finalización del Régimen dentro de los plazos autorizados, y por la
correcta ejecución de la operación de Tránsito Aduanero.
Toda operación de Tránsito Aduanero deberá estar amparada con las garantías
correspondientes. La garantía por la finalización de la modalidad, a cargo del
transportador, se constituirá para respaldar las obligaciones de finalización del
régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación
de Tránsito Aduanero […]”.
135. Al respecto, en sentencia de 15 de abril de 2010 proferido en el proceso
número 76001-23-25-000-1998-01438-01, la Sección Primera abordó un problema
jurídico idéntico al que propuso la parte demandante en primera instancia, frente a
lo cual se adujo lo siguiente:
“[…] La actora sostiene que cumplió su obligación de transportar la mercancía
desde la aduana de partida hasta la de destino, dentro del plazo autorizado, y que
según el 9º del Decreto 2402 de 1991 el responsable de presentar a la aduana de
destino la documentación de la mercancía amparada con la DTA es el declarante y
no el transportador, como afirma la DIAN en el acto acusado.
Corresponde a la Sala decidir si el transportador finaliza el régimen de tránsito
aduanero con la sola entrega física de la mercancía a la aduana de destino, o si se
necesita, además, la presentación, entrega y registro de los documentos de viaje
dentro del plazo señalado
El artículo 3º del Decreto 1909 de 1992 claramente señala que el transportador es
responsable de las obligaciones que se deriven de su intervención, es decir,
que surjan con ocasión de la actividad de transporte que desarrolla. En efecto, el
citado artículo prevé:
«Responsables de la obligación aduanera.- De conformidad con las normas
correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el
importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán
responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el
transportador, depositario, intermediario y el declarante. »
Por su parte, el artículo 4º ibídem dispone que la obligación aduanera es personal,
sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía,
mediante abandono, aprehensión o decomiso, con preferencia a cualquier otra
garantía u obligación que recaiga sobre ella e independientemente de quién sea su
propietario o tenedor.
La Sala en sentencia de 1 de noviembre de 2001 47,se pronunció sobre la cuestión y
definió que el transportador está obligado a finalizar el régimen de tránsito
aduanero con la entrega de la mercancía «conforme», esto es, con la
presentación del DTA y el manifiesto de carga en la aduana de destino, dentro del
término fijado para el régimen correspondiente.
En esa ocasión de dijo: (…)Observa la Sala la Declaración de Tránsito Aduanero
004967 de 3 de noviembre de 1995 (fl. 78 anexos), con la que se autorizó el
47
Sentencia de 1 de noviembre de 2001, Expediente 1997-4904, Actora: TRÁFICOS Y FLETES S.A.,
M.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola.
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transporte de la mercancía relacionada en el manifiesto de carga 355001002 de 30
de octubre de 1995 desde Buenaventura hasta Cali y fijó como plazo máximo para
su realización el 10 de noviembre de 1995.
Asimismo obra en el expediente, la comunicación de 4 de diciembre de 1995 (fl. 76
anexos) con la que la Jefe de la División Operativa de la DIAN –Administración Cali
informa al Jefe de la División Operativa de la DIAN –Administración Buenaventura,
lo siguiente:
«Dando cumplimiento de la resolución 3333 de Diciembre 06 de 1991 y al
Memorando 00038 de Enero 7 de 1995, adjunto envío informe de la referencia el
cual contiene 25 folios que describen la información correspondiente a los DTA que
cumplieron el Régimen. […]
Además informamos que el DTA No. 4967 llegó fuera del plazo máximo
autorizado, por lo tanto no cumplió el régimen.» (negrilla fuera de texto)
Además, se observa en el aviso de llegada de las Declaraciones de Tránsito
Aduanero (fl. 76 anexos) impreso por la División Operativa de la DIAN –
Administración Cali, que la fecha de llegada de la DTA 4967 fue el 29 de noviembre
de 1995.
Fuerza es, entonces concluir que la actora incumplió el régimen de tránsito
aduanero, pues no entregó la DTA en la Aduana de destino dentro del plazo
autorizado (10 de noviembre de 1995).
Correspondía a la actora demostrar que en realidad no existió el hecho que dio
lugar a la declaración de incumplimiento del tránsito aduanero, pues según el
artículo 177 del CPC., aplicable por reenvío del artículo 168 del CCA, incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen.
Dado que la actora no demostró haber entregado en la Aduana de destino la DTA y
el manifiesto de carga dentro del plazo establecido, esto es el 10 de noviembre de
1995, no puede predicarse en principio violación de las normas invocadas en la
demanda […]” (Subrayas de la Sala).
136. Esta Sección de la Corporación en sentencia de 4 de abril de 2007 se
definió también el alcance de la garantía que debía prestarse para asegurar la
finalización del régimen de tránsito aduanero48:
“[…] En el debate procesal se da por sentado que la D.T.A. fue entregada en la
aduana de destino el 15 siguiente de ese mes, es decir, después de vencido el
término señalado para la finalización del régimen de tránsito aduanero, hecho que
además no discute la demandante, de allí que deba concluirse que la actora no
finalizó el régimen de tránsito aduanero, tal como se había obligado, puesto que no
cumplió con la correspondiente obligación que adquirió cuando aceptó la D.T.A.;
luego incurrió en el incumplimiento que en el acto acusado se le atribuye, lo cual
viene a constituir el siniestro amparado por el contrato de seguros. En estas
circunstancias la Sala considera que la ocurrencia del siniestro está claramente
48
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre
de 2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 13001-23-31-000-1995-10520-01
[…]”.
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demostrada, como lo reclama la aseguradora; y como la póliza estaba vigente, era
legítimo que la Administración ordenara hacerla efectiva en la proporción
correspondiente al DTA.
En cuanto a ese tópico del monto de la garantía que se ordenó hacer efectiva, cabe
decir que por ser global, era menester hacerlo en proporción de la parte incumplida,
tal como se prevé en la resolución 00091 de 26 de julio 1994; de modo que la
aseguradora sólo deberá responder por la proporción que corresponda.
Con lo anterior queda despejada la inconformidad expresada por dicha empresa a
título de excepciones
Se reitera que al tenor del artículo 25 de la Resolución núm. 1794 de 13 de octubre
de 1993 señala que el objeto de tales garantías es amparar la obligación de finalizar
el régimen de tránsito dentro del plazo autorizado y/o el pago de los tributos
aduaneros que se deriven del incumplimiento.
De otra parte, en sede administrativa ni en sede jurisdiccional se aportó prueba
alguna sobre hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que le impidieran
cumplir con el aludido plazo, sino que la actora se limitó a aducir que entregó la
mercancía a la aduana de destino, la Zona Aduanera ALMADELCO de Santa fe de
Bogotá, dentro del término, lo cual es cierto pero no fue suficiente para considerar
con ello finalizado el régimen, pues la mercancía no fue presentada con su DTA, esto
es, de manera conforme o en debida forma […]”.
137. Delimitado el alcance de la obligación de finalización del Régimen de
Tránsito Aduanero desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, en lo que
hace a los deberes del transportador, es preciso verificar si en el asunto bajo
examen se dio o no cumplimiento a tales obligaciones.
138. En el asunto sub lite, el examen de las pruebas documentales obrantes en
el expediente, es demostrativo de los siguientes hechos:
139. El 15 de mayo de 1995, la empresa Anibal Ocho & Cía. Ltda. solicitó a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, División Operativa de Cartagena
la autorización de continuación de viaje para la mercancía consistente en Telas
Cortadas con un peso de 2.948 kilos con aduana de destino a la zona franca
industrial de Barranquilla49. En la continuación de viaje núm. 00740, obra como
declarante Aníbal Ochoa, su validez es hasta el 18 de mayo de 1995, la aduana
de ingreso es Cartagena, la empresa transportadora es Sercarga S.A., la aduana
de destino es Barraquilla y su procedencia es de la ciudad de Miami 50.
49
Folio 3 del cuaderno de antecedentes administrativos.
50
Folios 6 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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53
Número único de radicación: 13001233100020029901201
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140. El 15 de mayo de 1995, la parte demandante informó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas de Cartagena que aceptó el contrato de transporte de los
siguientes contenedores en la modalidad de continuación de viaje: No. Contendor
SEAU-222711-0, Sello núm. 858127 con destino Barranquilla Zona Franca51.
141. La empresa Sercarga S.A. (afianzado) constituyó póliza de seguro núm.
111157812 con la empresa Aseguradora Colseguros S.A. por un valor de
$100.000.000 para garantizar el cumplimiento de “[…] las disposiciones legales
vigentes referentes al transporte de mercancías sin nacionalizar de conformidad
con los Decretos núm. 2666 de 1984, 2401 de 1991, Resolución núm. 3333 de 6
de diciembre de 1991, Resolución núm. 1794 de 13 de octubre de 1993 y la
Resolución núm. 0063 de 6 de enero de 1994. La vigencia del seguro iba del 05-
06-94 al 05-09-95[…]”52.
142. Mediante oficio núm. 0263 de 12 de junio de 1995, el Coordinador de
Registro y Documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(División Operativa Barranquilla) certificó a su par en la ciudad de Cartagena que
la continuación de viaje núm. 740 autorizada llegó a la aduana de Destino
después del tiempo autorizado, radicado con el registro núm. 02-502225 de 19 de
mayo de 1995. La fecha de vencimiento fue el 18-05-95 y la fecha de llegada el
19-05-9553.
143. En el recurso de reposición y apelación presentado en vía gubernativa la
parte demandante no allegó ni solicitó pruebas documentales relacionadas con la
operación de tránsito54 y solo adjuntó unas versiones de trabajadores de la
empresa. En las declaraciones del embarcador de la parte demandante en
Barranquilla y la Directora de SER CARGA S.A. en esa ciudad queda claro que: i)
la mercancía no fue recibida por la aduana de destino oportunamente, dado que
no se había realizado la documentación para el efecto y, ii) que la directora de
SERCARGA S.A. cuando fue requerida por la DIAN no pudo entregar el
documento donde constara el recibo de la carga en la aduana de destino 55, dado
que no la tiene en su poder y no la pudo obtener. En dichos documentos se
51
Folio 5 del cuaderno de antecedentes administrativos.
52
Folio 4 del cuaderno de antecedentes administrativos.
53
Cfr. Folio 235 del cuaderno núm. 2 del expediente.
54
Folio 12 del cuaderno de antecedentes administrativos.
55
Folio 31 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Número único de radicación: 13001233100020029901201
Demandante: SERVICIOS A LA CARGA S.A.
reconoce expresamente que la mercancía no ingresó oportunamente a la aduana
de destino.
144. La situación fáctica que dio lugar a la presente controversia se enmarca en
el Régimen de Tránsito Aduanero, autorizado por la parte demandada a
SERCARGA S.A. para trasportar mercancía de Cartagena a Barranquilla, con
plazo máximo de finalización el 18 de mayo de 1995. La mercancía llegó a la
aduana de Destino después del tiempo autorizado, radicado con el registro núm.
02-502225 de 19 de mayo de 199556.
145. Revisado el expediente se advierte que la decisión de hacer efectiva la
póliza de seguro que garantizaba dicho tránsito, obedeció al incumplimiento en la
finalización del régimen, dado que la citada empresa presentó la Declaración de
Tránsito Aduanero en la aduana de destino fuera del plazo allí establecido, es
decir, el 19 de mayo de 1995 con el cumplimiento de los requerimiento legales.
146. En ese contexto, habría un claro incumplimiento de la parte demandante
al Régimen de Tránsito Aduanero y, en esa medida, no sería procedente hablar
de nulidad de las decisiones que se acusan, por cuanto a partir de la
interpretación de las normas que regulan esta actividad y de las sentencias de
esta Sección, la finalización de ese régimen tiene lugar no sólo cuando se
produce la entrega de las mercancías, sino que es inexorable la presentación de
la documentación correspondiente a las autoridades respectivas.
147. Sobre el particular, en la demanda en el capítulo de “CONCEPTO DE
VIOLACIÓN”, específicamente en numeral tercero titulado “ATIPICIDAD DE LA
CONDUCTA ATRIBUIDA A SERVICIOS A LA CARGA S.A. ANTES”SERCARGA
S.A.” COMO CAUSAL PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN
DE TRÁNSITO ADUANERO”, manifestó lo siguiente:
“[…] De tal manera que la conducta atribuida […] es la de haber registrado en fecha
posterior la continuación de viaje mencionada
[…] Recordemos quien tiene la obligación de hacer presentación de las
mercancías: Corresponde al DECLARANTE. Así lo establece claramente el artículo
9 del Decreto 2402 de 1991, por el cual se modifica el artículo 119 del Decreto 2666
de 1984:
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Cfr. Folio 235 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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(…) La norma es clara: NO es el operador de transporte […] quien tiene la
obligación de “registrar” la Declaración de Tránsito Aduanero en la aduana de
destino, es el declarante.
Las normas transcritas regulan de manera especial el tránsito aduanero, luego su
aplicación al tema debe ser preferencial frente a otros que regulan regímenes
diferentes, tales como la importación.
Tal vez existe confusión en la aplicación de las normas, ya que en el caso de la
IMPORTACIÓN si tiene la obligación el transportador terrestre de hacer el
REGISTRO de los documentos, tal como lo prevé el Decreto 1909 de 1982, en su
artículo 17, último párrafo. Pero este no es el caso aplicable: El régimen es
diferente, es tránsito aduanero, donde esta obligación está en cabeza del
declarante como ya se demostró en los párrafos anteriores.
Por lo anteriormente expuesto, vemos que no existe norma prevista que consagre
como infracción la conducta descrita, en los Decretos 2402 de 1991, y
Resoluciones 3333 de 1991, 1794 de 1993 y 1676 de 1996, por lo cual no es
procedente la aplicación de sanción alguna en cabeza de SERCARGA S.A. […]”.57
(Subrayas y resaltado originales).
148. De este modo, la Sala advierte del estudio de la demanda que la parte
demandante no solamente acepta y es consciente de la presentación
extemporánea de la Declaración de Tránsito Aduanero, sino que los cargos en
parte alguna tienden a sostener que la presentación de tal documento se produjo
en el término establecido por la parte demandada, por el contrario, están
orientados a defender una interpretación normativa según la cual es el declarante
y no la empresa transportadora el sujeto obligado a hacer el registro que aquí se
discute. En otras palabras, para la accionante es un hecho cierto que la
presentación de la Declaración de Tránsito Aduanero se efectuó fuera del término
establecido para ese fin y por ello acude a otros cargos para desvirtuar la
legalidad de las resoluciones que acusa.
149. En tal escenario, se advierte que existen pruebas que apuntan a
establecer la extemporaneidad en la presentación de la DTA en la Aduana de
destino por parte de SERCARGA S.A, lo cual implica el incumplimiento en la
obligación de finalizar el Régimen de Tránsito Aduanero, comoquiera que, no
entregó oportunamente la Declaración de tránsito Aduanero en la ciudad de
Barranquilla, lo cual lleva consigo la declaración de incumplimiento de todo el
régimen y la consiguiente decisión de hacer efectiva la póliza que amparaba ese
siniestro.
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Folios 13 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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150. De este modo, las normas especiales aduaneras señalan que de no
cumplirse con el régimen de tránsito para el cual la empresa de transporte
constituyó póliza se hará efectiva las misma sin que el artículo 987 del Código de
Comercio que define el transporte multimodal tenga la entidad para cambiar el
sentido de la decisión, dado que no regula los presupuestos fácticos y jurídicos
específicos que han sido analizados en este sentencia. De igual forma, la Decisión
331 del Acuerdo de Cartagena58 señala cuales son las responsabilidades que se le
deben atribuir al operador de transporte multimodal en caso de pérdida o daño de
les mercancías, pero en ningún momento establecen cual es la responsabilidad de
los mismos desde el punto de vista aduanero por el cumplimiento de sus
obligaciones, de modo que no aplica para este caso específico.
151. Por las razones expuestas, le asiste razón a la parte demandada cuando
adujo que el régimen de transito aduanero termina con la presentación de la
mercancía en la aduana de destino y que el transportador no solamente es
responsable por la entrega de la mercancía dentro del plazo señalado sino que
además dicha entrega debe realizarse acompañada de los documentos
correspondientes y que como la Continuación de Viaje No 00740 la culminó el día
19 de mayo de 1995, fecha en la que se hizo entrega de los documentos conforme
con la norma citada con anterioridad, se observa que sí se encuentra demostrado
que incumplió el régimen de tránsito aduanero y por lo tanto sí era procedente que
la DIAN declarara el incumplimiento e hiciera efectiva la póliza.
Garantía de la doble instancia respecto de los demás cargos de nulidad que
no fueron objeto de análisis en la sentencia de primera instancia
152. La Sala considera que, de manera especial en el presente caso, se deberá
devolver el expediente al Tribunal de origen con el propósito de garantizar el
derecho fundamental de las partes al debido proceso y a la segunda instancia,
para que se pronuncie sobre los demás cargos de nulidad que no fueron objeto
análisis de la sentencia proferida, en primera instancia, en atención a que dicha
sentencia se centró exclusivamente en las obligaciones del transportador, sin
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Responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal Artículo 6.- La responsabilidad del Operador de
Transporte Multimodal por las mercancías abarca el período comprendido desde el momento en que toma las
mercancías bajo su custodia hasta el momento que las entrega.
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analizar y resolver los demás fundamentos jurídicos de la demanda59,
especialmente, porque el Tribunal Administrativo de Bolívar únicamente resolvió
dichos cargos de nulidad y se abstuvo de analizar los restantes.
153. Para ello, la Sala se hace extensivo, en lo pertinente al caso sub examine,
lo considerado por esta Sección en sentencia de 26 de abril de 201360:
“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por
los Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el
fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido
a proferir la providencia de mérito que corresponda, en aplicación del ultimo inciso
del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé:
“[…] Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta incompatible con el
texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de la
doble instancia. […]
Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta
Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de derecho
internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de
mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos los derechos consagrados
en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la administración,
máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones
puede imponer sanciones (v.gr. en los procesos penales).
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone que:
"Garantías judiciales. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior". A su vez, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que: " (...)5. Toda persona declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
59
Ver párrafos 10 a 17 de la sentencia. Hacen referencia a la aplicación de la Resolución núm. 0463 de 2005
y los presuntos derechos adquiridos por la construcción realizadas antes de una fecha en la que procedía un
supuesto saneamiento, entre otros.
60
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril
de 2013; C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2006-01004-01 […]”. En el
mismo sentido: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 12 de diciembre de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
25000232400020060011501 […]”; ii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022; C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de
radicación 25000232400020080030801 […]” y, iii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez,
número único de radicación 05001233100020120017401 […]”
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Número único de radicación: 13001233100020029901201
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Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera
genérica y en relación con todo tipo de procedimientos, determina que: "Artículo
25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales. […]
Es claro que a partir de la interpretación armónica y sistemática de la Constitución
Política y de los tratados internacionales de derechos humanos, el principio de la
doble instancia se erige en una garantía esencial para preservar el debido
proceso y, además, para mantener incólume la integridad de los derechos e
intereses de los asociados.
En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía
constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por
los órganos judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y,
específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho disciplinario.
Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia
subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía
del derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la
presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una
autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una
actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación
o resulte forzosa la consulta. […]
Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el
proceso de la referencia, no está considerado dentro de los casos que
deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la controversia en la
segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos
de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia,
privando a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer
legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso
a la Administración de Justicia […]” (Destacado de la Sala).
154. Para ello, la Sala se hace extensivo, en lo pertinente al caso sub examine,
lo considerado por esta Sección en sentencia de 26 de abril de 201361:
155. De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a devolver el expediente
al Tribunal Administrativo de Bolívar para que, teniendo en cuenta la fecha de
radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de economía,
celeridad, eficiencia y eficacia procesal, adopte la decisión de fondo respecto de
los otros cargos de nulidad de la demanda que no fueron objeto de análisis en la
sentencia proferida, en primera instancia. Esa decisión de fondo deberá
proferirse, conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta
61
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril
de 2013; C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2006-01004-01 […]”.
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(40) días siguientes a la recepción del expediente, conforme con el artículo 120
de la Ley 1564; asimismo, esta decisión deberá proferirse con la orden de
obedecimiento.
Consideraciones sobre el recurso de apelación presentado por la parte
demandada
156. Atendiendo que se revocará integralmente la sentencia de primera
instancia que declaró la nulidad de los actos acusados, la Sala considera que por
sustracción de materia, no hay lugar al reconocimiento de restablecimiento de
derecho alguno; sin perjuicio de que eventualmente el a quo, en la posterior
sentencia que deberá proferir, declare la nulidad de los actos por la eventual
prosperidad de otro cargo de nulidad, en cuyo caso, el Tribunal de primera
instancia deberá pronunciarse nuevamente sobre las pretensiones de
restablecimiento del derecho.
157. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales del recurso de
apelación, la Sala encuentra que la decisión acusada no se ajusta a la normativa
aquí analizada, luego la sentencia apelada será revocada por las razones
expuestas, como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.
Conclusión de la Sala
158. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación están llamados a prosperar, por cuanto en
el caso sub examine era procedente declarar el incumplimiento y hacer efectiva la
póliza. Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia proferida, en primera instancia.
Condena en costas
159. La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda
instancia en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la
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conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.
160. Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandante no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014 por la
Subsección Especial de Descongestión, Despacho de Descongestión núm. 2 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para los fines
señalados en el ordinal anterior y para que, teniendo en cuenta la plena
observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia
procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los otros cargos de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Esta
decisión deberá proferirse con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta
(40) días siguientes a la recepción del expediente, de conformidad al 120 de la
Ley 1564, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Demandante: SERVICIOS A LA CARGA S.A.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salvamento Parcial de Voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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