Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2007-00499-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato realidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2007-00499-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-31-000-2007-00499-02
Consejero ponente: César Palomino Cortés
8 de julio de 2021
COMPETENCIA PARA DIRIMIR RECLAMACIÓN DE RELACIÓN LABORAL PRODUCTO DE CONTRATISTA QUE DESARROLLE FUNCIONES QUE CORRRESPONDE A EMPLEADO PÚBLICO - Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
[E]l régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y, c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.
CONTRATO REALIDAD / ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL – Prestación personal del servicio, continua subordinación y retribución económica / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESUME PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO Y RETRIBUCIÓN ECONÓMICA / SUBORDINACIÓN - Carga de la prueba
[P]ara que se declare la existencia de una relación laboral, la parte demandante está en la obligación de demostrar que entre las partes (particular y entidad pública), se materialicen los tres elementos que conforman un contrato laboral, según lo estima el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber: la prestación personal del servicio, la continua subordinación y la retribución económica como contraprestación al servicio prestado. Así las cosas, cuando en la relación entre las partes existe de por medio un contrato de prestación de servicios, se presume tanto la prestación personal del servicio como la retribución económica, puesto que hay suficiente documental que acreditan tanto la prestación personal del servicio como la retribución que percibía por ejecutar la función de Bacterióloga en las instalaciones de la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, no así sucede con la subordinación la cual debe ser debidamente probada. En ese sentido, no se puede perder de vista que si bien en la justicia ordinaria opera la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para que se declare la configuración del contrato realidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, no ocurre lo mismo cuando hay de por medio la discusión de un acto administrativo, pues según lo estima el artículo 88 del CPACA, este goza de presunción de legalidad y quien pretenda la declaratoria de ilegalidad del acto enjuiciado tendrá que probarla. (…)Al realizar un análisis integral de la prueba, confrontando los testimonios con la documental aportada al proceso, se puede llegar a la conclusión que las funciones desarrolladas no eran esporádicas o temporales, por el contrario, hacen parte del giro ordinario de la entidad territorial. Advierte la Sala que en el caso particular, la entidad trató de ocultar una verdadera relación laboral, con el propósito de no reconocer los derechos y garantías laborales que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial relación, por lo que la señora Bleidys Elena Baños Gómez reunió los elementos de subordinación, dependencia, cumplir con un horario establecido, la prestación personal del servicio y una remuneración como contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está acompasado con la permanente necesidad del servicio prestado, lo que permite concluir, que en este caso se logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado. NOTA DE RELATORIA: En relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Frente a las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, ver: Corte Constitucional, sentencia C -154 de 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.1997. En relación con la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los beneficios del contrato de trabajo, vale la pena destacar las orientaciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de junio de 2004, con radicación 21554:
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2663 DE 1950 – ARTÍCULO 23 / DECRETO LEY 2663 DE 1950 – ARTÍCULO 24 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 136 / DECRETO 3074 1968
PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE DERECHOS PRESTACIONALES – Configuración / ACTO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO - Surge con ocasión del silencio de la administración / IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
[A]l verificar la solicitud presentada por la demandante el 3 de diciembre de 2002 ante la entidad, se interrumpió el término de la prescripción por un lapso de 3 años. Que, al no dar respuesta a la solicitud presentada, se configuró de esta forma, el acto ficto o presunto negativo surgido con ocasión del silencio de la administración. La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el 28 de junio de 2007 (…) en procura de obtener la nulidad del mencionado acto y el consecuente restablecimiento del derecho. Así las cosas, se advierte entonces, que entre la finalización de la relación laboral y la solicitud de reconocimiento ante la entidad, si bien no trascurrieron más de los 3 años que la norma consagra para aplicar el fenómeno de la prescripción, se observa que se acudió a la jurisdicción contenciosa para obtener la nulidad del acto ficto, transcurridos 6 años de haber terminado cualquier vínculo con la administración, y más de 4 años desde el momento en que presentó la petición, motivo por el cual, cualquier reclamo de reconocimiento de prestaciones laborales, se encuentran prescritas, tal y como así lo encontró probado el a quo. (…) La Sala aclara que si bien, la prescripción no puede reconocerse de oficio conforme a las previsiones del artículo 306 Código de Procedimiento Civil, sino debe ser alegada por el demandado como excepción; de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del C.C.A., norma aplicable en este caso, en el proceso contencioso administrativo, es deber del juez de primera o de segunda instancia, decidir sobre todas las excepciones que encuentre probadas en el proceso, aunque ellas no hayan sido propuestas por las partes, motivo por el cual, tampoco le asiste razón a lo alegado por la demandante, en el escrito de apelación. No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, motivo por el que la entidad accionada deberá tomar todos los interregnos comprendidos entre el 1 de agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, para establecer el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. NOTA DE RELATORIA: Referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009, Rad. 3074-05, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
FUENTE FORMAL: DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 41 / DECRETO 1848 DE 1969 - ARTÍCULO 102 / DECRETO 1045 DE 1978 - ARTÍCULO 10 / DECRETO LEY 2663 DE 1950 – ARTÍCULO 24
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00499-02(3564-15)
Actor: BLEIDYS ELENA BAÑOS GÓMEZ
Demandado: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MAGANGUÉ
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Contrato realidad - Prescripción
Segunda Instancia – Decreto 01 de 1984
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015) por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró de oficio el fenómeno de la prescripción de los derechos laborales alegados por la demandante y negó las pretensiones de la demanda en contra de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1.1. Pretensiones
Bleidys Elena Baños Gómez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, con el fin que se declare la nulidad del acto ficto o presunto surgido ante el silencio de la administración, a través del cual la entidad se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que presuntamente tiene derecho la demandante, por haber laborado entre el 1 de agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, como Bacterióloga al servicio de la entidad. Con fundamento en lo anterior, solicitó se declare existencia de una relación de carácter laboral, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó liquidar y pagar lo correspondiente a: prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, los porcentajes de cotización correspondientes a pensión, salud y riesgos profesionales durante el transcurso de la relación de trabajo, el pago de dominicales, festivos y horas extras.
1.2. Hechos
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 2 – 13), en síntesis, son los siguientes:
La demandante se vinculó a la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Magangué por medio de ordenes de trabajo, para desempeñarse en el cargo de Bacterióloga, entre el 1 de agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, “cuando debido al reiterado incumplimiento por parte del patrono al pago de sueldos adeudados decidió terminar con la relación de trabajo.”
Afirmó que la realidad del trabajo desarrollado por la demandante con la entidad demandada fue la de un contrato realidad de trabajo independientemente de la denominación dada en un inicio a la relación laboral, como fue la de orden de servicios o supernumerario, siendo una empleada pública de hecho o investidura irregular.
Sostuvo que la demandante desarrollo para la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, las tareas encomendadas de manera personal, bajo la continua subordinación y percibió una contraprestación, reuniendo los elementos de un contrato realidad de trabajo.
Manifestó que la entidad no pagó las prestaciones de ley a la cual tenía derecho la demandante, tales como: cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, dominicales, festivos y horas extras. Refirió que el no pago de los salarios a tiempo, dio lugar a la renuncia de la demandante por vinculación directa al contrato de trabajo.
Puso de presente, que la demandante demandó la existencia del contrato de trabajo ante la justicia ordinaria en diciembre de 2005, finalizando el mismo con sentencia el 23 de marzo de 2007.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 53, 122, 125 y numeral 14 del 189 de la Constitución Política; 2 y 83 del Decreto 1042 de 1978; 26, 28 y 30 de la Ley 10 de 1990; 15, 16, 23 y 29 del Decreto 1569 de 1998; 35 y 22 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley 244 de 1995; 10, 21, 24, 31 y 32 Decreto 1045 de 1978; Ley 6ª de 1945; 13 de la Ley 344 de 1996; 13 de la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2712 de 1999.
Alegó que la entidad demandada para efectos de atender actividades con personal de planta, contrato a la demandante con carácter de supernumeraria mediante ordenes de trabajo, cumpliendo horario de trabajo, recibiendo órdenes del jefe y recibía una retribución mensual estandarizada por su trabajo, así como desarrollaba las labores en las instalaciones de la demandada con los equipos pertenecientes a la entidad.
Refirió que la demandante se encontraba desempeñando funciones de forma material correspondiente a una empleada pública, pero sin haber recibido el trámite de rigor para ingresar de forma legal y reglamentaria a constituirse como empleada pública, siendo una funcionaria de hecho.
Afirmó que, se recurrió a la figura de la orden de trabajo en calidad de supernumeraria a fin de evadir la responsabilidad prestacional, y en donde desempeñó una actividad de carácter permanente, superando los 3 meses de trabajo.
2. Contestación de la demanda
Mediante auto del 21 de agosto de 2007 (ff. 77 – 81), se admitió la demanda y se ordenó la notificación a la entidad demandada y al agente del Ministerio Público, vencido el término de fijación en lista, la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, guardó silencio.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Bolívar a través de la sentencia del 8 de mayo de 2015 (ff. 204 – 210 reverso), declaró de oficio la configuración del fenómeno de la prescripción de los derechos laborales alegados por la demandante, y negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que la reclamación de los derechos laborales que la demandante pretendía hacer valer de su relación que inicialmente fue pactada por la administración como contractual, se hizo de manera extemporánea, y se extinguió cualquier derecho a su favor por esa causa. Para ello, se refirió a las sentencias proferidas por esta Corporación, en las cuales estableció que “(…) si finiquitó la relación que inicialmente se pactó como contractual, el interesado debe reclamar la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor a 3 años, so pena de que prescriba el derecho a reclamar la existencia de la misma y el consecuente pago de las prestaciones que de ella se derivan.”
Conforme con lo anterior, encontró probado que el 3 de marzo de 2002, la demandante solicitó el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales a la entidad demandada, por los servicios prestados en calidad de Bacterióloga entre agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, petición respecto de la cual la entidad, guardó silencio, ante lo cual, la demandante acudió a la jurisdicción mediante demanda presentada el 28 de junio de 2007, con el fin de solicitar la nulidad del acto ficto negativo.
Consideró el a quo que desde la fecha en que culminó la relación contractual y la presentación de la demanda, mediaron 6 años 5 meses y 6 días, por lo que la demandante inobservó el término de los 3 años previstos por el legislador, para solicitar ante la administración y posteriormente ante la jurisdicción el reconocimiento de la relación laboral. Resaltó que, en este caso se da la vigencia de la acción porque se está demandando un acto ficto negativo, si bien se puede enjuiciar en cualquier tiempo, los derechos reclamados se encuentran prescritos.
Concluyó que “(…) si bien la sentencia que declara probado los supuestos de una relación laboral es constitutiva de derechos, lo que quiere decir que los salarios y demás emolumentos serían exigibles a partir de la providencia que los reconozca, también es cierto que la reclamación debe realizarse dentro de los tres (3) años siguientes a la culminación de la relación contractual. En tal virtud, se considera que en el sub lite existen méritos suficientes para declarar probada de oficio la configuración de la prescripción de los derechos laborales reclamados.”
4. Fundamento del recurso de apelación
Mediante memorial visible a folios 212 a 217 del expediente, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia del 8 de mayo de 2015, solicitando se revocara la decisión de primera instancia, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
Alegó que la demanda no ha caducado por cuanto se demandó un acto ficto presunto al no darse respuesta a una petición presentada ante la entidad. Y en cuanto al derecho propiamente dicho, el cual en el momento era una mera expectativa, no se ha configurado el fenómeno de la prescripción, por cuanto debe ser declarado mediante sentencia.
Refirió que el a quo no tuvo en cuenta que la demandante acudió en tiempo ante la jurisdicción a efectos de rogar la declaratoria de un contrato realidad, en cuanto concurrió ante la administración el 3 de diciembre de 2002, y la relación laboral había terminado el 28 de febrero de 2001, por el no pago de los salarios a la demandante, solicitud que interrumpió el término de prescripción hasta el 3 de diciembre de 2005, momento en el cual la demandante presentó demanda ordinaria laboral (2 de diciembre de 2005) ante el Juzgado Laboral del Circuito de Magangué, solicitando la declaración del contrato realidad de trabajo y el pago de prestaciones sociales. Mediante providencia del 23 de marzo de 2007, se estableció que la demandante no tenía la calidad de trabajador oficial, en cuanto estaba vinculada por órdenes de prestación de servicio, para lo cual las controversias que se susciten en esta clase de contratos se rigen no por el Código del Trabajo, sino por el contencioso administrativo. Dicha decisión fue confirmada mediante sentencia del 26 de agosto de 2009.
Por lo anterior, señaló la parte recurrente que no hubo inactividad que llevara a la conclusión de que se presentó el fenómeno de la prescripción, en cuanto la equivocación en la escogencia de la jurisdicción ante la cual se acudió, no puede violar el derecho de la parte demandante a obtener el reconocimiento de las pretensiones incoadas, toda vez que, el juez de Magangué debió remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar por jurisdicción, motivo por el cual se debe revocar la sentencia apelada, y en su lugar, acceder a las pretensiones, en cuanto la demanda fue presentada en tiempo y no se encontraban prescritos los derechos laborales.
5. Alegatos de conclusión
5.1. Por la entidad demandada
El Departamento de Bolívar, mediante apoderado judicial descorrió el término de traslado para alegar de conclusión, en memorial visible a folios 227 a 229 reverso del expediente, en el cual solicitó se mantenga incólume la sentencia, y en consecuencia se nieguen las pretensiones, toda vez que el derecho a reclamar las prestaciones derivadas de un contrato realidad solo se hace exigible a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dentro del término prudencial que no exceda la prescripción de los derechos que reclama.
Consideró que la reclamación realizada por la demandante a través de la petición del 2 de diciembre de 2002 se hizo cuando había operado el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados.
5.2. Por la parte demandante
La parte demandante, a través de apoderado judicial, presentó alegatos en escrito visible a folios 231 a 232 del expediente, en el cual ratificó los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Señaló que la demandante acudió en tiempo a la jurisdicción después de haber interrumpido el término de la prescripción al presentar la petición que exigía el pago de las prestaciones a las que tenía derecho, razón por la cual los derechos laborales no se encontraban prescritos, y el a quo realizó un pronunciamiento contrario a la ley, al no haber sido alegados por la entidad demandada.
6. Concepto del Agente del Ministerio Público.
Vencido el término concedido para alegar de conclusión, mediante auto del 10 de octubre de 2016 (f. 226), el representante del Ministerio Público se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno al respecto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si en el presente caso efectivamente operó el fenómeno de la prescripción extintiva de derechos, declarada por el a quo en la sentencia objeto de censura.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la sentencia del 8 de mayo de 2015, declaró de oficio la prescripción de los derechos laborales y negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Análisis de la Sala
En el presente caso, se demanda la nulidad del acto ficto o presunto consecuencia del silencio administrativo negativo originado en la petición elevada por la señora Bleidys Elena Baños Gómez, radicada el 3 de diciembre de 2002, a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales con ocasión de su vinculación con la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, entre el 1 de agosto de 1998 y el 28 de febrero de 2001.
La parte demandante en el recurso de apelación manifestó su desacuerdo con la sentencia, argumentando que, al no existir caducidad de la acción, por ende, no existe prescripción de los derechos laborales pretendidos, motivo por el cual se deben acceder a las pretensiones de la demanda.
Para tales efectos, la Sala abordará el estudio de la caducidad de la acción y la prescripción de los derechos, de manera individual.
Esta Corporación ha establecido que la caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
Es así como el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción, en el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es de 4 meses conforme lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en este caso, y su finalidad radica en racionalizar el ejercicio del derecho de acción, para lo cual el interesado está en la obligación de emplearlo oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para su estudio.
Sin embargo, el numeral 3 del artículo 136 del C.C.A., establece que la acción sobre los actos presuntos se puede ejercer en cualquier tiempo, lo que significa que en los casos en los que se configura un acto ficto o presunto producto de un silencio de la Administración, no existe término perentorio alguno que dé cabida al fenómeno de la caducidad.
Sobre el particular esta Corporación en auto de 28 de octubre de 1999, dentro del expediente No. 1660 - 1999, con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, sostuvo:
“(…) Ahora bien, el artículo 44 de la citada Ley 446 dispuso que la acción sobre actos presuntos que resuelven un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo, es decir, los regulados por el artículo 60 del C.C.A., y aunque no mencionó expresamente la situación de los actos fictos producto del silencio de la administración respecto de la petición inicial, debe entenderse que el espíritu del legislador fue sustraer del término de caducidad todos los actos originados por el silencio de la administración, pues si el silencio de la administración frente a los recursos no está sometido a término de caducidad alguno, tampoco puede estarlo el silencio frente a la petición; si bien la Ley no dijo nada al respecto, no encuentra la Sala ninguna razón jurídica ni lógica para considerar que los actos regulados por el artículo 40 del C.C.A. quedaron por fuera de esta previsión.
Lo anterior puede afirmarse con mayor razón, si se tiene en cuenta que la nueva disposición contempla cuatro momentos a partir de los cuales debe contarse el término de caducidad: la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, y los actos presuntos, como es obvio, no pueden enmarcarse en ninguna de estas situaciones. (…)”.
De lo anterior se concluye que, así como la acción sobre actos presuntos que resuelven un recurso no se le aplica el fenómeno de la caducidad, tampoco opera con relación a los actos presuntos generados a partir de una petición, por lo que puede demandarse en cualquier tiempo un acto ficto o presunto producto de un silencio administrativo.
Conforme con lo anterior, el término de caducidad de aquellas acciones instauradas contra actos administrativos presuntos, producto del silencio de la administración frente a la petición inicial, pueden presentarse en cualquier tiempo.
Ahora bien, con relación a la prescripción, esta hace alusión directa a la pretensión, esto es, el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con las condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten, bien sea en materia adquisitiva o extintiva.
Es así como la prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial, fijado en la ley, so pena de perderlos.
Sobre el particular esta Corporación ha señalado:
“(…) La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley, es decir, que los derechos que se pretenden adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que deben ser solicitados so pena de perder dicha administración. La Corte Constitucional frente a la prescripción de derechos, en sentencia C-662 de 2004, Magistrado Ponente (…), estableció los siguientes parámetros: “La prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de adquirir el dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido en un modo de extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando con el transcurso del tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal que permita hacer exigible un derecho ante los jueces. A este segundo tipo de prescripción es al que hace referencia, la norma acusada. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que: “El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado. [...] Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular;”. De acuerdo con lo anterior se tiene que la norma establece para el ejercicio de los derechos un tiempo determinado dentro del cual se debe solicitar su ejecución, y si transcurre dicho tiempo y no se solicitó, se traduce en la pérdida de interés para ejercerlo.[…]” (subrayado y negrillas fuera de texto).
Ahora bien, una característica de la prescripción es que el juez no puede reconocerla de oficio (artículo 306 Código de Procedimiento Civil), sino que tiene que ser alegada por el demandado como excepción; sin embargo, el artículo 164 del C.C.A., aplicable a la sazón, establece que en el proceso contencioso administrativo, es deber del juez de primera o de segunda instancia, decidir sobre todas las excepciones que encuentre probadas en el proceso, aunque ellas no hayan sido propuestas por las partes, a saber:
“EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus.".
Es el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el que señala la prescripción de derechos del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, en los siguientes términos:
“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”.
La anterior norma, fue reglamentada por el artículo 102 del Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público, en la que se dispuso:
“PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”
Es decir, una vez causado un derecho, se cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo inicialmente ante la Administración y posteriormente en sede judicial; el solo hecho de reclamar ante la Administración, interrumpe el lapso de tiempo por otro periodo igual, lo que significa que inicia nuevamente a contarse los tres años.
En el caso concreto, la demandante pretenden el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales correspondientes a los años comprendidos entre el 1 de agosto de 1998 y el 28 de febrero de 2001.
Previo a decidir si en este proceso operó el fenómeno de la prescripción, conforme así lo encontró probado el a quo, la Sala advierte que conforme a las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, el estudio de la prescripción será objeto de la sentencia, previo se haya comprobado la existencia de la relación laboral, “(…) pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).”
Además, también se estableció que el juez contencioso administrativo se encuentra en la obligación de pronunciarse respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez se determine la existencia del vínculo laboral, sin que esto implique una decisión extra petita, proscrita en el ordenamiento contencioso administrativo.
Conforme con lo anterior, procede la Sala a establecer si la señora Bleidys Elena Baños Gómez le asiste el derecho a reclamar de la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, el pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como Bacterióloga, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.
Así las cosas, en el presente caso, esta Sala reitera lo expuesto en la sentencia de 16 de julio de 2009, radicación 85001233100020030047801 (1258-07) y en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación 2300123330020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, en relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral. Por ende, se retoman los aspectos desarrollados en los precedentes, en punto del marco conceptual, legal y jurisprudencial de la figura de prestación de servicios frente a las relaciones laborales de carácter legal y reglamentario.
La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función pública, lo siguiente:
“Artículo 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)...”
Por su parte, el artículo 125 ibidem, dispone:
“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.
De acuerdo con las citadas normas, el régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y, c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.
La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:
“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
En sentencia C -154 de 1997 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, concluyendo que:
“(…) el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente” (El resaltado es de la Sala).
Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:
“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.
La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C - 614 de 2009, señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral.
Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir a la contratación de prestación de servicios en los casos y para los fines señalados en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica.
El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad.” (Resaltado fuera de texto).
Ahora bien, el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena aplicación en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado.
Adicional a lo expuesto, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.
En sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003, la Sala Plena del Consejo de Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda porque se acreditó en el plenario que en la ejecución de las órdenes suscritas por la parte actora se encontraba presente el elemento “coordinación”. No obstante, esta pauta jurisprudencial no resulta aplicable en los eventos en los cuales se acuda al elemento “subordinación”, aspecto trascendente que como se anotó, requiere ser acreditado plenamente en la tarea de descubrir la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.
Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.
Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, dentro del expediente No. 5212-2003, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que:
“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.
Así es dable concluir que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley.
De otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una relación laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional.
Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:
“El fundamento según el cual el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas…”
Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a título de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”.
Sin embargo, advierte la Sala que, en sentencia de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación, unificó el criterio de interpretación sobre el título en virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, en los siguientes términos:
“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial (…)
Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo” (Subraya la Sala).
Ahora bien, con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas.
En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.
Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización.
Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la ley para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5% y al empleado 4%.
Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que es viable condenar y liquidar las prestaciones ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se encuentran a cargo de los sistemas de Seguridad Social en los siguientes términos:
“En lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en las normas especiales que rigen dicha situación y su pago está a cargo del empleador; sin embargo, tratándose de las prestaciones compartidas y aquellas que cumplen un fin social, la situación debe ser analizada con otros criterios dependiendo del sujeto activo que efectúa la cotización”.
Por lo expuesto es posible concluir que, en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar la demandante.
Ahora bien, en relación con la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los beneficios del contrato de trabajo, vale la pena destacar las orientaciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de junio de 2004, con radicación 21554:
“Es verdad que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo, frente a la cual la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sido del criterio de que quien la alegue en su favor tiene que demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por ella, mientras que al beneficiario de dicha prestación es a quien le corresponde desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la subordinación” (Subrayas de la Sala).
2.4. Caso concreto
Del material probatorio aportado al expediente, se estableció:
Obra a folio 56 del expediente, Orden de Trabajo No. 304 del 13 de agosto de 1998, dirigida por el Gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué a la demandante, en la cual la conmina a prestar los servicios profesionales como Bacterióloga, entre el 1 al 30 de agosto de 1998, con una asignación mensual de $874.288, con cargo al presupuesto de la entidad
Mediante petición radicada ante la administración el 3 de diciembre de 2002 (f. 14), la demandante le solicitó a la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Magangué, el pago de las prestaciones sociales, vacaciones y demás derechos por haber laborado en la institución entre el 1 de agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, como Bacterióloga, petición que se elevó a efectos de “agotar vía gubernativa”.
A folios 15 a 44 del expediente, obra el horario asignado a las bacteriólogas adscritas al laboratorio clínico de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, así como la relación de recargos y horas extras del personal de laboratorio, suscrito por la Jefe del Laboratorio Clínico (E), entre quienes se encuentra incluida la demandante.
La jefe del Departamento de Personal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, mediante certificación del 6 de abril de 2001, obrante a folios 45 del expediente, hizo contar que:
“(…) laboró en esta Empresa como Bacterióloga Supernumeraria desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 28 de febrero/2001, así:
Desde el mes de abril hasta octubre del año 2000 sin orden de trabajo y sin disponibilidad presupuestal y a partir del mes de noviembre del 2000 hasta febrero 28/2001 con orden de trabajo y disponibilidad presupuestal.”
De la misma forma, la Tesorera de la entidad demandada, mediante certificación visible a folio 46 del expediente, hizo constar que la demandante laboró como Bacterióloga Supernumeraria, se le adeuda la suma de $12.333.807 por deuda del año 2000.
El Gerente Liquidador de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, en respuesta al derecho de petición presentado por la demandante, fechado el 12 de febrero de 2008 (f. 67), manifestó:
“1. Revisada la planta de personal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué constatamos que la señora Bleidis Elena Baños no aparece vinculada a la empresa como empleada oficial.
En el inventario de acreencias, levantado con ocasión de la liquidación de la ese no figura ninguna que por ese concepto se adeude a la señora referida.
En cuando a la demanda por usted comentada solo conocemos lo que usted manifiesta
Es cierto que la ESE no ha sido notificada de la demanda a la que hace alusión.
Es cierto que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué se encuentra en proceso de liquidación y en la actualidad se surte el término para que como lo señala el art. 35 del Decreto 710 de diciembre 20 de 2007 en su literal a. todas las personas que se consideren con derecho a formular reclamaciones contra la entidad …se presenten indicando el motivo de su reclamación y la prueba en que se fundamenta”.
En cuanto a las peticiones a las que usted hace referencia y que hacen parte de una demanda interpuesta ante la justicia administrativa del circuito de Bolívar nos pronunciaremos en dicho proceso una vez no (sic) notifique de ella.
(…).”
Obra en el cuaderno de pruebas, copia del proceso laboral ordinario impetrado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, mediante apoderado judicial, en el cual se pretendió se declare la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, el pago de salarios y prestaciones sociales entre 1998 a 2001 (ff. 38 – 44 Cuaderno de Pruebas).
Mediante auto del 7 de diciembre de 2006 (f. 46 Cuaderno de Pruebas), se admitió la demanda y se ordenó las notificaciones de rigor. La entidad demandada contestó la demanda (ff. 50 – 53 Cuaderno de Pruebas), y mediante audiencia llevada a cabo el 7 de junio de 2006, se realizó audiencia obligatoria de conciliación, se decidió sobre las excepciones previas, se fijó el litigio y se abrió a pruebas (ff. 55 – 56 Cuaderno de Pruebas).
Por auto del 11 de abril de 2013 (ff. 141 – 142 reverso), se ordenó el traslado de las pruebas practicadas en el proceso ordinario seguido ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué. Con fundamento en lo anterior, se allegó copia del proceso impetrado por la demandante, ante la justicia ordinaria laboral, conforme se observa en el cuaderno de pruebas.
Revisado el cuaderno de pruebas, se estableció que la demandante instauró proceso laboral ordinario en contra de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Magangué, el 2 de diciembre de 2005, y le correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), tendiente a obtener la existencia del contrato de trabajo y el pago de salarios y prestaciones sociales.
El 23 de marzo de 2007, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué realizó audiencia de juzgamiento (ff. 81 – 88 del Cuaderno de Pruebas), en la cual absolvió al Hospital San Juan de Dios de Magangué de las pretensiones invocadas por la demandante, al considerar:
“(…)
Cabe destarar que la labor desempeñada por la actora fue la de “BATERIOLOGA”, cuya función consiste en la del manejo clínico de laboratorios para la toma de muestras de sangre, orina, etc. y es de destacar que nada tiene que ver estas funciones con las de aseo, vigilancia y alimentación.
Por todo lo anterior se vislumbra claramente que la actora no tiene la calidad de trabajador oficial, ni mucho menos cumple funciones de servicios generales, vigilancia, sostenimiento de planta la planta física, etc., y por ello no se encuentra vinculada a través de un contrato de trabajo, sino de órdenes de prestación de prestación de servicios, para lo cual las controversias que se suscitan en esta clase contratos se rigen no por el Código de Trabajo y de la seguridad social, sino por el Contencioso administrativo.
(…).”
En contra de esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación (ff. 94 – 99 del Cuaderno de Pruebas), concedido en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Sala Quinta Laboral, el cual mediante sentencia del 26 de agosto de 2009 (ff. 113 – 117 del Cuaderno de Pruebas), confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas a la parte demandante, al considerar que “(…) la función encargada era la de Bacterióloga del Hospital San Juan de Dios, lo cual no va encaminada al montaje, instalación, mejoramiento, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de los bienes inmuebles de la entidad demandada, y contrario a su dicho, se demuestra que tal función no esta destinada a fin perseguido en la norma referenciada, siendo procedente considerar que no es la jurisdicción ordinaria del trabajo la llamada a ventilar las reclamaciones laborales que la demandante hace, sino la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ya que las labores realizadas se asemejan es a las de un empleado público, lo cual lleva a la confirmación de la sentencia de primer grado.”
En la audiencia de pruebas celebrada el 7 de mayo de 2013 y 28 de octubre de 2014, se recaudaron las declaraciones de los señores Judith Patricia Romero Logreira, Juan Carlos Torres Lora, Josefa Rodelo Martínez y Ernelda Munive de Meza, quienes depusieron sobre los hechos de la demanda.
Para arribar a la solución del problema jurídico planteado, partiendo del marco teórico previamente expuesto, lo primero que debemos determinar es si efectivamente la relación que se mantuvo entre las partes trató de ocultar una verdadera relación laboral. También incumbe analizar, si la actividad fue ejecutada de manera independiente por la contratista y correspondía a una labor coordinada entre ésta y la respectiva entidad o, por el contrario, la demandante estaba sujeta a la subordinación.
Tal como se ha venido advirtiendo, para que se declare la existencia de una relación laboral, la parte demandante está en la obligación de demostrar que entre las partes (particular y entidad pública), se materialicen los tres elementos que conforman un contrato laboral, según lo estima el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber: la prestación personal del servicio, la continua subordinación y la retribución económica como contraprestación al servicio prestado. Así las cosas, cuando en la relación entre las partes existe de por medio un contrato de prestación de servicios, se presume tanto la prestación personal del servicio como la retribución económica, puesto que hay suficiente documental que acreditan tanto la prestación personal del servicio como la retribución que percibía por ejecutar la función de Bacterióloga en las instalaciones de la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, no así sucede con la subordinación la cual debe ser debidamente probada.
En ese sentido, no se puede perder de vista que si bien en la justicia ordinaria opera la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para que se declare la configuración del contrato realidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, no ocurre lo mismo cuando hay de por medio la discusión de un acto administrativo, pues según lo estima el artículo 88 del CPACA, este goza de presunción de legalidad y quien pretenda la declaratoria de ilegalidad del acto enjuiciado tendrá que probarla.
Por tal motivo, quien alegue la existencia del contrato realidad debe probar fehacientemente que en la relación con el ente público estuvo continuamente presente la subordinación, entendida como la potestad que tiene el empleador para dar órdenes, en cuanto a cantidad, calidad y tiempo de trabajo, aplicar reglamentos e imponer sanciones al trabajador por el incumplimiento de sus funciones, situaciones que van en contravía de la autonomía e independencia que caracterizan el contrato de prestación de servicios.
Ahora bien, debido a que la contratación es una actividad reglada del Estado, reiteramos, que los contratos de prestación de servicios con personas naturales han sido autorizados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en aquellos eventos en que el personal de planta no es suficiente o no está capacitado, profesional, científica o técnicamente para desarrollar la labor requerida, bien sea administrativa o funcional de la entidad contratante.
En concordancia con esto, el contratista debería estar investido de autonomía e independencia para desarrollar las actividades o funciones que se encuentran debidamente señaladas en el pacto realizado, y que deben desarrollarse dentro de un tiempo previamente delimitado, pues dichas funciones no pueden convertirse en permanentes.
Ahora bien, en el caso particular encontramos que la señora Bleidys Elena Baños Gómez en el tiempo comprendido entre el 1 de agosto de 1998 hasta el 28 de febrero de 2001, laboró como “Bacterióloga Supernumeraria”. De la certificación emitida por el jefe del Departamento de Personal de la entidad demandada, afirmó que entre abril y octubre de 2000, prestó sus servicios “sin orden de trabajo y sin disponibilidad presupuestal y a partir del mes de noviembre del 2000 hasta febrero 28/2001 con orden de trabajo y disponibilidad presupuestaL.”
A folios 15 a 44 del expediente, obran los horarios de trabajo impuestos a los Bacteriólogos, por la Jefe del Laboratorio Clínico de la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, entre los cuales se encuentra la demandante, en el cual se les señalaba las funciones a desarrollar, de acuerdo con el horario asignado. Así, a manera de ejemplo, Enel mes de abril de 1999, la demandante durante los días 5, 15, 20 y 30 cubrió turno de 7:00 pm a 7:00 am del día siguiente; los días 6, 8, 13, 19, 23 y 27 de 7 – 9 am estaba asignada a facturación, 9 – 12 am “URIANAL, COPROLG, F. VAG, SEROLOGIAS DE C. EXTERNA”; los días 7, 9, 12, 14, 22, 28 de 7 – 9 am prestaba sus servicios en recepción de consulta externa, 9 am – 3 pm hematología, consulta externa, identificación y revisión de exámenes de consulta externa; el día 10 cubría turno completo; el 16, 21, 26 tenía día libre; y el día 29 ejercía sus funciones de 7 am – 3 pm en control de inventarios, control de materiales, equipos y reactivos, y se encargaba de la coordinación del laboratorio clínico disponible. De igual forma, para el mes de mayo de 2000, a la señora Bleidys Baños Gómez, los días 2, 3, 4 y 5, le correspondía prestar sus servicios de 1:00 p, a 7:00 en Salas; para los días 8 a 26 de mayo, prestaba sus servicios en salas y químicas de consulta externa de la entidad, y los días 29 a 31 del mismo mes, le correspondía de 1:00 pm a 7:00 pm en “salas”.
De la misma forma, en el curso de la primera instancia se tomaron siguientes declaraciones:
La señora Judith Patricia Romero Logreira (ff. 149 – 150 reverso), quien dijo conocer a la demandante cuando trabajo en el Hospital San Juan de Dios de Magangué, en su condición de jefe del laboratorio encargada en 1999. Sostuvo que la demandante se desempeñaba como Bacterióloga, quien cumplía turnos de trabajo. Al indagársele sobre cuantas personas estaban bajo su mando en el laboratorio, contestó: “Estaban bajo mi coordinación como tres o cuatro bacteriólogos, y uno de ellos era la Dra Bleidis, oros como Juan Carlos Torres, Monica Prince, Lilia Jiménez, y de auxiliares estaban las señoras Ernelda, Josefa y Candelaria Siciliano (…).” Manifestó que la demandante “desempeñaba su labor personalmente. El tipo de remuneración no era de mi competencia, y las funciones s las hacía con los equipos y en las instalaciones físicas del hospital.” Y en relación con las órdenes que le daba a la demanda, afirmó que “[m]i función era repartir el trabajo entre todos los bacteriólogos. Incluso repartía mi trabajo, porque estaba a nivel de todos, yo coordinaba quien trabajaba en cada área del laboratorio y los turnos que garantizarán el servicio las 24 horas del día.”
El señor Juan Carlos Torres Lora (ff. 170 – 171), manifestó que laboró en la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué con la demandante en los turnos, como Bacteriólogo. Al preguntársele sobre la forma de vinculación de la demandante, sostuvo que “Había personal de planta y Nosotros éramos llamados Supernumerarios, entre ellos estamos bacteriólogos, médicos, aseadores, vigilantes ya que los de planta no eran suficiente ara cubrir las necesidades del servicio, hacía turnos de mañana, en la tarde y en la noche.” Sostuvo que el horario de la demandante era: “en la mañana de 7 a una de la tarde, otro turno era de una de la tarde a siete de la noche, y el nocturno era de siete de la noche a siete de la mañana del día siguiente” y entre las funciones desempeñadas estaban: la facturación de los pacientes, atender toma de muestras de paraclínica como hemogramas, parcial de orina, colesterol, triglicérido, y demás exámenes de laboratorio; recibía órdenes de la jefe de laboratorio, y percibía un salario como remuneración de los servicios prestados. Sostuvo que a la demandante no le pagaron concepto alguno por vacaciones, primas y demás prestaciones sociales.
La señora Josefa Rodelo Martínez (ff. 172 – 173) al indagársele sobre los hechos de la demanda, sostuvo que trabajo en el Hospital San Juan de Dios como auxiliar de laboratorio y trabajaba con la demandante en los turnos asignados, en su condición de Bacterióloga, quien se desempeñó desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 28 de febrero de 2001. Refirió que las funciones asignadas a la demandante era: “ella se tocaba aplicar las transfusiones de sangre, analizar las muestras y exámenes de hemograma, orina, coprológicos y todos los exámenes de química que se realizan en un hospital.”; que recibía órdenes por parte de la jefe del laboratorio, que recibía como contraprestación un pago que lo realizaban por nómina y que no le fueron reconocidas prestaciones.
La señora Ernelda Munive de Meza (ff. 174 – 175), sostuvo que la demandante entró a trabajar el 1 de agosto de 1998 hasta el 28 de febrero de 2001 en la entidad demandada, como bacterióloga, realizaban turnos juntas puesto que la deponente se desempeñaba como auxiliar. Sostuvo que la demandante realizaba todas las labores del laboratorio y banco de sangre, le cancelaban sus servicios mediante nómina, recibía órdenes de la jefe del laboratorio, quien además asignaba los turnos.
De acuerdo con lo anterior, encontramos que, para efectos de demostrar la subordinación, además de los documentos relacionados en líneas anteriores, correspondientes a los turnos asignadas y las horas extras laboradas, los testimonios de los compañeros de trabajo, corroboraron que la demandante desempeñó las funciones de bacterióloga en las instalaciones de la entidad demandada, cumplía horario de trabajo, previamente asignado por la jefe de laboratorio, realizando las labores propias asignadas a los bacteriólogos, es decir, declararon sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que prestó los servicios, los cuales aportan credibilidad a los hechos en que se funda la demanda.
Al realizar un análisis integral de la prueba, confrontando los testimonios con la documental aportada al proceso, se puede llegar a la conclusión que las funciones desarrolladas no eran esporádicas o temporales, por el contrario, hacen parte del giro ordinario de la entidad territorial. Advierte la Sala que en el caso particular, la entidad trató de ocultar una verdadera relación laboral, con el propósito de no reconocer los derechos y garantías laborales que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial relación, por lo que la señora Bleidys Elena Baños Gómez reunió los elementos de subordinación, dependencia, cumplir con un horario establecido, la prestación personal del servicio y una remuneración como contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está acompasado con la permanente necesidad del servicio prestado, lo que permite concluir, que en este caso se logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado.
Así las cosas, la Sala advierte que la demandante se encontraba en condición de subordinación y dependía de las orientaciones y directrices que le impartía la jefe del laboratorio de la entidad demandada, bajo una supervisión o controlando el cumplimiento de las labores asignadas y del horario asignado, sin que de ninguno de estos elementos probatorios se pueda concluir su independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones, como lo establece claramente el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para concluir que se trataba de simples órdenes de prestación de servicios.
En este orden, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, la Sala logró establecer la existencia de los elementos que caracterizan la relación laboral: i) la prestación personal continua y permanente de los servicios por parte de la actora, ii) las órdenes impartidas por los superiores jerárquicos que supervisaban el desarrollo de las funciones desarrolladas, iii) el cumplimiento de un horario de trabajo, iv), el pago de una remuneración por los servicios prestados, v) la existencia de una subordinación con la entidad en el cumplimiento de sus funciones y vi) la permanencia de la función desarrollada.
Concluye la Sala que la entidad utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto la demandante atendió funciones inherentes al servicio público de manera subordinada.
Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder a la nulidad del acto administrativo demandado, como quiera que la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué (Bolívar) no puede verse beneficiado de su conducta irregular y pretender trasladar la responsabilidad de su actuación a quien ha sido de esa manera contratado, pues el verdadero sentido del principio de la realidad sobre la formalidad implica que se reconozca con certeza y efectividad todo derecho que deviene del despliegue real de una actividad laboral.
Ahora bien, una vez declarada la relación laboral, será necesario analizar lo relacionado con los extremos temporales de la relación laboral reconocida y la posible ocurrencia del fenómeno de la prescripción, tal y como así lo declaró la sentencia de primera instancia.
Con ese propósito, iniciaremos por resolver lo referente a la prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad.
Oportuno es entonces, traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de tres años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que erige:
“Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad (…)”. (Negrilla fuera de texto).
Adicionalmente, haremos uso de las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, donde dispuso:
“(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…)”. (Subrayado fuera de texto)
Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:
“(…)
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.
De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho (…).”
Alegó la parte demandante que, en su caso, no operó el fenómeno de la prescripción declarada en la sentencia apelada, en razón a que ejerció demanda ordinaria laboral en procura de obtener la declaratoria de la relación laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales a las que consideraba tener derecho, y que si bien esta fue decidida en contra de sus aspiraciones, absolviendo a la entidad demandada, al considerar que no era la jurisdicción competente para decidir, lo procedente era admitir que acudió en la debida oportunidad para reclamar los presuntos derechos, sin que haya lugar a declarar el fenómeno de la prescripción, conforme lo realizó de oficio la sentencia recurrida.
Al respecto, la Sala observa en primer lugar que, si bien la parte actora formuló demanda ante la jurisdicción ordinaria con el fin de declarar la relación laboral con la entidad demandada, y como consecuencia de ello, lograr el pago de las prestaciones sociales pretendidas, lo anterior fue decidido en forma adversa a sus aspiraciones, en primera y segunda instancia, independientemente de las razones que allí se esbozaron, por lo que en principio estaríamos frente a la excepción de cosa juzgada, en razón a que las pretensiones coinciden con lo pretendido en este proceso.
No obstante, la negativa en el proceso ordinario se fundamentó en la falta de jurisdicción para resolver el caso, por tratarse de una cuestión de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, en razón al carácter de la parte demandante y a su vinculación por medio de órdenes de prestación de servicio; sin embargo, se observa que, además de pretender el reconocimiento de derechos laborales, en el recurso de apelación de la demanda ordinaria, se insistió que la jurisdicción ordinaria era la competente para desatar la litis, alegación que tampoco fue acogida en segunda instancia.
Con fundamento en lo anterior, se advierte que la demandante acude a la jurisdicción contenciosa administrativa, el 28 junio de 2007, en procura de obtener la nulidad del acto ficto o presunto surgido ante el silencio de la administración respecto a la petición presentada el 3 de diciembre de 2002, y como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales por los servicios presuntamente prestados a la entidad entre el 1 de agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, demanda que fue admitida en razón a que se encontraba dentro del término de caducidad, en razón a que los actos presuntos pueden demandarse en cualquier tiempo, conforme a lo establecido en líneas anteriores.
Que el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la sentencia apelada, declaró de oficio la ocurrencia del fenómeno de la prescripción respecto a los derechos prestacionales pretendidos, en consideración a que habían transcurrido más de 3 años desde el momento en que se terminó la presunta relación laboral con la entidad.
Conforme con lo anterior, al verificar la solicitud presentada por la demandante el 3 de diciembre de 2002 ante la entidad, se interrumpió el término de la prescripción por un lapso de 3 años. Que, al no dar respuesta a la solicitud presentada, se configuró de esta forma, el acto ficto o presunto negativo surgido con ocasión del silencio de la administración. La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el 28 de junio de 2007 (f. 57) en procura de obtener la nulidad del mencionado acto y el consecuente restablecimiento del derecho. Así las cosas, se advierte entonces, que entre la finalización de la relación laboral y la solicitud de reconocimiento ante la entidad, si bien no trascurrieron más de los 3 años que la norma consagra para aplicar el fenómeno de la prescripción, se observa que se acudió a la jurisdicción contenciosa para obtener la nulidad del acto ficto, transcurridos 6 años de haber terminado cualquier vínculo con la administración, y más de 4 años desde el momento en que presentó la petición, motivo por el cual, cualquier reclamo de reconocimiento de prestaciones laborales, se encuentran prescritas, tal y como así lo encontró probado el a quo.
Ahora bien, no puede pretender la demandante que se tenga en cuenta para el conteo del término de prescripción, la presentación de la demanda ante la justicia ordinaria laboral, pues si bien la norma sobre jurisdicción y competencia, refiere que al considerarse incompetente para conocer del asunto, el juez debe remitirla a quien así lo considere; en este caso, se encontró que las sentencias proferidas en la jurisdicción ordinaria absolvieron a la entidad demandada de condena alguna, sin que en ellas se haya hecho referencia al traslado al juez competente, aspecto que no fue alegado por la parte demandante al controvertir la decisión tomada por el juez en su momento, y que fuera confirmada por la Sala Quinta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – ver cuaderno de pruebas –.
Además, no se puede perder de vista que si bien en la justicia ordinaria opera la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para que se declare la configuración del contrato realidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, no ocurre lo mismo cuando hay de por medio la discusión de un acto administrativo, pues este goza de presunción de legalidad y quien pretenda la declaratoria de ilegalidad del acto enjuiciado tendrá que probarla.
Así las cosas, se advierte que, en el presente caso, se configuró el fenómeno de la prescripción, con relación a las prestaciones sociales reclamadas por la demandante, por los servicios prestados ante la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué, tal y como así se estableció en la sentencia apelada, motivo por el cual, la misma será confirmada.
La Sala aclara que si bien, la prescripción no puede reconocerse de oficio conforme a las previsiones del artículo 306 Código de Procedimiento Civil, sino debe ser alegada por el demandado como excepción; de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del C.C.A., norma aplicable en este caso, en el proceso contencioso administrativo, es deber del juez de primera o de segunda instancia, decidir sobre todas las excepciones que encuentre probadas en el proceso, aunque ellas no hayan sido propuestas por las partes, motivo por el cual, tampoco le asiste razón a lo alegado por la demandante, en el escrito de apelación.
No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, motivo por el que la entidad accionada deberá tomar todos los interregnos comprendidos entre el 1 de agosto de 1998 al 28 de febrero de 2001, para establecer el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para estos efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador
III. DECISIÓN
Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda deberá ser revocada, para en su lugar:
Declarar la nulidad del acto acusado y la correspondiente declaratoria de la relación laboral.
No habrá lugar, a restablecimiento del derecho, toda vez que las prestaciones sociales a que tiene derecho la señora Bleidys Elena Baños Gómez, se encuentran prescritas, exceptuando el pago de la cotización a pensión, según se fundamentó en la parte motiva de esta sentencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
REVOCÁSE la sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
En su lugar:
PRIMERO.- DECLARESE la nulidad del acto ficto o presunto surgido ante el silencio de la administración con relación a la petición presentada el 3 de diciembre de 2002, mediante la cual la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué (Bolívar), denegó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a la demandante.
SEGUNDO.- DECLARASE la existencia de una relación laboral de derecho público entre la señora Bleidys Elena Baños Gómez y la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué (Bolívar), dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1998 y el 28 de febrero de 2001.
TERCERO.- DECLARESE probada la excepción de prescripción relacionada con el pago de las acreencias laborales solicitadas por la demandante dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1998 y el 28 de febrero de 2001, salvo en lo que tiene que ver con los aportes a pensión, por haber operado el fenómeno de la prescripción.
CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué (Bolívar) o quien haga sus veces, a tomar como ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, el valor mensual pactado como honorarios o remuneración entre el 1 de agosto de 1998 y el 28 de febrero de 2001, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizará al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
QUINTO.- Se reconoce personería jurídica al doctor RENATO ARTURO DE SILVESTRI SAADE abogado con T.P. No. 18.389 del C. S de la J., para que ejerza la representación judicial del Departamento del Bolívar, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 235 a 239 del expediente.
SEXTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión.
“Caducidad de las acciones.
(…)
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. 3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.
(…)”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez (E). Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00301-00(1131-12). Actor: Luz Stella Trujillo Cortés. Demandado: Procuraduría General de La Nación
Ver auto del Consejo de Estado. Sala de Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección “A”. Consejera Ponente: Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez (E). Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015). Expediente No. 270012333000201300346 01. No. Interno: 0327-2014. Actor: Sandra Patricia Mena Martínez. Ver también sentencia del Consejo de Estado del 26 de marzo de 2009, actor José Luis Acuña Henríquez, radicado 1134-2007. Sentencia de Unificación proferida por la sección segunda del Consejo de Estado, con referencia SUJ2 – 005 - 2016
Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Corte Constitucional. Sentencia del 19 de marzo de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. Ibidem. Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María Zulay Ramírez Orozco. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia Nro. 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación No. 2603-05, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 27 de febrero de 2014. Rad. 1994-13. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). Folio 149 a 150 reverso
Folio 170 a 171
Folio 172 a 173
Folio 174 a 175
ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990.
El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. Folio 45
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social. ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Demandante: Lucinda María Cordero Causil. Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
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