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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2008-00433-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2008-00433-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción, en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio expedido el 8 de febrero de 2008 por el apoderado liquidador de la E.S.E. José Prudencio Padilla. TERCERO: DECLARAR la existencia de la relación laboral entre la E.S.E. José Prudencio Padilla y los siguientes demandantes, por los siguientes periodos: Demandante Periodo Darly Quevedo Padilla 01 de noviembre de 2004 y el 8 de junio de 2006 Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de mayo de 2006 Concepción Campo Pava 01 de julio de 2004 al 9 de junio de 2006 CUARTO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social a reconocer y pagar a favor de los señores Darly Quevedo Padilla, Gabriel Villa Pernett y Concepción Campo Pava, las correspondientes prestaciones sociales devengadas, por los servidores de planta (entre ellas, las vacaciones), teniendo como base para su liquidación el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el mismo empleo en la planta de personal (en la medida en que no sea inferior a los honorarios y/o salario percibido, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), de conformidad con los periodos de la siguiente tabla: Demandante Periodo Empleo de planta Darly Quevedo Padilla 01 de noviembre de 2004 y Auxiliar de enfermería el 8 de junio de 2006 Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de Médico general mayo de 2006 86 Número interno: 0177-16 Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación Concepción Campo Pava 01 de julio de 2004 al 9 de Auxiliar de odontología junio de 2006 Las sumas resultantes a favor de los demandantes, se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente providencia. QUINTO: Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social tomar durante los periodos que en el cuadro siguiente se reseñarán, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de los accionantes (el salario legalmente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-31-000-2008-00433-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Radicado : 13001-23-31-000-2008-00433-01
Nº interno : 0177-2016
Demandante : Norma Campillo Escorcia y otros1
Demandado : E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación y La
Nación – Ministerio de Protección Social
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Decreto 01
de 1984
Tema : Contrato realidad

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 6 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1. Pretensiones

Los demandantes José Saúl Medina, Meybin Amaris Mora, Darly Quevedo
Padilla, Candelaria Berrío Díaz, Elvia Morales Mendoza, Rosario Sánchez
Doria, Magalys Torres Padilla, Lidia Solarte Rhenals, Concepción Campo
Pavo, Mallerlyn Sanjuán Ganém, Gabriel Villa Pernett, Akever Almeida
Martínez, Gloria Romero Pájaro e Hilda Palacio García, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo, a través de apoderado, solicitaron la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 8 de febrero de
2008, expedido por el apoderado liquidador de la E.S.E. José Prudencio
Padilla en Liquidación, mediante el cual se les negó el reconocimiento de una
relación laboral y de las prestaciones sociales reclamadas.
1
La demanda de la señora Norma Campillo Escorcia no fue admitida; sin embargo, se dejó el nombre de la
referencia porque así aparece registrado el proceso en el software de gestión.

2
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

A título de restablecimiento del derecho la parte demandante pidió lo
siguiente:

(i) Pagar una indemnización equivalente a los conceptos prestacionales que
sí hubiesen percibido estando vinculados a la planta de personal a través de
un acto legal y reglamentario, tales como cesantías definitivas, intereses
sobre las cesantías, compensación de los periodos vacacionales generados,
prima de vacaciones, prima semestral, prima de navidad, prima de servicio,
bonificación por servicios, reintegro de los valores descontados por retención
en la fuente, indemnización por despido injusto (daño emergente y lucro
cesante), trabajado suplementario diurno y nocturno, recargo nocturno,
domingos y festivos, sanción moratoria por el no pago de los factores y de las
cesantías, seguridad social, subsidio de transporte, subsidio familiar,
dotación de calzado y vestido de labor, así como intereses corrientes y
moratorios, cuyos valores deberá ser indexados;

(ii) Declarar la realidad de la relación laboral;

(iii) Declarar que las cooperativas de trabajo asociado actuaron como simples
intermediarios y no empleadores o patronos de los demandantes;

(iv) Reconocer y pagar, a título de indemnización, el equivalente a las
prestaciones sociales y otros conceptos reclamados, según las tablas
indicadas en los folios 15 a 21 del escrito de demanda;

(v) Reconocer y pagar la sanción moratoria con relación a las cesantías
definitivas por los años 2003, 2004, 2005 y 2006, hasta cuando se haga
efectivo el pago. Los valores que resulten de esta operación causarán
intereses corrientes y moratorios, y se debe reconocer y pagar las semanas
que la entidad debió cotizar por concepto de seguridad social;

(vi) Ajustar la liquidación de la condena con el IPC, conforme al artículo 179
del C.C.A.;

3
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

(vii) Dar cumplimiento a las sentencia en los términos de los artículos 176 y
177 del C.C.A.;

(viii) Declarar que no existe solución de continuidad en la prestación de los
servicios, para todos los efectos legales y prestacionales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Los demandantes laboraron al servicio de la E.S.E. José Prudencio Padilla
mediante contratos cedidos a esta última por parte del ISS, en cumplimiento del
artículo 23 del Decreto 1750 de 2003.

Indicaron que en cumplimiento de tales contratos, realizaron labores propias de
su profesión, acatando órdenes de sus superiores, y percibiendo una
contraprestación dineraria por dicho servicio.

Manifestaron que, en principio, suscribieron varios contratos de forma directa
con la E.S.E. José Prudencio Padilla; sin embargo, para poder desempeñar sus
laborales debieron inscribirse, asociarse y formar parte de las diferentes
cooperativas de trabajo asociado, constituyendose estas en simples
intermediarias entre la referida E.S.E. y los trabajadores.

Refirieron que las mencionadas cooperativas de trabajo asociado realizaban
descuentos a los trabajadores por concepto de cuotas de afiliación, de
sostenimiento y funcionamiento, lo que les fue perjuicial, pues prestaban el
mismo servicio que los funcionarios de planta, pero percibían menor salario
debido a dichos descuentos.

Expusieron que fueron desvinculados de la entidad el 29 de julio de 2006, en
virtud del Decreto 2505 de 2006, “por el cual se suprime la Empresa Social del
Estado José Prudencio Padilla y se ordena su liquidación”.

4
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

El 11 de enero de 2008 solicitaron ante el demandado el reconocimiento y pago
de los conceptos y valores pedidos en la demanda; sin embargo, estas
pretensiones fueron resueltas desfavorablemente mediante Oficio del 11 de
febrero de 2008, notificado en el término de la distancia.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 2, 13, 23, 25 y 53.
Del Decreto 01 de 1984, el artículo 5 y siguientes.
Ley 100 de 1993.
De la Ley 6 de 1945, el artículo 17.
El Decreto 3118 de 1968.
La Ley 244 de 1995.
De la Ley 50 de 1990, los artículos 24, 25 y 26.
Del Decreto 1042 de 1978, los artículos 50 y 58.
Del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, el artículo 43.
Del Decreto 2045 de 1878, el artículo 8.
Del Decreto 1045 de 1978, el artículo 30.
De Decreto 3135 de 1968, el artículo 11.
Del Decreto Ley 749 de 1949, el artículo 1.
Del Decreto 2127 de 1945, el artículo 50.

Como concepto de la violación, la parte actora indicó que el acto acusado se
encuentra viciado de nulidad por desviación de poder y falsa motivación.

En cuanto a la desviación de poder, manifestaron que las cooperativas de
trabajo asociado no pueden ser utilizadas para realizar actividades que
requieran permanencia y subordinación laboral, en esa medida, el accionado
debió vincularlos a través de una relación legal y reglamentaria por ser la
más favorable para los trabajadores, lo que originó una situación de
desigualdad y trato discriminatorio frente a los otros empleados, quienes
desarrollaban las mismas funciones.

Con relación a la falsa motivación, expresaron que las labores ejecutadas por
los trabajadores develaron la realidad de una relación laboral de carácter
legal con el demandado, pues la forma de vinculación utilizada a través de
las cooperativas de trabajo asociado se encuentra prohibida en virtud del
artículo 2 del Decreto 3074 de 1968.

2. Contestación de la demanda

5
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

La Nación - Ministerio de la Protección Social (ahora Ministerio de Salud y
Protección Social) se opuso a las pretensiones de la demanda2.

Afirmó que entre los demandantes y el Ministerio de la Protección Social no
existió vínculo de ninguna naturaleza y que, además, las Empresas Sociales
del Estado no estaban bajo la subordinación del Ministerio, dado el carácter
especial que tenían en virtud del Decreto 1750 de 2003.

Manifestó que no puede predicarse un nexo causal entre el Ministerio y las
actuaciones de la E.S.E. José Prudencio Padilla, pues esta última era una
entidad descentralizada que gozaba de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, lo cual le permitía un ejercicio
autónomo de sus facultades legales y constitucionales.

Adujo que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite y autoriza a la
administración a celebrar contratos de prestación de servicios con personas
naturales cuando la planta de personal no alcance para atender eficazmente
el funcionamiento normal, y las personas vinculadas bajo esta modaliddad no
tienen derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

Propuso como excepciones las que denominó: Falta de agotamiento de la
reclamación administrativa, falta de legitimidad pasiva en la causa,
inexistencia de la obligación, falta de integración del contradictorio,
prescripción y caducidad.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 6 de agosto de
2015, declaró probada la excepción de caducidad de la acción alegada por la
parte demandada3.

Explicó que el Oficio expedido el 8 de febrero de 2008 por el liquidador de la
E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación se envió el 11 de febrero de 2008
dirigido al señor Edgar Enrique Herrera Álvarez, apoderado judicial de los
demandantes, domiciliado en la ciudad de Cartagena.

2
Folios 267 a 278.
3
Folios 391 a 402.

6
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Aclaró que, como quiera que tal comunicación no brindó información acerca de
los recursos que procedían, los demandantes se encontraban facultados para
acudir directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a
reclamar el control judicial, conforme al artículo 135 del C.C.A.

Manifestó que, si bien, en el plenario no obra constancia de la fecha en que se
efectuó la notificación personal del acto acusado, lo cierto es que en el libelo
introductorio se especificó que el referido acto fue notificado en el término de la
distancia. Siendo así, el término de la distancia entre la ciudad de Barranquilla
(lugar de expedición del acto) y la ciudad de Cartagena, no es superior a un
día, motivo por el cual “se sobreentiende que si el envío de la notificación de la
decisión administrativa contenida en la comunicación de fecha 8 de febrero de
2008 fue realizado el 11 de febrero del año en mención, la misma surtió efectos
el 12 de febrero de 2008”.

De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad debía empezar a
contabilizarse desde el 13 de febrero de 2008, es decir, que los actores tenía a
más tardar el 13 de junio de la misma anulidad para presentar la demanda. Sin
embargo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso el 16
de junio de 2008, es decir, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad.

4. Recurso de apelación

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia4.

Manifestó que el Tribunal incurrió en error al dar por probado un hecho que
no lo estuvo, vulnerando con ello los artículos 154 del Código General del
Proceso y 174 del Código de Procedimiento Civil.

Explicó que el término de la distancia entre Cartagena y Barraquilla oscila
entre 4 y 6 días. De modo que, “si el correo sale de la ESE Jose P. Padilla
(Barranquilla) el día 11 de febrero, se hace imposible pensar que el mismo 11

4
Folios 406 a 410.

7
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

se pueda enviar a Cartagena, pues es de imaginar que la empresa de correo
deberá organizar todo el correo que va para Cartagena, y en esa tarea la
empresa se gasta mínimo un (1) día, es decir que por temprano que se
hiciere el envío, el mismo se haría el día 13, en el evento de estar lista para
el envío el día 12 de febrero; anexémosle el mínimo de tiempo que dice la
empresa: 4 días. Es decir, 13, 14, 15 y 16, pero este día 16 sábado, no es
día hábil oficialmente, lo que equivale que el término tendría que comenzar a
correr desde el día 18 de de febrero (lunes)”.

Expuso que, dado que la demanda se interpuso el 16 de junio de 2008, la
misma se presentó en el término de los cuatro meses previsto en el Código
Contencioso Administrativo.

Por su parte, solicitó se practicara una prueba con el fin de que no exista
duda respecto a la existencia de la caducidad en el presente proceso, prueba
que, a su vez, debió practicar el Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin
de evitar la violación de sus derechos fundamentales.

5. Alegatos de conclusión

La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social reiteró que no
intervino en la producción de los actos acusados y que, si bien, existe un
control tutelar sobre la E.S.E. demandada, lo cierto es que este no puede
trascender esferas propias de la descentralización por la autonomía que
adquiere toda entidad que reviste tal calidad5.

6. La representante del Ministerio Público solicitó que se dicte un auto de
mejor proveer para conocer la fecha de notificación del acto acusado,
conforme a lo solicitado por la parte demandante en el recurso de apelación,
pues aunque a dicha parte le incumbe la carga de la prueba, debe
garantizarse su derecho a la administración de justicia6.

II. CONSIDERACIONES

5
Folios 430 a 431.
6
Folios 433 a 435.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

1. Competencia

El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de
esta Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 ídem,
según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las
apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación
presentado por la parte actora, procede revocar la sentencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

Para el efecto se analizará, en la cuestión previa, si en efecto operó el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho. De lo contrario, la Sala procederá a realizar un análisis de
fondo, en el caso concreto, sobre si existió un vínculo laboral entre los
accionantes y la E.S.E. José Prudencio Padilla, derivado de la suscripción de
contratos de prestación de servicios o de la asociación con cooperativas de
trabajo.

Para resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes temas: 2.1.
Cuestión previa 2.2. Marco normativo y jurisprudencial; y 2.2. Caso concreto.

2.1. Cuestión previa

Los accionantes solicitan la nulidad del Oficio del 8 de febrero de 2008, por
medio del cual la E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidacion les negó el
reconocimiento y pago de una indemnización equivalente a las prestaciones
sociales a las que hubieren tenido derecho de haberse encontrado
vinculados a la planta de personal de dicha entidad. En el escrito de la
demanda, manifestaron que el acto acusado había sido notificado en el
término de la distancia.

9
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada la excepción de
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al encontrar
que, si bien, en el plenario no obra constancia de la fecha exacta de la
notificación personal del acto acusado, lo cierto es que fue enviado el 11 de
febrero de 2008, y teniendo en cuenta el término de la distancia entre
Barranquilla y Cartagena, la caducidad debía empezar a contabilizarse desde
el 13 de febrero de la misma calenda. En ese orden de ideas, consideró que el
actor radicó la demanda de forma extemporánea, el 16 de junio de 2008, pues
el término feneció el 13 de junio del mismo año.

Inconforme con la decisión, la parte accionante pide que se revoque la
sentencia de primera instancia alegando que el Tribunal debió esclarecer la
duda respecto a la fecha de notificación del acto demandado con una prueba,
pues tal pretermisión vulnera sus derechos fundamentales. Agregó que el
término de la distancia entre Barranquilla y Cartagena oscila entre 4 y 6 días,
según la información brindada por la oficina de correos 472; razón por la
cual, aunque el acto fue enviado el 11 de febrero de 2008, pudo ser
notificado hasta el 16 del mismo mes y año. Por tanto, el término caducaba el
18 de febrero de 2008 (lunes), fecha en la cual ya había interpuesto la
demanda.

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar si operó el
fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por los accionantes.

La caducidad es el fenómeno jurídico que extingue la acción de quien
pretende controvertir la existencia de un derecho en sede judicial, transcurrido
el tiempo para acudir ante el juez. Sin embargo, para casos como el presente,
esta Corporación, mediante sentencia de Unificación CE-SUJ2 de 25 de
agosto de 20167, indicó que:

“(…) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se
haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo
laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello

7
Sentencia de unificación CE-SUJ2 núm. 5 de 25 de agosto de 2016, MP. Carmelo Perdomo Cueter. 23001-23-33-
000-2013-00260-01 (88-2015)

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Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia
indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador (…)
Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1,
letra c, del CPACA) (…) ”.

De la citada jurisprudencia, la Sala concluye que en los asuntos relativos a
contrato realidad no resulta procedente exigir que se acuda ante la
jurisdicción dentro un determinado tiempo, so pena de que opere el
fenómeno de la caducidad; ni tampoco, que se agote la conciliación como
requisito de procedibilidad, al involucrar prerrogativas laborales de carácter
periódico e irrenunciable, como lo son los aportes con destino al sistema de
seguridad social en pensiones, toda vez que estos repercuten en el derecho
a obtener una pensión.

En vista de lo anterior, aunque el Tribunal consideró que había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad, lo cierto es que en el caso concreto, en el
que se ventila una discusión sobre la relación laboral entre los accionantes y
la E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación, no resulta procedente tal
declaratoria, en la medida en que las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del
contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones
periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la
caducidad de la acción, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en
cualquier momento8.

En todo caso, la Sala no pasa por alto que el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en el fallo recurrido, utilizó la expresión “término de la distancia”
como una forma de contabilizar la fecha de notificación del acto
administrativo acusado. No obstante, la Sala debe precisar que, conforme a
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo9, los actos
administrativos de contenido particular deben ser notificados de forma

8
En el mismo sentido, mirar el auto proferido por esta Sala el 18 de febrero de 2021 con radicado núm.: 17001-23-
33-000-2018-00466-01 (N.I. 2123-19), en el que efectuaron las mismas consideraciones en cuanto a la caducidad
de los asuntos en los que discute el reconocimiento de una relación laboral y la reclamación de los aportes
pensionales.
9
El presente proceso se rige por las disposiciones del Decreto 01 de 1984, en la medida en que la demanda se
interpuso el 16 de junio de 2008.

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Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
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personal por correo certificado, y si esta no se pudiere efectuar, se recurrirá a
dar publicidad al acto a través de la fijación de un edicto.

En esa medida, se precisa que “el término de la distancia” es una expresión
que procesalmente no cuenta con respaldo legal y que no puede ser utilizada
como presunción del tiempo en que la parte se demoró en notificarse
personalmente de los actos administrativos particulares, pues para ello se
cuenta, precisamente, con el correo certificado, el cual proporciona certeza
de la fecha exacta de recibo de la notificación, si fuere el caso.

De tal suerte que, para la Sala, la notificación del acto administrativo acusado
se surtió el 16 de junio de 2008, por conducta concluyente, en la fecha en la
que los accionantes interpusieron la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues hasta ese momento se dieron por suficientemente
enterados ante la administración del referido acto, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo10. Motivo
adicional para considerar que el caso concreto no se configuró el fenómeno
de la caducidad de la acción.

En virtud de lo expuesto, la Sala procederá a conocer el fondo del asunto,
analizando cada caso concreto si los accionantes probaron los elementos
constitutivos de un vínculo laboral con la E.S.E. José Prudencio Padilla en
Liquidación. De resolverse afirmativamente lo anterior, se definirá si los
actores tienen derecho al pago de las prestaciones sociales que devengaban
los empleados públicos de la E.S.E. José Prudencio Padilla para la época en
la que prestaron sus servicios.

2.2. Marco normativo y jurisprudencia

• El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral

10
“ARTÍCULO 48. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos
legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o
utilice en tiempo los recursos legales.

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso
del artículo 46”.

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Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función
pública, lo siguiente:

“Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley
o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que
estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en
el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)... ”

“Art. 125.-Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

De acuerdo con las citadas normas, nuestro régimen jurídico tiene previstas
tres clases de vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios
elementos, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y
reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y
c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).
Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a
desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir si la relación se
asimila a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso
administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato
ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado
público.

La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido
desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la
Ley 80 de 1993 y más recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en
su artículo 32, dispone:

“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

En sentencia C-154-9711 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de
inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las
características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el
11
Corte Constitucional, Sentencia del 19 de marzo de 1997, Referencia: Expediente D-1430, M.P. Hernando
Herrera Vergara.

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contrato de trabajo, concluyendo que:

“(…) el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya
que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de
esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener
frente a la administración sino la calidad de contratista independiente
sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente
en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se
tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales,
así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de
servicios independiente”. (Resaltado por la Sala)

Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el
Decreto 3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que
deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y
que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la
República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como
los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o
una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se
consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus
cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de
prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.

La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional que, en
sentencia C-614 de 2009, señaló entre otros criterios, la permanencia como
un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral.

De acuerdo con lo expuesto y conforme también lo ha señalado en múltiples
ocasiones esta Jurisdicción, para que se considere la existencia de una
verdadera relación laboral es necesario que se demuestren los elementos
esenciales de ésta que son: i) la prestación personal del servicio; ii) que por
dicha labor se reciba una remuneración o pago; y iii) que exista

14
Número interno: 0177-16
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subordinación o dependencia respeto de la entidad.

• Limitaciones legales a la utilización del contrato de prestación de
servicios

Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir al
contrato de prestación de servicios en los casos y para los fines previstos en
el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido
limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica.

El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán
celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones
públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos
correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente
Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad
administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado
mediante esta modalidad”. (Resaltado por la Sala)

En este sentido, el Decreto 2503 de 199812 define el empleo de la siguiente
manera:

“ARTICULO 2º. DE LA NOCIÓN DE EMPLEO. Se entiende por empleo el
conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer
el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

Las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por
las respectivas entidades, con sujeción a los generales que establezca el
Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
5º de este decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos
estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales”.

Así mismo, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones, dispuso en materia de empleo público:

“Artículo 19. El Empleo Público.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función
pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones,
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer

12
“Por el cual se establece la naturaleza general de las funciones y los requisitos generales para los diferentes
empleos públicos de las entidades del Orden Nacional a las cuales se aplica la Ley 443 de 1998 y se dictan otras
disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 43.449 del 11 de diciembre de 1998”.

15
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el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que
permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea
su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo,
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las
demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos
del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido
del empleo;

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales”.

Además, para que una persona natural desempeñe un empleo en calidad de
empleado público (relación legal y reglamentaria), es preciso que se realice
su ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, vale decir,
requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso)
seguida de la posesión, previo a ejercer las funciones propias de dicho
empleo.

Otra limitación fijada en la ley para evitar el uso indebido del contrato de
prestación de servicios se encuentra prevista en la Ley 790 de 2002, por
medio de la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades
extraordinarias al Presidente de la República, la cual consagra en su capítulo
de disposiciones finales lo siguiente:

“ARTÍCULO 17. PLANTAS DE PERSONAL. La estructura de planta de los
Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las
entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios
para su funcionamiento. En ningún caso los Ministerios, los
Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades
públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para
cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos
existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.

En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de
servicios personales, el Ministro o el Director del Departamento
Administrativo cabeza del sector respectivo, semestralmente presentará un
informe al Congreso sobre el particular.

PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las
entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con
personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman
dentro del programa de renovación de la administración pública”. (Resaltado
por la Sala)

16
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Por su parte, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único
Disciplinario, establece en el artículo 48 como falta gravísima:

“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el
cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran
dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de
autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

Como puede observarse, el ordenamiento jurídico ha previsto no sólo la
prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a
cabo funciones propias misionales permanentes, sino que también sanciona
al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados
en el estatuto de contratación estatal.

• Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación
de servicios

La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta
Corporación, ha acudido a principios constitucionales en la solución de
controversias que tienen que ver con relaciones laborales o legales y
reglamentarias disfrazadas mediante contratos de prestación de servicios, las
cuales se realizan con el principal propósito de evitar el pago de los
beneficios prestacionales inherentes a las primeras.

En la práctica, cuando el Legislador utilizó la expresión "en ningún caso...
generan relación laboral ni el pago de prestaciones sociales" no previó una
presunción de derecho que no admita prueba en contrario, puesto que el
afectado podrá demandar por la vía judicial competente el reconocimiento de
la existencia de la vinculación laboral y, por consiguiente, el pago de las
prestaciones sociales a que haya lugar.

El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra
Carta Política, tiene plena operatividad en aquellos eventos en que se hayan
celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación
laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de
esa modalidad, el efecto normativo y garantizador del principio se concretará

17
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en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la
calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el
fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan
querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a
particulares como al Estado13.

Adicionalmente, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un
derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo
el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y
desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores
vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías
de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas
por las partes contratantes.

En sentencia de fecha 18 de noviembre de 200314, la Sala Plena del Consejo
de Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en
aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda, porque se
acreditó en el plenario que en la ejecución de las órdenes suscritas por la
parte actora se encontraba presente el elemento “coordinación”. No obstante,
esta pauta jurisprudencial no resulta aplicable en los eventos en los cuales se
acuda al elemento “subordinación”, aspecto trascendente que como se
anotó, requiere ser acreditado plenamente en la tarea de desentrañar la
relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.

Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere
que la parte demandante acredite sus elementos esenciales, esto es, que su
actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya
recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la
relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación
entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por

13
Ibídem.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, M.P.: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María
Zulay Ramírez Orozco.

18
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todo el tiempo de duración del vínculo.

Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte
demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a
la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia15 para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación
de servicios, una verdadera relación laboral.

• Cooperativas de Trabajo Asociado

De acuerdo con la Ley 79 de 198816 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son “organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector
solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son
gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos
de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras
o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la
comunidad en general” 17.

Esas cooperativas de conformidad con su actividad se clasifican18 en:

• Especializadas: aquellas que se organizan para atender una necesidad
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica,
social o cultural.
• Multiactivas: son las que se organizan para atender varias necesidades,
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica.
• Integrales: son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan dos
o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción,
distribución, consumo y prestación de servicios.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005. Radicado
68001-23-15-000-1998-01445-01 (02990-05), M.P. Tarsicio Cáceres Toro. Actor: Mónica María Herrera Vega,
demandado: Municipio de Floridablanca.
16
“Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el
objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades
deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.
Artículo 4º. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios,
según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la
comunidad en general (...)”.
17
Decreto 4588 de 2006, artículo 3º.
18
Ley 79 de 1988, artículos 61 a 64.

19
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Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

En cuanto a esta clase de organizaciones, la Corte Constitucional al analizar
la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, expresó que “las
cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo
de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias
reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos”. (…) Todos
los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado,
además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la
Cooperativa”19.

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la citada sentencia C-211 de
2000, en cuanto a las compensaciones que perciben los socios de estas
cooperativas, manifestó que el trabajo asociado no puede ser utilizado
indebidamente para eludir las obligaciones de carácter laboral con los
trabajadores dependientes o subordinados, so pena de comprometer su
responsabilidad ante las autoridades correspondientes.

De lo anterior, se entiende que en los eventos en que el asociado a una
cooperativa sea vinculado con otro ente, por órdenes puntuales y estrictas de
ambos, y pretenda que en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formas se reconozca la existencia de una relación laboral,
deberá acreditar que se han consolidado los elementos propios de la misma,
a saber, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

2.2. Pruebas comunes para los demandantes

Agotamiento de la vía gubernativa

(i) El 25 de enero de 2008 el apoderado de los demandantes elevó derecho
de petición ante la E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación solicitando el
reconocimiento y pago de los valores correspondientes a las prestaciones
sociales que dejaron de devengar, debido a la omisión de dicha entidad de
vincularlos en la planta de personal20.

(ii) En Oficio del 8 de febrero de 2008, el apoderado liquidador de la E.S.E.
José Prudencio Padilla resolvió desfavorablemente tal petición, por
considerar que los demandantes se encontraban asociados a una

19
Sentencia C-211 de 2000.
20
Folios 40 a 52.

20
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Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

coooperativa y, por ende, es este último quien debe asumir la relación laboral
reclamada. Este Oficio tiene fecha de salida de correspondencia el 11 del
mismo mes y año21.

Relación laboral

(iii) El 20 de agosto de 2004 el director de la CAA el Bosque de la E.S.E.
José Prudencio Padilla envió un oficio dirigido a los auxiliares de enfermería
y odontología, informando que22:

“Teniendo en cuenta los lineamientos marcados por la directiva de la ESE y
la contratación existente entre las Cooperativas en relación al número de
horas efectivamente laboradas, es necesario ajustar las agendas de trabajos.
Por lo anterior, a partir de la fecha cada una de las profesionales
suministradas por las cooperativas cumplirán sus obligaciones contractuales
así:
Tienen 6 horas asignadas, por lo que le corresponde laborar 36 horas
semanales.
Para laborar un sábado intermedio, en la semana que no labore el sábado,
cumplirá sus obligaciones con jornadas de 7 horas diarias continuas, ya sea
en el horario de 7 AM a 2 PM o en el horario de 12 M a 7 PM.
La semana que labore el sábado, laborará de lunes a viernes en jornada
laboral continua de 6 horas.
Los horarios serán asignados por la coordinadora de salud oral y por
enfermera”.

(iv) Obra copia de los horarios de turnos del mes de marzo - sin año - en el
que las auxiliares de enfermería Candelaria Berrío, Elvia Morales y Darlys
Quevedo fueron asignadas a diversas funciones en horario de mañana y
tarde, tales como curación, vacunación, citología e hipertensión23.

(v) El 6 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar recepcionó la
declaración de la señora Gloria Rosa Romero Pájaro, donde afirmó24:

“Si la conozco, Hilda Palacios García, Candelaria Berrío Díaz, Concepción
Campo Pava, todas ellas enfermeras igual que mi persona, los médicos que
laboraban en ese entonces eran la doctora Akeber Almeida, Gabriel Villa,
trabajamos en un horario de 8 horas diarias, los conozco porque trabajamos
en la misma entidad hace aproximadamente 14 años, actualmente somos
compañeros de trabajo (…) En el 2003 empezamos a trabajar con el ESE
José Prudencio Padilla, anteriormente trabajábamos en el Seguro Social,

21
Folios 54 y 55.
22
Folio 138.
23
Folio 334.
24
Folio 347.

21
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

duramos 3 laborando con dicha entidad en los cuales no recibimos ni
prestaciones sociales ni liquidación, ni dotación, y teníamos los mismos
derechos que los trabajadores fijos o de planta, porque teníamos un jefe y
teníamos que cumplir órdenes, horario, y hacer todo lo que el nos ordenaba
elaborar, en esa época nos mandaron a laborar en el CAA-MANONAL, la
cual está fuera del perímetro urbano y nos pagaban transporte, además
había mucha contaminación por las empresas que estaba alrededor (…).
Con la ESE José Prudencio Padilla duramos laborando 3 años y luego
pasamos a las cooperativas que fue cuando nos enteramos que no iban a
hacer ningún traspaso de empresa ni nada y la ESE no nos pagó
prestaciones, ni nada de lo anterior dicho (…) cumplíamos las mismas
ordenes y haciamos las mismas actividades que las compañeras [de planta],
no teníamos ninguna diferencia en cuanto a las actividades laborales (…)
con un tipo de contratación civil, el cual decía que teníamos las mismas
condiciones laborales que el personal de planta, pero en el campo
prestacional no teníamos las mismas condiciones”.

El mismo día, el Tribunal recepcionó el testimonio de la señora Isabel Herrera
Nieves, quien declaró lo siguiente25:

“Si las conozco a Magalis Torres y Norma Cantillo Escorcia, las conozco
porque somos compañeras de trabajo, la conozco hace 20 años (…) Somo
auxiliares de enfermería trabajamos con la ESE José Prudencio Padilla,
cumplíamos horario, teníamos jefe inmediato y jefe de departamento, no nos
pagaban ni vacaciones, ni primas, ni cesantías y además la seguridad social
la pagamos independiente, pero nos teníamos que regir a las normas de la
institución como si fueramos trabajadores de planta, tampoco nos daban
dotación de uniformes cosa que si les daban al personal de planta, no nos
pagan horas extras, ni recargos nocturnos prácticamente ningún tipo de
prestación”.

Por su parte, la señora Martha Cecilia Morales Pérez rindió testimonio así26:

“Si la conozco a la compañera Magalis Torres Padilla, la conozco porque nos
conocimos en el Seguro Social, en esa época era la Clínica Enrique de la
Vega. Laborábamos a través de una contratación por prestación de servicios
o de una contratación civil, con el cargo de auxiliar de enfermería, nos
conocimos desde el año 1994 ahí ambas nos desempeñábamos como
auxiliar de enfermería (…) La demanda se inició porque nosotros no
recibíamos ningún tipo de prestaciones, en ese entonces teníamos un jefe de
planta Omaira Solarte, Yesmín Guerrero, Gladis Escorcia, nosotros
cumplíamos un horario el mismo que cumplía el personal de planta y además
realizábamos las mismas funciones y acatábamos las órdenes pero no
recibíamos las mismas prestaciones, no teníamos seguridad social a
nosotras nos tocaba pagarla indepedientemente. Nosotros estuvimos
laborando en esa clase de contratación desde el 1994 al 2003 con el Seguro
Social y desde el 2003 al 2006 estuvimos con la ESE José Prudencio Padilla
y posteriormente nos pasaron a las cooperativas”.

La señora Hilda del Carmen García Palacios rindió declaración asÍ27:
25
Folio 348.
26
Folio 349.

22
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

“(…) Sí la conozco, [a los demandantes] porque tenemos una relación laboral
desde hace aproximadamente 15 a 16 años cuando trabajamos en el Seguro
Social y pasamos juntos por los diferentes procesos de contratación por los
que pasamos cuando trabajamos en el Seguro, esta relación inició cuando
empezamos como trabajadores por prestación de servicios en el Seguro,
luego pasamos como trabajadores de la ESE José Prudencio Padilla y
seguimos como trabajadores de las diferentes cooperativas y actualmente
mantenemos la misma relación laborando con la nueva EPS. (…) Los
médicos que trabajan con nosotras trabajan en las mismas condiciones de
los trabajadores de planta, cumplíamos órdenes, además firmar entradas y
salidas, teníamos jefes inmediatos, y en general las mismas funciones, de
igual manera las auxiliares de enfermería también cumplían con las mismas
funciones que las enfermeras de planta y también debíamos cumplir horario
y acatar las órdenes emitidas por la dirección general. En el momento que se
necesitaba de un permiso o cualquier otro requerimiento todo se hacía por
medio de recursos humanos quien manejaba todo ese tipo de asuntos. Todo
esto me consta porque yo también viví todo eso cuando era compañera de
los hoy demandantes, tuvimos jefes en conjunto, todos éramos dirigidos por
el mismo jefe que en esa época era el doctor Roberto Viana Guerrero. Esta
relación se mantuvo con todos los procesos laborales por los que pasó el
Seguro Social, luego de estar laborando con el seguro pasamos a laborar
con la ESE José Prudencio Padilla, y luego a la cooperativa, pero el vínculo
de la cooperativa surgió con fundamento en que si no estabamos afiliados a
una cooperativa no podíamos seguir laborando, seguíamos laborando con la
misma modalidad de contrato de prestación de servicios en donde no nos
reconocían ninguno de los derechos que teníamos como trabajadores, ni
derecho a ningunas vacaciones por eso elevamos esta reclamación
actuante, porque consideramos que si nosotros teníamos el mismo
tratamiento que los trabajadores de planta consideramos que así mismo
deben ser nuestros derechos laborales.(…) Ellos nunca nos pagaron ningún
tipo de prestación, nunca nos pagaron ni liquidación ni vacaciones, ni primas,
ni dominicales ni subsidio familiar o de transporte, cesantías, entre otros.
Cuando se terminó la relación laboral con ellos, ellos nunca nos liquidaron
(…)”.

(vi) Obra Memorando UHHDLV núm. 0374/2006 emitido por el director de la
Unidad Hospitalaria Henrique de la Vega de la E.S.E. José Prudencio Padilla
en el que indicó lo siguiente28:

“Siguiendo las instrucciones de la Gerencia General del ESE José Prudencio
Padilla, queda terminantemente prohibido autorizar permiso o licencias
durante la semana santa, del 10 al 12 de abril de 2006.

Les agradezco tener en cuenta esta directriz ya que su incumplimiento
generará sanciones disciplinarias”.

(vii) Obra copia del Oficio del 12 de enero de 2005 expedido por el
subdirector de salud de la Unidad Hospitalaria Henrique de la Vega y dirigido

27
Folio 352.
28
Folio 592.

23
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a los jefes de departamento, coordinadores de servicio y contratistas en el
que se disponen las siguientes instrucciones29:

“De acuerdo a las instrucciones del Director de esta Unidad Hospitalaria,
ningún contratista puede laborar en esta institución sin su vinculación previa
a una cooperativa y sin asignación de agendas de la subdirección de salud o
de la subdirección administrativa según su perfil.

Por lo anterior, solicito a todos los jefes de departamento y coordinadores de
servicios a socializar esta información dentro del personal asignado a su
área y abstenerse de colocar en listas de turnos o agendas a personal no
vinculado legalmente a una cooperativa”

(viii) Obra comunicación emitida por el gerente general de le E.S.E. José
Prudencio Padilla dirigida al director de la Unidad Hospitalaria Henrique de la
Vega en el que le informa que para el periodo comprendido del 1 de julio al
31 de julio de 2004, el recurso humano que venía laborando en la Unidad
Hospitalaria Henrique de la Vega de la E.S.E. José Prudencio Padilla se
mantendrá vinculado a través de contratación civil, mientras se dilucida la
contratación a través de las cooperativas de la región30.

2.3. Caso Concreto

En vista de que en la cuestión previa la Sala encontró que no se configuró el
fenómeno de la caducidad de la acción, se procederá a analizar en cada
caso concreto si los accionantes probaron los elementos constitutivos de un
vínculo laboral con la E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación. De
resolverse afirmativamente lo anterior, se definirá en el acápite subsiguiente
si los actores tienen derecho al pago de las prestaciones sociales que
devengaban los empleados públicos de la E.S.E. José Prudencio Padilla para
la época en la que prestaron sus servicios.

1. JOSÉ SAÚL MEDINA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1.1. Hechos probados

• Obra certificado expedido el 9 de mayo de 2006 por el gerente de la
precooperativa Precooservir en el que consta que el señor José Saúl Medina
Arteta se encuentra vinculado desde el 24 de noviembre de 2004 hasta la

29
Folio 251.
30
Folio 255.

24
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fecha de expedición de la constancia, prestando sus servicios como auxiliar
administrativo en el CAA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla, con
intensidad de 8 horas diarias, devengando una compensación mensual de
$922.00031.

• El señor José Saúl Medina Arteta prestó sus servicios en información y
registro de la E.S.E. José Prudencio Padilla. El 11 de mayo de 2006 se le
informó por parte de la Dirección CCA Central que su horario de trabajo era
de 8 horas, desde las 6:00 am a 12:00 m y desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00
p.m32.

• Obra copia de la comunicación expedida el 10 de marzo de 2005 en el que
se invita al señor José Saúl Medina a una reunión el día 15 de marzo de
2005 a las 11:00 am en la dirección CAA-Central33.

1.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre el señor José Saúl Medina y la E.S.E. José
Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que el actor estuvo asociado a la
precooperativa de trabajo Precooservir, del 24 de noviembre de 2004 hasta
el 9 de mayo de 2006, y que a través de esta asociación, prestó sus servicios
en la CAA Central de la E.S.E. José Prudencio padilla como auxiliar
administrativo.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden al actor. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

31
Folio 77.
32
Folios 78 a 80.
33 Folio 588.

25
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En primer lugar, según el material probatorio aportado se observa que el
señor José Saúl Medina Arteta prestó sus servicios personales como auxiliar
administrativo en la CCA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla, a
través de la precooperativa de trabajo asociado Precooservir, del 24 de
noviembre de 2004 hasta el 9 de mayo de 2006, según se probó con la
constancia expedida el 9 de mayo de 2006 por el gerente de la referida
precooperativa. Así, se observa que el actor, en calidad de asociado, era
enviado a laborar como auxiliar administrativo a la E.S.E. José Prudencio
Padilla, en virtud del contrato de convenio asociativo.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que sí existió la prestación
personal del servicio por parte del accionante a la E.S.E. José Prudencio
Padilla en los siguientes tiempos, que se resumen así:

Modalidad de vinculación Fechas Tiempo
Asociado precooperativa Del 24 de noviembre de 1 año, 5 meses y 15
PRECOOSERVIR 2004 hasta el 9 de mayo de días
2006

b) Remuneración por el servicio prestado

La prueba de este elemento de la relación laboral está acreditada con la
certificación que el gerente de Precoopservir emitió el 9 de mayo de 2006, en
la consta que el accionante laboraba con una intensidad horaria de 8 horas y
percibía una compensación mensual de $922.000.

En este orden de ideas, se encuentra demostrada la remuneración como
segundo elemento de la relación laboral.

c) Subordinación y dependencia

El demandante acreditó que durante el tiempo en que prestó sus servicios
para la entidad demandada, estuvo a cargo de información y registro en el
archivo clínico, además que se le fijó un horario designado por la directora de
la CAA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla.

26
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

En lo que tiene que ver con la función desempeñada por el señor José Saúl
Medina Arteta como auxiliar administrativo, si bien se observa que fue
asignado, como ya se dijo, en información y registro, lo cierto es que este no
aportó prueba alguna de la que se pueda inferir una relación de
subordinación y dependencia con la E.S.E. José Prudencio Padilla.

Así entonces, aunque el actor acreditó el horario asignado al personal
administrativo, debe precisarse que no obra evidencia de que se encontrase
en la obligación de dar cumplimiento a este. Ello, toda vez que no existe
prueba de llamados de atención, comunicaciones, memorandos u otros
medios, dirigidos al demandante tendiente al cumplimiento estricto del
horario de oficina de la entidad.

En sentencia proferida por el Consejo de Estado el 15 de septiembre de 2016
se determinó que el accionante no había probado la existencia de la
subordinación, dijo la Corporación:

“ (…) Por todo lo anterior, es evidente la falta de actividad probatoria de la
parte demandante de quien, como se dijo, dependía exclusivamente dicha
carga según el aforismo «onus probandi incumbit actori», dirigida en este
caso a desvirtuar: (i) la naturaleza contractual de la relación establecida, con
la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos de la
relación laboral, en especial la subordinación o dependencia del cual
claramente se pudiera inferir que el desarrollo de la actividad encomendada
se tuvo que desplegar conforme a los parámetros, órdenes y horarios
señalados por la ESE Francisco de Paula Santander; (…) pues sólo de esta
manera era viable acceder a las pretensiones formuladas, por lo que se
impone para la Sala confirmar la sentencia apelada en cuanto el a quo negó
el petitum de la demanda, por las razones expuestas.”34

Aunado a lo anterior, se observa que los testimonios practicados en el
proceso dan cuenta de las condiciones de trabajo de modo tiempo y lugar de
las auxiliares de enfermería y de los médicos; sin embargo, en ninguno de
ellos se hace referencia a las condiciones laborales de los auxiliares
administrativos, de los cuales pueda inferirse la relación de subordinación y
dependencia alegadas.

34
Sent. Exp. 68001-2331-000-2009-00691-01 (1579-2015).

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Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

En consecuencia, se reitera, en razón a que en esta clase de asuntos la
carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de
la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró
probar de forma contundente los elementos de la misma, particularmente la
subordinación, considera esta Sala que deberán negarse las pretensiones de
la demanda para el señor José Saúl Medina Arteta.

2. DARLYS MARLENE QUEVEDO PADILLA – AUXILIAR DE
ENFERMERÍA

2.1 Hechos probados

• Obra certificado expedido el 8 de junio de 2006 por el gerente de la
precooperativa Precooservir en el que consta que la señora Darlys Quevedo
Padilla se encuentra vinculada desde el 01 de noviembre de 2004, prestando
sus servicios como auxiliar de enfermería en el CAA del Bosque de la E.S.E.
José Prudencio Padilla, con intensidad de 6 horas diarias, y un contrato a
término indefinido, devengando una compensación mensual de $662.68835.

• Obra copia de la cesión del contrato de prestación de servicios núm. VA-
018460 del 1 de julio de 2003 de la señora Darlys Quinterio Padilla entre el
ISS (cedente) y la E.S.E. José Prudencio Padilla (cesionario), para la
prestación de los servicios como auxiliar de enfermería en el CAA Pedro de
Heredia – Bolívar. La copia no está suscrita por el cesionario 36.

• Obra copia del convenio modificatorio de plazo y valor del contrato núm.
8469 del 01 de julio de 2003, mediante el cual se prorroga el plazo de dicho
contrato hasta el 30 de diciembre de 2003 y se adiciona en la suma de
$412.870. La copia aportada solo está suscrita por la contratista37.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. sin número,
suscrito entre la señora Darlys Quevedo Padilla y el gerente general de la
E.S.E. José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios

35
Folio 77.
36
Folio 83.
37
Folio 85.

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Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

profesionales como auxiliar de enfermería en el CAA Bosque (4 horas), por el
término de 30 días, esto es, desde el 01 al 30 de abril de 2004. Los pagos
mensuales se realizarían mes vencido, por la suma de $412.87038.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 001146,
suscrito entre la señora Darlys Quevedo Padilla y el gerente general de la
E.S.E. José Prudencio Padilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios
profesionales como auxiliar de enfermería en el Centro Ambulatorio CAA
Heredia (4 horas), por el término de 2 meses, esto es, desde el 01 de enero
de 2004 al 29 de febrero del mismo año. Los pagos mensuales se realizarían
mes vencido, por la suma de $412.87039.

• Obra copia del convenio modificatorio de plazo y valor del contrato núm.
1146 del 01 de enero de 2004, mediante el cual se prorroga el plazo de dicho
contrato hasta el 31 de marzo de 2004 y se adiciona en la suma de
$412.870. La copia aportada solo está suscrita por la contratista40.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 4296,
suscrito entre la señora Darlys Quevedo Padilla y el gerente general de la
E.S.E. José Prudencio Padilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios
profesionales como auxiliar de enfermería en el CAA Bosque (4 horas), por el
término de 30 días, esto es, desde el 01 al 30 de junio de 2004. Los pagos
mensuales se realizarían mes vencido, por la suma de $412.87041.

• Obra copia de la designación de horario del 22 de abril de 2006 en el que
se establece el de la señora Darlys Quevedo de 8:00 am a 12:30 pm en el
turno de la mañana42.

• Obra copia de los horarios de turnos del mes de marzo - sin año - en el que
la auxiliar de enfermería Darlys Quevedo fue asignadas a diversas funciones

38
Folios 172 a 174.
39
Folios 175 a 177.
40
Folio 84
41
Folios 178 a 180.
42
Folio 109.

29
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

en horario de mañana y tarde, tales como curación, vacunación, citología e
hipertensión43.

2.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre la señora Darlys Quevedo Padilla y la E.S.E.
José Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Darlys Quevedo Padilla
suscribió sendos contratos de prestación de servicios con la E.S.E. José
Prudencio Padilla, en los que se obligaba a prestar sus servicios
profesionales como auxiliar de enfermería en la CAA el Bosque y la CAA
Heredia del 1 de enero al 29 de febrero de 2004, del 1 al 30 de abril de 2004
y del 1 al 30 de junio de 2004. Después, laboró para la misma E.S.E. en la
CAA del Bosque como asociada de la precooperativa de trabajo asociado
Precooservir, del 01 de noviembre de 2004 hasta el 8 de junio de 2006.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

En primer lugar, según el material probatorio aportado se observa que la
actora suscribió sendos contratos de prestación de servicio con la E.S.E.
José Prudencio Padilla como auxiliar de enfermería del 1 de enero al 29 de
febrero de 2004, del 1 al 30 de abril de 2004 y del 1 al 30 de junio de 2004,
para laborar en las sedes CAA el Bosque y CAA Heredia.

El objeto de dichos contratos consistía en “prestar los servicios requeridos
por la ESE y que se concretan en: 1. Control de presión arterial 2.
Curaciones 3. Vacunación 4. Toma de citología 5. Ingreso de pacientes al

43
Folio 334.

30
Número interno: 0177-16
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programa de diabetes e hipertensos 6. Apoyo a la consulta externa al médico
y manejar adecuadamenete los elementos que utilice para el desarrollo de
las actividades” Además, “brindar apoyo técnico y logístico en la atención de
consulta tanto de urgencias como programada, apoyar los procesos de
bioseguridadd que garanticen la calidad en la prestación del servicio. Asistir
en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos urgentes y
programados en el consultorio en sala especial. Coadyuvar en ayudas
quirúrgicas”.

Posteriormente, la señora Darlys Quevedo Padilla prestó sus servicios como
enfermera auxiliar en la CCA del Bosque de la E.S.E. José Prudencio Padilla,
a través de la cooperativa de trabajo asociado Precooservir, del 01 de
noviembre de 2004 hasta el 8 de junio de 2006, según se probó con la
constancia expedida el 8 de junio por el gerente de la referida cooperativa.
Así, se observa que la actora en calidad de asociada de la cooperativa era
enviada a laborar como enfermera a la E.S.E. José Prudencio Padilla, en
virtud del contrato de convenio asociativo.

Ahora, la Sala debe aclarar que si bien, la accionante aportó copia del
convenio modificatorio del Contrato núm. 8469 del 1 de julio de 2003 y del
1146 del 01 de enero de 2004, copia de la cesión del contrato de prestación
de servicios VA 018460 del 1 de julio de 2003, lo cierto es que estos no
pueden ser tenidos en cuenta como prueba del periodo en el cual prestó sus
servicios personales, en la medida en que estos documentos solo se
encuentran suscritos por la contratista y, dada la solemnidad que reviste a los
contratos estatales, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, no
es posible considerarlos como prueba válida que acredite tiempos de labor.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que sí existió la prestación
personal del servicio por parte de la accionante a la E.S.E. José Prudencio
Padilla en los siguientes tiempos, que se resumen así:

Modalidad de vinculación Fechas Tiempo
Contrato de prestación de Del 1 de enero al 29 de 2 meses
servicios febrero de 2004

31
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

CAA Heredia
Interrupción de 22 días hábiles
Contrato de prestación de 1 al 30 de abril de 2004 1 mes
servicios
CAA Bosque
Interrupción de 20 días hábiles
Contrato de prestación de 1 al 30 de junio de 2004 1 mes
servicios
CAA Bosque
Interrupción de 83 días hábiles
Asociada precooperativa Del 01 de noviembre de 1 año, 7 meses y 7 días
PRECOOSERVIR 2004 hasta el 8 de junio de
CCA Bosque 2006

b) Remuneración por el servicio prestado

En los contratos de prestación de servicios suscritos se indicó su valor, y en
cada uno de ellos se fijó la suma mensual de $412.870, pagados mes
vencido. Sin embargo, cabe anotar que si bien no se aportó prueba de los
pagos recibidos, el ente demandado no lo controvirtió ni se opuso a ello,
razón por la cual ha de entenderse que sí los efectuó, al cumplir sus
obligaciones contractuales.

La prueba de este elemento de la relación laboral está acreditada con la
certificación que el gerente de Precoopservir emitió el 8 de junio de 2006, en
la consta que la accionante percibía una compensación mensual de
$662.688.

En este orden de ideas, se encuentra demostrada la remuneración como
segundo elemento de la relación laboral.

c) Subordinación y dependencia

Esta Corporación, en sentencia del 21 de abril de 2016, sostuvo que la
subordinación en la función desempeñada por las enfermeras, se presume,
en tanto no es posible hablar de autonomía cuando de ellas se trata. No
obstante, señaló que esto no impide que en algunos casos las enfermeras
puedan actuar de manera independiente, situación que deberá probar la

32
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

entidad demandada a fin de desvirtuar la aludida presunción. Al respecto,
manifestó:

“(…) la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma autónoma, ya
que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario
en que prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad que
desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo
la prestación del servicio de salud.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos generales
le corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los
cuidados especiales que requiere cada paciente, así como establecer
condiciones respecto de cómo asistirlos en todo procedimiento médico y
cómo se debe realizar el control de los pacientes en los centros de salud. Lo
anterior implica que la relación entre médicos y enfermeras por lo general va
más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación” 44.

De conformidad con lo expuesto, es posible deducir que la labor de las
enfermeras por regla general es subordinada, lo cual no fue desvirtuado por
la entidad demandada.

Lo anterior, es respaldado también con las designaciones de horario
efectuadas por la E.S.E. José Prudencio Padilla en los cuales se informó la
asignación de turnos para cumplir su función de enfermera, determinados
directamente por la entidad accionada y los registros de turnos, de los cuales
permiten inferir que entre la actora y la entidad demandada se consolidó una
relación de subordinación45.

Prueba de lo anterior, es también el Oficio del 20 de agosto de 2004 emitido
por el director de la CAA el Bosque de la E.S.E. José Prudencio Padilla,
donde laboró la accionante, dirigido a los auxiliares de enfermería y
odontología, informando que46:

“Teniendo en cuenta los lineamientos marcados por la directiva de la ESE y
la contratación existente entre las Cooperativas en relación al número de
horas efectivamente laboradas, es necesario ajustar las agendas de trabajos.
Por lo anterior, a partir de la fecha cada una de las profesionales
suministradas por las cooperativas cumplirán sus obligaciones contractuales
así:
Tienen 6 horas asignadas, por lo que le corresponde laborar 36 horas
semanales.

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de
abril de 2016. Radicación: 13001 23 31 000 2012 00233 01 (2820-2014). M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Actor:
Luz Elvira Montes Díaz. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
45
Folios 53 y 61 a 117.
46
Folio 138.

33
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Para laborar un sábado intermedio, en la semana que no labore el sábado,
cumplirá sus obligaciones con jornadas de 7 horas diarias continuas, ya sea
en el horario de 7 AM a 2 PM o en el horario de 12 M a 7 PM.
La semana que labore el sábado, laborará de lunes a viernes en jornada
laboral continua de 6 horas.
Los horarios serán asignados por la coordinadora de salud oral y por
enfermera”.

Así las cosas, conforme se logró probar, la señora Darlys Quevedo Padilla
demostró que en la ejecución de su labor como enfermera auxiliar, prestada
a la E.S.E. José Prudencio Padilla entre el 1 de enero al 29 de febrero de
2004, del 1 al 30 de abril de 2004 y del 1 al 30 de junio de 2004 y luego
mediante la cooperativa de trabajo asociado Precoopservir, se configuraron
los elementos propios de una relación laboral, a saber, prestación personal
del servicio, subordinación y remuneración.

De la prescripción en materia de contrato realidad

Lo primero que debe precisarse en este punto, es que la Sala observa que
existió una interrupción considerable en la prestación del servicio de la
accionante, pues transcurrieron 4 meses desde la finalización de los
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la E.S.E. y la
fecha de asociación inicial a la cooperativa.

Sobre el particular, esta Corporación, en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, SUJ-025-CE-S2-2021, determinó como regla
jurisprudencial un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de
un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de
continuidad, en los siguientes términos:

(…) aunque en la actualidad la Sección Segunda aplica el criterio pacífico
sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse la
prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de
establecer si se presentó o no la solución de continuidad en la relación
laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un
periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no
solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios,
sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que
obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

34
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán
atenderse las siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2
de la Ley 80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma
sucesiva con una misma persona natural, en los que concurran todos los
elementos constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que
no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si
entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no
han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se
constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de
continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los
de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones entre uno y
otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que pudiesen
derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez deberá
definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los
contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos
hubiesen podido generarse”.

Así entonces, como quiera que transcurrieron más de 30 días hábiles entre el
30 de junio de 2004 y el 01 de noviembre de 2004, se entiende que hubo
solución de continuidad entre estas dos vinculaciones; por tanto, el término
de prescripción para estas deberá ser contabilizado en forma separada.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que
la señora Quevedo tuvo lo siguientes vínculos contractuales sucesivos con la
E.S.E: del 01 de enero al 29 de febrero de 2004, desde el 01 hasta el 30 de
abril de 2004 y del 1 al 30 de junio de 2004. Por su parte se asoció a la
precooperativa de trabajo asociado Precoopservir entre el 01 de noviembre
de 2004 y el 8 de junio de 2006.

Así mismo, se advierte que la accionante reclamó el reconocimiento y pago
de sus prestaciones ante la ESE José Prudencio Padilla el 25 de enero de
2008.

De modo que, el periodo del 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2004 se
encuentra prescrito al no haber sido reclamado a más tardar dentro de los
tres años siguientes a la fecha de su finalización. Por el contrario, no ocurrió
lo mismo con el periodo en que la accionante estuvo asociada a la

35
Número interno: 0177-16
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cooperativa entre el 01 de noviembre de 2004 y el 8 de junio de 2006, pues,
sobre este último, la Sala advierte que no operó el fenómeno jurídico de la
prescripción, en la medida en que el agotamiento de la vía gubernativa se dio
dentro de los tres años siguientes de la finalización del vínculo.

En cuanto al restablecimiento del derecho, la Sala precisa que se ordenará
de forma común para los demandantes a los que les asista el reconocimiento
de la relación laboral, en el siguiente acápite.

3. CANDELARIA BERRÍO DÍAZ – AUXILIAR DE ENFERMERÍA
3.1. Hechos probados

• Obra copia del convenio modificatorio de plazo y valor del contrato núm.
1165 del 01 de enero de 2004, mediante el cual se prorroga el plazo de dicho
convenio hasta el 31 de marzo de 2004 y se adiciona en la suma de
$412.870. La copia aportada solo está suscrita por la contratista47.

• Obra copia del convenio modificatorio de plazo y valor del contrato núm.
8443 del 01 de julio de 2003, mediante el cual se prorroga el plazo de dicho
contrato hasta el 30 de diciembre de 2003 y se adiciona en la suma de
$412.870. La copia aportada solo está suscrita por la contratista48.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 001,
suscrito entre la señora Candelaria Berrío Díaz y el gerente general de la
E.S.E: José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios
profesionales como auxiliar de enfermería en el CAA Heredia (4 horas) y por
el término de dos meses, esto es, desde el 01 de enero de 2004 hasta el 29
de febrero del mismo año. Los pagos mensuales se realizarían mes vencido,
por la suma de $412.870. El contrato está suscrito por las dos partes49.

-Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 4279,
suscrito entre la señora Candelaria Berrío Díaz y el gerente general de la
E.S.E: José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios

47
Folio 90.
48
Folio 91.
49
Folios 92 a 93.

36
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profesionales como auxiliar de enfermería en el CAA Bosque (4 horas) y por
el término de un mes, esto es, desde el 01 al 30 de junio de 2004. Los pagos
mensuales se realizarían mes vencido, por la suma de $412.87050.

• Obra copia del Oficio del 4 de junio de 2004 suscrito por el gerente general
de la E.S.E. José Prudencio Padilla CAA Bosque, en el que se le informa a la
señora Candelaria Berrío Díaz que el contrato núm. 4279-2004 vence el 30
de junio de 2004, por lo cual se le solicita devolver los elementos entregados
para el cumplimiento del mismo51.

• Obran comprobantes de pago expedidos por Precooservir de la señora
Candelaria Berrío Díaz, desde el 01 de octubre de 2004 al 30 de noviembre
del mismo año, desde el 02 de febrero de 2005 hasta el 31 de diciembre de
2005 y del 01 al 31 de enero de 200652.

• Mediante Oficio del 25 de febrero de 2004, la subgerente CAA de la E.S.E.
José Prudencio Padilla informó a la señora Candelaria Berrío Díaz que, por
directrices del comité de gerencia, desde el día 26 de febrero de 2004
continuará prestando su servicio en el CAA Bosque por 4 horas53.

3.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre la señora Candelaria Berrio Díaz y la E.S.E.
José Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Candelaria Berrio Díaz
suscribió dos contratos de prestación de servicios con la E.S.E. José
Prudencio Padilla, en los que se obligaba a prestar sus servicios
profesionales como auxiliar de enfermería en la CAA el Bosque y la CAA
Heredia del 01 de enero de 2004 hasta el 29 de febrero del mismo año y, del
01 al 30 de junio de 2004.

50
Folios 94 a 96.
51
Folio 145.
52
Folio 87 y 88 y folios 331 a 333.
53
Folio 89.

37
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

De acuerdo con el material probatorio aportado, la señora Candelaria Berrio
Díaz acredita la prestación del servicio a la E.S.E. José Prudencio Padilla
como auxiliar de enfermería desde el 01 de enero de 2004 hasta el 29 de
febrero del mismo año y, del 01 al 30 de junio de 2004, a través de los
contratos de prestación de servicio que suscribió con el demandado.

Lo primero que la Sala debe precisar es que la accionante allegó al plenario
como prueba de su vinculación dos contratos de prestación de servicios que
en total suman tres meses de labor. Por lo anterior, debe observarse que
para la declaración de una relación de laboral como la del asunto de marras,
es necesario que el trabajador pruebe continuidad y permanencia, es decir
que debe acreditarse que se utilizó la figura del contrato de prestación de
servicios para eludir la naturaleza excepcional de este.

En el mismo sentido, es menester advertir que, conforme a las previsiones de
la Ley 80 de 1993, una de las características del contrato de prestación de
servicios es la temporalidad con la que debe ser utilizada y, en vista de que
la accionante solo acreditó su prestación de servicio por el término de tres
meses, no es posible derivar de dicha relación contractual la existencia de
una verdadera relación laboral. Así entonces, conforme a lo probado, en el
sentir de la Sala, la prestación del servicio como auxiliar de enfermería,
desplegado por la actora, no fue permanente, sino ocasional y transitorio.

Ahora, si bien es cierto que la accionante allegó al plenario comprobantes de
pago expedidos por precooservir desde el 01 de octubre de 2004 al 30 de
noviembre del mismo año, desde el 02 de febrero de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2005 y del 01 al 31 de enero de 2006, lo cierto es que de ellos

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no se puede derivar el hecho de que prestó sus servicios personales a la
E.S.E. ahora demandada, pues en ellos no se indica el concepto por el cual
se realiza cada uno de estos pagos.

En cuanto al testimonio rendido el 6 de junio de 2014 por la señora Gloria
Rosa Romero Pájaro, en el que declaró que “Hilda Palacios García, Candelaria
Berrío Díaz, Concepción Campo Pava, todas ellas enfermeras igual que mi persona,
los médicos que laboraban en ese entonces eran la doctora Akeber Almeida, Gabriel
Villa, trabajamos en un horario de 8 horas diarias, los conozco porque trabajamos en
la misma entidad hace aproximadamente 14 años, actualmente somos compañeros
de trabajo (…)”, debe decirse que, aunque en tal declaración la testigo indicó
que trabajó con la señora Berrío hace 14 años, de esta no puede
evidenciarse con exactitud el tiempo en que la accionante prestó sus
servicios personales en la E.S.E.

Aunado a lo anterior, se precisa que no pueden ser tenidos en cuenta como
prueba del periodo de prestación personal del servicio los convenios y
contratos allegados que solo se encuentran suscritos por la contratista, dada
la solemnidad que reviste a los contratos estatales, conforme a los artículos
39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

Dentro de este contexto, el mérito que le asigna la Sala a los referidos
documentos y testimonios, es de insuficiente como medios de prueba
decretados, practicados y con la oportunidad procedimental de haber sido
controvertidos, en virtud de la obligación del administrador de justicia de
apreciar las pruebas en conjunto de conformidad con las reglas de la sana
crítica54.

Quedando en cabeza de la parte demandante probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, ya que lo
testificado, por sí solo, no permite establecer que en los periodos echados de
menos por la Sala, ésta hubiese laborado para la entidad demandada.

54
Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo.

39
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

En vista de lo expuesto, y por sustracción de materia, la Sala no continuará
analizando los otros elementos del contrato realidad y negará las
pretensiones de la demanda para la señora Candelaria Berrio Díaz.

4. ELVIA MARÍA MORALES MENDOZA – AUXILIAR DE ENFERMERÍA

4.1. Hechos probados

-Obra copia del convenio modificatorio de plazo y valor del contrato núm.
1154 del 01 de enero de 2004, mediante el cual se prorroga el plazo de dicho
contrato hasta el 31 de marzo de 2004 y se adiciona en la suma de
$825.740. La copia aportada solo está suscrita por la contratista55.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 0001,
suscrito entre la señora Elvia María Morales Mendoza y el gerente general de
la E.S.E. José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los
servicios profesionales como auxiliar de enfermería en el CAA Heredia y por
el término de dos meses, esto es, desde el 01 de enero de 2004 hasta el 29
de febrero del mismo año. Los pagos mensuales se realizarían mes vencido,
por la suma de $825.740. El contrato está suscrito por las dos partes 56.

• Obra copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de
prestación de servicios núm. VA006281, en el que consta que la señora Elvia
Morales Mendoza suscribió un contrato de prestación de servicios de apoyo
a la gestión 8 horas por el término de 2 meses, 15 días. El acta solo está
suscrita por la contratista57.

• Obra copia de la cesión del contrato de prestación de servicios núm. VA-
021232 del 1 de julio de 2003 de la señora Elvia María Morales Mendoza
entre el ISS (cedente) y la E.S.E. José Prudencio Padilla (cesionario),
suscrito el 01 de julio de 2003 por el cedente y el contratista, para la

55
Folio 100.
56
Folios 102 a 104.
57
Folio 106.

40
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

prestación de los servicios como auxiliar de enfermería en el CAA Pedro de
Heredia – Bolívar. La copia no está suscrita por el cesionario 58.

• Mediante Oficio del 25 de febrero de 2004, el subgerente CAA de la E.S.E.
José Prudencio Padilla informó a la señora Elvia María Morales Mendoza
que, por directrices del comité de gerencia, desde el día 26 de febrero de
2004 continuará prestando su servicio en el CAA Central por 8 horas59.

• Obran comprobantes de pago expedidos por Precooservir de la señora
Elvia María Morales Mendoza, desde el 01 al 31 de diciembre de 2005 y,
desde el 01 de enero de 2006 al 31 de marzo del mismo año60.

4.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre la señora Elvia María Morales Mendoza y la
E.S.E. José Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Elvia María Morales
Mendoza suscribió un contrato de prestación de servicios con la E.S.E. José
Prudencio Padilla, en los que se obligaba a prestar sus servicios
profesionales como auxiliar de enfermería en la CAA Heredia desde el 01 de
enero de 2004 hasta el 29 de febrero del mismo año.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

De acuerdo con el material probatorio aportado, la señora Elvia María
Morales Mendoza acredita la prestación del servicio a la E.S.E. José

58
Folio 107.
59
Folio 97
60
Folio 98 y 99.

41
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Prudencio Padilla como auxiliar de enfermería desde el 01 de enero de 2004
hasta el 29 de febrero del mismo año, a través de un contrato de prestación
de servicios que suscribió con el demandado.

Lo primero que la Sala debe precisar es que la accionante allegó al plenario
como prueba de su vinculación un contrato de prestación de servicios,
suscrito entre las partes, por el término de dos meses. Por lo anterior, debe
observarse que para la declaración de una relación de laboral como la del
asunto de marras, es necesario que el trabajador pruebe continuidad y
permanencia, es decir que debe acreditarse que se utilizó la figura del
contrato de prestación de servicios para eludir la naturaleza excepcional de
este.

En el mismo sentido, es menester advertir que, conforme a las previsiones de
la Ley 80 de 1993, una de las características del contrato de prestación de
servicios es la temporalidad con la que debe ser utilizada y, en vista de que
la accionante solo acreditó su prestación de servicio por el término de dos
meses, no es posible derivar de dicha relación contractual la existencia de
una verdadera relación laboral. Así entonces, conforme a lo probado, en el
sentir de la Sala, la prestación del servicio como auxiliar de enfermería,
desplegado por la actora, no fue permanente, sino ocasional y transitorio.

Ahora, si bien es cierto que la demandante allegó al plenario comprobantes
de pago expedidos por precooservir desde el 01 de enero de 2006 al 31 de
marzo del mismo año y, desde el 01 al 31 de diciembre de 2005, lo cierto es
que de ellos no se puede derivar el hecho de que prestó sus servicios
personales a la E.S.E. ahora demandada, pues en ellos no se indica el
concepto por el cual se realiza cada uno de estos pagos.

Aunado a lo anterior, se precisa que no pueden ser tenidos en cuenta como
prueba del periodo de prestación personal del servicio los convenios y
contratos allegados que solo se encuentran suscritos por la contratista, dada
la solemnidad que reviste a los contratos estatales, conforme a los artículos
39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

42
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Por demás, se advierte que obra Oficio del 25 de febrero de 2004, en el que
el subgerente CAA de la E.S.E. José Prudencio Padilla informó a la señora
Elvia María Morales Mendoza que, por directrices del comité de gerencia,
desde el día 26 de febrero de 2004 continuará prestando su servicio en el
CAA Central por 8 horas, lo cual coincide con la fecha de la contratación que
se tiene por acreditada en la Sala; sin embargo, de este tampoco se puede
derivar la permanencia, pues no se indicó la fecha hasta la que continuaría
prestando el referido servicio.

Dentro de este contexto, el mérito que le asigna la Sala a los referidos
documentos, es de insuficiente como medios de prueba decretados,
practicados y con la oportunidad procedimental de haber sido controvertidos,
en virtud de la obligación del administrador de justicia de apreciar las pruebas
en conjunto de conformidad con las reglas de la sana crítica61.

Quedando en cabeza de la parte demandante probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, ya que lo
demostrado, por sí solo, no permite establecer que en los periodos echados
de menos por la Sala, ésta hubiese laborado para la entidad demandada.

En vista de lo expuesto, y por sustracción de materia, la Sala no continuará
analizando los otros elementos del contrato realidad y negará las
pretensiones de la demanda para la señora Elvia María Morales Mendoza.

5. HILDA PALACIO

5.1. Hechos probados

• Obra copia del Oficio del 18 de abril de 2006 suscrito por directora del CAA
Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla dirigido a la señora Hilda Palacio
en el que se le indica que “los turnos asignados en enfermería deben ser
cumplidos, cualquier inconveniente para cumplir con el turno asignado debe
ser notificado oportunamente a la Licenciada María Cristina Gómez para
coordinar su reemplazo. Los permisos y las calamidades familiares

61
Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

ineludibles de un (1) día deben ser solicitados y notificados a la Dirección del
CAA Central, previo visto bueno de la Coordinadora de Promoción y
Prevención. Los permisos que sean de 3 días o más, deben ser solicitados
oportunamente por escrito”62.

• Obra copia del horario establecido a la señora Hilda Palacio el 22 de julio de
2006, correspondiente a las horas de la tarde, de 12:30 m. a 4:30 p.m63.

• Obra copia de los turnos de auxiliares de enfermería suscrito por la
coordinadora de enfermería, en el que consta que la señora Hilda Palacio
García estuvo asignada al servicio de vacunación de 8.00 am a 2:00 p.m, del
8 al 17 de septiembre de 200564.

• Obra copia de la comunicación emitida por la directora CAA Central de la
E.S.E. José Prudencio Padilla en que informa al gerente del Seguro Social –
Seccional Bolívar que la señora Hilda Palacio García fue asignada para las
actividades preventivas en la universidad de Cartagena como auxiliar de
enfermería65.

5.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre la señora Hilda Palacio García y la E.S.E. José
Prudencio Padilla

En el presente caso, lo primero que advierte la Sala es que la señora Hilda
Palacio no allegó pruebas contundentes de las que se pueda derivar la
prestación del servicio y la forma de vinculación por medio de la cual estuvo
relacionada con la E.S.E. José Prudencio Padilla.

Si bien, los documentos allegados al plenario dan cuenta de que se le
impusieron turnos para la prestación del servicio en días determinados, lo
cierto es que estos no es posible evidenciar con certeza las fechas o el

62
Folio 108.
63
Folio 109.
64
Folio 114.
65
Folio 594.

44
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

término en el cual fungió como asociada y/o contratista de la entidad
demandada y tampoco de la relación laboral cuyo reconocimiento ahora
pretende.

En esa medida, se considera improcente analizar los demás elementos del
contrato realidad en el caso concreto, por sustracción de materia y se
negarán las pretensiones de la demanda para la señora Hilda Palacio.

6. AKEVER ALMEIDA MARTÍNEZ

• Obra copia del contrato de prestación de servicios profesionales núm. VA-
018438 del 11 de junio de 2003, celebrado entre la señora Akever Almeida
Martínez y el ISS, cuyo objeto consistía en prestar sus servicios como
médico general, por el término de 5 meses, entre el 1 de julio de 2003 y el 30
de noviembre del mismo año66.

• Obra copia de la cesión del contrato de prestación de servicios núm. VA-
018438 suscrito entre la señora Akever Almeida Martínez, el ISS (cedente) y
la E.S.E. José Prudencio Padilla (cesionario), del 01 de julio de 2003, para la
prestación de los servicios como médico general en el CAA Pedro de Heredia
– Bolívar. La copia no está suscrita por el cesionario67.

• Obra la certificación del 7 de abril de 2005 suscrita por la jefe departamento
de recursos humanos del ISS en el que constan los contratos de prestación
de servicios profesionales de la señora Akever Almeida Martínez como
medico general celebrados desde 1995, así68:

Contrato núm. Duración
0343-95 4 meses 20 días
0998-05 1 mes 17 días
0063-96 6 meses
0762-96 5 meses

66
Folios 116 a 118.
67
Folio 115.
68
Folios 120 y 121.

45
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

0520-97 2 meses 18 días
701 5 meses
1071 7 meses
0064 3 meses
515 5 meses
821 3 meses
0262 6 meses 22 días
708 3 meses 27 días
0216 4 meses
0387 4 meses
792 2 meses 17 días
Adición 1 mes 10 días
0137 4 meses
0309 4 meses
0560 28 días
0735 29 días
Adición 14 días
0959 2 meses15 días
207 9 meses
VA-006236 2 meses 15 días
VA-018438 (del 1 de julio de 2003 al 5 meses
30 de noviembre de 2003)

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 0001.168,
suscrito entre la señora Akever Almeida Martínez y el gerente general de la
E.S.E. José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios
profesionales como médico general CAA Heredia, por el término de dos
meses, esto es, desde el 01 de enero de 2004 hasta el 29 de febrero del
mismo año. Los pagos mensuales se realizarían mes vencido, por la suma
de $1.048.870. El contrato está suscrito por las dos partes69.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P. 4274,
suscrito entre la señora Akever Almeida Martínez y el gerente general de la

69
Folios 197 a 200.

46
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

E.S.E. José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios
profesionales como médico general CAA el Bosque, por el término de un
mes, esto es, del 01 al 30 de junio de 2004. El valor del contrato fue por la
suma de $1.048.870. El contrato está suscrito por las dos partes70.

• Obra copia del Oficio del 4 de junio de 2004 suscrito por el gerente general
de la E.S.E. José Prudencio Padilla CAA Bosque, en el que se le informa al
la señora Akever Almeida Martínez que el contrato núm. 4274-2004 vence el
30 de junio de 2004, por lo cual se le solicita devolver los elementos
entregados para el cumplimiento del mismo71.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios E.S.E. J.P.P., celebrado
entre la señora Akever Almeida Martínez y el gerente general de la E.S.E:
José Prudencio Padrilla, cuyo objeto consistía en prestar los servicios
profesionales como médico general CAA el Bosque, por el término de un
mes, esto es, del 01 al 30 de abril de 2004. El valor del contrato fue por la
suma de $1.048.870. El contrato solo está suscrito por la contratista72.

6.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre la señora Akever Almeida Martínez y la E.S.E.
José Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Akever Almeida
Martínez suscribió dos contratos de prestación de servicios con la E.S.E.
José Prudencio Padilla, en los que se obligaba a prestar sus servicios
profesionales como médico general en la CAA Heredia y CAA el Bosque, el
primero, desde el 01 de enero de 2004 hasta el 29 de febrero del mismo año
y, el segundo, del 01 al 30 de junio de 2004.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se

70
Folios 201 a 203.
71
Folio 122.
72
Folios 352 a 354.

47
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

De acuerdo con el material probatorio aportado, la señora Akever Almeida
Martínez acredita la prestación del servicio a la E.S.E. José Prudencio Padilla
como médico general desde el 01 de enero de 2004 hasta el 29 de febrero
del mismo año y del 01 al 30 de junio de 2004, a través de los contratos de
prestación de servicio que suscribió con el demandado.

Lo primero que la Sala debe precisar es que la accionante allegó al plenario
como prueba de su vinculación dos contratos de prestación de servicios que
en total suman tres meses de labor. Por lo anterior, debe observarse que
para la declaración de una relación de laboral como la del asunto de marras,
es necesario que el trabajador pruebe continuidad y permanencia, es decir
que debe acreditarse que se utilizó la figura del contrato de prestación de
servicios para eludir la naturaleza excepcional de este.

En el mismo sentido, es menester advertir que, conforme a las previsiones de
la Ley 80 de 1993, una de las características del contrato de prestación de
servicios es la temporalidad con la que debe ser utilizada y, en vista de que
la accionante solo acreditó su prestación de servicio por el término de tres
meses, no es posible derivar de dicha relación contractual la existencia de
una verdadera relación laboral. Así entonces, conforme a lo probado, en el
sentir de la Sala, la prestación del servicio como médico general, desplegado
por la actora, no fue permanente, sino ocasional y transitorio.

En cuanto al testimonio rendido el 6 de junio de 2014, por la señora Gloria
Rosa Romero Pájaro, en el que declaró que “Hilda Palacios García, Candelaria
Berrío Díaz, Concepción Campo Pava, todas ellas enfermeras igual que mi persona,
los médicos que laboraban en ese entonces eran la doctora Akeber Almeida, Gabriel
Villa, trabajamos en un horario de 8 horas diarias, los conozco porque trabajamos en
la misma entidad hace aproximadamente 14 años, actualmente somos compañeros
de trabajo (…)”, debe decirse que, aunque en tal declaración la testigo indicó

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Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

que trabajó con la señora Almeida hace 14 años, de esta no puede
evidenciarse con exactitud el tiempo en que la accionante prestó sus
servicios personales en la E.S.E.

Se advierte también que la demandante allegó una certificación expedida por
el ISS en la que se encuentran enlistados los contratos que suscribió con
dicha entidad; sin embargo, esta prueba no resulta relevante en el presente
proceso, dado que lo que se busca es la declaración de una relación laboral
con la E.S.E. Jose Prudencio Padilla y no con aquella entidad.

Aunado a lo anterior, se precisa que no pueden ser tenidos en cuenta como
prueba de prestación del servicio los contratos y la cesión allegados que solo
se encuentran suscritos por la contratista, dada la solemnidad que reviste a
los contratos estatales, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de
1993.

Dentro de este contexto, el mérito que le asigna la Sala a los referidos
documentos y testimonios, es de insuficiente como medios de prueba
decretados, practicados y con la oportunidad procedimental de haber sido
controvertidos, en virtud de la obligación del administrador de justicia de
apreciar las pruebas en conjunto de conformidad con las reglas de la sana
crítica73.

Quedando en cabeza de la parte demandante probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, ya que lo
testificado, por sí solo, no permite establecer que en los periodos echados de
menos por la Sala, ésta hubiese laborado para la entidad demandada.

En vista de lo expuesto, y por sustracción de materia, la Sala no continuará
analizando los otros elementos del contrato realidad y negará las
pretensiones de la demanda para la señora Akever Alemeida Martínez.

7. GABRIEL VILLA PERNETT

73
Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo.

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7.1. Hechos probados

• Obra certificado expedido el 30 de mayo de 2006 por el presidente de la
cooperativa Precooservir en el que consta que el señor Gabriel Villa Pernett
se encuentra vinculado desde el 01 de julio de 2004, prestando sus servicios
como médico general en el CAA del Bosque de la E.S.E. José Prudencio
Padilla, con intensidad de 4 horas diarias y un contrato a término indefinido,
devengando una compensación mensual de $1.122.26474.

• Obra copia del convenio modificatorio de plazo y valor del contrato núm.
8467 del 01 de julio de 2003 con la E.S.E. José Prudencio Padilla, mediante
el cual se prorroga el plazo de dicho contrato hasta el 30 de diciembre de
2003 y se adiciona en la suma de $1.048.870. La copia aportada solo está
suscrita por el contratista75.

• Obran comprobantes de pago expedidos por Precooservir del señor Gabriel
Villa Pernett, desde el 01 de octubre de 2004 al 30 de noviembre del mismo
año y, desde el 01 de febrero de 2005 al 31 de octubre del mismo año76.

• Obra copia de la planilla de citas del médico Gabriel Villa Pernett en la
E.S.E. José Prudencio Padiila - CAA Bosque del periodo del 8 al 31 de
diciembre de 2004, en el que consta que atendió 261 citas planilladas, de
lunes a viernes y otras semanas de lunes a jueves. Entre ellas consultas por
primera vez o de seguimiento de medicina general, ordenando remisión a
especialistas, exámenes de laboratorio, exámenes de RX y ecografías.
Laboró 5 horas diarias77.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios profesionales núm. VA-
018467, celebrado entre el señor Gabriel Villa Pernett y el ISS, cuyo objeto
consistía en prestar sus servicios como médico general en la CAA Pedro de

74
Folio 123.
75
Folio 124.
76
Folio 127 a 130
77
Folio 131.

50
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Heredia, por el término de 5 meses, entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de
noviembre del mismo año78.

• Obra copia de la cesión del contrato de prestación de servicios núm. VA-
018467 del 1 de julio de 2003 suscrito entre el señor Gabriel Villa Pernett, el
ISS (cedente) y la E.S.E. José Prudencio Padilla (cesionario), para la
prestación de los servicios como médico general en el CAA Pedro de Heredia
– Bolívar. La copia no está suscrita por el cesionario 79.

7.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre el señor Gabriel Villa Pernett y la E.S.E. José
Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que el señor Gabriel Villa Pernett
prestó sus servicios a la E.S.E. José Prudencio Padilla en la CAA el Bosque,
como médico general, del 01 de julio de 2004 al 30 de mayo de 2006, a
través de la precooperativa de trabajo asociado PRECOOSERVIR.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

En primer lugar, según el material probatorio aportado se observa que el
señor Gabriel Villa Pernett prestó sus servicios como médico general en la
CCA del Bosque de la E.S.E. José Prudencio Padilla, a través de la
precooperativa de trabajo asociado Precooservir, con un contrato a término
indefinido, del 01 de julio de 2004 al 30 de mayo de 2006, según se probó
con la constancia expedida el 30 de mayo de 2006 por el presidente de la

78
Folios 342 a 344.
79
Folio 125.

51
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referida cooperativa. Así, se observa que el actor, en calidad de asociado de
la cooperativa, era enviado a laborar como médico general a la E.S.E. José
Prudencio Padilla, en virtud del contrato de convenio asociativo.

Por su parte, la Sala debe aclarar que si bien, el accionante aportó copia del
convenio modificatorio del Contrato núm. 8467 del 1 de julio de 2003 y copia
de la cesión del contrato de prestación de servicios VA 018469 del 1 de julio
de 2003, lo cierto es que estos no pueden ser tenidos en cuenta como
prueba de los tiempos de prestación personal del servicio, en la medida en
que estos documentos solo se encuentran suscritos por el contratista y, dada
la solemnidad que reviste a los contratos estatales, conforme a los artículos
39 y 41 de la Ley 80 de 1993, no es posible considerarlos como prueba
válida que acredite la prestación del servicio.

Por otra parte, también se tiene acreditado que las funciones como médico
general desplegadas por el actor, no fueron ocasionales ni transitorias sino
que además de ser continuada por casi dos años, correspondían al servicio
público inherente a la función a cargo de la E.S.E. José Prudencio Padilla,
encargada de la prestación de servicios de salud.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que sí existió la prestación
personal del servicio por parte de la accionante a la E.S.E. José Prudencio
Padilla en los siguientes tiempos, que se resumen así:

Modalidad de vinculación Fechas Tiempo
Asociado precooperativa Del 01 de julio de 2004 1 año, 11 meses
PRECOOSERVIR al 30 de mayo de 2006
CAA el Bosque

b) Remuneración por el servicio prestado

La prueba de este elemento de la relación laboral está acreditada con la
certificación que el gerente de Precoopservir emitió el 30 de mayo de 2006,
en la consta que el accionante percibía una compensación mensual de
$1.122.264. Lo anterior, evidenciado también a través de los comprobantes
de pago del señor Gabriel Villa Pernett, expedidos por Precooservir, desde el

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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

01 de octubre de 2004 al 30 de noviembre del mismo año y, desde el 01 de
febrero de 2005 al 31 de octubre del mismo año.

En este orden de ideas, se encuentra demostrada la remuneración como
segundo elemento de la relación laboral.

c) Subordinación y dependencia

El demandante acreditó que durante el tiempo en que prestó sus servicios
para la entidad demandada, tuvo como funciones atender consultas de
medicina general por primera vez y de seguimiento, remitiendo a
especialistas, ordenando exámenes de laboratorio, RX y ecografías. Se
advierte tambien del cronograma de citas, que entre el 8 y el 31 de diciembre
de 2004 le fueron planilladas 261 citas, laborando 5 horas diarias, unas
semanas de lunes a viernes y otras de lunes a jueves, lo cual a su vez, da
cuenta de el deber de cumplimiento de horario del accionante y de la
atención de un número determinado de citas, según lo dispusiere la E.S.E.
demandada.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto esta Corporación ha sostenido que el
sometimiento a un horario no es por sí solo demostrativo de la existencia de
una relación subordinada, lo cierto es que este hecho, aunado a que el
demandante debía prestar sus servicios en las instalaciones de la E.S.E., con
los elementos suministrados por esta y bajo sus instrucciones, en forma
permanente (aproximadamente dos años), son aspectos que, analizados en
conjunto, permiten evidenciar el elemento de la relación laboral en cuestión.

De igual forma, porque se puede advertir que el señor Gabriel Villa Pernett
fue vinculado para desarrollar actividades en la E.S.E. relacionadas con su
profesión como médico general, y no para un simple apoyo en la gestión de
la entidad, es decir, donde debía prestar sus servicios, acorde con sus
conocimientos y experiencia en la materia, la cual resultaba indispensable
para el correcto funcionamiento de la entidad pero especialmente para una
buena prestación del servicio de salud.

53
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Lo anterior también se ve refrendado por el testimonio rendido el 6 de junio
de 2014, por la señora Gloria Rosa Romero Pájaro, quien fuere compañera
del actor, bajo las siguientes condiciones80:

“Si la conozco, Hilda Palacios García, Candelaria Berrío Díaz, Concepción
Campo Pava, todas ellas enfermeras igual que mi persona, los médicos que
laboraban en ese entonces eran la doctora Akeber Almeida, Gabriel Villa,
trabajamos en un horario de 8 horas diarias, los conozco porque trabajamos
en la misma entidad hace aproximadamente 14 años, actualmente somos
compañeros de trabajo (…) En el 2003 empezamos a trabajar con el ESE
José Prudencio Padilla, anteriormente trabajábamos en el Seguro Social,
duramos 3 laborando con dicha entidad en los cuales no recibimos ni
prestaciones sociales ni liquidación, ni dotación, y teníamos los mismos
derechos que los trabajadores fijos o de planta, porque teníamos un jefe y
teníamos que cumplir órdenes, horario, y hacer todo lo que el nos ordenaba
elaborar, en esa época nos mandaron a laborar en el CAA-MANONAL, la
cual está fuera del perímetro urbano y nos pagaban transporte, además
había mucha contaminación por las empresas que estaba alrededor (…).
Con la ESE José Prudencio Padilla duramos laborando 3 años y luego
pasamos a las cooperativas que fue cuando nos enteramos que no iban a
hacer ningún traspaso de empresa ni nada y la ESE no nos pagó
prestaciones, ni nada de lo anterior dicho (…) cumplíamos las mismas
ordenes y haciamos las mismas actividades que las compañeras [de planta],
no teníamos ninguna diferencia en cuanto a las actividades laborales (…)
con un tipo de contratación civil, el cual decía que teníamos las mismas
condiciones laborales que el personal de planta, pero en el campo
prestacional no teníamos las mismas condiciones”.

En tal virtud, la excompañera del actor enfatizó en que durante el desempeño
de su labor en la E.S.E. José Prudencio Padilla se dedicaron a cumplir
órdenes y a realizar las mismas actividades que los compañeros de planta,
hechos a los que esta Sala les otorga credibilidad, en la medida en que todos
los testimonios practicados en el proceso, de aquellos que conocieron al
actor, coinciden en la existencia de las mismas condiciones para los médicos
y las enfermeras que laboraban en tal entidad, a quienes se les asignaba
turnos para cumplir con su función, los cuales permiten inferir que entre el
accionante y la entidad demandada se consolidó una relación de
subordinación.

Así las cosas, conforme se logró probar, el señor Gabriel Villa Pernett
demostró que en la ejecución de su labor como médico, prestada a la E.S.E.
José Prudencio Padilla entre el 01 de julio de 2004 al 30 de mayo de 2006,
mediante la precooperativa de trabajo asociado Precoopservir, se

80
Folio 347.

54
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

configuraron los elementos propios de una relación laboral, a saber,
prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.

De la prescripción en materia de contrato realidad

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que
el señor Gabriel Villa Pernett se asoció a la precooperativa de trabajo
asociado Precoopservir para poder prestar sus servicios como médico
general a la E.S.E. José Prudencio Padilla, desde el 01 de julio de 2004 al 30
de mayo de 2006.

Así mismo, se advierte que el accionante reclamó el reconocimiento y pago
de sus prestaciones ante la ESE José Prudencio Padilla el 25 de enero de
2008. De modo que no se configuró prescripción trienal sobre el periodo de
tiempo reclamado por el accionante.

En cuanto al restablecimiento del derecho, la Sala precisa que se ordenará
de forma común para los demandantes a los que les asista el reconocimiento
de la relación laboral, en el siguiente acápite.

8. ROSARIO SÁNCHEZ DORIA – AUXILIAR DE ENFERMERÍA

8.1. Hechos probados

• Obra copia de la cesión del contrato de prestación de servicios núm. VA-
018419 del 1 de julio de 2003 suscrito entre la señora Rosario Sánchez
Doria, el ISS (cedente) y la E.S.E. José Prudencio Padilla (cesionario), para
la prestación de los servicios como auxiliar de enfermería en el CAA El
Bosque. La copia no está suscrita por el cesionario 81.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios profesionales 8 horas
núm. E.S.E. J.P.P., celebrado entre la señora Rosario Sánchez Doria y la
E.S.E. José Prudencio Padilla CAA Bosque, cuyo objeto consistía en prestar
sus servicios como auxiliar de enfermería (8 horas), por el término de 30

81
Folio 132.

55
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

días, comprendidos entre el 1 y el 30 de junio de 2004. El contrato solo se
encuentra suscrito por la contratista82.

• El señor Fredy Enrique Arroyo Sanabria rindió declaración del 27 de
septiembre de 2010 en audiencia pública del Tribunal Administrativo de
Bolívar, como testigo de la señora Rosario Sánchez Doria, en la que indicó lo
siguiente83:
“He venido laborando con ella desde la época del seguro social (1996-2003),
y luego cuando la parte asistencial del seguro social se convirtió en la ESE
José Prudencio Padilla Seccional Cartagena (2003-3006), la he conocido en
sus funciones de auxiliar de enfermería por las diferentes modalidades de
contrato civil, con que concluimos en el Seguro Social y que este último
cedió a la ESE y el último año que laboró en la ESE fue mediante la
Cooperativa PRECOOSERVIR, cumpliendo funciones de auxiliar de
enfermería iguales a las que hacía una auxiliar de planta, es decir,
curaciones inyectología, citologías vaginales, conferencias, charlas,
vacunaciones, promoción y prevención etc; acatando órdenes directas del
Gerente de ese entonces del Centro de Atención Ambulatoria Bosque de la
ESE José Prudencio Padilla Dr. Horacio Monterio Cremona, quien era quien
nos indicaba nuestras funciones, estaba pendiente a nuestro horario de
entrada, le hacía llamados a los funcionarios que cometieran alguna falta
hacían la nómina del (sic) pago de nuestras funciones a la ESE prudencio
(sic) Padilla, nos otorgaba los permisos por cualquier evento que se nos
presentara, nos hacía agenda de trabajo, los turnos de trabajo, nos hacía los
descuentos que el creía necesarios y algunas veces sin justificación los
enviaba a Barranquilla para la no cancelación, nunca recibíamos órdenes de
la Cooperativa, la Cooperativa era solo un intermediario para la cancelación
de nuestro salario y para el pago de la seguridad social, además nunca en el
tiempo en que se laboró con al ESE José Prudencio Padilla se recibió el
pago de una prestación social como vacaciones, cesantías, tampoco nos
pagaban las horas nocturnas (….)”.

8.2. Solución del caso concreto

Del vínculo laboral entre la señora Rosario Sánchez Doria y la E.S.E.
José Prudencio Padilla

En el presente caso, lo primero que advierte la Sala es que la señora Rosario
Sánchez Doria no allegó pruebas contundentes de las que se pueda derivar
la prestación del servicio y la forma de vinculación por medio de la cual
estuvo relacionada con la E.S.E. José Prudencio Padilla.

82
Folios 135 a 137.
83
Folios 292 y 293.

56
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Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Si bien, el testimonio rendido por el señor Fredy Enrique Arroyo Sanabria
indicó que conoció las funciones que desempeñó la accionante como auxiliar
de enfermería, lo cierto es que, a juicio de esta Sala, no permite evidenciar
con certeza las fechas o el término en el cual la demandante fungió como
asociada y/o contratista de la entidad demandada y tampoco de la relación
laboral cuyo reconocimiento ahora pretende.

Por otra parte, aunque allegó una copia de un contrato de prestación de
servicios con la entidad demandada por el término de 30 días, lo cierto es
que este documento solo se encuentra suscrito por la contratista y, dada la
solemnidad que reviste a los contratos estatales, conforme a los artículos 39
y 41 de la Ley 80 de 1993, no es posible considerar tales como prueba válida
que acredite la prestación personal del servicio.

Entonces, como quiera que la Sala no puede tener certeza de las fechas
para las cuales fungió como asociada y/o contratista de la entidad
demandada y tampoco de la relación laboral cuyo reconocimiento ahora
pretende, se considera improcente analizar los demás elementos del contrato
laboral en el caso concreto, por sustracción de materia; por lo cual, se
negarán las pretensiones de la demanda para la señora Rosario Sánchez
Doria.

9. MAGALY TORRES PADILLA – AUXILIAR DE ENFERMERÍA

9.1. Hechos probados

• Obra copia del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 8
horas núm. E.S.E. J.P.P. 1.116, celebrado entre la señora Magaly Torres
Padilla y la E.S.E. José Prudencio Padilla – Unidad Hospitalaria Henrique de
la Vega, cuyo objeto consistía en prestar sus servicios como auxiliar de
enfermería (8 horas), por el término de 2 meses, comprendidos entre el 01 de
enero de 2004 y el 29 de febrero de 2004. El pago se pacta mes vencido por

57
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

la suma de $825.740 mensuales. No obra constancia de firma de las
partes84.

• Obra copia del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 8
horas núm. E.S.E. J.P.P. 4846, celebrado entre la señora Magaly Torres
Padilla y la E.S.E. José Prudencio Padilla – Unidad Hospitalaria Henrique de
la Vega, cuyo objeto consistía en prestar sus servicios como auxiliar de
enfermería (8 horas), por el término de 1 mes, comprendido entre el 01 y el
30 de julio de 2004. El pago se pacta mes vencido por la suma de $825.740
mensuales. El contrato está suscrito por las dos partes85.

Del vínculo laboral entre la señora Magaly Torres Padilla y la E.S.E. José
Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Magaly Torres Padilla
prestó sus servicios a la E.S.E. José Prudencio Padilla en la Unidad
Hospitalaria Henrique de la Vega, como auxiliar de enfermería, del 01 al 30
de julio de 2004, mediante un contrato de prestación de servicios.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

De acuerdo con el material probatorio aportado, la señora Magaly Torres
Padilla acredita la prestación del servicio a la E.S.E. José Prudencio Padilla
como auxiliar de enfermería desde el 01 al 30 de julio de 2004, a través de
un contrato de prestación de servicio que suscribió con el demandado.

84
Folios 139 a 141.
85
Folios 142 a 144.

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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Lo primero que la Sala debe precisar es que la accionante allegó al plenario
como prueba de su vinculación un contrato de prestación de servicios por un
mes de labor. Por lo anterior, debe observarse que para la declaración de
una relación de laboral como la del asunto de marras, es necesario que el
trabajador pruebe continuidad y permanencia, es decir que debe acreditarse
que se utilizó la figura del contrato de prestación de servicios para eludir la
naturaleza excepcional de este.

En el mismo sentido, es menester advertir que, conforme a las previsiones de
la Ley 80 de 1993, una de las características del contrato de prestación de
servicios es la temporalidad con la que debe ser utilizada y, en vista de que
la accionante solo acreditó su prestación de servicio por el término de un
mes, no es posible derivar de dicha relación contractual la existencia de una
verdadera relación laboral. Así entonces, conforme a lo probado, en el sentir
de la Sala, la prestación del servicio como auxiliar de enfermería, desplegado
por la actora, no fue permanente, sino ocasional y transitorio.

En cuanto a los testimonios rendidos el 6 de junio de 2014 por las señoras
Isabel Herrera Nieves y Martha Cecilia Morales Pérez, en los que declararon
haber conocido a la señora Torres Padilla por haber laborado con ella en la
Clínica Henrique de la Vega, debe decirse que, de tales declaraciones no
puede evidenciarse con exactitud el tiempo en que la accionante prestó sus
servicios personales en la E.S.E., o la forma en la que efectivamente lo hizo.

Aunado a lo anterior, se precisa que no pueden ser tenidos en cuenta como
prueba del periodo de prestación personal del servicio los contratos
allegados cuando estos no se encuentran suscritos por las partes, dada la
solemnidad que reviste a los contratos estatales, conforme a los artículos 39
y 41 de la Ley 80 de 1993.

Dentro de este contexto, el mérito que le asigna la Sala a los referidos
documentos y testimonios, es de insuficiente como medios de prueba
decretados, practicados y con la oportunidad procedimental de haber sido
controvertidos, en virtud de la obligación del administrador de justicia de

59
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

apreciar las pruebas en conjunto de conformidad con las reglas de la sana
crítica86.

Quedando en cabeza de la parte demandante probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, ya que lo
testificado, por sí solo, no permite establecer que en los periodos echados de
menos por la Sala, ésta hubiese laborado para la entidad demandada.

En vista de lo expuesto, y por sustracción de materia, la Sala no continuará
analizando los otros elementos del contrato realidad y negará las
pretensiones de la demanda para la señora Magaly Torres Padilla.

10. CONCEPCIÓN CAMPO PAVA – AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA

10.1. Hechos probados

• Obra certificado expedido el 9 de junio de 2006 por el gerente de la
cooperativa de trabajo asociado Asprocoop en el que consta que la señora
Concepción Campo Pava prestó sus servicios como auxiliar de odontología
en el CAA Central – E.S.E. José Prudencio Padilla, por 4 horas diarias,
desde el 1 de julio de 2004 hasta la fecha de expedición del certificado,
recibiendo como compensación mensual la suma de $363.48087.

• Obra certificado expedido el 25 de junio de 2007 por la coordinadora oficina
Cartagena de la cooperativa Salud Solidaria en el que consta que la señora
Concepción Campo Pava prestó sus servicios como auxiliar de odontología
en el CAA el Bosque, desde el 01 de agosto de 2006 hasta el 31 de mayo de
2007, mediante convenio de asociación en la Clínica Universitaria San Juan
de Dios, recibiendo ingresos mensuales promedio de los últimos tres meses
de $520.00088.

86
Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo.

87
Folio 358.
88
Folio 590.

60
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

• Obra Oficio del 3 de mayo de 2006 en el que el gerente de Asprocoop le
informa a la directora del CAA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla
que las auxiliares de odontología Celestina Pájaron y Concepción Campo se
integran a sus labores por la autorización de la E.S.E. José Prudencio
Padilla, al quedar incluidas en el contrato del mes de mayo de 2006, con un
horario de 4 horas diarias cada una89.

• Obra copia de los horarios de trabajo de odontólogos y auxiliares de
odontología de la CAA Central del 5 de mayo de 2006, en el que figura la
señora Concepción Campo Pava con un horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. de
lunes a jueves, y los viernes de 11:00 a.m. a 3:00 p.m90.

• Obra Oficio del 28 de enero de 2005, en el que el gerente general CAA de
la E.S.E. José Prudencio Padilla se dirige a la señora Concepción Campo y
le indica que a partir de la fecha tiene como funciones adicionales el ejercicio
de siguientes actividades91:

“Dirigirse cada hora hacia citas médicas, para recoger la planilla o fracción
de planilla con los nombres y documentos de identidad de los pacientes que
serán atendidos por los diferentes profesionales (médicos, odontólogos,
psicóloga, nutricionista, terapia física.

Buscar las historias clínicas de cada uno de los pacientes
Registrarlas en el libro de ingreso y egresos de Historias Clínicas”.

• Obra copia del Oficio suscrito por la directora del CAA Central de la E.S.E.
José Prudencio Padilla en la que informó a la cooperativa Asprocoop que el
día 22 de marzo de 2005 la señora Concepción Campo no se presentó al
trabajo y tampoco informó el motivo de su ausencia92.

• Obra copia de la comunicación expedida el 10 de marzo de 2005 en el que
se invita a la señora Concepción Campo Pava a una reunión el día 15 de
marzo de 2005 a las 11:00 am en la dirección CAA-Central93.

10.2. Solución del caso concreto

89
Folio 583.
90
Folio 356.
91
Folio 586.
92
Folio 587.
93
Folio 588.

61
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

a) Del vínculo laboral entre la señora Concepción Campo Pava y la
E.S.E. José Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Concepción Campo
Pava prestó servicios a la CAA Central José Prudencio Padilla como auxiliar
de odontología del 1 de julio de 2004 al 9 de junio de 2006, mediante la
cooperativa de trabajo asociado ASPROCOOP.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

En primer lugar, conforme se demostró en el proceso, la señora Concepción
Campo Pava prestó sus servicios como auxiliar de odontología en la CCA
Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla, a través de la cooperativa de
trabajo asociado ASPROCOOP, del 1 de julio de 2004 al 9 de junio de 2006,
según se probó con la constancia expedida el 9 de junio de 2006. Así, se
observa que la actora en calidad de asociada de la cooperativa era enviada a
laborar como auxiliar de odontología a la E.S.E. José Prudencio Padilla, en
virtud del contrato de convenio asociativo.

Debe aclararse que, si bien la actora allegó el certificado del 25 de junio de
2007 expedido por la cooperativa Salud Solidaria en el que indica que prestó
sus servicios a la CAA el Bosque del 1 de agosto de 2006 hasta el 31 de
mayo de 2007, lo cierto es que en el mismo documento se observa que lo
hizo mediante convenio de asociación en la Clínica San Juan de Dios, por lo
cual, de este certificado no puede inferirse que se trate del mismo convenio
de asociación con la E.S.E. demandada.

62
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

De acuerdo con lo expuesto, se considera que sí existió la prestación
personal del servicio por parte de la accionante a la E.S.E. José Prudencio
Padilla, solo en el siguiente periodo:

Modalidad de vinculación Fechas Tiempo
Asociada cooperativa Del 1 de julio de 2004 al 9 de 1 año, 11 meses y 9 días
Asprocoop junio de 2006
CAA Central

b) Remuneración por el servicio prestado

La prueba de este elemento de la relación laboral está acreditada con la
certificación expedida por la cooperativa Asprocoop, en la que indica que la
accionante percibía una compensación mensual de $363.480.

En este orden de ideas, se encuentra demostrada la remuneración como
segundo elemento de la relación laboral.

c) Subordinación y dependencia

En lo que tiene que ver con la función desempeñada por la señora
Concepción Campo Pava como auxiliar de odontología, para la Sala no
queda duda alguna respecto a que se encontraba bajo continuada
subordinación y dependencia, con base en los siguientes hechos:

En primer lugar, la demandante acreditó que durante el tiempo en que prestó
sus servicios a la entidad demandada, en calidad de auxiliar de odontología,
tuvo como funciones asignadas por la gerente de la CAA Central de la E.S.E.
José Prudencio Padilla: “Dirigirse cada hora hacia citas médicas para recoger
la planilla o fracción de planilla con los nombres y documentos de identidad
de los pacientes que serán atendidos por los diferentes profesionales
(médicos, odontólogos, psicóloga, nutricionista, terapia física, buscar las
historias clínicas de cada uno de los pacientes, registrarlas en el libro de
ingreso y egresos de Historias Clínicas”. Nótese que en la instrucción dada
por la gerente comporta una conducta de subordinación ante la E.S.E.

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demandada, pues, durante la ejecución de su labor, la accionante debía
tener en cuenta estas funciones.

También obra en el plenario la planilla de los horarios de trabajo de
odontólogos y auxiliares de odontología de la CAA Central del 5 de mayo de
2006, en el que figura la señora Concepción Campo Pava con un horario de
11:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves, y los viernes de 11:00 a.m. a 3:00
p.m. con la instrucción de que debe atender el archivo clínico. En la misma
planilla se observa el horario de los odontólogos y auxiliares de odontología
con vinculación “de planta”, con horarios similares a los de la demandante,
también con una carga de 4 horas.

Por su parte, se observa en las pruebas allegadas el Oficio suscrito por la
directora del CAA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla en la que
informó a la cooperativa Asprocoop que el día 22 de marzo de 2005 la
señora Concepción Campo no se presentó al trabajo y tampoco informó el
motivo de su ausencia. Además, de una comunicación escrita informándole
de una reunión que se llevaría a cabo el día 15 de marzo de 2005 a las 11:00
a.m. en la dirección CAA Central.

Otra prueba que acredita la subordinación es que la accionante solo se
integró a sus labores por la autorización de la E.S.E. José Prudencio Padilla,
según consta en la comunicación emitida por el director de la CAA Central de
la referida E.S.E. y dirigida a la cooperativa Asprocoop.

Lo anterior también se ve ratificado por la declaración rendida el 6 de junio de
2014, por la señora Gloria Rosa Romero Pájaro, quien fuere compañera de la
actora, bajo las siguientes condiciones94:

“Si la conozco, Hilda Palacios García, Candelaria Berrío Díaz, Concepción
Campo Pava, todas ellas enfermeras igual que mi persona, los médicos que
laboraban en ese entonces eran la doctora Akeber Almeida, Gabriel Villa,
trabajamos en un horario de 8 horas diarias, los conozco porque trabajamos
en la misma entidad hace aproximadamente 14 años, actualmente somos
compañeros de trabajo (…) En el 2003 empezamos a trabajar con el ESE
José Prudencio Padilla, anteriormente trabajábamos en el Seguro Social,
duramos 3 laborando con dicha entidad en los cuales no recibimos ni

94
Folio 347.

64
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prestaciones sociales ni liquidación, ni dotación, y teníamos los mismos
derechos que los trabajadores fijos o de planta, porque teníamos un jefe y
teníamos que cumplir ordenes, horario, y hacer todo lo que el nos ordenaba
elaborar, en esa época nos mandaron a laborar en el CAA-MANONAL, la
cual está fuera del perímetro urbano y nos pagaban transporte, además
había mucha contaminación por las empresas que estaba alrededor (…).
Con la ESE José Prudencio Padilla duramos laborando 3 años y luego
pasamos a las cooperativas que fue cuando nos enteramos que no iban a
hacer ningún traspaso de empresa ni nada y la ESE no nos pagó
prestaciones, ni nada de lo anterior dicho (…) cumplíamos las mismas
ordenes y haciamos las mismas actividades que las compañeras [de planta],
no teníamos ninguna diferencia en cuanto a las actividades laborales (…)
con un tipo de contratación civil, el cual decía que teníamos las mismas
condiciones laborales que el personal de planta, pero en el campo
prestacional no teníamos las mismas condiciones”.

En tal virtud, la excompañera de la accionante enfatizó en que durante el
desempeño de su labor en la E.S.E. José Prudencio Padilla se dedicaron a
cumplir órdenes y a realizar las mismas actividades que los compañeros de
planta, hechos a los que esta Sala les otorga credibilidad, en la medida en
que todos los testimonios practicados en el proceso, reseñados en las
pruebas generales, coinciden en la existencia de las mismas condiciones
para los médicos y enfermeras que laboraban en tal entidad, a quienes se les
asignaba turnos para cumplir con su función, los cuales permiten inferir que
entre la actora y la entidad demandada se consolidó una relación de
subordinación.

Así las cosas, conforme se logró probar, la señora Concepción Campo Pava
demostró que en la ejecución de su labor como auxiliar de odontología,
prestada a la E.S.E. José Prudencio Padilla entre el 1 de julio de 2004 y el 9
de junio de 2006, mediante la cooperativa de trabajo asociado Asprocoop, se
configuraron los elementos propios de una relación laboral, a saber,
prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.

De la prescripción en materia de contrato realidad

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que
la señora Concepción Campo Pava se asoció a la Cooperativa de Trabajo
Asociado Asprocoop para poder prestar sus servicios como auxiliar de
odontología, a la CAA Central de la E.S.E José Prudencio Padilla, entre el 1
de julio de 2004 al 9 de junio de 2006.

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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Nótese que, el periodo del 01 de julio de 2004 al 9 de junio de 2006 no se
encuentra prescrito, en la medida en que la solicitud de agotamiento de la vía
gubernativa se elevó el 25 de enero de 2008, fecha en la cual aún no había
transcurrido más de tres años desde la finalización de la prestación del
servicio.

En cuanto al restablecimiento del derecho, la Sala precisa que se ordenará
de forma común para los demandantes a los que les asista el reconocimiento
de la relación laboral, en el siguiente acápite.

11. LIDIA SOLARTE RHENALS – AUXILIAR ADMINISTRATIVA

11.1. Hechos probados

• Obra certificado expedido el 18 de mayo de 2006 por el gerente de la
precooperativa Precooservir en el que consta que la señora Lidia Solarte
Rhenals se encuentra vinculada desde el 03 de febrero de 2005, prestando
sus servicios como auxiliar administrativa en el CAA Central de la E.S.E.
José Prudencio Padilla, con intensidad de 8 horas diarias, con un contrato a
término indefinido, devengando una compensación mensual de $726.96095.

• Obra certificado expedido el 16 de marzo de 2007 por la coordinadora de la
cooperativa Salud Solidaria en el que consta que la señora Lidia Solarte
Rhenals prestó sus servicios como auxiliar administrativa en el CAA Central,
desde el 01 de agosto de 2006, mediante convenio de asociación con
Caprecom, recibiendo ingresos mensuales promedio de los últimos tres
meses de $900.00096.

• El 11 de mayo de 2006 se le informó por parte de la dirección CCA Central
que su horario de trabajo era de 8 horas, desde las 8:00 am a 12:00 m y
desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m, en el archivo clínico97.

11.2. Solución del caso concreto

95
Folio 597.
96
Folio 596.
97
Folios 79 a 80.

66
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

a) Del vínculo laboral entre la señora Lidia Solarte Rhenals y la E.S.E.
José Prudencio Padilla

Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Lidia Solarte Rhenals
prestó servicios a la CAA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla como
auxiliar administrativa del 03 de febrero de 2005 al 18 de mayo de 2006,
mediante la precooperativa de trabajo asociado Precooservir.

Así las cosas, la Sala analizará si la demandada pretendió desconocer los
elementos propios de una relación laboral y en consecuencia, el pago de las
prestaciones sociales que le corresponden a la actora. Para el efecto, se
estudiarán: a) La prestación personal del servicio; b) La remuneración por el
servicio prestado; y iii) La subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio

En primer lugar, conforme se demostró en el proceso, Lidia Solarte Rhenals
prestó servicios a la CAA Central de la E.S.E. José Prudencio Padilla como
auxiliar administrativa del 03 de febrero de 2005 al 18 de mayo de 2006,
mediante la precooperativa de trabajo asociado Precooservir, según se probó
con la constancia expedida el 18 de mayo de 2006. Así, se observa que la
actora en calidad de asociada de la precooperativa era enviada a laborar
como auxiliar administrativa a la E.S.E. José Prudencio Padilla, en virtud del
contrato de convenio asociativo.

Debe aclararse que, si bien la actora allegó el certificado del 16 de marzo de
2007 expedido por la cooperativa Salud Solidaria en el que indica que prestó
sus servicios a la CAA Central del 1 de agosto de 2006 hasta el 16 de marzo
de 2007, lo cierto es que en el mismo documento se observa que lo hizo
mediante convenio de asociación en Caprecom, por lo cual, de este
certificado no puede inferirse que se trate de mismo convenio de asociación
con la E.S.E. demandada.

67
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

De acuerdo con lo expuesto, se considera que sí existió la prestación
personal del servicio por parte de la accionante a la E.S.E. José Prudencio
Padilla, solo en el siguiente periodo:

Modalidad de vinculación Fechas Tiempo
Asociada precooperativa Del 03 de febrero de 2005 al 1 año, 3 meses y 15
PRECOOPSERVIR 18 de mayo de 2006 días
CAA Central

b) Remuneración por el servicio prestado

La prueba de este elemento de la relación laboral está acreditada con la
certificación expedida por la precooperativa Precooservir, en la que indica
que la accionante percibía una compensación mensual de $726.960.

En este orden de ideas, se encuentra demostrada la remuneración como
segundo elemento de la relación laboral.

c) Subordinación y dependencia

En lo que tiene que ver con la función desempeñada por la señora Lidia
Solarte Rhenals como auxiliar administrativa, se tiene que la accionante no
certificó las funciones que desempeñaba, como tampoco aportó pruebas
contundentes de las que se pueda inferir una relación de subordinación y
dependencia con la E.S.E. José Prudencio Padilla.

Si bien es cierto que en el plenario acreditó el horario asignado al personal
administrativo, que da cuenta de que se encontraba asignada al archivo
clínico de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 6:00 pm, lo cierto es que no
existe prueba de llamados de atención, comunicaciones, memorandos u
otros medios, dirigidos al demandante tendiente al cumplimiento estricto del
horario de oficina de la entidad.

En sentencia proferida por el Consejo de Estado el 15 de septiembre de 2016
se determinó que el accionante no había probado la existencia de la
subordinación, dijo la Corporación:

68
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

“ (…) Por todo lo anterior, es evidente la falta de actividad probatoria de la
parte demandante de quien, como se dijo, dependía exclusivamente dicha
carga según el aforismo «onus probandi incumbit actori», dirigida en este
caso a desvirtuar: (i) la naturaleza contractual de la relación establecida, con
la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos de la
relación laboral, en especial la subordinación o dependencia del cual
claramente se pudiera inferir que el desarrollo de la actividad encomendada
se tuvo que desplegar conforme a los parámetros, órdenes y horarios
señalados por la ESE Francisco de Paula Santander; (…) pues sólo de esta
manera era viable acceder a las pretensiones formuladas, por lo que se
impone para la Sala confirmar la sentencia apelada en cuanto el a quo negó
el petitum de la demanda, por las razones expuestas.”98

Aunado a lo anterior, se observa que los testimonios practicados en el
proceso dan cuenta de las condiciones de trabajo de modo tiempo y lugar de
las auxiliares de enfermería y de los médicos; sin embargo, en ninguno de
ellos se hace referencia a las condiciones laborales de los auxiliares
administrativos.

En consecuencia, se reitera, en razón a que en esta clase de asuntos la
carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de
la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró
probar de forma contundente sus elementos, particularmente la
subordinación, considera esta Sala que deberán negarse las pretensiones de
la demanda para la señora Lidia Solarte Rhenals.

12. GLORIA ROMERO PÁJARO – AUXILIAR DE ENFERMERÍA

12.1. Hechos probados

• Obra certificado expedido el 5 de diciembre de 2005 por director CAA
Mamonal de la E.S.E. José Prudencio Padilla en el que consta que la señora
Gloria Romero Pájaro prestó sus servicios a dicha institución en el cargo de
auxiliar de enfermería, desde el 01 de octubre de 1993 hasta el 30 de junio
de 2004 por contratación civil y, a partir del 01 de julio de 2004 hasta el 25 de
noviembre de 2005 por medio de la precooperativa Precooservir99.

98
Sent. Exp. 68001-2331-000-2009-00691-01 (1579-2015).
99
Folio 189.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

• Obra comunicación del 22 de marzo de 2006 emitida por el gerente de la
precooperativa Precooservir y dirigida al director de la CAA el Bosque de la
E.S.E. José Prudencio Padilla en el que indica que la señora Gloria Romero
Pájaro prestará sus servicios como auxiliar de enfermería con una intensidad
de 6 horas a partir de la fecha para cubrir a la señora Margelis Salgado100.

• Obran comprobantes de pago expedidos por Precooservir de la señora
Gloria Romero Pájaro, desde el 01 de noviembre de 2004 al 31 de diciembre
del mismo año, del 01 al 28 de febrero de 2005 y, desde el 01 de abril al 30
de junio de 2005101.

12.2. Solución del caso concreto

La señora Gloria Romero Pájaro allegó constancia expedida por el director
de la CAA Mamonal de la E.S.E. José Prudencio Padilla en la que certificó
que prestó sus servicios a dicha institución como auxiliar de enfermería del
01 de octubre de 1993 al 30 de junio de 2004 por contratación civil y del 01
de octubre de 2004 hasta el 25 de noviembre de 2005 por contratación con la
precooperativa Precooservir.

Sin embargo, dicho documento debe ser contrastado con la declaración
rendida por la misma señora Romero Pájaro, del día 6 de junio de 2014, en el
que manifestó que inició su labor para la E.S.E. José Prudencio Padilla en el
año 2003, en los siguientes términos:

“Si la conozco, Hilda Palacios García, Candelaria Berrío Díaz, Concepción
Campo Pava, todas ellas enfermeras igual que mi persona, los médicos que
laboraban en ese entonces eran la doctora Akeber Almeida, Gabriel Villa,
trabajamos en un horario de 8 horas diarias, los conozco porque trabajamos
en la misma entidad hace aproximadamente 14 años, actualmente somos
compañeros de trabajo (…) En el 2003 empezamos a trabajar con el ESE
José Prudencio Padilla, anteriormente trabajábamos en el Seguro Social,
duramos 3 laborando con dicha entidad en los cuales no recibimos ni
prestaciones sociales ni liquidación, ni dotación, y teníamos los mismos
derechos que los trabajadores fijos o de planta, porque teníamos un jefe y
teníamos que cumplir ordenes, horario, y hacer todo lo que el nos ordenaba
elaborar, en esa época nos mandaron a laborar en el CAA-MANONAL, la
cual está fuera del perímetro urbano y nos pagaban transporte, además

100
Folio 190.
101
Folios 191 a 192.

70
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

había mucha contaminación por las empresas que estaba alrededor (…).
Con la ESE José Prudencio Padilla duramos laborando 3 años y luego
pasamos a las cooperativas que fue cuando nos enteramos que no iban a
hacer ningún traspaso de empresa ni nada y la ESE no nos pagó
prestaciones, ni nada de lo anterior dicho (…) cumplíamos las mismas
ordenes y haciamos las mismas actividades que las compañeras [de planta],
no teníamos ninguna diferencia en cuanto a las actividades laborales (…)
con un tipo de contratación civil, el cual decía que teníamos las mismas
condiciones laborales que el personal de planta, pero en el campo
prestacional no teníamos las mismas condiciones”.

Visto lo anterior, se advierte que no es posible darle plena validez a la
certificación allegada por la accionante, con la que pretende dar constancia
del tiempo de servicio prestado al demandado, en la que medida en que
dicho documento contiene información que carece de veracidad y en tal
virtud, pierde credibilidad ante esta Sala.

Esto, en tanto en el referido certificado se indica que la señora Gloria Romero
Pájaro prestó los servicios en la CAA Mamonal de la E.S.E. José Prudencio
Padiila desde el 01 de octubre de 1993; sin embargo, la referida E.S.E. solo
fue creada con la expedición del Decreto Ley 1750 del 2003102, por lo cual,
debe decirse que no es cierto que la accionante prestara sus servicios desde
la fecha mencionada, hecho que se acompasa con la declaración rendida por
la misma accionante, quien indicó que inició su labor en el año 2003.

Bajo esta misma óptica, en este punto se debe traer a colación el principio de
veracidad de la prueba, según el cual estas “deben estar exentas de malicia,
de habilidad o falsedad”. En consecuencia, para la Sala no es posible tener
en cuenta este documento como prueba de la prestación personal del
servicio de la accionante.

Dentro de este contexto, el mérito que le asigna la Sala al referido
documento y testimonio para acreditar la prestación personal del servicio, es
de insuficiente como medios de prueba decretados, practicados y con la
oportunidad procedimental de haber sido controvertidos, en virtud de la

102
“Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado”.

71
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

obligación del administrador de justicia de apreciar las pruebas en conjunto
de conformidad con las reglas de la sana crítica103.

Quedando en cabeza de la parte demandante probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, ya que el
documento aportado y lo testificado, por sí solo, no permite establecer que en
los periodos echados de menos por la Sala, ésta hubiese laborado para la
entidad demandada.

En vista de lo expuesto, y por sustracción de materia, la Sala no continuará
analizando los otros elementos del contrato realidad y negará las
pretensiones de la demanda para la señora Gloria Romero Pájaro.

13. Meybin Amaris Mora y Mallerly Sanjuán Ganem

La Sala no pasa por alto que las señoras Meybin Amaris Mora y Mallerly
Sanjuán Ganem también fungen como demandantes en el presente proceso;
sin embargo, sobre el reconocimiento de su relación laboral no fue aportada
ninguna prueba en el plenario de la que se pueda desprender si quiera la
prestación del servicio a la E.S.E. demandada; en esa medida, para ellos se
negarán las pretensiones de la demanda.

14. Del restablecimiento del derecho de los accionantes que acreditaron
la relación laboral con la E.S.E. José Prudencio Padilla

En resumen del anális de los casos, debe precisarse que, en el sub lite, de la
totalidad de los demandantes, a juicio de la Sala, solo los señores Darly
Quevedo Padilla, Gabriel Villa Pernett y Concepción Campo Pava acreditaron
la existencia de una relación laboral con la E.S.E. José Prudencio Padilla, por
lo cual, el análisis que se realizará en este acápite se encuentra dirigido
únicamente a estos.

Sea lo primero precisar que, sin perjuicio de que pueda declararse la

103
Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos
laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho
de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado
público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de
nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado
esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe resaltar la
sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, C.P. Tarcisio Cáceres Toro,
la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados
públicos, precisando que:

“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO,
EN CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y
REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en
la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la
designación válida (nombramiento o elección, según el caso)
seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del
empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se
halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y
prestar el servicio correspondiente”.

Así es dable concluir, que no por el hecho de haber laborado para el Estado
se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones
especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la
Constitución y la Ley.

Por otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una
relación laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició
con éste, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden
prestacional104.

Sobre el punto se destaca que en sentencia de 25 de agosto de 2016, la
Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio de interpretación
sobre el título en virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales
derivadas de un contrato realidad, en los siguientes términos:

104
Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicación 2603-05,
M.P. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de
servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de
toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea
reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden
prestacional”.
(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya
liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”.

73
Número interno: 0177-16
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Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el
precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los
ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca
de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una
relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un
contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del
derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que
una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo
desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones
afectados deben volver a su estado inicial (…)

Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal
demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el
contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que
estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese
a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás
empleados públicos vinculados a través de una relación legal y
reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por
los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las
prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese
usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una
relación de trabajo”105. (Subrayado por la Sala)

Sobre las prestaciones sociales

La consecuencia de probar la existencia de la relación laboral o de la
vinculación legal y reglamentaria es el reconocimiento a título de
restablecimiento del derecho equivalente a las prestaciones sociales que no
se cancelaron a los accionantes. Sin embargo, se indica que el
reconocimiento de tal relación no implica conferir la condición de empleado
público.

Para efectos de lo anterior, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho
de estas prestaciones sobre la base de quién debe asumirlas.

En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el
empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma
dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.

Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se
encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las
cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a
cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad

105
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de agosto de 2016. Radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Número interno: 0177-16
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social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas
o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización.

Así, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de
riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de
cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el
empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes
establecidos en la Ley para cada caso.

Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda de esta
Corporación ha sostenido que es viable condenar y liquidar las prestaciones
ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se
encuentran a cargo de los sistemas de Seguridad Social en los siguientes
términos:

“En lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no
advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en
las normas especiales que rigen dicha situación y su pago está a cargo del
empleador; sin embargo, tratándose de las prestaciones compartidas y
aquellas que cumplen un fin social, la situación debe ser analizada con otros
criterios dependiendo del sujeto activo que efectúa la cotización”106.

Por lo expuesto, se concluye que en el caso de las prestaciones sociales a
cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades
respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las
partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota
parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales
cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar
la actora.

Esta Corporación, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016,
respecto de los aportes a pensión, consideró que: “(…) la Administración
deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje
que le corresponda como empleador (…) la actora deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la

106
Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 27 de febrero de 2014. Radicado 1994-13, M.P. Bertha
Lucía Ramírez de Páez (E).

75
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carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumba como
trabajadora”107.

Lo anterior significa que la entidad accionada para efectos del
reconocimiento de estos aportes, deberá tener en cuenta el ingreso base de
cotización, durante todo el tiempo laborado, esto es, el periodo durante el
cual se desarrolló el servicio a través de una Cooperativa de Trabajo
Asociado, y verificar mes a mes los aportes efectuados por el trabajador,
para así cotizar al respectivo fondo de pensiones lo que le compete como
empleador. Correspondiéndole al accionante acreditar dichos aportes
durante el tiempo de la vinculación y en caso de no haberse realizado o
existiere diferencia sobre los mismos, pagar o completar el porcentaje a su
cargo.

Aclarado esto, se ordenará a la entidad demandada pagar:

i) A los señores Darly Quevedo Padilla, Gabriel Villa Pernett y Concepción
Campo Pava el equivalente a las prestaciones sociales ordinarias a las
cuales tiene derecho, teniendo como base para su liquidación el salario
legalmente sufragado a quienes desempeñaban el mismo empleo en la
planta de personal (en la medida en que no sea inferior a los honorarios y/o
salario percibido, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), de
conformidad con la siguiente tabla:

Demandante Periodo Empleo de planta
Darly Quevedo Padilla 01 de noviembre de 2004 y Auxiliar de enfermería
el 8 de junio de 2006
Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de Médico general
mayo de 2006
Concepción Campo Pava** 01 de julio de 2004 al 9 de Auxiliar de odontología
junio de 2006

• Vacaciones: Esta subsección, en sentencia de 29 de abril de 2010, al
resolver un caso de contrato realidad, adujo que las vacaciones no tienen
“(...) la connotación de prestación salarial porque [son] un descanso remunerado

107
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de agosto de 2016. Radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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que tiene el trabajador por cada año de servicios”108, no obstante, en
pronunciamiento del 21 de enero de 2016109, asumió una postura diferente,
en cuanto sostuvo que:

“Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como
prestación social y como una situación administrativa, la cual consiste en el
reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo
empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la administración
durante un año y el monto de las mismas se liquidará con el salario
devengado al momento de salir a disfrutarlas”.

Conforme lo anterior, resulta necesario precisar que las vacaciones son una
prestación social y un derecho de los trabajadores, que se deriva del
principio de garantía de descanso dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución Política, consistente en otorgar 15 días no laborables
remunerados110, que de manera excepcional ha de ser reconocido
monetariamente, según lo previsto en el artículo 20 del Decreto ley 1045 de
1978, el cual señala111:

“Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las
vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes
casos:

a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para
evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo puede
autorizar la compensación en dinero de las vacaciones
correspondientes a un año;

b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones
causadas hasta entonces”.

Así las cosas, al declararse la existencia de una relación laboral entre los
accionantes y la administración, corresponde compensarle a los señores
Darly Quevedo Padilla, Gabriel Villa Pernett, Concepción Campo Pava y
Gloria Romero Pájaro el derecho a descansar de sus labores y a la par

108
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 29 de
abril de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-04729-01(0821-09), posición reiterada por la misma subsección
en fallo de 6 de octubre de 2011 dentro del proceso 25000-23-25-000-2007-01245-01(0493-11).
109
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, providencia de 21 de
enero de 2016, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2005-03979-01 (2316-
12).
110
Según el Decreto 3135 de 1968, “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”,
artículo 8º, “Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de
vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos especiales para empleados que
desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos (...)”.
111
Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República mediante ley 51
de 1978, “(...) por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.

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recibir remuneración ordinaria, pero comoquiera que el daño de impedirle el
goce de tal período se encuentra consumado, tal garantía se le compensará
con dinero en los términos del citado artículo 20 del Decreto ley 1045 de
1978, así como de la Ley 995 de 2005 112.

ii) En relación con los aportes a pensión se tiene que como los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones son imprescriptibles, conforme se
explicó en la sentencia de unificación de la sección segunda de 25 de
agosto de 2016 de esta Corporación 113, se ordenará a la entidad accionada
tomar durante los periodos que en el cuadro siguiente se reseñarán, el
ingreso base de cotización (IBC) pensional de los demandantes (el salario
legalmente sufragado a quienes desempeñaban en los empleos de auxiliar
de enfermería, médicos generales y auxiliares de odontología, según sea el
caso, o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a
mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratistas y los
que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le
correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, los accionantes
deberán acreditar las cotizaciones que realizaron al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiesen hecho o existiese diferencia en su contra, tendrán la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que les correspondía
como trabajadores.

Demandante Periodo Empleo de planta
Darly Quevedo Padilla -01 de enero al 29 de febrero Auxiliar de enfermería
de 2004
-01 al 30 de abril de 2004
-01 al 30 de junio de 2004
-01 de noviembre de 2004 y
el 8 de junio de 2006
Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de Médico general
mayo de 2006

112
Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo.
Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o
hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán
derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente
trabajado.
113
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter

78
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Concepción Campo Pava -01 de julio de 2004 al 9 de Auxiliar de odontología
junio de 2006

Las sumas reconocidas serán reajustadas con siguiente fórmula:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

Según la cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por
el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago).

Las demás pretensiones se negarán con fundamento en lo siguiente:

• Indemnización por despido sin justa causa: No procede tal
reconocimiento, porque conforme lo dispone el Decreto 2127 de 1945 esta
indemnización se deriva de la finalización injustificada del contrato de trabajo,
y en el presente asunto la actora no fue vinculada a través de dicha figura.

• Indemnización moratoria en los términos del Decreto 797 de 1949: Este
Decreto concede un periodo de gracia de 90 días a las entidades que
contraten trabajadores oficiales para poner a su disposición todos los valores
que por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones se hallen
insolutos en el momento en que termine el contrato; lo que significa que si
vencido el aludido lapso el empleador no realiza el pago, se genera en favor
del trabajador una mora.

Sin embargo, dentro del presente asunto no habrá lugar a su reconocimiento
como quiera que dicha sanción es reconocida a los trabajadores oficiales,
categoría que no ostentan los accionantes.

La misma consideración se aplica respecto a la indemnización moratoria
regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

• Reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos o trabajo
suplementario: la Sala considera que la parte demandante no logró
demostrar efectivamente esta situación, toda vez que no fueron aportados
medios de prueba que dieran cuenta de dicha situación, es decir, de cuáles
fueron los tiempos extras o dominicales y festivos efectivamente laborados.

• Sanción moratoria por el no pago de las cesantías: No es posible
ordenar el pago de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías a favor de los demandantes o de las cesantías definitivas porque la
demandada no ha incurrido en mora en tanto que, es a partir de la ejecutoria
de la sentencia que declara la existencia de un contrato realidad, y en virtud
de esta declaración no se adquiere la calidad de empleado público.

• Devolución de aportes a seguridad social en salud y riesgos
profesionales y retención en la fuente realizados por los demandantes a
cuenta propia, no resulta procedente su pago, en tanto dichas contingencias
tienen la naturaleza de parafiscales y fiscales, los cuales son de obligatorio
pago y responden a un fin específico, que no constituyen un crédito a favor
del interesado.

De la entidad encargada de asumir la condena impuesta

El Ministerio de la Protección Social, en la contestación de la demanda y en
los alegatos de conclusión, expuso que no se encuentra legitimado en la
causa en el presente proceso, dado que no actuó como empleador de los
demandantes y no profirió el acto acusado; en tal virtud, la Sala procederá a
responder estos alegatos, en la medida en que será esta entidad, la
encargada de dar cumplimiento al presente fallo, por lo que resulta necesario
que la Sala aclare las razones por las cuales consideró que, en efecto, sí se
encuentra legitimado en la causa para responder por las relaciones laborales
que aquí se discuten.

Mediante el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 el presidente de la
República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los
literales d), e), f) y g) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, ordenó escindir el

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Instituto de Seguros Sociales y a su vez creó unas Empresas Sociales del
Estado, entre ellas, la E.S.E. José Prudencio Padilla, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de
Protección Social.

Luego, a través del Decreto 2505 de 2006 se dispuso su supresión y
liquidación, en consideración a las deficiencias en la calidad de la prestación
del servicio de salud, y en su artículo 4 se estableció que el liquidador sería
Fiduagraria S.A., quien debería suscribir el correspondiente contrato con el
Ministerio de la Protección Social, el cual sería pagado con cargo a los
recursos de la entidad en liquidación.

Ahora bien, y en atención a que los activos de la empresa resultaron
insuficientes para tal finalidad, el 23 de julio de 2008, se expidió el Decreto
2709 que en su artículo primero y parágrafo, previó:

“Artículo 1º. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las
obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social
del Estado José Prudencio Padilla en liquidación, a partir de la terminación
de la existencia legal de esta, respecto de créditos laborales reconocidos por
el agente liquidador correspondientes a acreedores reclamantes
extemporáneos y a acreedores con créditos laborales incluidos en el pasivo
cierto no reclamado.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la
seguridad social sólo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del
Estado Antonio Nariño en liquidación que esté determinada o pueda
determinarse.

PARÁGRAFO. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo
valor asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria
contratada por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35
del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de
2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las
previsiones correspondientes”.

En este orden de ideas, se resalta, respecto a la asunción de obligaciones
pendientes de la ESE, que si los recursos entregados a la fiducia no
alcanzan para el pago de las condenas y pasivos de la entidad, el parágrafo

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998114 señala que en los actos de
liquidación de las entidades, como las E.S.E., se dispondrá sobre la
subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades
suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los
ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de
conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los
servidores públicos.

Así mismo, el Decreto 414 de 2001115, artículo 3 dispuso que, si terminado el
proceso de liquidación de una entidad sobreviven a él, procesos judiciales o
reclamaciones, estos serán atendidos por la entidad que, de conformidad con
el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, haya sido señalada en
el acto que ordenó la liquidación como receptora de los inventarios de bienes
y subrogataria de los derechos y obligaciones de la entidad liquidada.

Por su parte, el artículo 32 del Decreto 254 de 2000 establece que:

“En caso de que los recursos de la liquidación de un establecimiento público
o de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no
societaria sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la
Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el
decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad. Para tal efecto
se deberá tomar en cuenta la entidad que debía financiar la constitución de
las reservas pensionales.

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 6º del artículo 1º de
la Ley 573 de 2000, la Nación podrá asumir o garantizar obligaciones de las
entidades públicas del orden nacional, incluidas las derivadas de las
cesiones de activos, pasivos y contratos que haya realizado la entidad en
liquidación, actuaciones que no causarán el impuesto de timbre siempre y
cuando se realicen entre entidades públicas”.

A su vez, el artículo 35 del Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 19
de la Ley 1105 de 2006, dispuso:

114
Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
(…)
Artículo 52º.- De la supresión, disolución y liquidación de entidades u organismos administrativos nacionales. El
Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y
organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente Ley cuando:
(…)
Parágrafo 1º.- El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de
obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes
o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las
normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos.
115
“Por el cual se reglamentan los artículos 25 y 26 del Decreto 254 del 21 de febrero de 2000 sobre el régimen
para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.”

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

“Artículo 35.-Traspaso de bienes, derechos y obligaciones. Modificado por
el art. 19, Ley 1105 de 2006. A la terminación del plazo de la liquidación, el
liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad
fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que
la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que
en el inciso siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con
los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo.

La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el
liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación,
en la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo,
de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley.

(…)

Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual
se pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se
indicarán los activos que se transfieren o que se encuentran en un
patrimonio autónomo de conformidad con el presente artículo, así como los
pasivos que se pagarán con cargo a dicho patrimonio autónomo, y las
obligaciones que asuman otras entidades con sujeción a lo previsto en el
presente decreto.

Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la
entidad, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al
patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de
este, el que se constituya para el efecto. Lo anterior sin perjuicio de los
casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de
conformidad con la ley”. (Resaltado por la Sala)

En los anteriores términos, y por razón a que la E.S.E. José Prudencio
Padilla se encuentra jurídicamente extinta y Fiduagraria S.A. hizo entrega de
los procesos judiciales, entre otros, a la FIDUPREVISORA S.A. para que los
administrara, así como ésta asumió la representación del patrimonio
autónomo constituido para el pago de pasivos de la entidad liquidada, es esta
última la que en principio tiene el deber legal de asumir el pago de las
condenas en contra de aquella, salvo que los recursos entregados no
alcancen para ese fin, evento en el cual deberá realizarse el pago por el
organismo que sea designado por la normativa que se profiera para tal
efecto.

Así mismo, es de resaltar que, conforme al cierre del proceso liquidatorio de
la E.S.E., los contratos mediante los cuales se constituyeron las fiducias del
patrimonio autónomo de la entidad liquidada fueron cedidos al otrora
Ministerio de la Protección Social, quien en adelante actuaría como
fideicomitente cesionario de estos.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Precisado lo anterior, en lo concerniente a la figura de la fiducia se destaca
que el Código de Comercio116 establece que los bienes constituidos en el
correspondiente fideicomiso no forman parte de la garantía general de
acreedores de la entidad fiduciaria y que el patrimonio constituido en fiducia
únicamente garantiza las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la
finalidad perseguida117.

Además, se sostiene que el mismo Código en su artículo 1233 dispone que
los bienes que constituyen los bienes en fideicomiso se mantienen separados
del resto del activo fiduciario y forman un patrimonio autónomo destinado a
cumplir con la finalidad de la fiducia118.

En ese orden de ideas, la Fiduprevisora S.A., en su calidad de
administradora del patrimonio autónomo de la liquidada E.S.E. José
Prudencio Padilla, únicamente está obligada a responder hasta el monto en
que fue constituida la fiducia, razón por la cual toda obligación que exceda el
valor del fideicomiso no le corresponderá asumir a dicha sociedad sino que
deberá ser complementado o suplido por la entidad del orden Nacional que
sea designada por la normativa que se profiera para dichos efectos, en el
evento de que se hubieren agotado los recursos de ese patrimonio
autónomo.

Ahora bien, la gestión del Patrimonio Autónomo de Remantes se desarrolló
en cumplimiento de precisas instrucciones impartidas en el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 3-1-0373 del 30 de mayo de 2008, suscrito por la
extinta a E.S.E. Jose Prudencio Padilla en Liquidación, en calidad de
fideicomitente, posición contractual que luego fue asumida por el Ministerio
Protección Social, ahora Ministerio de Salud y Protección Social, una vez

116
Decreto 663 de 1993. Artículo 146º. Normas Generales de las Operaciones Fiduciarias.
1. Normas aplicables a los encargos fiduciarios. En relación con los encargos fiduciarios se aplicarán las
disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil, y subsidiariamente las disposiciones del Código de
Comercio que regulan el contrato de mandato, en cuanto unas y otras sean compatibles con la naturaleza propia de
estos negocios y no se opongan a las reglas especiales previstas en el presente Estatuto.
117
Código de Comercio. Artículo 1227. <Obligaciones Garantizadas con los Bienes Entregados en
Fideicomiso>. Los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario
y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida.
118
Código de Comercio. Artículo 1233. <Separación de Bienes Fideicomitidos>. Para todos los efectos legales, los
bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a
otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto
constitutivo.

84
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

culminado el proceso liquidatorio; en virtud de la cláusula cuarta y la vigésimo
quinta del aludido contrato119.

En síntesis, se determina que el Ministerio de Salud y Protección Social es la
entidad encargada de reconocer y pagar, a título de restablecimiento del
derecho, las prestaciones sociales derivadas de la existencia de la relación
laboral entre los accionantes y la E.S.E. José Prudencio Padilla, en virtud de
la cesión del contrato de fiducia mercantil 3-1-0373 del 30 de mayo de 2008;
como quiera que le fueron entregados los procesos adelantados en contra de
la extinta E.S.E y las demás obligaciones contenidas en el aludido contrato.

Es menester precisar que esta Sala, mediante sentencia del 2 de octubre de
2020, en un proceso con identidad fáctica al presente, encontró que el
Ministerio de Salud y Protección Social también era el responsable de
reconocer y pagar las prestaciones derivadas de la existencia del contrato
realidad de la señora Josefina Ilia Cabrera con la E.S.E. Antonio Nariño, fallo
en el que se efectuó un análisis similar al presente120.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

119
“CLÁUSULA CUARTA: FIDEICOMITENTE.- Para los efectos de este contrato, la ESE JOSÉ PRUDENCIO
PADILLA EN LIQUIDACIÓN, ejercerá los derechos que la Ley concede a los fideicomitentes. Después de extinguido
legalmente la entidad en liquidación, el presente contrato continuará vigente y con plenitud de sus efectos y en ese
evento la calidad de Fideicomitente será ostentada por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL”.
120
Con Radicado: 52001-23-33-000-2011-00262-01 (Nº interno: 5311-2018), y ponencia del magistrado César
Palomino Cortés.

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de agosto de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de
caducidad de la acción, en su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio expedido el 8 de
febrero de 2008 por el apoderado liquidador de la E.S.E. José Prudencio
Padilla.

TERCERO: DECLARAR la existencia de la relación laboral entre la E.S.E.
José Prudencio Padilla y los siguientes demandantes, por los siguientes
periodos:

Demandante Periodo
Darly Quevedo Padilla 01 de noviembre de 2004 y
el 8 de junio de 2006
Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de
mayo de 2006
Concepción Campo Pava 01 de julio de 2004 al 9 de
junio de 2006

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR al Ministerio
de Salud y Protección Social a reconocer y pagar a favor de los señores Darly
Quevedo Padilla, Gabriel Villa Pernett y Concepción Campo Pava, las
correspondientes prestaciones sociales devengadas, por los servidores de
planta (entre ellas, las vacaciones), teniendo como base para su liquidación
el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el mismo empleo
en la planta de personal (en la medida en que no sea inferior a los honorarios
y/o salario percibido, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), de
conformidad con los periodos de la siguiente tabla:

Demandante Periodo Empleo de planta
Darly Quevedo Padilla 01 de noviembre de 2004 y Auxiliar de enfermería
el 8 de junio de 2006
Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de Médico general
mayo de 2006

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Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Concepción Campo Pava 01 de julio de 2004 al 9 de Auxiliar de odontología
junio de 2006

Las sumas resultantes a favor de los demandantes, se ajustarán en su valor,
en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente
providencia.

QUINTO: Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social tomar durante los
periodos que en el cuadro siguiente se reseñarán, el ingreso base de
cotización (IBC) pensional de los accionantes (el salario legalmente
sufragado a quienes desempeñaban en los empleos de auxiliar de
enfermería, médicos generales y auxiliares de odontología, según sea el
caso, o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a
mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los
que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le
correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, los accionantes
deberán acreditar las cotizaciones que realizaron al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que les correspondía
como trabajadores.

Demandante Periodo Empleo de planta
Darly Quevedo Padilla -01 de enero al 29 de febrero Auxiliar de enfermería
de 2004
-01 al 30 de abril de 2004
-01 al 30 de junio de 2004
-01 de noviembre de 2004 y
el 8 de junio de 2006
Gabriel Villa Pernett 01 de julio de 2004 al 30 de Médico general
mayo de 2006
Concepción Campo Pava 01 de julio de 2004 al 9 de Auxiliar de odontología
junio de 2006

SEXTO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por los señores
José Saúl Medina, Candelaria Berrío Díaz, Elvia Morales Mendoza, Hilda

87
Número interno: 0177-16
Demandante: Norma Campillo Escorcia y otros
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Palacio García, Akever Almeida Martínez, Rosario Sánchez Doria, Magalys
Torres Padilla, Lidia Solarte Rhenals, Meybin Amaris Mora, Mallerly Sanjuán
Ganem y Gloria Romero Pájaro conforme a lo expuesto en la parte motiva de
la sentencia.

SÉPTIMO: Sin condena en costas en las dos instancias.

OCTAVO: Reconocer personería jurídica a la abogada Luz Dary Moreno
Rodríguez, como apoderada de La Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social, en los términos del poder obrante en folio 453 del expediente.

NOVENO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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