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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2008-00712-01

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2008-00712-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2008-00712-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537)

Actor: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Demandado: FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA

Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Temas: RESTITUCIONES MUTUAS: la declaratoria de nulidad de un contrato de
compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesario que
se acredite la entrega de los bienes y el pago del precio – el artículo 48 de la Ley 80
de 1993 permite el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, siempre que se
demuestre que beneficiaron a la entidad / CARGA DE LA PRUEBA: la parte actora
está en la obligación de probar los planteamientos y argumentos de la demanda, so
pena de que se denieguen las pretensiones.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia del 11 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 780 – 797, c. ppl.)1,
por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de diciembre de 2008, el Departamento de Bolívar presentó demanda (fls. 1 –
30, c1), en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de la
Fundación Trabajar por Colombia, con la pretensión de que se declarara la nulidad
absoluta del contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por objeto la
adquisición de medicamentos e insumos médicos, y que, como consecuencia, se

1
La demanda se interpuso ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero, antes de dictar sentencia
de primera instancia, ese tribunal profirió el auto del 16 de junio de 2014 (fl. 773, c2), en el cual
decidió: “En cumplimiento del Acuerdo No. 0094 de junio 11 de 2014, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, se ordena remitir el expediente de la
referencia, al Tribunal Administrativo de San Andrés […], para que continúe con el respectivo
trámite”.

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

ordenara la restitución de los dineros efectivamente pagados, los cuales debían
indexarse o actualizarse. Subsidiariamente, solicitó que se declarara el
incumplimiento del contrato y el pago de los perjuicios derivados del mismo.

II. ANTECEDENTES2

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 19 de
diciembre de 2008 (fls. 1 – 30, c1), el Departamento de Bolívar, en ejercicio de la
acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo -C.C.A.-,
modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se dirigió en contra de la
Fundación Trabajar por Colombia, con el propósito de obtener las siguientes
declaraciones y condenas:

PRIMERA. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del Contrato No. 380 de
2007 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y la FUNDACIÓN
TRABAJAR POR COLOMBIA, según las manifestaciones de esta Acción
Contractual.

SEGUNDA. En consecuencia de la anterior declaratoria, CONDENAR a la
FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA a las RESTITUCIONES
consecuenciales de esa (sic) derivadas de esa nulidad, para lo cual se dará
aplicación, al 1525 (sic) del Código Civil.

TERCERA. CONDENAR a la demandada FUNDACIÓN TRABAJAR POR
COLOMBIA a los perjuicios que se llegaren a probar y que le hubieren causado
a la demandante.

CUARTA. ORDENAR el pago de la actualización monetaria, indexación,
indemnización por la depreciación monetaria e intereses corrientes y moratorios
correspondientes a todas las declaraciones y condenas proferidas en la
sentencia que resuelva este proceso.

QUINTA. CONDENAR en gastos, costas y agencias en derecho al
demandando.

En subsidio de las pretensiones PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA
PRINCIPALES, téngase las siguientes como subsidiarias:

PRIMERA SUBSIDIARIA: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO del Contrato No.
380 de 2007 por parte del contratista FUNDACIÓN TRABAJAR POR
COLOMBIA.

SEGUNDA SUBSIDIARIA. En consecuencia, CONDENAR a la FUNDACIÓN
TRABAJAR POR COLOMBIA a (sic) al pago de los perjuicios derivados de ese

2
Se aclara que el expediente de este proceso se encuentra mal foliado, pues del folio 507 del
cuaderno 2 pasa al folio 719. En una constancia secretarial obrante en el folio 775 del cuaderno 2 se
advierte que el proceso consta de un cuaderno con 374 folios, y de otro con los folios del 375 al 507
y del 719 en adelante. Como esta constancia fue expedida antes de que se profiriera el fallo de
primera instancia, no tiene en cuenta los folios que conforman el cuaderno principal.
2

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

incumplimiento, inclusive la cláusula penal pecuniaria contemplada en la
Cláusula Décimo Segunda del Contrato.

1.1 Los fundamentos de hecho:

El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se
expresan a continuación:

Durante el mes de diciembre de 2007, el Departamento de Bolívar afrontó una ola
invernal que afectó a un gran número de sus municipios. Ante la magnitud de esta
situación, la Dirección de Prevención y Desastres del Ministerio del Interior expidió
la Resolución 33 del 5 de diciembre de 2007, por medio de la cual se declaró la
situación de calamidad pública en el departamento.

El 6 de diciembre de 2007 -aunque en la demanda se decía 2008-, el Comité
Departamental de Atención y Prevención de Desastres diseñó un plan para afrontar
la emergencia originada en la ola invernal, incluyendo la implementación del plan
de atención básica en salud para 11 municipios, para lo cual se asignó un
presupuesto de $550’000.000.

Por medio del Decreto 0690 del 13 de diciembre de 2007, el Gobernador de Bolívar
declaró la urgencia manifiesta, hasta el 28 de diciembre siguiente, con el fin de
conjurar la problemática social generada por la ola invernal.

Mediante comunicación del 13 de diciembre de 2007, la coordinadora del Programa
de Urgencias, Emergencias y Desastres le solicitó al Secretario de Salud que
gestionara los trámites necesarios para adquirir los medicamentos e insumos
médicos que serían empleados para asistir a los damnificados. Ese mismo día, se
realizaron los términos de referencia, y se certificó la existencia del rubro de
emergencia invernal, por valor de $2.000’000.000.

Según el expediente contractual, se realizó una única invitación a ofertar el día 19
de diciembre de 2007, a la Fundación Trabajar por Colombia. Sin embargo, esta
fundación no cumplía con las condiciones de idoneidad y capacidad jurídica, técnica
y financiera necesarias para ejecutar el objeto del contrato, violando, de este modo,
los principios de selección objetiva y de transparencia.

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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

La parte accionada presentó su propuesta el 20 de diciembre de 2007, por valor de
$643’984.559. El 21 de diciembre, el Secretario de Salud certificó que, si bien el
Sistema de Información para la Contratación Estatal -SICE- no arrojó un precio
indicativo de mercado para los bienes que eran objeto de contratación, la propuesta
de la Fundación Trabajar por Colombia se ajustaba a los precios de este último.

La anterior certificación, de acuerdo con el estudio de precios elaborado por la
Oficina de Control Interno del departamento, no se ajustó a la realidad, ya que
existía un sobrecosto del 40%.

Las partes suscribieron el contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por
objeto la adquisición de medicamentos e insumos médicos, destinados a atender a
los municipios priorizados: Calamar, Soplaviento, Arjona (Gambote y Puerto Badel),
San Cristóbal, Margarita, Cicuco, San Jacinto del Cauca, Talaigua Nuevo y El
Peñón.

El valor del contrato ascendía a la suma de $643’984.559 -esto es, por encima del
presupuesto asignado para implementar el plan de atención básica en salud-, los
cuales se pagarían a contra entrega de los productos en el almacén de la Secretaría
de Salud.

El 27 de diciembre de 2007, la supervisora del contrato certificó que se habían
recibido a satisfacción los insumos objeto del mismo. No obstante, en ese
documento no se realizó ningún inventario, no se certificó la calidad de los
medicamentos, ni se señaló su lugar de recibo.

Por medio del comprobante de ingreso 226 del 30 de diciembre de 2007, la
almacenista del edificio de asistencia social de la Secretaría de Salud certificó el
ingreso de los medicamentos de emergencia y desastre entregados por la
Fundación Trabajar por Colombia. Empero, este documento es posterior a la
certificación realizada por la supervisora del contrato y se hizo por fuera de la
vigencia de la urgencia manifiesta, que se extendía hasta el 28 de diciembre.
Además, no resaltó ningún lugar diferente de recibo o de destino de los bienes, ni
hizo salvedades especiales.

Según narra el demandante, no existe un certificado que acredite con claridad la
salida de los bienes del almacén. Sumado a ello, tampoco fueron entregados a la

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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

población que se pretendía atender, lo cual impidió que se cumplieran los fines de
esta contratación.

El 7 de marzo de 2008, la Contraloría Departamental de Bolívar realizó una
inspección física en el almacén de la Secretaría de Salud, para verificar el
cumplimiento de varios contratos, entre ellos, el 380 de 2007. En el acta de esta
diligencia, se explicó lo siguiente: (i) el representante legal de la Fundación Trabajar
por Colombia le manifestó al ente fiscal que, por el volumen de los insumos y kits a
entregar, no pudieron almacenarse en las instalaciones de la Secretaría de Salud,
por lo que se almacenaron en unas bodegas de propiedad privada ubicadas en la
zona industrial del barrio El Bosque, sector Manzanillo y (ii) una vez inspeccionadas
esas bodegas, se encontró un gran número de mercados y de kits de aseo;
asimismo, cuando se dirigieron al centro médico Los Ejecutivos, se constató la
existencia de los medicamentos, que, por su naturaleza, se conservaban en
refrigeradores.

En el informe del ente de control se concluyó que el contrato 380 (entre otros
negocios jurídicos de urgencia) no cumplió con los fines de la contratación estatal y
que se generó un presunto detrimento fiscal, toda vez que se adquirieron insumos,
alimentos y medicamentos que no fueron entregados a la población afectada por la
ola invernal.

El 27 de marzo de 2008, la Procuradora Regional de Bolívar realizó una visita para
verificar los bienes adquiridos por la Secretaría de Salud, diligencia en la cual se le
informó que no se hizo la interventoría física al momento de recibir las mercancías,
como tampoco se realizó un inventario al entregarlas a los municipios, pero que
existían constancias de recibo por parte de estos.

El 3 de junio de 2008, la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y
Desastres, en su calidad de supervisora del contrato, rindió un informe en presencia
del Ministerio Público y de la Contraloría Departamental, en el cual aseveró que se
ejecutó el 100% de la inversión contratada; que todos los medicamentos e insumos
fueron entregados; que, por la magnitud de los mismos, parte de ellos fueron
almacenados en unas bodegas a cargo del contratista; que estos no se habían
entregado a las comunidades, y que el departamento no había cancelado el valor
del contrato. A pesar de ello, no fueron enunciados los contratos que respaldaron la
tenencia de las mercancías en las bodegas privadas por parte del contratista, ni este
certificó que tal situación no le generaría costos al departamento.
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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Mediante oficio del 18 de julio de 2008, el Gobernador de Bolívar informó las
irregularidades relacionadas con el contrato al Contralor Departamental. El 22 de
julio siguiente, el jefe del Departamento Administrativo Jurídico solicitó un
acompañamiento especial por parte del Ministerio Público. Finalmente, el
Departamento de Bolívar se constituyó como parte civil dentro de los procesos
penales que se iniciaron por los hechos acontecidos dentro de la contratación
referida.

1.2 Fundamentos de derecho:

El accionante invocó como fundamento de sus pretensiones, los siguientes cargos:

1.2.1 Nulidad absoluta del contrato por falta de capacidad y objeto ilícito:
Según el actor, el Decreto 2150 de 1995 dispone que, cuando el ejercicio de una
determinada actividad exija la obtención de una licencia de funcionamiento o de un
permiso, estos serán indispensables para el desarrollo de la misma. Teniendo esto
de presente, aseguró que la venta y la comercialización de medicamentos
constituían una actividad regulada, restringida, reglada y controlada por las
autoridades públicas.

Luego de recapitular diferentes disposiciones que regulan el funcionamiento de los
establecimientos farmacéuticos y la venta de medicamentos, afirmó que la
Fundación Trabajar por Colombia carecía de capacidad, pues no acreditó que
estuviera autorizada para realizar el objeto contractual. En otros términos, como el
contrato se suscribió con un particular que no estaba autorizado para realizar
actividades farmacéuticas -ni vender medicamentos-, se encontraba viciado de
nulidad, al celebrarse contra normas imperativas y de orden público.

1.2.2 Nulidad absoluta del contrato por falta de capacidad del representante
legal: El representante legal de la fundación demandada solo podía realizar actos
y celebrar contratos, sin la autorización de la junta, hasta por 499 salarios mínimos.
No obstante, a pesar de que el contrato 380 superó este monto, no se aportó la
autorización emanada de la junta directiva. Si bien se entregó una autorización
suscrita por el revisor fiscal, esta no tenía la virtualidad de sustituir las autorizaciones
del órgano directivo. Sumado a ello, todo acto que faculte al representante legal
debe inscribirse en el registro mercantil, so pena de no producir efectos jurídicos.

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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

1.2.3 Nulidad absoluta del contrato por violación de los principios de
transparencia y de selección objetiva: Aunque la Ley 80 de 1993 permite que,
ante la presencia de una urgencia manifiesta, la administración celebre contratos de
manera directa, esto no la habilita para desconocer los principios de la contratación
o para actuar con desviación de poder.

Para el demandante, y con base en la jurisprudencia de esta Corporación, cuando
las partes, como en este caso, desconocen los principios que rigen la contratación,
se vicia el contrato por ilicitud del objeto. Como el contratista no acreditó experiencia
para suscribir el contrato objeto de debate, ni demostró que contara con la
infraestructura logística suficiente, ni aportó los permisos y licencias exigidos por la
ley, ni contaba con la capacidad económica suficiente, era claro que no se había
cumplido con el deber de selección objetiva, lo cual invalidaba el negocio jurídico.

1.2.4 Nulidad absoluta del contrato por desviación de poder: Luego de explicar
la noción de desviación de poder, aseguró que la administración incurrió en este
vicio de ilegalidad, por lo siguiente: (i) el fundamento del contrato 380 fue un
diagnóstico del 6 de diciembre de 2007, pero este fue celebrado 20 días después,
a pesar de que habían más de 25.000 afectados por la ola invernal; (ii) el contrato
fue suscrito en los últimos días de la declaratoria de urgencia y antes de que el
gobernador terminara su periodo constitucional; (iii) solo hubo una invitación a
presentar propuesta, la cual fue enviada a una fundación sin experiencia y sin
capacidad técnica; (iv) se presentaron inconsistencias en los certificados de entrada
y salida de los medicamentos; (v) se certificó el cumplimiento del contrato, pese a
que las mercancías no reposaban en las bodegas oficiales; (vi) la Contraloría
previno sobre un posible detrimento patrimonial, y (vii) no se realizó un inventario
exhaustivo de los bienes objeto del contrato.

1.2.5 Nulidad absoluta del contrato por incumplimiento de los fines de la
contratación: La parte actora recordó que la contratación estatal no es un fin en sí
mismo, dado que tiene por objeto garantizar el interés público y satisfacer diferentes
necesidades colectivas.

Asimismo, explicó que el desconocimiento del interés general puede configurar la
causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, esto
es, que el contrato se celebre en contra de expresa prohibición constitucional o
legal. Finalmente, aseveró que, como los medicamentos continuaban en bodegas

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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

de propiedad de particulares, no se cumplió con el objetivo del contrato 380, que
era atender a la población afectada por la ola invernal.

1.2.6 Incumplimiento del contrato: Precisó que el contrato 380 de 2007 era de
compraventa, en lugar de ser de suministro, ya que las prestaciones no fueron
periódicas, sino de ejecución instantánea. Luego, afirmó que era una obligación de
la fundación entregar los bienes en la Secretaría de Salud del departamento, pero
que los mismos fueron llevados a unas bodegas privadas, razón por la cual era
posible predicar un incumplimiento contractual.

2. Actuaciones procesales en primera instancia:

Por medio del auto del 4 de marzo de 2009 (fl. 311, c1), el Tribunal Administrativo
de Bolívar admitió la demanda, y ordenó su notificación al representante legal de la
fundación demandada y al Ministerio Público, cancelar los gastos de notificación,
fijar en lista el proceso por el término de 10 días, y reconocerle personería al
apoderado de la parte actora.

2.1 Contestación de la demanda:

En atención a que no fue posible notificar personalmente a la demandada, el a quo,
a través del auto del 28 de agosto de 2009 (fls. 325 – 327, c1), ordenó surtir su
emplazamiento -al demandante se le requirió para que aportara la publicación del
emplazamiento-.

El 20 de junio de 2013, el apoderado de la parte actora aportó la copia del periódico
en el que se publicó el edicto emplazatorio (fls. 418 – 419, c2). Ante la no
comparecencia de los emplazados, por medio del auto del 6 de agosto de 2013 (fl.
421, c2), el tribunal de primera instancia designó a un curador ad litem.

El 3 de octubre de 2013, la curadora ad litem de la accionada contestó la demanda
(fl. 426, c2). Afirmó que no le constaban los hechos o las declaraciones de la misma,
por lo que debían probarse. Igualmente, aseguró que no poseía elementos
probatorios relacionados con este asunto, por lo que se abstuvo de formular
cualquier tipo de excepciones.

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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

2.2 Alegatos de conclusión:

Vencido el periodo probatorio, en auto del 16 de mayo de 2014 (fl. 769, c2), el
Tribunal Administrativo de Bolívar corrió traslado a las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
Tanto las partes, como el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia impugnada:

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió la
sentencia del 11 de junio de 2015 (fls. 780 – 797, c. ppl.), en la que decidió lo
siguiente:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad absoluta del contrato No. 380 de 2007
suscrito entre el Departamento de Bolívar y la FUNDACIÓN TRABAJAR POR
COLOMBIA, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin lugar a restituciones mutuas entre las partes contratantes, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

CUARTO: COMPÚLSESE copias tanto a la Procuraduría General de la Nación
como a la Fiscalía General de la Nación para que estudien la viabilidad jurídica
de adelantar las investigaciones disciplinarias y penales en las que pudieron
haber incurrido los funcionarios del departamento de Bolívar, que suscribieron
el contrato de compraventa No. 380 de 2007 que se anula.

QUINTO: Por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de
Bolívar. Desanótese en los libros correspondientes y archívese una copia de
esta providencia en los copiadores de este Tribunal.

Para sustentar esta determinación, enunció las causales de nulidad absoluta de los
contratos estatales, previstas en los artículos 44 de la Ley 80 de 1993 y 1741 del
Código Civil. Posteriormente, analizó cuáles eran los requisitos previstos en la ley
para la venta y comercialización de medicamentos, concluyendo que esta actividad
se encontraba sometida a normas de derecho público, por su relación con la
protección de la salud pública3.

3
La sentencia de primera instancia indicó: “El tema de la producción, almacenamiento, distribución,
comercialización, dispensación, entre otros, es a juicio de esta Corporación un asunto de derecho
público de la nación, que tiene su regulación primaria en la ley, que desarrolla la reglamentación en
diferentes normas […]. Así pues, no queda duda que el almacenamiento, comercialización o
distribución de medicamentos o dispositivos médicos, se sujeta a una regulación que impone en
cabeza de quienes ejerzan estas actividades una serie de obligaciones y requerimientos, como las
autorizaciones que deben obtenerse, además de estar sujetos a la inspección y vigilancia de las
autoridades a las cuales, las normas atribuyen tales competencias, como son las entidades
territoriales de salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos – Invima-”. (fls. 793 – 794, c. ppl.).
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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Aseguró que el Departamento de Bolívar debió verificar que el contratista contara
con las autorizaciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato, obligación
que no se disminuía por encontrarse en una situación de urgencia. Para el a quo,
era incomprensible que el demandante hubiera verificado el cumplimiento de varios
requisitos, así fueran de menor importancia, pero que no constatara que la
fundación contaba con los permisos de funcionamiento exigidos por el ordenamiento
para el almacenamiento, la comercialización y la distribución de medicamentos. De
esta forma, como no se acreditó que el contratista estuviera autorizado para vender
estos insumos, concluyó que el contrato 380 de 2007 estaba viciado de nulidad por
ilicitud de su objeto, pues se desconocieron normas de obligatorio cumplimiento.

Afirmó que, como en este caso, no había certeza de que el contratista le hubiese
entregado al departamento la totalidad de los medicamentos, ni que este cancelara
el valor del contrato, no existían elementos suficientes para formular
pronunciamiento alguno en relación con las restituciones mutuas4.

Finalmente, no estudió la pretensión de incumplimiento, porque es un presupuesto
indispensable para analizar el cumplimiento de las partes, que el contrato sea válido.

4. Recurso de apelación:

El 24 de agosto de 2015, el Departamento de Bolívar interpuso el recurso de
apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 799 – 804, c. ppl.), solicitando que se
ordenaran las restituciones mutuas entre las partes.

El recurrente afirmó que existían pruebas de que los medicamentos no fueron
entregados al departamento, pero que este sí pagó lo correspondiente al valor del
contrato.

Aseveró que, si bien la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y
Desastres y la jefe de la bodega del departamento aseguraron que el contratista
entregó a satisfacción los productos objeto del contrato, a partir del informe de la

4
En concreto, se lee: “Ahora bien, como en el caso que nos ocupa, se trata de un contrato de
compraventa en donde no existe certeza del recibo completo y total de los medicamentos e insumos
por parte del Departamento de Bolívar, ni menos aún conoce esta Corporación – porque no obra
prueba alguna – si fue cancelado el monto del contrato que por esta sentencia se anula, no existen
elementos para formular pronunciamiento alguno acerca de las restituciones mutuas, que sería lo
procedente de ordenar conforme a las disposiciones legales” (fl. 796, c. ppl.).
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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Contraloría Departamental de Bolívar, se demostró que los insumos no fueron
suministrados a la Secretaría de Salud, ni fueron repartidos en los municipios. Por
ello, como no hubo una entrega por parte del contratista, no había lugar a
devoluciones por parte del accionante.

Adicionalmente, indicó que, según el informe de la coordinadora del Programa de
Urgencias, Emergencias y Desastres, quien fue supervisora del contrato, el
departamento ejecutó el 100% de los recursos, por lo que los mismos debían ser
restituidos5.

Explicó que, al momento de estimar la cuantía de la demanda, definió que la misma
equivaldría al valor del contrato, que fue cancelado en su totalidad por el
contratante; por lo tanto, una vez el curador ad litem del demandado no formuló
excepciones en relación con la estimación de la cuantía, esta debió tenerse por
cierta, siendo el monto mínimo a resarcir o a restituir. Para estos efectos, citó el
artículo 206 del Código General del Proceso, que regula el juramento estimatorio,
ya que, en su entender, la estimación de la cuantía era asimilable a aquella figura
procesal.

Así, reiteró que, aunque no era procedente ordenar la restitución de los
medicamentos, en atención a que los mismos no fueron entregados, sí debían
devolverse los recursos pagados a la Fundación Trabajar por Colombia. Al definir
las solicitudes de la apelación, pidió que se condenara a la entidad demandada al
pago de los intereses moratorios y a la indexación de los recursos que debían
restituirse.

5. Trámite en segunda instancia:

A través del auto del 31 de agosto de 2015 (fl. 806, c. ppl.), el Tribunal Administrativo
de Bolívar concedió el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta
Corporación para decidir sobre su admisibilidad.

5
La recurrente manifestó: “[…] no es cierto el hecho de que no exista prueba que conduzca a la
certeza de los dineros entregados por el Departamento de Bolívar a la Fundación Trabajar por
Colombia, ya que de la declaración obtenida por la Coordinadora del Programa se vislumbra que el
valor del contrato fue cancelado en su totalidad, de otra forma no manifestaría que el valor de la
inversión Contratada fue igual al valor de la inversión ejecutada y que el porcentaje es igual al 100%
cuyo valor es precisamente el valor total del contrato 380 de 2007” (fl. 802, c. ppl.).
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Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

En providencia del 7 de marzo de 2016 (fl. 810, c. ppl.), se admitió el recurso. Por
medio del auto del 10 de agosto de 2016 (fl. 811, c. ppl.), se corrió traslado a las
partes, por el término de 10 días, para que presentaran sus alegaciones finales.
Vencido dicho término, se dio traslado al Ministerio Público para que rindiera su
concepto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 212 del C.C.A.

Las partes guardaron silencio (fl. 819, c. ppl.). El 4 de octubre de 2016, el Ministerio
Público rindió su concepto (fls. 813 – 818, c. ppl.), y solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia. En su opinión, el actor no demostró que se le
hubiese pagado a la fundación el valor del contrato.

En proveído del 15 de julio de 2022 (fls. 836 – 837, c. ppl.), la Sala decretó como
pruebas de oficio, lo siguiente: “(i) la providencia del proceso con radicado IUS
235781 / IUC D-2008-878-60834, por medio del cual la Procuraduría General de la
Nación finalizó el proceso disciplinario iniciado con ocasión de los contratos de
urgencia, entre ellos, el 380 de 2007 y (ii) la constancia, junto con los soportes
contables y presupuestales, de los pagos realizados por el Departamento de Bolívar
a la Fundación Trabajar por Colombia, con ocasión de la ejecución del contrato 380
del 24 de diciembre de 2007”.

En la constancia secretarial del 24 de octubre de 2022 (índice 47 del SAMAI), la
Secretaría de la Sección Tercera señaló:

El 30 de agosto de 2022, en cumplimiento al auto que antecede se enviaron los
requerimientos a la Procuraduría General de la Nación y al Departamento de
Bolívar, requerimientos que fueron reiterados el 19 de septiembre del presente
año (índices 31 a 38 SAMAI).

El 21 de septiembre de 2022, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de
Juzgamiento 1, remitió copia de los fallos de primera y segunda instancia
proferidos dentro del proceso disciplinarios (sic) 2008-878-60834 con
constancia de ejecutoria (índice 39 SAMAI).

El 13 de octubre de 2022, se corrió traslado por cinco días de los documentos
allegados por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, término
que transcurrió entre el 14 y el 21 de octubre de 2022 (índice 40 y 41 SAMAI).

El 11 de octubre del presente año, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de
Instrucción 6, Primera para la Contratación Estatal, allegó nuevamente copia de
los fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del proceso
disciplinarios 2008-878-60834 junto con un auto de incorporación que hace
parte del mismo proceso (índice 42 SAMAI).

El 18 de octubre de 2022 el apoderado del Departamento de Bolívar Adrián
Alberto Barreto Lezama allegó poder con soportes (índice 43 SAMAI) y el 18 de

12

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

octubre descorrió el traslado de los documentos allegados por la Procuraduría
pronunciándose al respecto (índice 44 SAMAI). […]

En lo referente a los documentos solicitados al Departamento de Bolívar, a la
fecha no se ha recibido ningún pronunciamiento al respecto.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia del Consejo de Estado:

Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2008, se rige por lo
prescrito en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por cuanto
la Ley 1437 de 2011, según su artículo 308, entró a regir el día 2 de julio de 2012.
Debe recordarse que, en virtud del inciso tercero de la precitada disposición, “Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán
de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

De ese modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer
de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por
los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129
del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por
el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006,
estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgaría las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas,
naturaleza que ostenta la entidad territorial demandante.

También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio
de la acción de controversias contractuales con vocación de doble instancia en
razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (numeral 2 del artículo 20 del
Código de Procedimiento Civil) excede los 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de presentación de la demanda6.

6
El salario mínimo vigente en Colombia para el 19 de diciembre de 2008, fecha de presentación de
la demanda, era de $461.500 (que, multiplicado por 500, arroja como resultado: $230’750.000).
Al estimar la cuantía, el departamento fijó este valor en la suma de $643’984.559, que corresponde
al valor del contrato que pretende le sea restituido, y que es un monto que supera los 500 salarios
mínimos exigidos por la norma para acceder a la segunda instancia.
13

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

2. Legitimación en la causa:

2.1 Por activa:

La Sala encuentra que el Departamento de Bolívar está legitimado en la causa por
activa, por ser el ente contratante del contrato 380 de 2007, cuya nulidad absoluta
se solicita.

2.2 Por pasiva:

De igual manera, la Fundación Trabajar por Colombia se encuentra legitimada en
la causa por pasiva, por ser la contratista del negocio jurídico objeto de la
controversia.

3. Ejercicio oportuno de la acción:

La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del
derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el
ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio.

El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446
de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el
término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En relación con la pretensión de nulidad absoluta del contrato, el literal e) del
precitado numeral prescribe “La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por
las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada,
dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento […]”. Pero si la
vigencia del contrato fuera superior a los dos años, el término para acudir a la
jurisdicción será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco
años, contados a partir de su perfeccionamiento.

El contrato 380 fue suscrito el 24 de diciembre de 2007, con un plazo de un mes,
por lo que el término de caducidad se extendió hasta el 24 de diciembre de 2009.

14

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Como la demanda se interpuso el 19 de diciembre de 2008, se colige que se
presentó de manera oportuna7.

4. Hechos probados y material probatorio relevante:

-En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio, que resulta relevante para
el estudio del caso. Es de aclarar que, para estos efectos, la Sala valorará las copias
simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el
desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación
del 28 de agosto de 2013, expedida por la Sala Plena de la Sección Tercera8.

4.1 La Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y
de Justicia expidió la Resolución No. 33 del 5 de diciembre de 2007 (fls. 479 – 480,
c2), modificada por la Resolución 36 del 12 de diciembre siguiente (fls. 481 – 482,
c2), por medio de las cuales se declaró la situación de calamidad pública en el
Departamento de Bolívar y se reconoció la afectación en varios de sus municipios9.

4.2 El Comité Departamental para la Prevención y Atención de Desastres de Bolívar
llevó a cabo una reunión extraordinaria el 6 de diciembre de 2007 (fls. 483 – 485,
c2), en la que discutieron las medidas y acciones que debían adoptarse en atención
a la emergencia generada por la ola invernal.

7
En el año 2008 -fecha de presentación de la demanda- no era obligatorio agotar la conciliación en
materia contencioso administrativa. La Ley 640 de 2001, en los artículos 35 y 37, inicialmente,
introdujo la conciliación prejudicial como requisito previo a la presentación de las acciones
contenciosas de que tratan los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo,
lo dispuesto en esa ley no llegó a regir en la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que el
artículo 42 condicionó su entrada en rigor al cumplimiento de una disposición que no logró cumplirse
durante la vigencia de dicha norma, consistente en que cada distrito judicial contara con “[…] un
número de conciliadores equivalente a por lo menos el 2% del número total de procesos anuales que
por área entren a cada Distrito […]”. Sería entonces la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, la que
introduciría con pleno rigor la exigencia de esta herramienta, ya no solo en las acciones de reparación
directa y contractual, sino también en la de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 13).
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P.:
Enrique Gil Botero. Rad.: 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022).
9
En todo caso, por medio de oficio del 28 de enero de 2014 (fl. 444, c2), la Secretaria General (E)
del Ministerio del Interior precisó: “En atención a su oficio No. 0026-DD3 de fecha 21 de Enero de
2014 y dentro del asunto de la referencia, mediante el cual solicita copia auténtica de la Resolución
No 33 del 5 de diciembre de 2007, al respecto le informamos que de acuerdo a la certificación
expedida por el señor Luis Hernán Ochoa Dossa del Grupo de Conservación documental y gestión
de correspondencia manifiesta que: ‘examinadas las bases de datos de las transferencias
documentales y resoluciones que reposan en la entidad, se estableció que en relación con la
Resolución 33 [esta fue] expedida el 10 de enero de 2007 y realizada la verificación por fecha se
constató que las expedidas el 05 de diciembre de 2007 se encuentran numeradas de la 3519 hasta
la 3537’”.
15

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Este comité diseñó un plan de contingencia (fls. 486 – 488, c2), en el cual se incluyó
el ítem denominado “Implementación del Plan de Atención Básica en Salud para
once (11) municipios”, con valor de $550’000.000.

4.3 El Gobernador de Bolívar expidió el Decreto 690 del 13 de diciembre de 2007
(fls. 284 – 286, c1), por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en el
departamento, hasta el 28 de diciembre de ese año, con el fin de conjurar la
problemática generada por la ola invernal.

4.4 El 19 de diciembre de 2007, el Secretario de Salud de Bolívar le envió una
“INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA” a la Fundación Trabajar por
Colombia, solicitándole que presentara una oferta para el contrato que tendría por
objeto la adquisición de medicamentos y otros insumos de este tipo (fl. 261, c1).

4.5 La Fundación Trabajar por Colombia aportó la cotización No. 20071220 del 20
de diciembre de 2007 (fls. 257 – 260 y 265, c1), a través de la cual ofertó los bienes
objeto del contrato, por valor de $643’984.559.

4.6 El 21 de diciembre de 2007, el Secretario de Salud de Bolívar certificó que el
Sistema de Información para la Contratación Estatal -SICE- no arrojó un indicativo
para los bienes objeto del contrato. Por lo mismo, una vez consultados los precios
del mercado, se determinó que la propuesta de la Fundación Trabajar por Colombia
se ajustaba a estos últimos (fl. 62, c1).

4.7 El Departamento de Bolívar y la Fundación Trabajar por Colombia celebraron el
contrato 380 del 24 de diciembre de 2007 (fls. 43 – 52, c1), que tenía por objeto la
adquisición de medicamentos e insumos médicos para atender a la población
afectada por la ola invernal en los municipios priorizados: Calamar, Soplaviento,
Arjona (Gambote y Puerto Badel), San Cristóbal, Margarita, Cicuco, San Jacinto del
Cauca, Talaigua Nuevo y El Peñón10.

El valor del contrato, según la cláusula segunda, ascendía a la suma de
$643’984.559, monto que sería cancelado contra entrega de los productos en el
almacén de la Secretaría de Salud. Para el pago, era indispensable presentar el

10
Entre los productos que se enuncian en la ficha técnica, están: acetaminofén, diclofenaco,
tramadol, ibuprofeno, hioscina-butil bromuro, eritromicina, clotrimazol, milanta, lidocaína, ambroxol,
complejo B, vitamina C, jeringas, suturas con aguja, hojas de bisturí, vendas elásticas, algodón
laminado, adrenalina, tapabocas, cepillos de dientes, propofol, catéteres venosos, entre muchos
otros.
16

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

acta de recibo, debidamente suscrita por el supervisor y coordinador del contrato.
En la cláusula tercera se dispuso que el plazo sería de un mes.

La cláusula quinta definió las obligaciones del contratista, entre ellas: “1) Entregar
el bien de este contrato de manera inmediata una vez aprobada la garantía única
del contrato, en el Almacén de la Secretaría de Salud Departamental” (fl. 50, c1).
Finalmente, el supervisor y coordinador, de acuerdo con la cláusula séptima, sería
el coordinador del Programa de Emergencias y Desastres.

4.8 El 27 de diciembre de 2007, la coordinadora del Programa de Emergencias y
Desastres certificó lo siguiente:

Que he recibido a satisfacción de la FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA
NIT 830.504.390-2 el producto de (sic) objeto contractual; el cual fue la
adquisición de Medicamentos e insumos que se requieren para atender a la
población afectada por la ola invernal en los municipios priorizados: Calamar,
Soplaviento, Arjona (Cambote (sic) y Babel) (sic), San Cristóbal, Margarita,
Cicuco, San Jacinto del Cauca, Talaigua Nuevo y el peñón (sic) en el
departamento de Bolívar como parte de las ayudas humanitarias destinadas al
cumplimento de las acciones, conforme a los documentos que constituyen
anexos del contrato” (fl. 60, c1).

4.9 En el expediente reposa el comprobante de ingresos de almacén 226 del 30 de
diciembre de 2007, suscrito por la almacenista de la Secretaría de Salud (fls. 56 –
59, c1), en el que se certificó el ingreso de diferentes medicamentos de emergencia
y de desastre por parte de la fundación demandada. Si se comparan este
documento y la minuta, se evidencia que los insumos y las cantidades registrados
corresponden a lo que debía ser entregado por la contratista.

4.10 La Fundación Trabajar por Colombia presentó la cuenta de cobro No. 02-12-
2007, por medio de la cual le cobró al departamento la suma de $643’581.090 (fl.
54, c1).

4.11 En el plenario obra el certificado de existencia y representación de la Fundación
Trabajar por Colombia, expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena el 27 de
octubre de 2008 (fls. 34 – 41, c1)11. En ese documento, se puede identificar que el
objeto social de la fundación contemplaba, entre otras actividades, las siguientes:
“Suministro de dotación hospitalarias, batas, material quirúrgico, guantes, camillas,
medicamentos, divisiones hospitalarias, implemento de laboratorios. Compra venta

11
También reposa un certificado del 15 de noviembre de 2007 (fls. 241 – 244, c1), que fue el aportado
en la propuesta, pero este se encuentra incompleto.
17

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

de medicamentos, insumos, materiales, reactivos y equipos médicos odontológicos
hospitalarios y de laboratorio” (fl. 35, c1). Asimismo, “Contratar con entidades de
cualquier orden el suministro de: […] 2. Medicamentos” (fl. 38, c1). En el parágrafo
del objeto social se estableció que las actividades realizadas por la entidad en el
área de la salud serían a través de entidades autorizadas por la ley.

Ahora bien, frente a las facultades del representante legal, este certificado señaló:
“El Presidente podrá sin previa autorización realizar actos y celebrar contratos hasta
por 499 salarios mínimos mensuales” (fl. 39, c1)12. Por último, el valor del patrimonio
de la fundación era de 0.

4.12 El 19 de marzo de 2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena
condenó a la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y Desastres y
a la almacenista de la Secretaría de Salud por el delito de falsedad ideológica en
documento público (fls. 376 – 413, c2), en razón de las certificaciones expedidas en
el marco de los contratos celebrados durante la urgencia manifiesta, entre ellos, el
380.

4.13 El 19 de febrero de 2014, se recibió el testimonio del señor Edgar Rafael Larios
Redondo, funcionario del departamento (fls. 499 – 500, c2), quien afirmó
desconocer cómo fue el desarrollo del proceso contractual surtido con la fundación
demandada, puesto que, durante ese tiempo, se desempeñó como alcalde
encargado en el municipio de Tiquisio, Bolívar. Se aclara que en las actas del
Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres de Bolívar el testigo
firmó como coordinador del mismo.

4.14 El 3 de abril de 2014, la Fiscalía Seccional Cuarenta de la Unidad de Delitos
Contra la Administración Pública ordenó -de oficio- una medida preventiva de
embargo especial de los dineros y demás bienes muebles e inmuebles de los
contratistas que suscribieron los contratos de urgencia en 2007, entre ellos, el
representante legal de la Fundación Trabajar por Colombia (fls. 725 – 729, c2)13. En

12
El 18 de diciembre de 2007, el revisor fiscal de la fundación demandada expidió un certificado (fl.
245, c1), en el que acreditó que el Consejo Directivo había autorizado al representante legal de la
fundación para realizar operaciones comerciales y bancarias hasta por 5000 salarios mínimos.
13
En el documento en comento se expresó: “[…] La Fiscalía General de la Nación centra el análisis
que nos convoca, alrededor del interrogante sobre si es viable decretar de oficio una medida
preventiva a favor de la parte civil, en el sentido de disponer la medida de embargo especial de los
dineros, bienes muebles e inmuebles que los funcionarios judiciales ordenen entregar a los
contratistas investigados o a quienes hayan cedido los créditos o a quienes como producto de tal
cesión hayan continuado la cadena de cesiones o esté en trámite de remate” (fl. 726, c2).
18

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

las consideraciones de esta decisión, se precisó: “[…] En la hipótesis delictiva que
se ha planteado para perfeccionar paulatinamente la investigación, la Fiscalía
General de la Nación mediante pruebas ha demostrado que no se entregó el objeto
de los contratos 380, 381, 382, 384, 385 y 386 suscritos en diciembre de 2007 para
enfrentar la ola invernal en el Departamento de Bolívar y por ende, no se cumplieron
éstos, lo que supone que la Gobernación de Bolívar no debe pagar los casi
$4.000'000.000 (a 2007), ahora liquidados con indexación a los contratistas o a
quienes se les haya cedido y han continuado con la cadena de cesiones dentro de
las acciones contenciosas por ellos emprendidas” (fl. 726, c2).

-Durante el trámite de la prueba de oficio, fue recolectado el siguiente material
probatorio:

4.15 El 30 de noviembre de 2012, la Procuraduría Delegada para la Moralidad
Pública (expediente IUS 2010 – 227522) sancionó disciplinariamente al señor
Libardo Simancas Torres -exgobernador de Bolívar-, por haber celebrado los
contratos 380 a 386 de 2007 con la Fundación Trabajar por Colombia y con la
cooperativa GESTOCOOP, pese a que no eran idóneas para conjurar la crisis
invernal que dio lugar a la declaratoria de urgencia manifiesta. Asimismo, declaró la
responsabilidad de Joaco Berrío Villareal -exgobernador de Bolívar-, por no haber
adoptado las medidas necesarias para que tales contratos cumplieran con su
finalidad, es decir, por no haber repartido los bienes objeto de la contratación entre
los municipios priorizados (índice 39 del SAMAI).

4.16 El 15 de diciembre de 2015, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General
de la Nación conoció, en segunda instancia, del proceso con radicado 161-5610
(IUC-D-2008-878-60834)14. En esta decisión se absolvió al exgobernador de Bolívar
que suscribió el negocio jurídico objeto de debate -Libardo Simancas Torres-, y se
confirmó la responsabilidad del señor Joaco Berrío -exgobernador de Bolívar que,
según la decisión, debió velar por la ejecución de los contratos de urgencia- (índice
39 del SAMAI).

14
Según puede colegirse de la lectura de ambos fallos disciplinarios, este fue el radicado al que se
acumularon otros tantos relacionados con los mismos hechos.
19

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Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

4.17 Las anteriores decisiones cobraron ejecutoria el 4 de febrero de 2016, según
obra en la constancia del 17 de febrero de ese año, expedida por la Secretaría del
Grupo Asesores Anticorrupción15.

4.18 En el término de fijación en lista de las anteriores pruebas, el apoderado del
departamento aportó lo siguiente: (i) un memorial, en el cual solicitó que, al
momento de valorar las pruebas de los procesos disciplinarios, se tuviera en cuenta
que la Procuraduría dio por hecho el cumplimiento de los contratos de urgencia, con
fundamento en las certificaciones expedidas por la coordinadora del Programa de
Emergencias y Desastres y por la almacenista de la Secretaría de Salud, pese a
que la Corte Suprema de Justicia coligió que, en efecto, tales certificaciones eran
falsas (índice 44 del SAMAI).

(ii) La sentencia SP6614-2017 del 10 de mayo de 2017, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad.: 45.147, M.P.: Eugenio
Fernández Carlier), por medio de la cual se casó la sentencia absolutoria del
Tribunal Superior de Cartagena, para, en su lugar, confirmar la precitada sentencia
del 19 de marzo de 2013 (numeral 4.12).

(iii) La sentencia AEP 00078-2021 del 2 de agosto de 2021 (rad.: 50.211, M.P.:
Blanca Nélida Barreto Ardila), expedida por la Sala Especial de Primera Instancia
de la Corte Suprema de Justicia, que absolvió al señor Joaco Berrio, por los hechos
relacionados con los contratos de urgencia16.

15
La Procuraduría General de la Nación también aportó, en formato Word y sin firma, un auto de
incorporación, mediante el cual la Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal remitió
la diligencia con radicado IUS 76387/2009 (IUC D-2010-651-172897) para que fuera incorporada al
expediente con radicado IUC-2008-878-60834. En dicho documento se mencionó: “[…] los
funcionarios que adelantan el proceso nro. D-2008-878-60834, poseen una información integral
respecto de todo el proceso y mayores argumentos y pruebas para evaluar en forma conjunta todas
las irregularidades, que en la celebración y ejecución de los mismos se presentaron, incluyendo la
responsabilidad por el no pago de los contratos 380, 381, 382 y 383 del 2007, celebrados entre el
departamento de Bolívar y la Fundación Trabajar por Colombia, objeto del presente proceso
disciplinario” (índice 42 del SAMAI).
16
La Sala recuerda que las pruebas que acaban de enunciarse fueron aportadas por el actor en el
término de traslado de la prueba de oficio, las cuales, según su dicho, tenían como propósito que la
Subsección le diera una lectura completa y adecuada a los hechos que son objeto de controversia.
En este punto, es claro que el término de traslado de las pruebas decretadas de oficio son la
oportunidad idónea para que las partes se pronuncien frente a las mismas, toda vez que, en ejercicio
de su derecho de defensa y contradicción, deben poder aclarar, debatir o complementar tales medios
de prueba. Es decir, en el término de traslado de las pruebas de oficio era posible que las partes se
pronunciaran frente a ellas, lo cual les permitía, igualmente, aportar pruebas que soportaran sus
argumentaciones. Así, la Sala se encuentra habilitada para valorar las sentencias penales.
Además, estas pruebas penales estuvieron disponibles para que las partes se pronunciaran al
respecto, sin que ninguna de ellas emitiera alguna manifestación.
20

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

5. Objeto de la apelación y problema jurídico:

Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar la restitución de los
dineros supuestamente pagados por el Departamento de Bolívar a la fundación
demandada, en el marco del contrato 380 de 2007.

Dado que este es el único punto de la apelación, no se modificará la declaratoria de
nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, ni la orden de compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. Tampoco
se estudiarán las pretensiones subsidiarias de incumplimiento y de indemnización
de perjuicios, dado que, además de que no se insistió en ellas en el recurso, es un
requisito de la responsabilidad contractual la existencia de un contrato válidamente
celebrado.

Para estos efectos, se analizarán los siguientes tópicos: 5.1) las restituciones
mutuas en los contratos estatales y 5.2) el caso concreto.

5.1) Las restituciones mutuas en los contratos estatales:

Según el numeral 8º del artículo 1625 del Código Civil, las obligaciones se extinguen
en todo o en parte por la declaratoria de nulidad del contrato; de otro lado, el artículo
1746 del mismo estatuto dispone que la nulidad pronunciada en sentencia da a las
partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no
hubiese existido el contrato nulo. Así, la declaratoria parcial o total de nulidad del
contrato tiene un doble efecto: le pone fin hacia futuro a la eficacia del negocio
jurídico y hace desaparecer del tráfico, con efectos retroactivos, el contrato o la
cláusula viciada de nulidad17.

A su turno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993:

La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria.

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del
contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal
se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere
obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las
prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público.

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P.:
José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 05001-23-31-000-2010-01744-01 (49.483).
21

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

A esta disposición se le suma la regla establecida en el inciso segundo del artículo
1746 del Código Civil, según el cual, en las restituciones que deban hacer los
contratantes, cada uno será responsable de la pérdida de las especies o de su
deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias,
tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena fe o mala fe
de las partes.

En este orden de ideas, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se
declare la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, el ejecutante o prestador del
objeto contractual tendrá derecho al reconocimiento del valor equivalente a las
prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad
se ha beneficiado para la satisfacción de un interés público.

En otros términos, para que las prestaciones ejecutadas sean reconocidas al
momento de declarar la nulidad absoluta, deben acreditarse dos aspectos: (i) uno
cualitativo, vale decir, que haya significado un beneficio representado en la
satisfacción de un interés público, y (ii) uno cuantitativo, en tanto el reconocimiento
de lo ejecutado debe ir hasta el monto de lo efectivamente demostrado18.

En este punto, la Sala debe clarificar lo siguiente: si bien el inciso primero del artículo
48 de la Ley 80 de 1993 únicamente se refiere a los contratos de ejecución sucesiva,
no ocurre lo mismo con el inciso segundo, que habla, en general, del “contrato nulo
por objeto o causa ilícita”, esto es, sin distinguir si es de ejecución sucesiva o de
ejecución instantánea. Por tal motivo, lo prescrito en el inciso segundo del artículo
48 produce efectos, incluso, en los contratos de ejecución instantánea. Así lo ha
sostenido la Subsección C de la Sección Tercera:

Ahora bien la declaratoria judicial de nulidad de un contrato, retrotrae la
situación al estado en que se encontrarían las partes como si el contrato no
hubiera existido, lo que en principio daría lugar a las restituciones mutuas.

Al respecto el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir
entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el
reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado
nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto del beneficio que la entidad estatal
haya obtenido.

Sin embargo, para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones
derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícito es
indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de marzo de 2021, C.P.:
Nicolás Yepes Corrales. Rad.: 76001-23-31-000-2012-00171-01 (62.250).
22

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

interés público, pues solo en esta medida se puede entender que la entidad
estatal se ha beneficiado (subraya fuera de texto)19.

Ahora bien, y como también lo ha puesto de presente esta Corporación 20 , hay
situaciones en las que no será procedente ordenar las restituciones mutuas, pues
será jurídica o materialmente imposible efectuarlas. Por supuesto, vale aclarar, en
todos los procesos en los que se declare la nulidad, el juez tendrá la obligación de
analizar lo relativo a dichas restituciones. No obstante, se itera, existen supuestos
en los que el resultado de ese análisis conlleva a concluir que es improcedente
ordenarlas. Al respecto, la Sección Tercera explicó:

Y en cuanto a la posibilidad de volver las cosas al estado en que se hallaban
antes del acto o contrato declarado nulo, se observa que ello se produce a
través de la restituciones que surgen a partir de la declaratoria de nulidad, y
que resultan admisibles sin ningún cuestionamiento en aquellos eventos en los
que las obligaciones fueron de ejecución instantánea, como las de dar, en
contratos de compraventa, permuta, etc., puesto que podrán restituirse las
cosas recibidas, por un lado, y los dineros pagados, por el otro, sin perjuicio de
lo que corresponda por concepto de frutos, mejoras, corrección monetaria, etc.,
según el caso; pero es evidente que existen eventos en los cuales ello no es
posible, no se pueden volver las cosas al estado anterior, como sucede por
ejemplo, cuando no se puede deshacer lo ejecutado por una de las partes, que
es el caso de los contratos de tracto sucesivo, tales como los de suministro de
bienes de consumo, prestación de servicios, obra pública, concesión, etc. etc.,
en los cuales las prestaciones se han cumplido y no pueden restituirse […]21.

5.2) El caso concreto:

Como quedó demostrado en el proceso, el contrato 380 de 2007 era de
compraventa, mas no de suministro, pues la totalidad de las mercancías debían
entregarse una vez perfeccionado el contrato, es decir, la obligación a cargo de la
Fundación Trabajar por Colombia era de ejecución instantánea.

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2017, C.P.:
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 76001-23-31-000-2007-01419-01 (55.102).
20
La Sala ha precisado: “Toda vez que este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, en principio, le
resultaría aplicable el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, según el cual, aunque el contrato se encuentre
viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito, el ejecutor o prestador del objeto contractual tiene
derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, en cuanto la entidad
se hubiere beneficiado con éstas, en virtud de que le hubiesen servido para la satisfacción de un
interés o intereses públicos. […] Por otra parte, como ha sido reconocido por la jurisprudencia tanto
de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, hay situaciones en las cuales no
resulta posible efectuar restituciones mutuas desde el punto de vista fáctico, por ejemplo en contratos
de ejecución sucesiva” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de
febrero de 2019, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 08001-23-31-000-2008-00248-01
(61.720)).
21
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 16 de febrero de 2006, C.P.: Ramiro Saavedra
Becerra. Exp.: 13414 (R-7186).
23

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Teniendo esto esclarecido, ante la declaratoria de nulidad del contrato, era
procedente analizar lo relativo a las restituciones mutuas, en atención a las
siguientes consideraciones:

Las restituciones mutuas en un contrato de compraventa implican que el comprador
-en este caso, el Departamento de Bolívar- devuelva los bienes recibidos, y que el
vendedor -Fundación Trabajar por Colombia- devuelva los dineros pagados. Por lo
mismo, estos serían los dos primeros requisitos para que se ordenen las
restituciones: la entrega de los bienes, por un lado, y el pago del precio, por el otro.

Sin embargo, en aplicación del inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993,
si se demuestra que, a pesar de la ilicitud del objeto, los bienes fueron entregados,
y estos resultaron óptimos para satisfacer la necesidad pública que se pretendía
conjurar a través del contrato, no podría ordenarse la restitución del precio, por
cuanto el contratista tendría derecho a que se le reconozca lo efectivamente
ejecutado.

En todo caso, cualquier análisis relacionado con la restitución del valor, exige que
se pruebe el pago, puesto que, como lo ha dicho esta Corporación, “[…] cuando
nada se ha dado o pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y
a resolver sobre las eventuales restituciones mutuas”22.

5.2.1) La entrega de los bienes:

-En cuanto a la entrega de los medicamentos, la Sala estima que no existe un
elemento material probatorio que permita concluir que la Fundación Trabajar por
Colombia entregó los insumos contratados por el demandante. Si bien la
coordinadora del Programa de Emergencias y Desastres, en su calidad de
supervisora del contrato, certificó el recibo a satisfacción de los productos (fl. 60,
c1), y la almacenista de la Secretaría de Salud dio fe del ingreso de los mismos (fls.
56 – 59, c1), estas pruebas resultan contradictorias, al tiempo que existen elementos
de juicio para suponer que su información es falsa.

En primer lugar, mientras el certificado de la coordinadora del Programa de
Emergencias y Desastres es del 27 de diciembre de 2007, el comprobante de

22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2017, C.P.:
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 76001-23-31-000-2007-01419-01 (55.102).
24

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

ingresos de almacén 226 es del 30 de diciembre. Por lo mismo, si la obligación del
contratista, de acuerdo con la cláusula quinta, era entregar las mercancías en el
almacén de la Secretaría de Salud, y esto solo fue realizado el 30 de diciembre, no
sería posible ni coherente que la supervisora certificara el cumplimiento del contrato
con tres días de anticipación.

En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra de
la coordinadora del Programa de Emergencias y Desastres y de la almacenista de
la Secretaría de Salud, por el delito de falsedad ideológica en documento público,
toda vez que en el proceso penal se demostró que, para diciembre de 2007, los
bienes objeto de la contratación de urgencia (contratos 380 a 386 de 2007) no fueron
entregados en la Secretaría de Salud, y mucho menos fueron trasladados a unas
bodegas de los contratistas -las cuales, valga aclarar, solo se arrendaron en febrero
de 2008, esto es, mucho después del supuesto cumplimiento del contrato-23.

-En este punto, la Sala considera que deben contrastarse estas consideraciones
con las que se tomaron al interior del proceso disciplinario adelantado en contra de
los exgobernadores de Bolívar.

En los fallos del 30 de noviembre de 2012 y del 15 de diciembre de 2015 (índice 39
del SAMAI), proferidos por diferentes dependencias de la Procuraduría General de
la Nación, se explicó, por ejemplo, que el 24 de diciembre de 2007 la almacenista
de la Secretaría de Salud puso de presente que la capacidad del almacén del
departamento era insuficiente para recibir todas las mercancías derivadas de los
contratos de urgencia. Esta situación fue comunicada al gobernador -Libardo
Simancas-, quien, aparentemente -y así lo hizo saber también el Secretario de
Salud-, autorizó que los bienes fueran recibidos en unas bodegas que eran
propiedad de los contratistas. A pesar de que el órgano de control disciplinario
valoró esta autorización, la Sala entiende que el lugar de recibo de los bienes no fue
modificado, dado que no está probado que haya existido un otrosí suscrito por las
partes o un acto administrativo proferido en ejercicio de poderes excepcionales,
destinado a alterar la precitada cláusula quinta -resaltando que no es clara la
existencia o los alcances de esa supuesta autorización o que esta fuera plasmada
en un acto administrativo de modificación unilateral-.

23
En complemento de esta idea, se recuerda que la Fiscalía Seccional Cuarenta de la Unidad de
Delitos Contra la Administración Pública, al ordenar el embargo de los bienes de los representantes
legales de los contratistas de los contratos de urgencia (fls. 725 – 729, c2), explicó que la hipótesis
delictiva del ente acusador iba a orientada a sostener que los objetos de los contratos no fueron
entregados.
25

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Adicionalmente, una correspondencia entre la jefe del almacén, el Secretario de
Salud y el gobernador no tendría la virtualidad de cambiar las estipulaciones
primigenias acordadas entre las partes.

Ahora bien, la Sala también pone de manifiesto que en los procesos disciplinarios
la Procuraduría dio por acreditada la entrega -de manera tardía- de los bienes
contratados en el marco de la urgencia manifiesta. Tal acreditación se fundó en los
precitados certificados suscritos por la coordinadora del Programa de Emergencias
y Desastres y por la almacenista de la Secretaría de Salud, los cuales, en su criterio,
gozaban de presunción de legalidad.

Esta Subsección, como ya se dijo, se aparta de este entendimiento, puesto que no
puede avalarse el cumplimiento de una obligación con fundamento en unos
certificados que, en el marco de un proceso penal, se consideraron estupros. En
relación con la falsedad que afectó a las multicitadas certificaciones, la Corte
Suprema de Justicia, en la sentencia del 10 de mayo de 2017, concluyó:

En este sentido la Corporación revindica la conclusión del juez de primer grado
que no se cumplió con el lugar de almacenamiento de la mercancía que según
los contratos era el Almacén de la Secretaría de Salud, y aunque para el
Tribunal esos “aspectos pueden constituir faltas al deber de cuidado y custodia
de la mercancía recibida, pero que no se relacionan o no van encaminados a
determinar la existencia de la falsedad objeto de juzgamiento", ese
desconocimiento del lugar donde fueron almacenados los elementos
evidenciaba que los mismos no fueron recibidos en su totalidad. Por demás, no
se puede soslayar la variedad de mercancía ya que no sólo se trataba de
mercados, abarcaba también objetos de aseo, artículos médicos, incluso
insecticidas, demandaban un manejo adecuado e independiente, sin que
tampoco obre prueba de donde (sic) o cómo fueron almacenados. […]

En suma, con tales oficios no se podía establecer, como lo concluyó el Tribunal,
que los elementos adquiridos por la administración efectivamente ingresaron,
porque aquí entroncan las declaraciones de Joaco Berrio Villareal, Gobernador
entrante y su Tesorero Luis Roberto Ángulo Betancur cuando explicaron que la
negativa al pagar a los contratistas obedeció a que no estaba acreditada la
efectiva entrada de los elementos adquiridos al almacén de la Secretaría de
Salud, aspecto que ratifica que los documentos suscritos por las servidoras
públicas no se ajustaron a la verdad. […]

Si la fe pública, como bien jurídico penalmente protegido se refiere a la
credibilidad que se le dan a los signos, objetos o instrumentos que constituyen
medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones
jurídicas relevantes, aquí LUNELA PALIS y BETTY MERCADO en
cumplimiento de sus labores como almacenista y Coordinadora del Programa
de Urgencia, Emergencia y Desastres de la Gobernación (además de
interventora), respectivamente, no se ciñeron a la verdad en relación con el
aspecto objetivo del ingreso físico de los elementos contratados por la
Gobernación de Bolívar para atender a los damnificados que dejó la ola
invernal, aspecto que tenía relevancia en la relación de los contratistas con el
Estado.

26

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

En este orden de ideas deviene diáfano que la postura de los demandantes y
del Procurador Delegado ante esta sede extraordinaria denotan que la
valoración objetiva, fidedigna individual y en conjunto de los medios probatorios
configuraba la alteración de la verdad en las constancias expedidas el 27 de
diciembre de 2007 por las funcionarias de la Gobernación de Bolívar; BETTY
DEL CARMEN MERCADO BARRIOS, Coordinadora del Programa de
Urgencia, Emergencia y Desastres de la Gobernación y del 30 y 31 de
diciembre por LUNELA PALIS VIANA, Jefe del Almacén, cuando en uno y otro
caso dieron cuenta del recibo e ingreso de los elementos adquiridos por la
administración (índice 44 del SAMAI).

Sumado a ello, en la sentencia del 2 de agosto de 2021, la Sala Especial de Primera
Instancia de la misma Corporación aseveró:

Para la Sala de Casación Penal, ese trastocamiento del orden de las cosas al
aparecer en primer momento la interventora recibiendo las mercancías, para
luego hacerlo la jefe del almacén, comparando el contexto de los hechos,
denotaba que se quiso adulterar la verdad, ya que las bodegas del sector de
Manzanillo, según los contratos de arrendamiento y los recibos de pago de los
respectivos cánones, así como la declaración de la propietaria del inmueble
denotaban que fueron tomadas en febrero de 2008 solo por uno de los
contratistas (Gestocoop), desvirtuándose así que para diciembre de 2007 la
mercancía adquirida por la gobernación hubiera efectivamente ingresado. […]

Lo anterior permite denotar que no se trató simplemente de una inconsistencia
documental en las actas de recibo, sino de la construcción total de un
documento que daba cuenta del ingreso a la custodia de la Gobernación de la
integridad de los insumos adquiridos desde diciembre de 2007, situación que
se pretendió remediar mucho tiempo después con la disposición de un elevado
número de mercados en las bodegas alquiladas por los contratistas.

Y si bien para la Fiscalía tal situación debió ser solventada por el acusado en
su condición de Gobernador a través de la entrega de dichas mercancías, no
resulta dable tal exigencia toda vez que no se puede dar por sentada la entrega
de los bienes a la Gobernación, cuando a este respecto no obra evidencia
alguna que dé cuenta de ello, distinta al testimonio de las señoras Betty del
Carmen Mercado Barrios y Lunela Palis Viana a quienes no se les puede
brindar el crédito que pretende la Fiscalía, por la potísima razón que las demás
pruebas desmienten su dicho.

Como lo advirtió la defensa, no solo con la decisión condenatoria de la Sala de
Casación Penal en contra de las citadas funcionarias de la Gobernación se
sustenta la mendacidad relacionada con el ingreso de estos bienes en
diciembre de 2007, sino con las pruebas aquí practicadas e incorporadas, de
donde se estableció que las bodegas en donde se depositaron los mercados
que se desperdiciaron, fueron tomadas en arrendamiento tan solo en febrero
de 2008, y que a partir de ese momento comenzaron a ingresar los víveres,
medicamentos e implementos de aseo a tales inmuebles. […]

En tal sentido la postura del acusado se ajusta a aquella según la cual el delito
no puede ser fuente de derechos, por eso, partiendo de falsedad de las actas
de recibo de las mercancías, no se podían derivar válidamente derechos de los
contratistas, pues proceder a la entrega de los elementos que formalmente no
ingresaron a la administración, sería avalar o cohonestar las irregularidades
que mediaron en tal entrega de los insumos (índice 44 del SAMAI).

27

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Bajo estos términos, y ante las irregularidades evidenciadas frente a la etapa de
ejecución, la Sala no puede dar por acreditado el cumplimiento por parte de la
contratista, y máxime cuando la única prueba de la entrega de los bienes son dos
certificados falsos. Aunque pareciera que, en efecto, existieron mercados y kits de
aseo (objeto de los contratos 384 y 386), al igual que complementos nutricionales
(contrato 381) y medicamentos (contrato 380), no es posible colegir que estos se
entregaron en debida forma o que entraron bajo la órbita de influencia del
departamento24.

5.2.2) El pago del precio:

-La Subsección tampoco encuentra acreditado que el contratante pagara el valor
del contrato, dado que no reposa en el expediente la constancia o el comprobante
de los pagos realizados por el departamento.

Aunque el recurrente pretende acreditar el pago del contrato con base en un
supuesto informe realizado por la supervisora en presencia de la Contraloría
Departamental y del Ministerio Público, en el que ella afirmó que el porcentaje de la
inversión ejecutada era del 100%, la simple declaración de una funcionaria, así sea
la supervisora, no es suficiente para acreditar el pago, ya que, se reitera, eso
demanda la correspondiente constancia de pagos25.

Lo anterior, por cuanto los contratos estatales, al implicar la ejecución de recursos
públicos, exigen una serie de trámites y requisitos, los cuales deben obrar por
escrito. Así, por ejemplo, el pago requiere la orden de pago expedida por el
ordenador del gasto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal y al
registro presupuestal del contrato 26 . También deben existir las pruebas de la

24
La Sala precisa que, aunque los procesos penal y disciplinario estudiaron en general la ejecución
de los contratos 380 a 386 de 2007, las consideraciones y efectos de esta providencia se limitan,
exclusivamente, a los documentos que se relacionan con el contrato 380, que es el puesto en
conocimiento de esta Corporación.
25
Al margen de esta afirmación, el informe invocado no obra en el proceso, ya que solo reposan
unos documentos que relatan parcialmente los mismos hechos de la demanda (fls. 287 – 292, c1),
los cuales no están firmados, ni es posible identificar, más allá del logo de la gobernación, a qué
trámite pertenecen.
De todas formas, en ese documento, y en la misma demanda, al citar el supuesto informe de la
supervisora del 3 de junio de 2008, se precisa que ella concluyó: “El contratante no ha cancelado la
suma pactada al contratista, estando pendiente la liquidación del contrato” (fls. 9 y 292, c1).
26
En el plenario se encuentran el CDP No. 6333 del 18 de diciembre de 2007, por $2.000’000.000
(fl. 253, c1), y el RP 7019 del 27 de diciembre de 2007, por valor de $643’581.090 (fl. 61, c1).
28

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

consignación, el comprobante de egreso o, en general, cualquier soporte que
permita acreditar el trámite contable y presupuestal27.

-La Sala, como se explicó en líneas precedentes, ofició al departamento para que
aportara la constancia, junto con los certificados contables y presupuestales, de los
pagos realizados a la Fundación Trabajar por Colombia, con ocasión de la ejecución
del contrato 380 del 24 de diciembre de 2007. No obstante, pese a que esta solicitud
fue reiterada por la Secretaría de la Sección Tercera, no se suministró ninguna
información. Por ello, se concluye que el actor no contaba con los soportes de los
pagos, lo cual imposibilita acreditar tal transacción.

Adicionalmente, es esencial dejar sentado que en los procesos penal y disciplinario
adelantados en contra del señor Joaco Berrío, exgobernador de Bolívar, su defensa
se fundamentó en que, a pesar de las presiones y solicitudes de los contratistas,
este no pagó los contratos de urgencia. En las consideraciones de la providencia
del 2 de agosto de 2021, al citar algunos testimonios, se dijo, por ejemplo:

Luis Roberto Angulo Betancur, Tesorero de la Gobernación en el período
comprendido entre enero de 2008 y septiembre de 2009, refirió que para el
momento en que BERRÍO VILLAREAL asumió la Gobernación, había
problemas con las cuentas por pagar consistentes en que no fueron entregadas
por la tesorería anterior, razón por la cual solicitó una comisión de control interno
y de la oficina jurídica, estableciendo así cincuenta y cinco (55) cuentas sin
soporte, evento que se reportó a la Fiscalía General de la Nación y a los entes
de control, siendo instruido por el acusado en que solamente se pagaran
aquellas obligaciones que él mismo verificara y aprobara.

Sobre los contratos suscritos con ocasión a la declaratoria de urgencia
manifiesta, señaló que los elementos no tenían entrada al almacén, entrega, ni
coincidían con el objeto del contrato, algunos no tenían fecha de suscripción,
otros carecían de la póliza para poder garantizar el cumplimiento y que no
obstante la precisión sobre el sitio de entrega en las dependencias públicas, allí
jamás ingresaron. Por tal razón fue ilustrado por una delegada de la
Procuraduría General de la Nación en el sentido de no realizar el pago, situación
que se mantuvo hasta su salida de la entidad.

Por su parte, al relatar las declaraciones del exgobernador investigado, se plasmó:

Afirmó que la asesoría que recibió de los abogados de la Gobernación, de la
Procuraduría y de la Presidencia, era que no se podía proceder con el pago de
los contratos, en primer lugar, porque esa es una actividad propia del tesorero,
y en segundo término, porque de hacerlo se estaría pagando algo que no
existió y que por esa misma circunstancia, le era imposible entregar.

27
Si bien en el ordenamiento jurídico nacional existe libertad probatoria, lo cierto es que un informe
de supervisión no constituye un medio idóneo para acreditar el pago de una obligación contractual,
dado que esto se logra con el correspondiente comprobante o sus soportes, que permiten constatar
las fechas, monto y demás datos de la transacción.
29

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

Indicó que la presión que tuvo para la época fue muy fuerte al punto que fue
amenazado, circularon notas en medios de comunicación y se procuró a
ultranza lograr el pago de los contratos, pero él no tenía la posibilidad material
ni jurídica de cumplir este requerimiento, no los tenía bajo su custodia, máxime
que las poblaciones afectadas ya habían sido atendidas por los órganos
nacionales.

En el fallo del 30 de noviembre de 2012, proferido por la Procuraduría Delegada
para la Moralidad Pública, al hacer un resumen de los descargos y alegatos de
conclusión del exgobernador Berrío, se anotó:

Insiste la defensa en que el no-pago de los contratos 380 a 386 fue
consecuencia del estricto cumplimiento de un deber legal y constitucional y de
la orden legítima de una autoridad competente (artículo 28 Ley 734).

Sostuvo el apoderado que si bien en la actualidad existe un pleno conocimiento
de los contratos, el no-pago de las cantidades establecidas en cada uno de los
contratos, obedece a que, de realizarse, se estarían transgrediendo las normas
legales y constitucionales que rigen no sólo la contratación estatal, sino toda la
actividad administrativa.

De este modo, como no hay prueba del pago del contrato, debido a que, por el
contrario, existe manifestación expresa de los funcionarios que ejercieron los cargos
de gobernador y de tesorero al momento de los hechos de que no se cancelaron las
cuentas de cobro o las facturas, y en vista de que, pese al decreto de la prueba de
oficio, el departamento no suministró ningún soporte, la Sala, al igual que lo hizo el
a quo, debe abstenerse de emitir pronunciamiento alguno en relación con las
restituciones mutuas28.

-En este caso, la parte actora no solo incumplió con la carga probatoria que le
correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas

28
En los procesos penal y disciplinario se relató que fue expedida la Resolución 47 del 12 de febrero
de 2008, por medio de la cual se constituyó la reserva presupuestal y de cuentas por pagar de la
vigencia 2007, en la que se reservaron los valores de los contratos 380, 381, 382, 384, 385 y 386 de
2007. A pesar de esto, no existe prueba de la existencia de este acto administrativo, ni de que los
dineros reservados fueran empleados para cancelar obligaciones dinerarias relacionadas con el
contrato 380.
Es más, en la multicitada sentencia del 2 de agosto de 2021, la Corte Suprema de Justicia arguyó:
“En ese entendido, para la Sala encuentra asidero el reparo defensivo relacionado con que se
pretendió salvaguardar el erario evitando que se tramitara un pago a la luz de unos contratos que no
se habían ejecutado”.
30

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

persiguen”, sino que, además, decidió no colaborar en el curso de esta segunda
instancia para atender los requerimientos probatorios que se le imponían29.

Una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de
justicia, en general, y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en particular,
es la concerniente a la prueba de los hechos que se alegan. La carga de la prueba
es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva,
conocido como principio “onus probandi”, el cual indica que, por regla general,
corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de
base para la demanda, como los que sustentan las excepciones, de tal manera que
deben asumirse las consecuencias negativas en caso de no hacerlo. Por tanto, el
que no se lograran probar los presupuestos necesarios para ordenar las
restituciones, impide que así sea declarado en esta instancia.

-Por otro lado, cabe mencionar que, diferente a lo señalado en la apelación, el que
la curadora ad litem de la demandada no excepcionara la estimación de la cuantía,
no hace que, por eso, dicho valor deba tenerse por cierto, o que deba ser
efectivamente pagado, en tanto la norma del Código General del Proceso en la que
se apoya tal argumento no resulta aplicable al caso sub-examine, porque este
proceso y, por lo mismo, la determinación de la cuantía que se fijó en la demanda,
así como la defensa que se podía oponer en su contra, se hicieron bajo el amparo
de una normativa anterior, la cual no preveía que, si no se objetaba la estimación
razonada de la cuantía juramentada, esta era prueba de su monto. Además, ese
medio de prueba hace relación al monto del perjuicio, mas no a la prueba del pago.

-Para terminar, se recuerda que el juez está atado a lo que se demuestre en el
proceso. Sin embargo, como, en apariencia, en este caso aconteció un acto de
corrupción, la decisión que la Sala adoptará no impedirá que en otro tipo de juicios
se pruebe el pago y se hagan las declaraciones y determinaciones a que haya lugar.

6. Conclusión:

Ya que los argumentos del recurso no están llamados a prosperar, porque no se
demostraron los presupuestos necesarios para ordenar las restituciones mutuas, la
Subsección confirmará la sentencia de primera instancia.

29
La Sala reprocha el actuar probatorio del departamento, quien, a pesar de que estaba en presencia
de un caso de aparente corrupción, se abstuvo de colaborar y de aportar las pruebas que
demostraran los planteamientos del recurso.
31

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
Actor: Departamento de Bolívar.
Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.
Referencia: Acción Contractual.

7. Costas:

En vista de que no se percibe en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado Electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF

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