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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00607-02

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00607-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la que quedará de la siguiente manera: “PRIMERO: DECLARAR la caducidad de las pretensiones resarcitorias, formuladas en la demanda por los integrantes del Consorcio Urbano 2009 a título de restablecimiento del derecho. 55 En la Sentencia C-386 de 1996 la Corte Constitucional indicó: “… uno de los principios esenciales en materia sancionatoria es el de la tipicidad, según el cual las faltas disciplinarias no sólo deben estar descritas en norma previa sino que, además, la sanción debe estar predeterminada”. 26 Radicación: 25000232600020100060702 (68406) Demandante: Diconsultoría S.A. y otros Demandado: IDU y otro Asunto: Controversias contractuales SEGUNDO: DECLARAR de oficio la NULIDAD del contrato estatal IDU-093 de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: SIN LUGAR a restituciones mutuas. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho en esta instancia” SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00607-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000232600020100060702 (68.406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: NULIDAD DEL CONTRATO FUNDADO EN LA ILEGALIDAD DEL ACTO DE
ADJUDICACIÓN – artículo 87 del CCA / NULIDAD DEL CONTRATO POR OBJETO
ILÍCITO – configuración de conductas delictivas conforme a sentencias penales aducidas
en juicio.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró la
caducidad de unas pretensiones resarcitorias y negó las demás.

La controversia planteada se centra en la declaratoria de nulidad absoluta del
contrato de interventoría IDU-93 de 2008, con fundamento en la ilegalidad del acto
de adjudicación impetrada por quien considera presentó la mejor propuesta.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, resolvió
(transcripción literal):

“PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad de las pretensiones resarcitorias,
formuladas en la demanda por los integrantes del Consorcio Urbano 2009 a título de
restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho en esta instancia.

CUARTO: NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente decisión, mediante el
envío de mensaje de datos (…)”1.

2.El anterior proveído decidió la demanda presentada el 30 de agosto de 2010 2,
por Ingeniería y Consultoría INGECON S.A. 3 , DICONSULTORÍA S.A. y

1 Fls. 31 y 32, providencia contenida a índice 146 del SAMAI de primera instancia.
2 Fls. 41 a 69 del c.1.
3 Mediante auto del 17 agosto de 2018, se aceptó la cesión de derechos litigiosos celebrada por INGECON S.A.

a favor del señor Germán Cardona Gutiérrez.

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA., quienes hicieron parte del
Consorcio Urbano 2009, contra el IDU y el Consorcio PRO-34, cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos jurídicos, son los siguientes (transcripción literal,
con eventuales errores):

Pretensiones

“PRIMERA.- Que se declare la nulidad del acto administrativo de adjudicación del
concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008, contenido en la Resolución No. 5923, (sic)
de 30 de diciembre de 2008.

SEGUNDA.- Que, como consecuencia de la anterior pretensión, se declare la nulidad
absoluta del Contrato de interventoría IDU-93 de 2008 suscrito entre INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU- y el CONSORCIO PRO-3.

TERCERA.- A. Que se declare que con ocasión de la adjudicación y celebración ilegal
del contrato Estatal de que trata la presente demanda no se le adjudicó y no se pudo
celebrar el contrato estatal de interventoría con el Consorcio Urbano 2009.

B. Que por lo mismo, se declare que de no haber existido los actos administrativos
anulados el adjudicatario del contrato Estatal de interventoría hubiese sido el
CONSORCIO URBANO 2009.

C. Que se declare que de lo anterior se desprenden las respectivas indemnizaciones,
compensaciones, reparaciones y condenas de parte de la entidad demandada a las
sociedades demandantes.

CUARTA.- Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU-, al pago de la totalidad de los perjuicios materiales
causados a mis mandantes miembros del CONSORCIO URBANO 2009, con la
expedición irregular de los actos acusados, consistente en (i) costos directos invertidos
en la elaboración y presentación de la propuesta, (ii) así como el valor de lo que habrían
recibido de haber ejecutado el contrato por concepto de lo que se conoce como gastos
de administración, imprevistos y utilidad (A.I.U. que en el presente caso NO SE
DESAGREGARON, como lo anotamos) más la actualización monetaria correspondiente
y los intereses comerciales desde la fecha de la entrada en firme de la resolución de
adjudicación hasta la sentencia definitiva y/o los perjuicios que se prueben en el
proceso.

QUINTA.- Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de la totalidad de los perjuicios inmateriales
o morales causados a mis mandantes miembros del CONSORCIO URBANO 2009, con
la expedición irregular e ilegal de la resolución y el contrato acusados.

SEXTA.- Que a título de restablecimiento del derecho, se disponga, como consecuencia
de las declaraciones realizadas, compensar y/o reparar todos los menoscabos a las
situaciones jurídicas tuteladas a favor de los demandantes de todo orden que del
incumplimiento en el proceso pre contractual y contractual le hayan sido vulneradas
a mis poderdantes, así como todos aquellos perjuicios materiales e inmateriales que se
prueben en el proceso.

PRETENSIONES GENERALES COMUNES

PRIMERA,- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e
incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo que disponga el
correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el proceso o lo que
disponga el Honorable fallador.

SEGUNDA.- Que se condene a la entidad demandada (como entidad convocante en el
concurso de méritos y como contratante) al pago de las costas y gastos del proceso,
incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine el H. fallador.

4 Conformado por PROINTEC S.A., PROYTECO S.A. y PROEZA CONSULTORES LTDA.

2

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

TERCERA.- Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los términos
de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTA.- Que para el caso en que la entidad demandada no diere cumplimiento
inmediato a la sentencia que ponga fin al proceso que se inicia, se le condene al pago
de los intereses sobre el monto de la condena líquida, señalados en el artículo 177 del
C.C.A.”5.

Hechos relevantes

3. El 7 de noviembre de 2008, el IDU dio apertura al concurso de méritos IDU-CM-
DG-013-2008, con el objeto de contratar la “interventoría técnica, administrativa,
financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial
arterial, intermedia y local de los distritos de conservación norte, centro, suroriente,
sur, suroccidente y occidente, en la ciudad de Bogotá D.C.”.

4.El concurso se tramitó bajo la metodología de grupos, para seleccionar un
contratista por cada uno de los 6 distritos a intervenir:

GRUPOS DISTRITO COBERTURA
GRUPO 1 NORTE SUBA - USAQUÉN
GRUPO 2 CENTRO BARRIOS UNIDOS – CHAPINERO – TEUSAQUILLO –
PUENTE ARANDA – LOS MÁRTIRES – ANTONIO NARIÑO
GRUPO 3 SURORIENTE SANTA FE – CANDELARIA – SAN CRISTÓBAL – RAFAEL
URIBE
GRUPO 4 SUR CIUDAD BOLÍVAR – TUNJUELITO - USME
GRUPO 5 SUROCCIDENTE KENNEDY – BOSA
GRUPO 6 OCCIDENTE FONTIBÓN – ENGATIVÁ

5. A los seis grupos se presentó el Consorcio Urbano 2009, integrado por los ahora
demandantes. Puntualmente, para el grupo 3 se presentaron los siguientes
proponentes:

PROPONENTE
CONSORCIO INTERBOGOTÁ
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO INTERVIALES
CONSORCIO CONSULTECNICOS – GÓMEZ CAJIAO
CONSORCIO MALLA VIAL 2008
CONSORCIO TPS 2008
CONSORCIO CCU
CONSORCIO MVA
CONSORCIO MAB-LATINOVIAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS D.C.
CONSORCIO EPSILON BOGOTÁ
CONSORCIO LPA-HMM-ROYALTY
CONSORCIO PRO-3
CONSORCIO TMK VIAL
CONSORCIO HMVIEHG-VIAL-VIALIDAD
CONSORCIO URBANO 2009
CONSORCIO VÍAS PARA LA MOVILIDAD

5 Fls. 46 y 47 del c. 1.

3

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

6. En audiencia de adjudicación del 30 de diciembre de 2008, para el grupo 3 se
ubicaron en el primer orden de elegibilidad 12 proponentes6, por lo que el IDU acudió
a la cláusula 3.9., núm. 4, del pliego de condiciones que en materia de desempates
dispuso:

“4. Si aplicando lo anterior persiste el empate, se preferirá al oferente que haya invocado
y acreditado la condición de MIPYME, de conformidad con las definiciones contenidas
en el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000, sustituido por el art. 2 de la ley (sic) 905 de 2004,
con los ajustes de SMMLV en los términos de UVT realizados por el artículo 51 de la
ley 1111 de 2006 o las normas que las sustituyan o reformen.
En los casos de los proponentes plurales, se deberá tener en cuenta, pero solo para los
efectos de estas reglas de desempate, al proponente cuyo integrante que acredite la
condición de MIPYME, tengan el mayor porcentaje de participación” 7.

7. Al aplicar dicho criterio, el IDU determinó que el Consorcio PRO-3 tenía un
integrante MIPYME con el 50% de participación y le adjudicó el contrato mediante
Resolución 5923 del 30 de diciembre de 2008, pasando por alto que el Consorcio
Urbano 2009 también tenía un integrante de este tipo. Al día siguiente fue suscrito
el contrato de interventoría IDU-093 de 2008, relativo al grupo 3 de obras.

8.De no haberse elegido indebidamente al adjudicatario, el Consorcio Urbano 2009
habría sido el seleccionado, al ser el segundo en orden de elegibilidad.

Fundamentos de derecho

9. Las irregularidades aducidas fueron: “Falta de firma de revisor fiscal en el Anexo
3 sobre información financiera de PROINTEC S.A.”; así que se contravino el art.
203 del Código de Comercio y el art. 13 de la Ley 43 de 1990, y el numeral 2.1.7 del
pliego de condiciones. Tal circunstancia era causal de rechazo de la propuesta.

10. “Inconsistencias entre la información financiera consignada en el Anexo 3 y la

registrada en el Registro Único de Proponentes de la empresa PROINTEC S.A.”,
que según el núm. 3.8. del pliego era causal de rechazo.

11. “Indebida certificación de la experiencia específica” pues la aportada por Proeza

Consultores LTDA. -miembro del consorcio- estaba suscrita por el representante de
la Concesión Autopista Bogotá-Girardot y no por el Instituto Nacional de
Concesiones -INCO-, que era la entidad contratante.

Contestación de la demanda

12. El IDU se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que al asignar los

puntajes de “experiencia específica del proponente, formación y experiencia del
personal clave y protección a la industria nacional”, se aplicaron los criterios de
desempate en la forma establecida en el pliego.
13. Igualmente mencionó que el quinto criterio imponía preferir al proponente que

tuviera la calidad de “microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas”,

6 Consorcio Interviales, Consorcio Consultécnicos – Gómez Cajiao, Consorcio Malla Vial 2008, Consorcio TPS

2008, Consorcio CCU, Consorcio MVA, Consorcio Épsilon Bogotá, Consorcio Pro-3, Consorcio TMK Vial,
Consorcio HMVIEHG-VIAL- VIALIDAD, Consorcio Urbano 2009 y Consorcio Vías para la Movilidad.
7 Fl.68 del c.1. de pruebas.

4

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

en este orden de prelación. El Consorcio PRO-3 acreditó que Prointec S.A. con 50%
de participación tenía calidad de microempresa, y como el Consorcio Urbano 2009
a través de INGECON S.A., con participación del 50%, tenía la condición de
pequeña empresa, prevalecía el primero de ellos.

14. Formuló las siguientes excepciones:

(i) “Falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del acto
administrativo atacado”, pues: a) Prointec S.A. es una sociedad española a la que
no le era aplicable el Código de Comercio ni la Ley 43 de 1990 en lo relativo a contar
con revisor fiscal; b) el anexo 3 fue debidamente suscrito por su representante legal
en Colombia, Mauricio Antonio Galofre Amin y el contador Marco Antonio
Fernández; c) el pliego de condiciones exigía certificación en contratos de
interventoría expedida por la entidad contratante, ya fuera pública o privada; y como
el Consorcio PRO-3 relacionó el contrato celebrado con la Concesión Autopista
Bogotá-Girardot y Proeza Consultores S.A., acreditó su experiencia.

(ii) “Ineptitud de la demanda por inconsistencias entre la solicitud de conciliación
prejudicial en lo atinente a la estimación de la cuantía y la demanda”.

15. Los integrantes del Consorcio PRO-3 no se pronunciaron.

Alegatos en primera instancia

16. Surtido el debate probatorio 8 , al alegar de conclusión, el apoderado de los
demandantes9 adujo que la resolución de adjudicación y el contrato de interventoría
sub lite fueron demandados en los términos del artículo 136 y 87 del CCA conforme
a la jurisprudencia de la época, lo que le habilitaba a ejercer la acción contractual
dentro de los 2 años siguientes a la suscripción del negocio jurídico. Insistió en los
argumentos expuestos en la demanda.

8 En auto del 4 de junio de 2013, el Tribunal decretó las siguientes pruebas documentales aportadas con la demanda

y su adición (contenidas en los cuadernos 1 y 2 de pruebas): i) pliegos de condiciones del concurso de méritos IDU-
CM-DG-013-2008, grupo 3 y sus adendas, ii) copia del acta de cierre de proceso y apertura de propuestas técnicas
del 25 de noviembre de 2008, iii) propuesta presentada por el Consorcio Urbano 2009, iv) observaciones presentadas
por el Consorcio Urbano 2009, radicado 180451 del 16 de diciembre de 2008, v) acta 33 de audiencia pública de
adjudicación del concurso de méritos y sus anexos, vi) video en VHS de la audiencia pública de adjudicación, vii)
resolución 5923 del 30 de diciembre de 2008, viii) contrato de interventoría IDU-93 del 31 de diciembre de 2008, ix)
evaluación legal inicial elaborada por el IDU en el concurso de méritos, x) originales de los soportes contables de los
costos de elaboración de la propuesta, y xi) acta de audiencia de conciliación prejudicial fallida. A su vez, decretó el
testimonio de Nicolás García Fonseca (Fls. 370 a 372, c.p.). Igualmente, decretó dictamen pericial (Fls. 376 a 380,
y 423. c.p.), a fin de determinar: a) si la utilidad del contrato presentada con la propuesta del Consorcio Urbano 2009
se ajustaba a los pliegos de condiciones y los valores allí consignados eran razonables en comparación con los
precios de mercado, b) si existe conducencia de los gastos y erogaciones que como daño material se ajustan a las
prácticas del mercado en este tipo de propuestas, y c) si las ganancias o provecho que se dejó de recibir como lucro
cesante por parte del demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones.
Respecto al IDU, decretó como pruebas documentales (contenidas en los cuadernos 1 y 2 de pruebas): i) el pliego
de condiciones del concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008, GRUPO 3, y 5 adendas, ii) documentos de la
propuesta del Consorcio Pro-3, iii) informe de evaluación inicial del concurso de méritos, iv) informe de evaluación
después de las observaciones, v) acta de audiencia de adjudicación, vi) Resolución 5923 de 2008, vii) Anexo 1
“Respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes”, viii) Anexo 2 “Respuestas a las intervenciones de
los proponentes dentro de la audiencia de adjudicación”, y ix) copia de la solicitud de conciliación prejudicial. A su
vez, ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B a fin de que allegara copia
auténtica de las demandas presentadas en contra del IDU con radicados 2010-00044 y 2010-00026, por hechos
similares.
9 Intervención reposa a índice 139 del aplicativo SAMAI de primera instancia.

5

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

17. El IDU 10 reiteró lo dicho en su defensa; además, afirmó que los perjuicios
reclamados por la parte actora no fueron debidamente probados, tanto por su
incongruencia con la cifra pedida en la conciliación prejudicial, como por la
manifestación hecha por el perito de que no podía afirmar cuál era el valor de las
utilidades del Consorcio Urbano 2009, tal como lo expuso en su escrito de objeción
al dictamen pericial.

18. Los integrantes del Consorcio Pro-3 y el Ministerio Público no se pronunciaron.

Fundamentos de la providencia recurrida

19. El a quo declaró la caducidad de las pretensiones indemnizatorias y negó las

demás, pues no se probó ilegalidad del acto de adjudicación ni del contrato
demandados11.

20. Sobre la oportunidad para demandar, señaló que en dos asuntos similares,
referidos al mismo proceso de selección por grupos, el Consejo de Estado declaró
la caducidad de la pretensión indemnizatoria porque las demandas no se formularon
dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, sino dentro
de los dos años siguientes a la celebración del contrato, así que limitó el estudio a
los cargos de nulidad.

21. Indicó que, aunque el IDU había formulado objeción por error grave frente al

dictamen pericial para determinar el valor de la afectación pecuniaria de la actora,
su análisis era innecesario dado que se había configurado la caducidad respecto de
las pretensiones económicas.

22. Señaló que Prointec S.A., integrante del Consorcio Pro-3, no debía suscribir el

anexo 3 de información financiera con firma de revisor fiscal, al ser una empresa
española que carece de domicilio o sucursal en Colombia, y sólo debía ceñirse al
numeral 2.1.7. de los pliegos de condiciones, como lo hizo.

23. Respecto a las inconsistencias en las cifras de Prointec S.A. consignadas en el

anexo 3 frente a las contenidas en su RUP, resaltó que, como sociedad extranjera,
no estaba obligada a estar inscrita en el Registro Único de Proponentes, y su
idoneidad y capacidad financiera para la ejecución del objeto contractual podía
acreditarse con el anexo 3 establecido en el pliego de condiciones. En todo caso,
advirtió que al proceso no se aportó certificado de inscripción, clasificación y
calificación de la sociedad Prointec S.A. en el RUP, omisión probatoria que impedía
demostrar la irregularidad como fue aducida.

10 Intervención que reposa a índice 140 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
11 El Magistrado Juan Carlos Garzón Martínez presentó aclaración de voto sustentada en que, si bien compartía

la decisión de negar las pretensiones de la demanda, en torno a la declaratoria de oficio de la caducidad de las
pretensiones resarcitorias, consideraba que: i) el artículo 87 del CCA previó que, una vez celebrado el contrato
estatal, la ilegalidad de los actos previos solamente podría invocarse como fundamento de nulidad absoluta del
contrato, y la demanda debía interponerse dentro de los dos años siguientes a la firma del pacto contractual
respectivo, como ocurrió en el caso concreto, y ii) al haberse suscrito el contrato a tan solo un día de la
expedición del acto de adjudicación, tanto la entidad estatal como el adjudicatario del contrato, cercenaron la
posibilidad que los otros proponentes demandaran de manera autónoma e independiente, dentro del término
de 30 días, el acto de adjudicación. Intervención a índice 148 del aplicativo SAMAI de primera instancia.

6

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

24.En relación con la experiencia específica de Proeza Consultores Ltda., si bien la
certificación fue suscrita por el representante legal de la Concesión Autopista
Bogotá – Girardot y no por el INCO, ello no desconocía el pliego de condiciones,
pues el requisito era que el contratante la acreditara, ya fuera pública o privada.

25. Negó la pretensión de nulidad del contrato, al no acreditarse que el acto de

adjudicación del concurso de méritos se hubiera expedido con desconocimiento de
las normas en que debía fundarse.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

26. La parte actora pidió revocar totalmente la decisión del a quo. Alegó que, acorde
a lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446
de 1998, como el contrato se suscribió al día siguiente que se profirió la resolución
de adjudicación, el término para demandar la nulidad de dicho acto precontractual
y la del respectivo contrato era de dos años a partir del día siguiente a su
suscripción. De modo que insiste en que la demanda fue presentada en término y,
por ende, procede el estudio de las pretensiones indemnizatorias.

27. Sobre la obligación de Prointec S.A. de allegar el anexo 3 de información
financiera suscrito por un revisor fiscal, hizo énfasis en que esta exigencia no
deviene del numeral 1, sino del núm. 2 del artículo 203 del Código de Comercio, por
ser una sociedad por acciones, aun cuando se trate de una sociedad extranjera. Así
que la propuesta debió ser rechazada conforme al numeral 2.1.7. del pliego.

28. Alegó que Prointec S.A. sí estaba obligada a estar inscrita en el RUP aun cuando

no tuviera domicilio o sucursal en Colombia, en la medida que se trata de un
requisito indispensable para llevar a cabo procesos de contratación objetivos y
acorde a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1016 de 2012.
Sobre el reproche del a quo de no haber allegado el RUP, adujo que este era un
registro público que el Tribunal podía consultar para revisar las incongruencias de
la información financiera.

29. Reiteró que la certificación presentada por Proeza Consultores Ltda. no servía

para acreditar la experiencia del Consorcio PRO-3, pues la expidió el contratista y
no el INCO.

30. Por lo anterior, reiteró que el Consorcio Urbano 2009 era el llamado a suscribir el

contrato.

31. Finalmente, aseveró que los perjuicios materiales reclamados encontraban
soporte en los documentos allegados al proceso y en el dictamen pericial.

Trámite de segunda instancia

32. Al alegar de conclusión, la parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la

demanda y en el recurso de apelación12.

12 Intervención a índice 19 del aplicativo SAMAI.

7

Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

33. ElIDU insistió en lo manifestado en la contestación de la demanda y pidió
confirmar el fallo impugnado, o en su defecto negar todas las pretensiones13.

34. No hubo pronunciamiento de los miembros del Consorcio PRO-3.

35. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, puesto

que: (i) el a quo aplicó debidamente la tercera hipótesis que la jurisprudencia
precisó en estos casos; (ii) en el pliego no se previó como exigencia para las
sociedades extranjeras que concurrieran al proceso, que su revisor fiscal firmara el
anexo 3, sino que éste debía ser suscrito por su representante legal y un contador,
requisito que fue cumplido; (iii) la inscripción en el RUP no aplica para las
sociedades que no cuentan con sucursal o domicilio en el territorio colombiano; (iv)
la certificación allegada por Proeza Consultores fue expedida por el contratante; y,
(v) como no se advertía que el acto de adjudicación demandado se hubiera
realizado de forma injustificada, encontró innecesario analizar las demás
pretensiones.

III. CONSIDERACIONES

Objeto del recurso de apelación

36. Dos problemas jurídicos concentran la atención de la Sala. El primero, atañe a
la oportunidad en la que se instauró el medio de control y su efecto frente a las
pretensiones económicas reclamadas; el segundo, impone incursionar en el análisis
de la nulidad del contrato 093 de 2008.

Motivación de la sentencia

(i) Procedencia de la acción y oportunidad para ejercerla

37. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo

32 de la Ley 446 de 199814, dispuso que los actos proferidos con anterioridad a la
celebración del contrato estatal son demandables por medio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho dentro de los treinta (30) días siguientes a su
comunicación, notificación o publicación; sin embargo, una vez celebrado el negocio
jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente podía invocarse como
fundamento de la nulidad del contrato.

13 Intervención a índice 20 del aplicativo SAMAI.
14 “ARTÍCULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán
demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas
acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado
éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del
contrato.
“El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad
absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada
en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes
contratantes o sus causahabientes”.

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Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

38. La fijación de ese corto término, comparado con los 4 meses para demandar la

generalidad de los actos administrativos -artículo 136 del CCA15- fue la respuesta
brindada por el ordenamiento jurídico a los innumerables ataques que sin horizonte
de tiempo (acción de nulidad) y sin un interés subjetivo real (nulidad y
restablecimiento) restaban seguridad a los procedimientos contractuales de
escogencia y afectaban la estabilidad de los contratos estatales.

39. Este razonamiento fue confirmado por la Corte Constitucional al declarar la
exequibilidad del reformado artículo 87 del CCA, providencia en la que, además,
destacó que los límites que imponía la norma contenían un balance que garantizaba
el control de los actos de la Administración en sede precontractual y la seguridad y
firmeza que debe acompañar al contrato una vez éste se ha suscrito. Al respecto,
ese alto Tribunal afirmó lo siguiente:

“Estos límites, a juicio de la Corte, pretenden dar agilidad al proceso licitatorio, y estabilidad
a las etapas surtidas del mismo, proceso que se dificultaría en exceso si cada uno de los
actos administrativos separables se sometiera a plazos de caducidad más extensos, y a la
acción de simple nulidad sin término de caducidad, según la regla general. Y de otro lado,
las limitaciones comentadas también pretenden contribuir a la firmeza del contrato
administrativo una vez que este ha sido suscrito, poniéndolo al amparo de todo tipo de
demandas provenientes de terceros sin interés directo y ajenos a la relación contractual.
Ahora bien, estos límites en principio no tienen el alcance de eliminar ni la protección de los
derechos de terceros interesados (quienes pueden impugnar los actos que los perjudiquen
dentro del plazo de los treinta días que señala la disposición), ni la del interés general, pues
éste, después de la celebración del contrato, puede ser protegido a través de la acción de
nulidad absoluta del contrato, que puede ser alegada por las partes, por el agente del
ministerio público, por cualquier persona que acredite un interés directo, o declarada de
oficio” (subraya añadida).

40. Así mismo, la Corte Constitucional encontró adecuada la norma a los principios

y fines de la Carta Política, otorgando su venia en relación con el establecimiento
de la acción de controversias contractuales como la vía procesal establecida para
cuestionar los actos previos una vez fuera suscrito el contrato.

41. De lo anterior se desprende una sucesión de eventos en el ejercicio de las
acciones que podía conducir a la configuración de fenómenos jurídicos atados al
paso del tiempo, como son: (i) la caducidad de la acción; (ii) la extinción de la acción;
o, (iii) la modificación del medio de control idóneo ante el surgimiento del contrato,
sin desconocer la naturaleza del acto tachado de ilegal16.

15 “ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier

tiempo a partir de la expedición del acto.
La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día de la
publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso (…)”.
Esta disposición fue subrogada por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
16 Ibidem. “La nueva versión del artículo 87 del C.C.A. sitúa a la legislación a medio camino entre la

doctrina de la separabilidad absoluta de los actos previos, y la de la inseparabilidad de los mismos,
combinando las ventajas garantistas y proteccionistas de los derechos de terceros a la relación
contractual, propias de la primera, con los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa
a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, que se vinculan a la segunda de las
mencionadas doctrinas. En efecto, la inseparabilidad, una vez suscrito el contrato, pone a este último al
amparo de acciones incoadas con fines ajenos al bien común, pues como se vio la titularidad de la acción

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Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
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42. De forma que pasados 30 días desde la comunicación, notificación o publicación

del acto de adjudicación sin que se hubiera suscrito el contrato y sin ejercer las
acciones frente a los actos previos, se generaba la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho; empero, si el contrato estatal era celebrado
antes del vencimiento de los 30 días fijados como término de caducidad, operaba la
extinción anticipada de aquel plazo17. En este evento y con el fin de evitar que la
celebración del contrato impidiera la impugnación de los actos, el reproche debía
encauzarse a través de la acción de controversias contractuales, preservando el
lapso de los 30 días para su control, pues el mismo ya había empezado a correr y
sin poder interpretar que por la suscripción del contrato dicho término pasaba a ser
de dos años, ya que ello generaba una contradicción respecto a la finalidad
perseguida por el legislador con la reforma.

43. Al precisar el alcance del citado artículo 87 del CCA, esta Corporación desarrolló

una línea jurisprudencial sobre las acciones que pueden impetrarse contra los actos
previos de cara a la celebración del contrato, a través de la cual distinguió tres
hipótesis espacio temporales (resaltado del texto original):

“- La primera hipótesis se refiere a aquellos casos en los cuales el contrato estatal no
se ha celebrado aun para la fecha en que, dentro de los 30 días siguientes a la
comunicación, notificación o publicación del correspondiente acto administrativo de
adjudicación, se demanda ese acto administrativo previo en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, caso en el cual y sin mayor discusión se tiene que
el interesado podrá pretender e incluso obtener tanto la declaratoria judicial de nulidad
del aludido acto administrativo, como el restablecimiento de sus derechos, cuestión ésta
que de ordinario se concreta en el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el
acto nulo y la consiguiente condena para repararlos.

“- Una segunda hipótesis dice relación (sic) con aquellos casos en los cuales hubiere
transcurrido el término de 30 días sin que se hubiere celebrado el correspondiente
contrato estatal pero igual sin que se hubiere formulado demanda contra el acto
administrativo previo dentro de ese mismo término, cuestión que, como resulta apenas
natural, da lugar a la configuración de la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual priva definitivamente al interesado de la posibilidad
de revivir ese plazo y/o de acudir en una nueva oportunidad ante la Jurisdicción en
procura de obtener el reconocimiento de los derechos que le habrían sido desconocidos
con la expedición del correspondiente acto administrativo.

“(…)

“- La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad estatal y el
adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire el término
de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de
adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa fecha el proponente vencido
hubiere ejercido la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del acto previo, situación que si bien determina que el interesado ya no podrá
ejercer la mencionada acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley

de simple nulidad se restringe a las personas que demuestren un interés directo en el contrato, dejando
eso sí a salvo la facultad del Ministerio Público para interponerla o del juez para decretarla de oficio.
17 Ibidem. “(…) la interpretación del demandante, si bien es acertada en cuanto reconoce que la

suscripción del contrato extingue anticipadamente el término de caducidad (como consecuencia de la
extinción de las acciones no contractuales), resulta equivocada en cuanto afirma que dicha extinción
tiene el alcance de impedir la defensa judicial de los intereses de terceros participantes en la actividad
precontractual. La disposición no desprotege estos intereses, pues conforme ella misma lo señala en su
tercer inciso, dichos terceros, por tener un interés directo, pueden pedir la nulidad absoluta del contrato
con fundamento en la ilegalidad de los actos previos. No quedan por ende desamparados, pues esta
acción satisface sus pretensiones, amén de que dicha nulidad absoluta, por las mismas razones, también
puede ser invocada por el Ministerio Público, o aun ser declarada de oficio por el juez administrativo.
(…)”.

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expresamente le dejó abierta la opción para ejercer válidamente la acción contractual,
dentro de la cual deberá pretender la nulidad del contrato estatal y la declaratoria de
ilegalidad de los actos previos, pretensión que –según ya se indicó– incluso servirá de
fundamento para que prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación de que
en estos casos y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del mencionado
término de 30 días, el interesado también estará legitimado para solicitar el
restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la
indebida adjudicación, puesto que resultaría ilógico y contrario a los más elementales
conceptos de justicia y de equidad, que se asumiere que dicho interesado no pudiere ya
formular pretensiones económicas o resarcitorias dentro de la acción contractual que será
la única que en este caso tendrá a su disposición, aunque la ejerza dentro del plazo que
inicialmente se le fijó para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuya
desaparición sobrevino por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal.

“Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la correspondiente
acción contractual con posterioridad al vencimiento de los mencionados 30 días
siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según
fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de nuevo que en este específico
contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse paso serán aquellas encaminadas
a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de
adjudicación y la consiguiente o consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que
resulte posible para el Juez de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún
estimar las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la
no adjudicación del contrato estatal correspondiente” (negrillas del original)

44. Se consta en el expediente que (i) la Resolución 5923 de 2008, por medio de la

cual se adjudicó el concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008, fue proferida y
notificada el 30 de diciembre de 200818; (ii) el contrato IDU 093 se celebró el 31 de
diciembre de ese mismo año19; y (iii) la demanda se presentó el 30 de agosto de
201020.

45. En el marco de lo expuesto, como el contrato IDU 093 fue suscrito al día siguiente

de la adjudicación, el caso que se estudia se ubica en la tercera hipótesis reseñada
en la jurisprudencia de esta Corporación. Por tanto, la acción procedente para
procurar la nulidad del acto de adjudicación era la contractual, como ocurrió en el
sub judice, pretensión que se postuló como fundamento de nulidad del negocio
jurídico.

46. No obstante, dado que la demanda se interpuso vencidos los 30 días ya
mencionados, al presentarse veinte (20) meses después de la expedición del acto
de adjudicación, las pretensiones incoadas para reclamar el restablecimiento del
derecho y la reparación patrimonial aducidos por el demandante no estaban
disponibles, pues su oportunidad ya había fenecido, como acertadamente lo indicó
el Tribunal de primer grado21.
47. Esta conclusión es consonante con el efecto que se desprende de la pretensión

que sustenta el medio de control, en la medida que el interesado sólo contaba con

18 Fl. 220 a 227 del c. 2.
19 Fl. 586 del c. 3.
20 Fl. 69, c.1.
21 Y como lo ha señalado de forma pacífica la jurisprudencia de esta Corporación en numerosos fallos al analizar

las 3 hipótesis espacio temporales referidas al artículo 87 del CCA. Entre otros, se menciona la sentencia
proferida el 6 de noviembre de 2020 por esta Subsección, rad. 25000232600020100004401 (47763), en la que
el Consorcio Urbano 2009 demandó al IDU por cuenta del mismo concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008
(en esa ocasión por el grupo 1), decisión que fue atacada vía acción de tutela por el actor cuestionando la
declaratoria de caducidad de las pretensiones económicas que se produjo al haber instaurado la demanda por
fuera de los 30 días en que debían ser promovidas. Dicho mecanismo de amparo fue negado al accionante, y
su trámite concluyó en la Corte Constitucional, que en sesión del 28 de septiembre de 2021, con notificación
del 13 de octubre siguiente, decidió no seleccionar para revisión la citada tutela.

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treinta (30) días para reclamar la lesión a su derecho y su restablecimiento, aun si
para ello tuviese que acudir al dispositivo de controversias contractuales, y como
atrás quedó advertido, dicho término fue superado ampliamente.

48. Por lo dicho, la Sala confirmará la decisión del a quo en esta materia, y pasa a

analizar la pretensión encaminada a obtener la declaratoria de nulidad absoluta del
contrato demandado. Entiende la Sala que esta pretensión fue instaurada dentro
del plazo de caducidad de dos años previsto en el artículo 136 del CCA 22 ,
subrayando que para el tercero -actor- ya no hay posibilidad de ser restituido.

(ii) La nulidad del contrato

49. De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 87 del CCA, la

nulidad absoluta del contrato estatal puede ser pedida (i) por las partes -legitimadas
bajo el principio de relatividad de los contratos-, (ii) por el Ministerio público -
habilitado por la Ley- o, (iii) por un tercero, siempre que acredite un interés directo;
también podrá ser declarada por el juez de oficio23.

50. En relación con las facultades que ostenta el juez para su declaratoria, dos
aspectos adquieren relevancia en este asunto. El primero atañe a la habilitación que
la ley confiere al juez para examinar la validez del contrato, aun si no media
pretensión anulatoria, siempre que esté plenamente acreditada en el proceso; el
segundo, que es el evento que aquí acontece, ocurre cuando habiéndose formulado
la pretensión de nulidad absoluta del contrato estatal por el demandante, al avanzar
en tal escrutinio, el juez encuentra que procede tal declaratoria por razones diversas
o conexas a las advertidas por el demandante. En cualquier caso, se impone al juez
desatar la sanción advertida ante la gravedad atribuida por ley a los vicios que la
configuran.

51. La primera hipótesis activará las facultades oficiosas plenas del juez previstas en

el inciso tercero del artículo 87 del CCA y en el artículo 45 de la Ley 80 de 199324,
es decir, sin petición de parte y por ministerio de la ley; en el segundo caso, la
voluntad del actor vertida en la pretensión anulatoria habilita al juez a incursionar en
ese examen, escenario en el cual la oficiosidad no es de origen, sino que se
corresponde al deber del juez de declararla cuando sea ostensible en el proceso.

22 “Artículo 136. Caducidad de las acciones (…)

“e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o
cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de
vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que
en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento”.
23 El inciso tercero de la norma en cita dispone: “El Ministerio Público o
cualquier tercero que acredite un
interés directo podrán pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para
declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo
podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes” (se resalta).
24 La Corte Constitucional precisó que "iii) Por fuera del tema de la separabilidad de los actos previos, la

disposición en comento también modificó el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, que había ampliado la titularidad
de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, al haber dispuesto que podía ser alegada ´... por las
partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio...´ Ahora, según el inciso
tercero no acusado de la disposición bajo examen, solamente "cualquier tercero que acredite un interés directo
podrá pedir que se declare su nulidad absoluta". Sentencia C-1048 de 2011.

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52. En estos términos, el artículo 1742 del Código Civil, incorporado en el tratamiento

del instituto de la nulidad previsto en la Ley 80 de 1993 -salvo algunos aspectos que
marcan puntuales diferencias- establece lo siguiente:

“Artículo 1742. Obligación de declarar la nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede
y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de
manifiesto en el acto o contrato (...)”.

53. En el caso concreto la Sala no puede soslayar haber encontrado lo siguiente:

a) El 7 de octubre de 2010 fue proferido auto admisorio de la demanda, que
dispuso notificar personalmente a los representantes legales de los integrantes del
Consorcio PRO-3 y al IDU. Las notificaciones se realizaron a todos los sujetos
procesales25, pero respecto de Prointec S.A. se presentó una confusión frente a la
empresa que se estaba notificando.

b) El apoderado de la demandante informó al a quo26 que, como no se notificó
personalmente del auto admisorio a Prointec S.A., había hecho la entrega del
respectivo aviso el 22 de marzo de 2011 en la sede de La Estrella – Antioquia. Dicha
sociedad allegó certificado de la Superintendencia de Sociedades27 indicando que
existen dos empresas con el mismo nombre, una de origen nacional y una de
nacionalidad española.

c) Señaló que al advertir que la sociedad extranjera era la que hacía parte del
Consorcio PRO-3 (a la que reprochó la falta de firma del revisor fiscal del anexo 3
financiero, las inconsistencias en dicha información, y era la que acreditaba ser una
microempresa), pidió adelantar el trámite para lograr su notificación en Madrid –
España.

d) El Tribunal ordenó notificar a quien figuraba como representante legal de
Prointec S.A. en Colombia28, señor Mauricio Galofre Amin, con quien no se logró
adelantar esa diligencia29.

e) La parte actora informó al a quo que este contrato podía estar relacionado
con el “carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá” y que el señor Mauricio

25 El mismo día en que fue proferido el auto admisorio de la demanda, el notificador del Tribunal se hizo presente

en las oficinas de la entidad contratante llevando a cabo la notificación personal (fl. 75, c.1). Respecto a las
empresas Proyteco S.A., Prointec S.A. y Proeza Consultores Ltda., mediante oficios del 17 de noviembre de
2010, se envió citatorio de notificación personal (fls. 76 y 78, c.1). Esta Sala corroboró que los oficios referidos
se enviaron a las direcciones de notificación judicial de ambas empresas, acorde a sus certificados de existencia
y representación legal allegados como anexos de la demanda (fls. 15 a 27, c.1). El 13 de diciembre de 2010,
Proyteco S.A. se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda (fl. 83, c.1). Ante la no comparecencia
de Proeza Consultores Ltda., el 22 de marzo de 2011, se remitió el respectivo aviso, recibido el 11 de abril de
dicha anualidad (fls. 190 y 191, c.1) -en el expediente consta certificado 01300093628 expedido por la empresa
de envíos del 6 de mayo de 2011, en la que se observa que el 11 de abril de ese año el aviso, la copia de la
demanda y el auto admisorio fueron recibidos por una funcionaria de Proeza que manifestó que la sociedad sí
funcionaba en la referida dirección-.
26 Fls. 174 y 175, c.1.
27 Fl. 102, c.1.
28 Mediante auto del 27 de octubre de 2012, el Tribunal ordenó vincular al proceso en calidad de litisconsorte

necesario de la parte demandada a la sociedad Prointec S.A. con registro mercantil de Madrid - España y
notificarla personalmente a través de su apoderado general en Colombia, Mauricio Galofre Amin. Fl. 189, c.1.
29 A fls. 191 y 192, consta certificado de la empresa de envíos Servientrega en la que refirió que en la dirección

de entrega se indicó que el señor Galofre Amin no reside o trabaja allí.

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Galofre Amín no pudo ser notificado en la dirección referida porque se encontraba
recluido en la cárcel La Picota.

f) El demandante insistió en notificar a Prointec S.A. directamente en su país
de origen30, de manera que se profirió carta rogatoria31 y, acorde al certificado del
Servicio Común de Actos de Comunicación de dicha ciudad, el 15 de noviembre de
2012 32 se le notificó de este proceso. Refirió que Prointec S.A. denunció al
mencionado señor por falsedad en los documentos de su representación en
Colombia.

54. Del acervo documental y probatorio que obra en el expediente, de cara a la

posible configuración de conductas delictivas en la estructuración de éste y otros
procesos de contratación pública, se logró evidenciar la construcción de pliegos
direccionados a favorecer los intereses de funcionarios y particulares
comprometidos en conductas ilícitas que afectaron, entre otros, el concurso de
méritos que dio lugar a la celebración del contrato IDU-093 de 2008, representado
por el señor Mauricio Galofre Amín, en el marco de una empresa delictiva que
desfalcó al Distrito de Bogotá en cuantía millonaria de recursos públicos, como lo
definieron los respectivos procesos penales.

55. Se empieza por indicar que el apoderado de los miembros del Consorcio Urbano

2009, al solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificar en debida
forma a la sociedad Prointec S.A., ubicada en Madrid, España, e integrante del
Consorcio PRO-333, señaló que el acto de adjudicación y el contrato de interventoría
cuya nulidad estaba reclamando se relacionaba directamente con ilícitos en la
contratación de Bogotá. Al respecto señaló:

Como es bien sabido por la honorable magistrada, los hechos que ocasionaron la
interposición de la presente acción contractual están directamente relacionados con el
denominado “carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá” y hacen parte del mismo,
generada, como se sabe, por los primos Nule y sus innumerables desfalcos al Distrito ya sea
por la no ejecución de sus compromisos contractuales, o por la consecución de contratos

30 Además, refirió que debía tenerse en cuenta que Prointec S.A. lo denunció por falsedad en los documentos

de su representación en el país.
31 Al respecto ténganse en cuenta las siguientes actuaciones: i) el Tribunal mediante Oficio 2012-BLC-215

profirió Carta Rogatoria dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores de la época (María Ángela Holguín
Cuellar), para que por medio de su despacho, agente diplomático o consular de Colombia en Madrid - España,
realizara lo pertinente para que la autoridad judicial extranjera procediera a notificar a Prointec S.A. de la
decisión que la vincula al proceso, en calidad de litisconsorte necesario de la parte demandada (fl. 200, c.1.), ii)
el 10 de mayo de 2012 el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio GAUC 26996 devolvió dicha carta
indicando que la misma debía ir dirigida a la autoridad judicial homóloga del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en España, de acuerdo al formato FORM USM-272A (fl. 1, c.4), iii) mediante auto del 14 de junio
de 2012 el Tribunal corrigió la Carta Rogatoria y ordenó a la Secretaría de la Sección expedir ciertos documentos
requeridos (fl. 203, c.1.), iv) el 3 de octubre de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió Oficio GAUC
67190 informando que mediante memorando GAUC 65005 se había remitido a la Embajada en Madrid - España
la carta rogatoria, librada dentro de la acción contractual mediante la cual se quiere notificar a Prointec.
Referencia del expediente CEAJ-15399/2012 (fls. 237 y 238, c.1.), v) por lo anterior, en auto del 4 de diciembre
de 2012, el Tribunal ordenó suspender el proceso hasta que se citara a Prointec S.A. y se venciera el término
de comparecencia, sin que excediera de 90 días (fl. 240, c.1.), vi) mediante Oficio GAUC 2607 del 15 de enero
de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Tribunal memorando IEESMD-12-535 del 26 de
diciembre de 2012 con el cual la Embajada de Colombia en España envía las diligencias realizadas a la Carta
Rogatoria, entre las que consta remisión del acto de notificación de la empresa (fls. 241 a 267, c.1.), vii) el 4 de
abril de 2013 el apoderado de la parte actora envió oficio en el que reconoce que Prointec S.A. fue notificado
debidamente y pidió levantar la suspensión del proceso (fls. 270 y 271, c.1.), ante lo cual, el Tribunal profirió
auto del 9 de abril de 2013 en el que ordenó continuar con el trámite del presente asunto (fl. 273, c.1.).
32 Fl. 267, c.1.
33 Mediante oficio radicado el 15 de febrero de 2012 ante el Tribunal a quo.

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tanto de obra como de interventoría por métodos fraudulentos, como en nuestro caso y tal y
como hemos intentado demostrar a lo largo del presente proceso.

Prueba de lo anterior, es la situación acaecida con respecto a la sociedad PROINTEC S.A.-
Sede Madrid, la cual, -según poder que reposa en el IDU y mencionado por la misma
entidad,- (sic) tiene como apoderado en Colombia al señor Mauricio Galofre, popularmente
reconocido por sus nexos con los primos Nule.

La honorable Secretaría solicita remitir dirección en la cual sea posible notificar al Señor
Mauricio Galofre de la demanda de la referencia, toda vez que no pudo ser ubicado en su
residencia.

Habida consideración a los hechos y el contexto demandatorio, lo anterior resulta apenas
obvio teniendo en cuenta que el supuesto apoderado de la sociedad PROINTEC S.A. se
encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de la Picota. (Ver noticias de los medios
masivos de comunicación al respecto).

Adicional a la situación previamente descrita, consideramos de vital importancia dejar de
presente que en el pasado mes de enero, en distintos medios masivos de comunicación se
publicó la noticia de la denuncia penal por parte de la sociedad PROINTEC S.A.-Sede
Madrid-, al señor Mauricio Galofre, por el presunto delito de falsedad en documento, toda
vez que el poder en el cual aparece el señor Galofre -como apoderado de la sociedad
mentada- y de conformidad con la denuncia presentada ante la Fiscalía, es falso”34.

56. Los medios de comunicación registran informaciones relacionadas con
numerosos actos de corrupción en los que se menciona al señor Galofre Amín como
integrante del grupo empresarial que dirigió y orquestó el denominado “carrusel de
la contratación”; con esta información, la Sala estimó necesario conocer las resultas
de los procesos penales en los que estaba relacionado el contrato de interventoría
093 de 2008 y su proceso de selección, y mediante auto del 13 de septiembre de
202435, decretó como prueba de oficio la documental referente a las sentencias SP-
14496 del 27 de septiembre de 2017 (Rad. 39831) y SP3807-2022 del 2 de
noviembre de 2022 (Rad. 58042) proferidas por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en las que se estudiaron los actos de corrupción
aludidos por los demandantes36.

57. Producto de esta averiguación, se observa que en la sentencia SP-14496 del 27

de septiembre de 2017 se decidió el recurso extraordinario de casación interpuesto
por el defensor de los acusados Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule
Velilla, Guido Alberto Nule Marino y Mauricio Antonio Galofre Amín, así como el de
la Contraloría General de la República en calidad de víctima contra el fallo de
segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

58. La imputación efectuada por la Fiscalía, según registra la mencionada sentencia,

alude a la comisión de los delitos de peculado por apropiación en concurso con
fraude procesal, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en

34 Fls. 195 y 196, c.1.
35 Índice 28, aplicativo SAMAI.
36 Incorporadas al proceso por la Secretaría de la Sección, el 4 de octubre de 2024, tal como consta a índice 35

del aplicativo SAMAI. Mediante oficio 796 del 9 de octubre de 2024, el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito
de Conocimiento, atendiendo la petición que le hizo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
informó a esta Corporación que la sentencia SP14496 del 27 de septiembre de 2017 –radicación 39831- se
entiende ejecutoriada desde el día de su suscripción por la referida Sala de Decisión, “toda vez que contra el
citado pronunciamiento no procede ningún recurso” (Índice 39 del aplicativo SAMAI). Se precisa que, si bien no
hubo pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia en relación con la fecha de ejecutoria de la sentencia
SP3807-2022 del 2 de noviembre de 2022 (Rad. 58042), acorde a lo dispuesto en el artículo 185 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), contra este fallo no procede recurso adicional, así que por ministerio
de la ley quedó ejecutoriado el mismo día en que fue proferido.

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documento privado. Como sustento fáctico de la imputación, y plataforma necesaria
del presente análisis, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
refirió que:

(i) El Instituto de Desarrollo Urbano inició el trámite de licitación pública para
adecuación de obras y mantenimiento de la malla vial de la fase III de Transmilenio,
y celebró, entre otros, los contratos: a) 137 de 2007 , que tuvo por objeto la
adecuación de la calle 26 y posterior mantenimiento en unos tramos acordados; b)
071 de 2008 celebrado con la Unión Temporal G.T.M. para obras de conservación
de la malla vial del Distrito Suroccidente; y c) 072 del 30 de diciembre de 2008 con
la Unión Temporal Vías de Bogotá para obras de conservación de la malla vial del
Distrito Sur.

(ii) Sobre ellos, mencionó que su “interventoría se hizo con base en los contratos
093 a cargo del Consorcio Pro 3 (para el contrato 071), el 091 a favor de TMK (para
el contrato 072) …”; y que para el contrato 071, objeto de la interventoría cuyo acto
de adjudicación y acuerdo contractual se demandan en nulidad, el IDU entregó el
anticipo al contratista de obra que estaba representado por Mauricio Antonio Galofre
Amín, quien a su vez también era el representante de uno de los integrantes del
Consorcio PRO-3, lo que permitió la disposición y el manejo ilícito de tales recursos.

iii) Sobre el señor Mauricio Galofre Amín, expuso que en dicha orquestación éste
tenía dirección, manejo, coordinación y disposición de las compañías que
integraban la UT GTM, el Consorcio Vías de Bogotá, el Consorcio Pro-3, así como
en los contratos 071 y 072, “quien participó en las operaciones ejecutadas en las
diversas empresas para el éxito del plan trazado con los NULE según se dijo en el
párrafo anterior. Aquél a diferencia de los demás coautores aparece como
contratista y representante en los contratos 071 y de interventoría 093 en la
Empresa Pro 3”37.

59. La Corte Suprema de Justicia realizó los siguientes análisis en punto a definir el

modus operandi de dicha componenda criminal -se destaca sólo aquello relacionado
con el sub examine-:

(…) Estos contratos de malla vial, tuvieron a su vez contratos de interventoría, como fueron los
contratos 093 de 2008 suscrito por el Consorcio Pro 3, por un valor de $8.078’.717.127.00, y el
contrato de interventoría número 091 de 2008, que corresponde al Contrato número 072 (…)”.

“Hay que llamar la atención que el contrato 071 de 2008 y el contrato 093 de 2008, o sea un
contrato de obra y un contrato de interventoría, fueron suscritos por la misma persona, esto es
por Mauricio Antonio Galofre Amin. De eso se dio cuenta el IDU (…)”

“(…) es dable atribuir a los señores MIGUEL, MANUEL y GUIDO NULE la calidad de intervinientes
en el delito de peculado por apropiación, pues establecieron relaciones jurídicas respecto de esos
dineros públicos que les fueron entregados en calidad de anticipos, y allí hay una calidad de
intervinientes en el peculado por apropiación (…)”
“A continuación, se presentará la imputación fáctica y jurídica de cada uno de los indiciados, lo
cual como se observa y se observará y se detallará, resulta común para los mismos.

37 Hechos relatados en la sentencia cuya consulta se puede efectuar en el enlace:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=134798&dt=S.

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MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA, en los contratos números 137 de 2007 Fase III de
Transmilenio, 071 y 072 de 2008 de la malla vial; la interventoría del contrato 071 de 2008,
contrato 093 de 2008, intervino, participó como controlante, tenía la dirección,
coordinación y disposición en las compañías que integran en alto porcentaje la UT
TRANSVIAL, la UT GTM, la UT Vías de Bogotá y el Consorcio Pro-3, al lado de MANUEL NULE
VELILLA y GUIDO NULE VELILLA (…)” (se resalta).

60. Subrayó que en la aceptación de los cargos imputados, efectuada por el señor

Miguel Eduardo Nule Velilla, “el hoy acusado … de manera libre, voluntaria y
asistido por un defensor, aceptó su responsabilidad penal como interviniente en la
conducta de apropiarse en provecho propio de bienes del Estado, cuya
administración y custodia se le había confiado por razón de su condición de
contratista de obra con Distrito Capital a través del Instituto de Desarrollo Urbano”38.

61. La citada providencia evidenció, entre otros, que el contrato de interventoría IDU-

093 de 2008 fue producto del arreglo ilícito de un grupo de funcionarios y
particulares que adelantaron diversas actuaciones a fin de amañar procesos de
selección sobre diferentes obras de construcción relacionadas con el desarrollo del
proyecto Transmilenio, a fin de obtener su beneficio propio y hacer uso indebido de
los respectivos anticipos. Para el logro de este propósito, concertaron que en su
actividad delincuencial debían también manejar las interventorías, y éstas, en lugar
de velar por el buen manejo de los recursos públicos, colaboraban en tal designio
ya que eran controladas por integrantes del mismo grupo, tal como ocurrió con la
figura del señor Galofre Amín, representante legal tanto del contratista de obra,
como de la interventoría que lo debía vigilar. No de otra manera se habría podido
disponer de más de 15 mil millones de pesos del anticipo del contrato de obra 071
de 2008, para el pago de las denominadas “coimas” a las que aludió la referida
providencia.

62. En la sentencia SP3807-2022 del 2 de noviembre de 2022 39 -rad. 58042-,
también proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
se confirmó la responsabilidad penal del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno
Rojas, en calidad de coautor del delito de cohecho propio e interviniente en los
punibles de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por
apropiación, como lo determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
en fallo del 12 de noviembre de 2019 proferido en su contra.

63. Dentro de los hechos que soportaron la imputación efectuada contra el señor

Samuel Moreno, se indicó que, valiéndose de su facultad de nombrar a la directora
del IDU y al tener injerencia en otros nombramientos, “a partir de reuniones
celebradas en su despacho o en la dirección de ese Instituto, conoció los
pormenores de varios procesos de selección de contratistas de gran impacto para
la ciudad, solicitó informes y participó en las mesas de trabajo y juntas directivas del
IDU -directamente o por delegación- e impartió de manera indebida orientaciones
para conseguir que las obras de malla vial… se concentraran en ciertas empresas

38 La Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá por los argumentos esgrimidos por el defensor de los acusados, pero sí casó parcialmente dicha decisión
con ocasión del único cargo formulado en la demanda por la Contraloría General de la Nación.
39 M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

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pertenecientes, o en las cuales tenían parte, los particulares con los cuales orquestó
la defraudación”40.

64. Se describió que el exalcalde ratificó a la entonces directora del IDU para que

“obedeciera las órdenes del referido grupo” y, así, se aprovecharon del proceso de
selección de cada una de las licitaciones de contratos relacionados con la malla vial
y valorización en los años 2008 y 2009. También, que entre el 4 y 6 de julio de 2008
se hicieron reuniones en la ciudad de Miami, Estados Unidos, para hablar de la
licitación de las obras de malla vial o distritos de conservación del IDU y acordaron
que por cada contrato adjudicado, el grupo Nule, Samuel Moreno y otro, recibirían
el 6%; un porcentaje adicional, del 2%, se dirigía a sobornar a otros funcionarios.

65. Tal fue el uso del IDU como vehículo para defraudar al Estado, que en la
sentencia de casación se mencionó que en diversas reuniones con la directora de
la entidad y en las que participó el señor Mauricio Galofre Amín -representante de
uno de los integrantes del Consorcio PRO 3 y también del contratista de obra bajo
el contrato 071 de 2008-, entre otros, se revisaban los procesos de selección para
tener ventaja sobre los demás proponentes, se determinaba el método más
conveniente para escoger al ganador y se acordaban las adendas en las que se
ajustaban los requisitos para ser los adjudicatarios de los contratos.

66. Sobre el contrato de interventoría 093 de 2008, precisó que este fue acordado

para desarrollar el control y la vigilancia de la ejecución del citado contrato 071 de
obra y se constató que su representante, el señor Galofre Amín, “hacía parte del
equipo de dirección y coordinación de empresas vinculadas a Miguel, Manuel y
Guido Nule, generando que uno de los contratistas ejerciera su propia vigilancia,
pese a la evidente incompatibilidad que ello significaba”.

67. Para la Sala es ostensible y está demostrada la ilegalidad con la que se gestaron

los procesos de selección aludidos, en particular las finalidades ajenas al objeto y
normas que rigen la contratación estatal a través de un entramado diseñado para
apropiarse ilegalmente de recursos públicos del anticipo, del cual fue instrumento
útil la interventoría seleccionada para hacer seguimiento al contrato 071 de 2008,
en la que su representante legal, como fue acreditado en el juicio penal, ejercía el
control y dirección para el mismo grupo constructor, resultando en un eslabón
fundamental con el que se facilitaron y concretaron las conductas punibles.

68.De cara a la manipulación de los pliegos de condiciones para lograr ese objetivo,
la Sala advierte la existencia de un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del
contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas
estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni
pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho. Por estos eventos,
se condenó a más de 10 años de prisión al señor Mauricio Galofre Amin por el uso
indebido de sus conocimientos e influencias para ser interventor y contratista del

40 Sentencia que puede ser consultada en el enlace: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-
content/uploads/2022/11/SP3807-2022.pdf

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grupo 3 de las obras de malla vial, miembro de la cadena delictiva conformada para
esos fines.

69. Conforme a todo lo anterior, la Sala subraya que el hecho de que se definieran

las reglas de los pliegos y se incluyeran allí las ventajas que garantizaban el
direccionamiento del proceso de selección, hace que resulte inane un
pronunciamiento relacionado con los reproches de nulidad del contrato aducidos por
el actor 41 , a saber: (i) si se requería la firma del revisor fiscal respecto de la
información financiera de una empresa de nacionalidad española; (ii) si hubo
inconsistencias en la información registrada en el Anexo 3 y bastaba la firma del
representante legal del consorcio Pro-3 –Mauricio Galofre Amin– para cumplir el
requisito; y, (iii) si la regla del pliego sobre la certificación de la experiencia
específica, como fue aplicada, era correcta.

70. Tales cuestionamientos no resisten análisis alguno ante la ilicitud con que fue

gestado el contrato 093 de 2008. En este sentido, examinar si las reglas del pliego
en esos eventos fueron bien o mal aplicadas, se revela insustancial, sería tanto
como asignarles fuerza normativa, contexto al que sin duda no pertenecen; por
tanto, la Sala precisa que aquella componenda no permite otorgar amparo de
legalidad a la confección de unos requisitos predefinidos para el favorecimiento de
unos proponentes, y ninguno de aquellos análisis podría modificar o superar el
marco de ilegalidad en que dichas reglas fueron concebidas.

71. Así, dado que las conductas que dieron origen al contrato sub examen fueron

calificadas como delictivas por la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de
actuaciones defraudatorias del interés general y de los principios constitucionales y
de orden público que informan y son espíritu fundante de la actividad contractual de
la Administración, se configura una de las causales establecidas en el Código Civil
como constitutiva de nulidad absoluta del contrato, de conformidad con lo previsto
en sus artículos 1519 y 174142, a los cuales remite expresamente el artículo 44 de
la Ley 80 de 199343, a saber, adolecer el contrato de objeto ilícito, por contravenir
las normas legales relativas a los procesos de selección.

41 Además de los análisis que habrían de realizarse en torno a la presencia o no del interés directo en cabeza

del demandante para promover la pretensión de nulidad del contrato estatal.
42 “Artículo 1519: Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación (…).

“Artículo 1741: La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la
naturaleza de ellos (…) son nulidades absolutas”.
43 Sobre el particular, esta Sala ha dicho: “Ahora bien, desde la perspectiva de la Ley 80 de 1993 debe tenerse

en cuenta que (…), en el Estatuto de Contratación Estatal existe un régimen legal expreso acerca de la nulidad
absoluta de los contratos en cuya celebración participan o intervienen las entidades del Estado, el cual se
encuentra contenido en los artículos 44 a 49 de la Ley 80 expedida en el año de 1993; es por ello que en esta
específica materia no hay lugar a acudir a las previsiones del artículo 13 de la misma Ley 80 para efectos de
aplicar -en la contratación estatal-, la normatividad que en los Códigos de Comercio o Civil, según fuere el caso,
contienen el régimen de las nulidades absolutas de los contratos puesto que -bueno es reiterarlo-, cuando el
propio Estatuto de Contratación Pública se ocupa de regular un determinado asunto, sus disposiciones tienen
preferencia en su ámbito, cuestión que no obsta para sostener, como lo ha hecho la Sala, que las propias
normas legales especiales que en la Ley 80 regulan esta materia ordenan la incorporación, a este cuerpo
normativo, de las disposiciones legales del Código Civil que contienen las causales de nulidad absoluta de los
contratos, razón por la cual también por esta vía se encuentra configurada la nulidad absoluta del aparte
pertinente de la cláusula segunda del contrato en mención, pues, como de manera precedente se expresó, la
prórroga automática pactada por las partes viola de manera flagrante los principios generales de libre
concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia consagrados
positivamente, no sólo en la Ley 80 de 1993, sino también en la Constitución Política de 1991” (Consejo de
Estado - Sección Tercera – Subsección A, el 26 de febrero de 2015, radicación 63001-23-31-000-1999-01000-
01(30834). Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón).

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72. Con este panorama, viene bien precisar que la causal de nulidad por objeto ilícito

tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por
inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual, de
manera que, entre otros eventos, cuando se desconocen los principios de selección
objetiva y de transparencia en la contratación estatal y, en general, todas aquellas
disposiciones que regulan los procesos de selección de contratistas, ello de forma
ineludible redunda en la presencia de un vicio de origen en el nacimiento mismo del
negocio jurídico al convertir en ilícito uno de sus elementos de validez.

73. Esta Colegiatura ha manifestado, al respecto, lo siguiente:

“En segundo lugar los artículos 6 y 1519 del Código Civil son las normas básicas sobre el
objeto ilícito como causal de nulidad absoluta al prever respectivamente que ―... en materia
civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no
se dispone otra cosa...‘ y que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho
público de la nación...‘, lo que se traduce en que los artículos 1521, 1523 y 1741 del Código
Civil y el artículo 899 del Código de Comercio son solamente aplicaciones concretas de ellos
y por consiguiente toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley,
comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una
sanción diferente.

Y es que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las
que mandan u ordenan y por ende la transgresión del orden público se presenta cuando se
viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos
todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito.

Este entendimiento resulta natural y obvio, pues de no entenderse así se llegaría al absurdo
de que la violación de una norma imperativa que sólo manda u ordena, pero que
expresamente no prohíbe, no aparejaría sanción alguna o, lo que es lo mismo, que sería una
norma inane, que manda pero no manda porque puede ser inobservada sin ninguna
consecuencia.

Pero el orden público comprende además los principios ínsitos en el ordenamiento, que se
deducen de las normas imperativas, y su transgresión también apareja la nulidad absoluta
como sanción (…).

Así que no es cierto que para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto ilícito
es indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y sacramentalmente, que es
nulo como consecuencia, el acto que la contraviene, pero desde luego que lo que sí debe
existir es la norma que expresamente mande o prohíba” (se subraya).

74. Así las cosas, los vicios que dieron lugar a la celebración del contrato IDU-093

de 2008, según se expuso en el curso del proceso penal, constituyen una evidente
inobservancia a los mandatos que rigen la actividad precontractual y contractual del
Estado; tal comportamiento es transgresor del orden público de la Nación y arrasa
la licitud del objeto, pues en éste prevaleció el acuerdo de confeccionar y adjudicar
contratos estatales a unos beneficiarios preseleccionados, con quienes se
acordaron pagos provenientes de la defraudación de recursos públicos, con la venia
y colaboración del representante legal de la interventoría, inclinándose por
desconocer la ley y materializando sus prohibiciones por encima de los principios
superiores atribuidos a la función administrativa que se adelanta en sede de
contratación estatal y al marco legal dispuesto para su diáfana realización; por lo
que no son de recibo para esta Sala argumentaciones dirigidas a negar la
componenda defraudatoria que tiñó de ilicitud las bases, entre otros contratos, del
que atañe al sub lite.

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75. Resulta forzoso concluir que el citado negocio jurídico adolece de objeto ilícito

por violación de las reglas de selección objetiva impuestas en las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007, todo ello como parte de un actuar deliberado de funcionarios y
contratistas que, en lugar de atender los mandatos de probidad, rectitud y
transparencia en la actividad contractual del Estado, desplegaron conductas que
exhiben el vicio de ilicitud en el objeto de un contrato nacido en tales condiciones, y
cuyo renombre manchó de corrupción multiplicidad de contratos estatales, bajo el
que fue llamado “carrusel de la contratación”.

76. Resalta la Sala, como indicó en párrafos previos, que la anterior determinación

está basada en unas pruebas que fueron decretadas de oficio por esta Subsección,
en atención a la información reportada por la demandante. De modo que, se trata
de un vicio plenamente probado dentro del proceso44.

77. Además, para la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato, la Sala constató

que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente
proceso, por cuanto, a través del auto admisorio de la demanda se ordenó notificar
personalmente dicha decisión al IDU y a cada uno de los integrantes del Consorcio
PRO-3, y obra constancia en el expediente de la efectiva realización de las
mencionadas notificaciones, como atrás quedó expuesto.

78. Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad absoluta del contrato 093 del 31 de

diciembre de 2008, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio
PRO-3, por encontrar configurada, de oficio, la causal de objeto ilícito conforme a
las razones expuestas en esta providencia.

(iii) Las restituciones mutuas

79. La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo

jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se
encontraban antes de su celebración y, por lo mismo, cada una de las partes está
en el deber de devolver a la otra aquello que ha recibido como prestación durante
la vigencia del contrato, tal como lo dispone el artículo 1746 del C.C.:

“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las
partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no
hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto
o causa ilícita.

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro,
de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias,
tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las
partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente
artículo”.

44 Al ejercer el derecho de contradicción, en el término de traslado de los medios de prueba decretados de oficio,

el IDU, mediante escritos del 8 y 24 de octubre de 2024, adujo que tales sentencias no guardan relación con el
concurso de méritos IDU-CMDG-013- 2008 ni con el contrato 093 de 2008, careciendo de eficacia y utilidad
probatoria en esta litis. En consecuencia: i) afirmó sostenerse en lo dicho en la contestación de la demanda y,
ii) pidió confirmar el fallo de primera instancia al valorar en conjunto los demás medios de prueba aportados a
lo largo del proceso (Índices 37, 38, 44 y 45 del aplicativo SAMAI).

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80. Cuando el inciso primero se refiere a que la restitución producto de la nulidad
absoluta se debe entender sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto y la causa
ilícita, esta referencia es complementada con lo dispuesto en el artículo 1525 ib. de
modo que “[n]o podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa
ilícita a sabiendas” (subraya añadida). En este orden de ideas, el derecho común
establece que la regla general es la procedencia de las restituciones mutuas como
consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta, salvo cuando es generada por
objeto o causa ilícitas a sabiendas de las partes, evento en el cual el contrato sólo
se extingue y deja de producir efectos.

81. A su turno, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, al desarrollar este instituto y sus

efectos, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un
contrato estatal nulo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. <Ver Notas del Editor> La
declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento
y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por
objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y
únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la
entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido
para satisfacer un interés público”.

82. En el régimen de contratación estatal, las causales anotadas imponen que para

el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas se deba probar el beneficio para
el Estado y su monto. En lo que respecta a la procedencia o no de las restituciones
cuando las partes actúan “a sabiendas” de la ilicitud, la postura de esta Corporación
ha oscilado en dos vértices.

83. De un lado, indicó que la Ley 80 de 1993 no puede leerse en clave de inhibir o

impedir las sanciones que se desprenden de la violación del orden jurídico a
sabiendas “y así evitar un enriquecimiento sin causa en contra del contratista, pues,
como ha indicado la Corte Suprema de Justicia, esta figura exige que con su
ejercicio no se pretenda violar el ordenamiento jurídico. En otras palabras, esta
disposición se aplicaría únicamente cuando las partes no hubiesen celebrado un
contrato con objeto o causa ilícitos a sabiendas”45.

84. De otro lado, dijo la jurisprudencia que la aplicación del artículo 1525 del Código

Civil supone que el juzgador “en cada caso haga un análisis para determinar si al
no ordenar la restitución se desconoce, de un lado, la razón de ser de la regla
jurídica contenida en el aforismo “in pari causa turpitudinem cessat repetitio” y, de
otro lado, si el negocio nulo termina produciendo en la práctica todos los efectos
como si fuera válido”46. Agregó que el fundamento de las restituciones mutuas frente
al objeto o causa ilícitos en contratación estatal estaba condicionado al beneficio de
la entidad, bajo los límites que impone la prohibición constitucional de
enriquecimiento sin justa causa y el principio de buena fe.

45 Consejo de Estado Sección Tercera, Radicación No. 25.560 de 24 de noviembre de 2004, M. P. Germán

Rodríguez Villamizar.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13

de junio de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Rad. 66001-23-31-000-1998-00685-01(26.637).

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85. Por tanto “para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones

ejecutadas en un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las
prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público pues solo
en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado, como
lo prevé el citado artículo 48 de la Ley 80 de 1993 en su inciso final”47.

86. Esta Subsección48 ha precisado que las restituciones mutuas derivadas de objeto

o causa ilícitos imponen verificar tanto los beneficios para el Estado como el
conocimiento de las partes en la configuración del vicio, en procura de que los
efectos que se desaten hagan concordante su función jurídica con los principios que
rigen la contratación pública.

87. En el sub lite, los medios de prueba que reposan en el expediente no permiten

colegir que una o ambas partes hubieran participado “a sabiendas de la ilicitud” en
la elaboración de los pliegos de condiciones y la celebración del contrato estatal, al
menos en relación con la responsabilidad que se debate en esta jurisdicción, pues
el fundamento de ilegalidad que bajo el sub lite se halló configurada proviene de las
sentencias penales que reporta el expediente en las que si bien se advierte la unión
de roles y actuaciones delictivas, lo cierto es que frente al contrato 093 de 2008 se
sancionó penalmente al señor Mauricio Galofre Amín, representante de la
interventoría, sin que pueda decirse que los demás integrantes del Consorcio PRO-
3 hubieran tenido la conciencia o un real entendimiento de las conductas punibles
que profanaron las normas en materia de contratación estatal, se itera, sin perjuicio
de lo que pudiera o se haya decidido en otro tipo de procesos que se hubieren
adelantado, o deban adelantarse, en razón o con ocasión del contrato 093 cuya
nulidad se declara.

88. De otra parte, la Subsección precisa que si bien funcionarios del IDU y de la

Alcaldía del Distrito de Bogotá concertaron con particulares la gesta ilícita
desplegada, no podrá atribuirse el conocimiento o connivencia en tal actuar a la
Administración, no sólo porque la responsabilidad penal corresponde a un juicio de
reproche personal de conducta, sino porque la entidad pública fue defraudada con
aquellos reatos; lo anterior se constata en la medida que el IDU fue reconocido como
víctima dentro del proceso adelantado contra el grupo Nule y el mencionado señor
Galofre Amín, ante la designación de la directora de la época por interés del
exalcalde de la ciudad.

89. Por lo anterior, comoquiera que el factor “a sabiendas” que se analiza se debe

predicar de las partes del negocio jurídico –en este caso el IDU y el Consorcio Pro-
3– no es posible afirmar que el conocimiento del actuar ilícito que se reprocha

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15

de diciembre de 2017, M.P. Jaime Orlando Santofimio Rad. 76001-23-33-000-2013-00169-01 (50.045).
48 En sentencia del 31 de marzo de 2023, rad. 76001233100020060328401 (58.623), esta Subsección señaló:

“la restitución a cargo de las partes en un contrato estatal declarado con nulidad absoluta, en este caso
peticionado por una de ellas, se ata al conocimiento y actuar de las partes que condujo la celebración del mismo
en contravención de una norma imperativa, criterio que también respalda la Corte Constitucional y que afirma
concordante con el derecho internacional y comparado en materia contractual, al señalar que así lo reflejan los
principios de Unidroit que, en su versión 2016, establecen que la razonabilidad de las restituciones depende,
entre otros criterios, de “si la violación era conocida o debió haber sido conocida por una o ambas partes”.
También se puede consultar la sentencia del 18 de marzo de 2024 de esta Subsección. Exp.
25000233600020150234601 (62508).

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Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

hubiese provenido de las partes del contrato pues, por un lado, la entidad pública
fue instrumentalizada para el despliegue de la conducta punible que desarrollaron
algunos de sus funcionarios, sin que pueda sostenerse que el IDU asintió y cooperó
en tal destino. Con claridad meridiana se debe señalar que, de la Administración
pública –a través de la citada entidad– se valieron los autores de dichos
comportamientos.

90. A su vez, las sanciones penales recayeron en la conducta personal del señor

Galofre Amín -y demás condenados- sin que esta Sala pueda sostener que la
sentencia penal contra este sujeto se interprete como una conducta predicable, por
inferencia, de los demás miembros del Consorcio Pro-3. No se tiene bajo este
expediente prueba de que a sabiendas los demás integrantes de dicha forma plural
hubiesen conocido, participado y celebrado el contrato. Situación que no desdice de
la configuración del vicio anulatorio que será declarado, a propósito del análisis que
corresponde a esta judicatura, respecto del contrato gestado en tales condiciones.

91. Ahora, si bien no se configura el factor “a sabiendas” de la ilicitud del objeto, en

este caso para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones
derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícitos, es indispensable
que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público. En
este punto, habrá de recordarse que la pretensión primera de la demanda apuntó a
la nulidad y restablecimiento del derecho en relación con el acto de adjudicación del
contrato 093 de 2008, y como consecuencial –segunda pretensión– postuló la
declaratoria de nulidad de este contrato; bajo este horizonte en los medios de
prueba aportados al plenario, además de los atinentes a la actuación precontractual,
únicamente obran documentos referidos a los soportes contables de los costos de
elaboración de la propuesta, así como el dictamen pericial de la utilidad que habría
dejado de percibir el demandante según la oferta presentada 49 , sin soporte
relacionado con el estado de ejecución del contrato (no de la ilicitud) para definir la
existencia o no de un beneficio para la entidad.

92.En esta línea, la ausencia de elementos demostrativos en el expediente que
permitan acreditar la existencia de un beneficio en favor de la entidad contratante,
impide que se abra paso a la figura del reconocimiento y pago de las prestaciones
en los términos definidos en el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993
que dispone, como atrás se dijo, lo siguiente:

“Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto
o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el
monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha
beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés
público”.

93. De manera que las prestaciones que hubiese ejecutado el Consorcio Pro-3 bajo

el contrato 093 de 2008 no son susceptibles de ser reconocidas al contratista. Lo
anterior, comoquiera que la declaratoria de nulidad del contrato, ante la
configuración del vicio por objeto ilícito, impone la acreditación del beneficio que

49 Fls. 376 a 380, y 423. c.ppal.

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Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

estipula la ley para que proceda el pago de las prestaciones ejecutadas por el
contratista.

94. En contra de dicha previsión, los juicios penales confirman la manipulación y el

direccionamiento de la interventoría al estar bajo el control de la empresa criminal
constituida, situación que impide considerar que, de manera alguna, sus
actuaciones bajo el citado contrato hubiesen servido para satisfacer el interés
público. Además, sin prueba de su prestación, no puede haber lugar a las
restituciones50.

95. A su vez, tal circunstancia excluye la posibilidad de que pueda predicarse un

efecto restitutorio a favor de la entidad contratante –al menos en este ámbito
judicial–; pues el hecho de que no haya registros de lo ejecutado, como tampoco
prueba de que los pagos se hubiesen desembolsado, conduce a suprimir toda
consideración relacionada con una contrapartida restitutoria predicable respecto de
la contratante. Esta Corporación ha precisado que “cualquier análisis relacionado
con la restitución del valor, exige que se pruebe el pago” 51, puesto que “cuando
nada se ha dado o pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y
a resolver sobre las eventuales restituciones mutuas” 52, y en este caso no se cuenta
con soportes que demuestren la ocurrencia de tales pagos.

96. Insiste la Sala, en este punto, que la determinación que se adopta únicamente se

proyecta en el escenario probatorio atinente a esta causa, de modo que no
compromete las gestiones que la entidad contratante haya o pueda desplegar en
otros ámbitos judiciales o administrativos para el eventual reintegro de sus recursos
públicos, como lo ha expresado en otras oportunidades esta Subsección53 –v. gr. la
afectación de las pólizas de seguro, la constitución de víctima en procesos penales
con interés de reparación54, el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal, o
cualquier otro admisible para estos fines–.

97. Por las razones expuestas, la Sala debe abstenerse bajo el sub lite de emitir

pronunciamiento alguno en relación con las restituciones mutuas.

98. Finalmente, en lo que atañe a la expedición de la Ley 2195 de 2022, que
establece que “[c]uando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los
medios de control de reparación directa y de controversias contractuales y el daño
haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al
daño probado en el proceso, una multa al responsable de hasta 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta,
el grado de participación del demandado y su capacidad económica …”, resulta vital

50 En este sentido véanse, entre otras, la sentencia del 15 de diciembre de 2017, Rad.
76001233300020130016901 (50.045) de la Subsección C de esta Sección.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2023, C.P. Maria Adriana

Marín. Rad. 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2017, C.P.: Jaime

Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 76001-23-31-000-2007-01419-01 (55.102).
53 La sentencia 56.537 de esta Subsección atrás citada, precisó lo siguiente: “(…) se recuerda que el juez está

atado a lo que se demuestre en el proceso. Sin embargo, como, en apariencia, en este caso aconteció un acto
de corrupción, la decisión que la Sala adoptará no impedirá que en otro tipo de juicios se pruebe el pago y se
hagan las declaraciones y determinaciones a que haya lugar”.
54 El IDU se constituyó en víctima bajo el proceso penal Rad. 39831 que concluyó con la sentencia penal

SP14496-2017 del 27 de septiembre de 2017

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Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

indicar que si bien en el presente asunto la decisión de declarar la nulidad del
contrato estatal se fundó en providencias penales de la Corte Suprema de Justicia,
que tenían por sustento los actos de corrupción ya indicados, lo cierto es que la
sanción que crea esta ley no es aplicable al sub lite conforme al principio de
irretroactividad de la ley.

99. El aludido principio, aplicable con rigor en materia sancionatoria, hace parte de la

garantía al debido proceso que prescribe “nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa”; de modo que como los actos de
corrupción acá advertidos ocurrieron bajo el CCA, es decir con anterioridad a la
expedición y entrada en vigencia de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, no
procede su aplicación retroactiva, pues la preexistencia de la ley se refiere al hecho
generador del daño (conducta u omisión) y no al momento de expedición de la
sentencia, principio en el que confluyen otras garantías como la lex certa y lex
previa, que conforman el elemento de la tipicidad de las conductas bajo cualquier
ámbito de responsabilidad sancionatoria, tal como lo ha manifestado la
jurisprudencia constitucional55 de manera consistente e invariable.

100. Por lo todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo en torno a la
declaratoria de caducidad de las pretensiones de restablecimiento económico al
haber sido instauradas por fuera de la oportunidad legal; declarará de oficio la
nulidad del contrato de interventoría 093 de 2003 suscrito entre el IDU y el Consorcio
PRO-3, y confirmará la decisión de negar las demás pretensiones.

(iv) Costas

101. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado
por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

III. PARTE RESOLUTIVA

102. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 25 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, la que quedará de la siguiente manera:

“PRIMERO: DECLARAR la caducidad de las pretensiones resarcitorias, formuladas
en la demanda por los integrantes del Consorcio Urbano 2009 a título de
restablecimiento del derecho.

55 En la Sentencia C-386 de 1996 la Corte Constitucional indicó: “… uno de los principios esenciales en materia

sancionatoria es el de la tipicidad, según el cual las faltas disciplinarias no sólo deben estar descritas en norma
previa sino que, además, la sanción debe estar predeterminada”.

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Radicación: 25000232600020100060702 (68406)
Demandante: Diconsultoría S.A. y otros
Demandado: IDU y otro
Asunto: Controversias contractuales

SEGUNDO: DECLARAR de oficio la NULIDAD del contrato estatal IDU-093 de
2008, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: SIN LUGAR a restituciones mutuas.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho en esta instancia”

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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