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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02346-01

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02346-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 20 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su lugar: SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del otrosí No. 4 del contrato de concesión 071 de 2007, suscrito el 10 de febrero de 2014, por las razones señaladas en esta providencia. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención. CUARTO: CONDENAR en costas al Consorcio SIM, por ambas instancias, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primer grado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho en primera instancia se fijan en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($285.309.015) a cargo del Consorcio SIM y a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad, valor que será pagado por cada uno de sus miembros en los porcentajes de participación respectivos, así: (i) DATA TOOLS S.A. el 45%; (ii) QUIPUX S.A. el 10%; (iii) SITT y Cía. S.A.S. el 28,16%; y, (iv) SUITCO S.A. el 16,84. 55 La segunda pretensión principal de la demanda de reconvención fijó como valor de las pretensiones del Consorcio SIM la suma de $5.706.180.317, en caso de que se declarara la nulidad del otrosí 4, como efectivamente aconteció. Conforme a las normas vigentes al momento de instaurar la demanda -art. 152 y 157 de la Ley 1437 de 2011- las costas se calculan en consideración a la pretensión mayor. 32 Radicación: 25000233600020150234601 (62508) Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros Asunto: Controversias contractuales Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($57´061.803) a cargo del Consorcio SIM y a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad, valor que será pagado por cada uno de sus miembros en los porcentajes de participación respectivos, así: (i) DATA TOOLS S.A. el 45%; (ii) QUIPUX S.A. el 10%; (iii) SITT y Cía. S.A.S. el 28,16%; y, (iv) SUITCO S.A. el 16,84. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02346-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad -SIM- y Otros
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CONTRATO DE CONCESIÓN / CARACTERÍSTICAS RELEVANTES – negocio
financiero – alcance de la expresión “por cuenta y riesgo” del concesionario / CONTRATO
ADICIONAL – estudios de oportunidad y conveniencia / NULIDAD POR OBJETO ILÍCITO
conductas delictivas en la elaboración de los estudios previos / RESTITUCIONES MUTUAS
concepto – criterios para que procedan

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver los recursos interpuestos por las demandantes contra la sentencia de
primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

El objeto de la controversia en segunda instancia se contrae a determinar si se
configuró la nulidad absoluta del otrosí 4 del contrato de concesión 071 de 2007, y
definir los efectos que reclaman ambas partes, según corresponda.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la providencia del 20 de junio de 20181, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la que se adoptó la siguiente decisión (se
transcribe conforme obra):

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones tanto de la demanda con radicado 2015-2346 como
las contenidas en la demanda 2016-347, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención, de conformidad con
lo señalado en esta providencia.

TERCERO: NEGAR la objeción por error grave formulada por el apoderado del
CONSORCIO SIM, por las razones antes expuestas.

CUARTO: Sin condena en costas.

(…)”

2. La sentencia impugnada resolvió la controversia promovida por la Secretaría
Distrital de Movilidad -en adelante la Secretaría o SDM- mediante demanda

1 Folio 261 a 301 –ambas caras– del cuaderno ppal. de segunda instancia.

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

presentada el 13 de octubre de 2015, rad. 25000233600020150234600, al que se
acumuló el proceso con rad. No. 25000233600020160034700 2 que, con iguales
pretensiones, fue instaurado por la Procuraduría General de la República el 9 de
febrero de 2016. A su vez, dentro de este trámite, el Consorcio SIM presentó
demanda de reconvención.

Pretensiones

3. Corresponden a las siguientes (se transcribe literal):

Demanda SDM Demanda Procuraduría

“PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta del “PRIMERA: que se declare la nulidad
otrosí No. 4 suscrito el 10 de febrero de 2014 entre absoluta del Otrosí No. 4 suscrito el 10 de
la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. febrero de 2014 entre la Secretaría de
y el CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES Movilidad de Bogotá y el Consorcio
PARA LA MOVILIDAD “SIM”, por medio del cual Servicios Integrales para la Movilidad ´SIM´
se modificó el Contrato de Concesión No. 071 de por medio del cual se adicionó al Contrato
2007 por versar dicho otrosí sobre objeto ilícito y de Concesión No. 071 del 24 de diciembre
causa ilícita. de 2007, con la obligación del concesionario
de adelantar los estudios y construcción de
SEGUNDA: Que como consecuencia de la una bodega, y la adecuación y ampliación
anterior declaración, se ordene, en los términos del de la existente y como contraprestación la
Art. 1746 del C.C., se efectúen las restituciones prórroga del Contrato por seis (6) años
mutuas a las que hubiere lugar. adicionales, contados a partir de la fecha del
vencimiento del contrato inicial.
TERCERA: Que como consecuencia de lo
anterior, se ordene que el Contrato de Concesión SEGUNDA: Que como consecuencia de la
No. 071 de 2007 se ejecute en los términos en que declaración anterior, se ordene a la
se encontraba pactado previo a la suscripción del Secretaría de Movilidad del D.C., que el
Otrosí No. 4 de 2014. contrato de concesión se ejecute en los
términos en que se encontraba pactado
SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRINCIPAL: previo a la suscripción del otrosí No. 4 de
Que en el evento de no prosperar la pretensión 2014”.
primera, se revise la ecuación contractual del
Contrato de Concesión No. 071 de 2007
modificado por el Otrosí No. 4 de 2014, y que como
consecuencia de ello, se restablezca el equilibrio
económico del contrato de concesión 071 de 2007
a favor del Distrito Capital - Secretaría Distrital de
Movilidad”.

4. Pretensiones de la demanda de reconvención (transcripción literal)3:

“A. PRINCIPALES

PRIMERA: Que, en caso en que la jurisdicción contenciosa disponga la nulidad del Otrosí No. 4,
según la pretensión principal de la demanda presentada por la Secretaría de Movilidad, se declare
responsable a la demandada por las irregularidades cometidas en la suscripción del mismo.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la nulidad que se llegare a decretar se reconozca y pague
a la parte demandante en reconvención las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria de nulidad y que a la fecha asciendan a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS

2 Acumulación ordenada mediante auto del 27 de junio de 2016.
3 Demanda de reconvención visible a fls. 44 a 56 del c. ppal. 6. Reforma de la demanda de reconvención fls. 70

a 101 ib.

2

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
($5.706.180.317,oo) o la que se determine dentro del proceso, debidamente actualizada al momento
del pago, correspondiente a las inversiones realizadas por el Consorcio SIM en desarrollo del Otrosí
No. 44.

TERCERA: Que se condene en costas a la parte demandada.

CUARTA: Que se ordene que a la sentencia que ponga fin al presente proceso, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A. – Ley 1437 de 2011).

B. SUBSIDIARIAS

PRIMERA: Que se declare responsable a la demandada en reconvención por el incumplimiento y/o
retardo en la ejecución del Otrosí No. 4.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior y en cuanto dicho incumplimiento y/o retardo
implique la imposibilidad de ejecución total o parcial del objeto del contrato, se condene a la
demandada en reconvención a pagar a la demandante a título de indemnización, la suma de VEINTE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
($20.238.177.000,oo) o la que se determine dentro del proceso, debidamente actualizada al
momento del pago, correspondiente al lucro cesante como valor esperado del contrato 5.

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA SUBSIDIARIA

Que, como consecuencia de lo indicado en la pretensión primera, se condene a la demandada en
reconvención a pagar a la demandante a título de indemnización, la suma ($6.757.661.359,12) con
ocasión de los sobrecostos generados en el valor de las inversiones para la ejecución del objeto
contractual, las cuales debieron realizarse durante los años 2014 y 2015; lo anterior, sin perjuicio de
la variación que pueda sufrir dicho rubro en el tiempo, pues el valor real dependerá del momento en
el cual tenga lugar la ejecución de la inversión y deberá tener en cuenta variables como la inflación,
las cargas impositivas, el incremento salarial y los cambios en el precio del dólar entre otros factores. 6

TERCERA: Que se condene en costas a la parte demandada.

CUARTA: Que se ordene que a la sentencia que ponga fin al presente proceso, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo” y de lo
Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A. – Ley 1437 de 2011).

Hechos relevantes

5. La Secretaría Distrital de Movilidad suscribió con el Consorcio Servicios Integrales
para la Movilidad -SIM7- el contrato de concesión 071 de 2007, con el objeto de que
este último asumiera la prestación del servicio de registro distrital de automotores,
de conductores y de tarjetas de operación, por su cuenta y riesgo. El plazo de
ejecución fue de 8 años y 2 meses que culminaría el 29 de febrero de 2016.

4 Como soporte de esta pretensión, el demandante en reconvención señaló a pie de pág. que adjuntaba el

denominado “Peritazgo Demanda de Reconvención”, elaborado por la empresa Proyecta SAS.
5 Como soporte de esta pretensión, el demandante en reconvención señaló a pie de pág. que adjuntaba el

denominado “Peritazgo Demanda de Reconvención”, elaborado por la empresa Proyecta SAS.
6 Como soporte de esta pretensión, el demandante en reconvención señaló a pie de pág. que adjuntaba el

documento denominado “PRESUPUESTO DE OBRA Centro de gestión documental automotor de Bogotá y
Centro de Producción, elaborado por la empresa RWX Ingeniería SAS”
7 De acuerdo con el documento de constitución consorcial presentado a la licitación (fl. 26 del c. de p. 2) el

Consorcio SIM se integró por las sociedades Taborda Vélez & Cía. S en C. (44%), DATA TOOLS S.A. (45%),
CREATIVESOFT LTDA (1%) y QUIPUX S.A. (10%).
Posteriormente, mediante documento del 24 de enero de 2014 (fl. 93 a 98 del c. de p. 2) la SDM autorizó la
cesión de la posición contractual de las sociedades Taborda Vélez & Cía. S. en C. y CREATIVESOFT LTDA.,
en favor de SITT y Cía. S.A.S. y SUITCO S.A. quedando con las siguientes participaciones: (i) DATA TOOLS
S.A. con el 45%; (ii) QUIPUX S.A. con el 10%; (iii) SITT y Cía. S.A.S. con el 28,16%; y, (iv) SUITCO S.A. con el
16,84.

3

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

6. Entre las obligaciones que asumió el concesionario, de acuerdo con los pliegos,
se encontraba “presentar propuesta de reforma o alternativas al uso del edificio que
se destina por la entidad a la concesión, si las hubiere”, obligándose a realizar la
obra civil requerida “con el fin de conservar en esa edificación, el archivo físico”. En
tales términos presentó su alternativa de mejora, con límite de entrega el 6 de julio
de 2009, sin que a la presentación de la demanda se hubiera cumplido.

7. El 23 de diciembre de 2013 el contratista presentó propuesta para aumentar la
capacidad del archivo; para ello, propuso construir una bodega nueva por valor de
$20.000.470.397, y hacer la ampliación interna de la capacidad de la existente por
la suma de $8.449.549.277. Como contraprestación pidió la prórroga de la
concesión por 6 años adicionales.

8. El 15 de enero de 2014, el Secretario de Movilidad realizó invitación a algunas
empresas para presentar cotizaciones para la “Adecuación y Reforzamiento
Sísmico de la Bodega existente del Centro de Producción de SIM y la Construcción
de una bodega nueva para el Archivo de la Secretaría de la Movilidad”.

9. Mediante documento denominado “ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN, estudios de
conveniencia y oportunidad para la adición y prórroga del contrato de concesión No.
071 de 2007, por medio del cual se prestan los servicios administrativos del Registro
Distrital de Auto motores (sic)” de fecha 3 de febrero de 2014, el entonces Secretario
Distrital de Movilidad Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano, el asesor del despacho
Alexander Rincón Endes, y el Subdirector Administrativo William Quintero Duque,
firmaron la justificación para la celebración del otrosí 4 -sin aval de la interventoría-
suscrita el 10 de febrero siguiente, adicionando obligaciones que superaban el
contrato de concesión, quedando viciado por objeto y causa ilícitas.

10. La SDM adujo que la Fiscalía bajo la investigación 110016000102201400203,
suscribió acta de preacuerdo con el señor William Quintero Duque, por los delitos
de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal,
peculado por apropiación con reintegro, y contrato sin cumplimiento de los requisitos
legales -referido al otrosí No. 4 del contrato de concesión 071 de 2007-, y fue
condenado como responsable de las conductas punibles indicadas.

Fundamentos de derecho

11. Como fundamento de las pretensiones, se invocaron los artículos 6, 1519 y 1523
del C.C. Art. 24 -núm. 8-, 25, 26, 29, 30, 40 y 44 de la Ley 80 de 1993; art. 2 -núm.
1-, 5 de la Ley 1150 de 2007; art. 3 -núm. 2- de la Ley 1437 de 2011; art. 26 del
Decreto 1510 de 2013. También se aludió a los arts. 141, 164, 303 de la ley 1437
de 2011

Como causales de nulidad fueron invocadas las previstas en los numerales 2 y 3
del art. 44 de la Ley 80 de 1993 –la primera por cuanto el otrosí 4 adolece de
sustento técnico y financiero; y la segunda al haberse suscrito sin pasar por las
dependencias que según el manual de funciones debían participar y conceptuar–;
en subsidio se pidió el desequilibrio económico del contrato a favor de la SDM.

4

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

Contestación de la demanda

12. El Consorcio SIM se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que
desde los pliegos existió la necesidad de garantizar nuevos espacios para la
prestación del servicio, contemplando la obra civil respectiva. Invocó jurisprudencia
relacionada con la posibilidad de la Administración de variar las obligaciones del
concesionario para lograr el objeto contratado, e indicó que en este caso surgió la
necesidad de contar con una bodega nueva para el manejo del archivo dado que la
edificación entregada por la entidad pública carecía de una estructura que permitiera
hacer las mejoras propuestas. Así que el otrosí obedeció a una garantía del servicio.

13. Taborda Vélez y Creativesoft Ltda. indicaron que la omisión de la SDM de
tener planos y estudios para la obra civil prevista en los pliegos impidió el desarrollo
normal del contrato, y una vez conoció esas deficiencias (en 2009) lo informó a la
Administración; por lo que el otrosí fue una medida para garantizar la continuidad
del servicio, y es posible variar las condiciones contractuales con esos fines.

Agregó que (i) el otrosí 4 no superó el valor inicial del contrato, pues éste sólo puede
establecerse a su finalización; (ii) la SDM sí se beneficiaba de tal edificación en tanto
le permitiría contar con un Centro de Gestión Documental adecuado; y, (iiii) negó la
configuración de desequilibrio económico a favor de la SDM pues esta entidad no
aportó recursos, por el contrario, había recibido más de 360 mil millones.

14. SUITCO S.A., planteó los siguientes medios exceptivos bajo la premisa de la
inexistencia de nulidad absoluta del otrosí 4, ante: (i) la inexistencia de cargos de
nulidad, pues ningún argumento se desarrolla; (ii) no existe norma legal o
constitucional que prohíba su celebración; (iii) no existió violación al deber de
planeación, el que, en todo caso, no puede afectar al contratista, máxime que el
otrosí surgió por los incumplimientos de la SDM; (iv) ausencia de prueba de la
violación al deber de planeación por cuanto el informe pericial efectuado por la
Universidad Nacional no puede tenerse por tal; (v) no existió violación relevante del
deber de planeación -en caso de estimarse que la hubo-; (vi) no se desconoció el
régimen legal para la celebración de prórrogas a los contratos de concesión; (vii) no
se desconoció el régimen legal para la modificación de los contratos de concesión;
(viii) fue celebrado por funcionario competente; (ix) Imposibilidad de aplicar las
restituciones mutuas dada la naturaleza del contrato de concesión; (x) Imposibilidad
de aplicar las restituciones por la existencia de reglas especiales en el EGCAP ; (xi)
Inexistencia de ruptura del equilibrio económico del contrato, en tanto las partes
pactaron beneficios correlativos y no hay prueba de su ruptura.

Audiencia inicial

15. Ante la multiplicidad de intervinientes, indicó el Tribunal que la Secretaría
Distrital de Movilidad demandó al Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad
SIM y a las sociedades Taborda Vélez & Cía. S en C. y CREATIVESOFT LTDA; y
explicó lo siguiente (transcripción literal):

5

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

“De la lectura del acuerdo consorcial visible a folios 22 a 29 del cuaderno de pruebas número 2 del
expediente 2016-347, se logró establecer que el CONSORCIO SIM estaba integrado, inicialmente
por las siguientes sociedades:

• Data Tools S.A.
• Quipux S.A.
• Taborda Vélez CIA.
• Creativesoft Ltda.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2014, las sociedades Taborda Vélez CIA. y Creativesoft Ltda.
cedieron su posición contractual a las sociedades SITT Y CIA S.A.S y SUITCO S.A. (fl. 30 a 40 del
cuaderno de pruebas número 2 del Exp. 2016-347), quedando integrado finalmente así:

• Data Tools S.A.
• Quipux S.A.
• Sitt y CIA S.A.S
• Suitco S.A.

(…)”8

Alegatos en primera instancia – aspectos relevantes

16. Surtido el debate probatorio, al alegar de conclusión, la PGN reiteró los
fundamentos de la petición de nulidad del otrosí 4, insistiendo en que con éste (i) se
introdujeron cambios sustanciales al objeto de la concesión; (ii) se afectó el interés
de quienes acudieron a la licitación al modificar las condiciones de las propuestas;
(iii) el mismo pliego planteó la visita a las instalaciones y áreas de las mejoras y,
según el dictamen pericial de Natalia Vélez, entre las condiciones determinantes de
los problemas del inmueble destinado a la concesión, estaba la capacidad real de
la bodega y los factores de saturación; (iv) descartó que la situación del inmueble
fuera un hecho sobreviniente, menos aún, en tanto la ley de archivos era del año
2000; (v) enfatizó que en las bases de la licitación no se extrae la posibilidad de
construir una nueva edificación; (iv) insistió en que se tuviera en cuenta la sentencia
penal condenatoria del señor William Quintero Duque.

17. La SDM indicó que (i) el estudio realizado por la Universidad Nacional sobre el
otrosí 4 evidencia que la oferta del concesionario no permitía determinar el costo
real de la nueva obra, y los valores unitarios no correspondían a precios de mercado;
(ii) era errado el dictamen “Gestión documental y conservación de archivos” ya que
carece de datos técnicos, al no evaluar, p.ej., la conveniencia de adecuar las
instalaciones de la bodega existente, ni siquiera lo mencionó; (iii) remarcó la omisión
de tramitar el otrosí en las dependencias correspondientes; y ratificó los argumentos
de su demanda.

8 Para definir acerca de las intervenciones y representación judicial de las demandadas en dicha audiencia,

señaló: “(…) mediante documento privado suscrito el 30 de enero de 2014, las empresas integrantes del
Consorcio SIM autorizaron al señor Luis Octavio Caicedo Sánchez, como representante del consorcio (fl. 26 c.
4) (…) [quien] otorgó poder al abogado (…) para que asumiera la defensa y actuara en nombre del Consorcio
(fl.80 c.1) … el referido apoderado judicial actuará, por ende, en representación de las sociedades integrantes
del mismo, es decir, las sociedades Data Tools S.A., Quipux S.A., Sitt & CIA S.A.S. y Suitco S.A. (…) [y de otro
lado intervendrían] los apoderados de las empresas Taborda Vélez CIA y Creativesoft Ltda., sociedades que,
se reitera, ya no hacen parte del consorcio demandado”. Visible a folios 87 a 90 del c. ppal. 2.

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Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

18. Las sociedades Taborda Vélez y Cía. Ltda., Creativesoft Ltda. y Quipux
S.A.S. afirmaron la legalidad de la cesión de los derechos en el Consorcio SIM que
fue cuestionada en la demanda.

19. El Consorcio SIM, Data Tools S.A. y Sitt y Cía. S.A.S negaron que el otrosí
adoleciera de objeto ilícito pues lo contratado no estaba prohibido por la ley, ni
obedeció a un nuevo objeto contractual; y reiteraron su línea de defensa.

20. El Ministerio Público no rindió concepto.

Fundamentos de la providencia recurrida

21. En la sentencia9 el a quo se refirió, en primer lugar, a las diferencias entre la
jurisdicción contencioso administrativa y la penal, dado que en el fundamento de las
pretensiones se adujo la existencia de una sentencia penal en contra de William
Quintero Duque; señaló que este tipo de decisiones no pueden ser, por sí mismas,
fuente de responsabilidad en esta jurisdicción. De otra parte, aludió a la naturaleza
de los contratos de concesión como negocios jurídicos incompletos con vocación
de ser renegociados y modificados; y precisó que la modificación de los contratos
está prevista en los artículos 14 y 16 de la Ley 80.

22. En relación con los dictámenes periciales aportados al plenario, asignó valor
probatorio a los cuatro estudios elaborados por la firma Proyecta S.A.S., orientados
a emitir concepto financiero en torno a las obligaciones contraídas en el otrosí 4 y
estimación de la participación en las inversiones. Señaló que si bien dichos
documentos fueron suscritos por Claudia Raquel Neira, quien dijo insistentemente
no haber sido quien realizó tales pericias, indicó que ello no le resta mérito a la
prueba pues como representante legal de la empresa que los elaboró acudió a la
audiencia en tal calidad; precisó que el artículo 209 del CPACA prevé la posibilidad
de aportar dictámenes emitidos por instituciones, por lo que era válido dicho
dictamen.

Sobre la prueba pericial elaborada por la Universidad Nacional y aportada por la
SDM indicó que el estudio carecía de firma, de modo que al incumplir los requisitos
del art. 219 del CPACA y 226 del CGP no podía ser apreciado por el juez.

23. Al resolver los cargos de nulidad negó su configuración indicando lo siguiente:

(i) No hubo transgresión al principio de planeación, pues no era previsible el
incremento en el archivo que se presentó ante el aumento de la demanda de los
servicios concesionados, lo que llevó a suscribir el otrosí 4 de cara al hacinamiento
tanto del personal como de los registros físicos y, tratándose de una concesión, la
incapacidad de prever todos los eventos de su desarrollo permite su modificación.
(ii) Señaló que el otrosí 4 no alteró el objeto del contrato principal al incluir la
construcción de una nueva bodega, pues los pliegos contemplaron el componente
de “obra civil” relacionado con el archivo. Si bien la obligación inicial se refería a la

9 Folio 261 al 301 –ambas caras– c. ppal. de segunda instancia.

7

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

adecuación de una bodega existente, la construcción de una nueva era necesaria
para poder cumplir el objeto mismo del contrato y evitar la parálisis del servicio.

(iii) Desestimó la existencia de nulidad relacionada con la prohibición de adicionar
en más de un 50% el valor del contrato estatal, ya que en contratos de concesión
éste es indeterminado. En todo caso, el valor de los servicios prestados desde el
año 2008 hasta la celebración del otrosí 4 ascendía a una suma superior a los 444
mil millones de pesos, y al aplicar el porcentaje de recaudo a favor del contratista -
50% como remuneración- tal cifra superaba el de las obligaciones contraídas: (a)
construcción de nueva bodega por 20.000 mil millones; y, (b) adecuación de la
existente por 8.500 millones.

(iv) Al quedar establecida la necesidad de suscribir el otrosí 4 para evitar la parálisis
del servicio no podía configurarse una desviación de poder, pues este vicio implica
que el funcionario actúe con fines diversos a los fijados en la ley, y en la modificación
quedó plasmada la necesidad por parte de la SDM de “incrementar la capacidad de
las instalaciones destinadas al archivo de los Registros Distritales Automotor, de
Conductores y de Tarjetas de Operación”, siendo un fin acorde con la ley.

(v) Negó la pretensión subsidiaria de restablecimiento del equilibrio económico
planteada por la SDM, indicando que en las concesiones la relación económica de
las partes se define por la proyección de los recursos obtenidos durante el contrato.
Agregó que la ampliación del plazo no implicó la ruptura del equilibrio económico,
pues fue la forma de retribuir las obligaciones del otrosí 4, y como no hubo
erogaciones económicas por parte del Distrito ni se modificó su porcentaje de
participación, no hubo ninguna afectación grave del contrato.

(vi) Sobre la demanda de reconvención presentada por el consorcio SIM, en la que
pidió que en caso de prosperar la pretensión de nulidad del otrosí 4 se declarara
responsable a la SDM de los vicios que fundaran tal decisión, negó su prosperidad
ante la determinación de validez del otrosí demandado.

(vii) Finalmente, descartó la objeción por error grave formulada por el Consocio SIM
contra el dictamen para la definición del desequilibrio financiero aducido por la SDM,
al no haber probado la gravedad de las inconsistencias aducidas, y tratarse sólo del
desacuerdo del objetante con las conclusiones del perito.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Síntesis de los recursos de apelación:

24. El instaurado por el Ministerio Público10.

Atacó la sentencia de primer grado por: 1) inapropiada valoración probatoria; y, 2)
indebida aplicación normativa. A partir de allí, insistió en la nulidad del otrosí
demandado.

10 Fls. 322 a 345 del c. ppal. de segunda instancia

8

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

1) Inapropiada valoración probatoria. Basado en los siguientes argumentos:

(i) Se aparta de la conclusión del a quo de que el incremento excesivo de la
documentación justificó la celebración de otrosí 4, pues los problemas del inmueble
originalmente destinado al archivo se relacionaban con la capacidad real de la
bodega y factores de saturación; así que no existió un evento sobreviniente como
lo planteó el Tribunal. Subraya que los oferentes conocieron las condiciones del
inmueble y para la adecuación debían considerar, a su vez, la ley general de
archivos vigente -Ley 594 de 2000 y normas concordantes-.

(ii) Se opone a la existencia de “riesgo de parálisis en la prestación del servicio
público” como sustento de la modificación, pues las pruebas muestran lo contrario.

(iii) Considera un yerro del a quo equiparar una obra nueva como la incluida en el
otrosí 4 con las obras de mejoramiento indicadas en el pliego pues, bajo este último,
el concesionario se obligó a ampliar las instalaciones de la SDM y conservar en esa
edificación el total del archivo físico, por lo que no estaba autorizado para construir
una nueva edificación, variando la esencia del negocio.

(iv) Falta de análisis del desequilibrio congénito del otrosí No. 4 frente al contrato.
Censura que el Tribunal negara la pretensión subsidiaria de desequilibrio económico
planteada por la SDM, pues era suficiente constatar que la distribución de ingresos
de la concesión se hubiera respetado en el otrosí (50% para cada parte). Afirma que
el otrosí se fundó en supuestos falsos que afectaron el patrimonio público y las
pruebas evidencian que la estructuración financiera que lo precedió es irrazonable
y que su documento de justificación fue suscrito por el Subdirector Administrativo
de la SDM Sr. William Quintero Duque, condenado, entre otros, por los delitos de
falsedad material en documento público y peculado por apropiación con reintegro,
quien para ocupar dicho cargo aportó títulos profesionales falsos.

(v) Bajo el cargo de indebida interpretación del valor del contrato y del monto
adicionado, plantea que el Tribunal erró al señalar que no se violaron los topes de
las adiciones en más de un 50%, pues no es lógico que para estimar el valor del
contrato de concesión 071 el Tribunal hubiera considerado el valor de los servicios
prestados, pero para el otrosí No. 4 tomara el de las obras pactadas.

(vi) Indebida interpretación del alcance de las decisiones disciplinarias. Cuestiona
que el a quo confunda que se trata de 2 tipos distintos de responsabilidad, e ignore
que el juez contencioso administrativo no está atado a lo decidido en ese escenario.

2) Indebida aplicación normativa

Reprocha que el Tribunal analizara la modificación del contrato bajo los arts. 14 y
16 de la Ley 80 de 1993, pues éstos refieren al ius variandi, no aplicable a este caso;
además, un otrosí no es la vía para sanear vicios de origen, ni enmendar la falta de
diligencia del contratista, tampoco para cambiar el objeto del contrato.

9

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

3) Finalmente pidió al juez, de oficio, considerar el material probatorio del proceso
penal seguido contra los señores Rafael Rodríguez y Alexander Rincón Endes, que
también suscribieron los estudios de conveniencia del otrosí 4 como funcionarios de
la SDM, pues el 28 de agosto de 2017 les fue impuesta medida de aseguramiento
como presuntos autores de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, en relación con el otrosí aquí cuestionado.

25. El instaurado por el Consorcio SIM11

(i) Centra su inconformidad en que el a quo dejó de pronunciarse respecto de las
pretensiones subsidiarias planteadas en la demanda de reconvención. Precisa que
el objeto del otrosí 4 consistió en la realización de estudios técnicos y construcción
de una bodega en el lote ubicado la calle 64 C No. 92-20, pero dicha labor no pudo
ejecutarse pues ese inmueble estaba afectado con un contrato de comodato; tales
demoras, superadas hasta diciembre de 2015, generaron el desequilibrio aducido.

(ii) Cuestiona la decisión de negar la objeción por error grave formulada contra el
dictamen pericial pues existen fallas protuberantes que alteran sus valores: (a) yerro
en la escogencia del objeto y variables analizadas; (b) haber omitido que el riesgo
de demanda se asignó al contratista; y (c) carecer de un estudio de mercado.

26. Apelación Adhesiva de la Secretaría Distrital de Movilidad12

(i) Indebida valoración probatoria respecto de los dictámenes periciales de Proyecta
S.A.S. y de la Universidad Nacional. Sobre el primero, señala que su representante
legal manifestó en audiencia no tener conocimiento de las conclusiones, contenido,
ni metodología del dictamen; y al no conocer lo que firmó, el dictamen carece de
validez por vulnerar el art. 219 del CPACA.

Respecto del segundo -descartado por falta de firma- señala que su examen de
admisibilidad se realizó con el decreto de la prueba, con citación del perito Jorge
Iván González Borrero; y no es cierto que carezca de firma, pues tal encargo se
desarrolló bajo un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional y cada
capítulo entregado fue rubricado; además al radicarse en la SDM fue firmado por
sus Codirectores, entre ellos el perito González Borrero quien asistió a la audiencia
y fue ampliamente interrogado; por ello sorprendió la decisión del Tribunal de excluir
en la sentencia esa prueba.

(ii) Afirma que quedó probada la causal de nulidad del otrosí 4 al haberse celebrado
“contra expresa prohibición legal”; y el dictamen descartado por el a quo, probaba
que el otrosí carecía de soportes técnicos y financieros, que la información del
consorcio impedía definir el costo real de la obra, que sus valores unitarios no
correspondían a precios de mercado, lo cual obra en documentos que adolecen de
valoración y evidencian que los supuestos utilizados por la Universidad Nacional
acreditan tales deficiencias.

11 Fls. 346 a 385 del c. ppal. de segunda instancia
12 Fl. 524 a 595 del c. ppal. de segunda instancia

10

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

(iii) Que el “abuso o desviación de poder” se acreditó: (a) con la omisión de solicitar
a las dependencias competentes los conceptos respectivos; (b) aprobando el otrosí
sin considerar el manual de contratación; (c) con el preacuerdo suscrito por el
Subdirector Administrativo de la SDM (rad. 110016000102201400203) siendo
condenado por falsedad en documento público, peculado por apropiación y contrato
sin cumplimiento de requisitos legales; (d) el Consorcio SIM conocía las falencias
de los análisis de oportunidad y conveniencia, y aun así celebró dicho otrosí; (e) las
obras que adicionó no eran necesarias para la adecuada prestación del servicio; y
(e) la sentencia omitió valorar el dictamen financiero del perito Carlos Mario Arango.

(iv) “Indebida interpretación en la sentencia del valor del contrato y del monto
adicionado” pues no es admisible que para analizar el valor máximo a adicionar se
partiera de la remuneración por los servicios de registro automotor prestados (más
de 440 mil millones) como referente del valor de las obras adicionadas.

Trámite de segunda instancia

27. En la etapa de alegatos de conclusión, las demandantes -Procuraduría General
de la Nación13 y SDM14- reiteraron los argumentos de sus recursos de apelación.

28. El consorcio SIM15 remarcó en la legalidad del otrosí 4 y se opuso a todos los
cargos de la apelación. Insistió en la vulneración al debido proceso pues la PGN
participó a través de dos partes: (i) demandante (y ahora apelante), careciendo de
legitimidad para actuar por cuanto la SDM había demandado por las mismas causas
4 meses antes, siendo subsidiaria su facultad; y, (ii) como Ministerio Público, calidad
bajo la cual guardó silencio en sede de apelación. Afirma que la Procuraduría no
podía apoyar por activa la causa de una de las partes, pues la SDM ya defendía sus
intereses en juicio; y pide que el recurso se declare inexistente.

SUITCO S.A.16 insistió en la legalidad del otrosí 4 y negó la deviación de poder.

29. El Ministerio Público, a través de su agente especial, emitió concepto17 pidiendo
revocar la sentencia apelada y declarar la nulidad del otrosí 4 al encontrar que su
objeto desnaturalizó el de la concesión al referirse a la construcción de una nueva
edificación. Agregó que el a quo pasó por alto la sentencia penal condenatoria de
uno de los funcionarios que justificó la celebración del otrosí 4, quien admitió la
comisión de delitos de diverso tipo, entre ellos, el de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, vinculado directamente al citado otrosí.

III. CONSIDERACIONES

Objeto del recurso de apelación

13 Fl. 782 a 793 del c. ppal. de segunda instancia
14 Fl. 632 a 662 del c. ppal. de segunda instancia
15 Fl. 663 a 781 del c. ppal. de segunda instancia
16 Fl. 794 a 811 del c. ppal. de segunda instancia
17 Fl. 813 a 835 del c. ppal. de segunda instancia

11

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

30. Un problema jurídico concentra la atención de la Sala, y es el atinente a
establecer si existen deficiencias de interpretación legal y probatorias en la
determinación del Tribunal de negar la nulidad del otrosí 4 que conduzcan a su
revocatoria; de allí, y conforme al curso de la decisión, se pasará a definir las
peticiones declarativas e indemnizatorias planteadas por las partes, según
corresponda.

Motivación de la sentencia

• Aspecto preliminar

31. En los alegatos de segunda instancia, el Consorcio SIM cuestionó la legitimación
de la PGN como demandante (y apelante) en esta causa, con iguales argumentos
que los formulados al oponerse a la admisión del recurso de apelación de ese
organismo de control –porque la SDM ya había presentado demanda en este
asunto–. Con el fin de dejar a salvo el pronunciamiento que sobre este presupuesto
efectuó la Subsección, se recuerda que mediante auto del 26 de noviembre de
201818 analizó tales reproches, los halló infundados y admitió los recursos de
alzada, incluyendo el de la PGN.

32. En esa decisión la Sala indicó que el Ministerio Público goza de la calidad de
sujeto procesal, con total independencia y autonomía, en defensa de los intereses
jurídicos superiores establecidos por la Constitución y la ley, y conforme al artículo
303 del CPACA puede “actuar como demandante o como sujeto procesal especial
y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales …”, además podrá
pedir “que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales ...”, sin que en
este momento existan argumentos que lleven a variar la conclusión de su
admisibilidad.

• El contrato de concesión

33. La plataforma de este análisis impone acudir a la naturaleza jurídica y noción
del contrato estatal de concesión, que a voces del art. 32 de la Ley 80 de 1993 es
aquel cuyo objeto es otorgar al “concesionario la prestación, operación, explotación,
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción,
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio
o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de
una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o
en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma
periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestación que las partes acuerden”.

18 Fl. 610 a 612 del c. c. ppal. de segunda instancia

12

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
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Asunto: Controversias contractuales

34. Numerosos elementos afloran de esta definición legal, pero para el caso que
ocupa la atención de la Sala se resalta de este modelo negocial la nota característica
de que el contratista asume por su cuenta y riesgo la realización del objeto
concesionado.

La expresión indicada llena de contenido esta tipología contractual y significa, de
una parte, que el contratista se encarga de la consecución de los recursos
económicos según la relación equity/deuda que defina en su modelo financiero (con
aporte de recursos propios / o de recursos de financiamiento, o de ambas clases)
bajo análisis de predicción de rendimientos y de recuperación de su inversión. Y de
otra, que al obtener el derecho económico de explotación y definir conforme a su
expertice la ruta de ejecución, asume el riesgo del éxito o fracaso de su desarrollo,
como regla general.

35. Por sus características más destacadas el rol del concesionario se concibe como
el sujeto que adquiere la calidad de “dueño del proyecto” -sin perjuicio de que la
concesión se ejecuta “bajo la vigilancia y control de la entidad concedente” art. 32
ib.- y, por ende, asume los riesgos técnicos y operativos asociados a esta condición
como -en particular- la responsabilidad de realizar su cierre financiero. En este
sentido, el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital
necesarios para la ejecución del objeto acordado, y para ello definirá las formas de
financiamiento que le permiten establecer la estructura concesional –v.gr., si ésta
se basa en el modelo de project finance el financiamiento se respalda con los
mismos recursos que genera el proyecto (flujos de caja y activos); también existen
modelos de endeudamiento en los que se ofrecen garantías con activos de los
inversionistas en orden a obtener dicho cierre–.

36. Esta especial connotación ha llevado a calificar al contrato de concesión como
un negocio financiero. En esencia, corresponde a un vehículo de atracción de la
inversión privada del cual se sirve el Estado para el cumplimiento de algunos de sus
fines ante la escasez de recursos públicos, de forma que las grandes inversiones
que traen consigo los contratos de concesión tienen como eje fundamental la
relación entre el monto de los recursos privados comprometidos para cumplir el
objeto y la dinámica de recuperación o retorno de lo invertido en un determinado
plazo.

37. La trascendencia de esta tipología negocial es innegable, en la medida que la
explotación del bien, obra o servicio público se concede por un periodo prolongado,
de modo que se genera una relación de mediano y largo plazo en la que cobra
importancia superlativa el modelo financiero atado al principio de buena fe
contractual para el cumplimiento del cometido público y en unos precisos límites
temporales. Ello es así, pues en ese escenario entran en juego principios como la
libertad de empresa, la libre concurrencia, la selección objetiva, entre otros, que
están presentes tanto al momento de contratar como en caso de justificar una
prórroga; entonces, como se viene indicando, el plazo en estos negocios
financieros, más que una medida tiempo, se constituye directamente en elemento
central de la fórmula de balance y remuneración acordada por las partes.

13

Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

38. Es necesario subrayar que la responsabilidad técnica, financiera y operativa
inherente a este arquetipo contractual enlaza múltiples variables del mismo orden,
las que, a su turno, establecen el delicado equilibrio que debe existir entre los
diversos conceptos y partícipes del esquema concesional según la obra o servicio
público de que se trate (v. gr. como ocurre respecto a los usuarios del bien o servicio
y el riesgo de demanda asociado-; las tarifas y su valor, con incidencia en los
ingresos y egresos del proyecto; otros partícipes como los financiadores o
acreedores y su reflejo en el pago del servicio a la deuda, por ejemplificar algunos
de ellos).

39. Lo anotado revela la importancia de definir con la máxima diligencia los estudios
y bases financieras, técnicas y operativas que justifiquen la función jurídico -
económica que se pretende con el contrato de concesión respectivo, análisis sin los
cuales no es posible sustentar la escogencia de este instrumento negocial. Lo propio
se predica de la adición de actividades al objeto de una concesión, pues no sólo se
debe cumplir el criterio de necesidad que impone la norma, sino que el impacto en
la relación inter partes y respecto de los sujetos que participan de esa estructura,
reclama que tal modificación se justifique en alcance y plazo, pues con ella se
materializa y fundamenta la prolongación del derecho del particular a explotar una
actividad del Estado.

40. De allí que los análisis que sustentan la concesión son definitivos y definitorios,
en el entendido que se trata de las bases que sustentan la necesidad que se busca
satisfacer con el contrato y expresan las razones que justifican la escogencia de
este tipo negocial y no de otro. Esta premisa, ineludible en la generalidad de los
contratos estatales, es destacada por la Sala dada su puntual relevancia en el caso
concreto, pues no sólo obra como fundamento del negocio jurídico sino que
demarca los linderos del objeto concesionado, con la pretensión de evitar que en su
ejecución el contrato se torne receptor de todo y cualquier tipo de agregado ajeno a
su esencia o naturaleza, o incluso se utilice para eludir los procedimientos de
selección de contratistas.

41. Por ello, el legislador estableció que la elaboración de los estudios previos
corresponde a una obligación que debe ser observada en todos los procesos de
selección, por regla general, como surge de lo dispuesto en los numerales 7 y 1219
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; y la característica que califica a los contratos
de concesión como negocios incompletos no obra como excepción a dicha regla, ni
tampoco a aquella que justifica que la modificación de los contratos estatales sólo
ocurra bajo determinadas hipótesis y realidades. Habrá de decirse que si bien estos
contratos son mayormente susceptibles de ser modificados -lo que se justifica en
los plazos amplios en que generalmente se celebran- esa relativa flexibilidad no

19 Artículo 25. (…)

“7. La conveniencia o inconveniencia del objeto por contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se
analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contrato o de su firma, según el
caso”.
“12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los
pliegos de condiciones, según corresponda.

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Asunto: Controversias contractuales

autoriza a desatender, por inexistente o insuficiente, el imperativo de elaboración de
estudios previos.

42. En precisión de lo dicho, la connotación de corresponder a un negocio
incompleto no hace referencia a un déficit de estudios previos, sino que debe leerse
en clave del objeto mismo del negocio y en perspectiva de la necesidad que busca
satisfacer el Estado; por ende, las actividades por completar en la ejecución del
proyecto, que por lo mismo no estarían inscritas en los documentos que preceden
al contrato, están relacionadas con: (i) la asimetría en la información original del
proyecto, situación que se maneja mediante fases de prefactibilidad y obra como
parte del desafío del contrato, y por ello no se pueden prever sus contingencias; (ii)
las nuevas exigencias que imprime el paso del tiempo, v. gr. cambios científicos,
técnicos o sociales; o (iii) circunstancias extraordinarias no previsibles20.

43. Así las cosas, la regla atinente al cumplimiento de los estudios previos es un
imperativo de orden público, que por su finalidad jurídico-económica y expresión del
ejercicio de la función administrativa en la esfera contractual (art. 209 de la C.P.) es
una exigencia predicable a la celebración de contratos adicionales, como el que
ahora es objeto de examen.

• Análisis del caso

44. La parte demandante insiste en que se configuraron los vicios por objeto ilícito
y desviación de poder, conforme a las razones expuestas al precisar los
fundamentos de la impugnación (núm. 24 y 26 de esta providencia) por ello, ataca
la decisión del a quo de negar su configuración.

45. La cláusula primera del contrato de concesión 071 suscrito el 14 de diciembre
de 200721 establece:

“Por el presente contrato EL CONCESIONARIO asume por su cuenta y riesgo la prestación
de los servicios administrativos de los registros distrital automotor, de conductores y tarjetas
de operación para la Secretaría Distrital de Movilidad; de conformidad con las
especificaciones que se relacionan en los estudios previos de oportunidad y conveniencia,
el pliego de condiciones de la Licitación Pública SDM-LP-006-2007, sus adendas, la
propuesta presentada por el concesionario y la naturaleza del servicio” .

A su vez, la cláusula segunda relativa a las obligaciones del concesionario incluye
también aquellas señaladas en el reglamento de la concesión.

46. Para la realización de su objeto, el plazo se pactó en ocho (8) años y dos (2)
meses22, que se desarrollaría en 3 etapas:

(i) Montaje -dos meses máximo- en el que se haría la contratación y entrenamiento
de personal, capacitación y pruebas en el uso del software de solución específica
que se entregaría a título de licencia de uso o montaje, pruebas de la solución

20 Al respecto ver, Consejo de Estado Rad. 11001-03-06-000-2009-00033-00, Sala de Consulta y Servicio Civil,

13 de agosto de 2009. Corte Constitucional, sentencia C-300 del 25 de abril de 2012.
21 Contrato visible a fls. 114 a 125 del c. de p. 1
22 Ídem, cláusula quinta.

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implantada para ese fin, contratación de la entidad financiera recaudadora, conexión
a los sistemas de información del Código Nacional de Tránsito para la realización
de trámites, inventario de las carpetas físicas del registro automotor, pruebas para
la implementación de la solución biométrica propuesta y adecuación de 12 sedes
de atención al usuario.

(ii) Adecuación -seis meses- inicio de atención al público en las sedes, inicio del
recaudo y de las transferencias de participación a la SDM, inicio de servicios con
solución biométrica propuesta para el servicio de registro automotor y pruebas para
la implementación en otros servicios del registro automotor, y plan de medios para
divulgar las nuevas condiciones de la prestación de servicio.

(iii) Operación Plena -siete años y seis meses- que incluyó: servicios con solución
biométrica para la totalidad del registro automotor y provisión de pruebas y montaje
de la infraestructura de renovación tecnológica en hardware para su
implementación. A partir del segundo año, luego de culminada la fase de montaje,
el concesionario se obligaba a renovar todo el parque computacional de hardware
con las mejores especificaciones, correspondiendo a tectología de punta, y cada
tres años debía hacer esta misma renovación; con la obligación de revertir el último
parque computacional a favor de la SDM.

47. La cláusula octava del contrato precisó que “[d]ada la tipología contractual, la
cual obedece a una concesión de servicios, el valor del contrato es indeterminado
pero determinable”. Seguidamente, por el tipo de concesión, se acordaron
indicadores de servicio para medir su adecuada y efectiva prestación bajo criterios
de calidad, continuidad y oportunidad (cláusula décima); y en la cláusula vigésima
novena se pactó la obligación de reversión respecto de los inventarios de equipos,
infraestructura, software, manuales y demás bienes requeridos para la ejecución.

48. Por el objeto y obligaciones acordadas, en los pliegos de la licitación se exigió
que los proponentes acreditaran la siguiente experiencia mínima:

“4.3.3. Experiencia
Los proponentes deberán haber prestado en los últimos dos (2) años, servicios de
procesamiento de información con atención al usuario con no menos de un millón doscientos
mil transacciones por año que incluyan:
a. Entrega de documentos a usuarios, y
b. Haber puesto en funcionamiento un proyecto de solución de sistemas de información
con comunicaciones a no menos de ocho (8) puntos remotos.

La experiencia sería certificada por la entidad pública a la que se hubieran prestado
los servicios, y “si quien certifica es entidad privada deberá acompañar certificado
de un auditor de sistemas (…)”23 (se subraya).

49. En el reglamento de la concesión24 -anexo 1 del pliego de la licitación y
documento parte del contrato- se estableció el inventario de entrega de los bienes
afectos a la concesión:

23 Fl. 29 del c. de p. 17.
24 Fl. 58 a 83 ib.

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Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad y Otro
Demandado: Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad y Otros
Asunto: Controversias contractuales

“INVENTARIO DE ENTREGA
(...)
Al momento del inicio de la fase de adecuación se suscribirá por parte del concesionario, el
inventario de recibo de entrega de los siguientes bienes:

4.1. Edificio situado en la Calle 64 A No. 92-38 (Álamos) en Bogotá D.C. Su uso será positivo
para el área de producción del contrato, y no podrán ubicarse en él áreas diferentes a la de
producción, interventoría y archivo. Este edificio se entrega en arrendamiento para lo cual
se cancelará un canon mensual que ha sido incluido dentro de la estimación de costos de
acuerdo con la minuta anexa.

4.2. SOFTWARE DE SOLUCIÓN CIENTÍFICA DE TRÁMITES DE TRÁNSITO
DENOMINADO Qx Tránsito Versión 0.5.0.0.0. a 5.2.6.0.0 que se entrega a título de licencia
de uso al concesionario, por lo que le queda prohibido a este venderlo, alquilarlo, exhibirlo,
extractarlo, adicionarlo o en general, realizar actuación diferente a la permitida al usuario en
los manuales que se entregarán al momento del inicio del periodo de adecuación (…)

4.3. LICENCIAS DE USO DE BASE DE DATOS ORACLE 9.i.9.2.0.6.

4.4. LICENCIAS DE USO DEL SISTEMA OPERATIVO Unix Aix Versión 5.3.

4.5 HARDWARE COMPUTACIONAL: según anexo al pliego de condiciones”.25

50. Puntualmente, en el núm. 8.3 (sic) del citado reglamento, se dispuso lo siguiente
en relación con la obra civil:

“OBRA CIVIL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DESTINADAS A LA
CONCESIÓN”

El concesionario deberá realizar en el segundo año de la fase de ejecución, obra civil para
ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría a la concesión, con el fin de conservar
en esa edificación, el total del archivo físico, previo el siguiente trámite:

1. Presentación de planos y aprobación por la interventoría al tercer (3er) mes de la fase
de adecuación.
2. Obtención de las licencias de urbanismo, si fuera el caso
3. Construcción de obra civil (plazo máximo de seis (6) meses a partir del otorgamiento de
la licencia).
4. Entrega e inventario en acta con suscripción de la Subsecretaría de Servicios de
Movilidad y de la intervención del contrato.
5. Constitución de garantía de estabilidad de la obra por al menos cinco (5) años.

La anterior mejora, como toda otra que se realice sobre ese inmueble, será revertida a la
Secretaría al final del plazo contractual, sin necesidad de reconocimiento alguno para el
contratista.

En la primera planta se concentrará todo el archivo físico del registro automotor, y las áreas
de producción se concentrarán en la segunda planta, junto con el espacio destinado a
interventoría del contrato.

Toda instalación destinada al contrato debe contar con sistemas de vigilancia y de protección
contra incendios”26
51. La Sala evidencia que este contrato corresponde en esencia y naturaleza a
una concesión de servicios para el registro de diversos trámites de tránsito y
movilidad, cuyas obligaciones principales, en consecuencia, están concebidas en

25 A su turno, en relación con las disposiciones relativas a los equipos el Concesionario se obligó según la regla

fijada en el numeral 7.2.2 a que “en caso de aumentos en la cantidad de solicitudes de trámites por parte de los
usuarios, o por necesidades específicas de los servicios, el Concesionario deberá aumentar por su cuenta el
equipo a utilizar con el fin de que los servicios continúen prestándose eficientemente, debiendo informar
previamente al interventor (…)” Fl. 65, anverso, ídem.
26 Fl. 68 ib.

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función del cubrimiento de la operación tecnológica y de recaudo requerida para su
explotación; de ello dan cuenta sus prestaciones características las cuales están
focalizadas en la disposición y manejo de herramientas en sistemas asociados al
software de solución científica, implementación de la solución biométrica, licencias
de uso de bases de datos y sistemas operativos, e infraestructura de renovación
tecnológica en hardware, al lado de las cuales se acompañan obligaciones
accesorias para el cumplimiento de esa prestación central.

52. Para la ejecución del contrato, la entidad pública hizo entrega de algunos
bienes, entre ellos el edificio ubicado en la calle 64 A No. 92-38 de Bogotá,
edificación en la cual se debían realizar unas adecuaciones, de modo que el objeto
de esa prestación se circunscribía a la obra civil relacionada con las actividades de
mejora del inmueble. Esto se confirma, a su vez, en el texto mismo del contrato en
el que se expresó como causa o razón de convenir aquella obligación la necesidad
de “ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría a la concesión, con el fin
de conservar en esa edificación el total del archivo físico” (se subraya).

53. La lógica de la anotada prestación es consistente con los requisitos de
experiencia mínima que la entidad exigió a los entonces proponentes dentro del
respectivo proceso de selección, al exigirles haber prestado “en los últimos dos (2)
años, servicios de procesamiento de información con atención al usuario con no
menos de un millón doscientos mil transacciones”, lo que revela que las obras civiles
pactadas sólo podían corresponder a mejoras y adecuaciones del archivo físico.

54. Desde ahora, la Sala advierte que no hay otro entendimiento respecto al alcance
de esta prestación pues la construcción de una nueva edificación escapa al objeto
y obligaciones principales pactadas bajo el contrato de concesión 071 de 2007 -o
ello habría tenido incidencia en la determinación de los requisitos de experiencia
exigida para constatar las calidades del contratista en la selección de la mejor
propuesta-. En otras palabras, la obra civil acordada no se definió de manera
genérica -como si fuera cualquiera de las formas que puede revestir una obra- sino
que su alcance se determinó a partir de las estipulaciones contractuales que
estaban circunscritas a actividades de mejora o adecuación, sin argumento que
sostenga de manera alguna que el operador de tecnologías, software y registros
asumiera como constructor de una edificación nueva.

55. Apartado de los límites del contrato de concesión y de sus bases, el 10 de
febrero de 2014, a través del otrosí No. 4 fue suscrito el contrato adicional mediante
el cual se agregaron las siguientes obligaciones al alcance de la concesión
(trascripción literal):

“1. Primero.- Modifíquese la Cláusula Segunda del Contrato 071 de 2007 adicionando las
siguientes obligaciones al clausulado original:

o Obligación adicional Uno: El Concesionario se obliga para con la Secretaría de Movilidad
de Bogotá D.C., a adelantar los estudios técnicos y realizar la construcción de una nueva
bodega sobre el lote ubicado en la calle 64 c No. 92-20 , en la ciudad de Bogotá D.C.,
con un área de 3.360 metros cuadrados que cumpla y se adecúe con las
especificaciones técnicas de construcción y con las solicitudes de la legislación actual
en materia de almacenamiento y manejo de archivos como lo son la Ley 594 de 2000 y
los acuerdos 049 de 2000 y 037 de 2002 del Archivo General de la Nación, entre otros.

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o Obligación adicional Dos: El Concesionario se obliga para con la Secretaría de Movilidad
de Bogotá D.C., a adelantar la adecuación y ampliación de la bodega existente buscando
que cumpla con las solicitudes del código sismo resistente, las del acuerdo 037 y 049
expedidos por el Archivo General de la Nación y una óptima redistribución del espacio
físico.

2. Modifíquese la Cláusula Quinta del Contrato 071 de 2007, prorrogando el plazo de
ejecución actualmente pactado de 8 años y dos meses, en seis (6) años más, contados
a partir de la terminación del plazo de ejecución original.

Tercero.- Modifíquese la cláusula décima octava adicionando el literal f) así:

“f) El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la Secretaría de Movilidad de
Bogotá D.C., de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo
de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al contratista (…)

Cuarto.- Las partes modifican y sustituyen el Reglamento de la Concesión, documento
que forma parte integral de este documento a fin de incorporar las obligaciones aquí
pactadas e introducir las reglas que conduzcan amejorar la gestión total en cabeza del
Concesionario (…)

Quinto.- el presente acuerdo hace parte integral del contrato de concesión 071 de 2007
suscrito entre las partes y modifica las cláusulas que expresamente aquí se señalan
(…)”.

56. En relación con este otrosí, tres aspectos centrales llaman la atención de la Sala:
(i) la adición introdujo la obligación de construir una nueva edificación; (ii) incluyó la
denominada “Obligación adicional Dos” que ya existía en el contrato original; y (iii)
estipuló un plazo adicional de seis (6) años, que extendía la explotación concedida
en un 75% del término original.

57. Antes de analizar estos puntos, en un ejercicio de causa y efecto, la Sala debe
detenerse en la sentencia penal que halló configurado, entre otros, el delito de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales respecto de la suscripción del otrosí
4 al citado contrato de concesión -aportada por la Secretaria Distrital de Movilidad
en su demanda (fls. 313 a 337 del c. de p. 17).

58. Dicho fallo condenatorio, proferido el 15 de septiembre de 2015 por el Juzgado
24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, tuvo como fundamento la
suscripción de un preacuerdo27 entre la Fiscalía General de la Nación y el Sr. William
Quintero Duque -quien para la época de celebración del otrosí No. 4 fungió como
Subdirector Administrativo de la Secretaría Distrital de Movilidad y suscribió los
estudios de conveniencia y oportunidad que justificaban su celebración-; el
mencionado señor aceptó los cargos que aquella le imputó, no sólo por el delito

27 “ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Artículo

CONDICIONALMENTE exequible. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser
presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos
de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito
de acusación.
El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en
el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio
de que el fiscal:
1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico.
2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de
una forma específica con miras a disminuir la pena”.

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referido, sino por los punibles de falsedad en documento privado, falsedad en
documento público, fraude procesal y peculado por apropiación con reintegro.

59. En la condena penal se estableció que el Sr. William Quintero Duque falsificó el
acta de grado y el diploma de profesional en administración de empresas de la
Universidad Externado de Colombia pues nunca estuvo siquiera matriculado en esa
institución; además, el Registro del Consejo Profesional de Administración de
Empresas certificó no tenerlo en sus registros. De esos documentos se sirvió para
acreditar en la hoja de vida de la función pública la calidad de administrador de
empresas desde mayo de 1995 y así cumplir los requisitos que exigía la Resolución
224 de 2012 de la SDM para acceder al cargo de Subdirector Administrativo de
dicha Secretaría.

60. Bajo títulos espurios, fue expedido el acto administrativo de nombramiento del
Sr. William Quintero Duque como Subdirector Administrativo código 068, grado 5 de
la SDM, según Resolución No. 447 del 30 de diciembre de 2013 y acta de posesión
del 8 de enero de 2014. Allí se despeñó hasta el 9 de abril siguiente, fecha en que
fue aceptada su renuncia, y el mismo día fue nombrado y posesionado en el cargo
de Subdirector Financiero código 068, grado 5 de la SDM, cargos que ocupó sin la
formación profesional28.

61. Respecto al punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales,
estableció el juez penal que el Sr. Quintero Duque en “su condición de Subdirector
Administrativo de la Secretaría Distrital de Movilidad participó en el trámite previo a
la firma del otrosí No. 4 del 10 de febrero de 2014 del contrato 071 de 2007,
esencialmente, en la suscripción de los estudios de conveniencia y oportunidad del
03 de febrero de 2014 en los que justificó agregar como obligación a cargo del
concesionario adelantar los estudios y diseños y construcción de una bodega y la
adecuación y ampliación de la existente, y como contraprestación la prórroga del
plazo de ejecución de la concesión, a pesar que conforme al contrato inicial, no
estaba contemplada la posibilidad de construir obras nuevas y la mencionada
ampliación de la bodega existente era un compromiso que tenía el concesionario
(…)”.

Indicó que en tal calidad, “no tuvo en cuenta, que al elaborar y suscribir el
documento denominado “Estudio de conveniencia y oportunidad para la adición y
prórroga del contrato de concesión No. 071 de 2007”, con ello justificó la
contratación de una obligación incumplida y preexistente por una parte, y que por
otra se estaba adicionando la construcción de una bodega cuya contratación debía
supeditarse a un procedimiento de licitación (…) y en el contrato No. 071 de 2007,
no se estableció la posibilidad de construir obras nuevas en desarrollo de la
concesión, por lo tanto la propuesta de edificar una bodega no se ajustaba al objeto
del citado contrato (…)”.

28 Además de constatar el fraude procesal anotado, el fallo condenatorio encontró configurado el delito de

peculado por apropiación con reintegro, en tanto el Sr. Quintero Duque, al no cumplir los requisitos para acceder
a tales cargos, se apropió injustamente de los salarios percibidos.

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62. Se agrega que el numeral 4 de la sentencia penal condenatoria, de cara al perfil
del procesado, dio cuenta del permiso para trabajar que le fue concedido como
conductor en una empresa de construcción29, quien aceptó la comisión de las
anotadas falsedades en sus calidades profesionales.

63. Es indudable que esa secuencia de conductas ilícitas afecta la validez del
contrato adicional vertido en el otrosí cuestionado, pues quedó demostrado que
quien fungió como Subdirector Administrativo de la contratante carecía de formación
profesional y, por ende, no tenía los conocimientos para haber elaborado y suscrito
los estudios de oportunidad y conveniencia con los que se modificó el contrato de
concesión 071 de 2007.

Esta realidad, confesa y probada en el proceso penal, tuvo como resultado el
cúmulo de irregularidades y vicios llevados al otrosí 4, pues el objeto de este último
no es compatible ni se desprende de una razonable interpretación del pliego de
condiciones; por el contrario, supera con franca evidencia el objeto de la concesión
al incluir a cargo del contratista obligaciones principales como la construcción de un
edificio, por un plazo que se acercó al acordado para la ejecución original del
servicio de registro concesionado.

64. Basta la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales que recayó sobre el otrosí 4 -en sentencia penal en firme con aceptación de
cargos por el imputado30- para tener por establecido que se incumplió la obligación
de contar con los estudios previos que la ley exige y que deben preceder a la
celebración de un contrato. En casos así, el sistema penal actúa como ultima ratio
con el objetivo de proteger el bien jurídico de la administración pública, y para ello,
ha elevado a la categoría de delito aquellas conductas relevantes que lo vulneran,
pues reconoce en tales violaciones un nivel de gravedad tal que es acorde al daño
que genera en la sociedad la utilización de la propia administración para fines
ilícitos.

65. En el sub examine fue el “Subdirector Administrativo” quien avaló y autorizó junto
con un asesor jurídico y con el mismo Secretario de Movilidad del Distrito el
documento de justificación del otrosí, efectuando unos análisis que evidentemente
no podía proponer ni sustentar al carecer de la idoneidad necesaria para definir las
variables económicas e impactos que tendrían las modificaciones introducidas al
contrato de concesión.

66. Aun así avaló las bases de un modelo financiero que permitió al particular
explotar por un 75% más de tiempo el servicio público de registro automotor, de
conductores y de tarjetas de operación para el desarrollo de dos actividades: una
ajena al objeto de la concesión -construcción de un edificio- y otra que ya estaba
pactada en el contrato inicial, como se pasa a indicar. Así se efectuó el balance
económico entre las nuevas obligaciones y la remuneración del concesionario que

29 “4. CONCEDER el PERMISO PARA TRABAJAR al señor WILLIAM QUINTERO DUQUE, teniendo como

empleador a la entidad AYA CONSTRUCCIONES PROYECTOS ESPECIALES S.A.S., y como cargo a
desempeñar CONDUCTOR, de conformidad con lo establecido en la parte motiva” (fl. 337 del c. de p. 16).
30 No se formularon recursos de apelación en la respectiva audiencia, “quedando de esta manera ejecutoriado

este proveído” (fl. 337 ídem)

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condujo a suscribir el otrosí 4, con proyección directa en la determinación del plazo
de retorno de la inversión, aumentándolo en 6 años.

67. En punto a la “Obligación adicional Dos” incluida en el citado otrosí, la Sala
advierte que tal prestación ya era parte de los acuerdos contenidos en los términos
originales del contrato de concesión.

Los pliegos de condiciones31 establecían la obligación a cargo del concesionario de
ejecutar la “obra civil para ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría a
la concesión, con el fin de conservar en esa edificación, el total del archivo físico”;
para lo cual el contratista cumpliría los requisitos allí exigidos, entre ellos, presentar
los planos y aprobación de la interventoría, obtención de las licencias de urbanismo
de ser el caso, y otorgar garantía de estabilidad de dicha obras; en esos términos
presentó su propuesta el consorcio SIM.

68. El compromiso que en tal sentido adquirió el contratista pasó las etapas de
publicidad, observaciones y solicitudes de aclaración fijados en la licitación, como
la “audiencia informativa sobre los prepliegos de condiciones” (núm. 2.6)32; la
“audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones” (núm.
2.7)33, y la etapa de “solicitud de aclaraciones adicionales por los interesados” (núm.
2.8)34.

69. Además, se dispuso la visita (no obligatoria) al “Centro Logístico de Servicios
ubicado en la Calle 64 A No. 92-38 Álamos de Bogotá, designándose por cada
posible proponente una persona para tal efecto, a su costa y bajo su exclusiva
responsabilidad, en la fecha y hora (…)35” -numeral 2.5 del pliego- la cual estuvo
disponible para que, quienes estuvieran interesados, pudieran conocer el lugar de
los trabajos y solicitar la información que estimaran necesaria y pertinente. Allí se
estableció:

“Sin perjuicio de la información suministrada durante la visita, los proponentes serán los
únicos responsables de informarse en forma completa y total de las condiciones y
características particulares de la prestación del servicio, en consecuencia, no podrán alegar
posteriormente desconocimiento de las condiciones o circunstancias que puedan afectar la
ejecución o el cumplimiento del contrato objeto de la licitación (…)”

70. De modo que la entidad ofreció a los proponentes la visita con el fin de que
pudieran conocer la edificación donde habrían de ejecutarse las obras de mejora y

31 El contrato de concesión dispuso en la “CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL CONTRATO”: que “Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: (…)
2. El documento del pliego de condiciones de la licitación pública SDM -LP-006-2007, sus anexos, sus adendas
y sus aclaraciones. (Fl. 124 del c. de p. 16.
32 “Durante la presente audiencia los asistentes e interesados podrán formular a la entidad las observaciones y

recomendaciones a los prepliegos, sin perjuicio de que se puedan seguir formulando dentro de la oportunidad
procesal prevista para tales efectos” (Fl. 13 – revés, c. de p. 16)
33 “(…) se llevará a cabo una audiencia pública con el fin de informar a los posibles interesados sobre el alcance

de la prestación de los servicios que se pretende contratar. En el evento en que los proponentes detecten
discrepancias, contradicciones, vacíos u omisiones en los documentos del proceso o tengan cualquier
duda en relación con el pliego de condiciones o el alcance del mismo, deberán informarlo en la audiencia
pública o por escrito dentro del término señalado para el efecto dentro del cronograma (…)” ibidem (se resalta).
34 “en caso de que los interesados en participar requieran información o aclaraciones adicionales a las

planteadas en la audiencia de aclaraciones, podrán formular la respectiva solicitud por cualquiera de los
siguientes medios (…)”. (Fl. 14 ib.)
35 Fl 13 del c de p. 16

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ampliación, y por esta vía desplegó la posibilidad de que los interesados conocieran
de primera mano, a través de sus expertos, las instalaciones de los trabajos y
pudieran solicitar la información que estimaran relevante para concretar sus
propuestas de adecuación de los espacios de archivo.

Es de señalar que la visita que prevén los pliegos, lejos de ser un capricho o un
tema de menor calado, hace parte del escenario en el que el proponente entra a
participar activamente en la etapa de formación del contrato estatal, por ende, su
diligencia y experiencia son de máxima preponderancia pues materializan los
principios de información, publicidad y buena fe en la determinación de sus
ofrecimientos y a su vez permite analizar la conducta del contratista en orden a
valorar su diligencia36.

71. Luego de superar tales etapas, el consorcio SIM tomó la decisión de presentar
propuesta para la ejecución de las obras de adecuación, con el siguiente alcance:

“El concesionario propone realizar una reforma que implica obra civil para ampliar las
instalaciones del centro de producción donde están además el archivo y las oficinas para la
interventoría.

En esta reforma se propone ampliar la zona actual del archivo en el primer piso y trasladar
al personal de producción al segundo piso. Para ello se requiere ampliar el mezzanine en 3
módulos más y su construcción se adelantará con estructura metálica y el entrepiso en
material deck por su sistema constructivo que es más rápido y limpio que el tradicional y
además se puede ejecutar con una mínima afectación del trabajo operativo del centro de
producción (…)

El área de archivos se agrupa en el primer piso para un mayor control y vigilancia y se dejan
planteadas zonas de ampliación futura. Además de la ampliación del archivo, se ubicaría la
oficina del jefe de Seguridad, de gestión humana y se habilitaría un espacio para proyectos
especiales, cómo sería el proyecto de digitalización de los archivos físicos. (…) previamente
a la realización de la reforma se contará con la aprobación de la interventoría, se obtendrán
las licencias requeridas, y se atenderá lo exigido en el reglamento anexo al pliego de la
presente licitación, numeral 8.3.

Toda la instalación contendrá sistemas de seguridad, vigilancia y protección contra
incendios. En el Anexo C se adjuntan planos propuestos”37 (se subraya).

72. En este punto, la Sala recuerda la característica de que el contrato de concesión
se celebra por cuenta y riesgo del concesionario, de modo que éste se obliga a la
ejecución operativa, financiera y técnica del proyecto en el marco legal de este tipo
de negocio jurídico y le corresponde asumir los riesgos asociados al mismo. De
suerte que el consorcio SIM a partir de la información, visitas y diversas variables
consideradas, presentó ofrecimiento para cumplir tal prestación -lo que bien podía
hacer por esa vía o por la que como dueño del proyecto determinara para cumplirla-
todo lo cual hizo parte de sus análisis de costos, riesgos y retornos; por lo que
aquella prestación, incluidas sus contingencias, eran de su cargo, y como resultado
de sus estudios le planteó a la entidad incluso la posibilidad de dejar zonas de
ampliación futura.

36 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12 de diciembre de 2022, Rad.

680012331000200700627 (51911), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
37 Fl. 7 del c. de p. 16 – Fl. 291 ídem.

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73. Por ello, cuando la “Obligación adicional Dos” del cuestionado otrosí señaló
como una nueva prestación la “adecuación y ampliación de la bodega existente
buscando que cumpla con las solicitudes del código sismo resistente, las del
acuerdo 037 y 049 expedidos por el Archivo General de la Nación y una óptima
redistribución del espacio físico”, no hizo nada distinto a confirmar aquello que ya
era parte de la estructura del contrato; además, sobre la base de que toda obra,
según su tipo, debe ejecutarse según las normas atinentes a la actividad que
corresponda, o acaso bajo el contrato inicial ¿podría no haber considerado tal
normativa, o estaba autorizado a desconocer los requerimientos que las normas de
archivo le imponían? -recuérdese que la Ley General de Archivos (Ley 594) es del
año 2000, vigente mucho tiempo antes del inicio de la concesión-.

74. Lo que realmente vino a ser modificado con el otrosí cuestionado, en punto a la
citada obligación dos, consistió en que tales prestaciones que originalmente estaban
a cargo del contratista sin reconocimientos económicos adicionales (que fueron
acordadas por su cuenta y riesgo) y eran parte de la cláusula de reversión, pasaron
a ser cobradas por fuera de este modelo, incrementando el costo para el Estado.

El núm. 8.3 del reglamento de la concesión fue claro al establecer:

“La anterior mejora, como toda otra que se realice sobre ese inmueble, será revertida
a la Secretaría al final del plazo contractual, sin necesidad de reconocimiento alguno para
el contratista” (Se resalta).

75. Sin perjuicio de lo anterior, el otrosí 4 incluyó la suma de $8.500 millones de
pesos como valor que debía adicionarse para su ejecución. En la propuesta de
modificación del contratista, presentada el 23 de diciembre de 2013 a la SDM (base
de los estudios previos que fueron emitidos de forma fraudulenta), se planteó la
modificación que finalmente se realizó, en los siguientes términos:

“2.3 Costo estimado

La suma que el concesionario considera como base para calcular el costo de la intervención
propuesta corresponde a:

a. Nueva edificación. Veinte mil millones de pesos moneda legal colombiana
(20.000´000.000 m/l) (…)

b. Intervención de la bodega actual. Ocho mil quinientos millones de pesos moneda legal
colombiana (8.500´000.000 m/l) (…)”.

76. En suma, la ilicitud del otrosí 4 anida en su propio origen y tiene eco en las dos
obligaciones adicionadas, ninguna de ellas con justificación en las bases y esencia
del contrato. Por lo tanto, no es de recibo el argumento del a quo que avaló que se
trataba de una prestación nueva -la Obligación Dos- como quedó visto, y tampoco
que la construcción de un edificio nuevo se correspondía con el objeto de la
concesión; esta conclusión contiene una interpretación desacertada que, en
síntesis, conduciría a que los problemas de espacio o lugar de archivo autorizaran
a que el concesionario de registros empezara a construir edificios para solventar
esas dificultades, en lugar de adelantar una licitación para que el experto en
construcciones adelante la obra con mejores eficiencias y costos, por decir lo

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menos, y se garantice la participación objetiva y abierta a quienes tienen la
capacidad técnica para hacerlo, sin eludir, argumentativamente, el procedimiento
de selección que la ley impone.

77. Pero hay más, ni siquiera la interventoría del contrato de concesión 071 de 2007
acompañó el criterio de necesidad que propugnó el a quo, pues al emitir concepto
sobre la materia en oficio del 30 de noviembre de 2011, afirmó la existencia de
espacio para archivo en esa edificación, y que a mediano plazo debía buscar una
solución como proyección frente al incremento documental. Soluciones que,
subraya la Sala, debían ser viabilizadas dentro de las formas de selección
disponibles en la ley, y no colgando al contrato de concesión todo y cualquier
alcance, como tampoco dejando pasar los años para luego atribuir su necesidad al
contrato de concesión, por el paso del tiempo.

Indicó la interventoría R&C, en 2011, lo siguiente:

“Acorde con lo expuesto en nuestro oficio ISDM-744 del 25 de noviembre de 2011, donde
referenciamos la existencia de espacios suficientes para la ampliación del archivo
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 8.3 del reglamento y del acta
“Recibo y entrega proyecto incremento capacidad de archivo” suscrita entre el concesionario
y esta interventoría, precisamos sobre el tema del proyecto “Incremento capacidad de
Archivo” , puntualizando la existencia en el primer piso de 1512 m² para el archivo físico de
las carpetas del RDA, RDC y RTO.

Actualmente este espacio está ocupado en un 28,40% por la línea de producción y un 19%
por servicios, espacio que albergaría un total de 2.015. 625 carpetas, por lo tanto dicha área
garantizaría el archivo hasta el año 2016, cifra que puede incrementar teniendo en cuenta la
depuración de carpetas que está adelantando el concesionario de archivo del RDA, motivo
por el cual, y dada la solicitud del Concesionario deberá ajustarse a las obligaciones y
acuerdos ya referenciados para garantizar la custodia y seguridad del archivo …”

(...)

Sin embargo, consideramos que frente a la proyección de disponer de un área suficiente
para el almacenamiento y conservación del archivo físico, resulta oportuno que la entidad
concilie la anterior necesidad frente a los requerimientos puntuales de orden institucional
que tiene para resolver su actual situación de infraestructura para el manejo y
almacenamiento de documentos que requiere y requerirá dentro de un mediano y largo plazo
(…)”38

78. Bajo este contexto de análisis, la Sala revocará la sentencia de primer grado y,
en su lugar, removerá la validez del otrosí 4 demandado por encontrar configurada
la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito.

79. De acuerdo con el artículo 1519 del C.C., esta causal tiene lugar “en todo lo que
contraviene al derecho público de la nación” y también, conforme al art. 1523 ídem,
“en todo contrato prohibido por las leyes”. La jurisprudencia39 ha precisado que esta
causal no necesariamente está atada a la infracción de una norma prohibitiva
especial, sino que puede provenir de desatender la amplia prohibición contenida en
el art. 16 ibidem que dispone que “No podrán derogarse por convenios particulares
las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.

38 Fl. 141 y 142 del c. de p. 33
39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de noviembre de 2022, Radicación No.

05001-31-03-001-2015-00953-01. M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.

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80. En el caso concreto, la violación de normas de orden público asociadas al
cumplimiento del principio de selección objetiva contenidas en el EGCAP, obra
como criterio de razón suficiente para hallar configurada esta causal de nulidad
pues, como fue constatado, los estudios previos40 con los que se pretendió justificar
tal adición fueron producto de diversos ilícitos, de forma que se desconoció el
imperativo legal contenido en el numeral 1241 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993
que exige su realización como soporte y fundamento de la contratación estatal. A la
vez, se vulneró la prohibición contenida en el numeral 842 del artículo 24 del mismo
estatuto que, en torno a la actuación de las autoridades públicas, señala que éstas
no pueden eludir los procedimientos de selección de contratistas, por ninguna vía,
situación que aconteció en el sub lite al agregar la construcción de una nueva
edificación, en lugar de adelantar el procedimiento de licitación respectivo.

81. Por lo anterior, corresponde a la Sala definir los efectos de la nulidad absoluta
que será declarada, y en este escenario examinará las pretensiones de la demanda
de reconvención formulada por el Consocio SIM como consecuenciales a la decisión
de nulidad del otrosí 4 -que versaron sobre la responsabilidad de la SDM respecto
de la nulidad del citado otrosí (pretensión primera) y el pago de las prestaciones a
favor del Consorcio SIM que éste hubiera alcanzado a ejecutar (pretensión
segunda).

Las restituciones mutuas

82. La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo
jurídico genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se
encontraban antes de su celebración y, por lo mismo, cada una de las partes está
en el deber de devolver a la otra aquello que ha recibido como prestación durante
la vigencia del contrato, tal como lo dispone el artículo 1746 del C.C:

“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes
derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el
acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro,
de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias,
tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las
partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente
artículo”.

83. Cuando el inciso primero se refiere a que la restitución producto de la nulidad
absoluta se debe entender sin perjuicio de lo prevenido sobre objeto y causa ilícita,

40 Documento denominado “ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA ADICIÓN Y
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 071 DE 2007, POR MEDIO DEL CUAL SE PRESTAN
LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS REGISTROS DISTRITAL AUTOMOTOR, DE CONDUCTORES
Y DE TARJETAS DE OPERACIÓN PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ (sic) D.C.” Fl 226 a 246
del c. de p. 16.
41 El artículo 25, núm. 12 de la Ley 80 de 1993, dispone: “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a

la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse
los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda (…)”.
42 8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias

exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.

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esta referencia es complementada con lo dispuesto en el artículo 1525 ib. de modo
que “[n]o podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita
a sabiendas” (subraya añadida). En este orden de ideas, el derecho común
establece que la regla general es la procedencia de las restituciones mutuas como
consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta, salvo cuando es causada por
objeto o causa ilícitas a sabiendas de las partes, evento en el cual el contrato sólo
se extingue y deja de producir efectos.

84. A su turno, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 al desarrollar este instituto y sus
efectos, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un
contrato estatal nulo, en los siguientes términos:

“Artículo 48.- De los Efectos de la Nulidad. La declaración de nulidad de un contrato de
ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones
ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo
por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y
únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido.

Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones
cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”.

85. En el régimen de contratación estatal, las causales anotadas imponen que para
el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas se deba probar el beneficio para
el Estado y su monto. En lo que respecta a la procedencia o no de las restituciones
cuando las partes actúan “a sabiendas” de la ilicitud, la postura de esta Corporación
ha oscilado en dos vértices.

De un lado, indicó que la Ley 80 de 1993 no puede leerse en clave de inhibir o
impedir las sanciones que se desprenden de la violación del orden jurídico a
sabiendas “y así evitar un enriquecimiento sin causa en contra del contratista, pues,
como ha indicado la Corte Suprema de Justicia, esta figura exige que con su
ejercicio no se pretenda violar el ordenamiento jurídico. En otras palabras, esta
disposición se aplicaría únicamente cuando las partes no hubiesen celebrado un
contrato con objeto o causa ilícitos a sabiendas”43.

86. De otro lado, dijo la jurisprudencia que la aplicación del artículo 1525 del Código
Civil supone que el juzgador “en cada caso haga un análisis para determinar si al
no ordenar la restitución se desconoce, de un lado, la razón de ser de la regla
jurídica contenida en el aforismo “in pari causa turpitudinem cessat repetitio” y, de
otro lado, si el negocio nulo termina produciendo en la práctica todos los efectos
como si fuera valido.” 44 . Luego, agregó que el fundamento de las restituciones
mutuas frente a objeto o causa ilícitas en contratación estatal estaba condicionado
al beneficio de la entidad, bajo los límites que impone la prohibición constitucional
de enriquecimiento sin justa causa y el principio de buena fe.

43 Consejo de Estado Sección Tercera, Radicación No. 25.560 de 24 de noviembre de 2004, M. P. Germán

Rodríguez Villamizar.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13

de junio de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Rad. 66001-23-31-000-1998-00685-01(26.637).

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Por tanto “para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones
ejecutadas en un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las
prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público pues solo
en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado, como
lo prevé el citado artículo 48 de la Ley 80 de 1993 en su inciso final”45.

87. Esta Subsección 46 ha precisado que las restituciones mutuas derivadas de
objeto o causa ilícita imponen verificar tanto los beneficios para el Estado como el
conocimiento de las partes en la configuración del vicio, en procura de que los
efectos que se desaten hagan concordante su función jurídica con los principios que
rigen la contratación pública.

88. En el sub lite, los medios de prueba que reposan en el expediente no permiten
colegir que una o ambas partes hubieran participado “a sabiendas de la ilicitud” en
la elaboración de los estudios previos fraudulentos -al menos en relación con la
responsabilidad que se debate en esta jurisdicción- pues más allá de que la
propuesta de adición proviniera de la propia actividad y confección del
concesionario, lo cierto es que el fundamento de la ilicitud que se sitúa en la condena
penal aportada al proceso, únicamente se refirió a la responsabilidad del entonces
Subdirector Administrativo y no permite colegir que el consorcio SIM hubiera tenido
la conciencia o un real conocimiento de las conductas delictivas que tiñeron de
ilegalidad la celebración del otrosí 4 -se itera, sin perjuicio de lo que pudiera o se
haya decidido en otro tipo de procesos que se hubieren adelantado, o deban
adelantarse, en razón o con ocasión del contrato adicional cuya nulidad acá se
declara-.

89. De otra parte, la Subsección precisa que como el objeto ilícito se gestó a
propósito de la comisión de delitos atribuidos al Sr. Quintero Duque, no será la
Secretaría de Movilidad del Distrito a la que puedan trasladarse tales efectos pues,
como fue definido en el respectivo proceso penal, y no hay razón para que en sede
contencioso administrativa se llegue a una conclusión diversa, siendo la
responsabilidad penal un juicio de reproche personal de conducta, se debe precisar
que dicha Secretaría no ostenta la calidad de autor de las conductas punibles, sino
la de víctima de aquellos reatos; lo anterior ante la perversión que de la
administración pública hizo tal sujeto, valiéndose de la entidad. Por estas razones,
la Sala negará la primera pretensión de la demanda de reconvención en la que se
pedía la declaración de responsabilidad de la entidad respecto de la nulidad
advertida.

90. Ahora, si bien no se configura el factor “a sabiendas” de la ilicitud del objeto, en
este caso no es posible por la naturaleza, objeto y alcance del otrosí invalidado

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15

de diciembre de 2017, M.P. Jaime Orlando Santofimio Rad. 76001-23-33-000-2013-00169-01 (50.045).
46 En sentencia del 31 de marzo de 2023, rad. 76001233100020060328401 (58.623) esta Subsección señaló:

“la restitución a cargo de las partes en un contrato estatal declarado con nulidad absoluta, en este caso
peticionado por una de ellas, se ata al conocimiento y actuar de las partes que condujo la celebración del mismo
en contravención de una norma imperativa, criterio que también respalda la Corte Constitucional y que afirma
concordante con el derecho internacional y comparado en materia contractual, al señalar que así lo reflejan los
principios de Unidroit que, en su versión 2016, establecen que la razonabilidad de las restituciones depende,
entre otros criterios, de “si la violación era conocida o debió haber sido conocida por una o ambas partes”

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proceder a hacer tales restituciones, en el entendido que con esta figura lo que se
pretende es devolver los efectos del contrato viciado para ambas partes al momento
previo a su celebración. Por ello se ha indicado que éstas constituyen “el resultado
material de la nulidad”47 y procuran, siempre que sea posible, la restitución in natura
de las prestaciones nacidas del contrato nulo y, en caso de que no haya lugar a ello,
buscan su equivalente pecuniario48.

91. Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como la del Consejo de
Estado 49 han reconocido escenarios donde no es viable efectuar restituciones
mutuas desde el punto de vista fáctico, como sucede en los contratos de tracto
sucesivo en los que “tal obligación puede resultar imposible de cumplir o incluso se
puede convertir en un imposible físico volver las cosas a su estado primigenio …
como sucede por ejemplo, cuando no se puede deshacer lo ejecutado por una de
las partes … tales como los de suministro de bienes de consumo, prestación de
servicios, obra pública, concesión, (…) en los cuales las prestaciones se han
cumplido y no pueden restituirse”50.

92. Aunque el otrosí 4 celebrado el 10 de febrero de 2014 está afectado de nulidad
absoluta en los términos ya explicados, no proceden las restituciones mutuas in
natura dada la imposibilidad material de retrotraer lo ejecutado a tal punto que se
deshagan las obras realizadas en relación con la construcción de la nueva
edificación ubicada calle 64 C No. 92-20.

93. Además, por cuenta de la naturaleza del servicio concesionado que, como atrás
fue advertido, corresponde a la operación de registro a través de herramientas de
software, licencias, infraestructura tecnológica y actividades complementarias,
tampoco hay lugar a realizar dichas devoluciones en su correspondencia monetaria,
en la medida que no es posible que se restituya a los terceros51 usuarios del servicio
de registro los trámites que pagaron y usaron para devolver las cosas a un estado
anterior. Se debe indicar, eso sí, que el plazo de 6 años adicionales a la concesión
acordado bajo el otrosí 4 absorbió en sí mismo tanto el costo de explotación del
servicio como la construcción de la nueva edificación pactada, sin posibilidad de un
reconocimiento diverso a la propia operación y sus resultados. Por las razones
anotadas, no prospera la pretensión segunda de la demanda de reconvención, bajo
el entendido de que la retribución al concesionario fue parte de la explotación
general ejecutada.

94. A la par de lo anterior, y conforme a la decisión que se adopta, no prosperan las
pretensiones subsidiarias formuladas en la demanda de reconvención, en la medida
que éstas se orientaron a la declaratoria de incumplimiento y/o retardo de la SDM
respecto de la ejecución del otrosí No. 4, de su imposibilidad de ejecución a partir

47 HERNÁNDEZ, Aida Patricia (2020). Las Restituciones Mutuas en la Contratación Estatal. En BENAVIDES,

José Luis, Fallos referentes en contratación estatal, (pp. 469 y 470). Universidad Externado de Colombia.
48 Ibidem.
49 Ver, entre muchas otras, las sentencias: (i) del 16 de febrero de 2006, exp. 13414 (R-7186), (ii) del 6 de

febrero de 2019, exp. 61.720 y (iii) del 4 de junio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2004-01631-03(64908).
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de

2010, radicación 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390).
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4

de junio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2004-01631-03(64908).

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de incumplimientos de la entidad, o del reconocimiento de sobrecostos en las
inversiones realizadas en los años 2014 y 2015 pues, como ya lo precisó la Sala, el
otrosí cuestionado adolece de nulidad absoluta, sin posibilidad que de éste se
derive, en consecuencia, otro tipo de efectos como si gozara de validez.

95. En tratándose de la “Obligación adicional Dos” pactada en el otrosí No. 4 -
obligación que ya existía en las bases del contrato de concesión 071 de 2007- la
cual debía ejecutarse por cuenta y riesgo del contratista, la Sala encuentra que las
inversiones por $8.500 millones de pesos que se proyectaron en el aumento del
plazo de la explotación de la concesión 52 no pueden reconocerse en sede de
restituciones mutuas a favor del contratista, por la razón contundente de que su
ejecución hizo parte del modelo financiero original de la concesión desde su
celebración en diciembre de 2007 y por lo tanto no hay lugar a su reconocimiento
en la ejecución del otrosí No. 4.

96. La Sala advierte que no se pronunciará sobre los demás reproches aducidos
por las partes en la impugnación por ser suficientes las razones aquí advertidas para
revocar tal decisión, con los efectos anotados.

Costas

97. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18853 del CPACA y con la disposición
especial del artículo 365 54 del CGP, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le
imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con
fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha
resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

98. En el presente caso se observa que la Secretaría Distrital de Movilidad, como
parte demandante, atendió e intervino en el proceso de manera diligente y oportuna,
pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se
estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho
en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366
del CGP.

99. El numeral 4 del artículo 365 ib. dispone que cuando la sentencia de segunda

52 Cifra que el consorcio SIM determinó como valor para ejecutar dichas obras conforme a su propuesta Fl. 129

a 138 del c. de p. 16.
53 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en

costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
Se aclara que la Ley 2080 de 2021 introdujo una reforma al CPACA, norma que en el inciso final de su artículo
86, contempló que los recursos interpuestos “se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos”. Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de apelación se interpuso en julio de 2017, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -26 de enero de 2021-, le son aplicables “las leyes
vigentes” cuando se interpuso el recurso, es decir, las disposiciones del CPACA sin las reformas introducidas
por la Ley 2080 de 2021.
54 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…) 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

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instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar de
manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP.
Fijación de agencias en derecho

100. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de
tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

“ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
“(…).

“Artículo 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el
proceso el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, (…).

“Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas
establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza,
calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán
inversamente al valor de las pretensiones.
“(…).
“Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen
en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las
pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).

“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
““(…)

“3.1.3. Segunda instancia.
“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia” (se destaca).

A su vez, el artículo 4 del citado Acuerdo consagró que las tarifas máximas de
agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes
relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la
sentencia

101. En lo que a este caso interesa, dado que se revocó totalmente la sentencia de
primera instancia, resulta oportuno anotar que en cuanto a la tasación de las
agencias en derecho de procesos en primera instancia con cuantía, el numeral 3.1.2
del Acuerdo establece que se fijarán por hasta el veinte por ciento (20%) del valor
de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Por su parte, el numeral
3.1.3 dispone que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos
con cuantía se fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.

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102. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas
instancias, las cuales estarán a cargo del Consorcio SIM, y serán pagadas por cada
uno de sus miembros y en los porcentajes de participación respectivos en dicha
forma plural, teniendo en consideración el valor de las pretensiones de la demanda
de reconvención que fueron presentadas en este proceso por la demandante en
reconvención55.

Con fundamento en lo anterior, se fijan las agencias en derecho para la primera
instancia en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($285.309.015) a favor de la
parte actora, cifra que equivale al 5% de las pretensiones de la demanda de
reconvención que fueron negadas; y para la segunda instancia se fijan en el 1%,
equivalente a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($57´061.803).

III. PARTE RESOLUTIVA

103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 20 de junio de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su lugar:

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del otrosí No. 4 del contrato de concesión 071
de 2007, suscrito el 10 de febrero de 2014, por las razones señaladas en esta
providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención.

CUARTO: CONDENAR en costas al Consorcio SIM, por ambas instancias, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primer grado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho en primera instancia se fijan en la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL
QUINCE PESOS M/CTE ($285.309.015) a cargo del Consorcio SIM y a favor de la
Secretaría Distrital de Movilidad, valor que será pagado por cada uno de sus
miembros en los porcentajes de participación respectivos, así: (i) DATA TOOLS S.A.
el 45%; (ii) QUIPUX S.A. el 10%; (iii) SITT y Cía. S.A.S. el 28,16%; y, (iv) SUITCO
S.A. el 16,84.

55 La segunda pretensión principal de la demanda de reconvención fijó como valor de las pretensiones del

Consorcio SIM la suma de $5.706.180.317, en caso de que se declarara la nulidad del otrosí 4, como
efectivamente aconteció. Conforme a las normas vigentes al momento de instaurar la demanda -art. 152 y 157
de la Ley 1437 de 2011- las costas se calculan en consideración a la pretensión mayor.

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Radicación: 25000233600020150234601 (62508)
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Asunto: Controversias contractuales

Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de CINCUENTA Y
SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE
($57´061.803) a cargo del Consorcio SIM y a favor de la Secretaría Distrital de
Movilidad, valor que será pagado por cada uno de sus miembros en los porcentajes
de participación respectivos, así: (i) DATA TOOLS S.A. el 45%; (ii) QUIPUX S.A. el
10%; (iii) SITT y Cía. S.A.S. el 28,16%; y, (iv) SUITCO S.A. el 16,84.

QUINTO-. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

V.F

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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