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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-31-000-2011-00348-01

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-31-000-2011-00348-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el literal a) del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR los literales b) y c) del numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, los cuales quedarán así: “[…] b. ORDENAR al MINISTERIO DE CULTURA y al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, que en el término de diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, en el marco de sus competencias, adopten el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP de los Bienes de Interés Cultural de la Nación -BIC de la isla de Tierra Bomba, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Ordenar al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTÓRIA - ICANH que, en el término de cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante los estudios y/o acciones necesarias que le permitan establecer sí hay lugar a declarar la Isla de Tierra Bomba o algunas de sus zonas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 187 Número único de radicación: 13001-23-31-000-2011-00348-01 Actor: CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ URIBE como Área Arqueológica Protegida y, en el evento de que ello ocurra, en el término de diez (10) meses, contados a partir del resultado arrojado en el estudio en mención, adopte el respectivo PMA. 3. Ordenar al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS que una vez sean expedidos el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP y el Plan de Manejo Arqueológico -PMA, en el término de siete (7) meses, integre y armonice dichos instrumentos con el Plan de Ordenamiento Territorial. c. ORDENAR al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, que en el término de un (01) año siguiente a ejecutoria de la presente sentencia, desarrollen, administren, conserven y orienten el ambiente y los recursos naturales renovables, sostenibles en la Isla […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-31-000-2011-00348-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 13001-23-33-000-2011-00348-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ URIBE

TESIS: NO HAY LUGAR A ORDENAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
PARCIAL PARA LA ISLA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL POT. LA
OMISIÓN DE ELABORAR Y APROBAR EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO
Y PROTECCIÓN LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL LOCALIZADOS
EN LA ISLA DE TIERRA BOMBA AMENAZA EL DERECHO COLECTIVO
AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, CUYA
RESPONSABILIDAD ES DEL DISTRITO DE CARTAGENA Y DEL
MINISTERIO DE CULTURA. EL ICANH DEBE ESTABLECER SI LA ISLA
O SECTORES DE LA MISA DEBEN SER DECLARADOS COMO ÁREA
ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA Y, EN CONSECUENCIA, ADOPTAR EL
PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO. CARDIQUE ES LA AUTORIDAD
AMBIENTAL EN LA ISLA.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y
LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, A LA
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, A LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, A LA SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PÚBLICAS, Y AL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y LA
REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y
DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES
JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL
BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

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Número único de radicación: 13001-23-31-000-2011-00348-01
Actor: CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ URIBE

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el DISTRITO

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS1, el

MINISTERIO DE CULTURA2 y el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

AMBIENTAL DE CARTAGENA3, contra la sentencia de 30 de julio

de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar4, que

declaró la amenaza de los derechos colectivos invocados.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ URIBE, actuando en

nombre propio y como secretario de la FUNDACIÓN PARQUE

HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE LA ISLA DE CAREX –

PARCAREX5, presentó acción popular contra el DISTRITO, el

MINISTERIO DE CULTURA6, la SOCIEDAD DE MEJORAS

PÚBLICAS DE CARTAGENA7, el INSTITUTO DE PATRIMONIO Y

1 En adelante el Distrito.
2 En adelante el Ministerio.
3 En adelante EPA.
4 En adelante el Tribunal.
5 En adelante PARCAREX.
6 En adelante el Ministerio.
7 En adelante SMPC.

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Actor: CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ URIBE

CULTURA DE CARTAGENA8-9, EPA, la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE10,

la ARMADA NACIONAL, el INSTITUTO COLOMBIANO DE

ANTROPOLOGÍA E HISTÓRIA - ICANH11-12, el MINISTERIO DE

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, el

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO RURAL13, la

EMPRESA AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P.14, ELECTRICARIBE

S.A. E.S.P., SURTIGÁS S.A. E.S.P.15, la ESCUELA TALLER

CARTAGENA DE INDIAS y los señores: CLAUDIO LEÓN FRIERI

URIBE, GABRIEL ANTONIO GARCÍA ROMERO, VICTOR SUÁREZ

MORENO, YABRA MUVDI, ARMANDO ROJAS, GERMAN VARGAS

LLERAS, SAMUEL SCHUTER BEJMAN, DAVID DAGER

LEQUERICA y KARAM AWAD SAER16, por estimar vulnerados los

derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio

público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la

defensa del patrimonio público, a la defensa del patrimonio cultural

8 Vinculados por medio de auto de 16 de julio de 2008, proferido por el Juzgado 2º
Administrativo de Cartagena.
9 En adelante IPCC.
10 En adelante CARDIQUE.
11 En adelante ICANH.
12 Vinculadas por medio de auto de 3º de marzo de 2009, proferido por el Juzgado 2º

Administrativo de Cartagena.
13 En adelante INCODER.
14 En adelante ACUACAR.
15 Vinculadas por el Tribunal al momento de avocar el conocimiento de la presente acción,

por medio de auto de 15 de junio de 2011.
16 Vinculados por el Tribunal, por medio de auto de 13 de diciembre de 2012.

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de la Nación, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la

realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando

prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

I.2. Hechos

Indicó que la isla de Tierra Bomba o de Carex17 pertenecía al

DISTRITO, limitaba con la bahía de Cartagena y tenía las siguientes

características: un área aproximada de 2.000 Ha; se creó por un

antiguo arrecife coralino; sus costas estaban ocupadas por

manglares y ciénagas, como Perico y Gamboa, con zonas boscosas

en las áreas de mayor elevación y una vegetación propia de bosque

tropical seco; y una población mayormente afrodescendiente, la cual

no sobrepasaba los 10.000 habitantes.

Afirmó que la Isla estaba ubicada en el centro geográfico del

DISTRITO, motivo por el que se llevaron a cabo procesos humanos

intensos debido a su localización, pues se encontraba a 5 minutos del

17 En adelante la Isla.

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barrio Bocagrande, a 10 minutos de la zona industrial de Mamonal y

limitaba al sur con la isla de Barú y al oeste con el mar Caribe.

Precisó que a la llegada de Don Pedro de Heredia a la Isla, en 1533,

ésta era habitada por indios caribes y dominada por el Cacique Carex

y luego por africanos que trabajaban en actividades como la

explotación de canteras, agricultura y/o la construcción de fortalezas

militares.

Manifestó que el proceso de construcción de castillos, fuertes y

baterías en la Isla incidió en la comunidad negra allí asentada, razón

por la que, en su criterio, sus descendientes eran los legítimos

herederos de las tradiciones culturales más arraigadas.

Sostuvo que a finales del siglo XVII se construyó el hospital de

leprosos de San Lázaro en Caño de Loro, donde, además, existía gran

población negra y de otras etnias que se dedicaban a la pesca, la

agricultura, la construcción, albañilería, entre otros; no obstante,

fueron esclavizadas para la edificación de obras militares que

alcanzaron su esplendor en todos los aspectos, menos en el

ecológico.

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Señaló que en la Isla existían actividades prósperas, lucrativas y

complementarias que dependían de la actividad militar, industrial y

de salud. Sin embargo, en el siglo XIX la población tuvo que acudir a

la pesca y al comercio debido a que la cantería y tejares

desaparecieron, lo que dejó ociosos a la mayoría de los pobladores,

y solamente quedó en funcionamiento el Hospital de Leprosos, el cual

fue trasladado posteriormente.

Adujo que la Isla fue abandonada, lo que congeló su progreso por

más de 200 años.

Explicó que previo al traslado del Hospital de Leprosos, el Gobierno

Nacional expidió el Decreto 121 de 18 de enero de 195018, por medio

del cual declaró de utilidad pública las tierras de la Isla, con el fin de

trasladar allí la Base Naval de Cartagena; no obstante, pasaron

muchos años sin que se le diera uso a ese territorio, motivo por el

que el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla cedió, al entonces

Municipio de Cartagena, una porción de la Isla, aproximadamente

1.052 Ha, a través de la escritura pública núm.10 de 5 de enero de

1961 y acta núm.02 de 21 de diciembre de 1960, en la que efectuó

18 Por el cual se destina para el Servicio de la Base Naval Militar de Cartagena, de la Marina

de Guerra Nacional, la isla de Tierra Bomba.

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la demarcación de los linderos de los terrenos del ente territorial y

de la ARMADA NACIONAL.

Precisó que la Isla de Tierra Bomba no se desarrolló de forma paralela

con el DISTRITO por falta de voluntad de las autoridades

territoriales, sin que se conocieran las razones de su proceder, por lo

que, a su juicio, es necesario mejorar la calidad de vida de los

habitantes de ese territorio, pues de no hacerse éstos podrían

“devorar fácilmente” los pocos recursos con que cuentan para

sobrevivir.

Puso de presente que era ineludible que el DISTRITO dispusiera de

sus más eficaces herramientas administrativas, jurídicas y

coercitivas para detener el avance de los daños causados en la Isla,

para lo cual se requería establecer proyectos con variables sociales

urbanas y medio ambientales, máxime si se tiene en cuenta que su

población es única en su género en el continente y, por tanto, podría

estimarse como un patrimonio viviente, por lo que era necesario

transformar la capacidad de sus habitantes de reconocer su

patrimonio natural y cultural; y, asimismo, realizar programas

tendientes a la consecución de un esquema de desarrollo sostenible

a partir de acciones concretas, además de la posibilidad de

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desarrollar proyectos turísticos, ecológicos, etc., como fuente

inagotable de recursos desde el punto de vista tributario.

Que, para ello, la administración Distrital debía adelantar los

siguientes actos:

“[…] 1. Mejorar la calidad de vida de los nativos de la isla.
2. Proteger y conservar los bosques nativos.
3. Rehabilitar y restaurar adecuadamente el patrimonio cultural
arqueológico y arquitectónico.
4. Fomentar actividades que induzcan a la recuperación del
patrimonio intangible de las comunidades negras de esta isla.
5. Dotar la isla de centro de actividades culturales y formativas
donde los nativos encuentren entre otras, formación técnica
enfocada en temas ambientales, culturales, sociales, capacitación
básica, centro de servicios comunitarios, centros de actividades
culturales.
6. Establecer una sede desde donde se monitoree el cumplimiento
y desarrollo de los proyectos.
7. Contratar los estudios para el establecimiento de los servicios
públicos básicos, tales como agua potable, gas natural, etc. […]”.

Expuso como otras problemáticas de la Isla que: i) el servicio de

energía eléctrica fue instalado a finales de la década del noventa, al

cual tenía acceso el 85.45% de la población; sin embargo, no había

cultura de pago; ii) no se contaba con los servicios de agua,

alcantarillado y gas domiciliario; iii) el 57.64% de los pobladores no

poseía infraestructura de servicios sanitarios, pues solo tenían un

tanque de almacenamiento de agua que era traída en bongos desde

el DISTRITO, lo que incrementaba su costo; iv) no existía

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disposición final de basuras, ni sistema de aguas servidas, lo que

generaba un tratamiento inadecuado de los residuos sólidos y

ocasionaba la contaminación del medio ambiente; v) no había

centros hospitalarios para atender urgencias, partos, enfermedades

y en general, cualquier tipo de situación médica; y vi) no contaban

con industrias o comercio formal que permitiera la sostenibilidad

económica a los habitantes de la Isla.

Afirmó que la presión de las comunidades sobre su entorno rural para

la obtención de leña o la delimitación de propiedades, ocasionaban

un alto índice de deforestación de sus áreas circundantes, lo que

afectaba el ecosistema de los manglares.

Manifestó que dadas las corrientes marinas la Isla había perdido de

manera paulatina y casi imperceptible sus litorales debido a la fuga

de sus arenas, hecho que se hacía muy visible, por ejemplo, en las

playas de Bocachica en donde se estimó que casi 22 Ha de arena han

desaparecido, igual que en el sector de la Ceibilla; y que en el caso

específico de Tierra Bomba los embates de las olas desaparecieron

dos calles, por lo que se instalaron espolones.

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Sostuvo que la Isla contaba con vestigios arqueológicos,

construcciones vernaculares, coloniales y republicanas que se han

visto afectadas por el comportamiento de los habitantes menos

capacitados, quienes las han deteriorado; además se ha ignorado

que la zona tenía vocación ecológica, social, urbana y patrimonial que

solo puede recuperarse a través de la figura de parque histórico.

Estimó, con base en las circunstancias expuestas, que era necesario

forjar el desarrollo de la Isla, para lo cual se requería de la

elaboración del Plan Parcial en los términos del Decreto 0977 de 20

de noviembre de 200119, expedido por el DISTRITO.

Afirmó que en el artículo 86 subcapítulo 1 del Decreto idem, se

definieron las zonas recreativas de escala Distrital, entre las que se

encontraba el parque arqueológico de la isla Carex de Tierra Bomba.

Igualmente, informó que el artículo 90 ibidem definió que el Plan

Parcial de la Isla comprendía todo su territorio y su centro poblado y

debía realizarse por iniciativa del Alcalde Mayor del DISTRITO, para

lo cual se requerían los respectivos estudios previos.

19 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y

Cultural de Cartagena de Indias”.

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I.3. Pretensiones

El actor solicitó lo siguiente:

“[…] Que el Alcalde mayor de Cartagena de Indias D T y C inicie de la
manera más inmediata los estudios de que trata la parte pertinente del
art 90 de decreto 0977 de 2001 todo a efecto de desarrollar el Plan
Parcial de la Isla de Tierra Bomba y el reconocimiento del parque
Histórico y Arqueológico de la Isla de Tierra Bomba o Isla de Carex para
que el Distrito de Cartagena de Indias pueda adoptar las medidas
necesarias tendientes a integrar al desarrollo de la ciudad de Cartagena
de Indias el desarrollo de la Isla de Tierra Bomba, punto este a que se
refieren los hechos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y
décimo quinto de este libelo de la acción popular.

Que se ordene al Distrito de Cartagena de Indias preparar un plan de
acción tendiente a establecer los controles de policía para identificar el
patrimonio arqueológico y arquitectónico de la isla de tierra bomba y el
inmediato desalojo del entorno legal donde ellos se encuentren,
respecto de terceros poseedores.

Que se ordene al Distrito de Cartagena de Indias iniciar la recuperación
del patrimonio arqueológico y arquitectónico segregado en la isla de
tierra bomba a través de los corregidores de policía y mediando los
procedimientos del caso para salvaguardar el debido proceso,
entendiendo tal patrimonio como todos aquellos testigos mudos como
lo son los fuertes, baluartes, reductos, baterías, hornos donde se
elaboraba la argamasa o calicanto (cemento de la época), así como los
caminos militares o vías de intercomunicación bélica y en general todo
aquello cuanto identifique el trato bélico establecido sobre la isla de
tierra bomba y los testigos vivos que son los habitantes de esas mismas
localidades asentadas en el terreno insular del caso.

Que se ordene al Distrito la inmediata creación en la isla de tierra bomba
de centros educativos de educación formal o no formal para efecto de la
capacitación de los nativos respecto del entorno histórico y patrimonial
arqueológico de la isla de tierra bomba y de la ciudad de Cartagena en
general.

Que se ordene al Distrito de Cartagena la creación de un cuerpo de
guarda parques con presupuesto y autonomía administrativa y que para
tal fin deban vincularse necesariamente a los nativos seleccionados por

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méritos de las cuatro localidades o asentamientos de la Isla de Tierra
Bomba.

Que se ordene al Distrito fortalecer el poder de policía ambiental a
efectos de preservar los nichos ecológicos establecidos en las diversas
formas de vida de la isla.

Que se ordene al Distrito de Cartagena de Indias realizar los estudios a
efecto de iniciar los trabajos para establecer espolones o tajamares a
efecto de evitar la continuidad en la fuga de arenas en las playas de la
isla de marras […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El DISTRITO explicó que el nombre de la isla objeto de la

acción era Tierra Bomba y no Carex, conforme se evidenciaba del

plano cartográfico realizado por la Dirección General Marítima, en el

que se efectuó la delimitación real de los predios de la ARMADA

NACIONAL y del DISTRITO.

Aseguró que estaba interesado en realizar un macroproyecto que

involucrara el desarrollo sostenible, las comunidades asentadas en la

Isla y el ecosistema.

Informó que en el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena cursaba

una acción popular, identificada con el número de radicación “0044-

2006”, cuyo objeto integraba lo principal y fundamental de la

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presente acción, y que también estaba en trámite ante el Tribunal

otra acción popular que hacía referencia al uso, mantenimiento y

conservación de los monumentos de la Isla, los cuales eran

administrados por la SMPC20 y supervisados por el IPCC21.

Estimó que la Isla necesitaba una solución integral, y que lo

planteado por el actor se refería al campo del ecosistema y la cultura,

dejando de lado aspectos como el económico y la integración raizal

de quienes habitaban ese territorio.

Puso de presente que desarrolló labores educativas de todo nivel, sin

concentrar dicha labor en personas específicas; y que en la Escuela

Taller se realizaban programas que involucraban, además de

personas de bajos recursos, a los habitantes de sectores como Tierra

Bomba, quienes eran formados en artes y oficios que permitían la

conservación del patrimonio histórico.

Arguyó que el demandante se limitó a enumerar una serie de

peticiones en la demanda que no tenían ningún sustento fáctico o

20 Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena
21 Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena

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probatorio; y que pretendía solucionar la problemática de la Isla a

través de la acción popular, lo que no resultaba viable.

Propuso las siguientes excepciones:

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Afirmó que no era el encargado de la vigilancia, control y

mantenimiento de los cuerpos de agua, ni de los ecosistemas, lo cual

era de competencia de EPA y CARDIQUE.

• «ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME A LA LEY».

Aseguró que ha sido respetuoso de las normas de carácter

constitucional y legal que lo cobijan, por lo que ha promovido las

acciones necesarias para que los residentes de Tierra Bomba

pudieran ejercer sus derechos individuales y colectivos.

• «INEXISTENCIA DEL DAÑO COLECTIVO». Afirmó que en la

demanda no se precisaron los hechos constitutivos de la vulneración

a los derechos colectivos de la comunidad de Tierra Bomba y que le

resulten atribuibles.

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Informó que de acuerdo con la orden proferida por el Juzgado 1º

Administrativo de Cartagena, decisión que fue confirmada en

segunda instancia por el Tribunal, en el marco de una acción

popular22, se le ordenó que, en el término de 18 meses, realizara las

gestiones presupuestales y administrativas necesarias para obtener

recursos que le permitieran construir espolones y muros de

contención en la Isla; asimismo, se dispuso que la empresa Aguas de

Cartagena debía adelantar los diseños y estudios con el fin de

ejecutar las obras necesarias para prestar los servicios públicos de

acueducto y alcantarillado, para lo cua debía tener como base un

estudio de prefactibilidad del año 2001.

I.4.2.- El IPCC arguyó que el manejo del desarrollo social,

económico y cultural de la Isla no resultaba comparable con otras

zonas del DISTRITO, pues, por ser un sector insular, ha sido

acreedora de una valoración histórica, turística, cultural y ambiental

por parte de diferentes entidades del orden Nacional y territorial para

el impulso de proyectos dirigidos a establecer el manejo arqueológico

e histórico necesario.

22En su escrito de contestación no indicó el número de radicación de la acción
popular en la que presuntamente se estaba tratando dicha problemática.

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Manifestó que el DISTRITO adelantó acciones y gestiones dirigidas

a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Isla, en especial,

en lo referente al patrimonio histórico, arqueológico y cultural, para

lo cual se diseñaron estrategias dirigidas a complementar el uso

turístico y arqueológico para integrarlo a la vida de los nativos, sin

alterar las condiciones culturales esenciales del grupo humano.

Indicó que se adelantaron estudios sobre la viabilidad arqueológica

de Tierra Bomba, las características socio culturales del grupo, las

características de las zonas homogéneas, heterogéneas y

geoeconómicas ubicadas en las islas del DISTRITO y de la

factibilidad económico - social para proyectos turísticos, entre otros,

con fundamento en lo cual afirmó que las políticas, medidas y

proyectos no podían dimensionarse con una ejecución instantánea,

pues la legislación y las características culturales requerían de una

implementación gradual y fundamentada de las diferentes políticas.

Señaló que de acuerdo con las facultades otorgadas en el Acuerdo

001 de 200323, ordenó la elaboración de un informe técnico sobre el

23 “Por medio del cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomento y estímulos a la

cultura, se reforma el Instituto Distrital de Cultura de Cartagena de Indias, se deroga el
acuerdo 12 de 18 de marzo de 2000, se trasladan algunas competencias y se dictan otras
disposiciones”.

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estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural de la

Nación -BIC24 del DISTRITO, administrados por entes particulares,

el cual finalizó en el año 2004 y del que se obtuvo el diagnóstico para

la adopción de medidas necesarias para su conservación.

Aseguró que remitió el referido informe a la PERSONERÍA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS25, para que diera inicio a

las acciones necesarias para la preservación de los derechos de las

comunidades e integrar el plan de protección de los mismos a los

proyectos dirigidos a la conservación de los elementos

arquitectónicos y culturales de la ciudad, así como su explotación

para fines turísticos.

Adujo que la PERSONERÍA inició los trámites para que los

monumentos históricos de la ciudad pasaran a su cargo y entregarlos

en concesión a quienes reunieran las condiciones para administrarlos

y darles la destinación para la cual se les preservó; y que la Sala de

Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto el 19 de febrero

de 2004, dentro del proceso con número de radicación 1548, en el

que se indicó que la administración de esos bienes podría ser

24 En adelante BIC
25 En adelante la Personería.

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asumida por las autoridades distritales, conforme a la decisión que

adopte el respectivo Concejo Municipal, señalando que:

“[…] se podría hacer entrega a la entidad designada por el Alcalde
Mayor, todo ello debe entenderse que es de manera concertada con
el Ministerio de Cultura, entendiéndose por tal virtud que actualmente
mi representado requiere del consentimiento de dicho ministerio para
que se le pueda considerar responsable de dichos bienes, entre ellos
los ubicados en la Isla de Tierra Bomba […]”.

Arguyó, en lo referente al POT del DISTRITO, que el accionante

incurrió en un contrasentido, pues adujo que el ente territorial

desatendió por siglos el desarrollo de la Isla, pero citó normas

territoriales en las cuales se integró el direccionamiento general de

la ciudad, incluyendo la Isla, circunstancia que ponía en evidencia

que sí existían actos que probaban la inclusión de esa comunidad en

el entorno general.

Estimó que si lo pretendido era la aplicación de las mencionadas

normas, debía tenerse en cuenta que varias administraciones locales

habían ejecutado acciones para su implementación de manera

gradual e integrada a la cultura nativa, por lo que dicha pretensión

no resultaba controvertible en sede de la acción popular sino en una

acción de cumplimiento, de ahí que la presente demanda fuera

improcedente.

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Agregó que el actor pretendía por vía judicial la adopción de medidas

de carácter administrativo, cuya competencia era de la rama

ejecutiva del poder público, en este caso, en cabeza del DISTRITO,

razón por la que no se estaba ante la vulneración de derechos

colectivos, aunado al hecho de que el Juez popular no estaba

facultado para coadministrar con otra rama del poder.

Propuso las siguientes excepciones:

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Adujo que, conforme lo prevé el artículo 8º de la Ley 397 de 7 de

agosto de 199726, el MINISTERIO, previo concepto del Consejo de

Monumentos Nacionales, era el responsable de la declaración y

manejo de los monumentos Nacionales y de los BIC. Asimismo,

resaltó que en virtud de la Ley 163 de 30 de diciembre de 195927, las

murallas y fortificaciones del DISTRITO fueron declarados como

monumentos Nacionales, por lo que toda intervención debía contar

con la autorización del MINISTERIO, que, además, era el encargado

26 Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a
la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
27 Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico,

artístico y monumentos públicos de la Nación

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de aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, en

aquellos casos en que el bien lo requiriera.

Arguyó que las competencias otorgadas a las autoridades Distritales

sobre los bienes que son patrimonio de la Nación, así como aquellos

que fueron entregados a la SMPC, recaían en la administración,

manejo y control de los mismos, conforme lo dispuso el artículo 37

de la Ley 768 de 31 de julio de 200228, en concordancia con los

artículos 8º y 11 de la misma Ley y con el artículo 66 de la Ley 397,

disposiciones estas que le asignaron al MINISTERIO la

responsabilidad del manejo de los bienes y elaboración del PEMP.

• «INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN». Argumentó que no

vulneró derecho colectivo alguno, pues no se sustrajo de sus

obligaciones ni incurrió en hechos y/u omisiones que los afectaran.

I.4.3.- La SMPC informó que era una entidad de derecho privado,

sin ánimo de lucro, cuya personería jurídica le fue reconocida por el

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR29 en Resolución núm. 0278 de 1o.

28 Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario

e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta.
29 En adelante el Departamento.

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de mayo de 1970, con patrimonio aportado por sus asociados; y que

su objeto social era contribuir al desarrollo de la ciudad por medio de

la conservación, mantenimiento, fomento y defensa del patrimonio

monumental del DISTRITO y los bienes culturales en general.

Informó que suscribió con el FONDO DE INMUEBLES

NACIONALES el contrato núm. 005 de 1992, el cual fue cedido al

MINISTERIO para la administración, conservación y mantenimiento

de los siguientes bienes de propiedad de la Nación, ubicados en la

Isla: i) Fuerte de San Fernando de Bocachica; ii) Batería del Ángel

San Rafael; y iii) Fuerte San José de Bocachica.

Aseguró que los mencionados bienes se encontraban en buen estado

de conservación y que, incluso, por las obras de restauración de la

Batería del Ángel de San Rafael, recibió el premio internacional Reina

Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.

Precisó que las obligaciones adquiridas entorno a la conservación de

los bienes enunciados, derivaban de lo mencionado en el citado

contrato, de ahí que el actor no señalara omisión alguna de su parte.

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Afirmó que el único de los mencionados inmuebles que presentó

problemas de conservación fue el Fuerte de San José, el cual se vio

afectado por los trabajos de dragado de acceso a la bahía, por lo que,

en conjunto con el MINISTERIO, realizó la respectiva reclamación

ante el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

• FONADE y el INSTITUTO COLOMBIANO DE VÍAS – INVIAS,

quienes adelantaban los estudios.

Concluyó que se oponía a cualquier imputación de oficio que se le

realizara, debido a que cumplió a cabalidad con el objeto del contrato

de administración que la vinculaba con la Nación, razón por la que

no existía acción u omisión que la hiciera responsable de la

vulneración de los derechos colectivos invocados.

Propuso las siguientes excepciones:

• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN». Adujo que en atención a lo

previsto en el artículo 9º de la Ley 472 de 5 de agosto de 199830, de

la demanda se infería que no hubo acción u omisión que fuera

30 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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susceptible de reproche legal, pues no era una autoridad pública ni

privada que tuviera a su cargo o incidencia en lo solicitado.

• «AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA». Aseguró que

por no ser de su competencia la aprobación o no de la ejecución de

obras públicas y por no estar dentro de su objeto contractual la

administración de los bienes patrimoniales que requerían de

intervención o adecuación, no estaba legitimada en la causa en la

presente acción.

Adujo que la acción carecía de soporte probatorio que la vinculara

con la vulneración de los derechos colectivos señalados por el actor,

amén de que los tres bienes que se encontraban bajo su

responsabilidad estaban en buen estado.

• «INEXISTENCIA DEL DAÑO CONTIGENTE». Arguyó que el

artículo 2º de la Ley 472 establecía que para la viabilidad de la acción

popular era necesario que se pretendiera evitar un daño contingente,

hacer cesar un peligro, amenaza o agravio o restituir las cosas a su

estado anterior, lo cual, en el caso concreto, no se demostró,

omisión que podía inferirse de la misma demanda.

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I.4.4.- El MINISTERIO se refirió a las normas aplicables en materia

de patrimonio cultural y a una consulta hecha al Consejo de Estado

sobre las competencias para el manejo técnico del patrimonio

cultural, en la que se señaló la posibilidad de celebrar convenios con

los Distritos Especiales, en desarrollo de los cuales se establecieran

las políticas, los mecanismos y los proyectos de acción conjunta

sobre el manejo y utilización del patrimonio cultural.

Aseguró que con base en la Constitución, las Leyes 397 y 768 y el

mencionado concepto, suscribió con el DISTRITO el contrato núm.

595 de 9 de septiembre de 2003, el cual tenía por objeto aunar

esfuerzos para la elaboración del PEMP del centro histórico de

Cartagena y su área de influencia.

Puso de presente que con la suscripción del convenio se dio aplicación

a los principios de concurrencia y coordinación entre la Nación y el

DISTRITO para el manejo técnico de los BIC y del patrimonio

cultural en general.

Afirmó que, además, se llevaron a cabo acciones conjuntas con el

ente territorial para el manejo de los BIC localizados en el

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DISTRITO, en el marco del contrato núm. 4500022659, conforme

constaba en el informe de ejecución del mismo.

Manifestó que le correspondía la declaratoria y manejo de los

monumentos Nacionales y los BIC de la Nación, que corresponde a

la orientación técnica para el mantenimiento, intervención,

restauración, etc., conforme con lo previsto en la Ley 397.

Precisó que el DISTRITO era el competente para el manejo y

administración de los bienes que conformaban el patrimonio cultural

de ese ente territorial; y que al CONCEJO DISTRITAL le

correspondía, a iniciativa del Alcalde Mayor y previo concepto de la

autoridad local de cultura, la declaración de los BIC.

Indicó que dentro de las funciones del centro filial del CONSEJO DE

MONUMENTOS NACIONALES – SECCIONAL BOLIVAR, del que el

Alcalde era miembro, estaba el manejo de monumentos Nacionales

y BIC de carácter Nacional ubicados en ese territorio; y que era el

propietario de algunos bienes declarados como monumento Nacional

y/o BIC en el DISTRITO.

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Afirmó que en cumplimiento de sus objetivos y funciones técnicas de

carácter general, protegía conservaba y divulgaba el patrimonio

cultural bajo los parámetros establecidos en la Constitución y la Ley.

Estimó, en relación con la solicitud de rehabilitación y restauración

del patrimonio cultural y arqueológico, que era importante que en

cumplimiento de la Ley 1185 de 12 de marzo de 200831 el DISTRITO

le informara a dicho Ministerio o al ICANH sobre cualquier

intervención a realizar en los bienes o en sus áreas de influencia.

Precisó que lideró el plan de sensibilización con las comunidades en

la Isla, el cual fue catalogado como el proyecto más significativo e

importante realizado para proteger el patrimonio cultural subacuático

en Colombia.

Aseveró que en aras de continuar con ese proceso de sensibilización,

a finales del año 2008, desarrolló un ejercicio de participación,

valoración local y auto reconocimiento, a través de dos actividades

específicas a saber: i) un museo marítimo en el corregimiento de

31 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan

otras disposiciones.

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Tierra Bomba y ii) un seminario taller de PCS32, para definir los

mecanismos de gestión y sostenibilidad de esos lugares de memoria.

Arguyó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 18 de

julio de 199733, los POT debían incluir en el componente general las

áreas de conservación y la protección del patrimonio histórico,

cultural y arquitectónico, como mecanismo esencial de identificación.

Informó que a través de la Dirección de Patrimonio adelantó el Plan

Nacional de Recuperación de Centros Históricos – PNRCH, como

respuesta a la necesidad de recuperar, conservar y actualizar las

funciones de los centros históricos de las ciudades como áreas

verdaderamente activas, en el que se promueve el desarrollo de una

manera sostenible desde la presentación de las estructuras

existentes, complementándolas con nuevas acciones al interior de los

territorios.

Aseguró que el referido PNRCH proponía revitalizar los sectores

urbanos declarados como BIC de carácter nacional, mediante una

estrategia conjunta con el respectivo Departamento, Municipio o

32 Patrimonio Cultural Subacuático
33 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

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Distrito, en virtud de lo cual le transfirió al DEPARTAMENTO una

importante suma de dinero durante los años 2003-2008.

Manifestó que para los inmuebles de que trata la presente acción el

DEPARTAMENTO no había destinado recursos, pese a lo cual dirigió

dineros provenientes del Impuesto sobre el Valor Agregado - IVA de

la telefonía móvil a la recuperación y mantenimiento de los BIC. Para

sustentar su afirmación, indicó los contratos ejecutados con esos

recursos.

Argumentó que las pretensiones de la acción popular, además de

confusas, se salían del objetivo de la misma, pues la demanda no se

presentó para evitar un daño contingente, hacer cesar un peligro,

una amenaza, una vulneración o un agravio sobre los derechos e

intereses colectivos alegados, por lo que lo pretendido no tenía

vocación de prosperidad.

Advirtió que existían tres bienes en la Isla que le pertenecían a la

Nación, a saber: la estructura arqueológica de la bahía de la Isla, el

Castillo de San Fernando y el Fuerte de San José, los cuales fueron

entregados para su administración, conservación y mantenimiento a

la SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATOS DE CARTAGENA.

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Propuso como excepciones, las siguientes:

• «NO COMPRENDER TODA LA DEMANDA A TODOS LOS LITIS

CONSORTES NECESARIOS». Arguyó que, conforme con lo

establecido en la Ley 397, el ICANH era la entidad encargada del

manejo del patrimonio arqueológico y, por tanto, era la responsable

de atender lo atinente al manejo del posible patrimonio arqueológico

al que hacía referencia el actor; y que, adicionalmente, de acuerdo

con lo dispuesto en los artículos 2350 del Código Civil y 106 de la Ley

388, a los propietarios y poseedores de los bienes les correspondía

adelantar las acciones de mantenimiento y conservación de los

mismos.

Estimó que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, para

efectos de integrar el contradictorio, la demanda debía contener a

todos los extremos de la litis, pero en el presente caso no se llamó

al ICANH, ni a los propietarios o poseedores, razón por la que éstos

debían ser llamados.

• «PLEITO PENDIENTE». Afirmó que en el Juzgado Sexto

Administrativo de Cartagena cursaba una acción popular presentada

por el señor CALIXTO MORALES PÁJARO en su contra y el IPCC,

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la cual tenía por objeto la restauración y conservación del patrimonio

histórico, arquitectónico y arqueológico de los bienes de interés

cultural de la Isla, por lo que, a su juicio, existía pleito pendiente

frente a las peticiones de la presente acción.

• «INDEBIDA DETERMINACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL

LITIGIO». La fundamentó en que el actor no determinó con

precisión los bienes objeto del litigio que debían ser protegidos como

patrimonio arqueológico, motivo por el que no era posible un

pronunciamiento de fondo.

I.4.5.- EPA argumentó que no amenazó ni vulneró los derechos

colectivos invocados por el actor, ya que ninguno de ellos tenía

relación directa con sus acciones u omisiones.

Informó que de acuerdo con los Decretos núms. 029 de 2002 y 003

de 2003 del CONCEJO DISTRITAL, es la responsable de administrar

y orientar el manejo del medio ambiente urbano del DISTRITO y

propiciar su conservación, restauración y desarrollo sostenible.

Arguyó que si bien la Isla pertenecía al DISTRITO, no hacía parte

de su perímetro urbano, motivo por el que la competencia le

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correspondía a CARDIQUE, por expresa disposición de la Ley 768,

razón por la que propuso la excepción de falta de legitimación en la

causa por pasiva.

También propuso la excepción que denominó “Inexistencia de la

vulneración o amenaza”, para lo cual argumentó que no incurrió en

actuaciones u omisiones que pusieran en peligro o quebrantaran

derecho alguno.

I.4.6.- La ARMADA NACIONAL informó que a través del Decreto

031 del 27 de febrero de 1957, el Gobierno Nacional le cedió al

DISTRITO un área de 1.057 Ha en la Isla, decisión que se concretó

en la escritura pública núm. 10 de 5 de enero de 1961, reservándose

únicamente 964.017 Ha.

Aseveró que en 1955 el MINISTERIO DE DEFENSA inició la

legalización del asentamiento de Punta Arenas, de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 9ª de 11 de enero de 198934, así como el

levantamiento topográfico del sector de Caño de Oro, con un avance

aproximado del 80%, con el propósito de delimitar el casco urbano y

34Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.

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titular las áreas ocupadas por los nativos de esos asentamientos; y

que de conformidad con la mencionada Ley, al DISTRITO le

correspondía legalizar los asentamientos de las poblaciones de Tierra

Bomba y Bocachica.

Informó que dentro del área de su propiedad en la Isla, existía una

dependencia militar denominada Base Naval ARC Bolívar, en la que

funcionaba un depósito de material militar que no constituía un

peligro potencial para los habitantes de la zona, por lo que no

vulneraba ni ponía en peligro los derechos colectivos de la

comunidad.

I.4.7.- El ICANH presentó como argumentos de defensa las

siguientes excepciones:

• «IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA POR FALTA DE PRUEBA

DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS».

Manifestó que la demanda era improcedente ya que no se demostró

la vulneración de los derechos colectivos enunciados, y porque no se

cumplieron los requisitos enunciados en el artículo 18 de la Ley 472,

debido a que no se indicaron con claridad las acciones u omisiones

en que incurrieron las entidades accionadas, pues el actor se limitó

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a enumerar una serie de actividades que, a su juicio, debía

desarrollar el DISTRITO apoyado en el POT, especialmente en el

Plan Parcial de la Isla.

Arguyó que con la demanda se debió aportar el material probatorio

que se pretendía hacer valer, por lo que no resulta válido que el

accionante obtuviera las pruebas a través del presente proceso.

• «INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA:

RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES FRENTE AL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ACTUACIONES EN

CARTAGENA DE INDIAS Y TIERRA BOMBA». Destacó que era la

encargada del patrimonio arqueológico, en virtud de lo cual debía:

i)dictar las medidas y aprobar los proyectos que intervenían el

patrimonio; ii) llevar el registro de los bienes arqueológicos muebles;

iii) aprobar la declaratoria de las áreas de conservación arqueológica

y los planes de manejo para esos casos; iv) expedir las

autorizaciones de exportación temporal; y v) aplicar el régimen de

sanciones en caso de daños al patrimonio arqueológico.

Aseguró que le corresponde aprobar las intervenciones arqueológicas

producto de investigaciones o de la aplicación de programas de

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arqueología preventiva en el marco de obras, proyectos o actividades

de infraestructura y desarrollo, pero no su diseño y ejecución. En

consecuencia, respecto del patrimonio arqueológico, solamente le

compete dictar los parámetros a observar en las intervenciones sobre

el mismo, las cuales debían ser con calidad técnica y científica en pro

de su conservación, conocimiento y valoración.

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA».

Argumentó que aun cuando las pretensiones estaban dirigidas al

DISTRITO, debía entenderse que solo eran ejecutables en lo que

respecta a las intervenciones arqueológicas y la propuesta de

creación del parque, cuando apruebe los respectivos proyectos, pues

toda intervención y propuesta relacionada con la conservación

arqueológica que se propusiera en el POT, debía contar con su previa

evaluación del Plan de Manejo Arqueológico -PMA expresamente

diseñado para tal fin.

Argumentó que de acuerdo con lo expuesto no era a la que debía

endilgársele falta de gestión de las propuestas hechas en el artículo

90 del Decreto 077 de 2001, en el que se desarrolló el Plan Parcial

de la Isla, pues sus funciones estaban dirigidas a aprobar las

intervenciones planteadas por el ente territorial.

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Precisó que pese a que el patrimonio arqueológico no requería de una

declaratoria para ser tenido como tal, era posible hacer declaratorias

de áreas arqueológicas de protección cuando existieran conjuntos de

bienes integrantes del mismo que requirieran medidas especiales de

protección, conservación, restauración, investigación, divulgación y

sostenibilidad, en cuyo caso, la declaratoria debía ir acompañada de

un PMA.

Aseveró que el territorio Nacional era considerado como área de

potencial riqueza de patrimonio arqueológico, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 4° del Decreto 833 de 26 de abril de 200235,

por lo que cualquier declaratoria debía ser contextualizada en la zona

de que se tratara, para lo cual debía tenerse en cuenta los proyectos

ambientales, urbanísticos y en general cualquier intervención del

suelo.

Aseguró que ni en el DISTRITO ni en la Isla ha efectuado ningún

tipo de declaratoria de áreas arqueológicas protegidas y, por tanto,

no hubo incumplimiento de obligación alguna, pues dicha declaración

35Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de Patrimonio
Arqueológico Nacional y se dictan otras disposiciones.

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podría hacerse de oficio o a petición de parte, previo análisis del

PMA.

Precisó que la declaratoria de determinada área como arqueológica

no afectaba la propiedad del suelo, motivo por el que aun cuando en

la Isla existiera dicho patrimonio el actor no podía pretender que se

desalojara a los pobladores de la zona y mucho menos a través de la

acción popular.

Aseguró que su responsabilidad frente a parques arqueológicos

estaba determinada en el Decreto 2667 de 24 de diciembre de

199936; y que aquellos que le fueron entregados por parte del

MINISTERIO, que se asimilaban a áreas protegidas, fueron los

siguientes: i) San Agustín y Alto de los Ídolos; ii) Tierradentro; y iii)

Ciudad Pérdida, parques frente a los cuales era responsable directa.

En los demás casos, solamente estaba encargado de aprobar el PMA.

Concluyó que frente a los parques o áreas de conservación

arqueológica que estuvieran señalados en el POT del DISTRITO, las

autoridades competentes para su protección, conservación y

36 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

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divulgación eran las señaladas en el PMA; y si éste no existía, o no

hubiese efectuado su declaratoria, no podía endilgársele

responsabilidad por el manejo de dichas áreas.

A su juicio, no existían pruebas de los hechos que permitieran

concluir que la presente acción estaba llamada a prosperar.

I.4.8.- CARDIQUE argumentó que lo pretendido por el actor no era

de su competencia sino del DISTRITO.

Indicó que le correspondía velar por la conservación y preservación

del medio ambiente y de los recursos naturales y de la realización de

proyectos ecológicos y similares, que pudieran ser implementados

conforme a los recursos técnicos y humanos que tuviera a su

disposición, ceñido a la disponibilidad presupuestal con que contara.

Informó que el 30 de julio de 2007 el DISTRITO le solicitó una

modificación excepcional de las normas urbanísticas contenidas en el

POT con el respectivo soporte técnico ambiental, la cual fue sometida

al trámite correspondiente que culminó con el protocolo de

conservación remitido al Alcalde de Cartagena el 24 de agosto de ese

año.

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Aseguró que frente a la Isla se efectuaron las siguientes precisiones:

“[…] 1.- El desarrollo urbano de tierra Bomba debe quedar
claramente condicionado a la protección de las áreas identificadas
en el Soporte Técnico Ambiental como Estructura Ecológica
Principal con cargo a los correspondientes planes parciales. Así
mismo la corporación se dispondrá a proveer el resultado de la
delimitación del área de la Estructura Ecológica para que pueda ser
incluida como suelo de protección, y conservación en los Planes
Parciales.

Distrito: Se reforzará lo relacionado con dicho condicionamiento en
el texto del documento técnico soporte.

2.- El proyecto de acuerdo debe incluir las medidas requeridas para
el mejoramiento integral de los centros poblados de Tierra Bomba,
en especial las relacionadas con la protección de las aguas
subterráneas, el saneamiento básico y la accesibilidad y
sostenibilidad de los usos tradicionales del bosque y del manglar.
La norma debe contribuir a prevenir que estos asentamientos se
conviertan en sectores marginados en medio del desarrollo urbano
previsto.

Distrito: El Distrito considera claro el proyecto de acuerdo con
respecto a la incorporación del manejo integral de los poblados
rurales como parte integral de desarrollo urbano de Tierra Bomba.
No obstante, se reforzarán en el Documento Técnico de Soporte,
que hace parte integral del proyecto de Acuerdo, los aspectos
recomendados por la Corporación.

3. El documento técnico soporte no menciona la necesidad de
clasificar las condiciones de posesión y propiedad de los terrenos
de la isla previamente a cualquier tipo de desarrollo.

Distrito: El artículo 90 del POT que contiene los lineamientos del
Plan Parcial de Tierra Bomba precisa que para el desarrollo
urbanístico de este territorio debe clarificarse previamente la
propiedad y la tenencia de la tierra […]”.

Aseguró que una vez atendidas las observaciones efectuadas se

declaró concertado el proyecto, con la obligación de cumplir los

compromisos de allí derivados, por lo que, a su juicio, tuvo en cuenta

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la situación ambiental existente en la zona y el impacto que tendrían

las obras y acciones a desarrollar en la Isla.

Puso de presente que, conforme con lo establecido en la Resolución

núm. 0176 de 28 de febrero de 2008, la Isla estaba conformada por

áreas de manglar y, por lo tanto, objeto de zonificación, motivo por

el que las reglas o directrices allí dispuestas tenían el carácter de

determinantes de los POT de los Municipios de su jurisdicción.

Concluyó que seguiría cumpliendo con sus obligaciones y

competencias en cuanto a la conservación y preservación del medio

ambiente y los recursos naturales en la Isla, según lo establecido en

los planes, programas y proyectos del DISTRITO.

Precisó que no le correspondía la ejecución de obras de

infraestructura, desarrollo de proyectos y demás acciones

enunciadas por el actor que no se relacionan con el medio ambiente

y los recursos naturales.

I.4.9.- El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL propuso la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva, para lo cual argumentó que no

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estaba llamado a responder por los derechos colectivos invocados en

la demanda, en atención a que dentro de sus competencias no se

encontraban funciones relacionadas con la ejecución de actuaciones

de policía relacionadas con el patrimonio arqueológico y

arquitectónico de la Isla, ni con la construcción de un teatro bélico o

de centros educativos; y que tampoco le correspondía ejercer como

autoridad de policía ambiental o realizar trabajos relacionados con

espolones o tajamares.

Arguyó que, de conformidad con lo establecido en las leyes 99 y 790

de 27 de diciembre de 200237 y el Decreto 216 de 3 de febrero de

200338, era el órgano rector encargado de fijar o establecer las

políticas a nivel nacional en materia de medio ambiente, uso del suelo

y ordenamiento urbano, agua potable y de saneamiento básico,

desarrollo territorial y urbano, y la política habitacional integral,

competencias dentro de las cuales no se encontraba el otorgamiento

de las concesiones marítimas, todo lo cual era objeto de seguimiento

por parte de la Corporación Autónoma Regional.

37 Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la
República.
38 Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones.

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Se refirió a las competencias otorgadas a cada una de las autoridades

ambientales en el territorio objeto de la presente acción, así:

-. EPA es la máxima autoridad ambiental en la zona urbana del

DISTRITO, cuyas funciones son ejercidas desde el mes de

septiembre de 2003, pues fue creada mediante Acuerdo núm. 029

de 2002, expedido por el CONCEJO DISTRITAL y modificado por el

Acuerdo núm.003 de 2003.

-. CARDIQUE es la entidad competente para ejecutar las políticas,

planes y programas nacionales en materia ambiental y, además,

ejercer las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley en

caso de violación de las normas de protección ambiental que afecten

o pudieren afectar el medio ambiente.

I.4.10.- El INCODER aseguró que lo pretendido por el actor en

relación con el desarrollo urbano y ecológico de la Isla resultaba

improcedente frente a sus competencias legales, máxime si se tenía

en cuenta que lo que se buscaba era la instalación de servicios

públicos, la promoción de desarrollos urbanos, la rehabilitación del

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patrimonio cultural y arqueológico y de educación, cuyos aspectos le

correspondían al DISTRITO y demás autoridades.

Indicó que la creación del Plan Parcial de la Isla a que se refiere el

POT le correspondía al DISTRITO, en lo cual no tenía ninguna

injerencia, aunado a que sus competencias difieren de lo pretendido

por el actor, conforme se advierte del Decreto 3759 de 30 de

septiembre de 200939.

Puso de presente que le correspondía, entre otras funciones, definir

los programas de desarrollo productivo sostenible en los aspectos

agropecuario, forestal y pesquero que permitieran a los actores

rurales la identificación de oportunidades productivas, con lo cual se

promovería la consolidación económica y social de las áreas aptas

para el desarrollo rural y, en consecuencia, debía definir los criterios

técnicos para la administración de las tierras baldías.

Estimó que, conforme con lo anterior, podría colaborar con el

desarrollo pretendido por la parte accionante a través de la titulación

de tierras a campesinos de la zona; no obstante, teniendo en cuenta

39Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, y se dictan otras disposiciones.

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lo dicho por el propio demandante, las tierras no eran aptas para la

explotación agrícola y/o ganadera, requisito indispensable para la

adjudicación de zonas catalogadas como baldías.

Estimó que no tenía ninguna mediación en el desarrollo urbano de la

Isla, ni en la protección ecológica y arqueológica de la misma, por lo

que, a su juicio, se configuraba la excepción de falta de legitimación

en la causa por pasiva.

I.4.11. ACUACAR S.A. E.S.P. argumentó que era una sociedad

prestadora de servicios públicos domiciliarios, encargada de operar y

mantener la infraestructura de acueducto y alcantarillado del

DISTRITO, conforme constaba en el contrato suscrito con el ente

territorial, el cual en el artículo 20 disponía que tenía el deber de

planear y construir todas las obras que fueran necesarias para la

expansión y mejora del servicio objeto de prestación que le

correspondía a Cartagena.

Afirmó que dentro de sus actividades se encontraba el estudio de

alternativas de solución de los problemas o carencias de prestación

del servicio en la ciudad, dentro de la cual adelantó la preparación de

los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado de la Isla y

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elaboró la prefactibilidad para dar solución al servicio de

alcantarillado de los centros poblados de ese mismo territorio.

Propuso las siguientes excepciones:

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA». Adujo

que estaba encargada de operar y mantener la infraestructura de

acueducto y alcantarillado del DISTRITO, pero no de financiar las

obras de expansión que se fueran requiriendo.

• «COSA JUZGADA». Solicitó su declaratoria con fundamento en la

acción popular promovida por la señora Magdalena González Giraldo

en su contra y del DISTRITO, la cual cursa en los Juzgados

Administrativos, pues guardan identidad de objeto, causa y partes.

Aseguró que en la referida acción se dispuso, entre otras, la ejecución

de estudios, diseños y construcción de las obras necesarias para

dotar de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a la Isla,

tomando como punto de partida el estudio de prefactibilidad del año

2001.

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Aseguró que en cumplimiento de la orden en mención efectuó los

estudios, diseños y construcción de las obras necesarias para dotar

del servicio a los habitantes de la Isla.

I.4.12. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. propuso las siguientes

excepciones:

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA». Adujo

que en caso de existir un responsable por los hechos objeto de la

presente acción, ese era el DISTRITO, pues incumplió los deberes

que legal y constitucionalmente le han sido asignados en relación con

el desarrollo de la Isla, conforme se advierte de las leyes 142 de 11

de julio de 199440 y 768.

Indicó que en la demanda no se hizo mención alguna en su contra;

por el contrario, el actor afirmó que la población de la Isla contaba

con alrededor del 85.45% de cobertura del servicio de energía y, por

ende, aquél no propendía por la mejora o ampliación de la

infraestructura eléctrica.

40 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones.

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Explicó que desde 1990 la infraestructura eléctrica de la Isla hacía

parte del circuito eléctrico de Bocagrande 7, sobre el cual ha

estructurado planes de mantenimiento y destinación de presupuesto

para su mejoramiento.

I.4.13. SURTIGAS S.A. E.S.P. además de referirse de manera

general a las normas que regulaban la prestación de servicios

públicos y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre dicho

asunto, señaló que respecto de la Isla adelantó acercamientos con

las autoridades del DISTRITO para llevar el servicio de gas natural

a todas las poblaciones de escasos recursos y, por ello, desarrolló los

estudios preliminares para determinar la posibilidad y factibilidad de

prestar el servicio en el mencionado territorio.

Informó que en el estudio en mención se contempló la posibilidad de

realizar el “cruce” para acceder al servicio en tres puntos específicos:

i) el Laguito a la altura del Hotel Hilton en baja presión; ii) frente a

la Estación City Gate Corelca en alta presión; y iii) en Barú a la altura

del Hotel Decamerón Barú en baja presión.

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Adujo que entregó el proyecto al DISTRITO y le indicó los costos y

requisitos del mismo, pues aquellos eran muy elevados para la Isla,

por lo que requería la consecución de recursos que lo garantizaran.

Aseguró que dispuso de $4.013.214.003 para la ejecución del

mencionado proyecto y que estaba a la espera de que el DISTRITO

definiera el monto con el que participaría.

Señaló que previo a la ampliación de redes debía verificar que los

usuarios pudieran acceder al servicio, circunstancia que requería de

la participación de recursos públicos.

Por lo expuesto, estimó que ha efectuado todas las gestiones que

han estado a su alcance para llevar gas a la Isla, razón por la que no

puede endilgársele la vulneración de los derechos colectivos.

I.4.14. GABRIEL ANTONIO GARCÍA ROMERO afirmó que no le

constaban los hechos señalados por el actor y que no aceptaba ni se

oponía a las pretensiones de la demanda, de manera que, a su juicio,

debían estudiarse, comprobarse, declararse y probarse ante el Juez

del caso, quien tomaría la respectiva decisión.

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I.4.15. KARAM AWAD SAER y ARMANDO ROJAS manifestaron

que se allanaban a lo que resultara probado dentro de la presente

acción en lo concerniente al DISTRITO.

Estimaron que en su circunstancia particular la demanda no era

procedente, porque ésta persigue el ajuste del Plan de Desarrollo

Integral de la Isla, lo que era de competencia del ente territorial y/o

la Nación.

I.4.16. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ URIBE y VICTOR

SUÁREZ MORENO arguyeron que no les constaban los hechos y,

por lo tanto, no les era dable asegurarlos o negarlos.

Afirmaron que tampoco se oponían a las pretensiones, por lo que se

atenían a lo que resultara probado en el proceso.

I.4.18 YABRA MUVDY señaló que no le constaban los hechos y que

no se oponía ni aceptaba las pretensiones.

Arguyó que los hechos objeto de la presente demanda eran de

competencia, manejo y ejecución por parte de la Nación y del

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DISTRITO, pues el POT de la Isla fue implementado a través del

Decreto 0977 de 2001.

Aseveró que resultaba contrario al ordenamiento jurídico y al Estado

Social de Derecho que un particular, como él, implantara,

desarrollara y ejecutara políticas públicas propias de la organización

estatal, de manera que lo único por lo que podría responder sería por

los daños o perjuicios que su proceder hubiese ocasionado a la

población, el ecosistema y el entorno en el que desarrolló sus

actividades.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 27 de abril

de 2010, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio

de las partes41.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

41 Luego de celebrada la audiencia de cumplimiento ante el Juzgado 2º Administrativo del

Cartagena, éste declaró la falta de competencia para conocer de la presente acción, a través
de auto de 17 de marzo de 2011; posteriormente, el Tribunal avocó conocimiento del
proceso en el estado en que se encontraba, mediante proveído de 5 de junio de 2011.

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El Tribunal en sentencia de 30 de julio de 2018 accedió a las súplicas

de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

Puso de manifiesto que lo pretendido por el actor era la protección

de los derechos colectivos contenidos en los literales a), d), e), f),

g), h) y m) del artículo 4° de la Ley 472, los cuales estimó vulnerados

por la omisión en el desarrollo del Plan Parcial de la Isla ordenado en

el artículo 90 del POT del Distrito y, además, en atención a sus

facultades de interpretación y por tratarse de una acción

constitucional, podía inferir que el actor también pretende la

adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios y la

protección del patrimonio natural y cultural de la Isla, con inclusión

de sus nativos.

Señaló que, previo a resolver el caso concreto, era necesario

destacar algunos aspectos de la inspección judicial practicada en la

Isla el 18 de octubre de 2012, en la que se constató que:

-. No existe muelle adecuado para el embarco y desembarco de

lanchas, sino unos embarcaderos improvisados.

-. El agua para el consumo provenía en bongo desde el DISTRITO.

-. No existe acueducto, alcantarillado, ni recolección de basuras.

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-. El servicio de luz se presta de manera inadecuada.

-. Las condiciones ambientales y de salubridad son deficientes.

-. Existe un desprendimiento de tierra que causaban erosión y que

consume la Isla poco a poco.

-. Los monumentos históricos están desapareciendo por el abandono.

-. No existe una eficiente prestación de servicios de salud.

-. En épocas de lluvia la marea se sube e invade la Isla.

Precisado lo anterior, manifestó que del material probatorio obrante

en el expediente podía advertirse que los BIC de la Nación ubicados

en la Isla se encontraban en mal estado de conservación debido a los

saqueos, modificaciones, abandono, y que los particulares se

apropiaban de terrenos de suma importancia arqueológica, los

cuales, de acuerdo con las normas sobre la materia, debían ser

objeto de recuperación, protección y/o conservación, todo lo cual, a

su juicio, vulneraba los derechos colectivos al goce del espacio

público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, el

patrimonio público y el patrimonio cultural de la Nación y, por tanto,

debía adoptar las medidas necesarias para su conservación.

En cuanto a los derechos a la seguridad y salubridad pública, el

acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad

pública y la realización de las construcciones, edificaciones y

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desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de

manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de

vida de los habitantes, señaló que las pruebas aportadas daban

cuenta de su vulneración, pues constató que en la Isla no había

servicios públicos y/o existía una deficiente prestación de los mismos,

circunstancia que ha ocasionado graves perjuicios a la vida digna de

sus habitantes, pese a que era un deber del Estado prestarlos de

manera eficiente y eficaz.

Puso de presente que también estaba demostrada la ineficacia en la

prestación del servicio de salud, pues únicamente existía un Hospital,

que no contaba con personal ni instrumentos necesarios para la

prestación básica del servicio, lo que de acuerdo con la jurisprudencia

de la Corte Constitucional acarreaba afectaciones a la vida y a la

dignidad. Asimismo, precisó que dada la doble connotación del

derecho a la salud y a que estaba demostrada su prestación

ineficiente, era necesario protegerlo.

En lo que respecta a la prestación adecuada de los servicios públicos

de acueducto y alcantarillado, advirtió que se configuraba la

excepción de cosa juzgada, habida cuenta que el Juzgado 1º

Administrativo de Cartagena en sentencia de 1o. de agosto de 2007,

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en el marco de la acción popular adelantada por otro ciudadano,

amparó los derechos colectivos a la seguridad pública y salubridad,

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el

acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad

pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea

eficiente y oportuna de los habitantes de la isla de Tierra Bomba y,

en consecuencia, ordenó al DISTRITO la construcción del acueducto

y alcantarillado, cuya decisión fue confirmada en providencia de 21

de noviembre de 2007.

Consideró que ante el incumplimiento de la sentencia proferida por

el Juzgado 1º Administrativo de Cartagena, el actor debía acudir al

incidente de desacato para que las autoridades accionadas dieran

cumplimiento a las órdenes de amparo y, por tanto, debía denegar

dichas pretensiones en el marco de la presente acción.

Precisó que, no obstante lo anterior, y en aras de garantizar una

tutela efectiva de los derechos, era necesario exhortar al DISTRITO

para que diera cumplimiento al fallo proferido el 1o. de agosto de

2007 proferido por el Juzgado 1º Administrativo de Cartagena,

confirmado en providencia de 21 de noviembre de ese año, y ordenó

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la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para

que investigara el incumplimiento de la providencia en mención.

Afirmó que también se evidenció la afectación de los demás derechos

colectivos invocados en la demanda por el incumplimiento del POT

del DISTRITO, pues ya existían unos planes para el desarrollo de la

Isla, dentro de los cuales se tenían como objetivos las pretensiones

invocadas en esta demanda, norma que fue expedida en el año 2001,

sin que a la fecha de la sentencia se hubiese probado que alguna de

esas metas fue ejecutada por parte del ente territorial.

Consideró que en atención a que los habitantes de la Isla no tenían

sus necesidades básicas satisfechas y que existía un notable

deterioro de los monumentos históricos, no era necesaria la práctica

de un estudio profundo para afirmar que existían falencias en la

zona; además, aseguró que si bien estaba probada la intención de

las autoridades de mejorar la calidad de vida de la comunidad, esto

no era suficiente, pues la vulneración de los derechos colectivos

resultó palmaria, circunstancia que a la postre también redundaría

en la afectación de los derechos fundamentales de las personas de la

Isla.

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Aseguró que pese a estar probado que el DISTRITO poseía un plan

en el que incluyó a la Isla dentro de sus objetivos administrativos,

ello no resultó suficiente para acreditar “la no afectación de los

derechos colectivos”, pues, a su juicio:

“[…] pese a que se encuentran trabajando para el logro de sus fines
estatales, no se demostró en el plenario que ello se hubiera
reflejado en actos concretos, debido a que no basta que se
encuentren contenido en el POT o que existan proyectos del ente
territorial como un punto a desarrollar, sin que exista una
realización objetiva de éstos, más aún sin prueba que demuestre
dicha afirmación.

Quiere decir lo anterior que el Distrito de Cartagena, no ha
cumplido con su deber legal de proporcionarle a los habitantes de
la isla de Tierra Bomba, los fines esenciales que contemplan el
artículo 2° de la Constitución Política […]”.
Concluyó, conforme lo expuesto, que accedía parcialmente a las

pretensiones de la demanda, en lo concerniente a hacer cesar las

violaciones de derechos colectivos, de acuerdo a lo establecido en la

Ley y la jurisprudencia.

Puso de presente, frente a los demás accionados y vinculados, que

no se probó ni se demostró que hubiesen participado en la

vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor popular,

motivo por el que las órdenes de amparo constitucional irían dirigidas

al MINISTERIO, el DISTRITO, EPA, IPCC e ICANH, como

entidades encargadas de asegurar los derechos vulnerados.

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Con fundamento en lo anterior, profirió las siguientes órdenes:

“[…] SEGUNDO: NIEGÁNSE las excepciones propuestas por las
accionadas; DECLÁRASE probada de oficio la excepción de cosa
juzgada en los términos que anteceden y DECLÁRANSE
vulnerados los derechos colectivos consagrados en los literales a),
d), e), f), g), h), y m del artículo 4º de la ley 472 de 1998.

TERCERO: CONCEDER la protección al derecho colectivo invocado
por el actor popular contemplados en lis literales a), d), e), f), g),
h), y m del artículo 4º de la ley 472 de 1998, a saber: el goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentaria, el goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, la defensa del patrimonio público, la defensa del
patrimonio cultural de la Nación, la seguridad y salubridad públicas,
el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública y la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes – del artículo 4°
de la Ley 472 de 1998, de conformidad con lo expuesto.

CUARTO: DECLÁRASE que por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia, que, al Ministerio de Cultura, el Distrito
de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental – EPA, Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC, Sociedad de Mejoras
Públicas de Cartagena y al Instituto Arqueológico de Antropología
e Historia – ICANH, afectaron los derechos colectivos consagrados
en los literales a), d), e), f), g), h), y m del artículo 4º de la ley
472 de 1998, por lo que se ordenan las siguientes medidas:

a. ORDÉNASE, al Distrito de Cartagena, para que en el término de
un (01) año siguiente a la notificación de este fallo, realice, facilite,
impulse, elabore, ejecute y financie, las gestiones que sean
necesarias para que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el art.90
del Decreto 0977 de 2001.

b. ORDÉNASE, al Ministerio de Cultura, al Instituto Arqueológico
de Antropología e Historia – ICANH, Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena de Indias – IPCC, Sociedad de Mejoras
Públicas de Cartagena, para que en el término de un (01) año

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siguiente a la notificación de este fallo, realicen, recuperen,
formulen, restauren, protejan, reintegren, fomenten, asesoren,
coordinen, ejecuten las obras necesarias para la conservación del
patrimonio cultural, arqueológico, arquitectónico y vigilen la
política en materia cultural de la isla de Tierra Bomba, dentro del
marco de sus competencias y funciones, en observancia de las
normas vigentes en beneficios de la comunidad y que incluyan los
nativos de la isla de Tierra Bomba, teniendo en cuenta las
recomendaciones contenidas en el informe técnico sobre el estado
actual de conservación de los bienes de interés cultural de la nación
localizados en la ciudad de Cartagena de Indias, administrados por
entes particulares y las anotadas en el oficio ICANH – 130-2006,
de fecha 23 de mayo de 2006, expedido por el Coordinador (e) del
Grupo de Arqueología.

c. ORDÉNASE, al Distrito de Cartagena y Establecimiento Público
Ambiental – EPA, para que en el término de un (01) año siguiente
a la notificación del presente fallo, desarrollen, administren,
conserven y orienten el ambiente y los recursos naturales
renovables, sostenibles en la Isla de Tierra Bomba.

d. ORDÉNASE, al Distrito de Cartagena para que en el término de
tres (3) años siguiente a la notificación de este fallo, facilite,
impulse, elabore, ejecute y financien y realice las gestiones que
sean necesarias para la prestación adecuada de los servicios
públicos de la Isla de Tierra bomba, dándoles prioridad al servicio
de salud, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la orden dada, exige una
planeación tanto técnica como presupuestal, por lo que se estima
prudente otorgar los plazos anteriores.

QUINTO: EXONERAR de responsabilidad popular a las demás
accionadas y vinculadas que no se haya referido el numeral
anterior. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONFORMAR el comité de cumplimiento de la sentencia,
el cual estará conformado por el Magistrado, las partes, el
Personero del Distrito de Cartagena y el Ministerio Público, esto de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998.

SÉPTIMO: Desígnese a la Procuraduría Regional de Bolívar, para
que vele por el estricto cumplimiento de esta providencia de
conformidad con lo establecido en los artículos 277 numeral 40 y
282 de la Constitución Política

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OCTAVO: ENVIAR copia de la presente providencia, a la
Defensoría del Pueblo, e acuerdo a lo estipulado en el art. 80 de la
ley 472 de 2011.

NOVENO: EXHORTAR al Distrito de Cartagena para que, le dé
cumplimento integro a la providencia fechada 01 de agosto de
2007, proferida por el Juzgado Primero (1) Administrativo de
Cartagena, por medio de la cual declararon vulnerados los derechos
colectivos a la seguridad pública y salubridad: seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; el acceso a una
infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública y
el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna. de los habitantes de la Isla de Tierra Bomba, la cual
fue confirmada por medio de providencia del 21 de noviembre de
2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

DÉCIMO: CONMINAR al actor popular para que, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden anotada en el numeral
anterior, itere materialmente el correspondiente incidente de
desacato.

DÉCIMO PRIMERO: Por Secretaría compúlsense copia a la
Procuraduría General de la Nación, para que dentro de sus
competencias investigue las actuaciones que han generado
incumplimiento de la providencia de marras […]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III. 1. El DISTRITO manifestó que no era viable la elaboración del

Plan Parcial a que se refiere el artículo 90 del Decreto 0977 de 2001,

porque aquél venció desde el año 2012, amén de que dicho Plan

contrariaba lo previsto en la Ley 388, pues el instrumento se instituyó

para las áreas urbanas y de expansión urbana, cuya condición no

ostenta la Isla.

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Argumentó que la protección del patrimonio cultural y arqueológico

ordenada en el literal b) del numeral 4º de la parte resolutiva de la

sentencia de primera instancia le correspondía al MINISTERIO,

conforme lo dispone en el Decreto 1080 de 26 de mayo de 201542,

pues éste es quien elabora los PEMP de los BIC de la Nación.

Arguyó que con posterioridad a la elaboración del PEMP, requería de

recursos y estudios adicionales para iniciar la etapa de ejecución de

contratos que permitieran desarrollar las obras necesarias, motivo

por el que la orden de adelantar obras resultaba imposible, debido a

las etapas previas que se debían llevar a cabo, sumado al hecho de

que había presencia de grupos étnicos, lo que implicaba adelantar la

debida concertación.

Informó que en el año 2010 el MINISTERIO adelantó la primera

etapa para formular el PEMP, el cual comprendía el Fuerte de San

Felipe.

Manifestó que en el año 2005 suscribió con la Universidad de

Cartagena el convenio interadministrativo núm. 6-00532 para

42 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

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realizar el proyecto “diseños para la prevención del fenómeno de

erosión en la isla de Tierra Bomba”, con el fin de formular o verificar

posibles alternativas de solución a la erosión presentada en gran

parte de la Isla, en el que se propusieron soluciones que buscaban

recuperar la línea de costa erosionada, detener el fenómeno y

estabilizar la playa y, además, agregó que con las referidas obras

“[…] se encuentra protegiendo al patrimonio cultural, […]las cuales

serán reiniciadas luego de dos años de suspensión de giros, tal como

consta en la Resolución No. 2334 del 17 de agosto del 2018 […]”.

Aseguró que le resultaba imposible realizar, recuperar, formular,

proteger, reintegrar, fomentar, asesorar, coordinar y ejecutar las

obras requeridas en el término de un año, pues no contaba con los

recursos disponibles para el efecto, ya que, de acuerdo con lo

informado por el ICANH, para la ejecución de obras en la zona era

necesario adelantar estudios arqueológicos debido al potencial que

allí existía, lo que implicaba llevar a cabo un proyecto de arqueología

preventiva.

Arguyó que la ejecución de cualquier tarea o actividad en la Isla

implicaba un despliegue de tareas calificadas que tornaban

insuficiente el plazo dispuesto por el Tribunal.

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Solicitó revocar los términos señalados por el a quo en el numeral 4

de la parte resolutiva de la providencia impugnada y, en su lugar,

ordenar que la ejecución se realizara teniendo en cuenta el tiempo

que arrojaran los estudios correspondientes que adelantaran las

autoridades competentes.

Resaltó que el INCODER efectuó la clarificación de títulos en la Isla,

motivo por el que existían predios de su propiedad, de la Nación y de

propiedad privada, como constaba en la Resolución núm. 4192 de

2015.

III.2. El MINISTERIO afirmó que, de cara a los derechos colectivos

invocados en la demanda, el actor no señaló si quiera someramente

las acciones u omisiones en que incurrió para afectarlos.

Manifestó que la acción popular era de naturaleza preventiva y que

en el presente caso no se cumplían los requisitos para su

procedencia.

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Afirmó que carecía de funciones y competencias en lo relacionado

con los derechos e intereses colectivos a que se referían los literales

a), d), e), g), h) y m) del artículo 4º de la Ley 472.

Aseguró que no ha amenazado o vulnerado el derecho a la defensa

del patrimonio cultural de la Nación, respecto de los BIC ubicados en

la Isla, los cuales están en perfecto estado de conservación y

mantenimiento, máxime si se tiene en cuenta que el demandante no

aportó pruebas fehacientes que dieran cuenta de lo contrario.

Destacó que las pruebas que fueron tenidas en cuenta por el

Tribunal para argumentar el mal estado de los BIC de la Nación en

la Isla no debieron ser apreciadas, pues eran de vieja data y no

reflejaban el verdadero estado de los mismos, los cuales se

encontraban en perfecto estado de conservación y mantenimiento,

gracias a las acciones emprendidas a través de la ESCUELA TALLER

DE CARTAGENA, con quienes tenía suscritos contratos de

comodato.

Estimó que como las pruebas practicadas dentro de la presente

acción eran anteriores al año 2013, no reflejaban la realidad de los

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BIC de la Isla, motivo por el que, a su juicio, se estaba en presencia

de un hecho superado por carencia actual de objeto.

Solicitó que, de la parte resolutiva del fallo apelado, se debían

revocar: i) el numeral segundo y, en su lugar, declarar las

excepciones propuestas; ii) el numeral tercero y, en consecuencia,

exonerarlo de responsabilidad, por cuanto no vulneró los derechos

colectivos reconocidos por el Tribunal; y iii) el literal b) del numeral

cuarto, en atención a que el informe técnico y el oficio ICANH-130-

2006, no dan cuenta del estado actual de los BIC de la Isla.

III.3. EPA solicitó se le excluyera de la declaratoria de

responsabilidad efectuada en la sentencia de primera instancia y de

las órdenes impartidas, ya que, a su juicio, la providencia adolecía

del defecto sustancial o material, pues desconocía las normas

contentivas de sus competencias y, por ende, se le atribuyeron

responsabilidades que le son ajenas.

Argumentó que era necesario delimitar las funciones y competencias

que le fueron asignadas, ya que, de acuerdo con la Ley 768 y el

artículo 66 de la Ley 99, le corresponde ejercer las funciones de las

corporaciones autónomas regionales, pero en el perímetro urbano

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del DISTRITO, en el que no se encuentra la Isla objeto de la acción,

conforme lo estable el POT, según el cual, Tierra Bomba corresponde

al suelo suburbano (artículo 56) y, por tanto, la competente para

ejercer la administración, conservación y restauración del orden

ambiental de la zona en comento es CARDIQUE.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. SURTIGAS S.A. E.S.P informó que estaba prestando el

servicio de gas natural a la mayoría de las comunidades de la Isla.

Sostuvo que, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional,

el acceso a los servicios públicos era de contenido programático, lo

que significaba que para su acceso efectivo debían tenerse en cuenta

variables de tipo político y económico que dependían de la

planificación gubernamental y de las disposiciones presupuestales.

Arguyó que de las pruebas aportadas a la presente acción no se

evidenciaba que hubiese negado la instalación del servicio de gas

natural a las comunidades de la Isla, y que una vez efectuada la

solicitud determinó, mediante su plan de expansión e inversión, la

viabilidad de la instalación, cuyo análisis arrojó resultados positivos

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gracias a los esfuerzos realizados con el MINISTERIO DE MINAS Y

ENERGÍA y el DISTRITO.

Reiteró lo dicho en la contestación de la demanda, en el sentido de

mencionar las gestiones que había adelantado para proveer el

servicio a la Isla e informó que gracias a los aportes del FONDO

ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO, adscrito al MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGÍA, construyó la infraestructura de redes de

distribución y cruce subacuático para llevar gas desde Cartagena

hasta Tierra Bomba, para lo cual, también aportó recursos que

permitieron subsidiar las suscripciones de parte los usuarios, los

cuales fueron formalizados por medio del convenio 237 de 2014.

Aseguró que el DISTRITO también cubrió parte de las suscripciones

de usuarios a través de convenios suscritos en los años 2017 y 2019,

y que con todos estos aportes se logró beneficiar a 2.064 hogares,

conectados sin costo a su cargo por concepto de instalación

domiciliaria.

Concluyó que se estaba en presencia de la figura de carencia actual

de objeto por hecho superado, ya que ha realizado todas las

actuaciones pertinentes para la prestación del servicio, no obstante,

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recalcó que la satisfacción de los servicios públicos era una labor que

no se daba de manera inmediata como sucedía con otros derechos

fundamentales, teniendo en cuenta que en el proceso existían

requisitos y/ factores como políticas públicas, estudios, permisos,

entre otros; por lo tanto, estimó que no ha vulnerado derecho

colectivo alguno.

IV.2. El DISTRITO reiteró lo dicho en el recurso de apelación,

sobre: i) el vencimiento del Plan Parcial de Tierra Bomba; ii) la

competencia para la protección del patrimonio arqueológico y

cultural; iii) las labores de protección costera adelantadas; y iv) la

insuficiencia del término para ejecutar las órdenes impartidas por el

Tribunal.

IV. 3. La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT43 puso de

manifiesto que asumió las funciones del INCODER señaladas en la

Ley 160 de 3 de agosto de 199444, en cuanto a la administración de

los predios baldíos de la Nación.

43 Antes INCODER.
44 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,

se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

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Afirmó que no existían acciones u omisiones que dieran lugar a la

vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor, motivo

por el que no había pretensión en su contra, pues, ni el entonces

INCODER, tenían injerencia en el desarrollo urbano de la Isla y/o en

la protección ecológica y arqueológica de la misma, por lo que

resultaba evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva.

IV.4. ELECTRICARIBE aseguró que existía falta de legitimación en

la causa por pasiva, pues lo pretendido por el actor se encaminaba,

principalmente, al mejoramiento de las condiciones del patrimonio

histórico de la Isla, así como de su población circundante, en lo cual

no tenía injerencia.

Señaló que no estaba demostrada la vulneración de los derechos

colectivos invocados por el actor, tal y como se evidenciaba del

material probatorio aportado, pues ha prestado el servicio de energía

en la Isla, por lo que solicitó confirmar la sentencia de primera

instancia, en el sentido de que no afectó ningún derecho colectivo.

V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

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VI.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Una vez el Tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos

contra la sentencia de primera instancia, el expediente fue repartido

a la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en auto de 20 de

febrero de 2019 admitió las apelaciones y en proveído de 4 de marzo

de 2020 tuvo como pruebas las aportadas por el DISTRITO con su

alzada y corrió traslado de las mismas a las partes.

Mediante auto de 29 de enero de 2021 la Sección Tercera corrió

traslado a las partes para que alegaran de conclusión y en proveído

de 27 de enero de 2022 declaró su falta de competencia para conocer

del asunto y, en consecuencia, remitió el expediente a la Sección

Primera de la Corporación, a la cual le fue repartido el proceso el 16

de marzo de 2022.

El Despacho sustanciador en auto de 12 de mayo del presente año

profirió auto para mejor proveer, y en providencia de 10 de junio

ordenó a la Secretaría correr traslado a las partes de las pruebas

allegadas.

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VII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción son, en esencia, que la Isla está conformada por

un antiguo arrecife coralino, por manglares y ciénagas; tiene zonas

boscosas en las áreas de mayor elevación; cuenta con una

vegetación propia de bosque tropical seco y tiene una población

mayormente afrodescendiente, lo cual hace necesario que las

autoridades competentes la protejan, pues históricamente ha sido

desatendida por las entidades del orden territorial y Nacional, lo que

ha redundado en la afectación de los derechos de sus habitantes.

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Asimismo, se indicó que la Isla no se desarrolló de forma paralela al

DISTRITO, motivo por el que era necesario mejorar la calidad de

vida de los habitantes de ese territorio, ya que para sobrevivir

podrían agotar los recursos naturales del territorio, para lo cual, era

preciso disponer de todas las herramientas administrativas, jurídicas

y coercitivas necesarias para detener el avance de los daños que se

han causado.

Precisó que, debido a las corrientes marinas, la Isla había perdido de

manera paulatina y casi imperceptible sus litorales por el embate de

las olas, motivo por el que fue necesaria la instalación de espolones.

Resaltó que la provisión de servicios públicos era precaria por lo

siguiente:

-. Del servicio de energía eléctrica señaló que si bien se contaba con

el mismo, lo cierto era que no existía cultura de pago;

-. Los pobladores no contaban con los servicios de acueducto y

alcantarillado y, en su gran mayoría, no tenían infraestructura de

servicios sanitarios;

-. La Isla carece de gas domiciliario;

-. No existen centros hospitalarios.

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Aseguró que los habitantes de la Isla no tienen acceso al empleo

formal.

Sostuvo que la Isla cuenta con vestigios arqueológicos,

construcciones vernáculares, coloniales y republicanas que se han

visto afectadas por el comportamiento de los habitantes menos

capacitados, quienes han dañado esos bienes y han pasado por alto

que la zona tiene vocación ecológica, social, urbana y patrimonial,

que solo podría recuperarse a través de la figura de parque histórico.

La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que, en

sentencia de 30 de julio de 2018, señaló que en atención a su

facultad de interpretación y por tratarse de una acción constitucional,

se infería que lo pretendido por el actor era la prestación adecuada

de los servicios públicos domiciliarios y la protección del patrimonio

natural y cultural de la Isla junto con sus nativos.

Por lo anterior, estimó vulnerados los derechos colectivos invocados

por la parte demandante, al corroborar que: i) no existía muelle

adecuado para el embarco y desembarco de lanchas, sino unos

embarcaderos improvisados; ii) el agua para el consumo provenía en

bongo desde el DISTRITO; iii) no existía acueducto, alcantarillado,

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ni recolección de basuras, y el servicio de luz se prestaba de manera

inadecuada; iv) el servicio de salud no era prestado de manera

eficiente; v) las condiciones ambientales y de salubridad eran

deficientes; vi) existían desprendimientos de tierra que causaban

erosión, además de consumir la Isla progresivamente; vii) en épocas

de lluvia se subía la marea e invadía la Isla; y viii) los monumentos

históricos están desapareciendo por el abandono.

Declaró la excepción de cosa juzgada respecto de la prestación de

los servicios de acueducto y alcantarillado en la Isla, pues en otra

acción popular se había ordenado su amparo y se impartieron las

órdenes para su protección, por lo que exhortó al Distrito para el

cumplimiento de dicho fallo y, en caso de persistir la omisión del ente

territorial, conminó al actor a solicitar la apertura del incidente de

desacato.

Aseguró que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio

público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la

defensa del patrimonio cultural de la Nación, por el mal estado de

conservación del patrimonio cultural de la Isla, causado por los

saqueos, modificaciones, abandono, entre otros; sumado a que los

particulares han usado terrenos de suma importancia arqueológica,

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los cuales, de acuerdo con las normas sobre la materia, debían ser

objeto de recuperación, protección y/o conservación.

Por último, atribuyó la afectación de los demás derechos colectivos

invocados en la demanda a la falta de implementación del Plan Parcial

previsto en el artículo 90 del POT del DISTRITO, pues este tenía

como objetivo las pretensiones invocadas en esta demanda, y a la

fecha de expedición de la sentencia no se demostró que alguna de

esas metas fuese ejecutada por parte del ente territorial.

En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó: i) al DISTRITO el

cumplimiento del Plan Parcial contentivo en el POT; ii) al

MINISTERIO, al ICANH, al IPCC y a la Sociedad de Mejoras

Públicas de Cartagena conservar el patrimonio cultural,

arqueológico y arquitectónico de la Isla; iii) al DISTRITO y a EPA

que administren y conserven el ambiente y los recursos naturales

renovables y sustentables; y iv) al DISTRITO que realice las

acciones necesarias para prestar adecuadamente los servicios

públicos en la Isla, con prioridad del servicio de salud.

Contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación, los

siguientes demandados:

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1.- El DISTRITO argumentó que el Plan Parcial de la Isla contenido

en el artículo 90 del Decreto 0977 de 2001 venció en el año 2012 y,

además, contrariaba lo previsto en la Ley 388, habida cuenta que

dicho instrumento se instituyó para las áreas urbanas y de expansión

urbana, cuya condición no ostenta la Isla, razón por la que no

resultaba viable dar cumplimiento a esta orden.

Aseguró que la protección del patrimonio cultural y arqueológico le

correspondía al MINISTERIO, pues de acuerdo con el Decreto 1080

de 2015 a éste le correspondía la elaboración del PEMP, el cual era

necesario para la protección de los BIC de la Nación. Además, que

con posterioridad a la elaboración del instrumento en mención,

requería de recursos y estudios adicionales para iniciar la etapa de

ejecución de contratos que permitieran desarrollar las obras

necesarias, motivo por el que no resultaba procedente ordenarle la

realización de obras debido a las etapas previas que se debían llevar

a cabo, sumado al hecho de que había presencia de grupos étnicos,

lo que implicaba adelantar la debida concertación.

Afirmó haber adelantado acciones para prevenir el fenómeno de la

erosión en la isla de Tierra Bomba y aseguró que el plazo de un año

que le fue otorgado para ejecutar las obras requeridas, era

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insuficiente, pues no contaba con los recursos para el efecto y,

además, de acuerdo con el ICANH se requería de estudios

arqueológicos, por lo que solicitó la modificación de los términos.

2. El MINISTERIO argumentó que no se señalaron las acciones u

omisiones en que incurrió para afirmar que afectó los derechos

colectivos invocados por el actor. Respecto del derecho al patrimonio

cultural de la Nación, aseguró no haberlo amenazado o vulnerado.

Arguyó que no se cumplieron los requisitos para la procedencia de la

acción popular y que carecía de competencia para la protección de

los derechos amparados, sumado a que resultaba evidente para

cualquier transeúnte de la Isla que los BIC están en perfecto estado

de conservación, motivo por el que las pruebas tenidas en cuenta por

el a quo para considerar lo contrario no debieron apreciarse, pues

eran anteriores al año 2013 y no dan cuenta de las acciones

desarrolladas por la ESCUELA TALLER DE CARTAGENA para el

mantenimiento y conservación de dichos bienes, por lo que, a su

juicio, se configuró un hecho superado por carencia actual de objeto.

3. El EPA solicitó ser excluido de la declaratoria de responsabilidad

en el presente caso y de las órdenes impartidas por el Tribunal,

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debido a que no ejerce como autoridad ambiental en la Isla, ya que

ésta se encuentra fuera del perímetro urbano del DISTRITO y fue

catalogada por el POT como suelo suburbano dentro del suelo rural,

motivo por el que la administración, conservación y restauración del

orden ambiental de la zona corresponde a CARDIQUE.

Problemas jurídicos

Con fundamento en lo expuesto, corresponde a la Sala determinar lo

siguiente:

i. ¿Resulta procedente que a través de la presente acción popular se

ordene al DISTRITO la implementación del artículo 90 del Decreto

0977 de 2001- POT, referente a la elaboración del plan parcial para

la Isla, o por el contrario, esta decisión debe ser revocada por

contrariar lo establecido en la Ley 388, como lo afirma el ente

territorial?

ii. ¿El MINISTERIO y el DISTRITO vulneraron o amenazaron el

derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación, por el presunto

incumplimiento de sus obligaciones de protección y conservación de

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los BIC de la Isla, como lo afirmó el Tribunal, o, por el contrario, se

configuró la carencia actual de objeto por hecho superado?

iii. ¿La Sala se encuentra facultada para impartir órdenes respecto

de la erosión de la Isla, en atención a que hizo parte de las

pretensiones de la demanda y a que el Tribunal encontró

demostrado que este fenómeno afectaba la Isla, pero no incluyó

ninguna disposición al respecto en la parte resolutiva de la

providencia de primera instancia?

iv. ¿A qué entidad le corresponde el ejercicio de las funciones de

autoridad ambiental en la Isla de Tierra Bomba, esto es, a EPA o a

CARDIQUE?

Del Plan Parcial para la Isla

El DISTRITO afirmó en el recurso de apelación que no estaba

llamado a dar cumplimiento al artículo 90 del Decreto 0977 de 2001,

por medio del cual se adoptó el POT del ente territorial, por cuanto

éste venció desde el año 2012, motivo por el que no era viable la

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elaboración del Plan Parcial de la Isla de Tierra Bomba, a pesar de

estar mencionado en el instrumento territorial.

Además, el ente territorial arguyó que dicha disposición iba en

contravía de lo establecido en la Ley 388 que señala que ese

instrumento de planificación se emplea para áreas urbanas y de

expansión urbana, cuya condición no ostenta la Isla.

Para efectos de determinar si le asiste razón al ente territorial, la Sala

advierte que el artículo 90 del POT, contenido en el Decreto 0977 de

2001 que aún sigue vigente, prevé:

“ARTICULO 90: PLAN PARCIAL DE LA ISLA DE TIERRABOMBA. El
plan parcial de la Isla de Tierra Bomba comprende todo el territorio
de la isla e incluye sus centros poblados. Dicho Plan Parcial se
realizará por iniciativa del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

a. OBJETIVO: Garantizar el desarrollo sostenible de la Isla de Tierra
Bomba, mediante la conservación del patrimonio cultural inmueble,
la identidad y los valores de la población y sus recursos naturales
de alto valor ambiental para permitir que los ingresos que reciba el
distrito por el desarrollo turístico sostenible de la Isla sean
invertidos en obras destinadas a desarrollo social.

b. COMPONENTES: Son componentes básicos de este plan los
siguientes:

· Dotación de equipamientos, espacio público y servicios públicos
de los centros poblados.
· Determinar el área de expansión urbana de Bocachica y los
centros poblados, de manera que se permita valorar el patrimonio
cultural y la articulación entre los diferentes centros poblados de la
isla mediante recorridos ecológicos.

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· La subdivisión predial para desarrollos turísticos no deberá ser en
ningún caso inferior a 10 hectáreas.
· La identificación de los instrumentos de gestión requeridos para
el desarrollo de las actuaciones.
· Definición concertada de los usos específicos de la zona
institucional de propiedad de la Armada Nacional.

c. ESTUDIOS PREVIOS:
· Estudios ambientales para definir a nivel de precisión las áreas de
protección ecológica y ambientales con sus recomendaciones de
manejo.
· Estudios de riesgos naturales y vulnerabilidad.
· Inventario detallado del patrimonio arquitectónico y arqueológico.
· Delimitación y estudio de títulos de la Isla”.

Por su parte, el artículo 19 de la Ley 388 define los planes parciales

así:

“ARTÍCULO 19.- Planes parciales. Los planes parciales son los
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan
las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas
determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en
el suelo de expansión urbana, además de las que deban
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística,
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de
acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas
urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente
Ley. El plan parcial o local incluirá por lo menos los siguientes
aspectos:

1. La delimitación y características del área de la operación
urbana o de la unidad mínima de actuación urbanística
contemplada en el plan parcial o local.
2. La definición precisa de los objetivos y las directrices
urbanísticas específicas que orientan la correspondiente actuación
u operación urbana, en aspectos tales como el aprovechamiento
de los inmuebles; el suministro, ampliación o mejoramiento del
espacio público, la calidad del entorno, las alternativas de
expansión, el mejoramiento integral o renovación consideradas; los
estímulos a los propietarios e inversionistas para facilitar procesos
de concertación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras u
otros mecanismos para garantizar el reparto equitativo de las
cargas y los beneficios vinculadas al mejor aprovechamiento de los

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inmuebles; los programas y proyectos urbanísticos que
específicamente caracterizan los propósitos de la operación y las
prioridades de su desarrollo, todo ello de acuerdo con la escala y
complejidad de la actuación o de la operación urbana contemplada.
3. Las normas urbanísticas específicas para la correspondiente
unidad de actuación o para el área específica objeto de la operación
urbana objeto del plan: definición de usos específicos del suelo,
intensidades de ocupación y construcción, retiros, aislamientos,
empates y alturas.
4. La definición del trazado y características del espacio público y
las vías y, especialmente en el caso de las unidades de actuación,
de la red vial secundaria; de las redes secundarias de
abastecimiento de servicios públicos domiciliarios; la localización
de equipamientos colectivos de interés público o social como
templos, centros docentes y de salud, espacios públicos y zonas
verdes destinados a parques, complementarios del contenido
estructural del plan de ordenamiento.
5. Los demás necesarios para complementar el planeamiento de
las zonas determinadas, de acuerdo con la naturaleza, objetivos y
directrices de la operación o actuación respectiva.
6. La adopción de los instrumentos de manejo de suelo, captación
de plusvalías, reparto de cargas y beneficios, procedimientos de
gestión, evaluación financiera de las obras de urbanización y su
programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento.

En los casos previstos en las normas urbanísticas generales, los
planes parciales podrán ser propuestos ante las autoridades de
planeación municipal o distrital para su aprobación, por personas o
entidades privadas interesadas en su desarrollo. En ningún caso
podrán contradecir o modificar las determinaciones de los planes
de ordenamiento ni las normas estructurales de los mismos.

PARÁGRAFO. - Los planes parciales también podrán ser aplicables
para complementar la planificación de las localidades en el caso de
los distritos, cuando así lo señalare el Plan de Ordenamiento
Territorial, evento en el cual se denominará planes locales”
(Negrilla de la Sala).

De la lectura del artículo transcrito, la Sala destaca que, en efecto,

el plan parcial comprende únicamente las áreas determinadas como

suelo urbano y las áreas incluidas en el suelo de expansión

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urbana, lo que significa que está vedado para aquellos tipos de suelo

que no ostentan tal condición.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 56 del POT, la Isla hace parte

del suelo suburbano del ente territorial, el cual está constituido por

las áreas ubicadas dentro del suelo rural, así:

“ARTICULO 56: DEL SUELO SUBURBANO DEL DISTRITO.
Constituyen suelo suburbano del distrito las áreas ubicadas
dentro de su suelo rural, en las que se mezclan los usos del
suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a
las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser
objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de
densidad, garantizando el autoabastecimiento de servicios públicos
domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y en la Ley 142 de 1994.

Hacen parte de este suelo los siguientes territorios
localizados en el Plano de Clasificación del Suelo de
Territorio distrital No. PFG 5/5:

1. Las islas de Tierra Bomba, Barú, archipiélago de San
Bernardo e Islas del Rosario y en general, todas aquellas islas
localizadas en la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.

2. La Zona Norte del Distrito, delimitada en el Plano de Clasificación
del suelo” (Destacado de la Sala).

A su vez, el artículo 288 del mencionado instrumento de

ordenamiento territorial dispone sobre el suelo rural del DISTRITO,

lo siguiente:

“ARTICULO 288: SUELO RURAL DEL DISTRITO. Constituyen esta
categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos,

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forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas.

Este se halla comprendido por el territorio del distrito que se
extiende desde el límite del suelo de expansión del mismo, hasta
los límites de los términos territoriales que le corresponden según
las normas legales vigentes.

También hacen parte de este suelo, los territorios del
archipiélago del Rosario y San Bernardo y los de las islas de
Barú y Tierra Bomba.

El territorio mencionado se encuentra delimitado en el Plano PFG,
5/5, Clasificación del Suelo del Territorio Distrital” (Destacado de
la Sala).

Así las cosas, resulta forzoso concluir que la Isla al hacer parte del

suelo rural, no puede ser destinataria de un plan parcial en los

términos del artículo 19 de la Ley 388, razón por la que la orden

impartida en el literal a) del numeral cuarto de la parte resolutiva de

la sentencia de primera instancia contraviene el ordenamiento

jurídico y, por ende, debe ser revocada.

Aunado a lo anterior, de la revisión del POT vigente, la Sala advierte

que éste prevé diversas medidas que propugnan por la

implementación de los objetivos previstos para el plan parcial en

mención, conforme se observa en los siguientes artículos:

“ARTICULO 11: OBJETIVOS DEL COMPONENTE RURAL DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Son objetivos del componente
rural del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, los siguientes:

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1. Fortalecimiento e integración de la identidad cultural
En relación con este objetivo, el componente rural del Plan se
propone:
• Valorar la identidad cultural de las comunidades nativas
de las islas de Tierra Bomba, Barú, del Rosario y San Bernardo
e Isla Fuerte y su integración primeramente al sistema del distrito
y a las Actuaciones Urbanas Integrales y Macroproyectos del Plan
de Ordenamiento Territorial;
• Reconocer, por parte del distrito y del centro filial del Consejo de
Monumentos Nacionales, todo el conjunto de expresiones y
monumentos aislados existentes en la periferia histórica rural y
promover su restauración y reconstrucción, a fin de complementar
el inventario del patrimonio y de procurar su valoración frente al
posible aprovechamiento turístico del mismo; y,
• Valorar la población nativa y de las comunidades negras, en el
conjunto del territorio, a fin de garantizar la permanencia de ellos
en su hábitat usual.

2. Integración de la dimensión ambiental al sistema construido del
Distrito.
En relación con este objetivo, el componente rural del Plan se
propone:
• Minimizar los conflictos de uso, derivados de las políticas
de preservación y protección y del aprovechamiento
económico del suelo.
• Promocionar el uso adecuado y sostenible de los suelos
rurales disponibles y de los ecosistemas marítimos y costeros.
• Integrar el ordenamiento territorial de los centros poblados con
los suelos clasificados como suburbanos, y con los suelos de
expansión del núcleo principal del distrito.
• Promover los usos ecoturísticos en el área del acuífero de Arroyo
Grande y en todo el sistema de humedales y manglares de la
ciénaga de la Virgen.
• Integrar al sistema del distrito los diferentes ecosistemas
compartidos, principalmente ubicados en el Canal del Dique y en la
Cuenca aferente la Ciénaga de la Virgen.
• Identificar y localizar geográficamente las zonas de alta
amenaza para el desarrollo del hábitat de las comunidades.
• Propiciar la recuperación del patrimonio ambiental de flora
y fauna para su aprovechamiento por actividades eco y
agroturísticas.

3. Bienestar social y prosperidad colectiva.
En relación con este objetivo, el componente rural del Plan se
propone:

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• Equipar convenientemente los servicios sociales y
domiciliarios en todo el conjunto de centros poblados, con
especial énfasis en políticas de tipo preventivo en salud y
saneamiento y de educación, las cuales se constituyan en la base
para la construcción de las infraestructuras respectivas;
• Crear facilidades de acceso de los centros poblados
continentales e insulares al sistema distrital mediante las
respectivas redes y la provisión de facilidades de
transporte; y,
• Desarrollar proyectos de legalización de la propiedad de la
población de los asentamientos y aplicación de las normas
legales en aquellos donde existan comunidades negras
reconocidas, a fin de garantizar el derecho a la propiedad
colectiva de las comunidades negras nativas en los
corregimientos del distrito para mejorar sus condiciones de
vida.

4. Articulación entre los distintos sectores económicos y la
integración regional.
En relación con este objetivo, el componente rural del Plan se
propone:
• Desarrollar las centralidades rurales y su articulación con
la ciudad y la región.
• Promocionar el aprovechamiento de los suelos en concordancia
con su vocación.
• Garantizar la sostenibilidad ambiental de la actividad acuícola en
la isla del Covado y en la zona norte de la Isla de Barú.
• Promover como área de producción forestal para exportación el
sector de lomeríos localizados al norte de Bayunca.
• Incentivar el desarrollo agroindustrial del sector de Membrillal.
• Fomentar la vocación turística sostenible en los
corregimientos de las islas de Tierrbomba y Barú, y la
Boquilla, así como en Pasacaballos, teniendo en cuenta las posibles
ofertas turísticas del Canal de Dique y su acceso multimodal.

5. Descentralización, participación y modernización de la gestión
de la administración Distrital.
En relación con este objetivo, el componente rural del Plan se
propone:
• Involucrar el territorio rural del distrito dentro del proceso
planificativo general.
• Reconocer en su valor justo la base tributaria del suelo rural, para
liberarlo de gravámenes de tipo urbano, a la luz de la clasificación
general del suelo.

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• Fortalecer las corregidurías como elementos no solo político
administrativos sino territoriales, de manera que desde ella se
impulse el ordenamiento y mejoramiento del entorno rural”.

[…]

“ARTICULO 13: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN
TERRITORIAL DE CARTAGENA DE INDIAS. Los elementos básicos
del modelo de ocupación del distrito son:

1. El Sistema Natural
Los paisajes estratégicos del entorno natural de Cartagena se
constituyen en los elementos dominantes de la morfología distrital:
el mar Caribe, que conforma el borde de la ciudad; la Ciénaga de
la Virgen; la Bahía de Cartagena, y los caños internos que
comunican estos dos cuerpos de agua; el Parque Natural Corales
del Rosario y San Bernardo; la Bahía de Barbacoas y el Canal del
Dique; el Cerro de Púa; el Cerro de la Popa y las Lomas de Marión,
Zaragocilla y Albornoz; la isla de Tierrabomba y Barú. Ellos, en
su conjunto le dan a la ciudad su carácter e identidad.

La finalidad del sistema natural en el modelo es la
conservación, recuperación, permanencia y adecuada
utilización de los recursos naturales, la biodiversidad, la
preservación del agua y de un ambiente sano y saludable
para la población.

En este marco, el modelo de ciudad contenido en el presente Plan
de Ordenamiento Territorial, se basa en una concepción integral
del territorio distrital, que parte de sus determinantes ambientales,
cuyas características geográficas, vocación y oportunidad permiten
las diferentes actividades, formas e intensidades de ocupación para
un desarrollo humano sostenible y determinan las clases de suelos:
urbano, de expansión urbana, rural, sub urbano y suelo de
protección.

El modelo pretende crear un nuevo tejido institucional,
empresarial y físico espacial que permita, a partir de las
acciones y actuaciones urbanísticas, dar respuesta a los
objetivos estratégicos concebidos en este Plan de
Ordenamiento Territorial”.

[…]
“ARTICULO 15: EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD EN EL MODELO
[…]
2. La localización de las Actividades Económicas en el Modelo.

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La localización de las actividades económicas existentes en la
ciudad construida se consolida en el modelo, de acuerdo con los
distintos ámbitos geográficos del territorio, así:
[…]
• En el territorio insular de Barú y Tierrabomba las actividades
turísticas y culturales enmarcadas en el desarrollo sostenible de la
isla […]
3. Las Redes de enlace
Para la puesta en marcha de las políticas, objetivos y estrategias
del plan, es imprescindible la conexión de las actividades del
distrito por medio de enlaces, canales o redes de servicios, que
permitan reorientar la ocupación del territorio actual y orientar el
desarrollo futuro.

La red de enlace de la ciudad de Cartagena con sus
asentamientos rurales y los municipios vecinos del área de
influencia funcional, social y ambiental directa, pretende
conectarlos por medio de la red vial, los cuerpos de agua, el
transporte público y privado de personas y mercancías, el
sistema de servicios públicos domiciliarios, un sistema de
telecomunicaciones e informática y el sistema de
equipamientos”.

[…]

ARTICULO 25: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LAS AREAS
DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES Y PAISAJISTICOS DEL DISTRITO Y MEDIDAS DE
MANEJO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN. Son áreas de protección
y conservación de los recursos naturales y paisajísticos del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, todas las que están
indicadas en el plano anteriormente citado, así:

[…]

7. Bahía de Cartagena. Comprende toda el área de la misma,
incluidas la Bahía de las Animas, la interna, la externa, las ciénagas
de Honda, Coquitos y las existentes en el litoral de la Isla de
Tierra Bomba. Área señalada para su recuperación
ambiental y destinarla al aprovechamiento sostenible de
usos múltiples y como componente paisajístico
privilegiando el cuerpo de agua, las playas, los mangles y la
cuenca visual circundante.
Será objeto de un Macroproyecto, conectado con el Canal del
Dique para lograr su recuperación ecológica y un manejo
integral de las actividades que se desarrollan en contacto

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con el medio marino, en consonancia con la protección
ambiental. Los objetivos y componentes de dicho
macroproyecto se describen en el presente Decreto […]”.

[…]

CAPITULO IX
DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES O
MACROPROYECTOS
ARTICULO 93: ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES Y
MACROPROYECTOS COMO INSTRUMENTOS ESTRUCTURALES DE
GESTION. Las actuaciones urbanas integrales de carácter
estructural que serán llevadas a cabo en el territorio del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias son las que describen
en los siguientes artículos.

ARTICULO 94: SISTEMA BAHIA DE CARTAGENA - CANAL DEL
DIQUE.

Delimitación

El desarrollo de este instrumento de gestión se realizará en el
marco del Comité de Integración Territorial de que trata la Ley 614
de 2000, a fin de vincular al Macroproyecto los municipios del
departamento de Bolívar colindantes con el distrito y con el sistema
hídrico del cual se abastece la ciudad de Cartagena, así como a la
autoridad ambiental regional y demás autoridades competentes.

El Macroproyecto así denominado se desarrollará en el
territorio comprendido por las áreas cuyas escorrentías
drenan a la bahía de Cartagena a la porción del Canal del
Dique que atraviesa el territorio distrital, además del
conjunto de las islas de Barú, Tierrabomba, los
archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, así como las
islas e islotes ubicados en la bahía e Isla Fuerte.

1. Objetivos
Los objetivos fundamentales de esta Actuación integral son:

a. Asegurar la disponibilidad de agua potable en forma
sostenida para atender las necesidades de la ciudad y de la
región.
b. Consolidar las actividades económicas y sociales en el
área, enfocadas a garantizar la proyección de Cartagena
hacia el ámbito internacional y la cuenca del Caribe,
aprovechando, entre otros, los siguientes factores: la

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presencia de una gran zona de uso industrial apoyada
fundamentalmente en el transporte marítimo y en la
actividad portuaria, la existencia de las islas de Barú y
Tierrabomba y del Parque Islas del Rosario, como zonas de
alto valor para el turismo internacional y, el arribo al
Terminal de la isla de Manga de turistas que visitan la
ciudad, durante la temporada de cruceros.

c. Ampliar la oferta turística con base en escenarios
naturales debidamente protegidos, equipados e
interconectados mediante rutas acuáticas, embarcaderos y
marinas.

ARTICULO 95: COMPONENTES. Son componentes de este
Macroproyecto los siguientes:

• Programa de agua potable, el cual deberá asegurar la
disponibilidad y buena calidad del agua a través del ordenamiento
de las cuencas mencionadas y el desarrollo de su plan de manejo
ambiental.
• Programa de Transporte Multimodal, el cual implica
planeación y ejecución de acciones orientadas a la recuperación de
la navegabilidad del Canal del Dique, como enlace de la bahía de
Cartagena con los centros de producción y consumo del interior del
país a través del río Magdalena, en coordinación y concurrencia con
las entidades del orden nacional, regional y departamental con
competencias en el tema.
• Programa de Desarrollo Turístico, a través del diseño, la
implementación y puesta en marcha de planes estratégicos para el
sector, con especial énfasis en la utilización del Canal del Dique
como arteria para el transporte turístico y en la definición de
programas relacionados con el corredor náutico turístico.
• Plan Maestro de Saneamiento Básico de Cartagena, en los
aspectos relacionados con la eliminación de vertimientos de aguas
servidas a la Bahía de Cartagena a partir de la puesta en marcha
del sistema de disposición final.
• El Programa de Producción Limpia, a través de la implementación
de esta política nacional en todas las industrias del distrito y de los
avances de las industrias de Mamonal ya vinculadas al programa,
respecto al control de vertimientos a la Bahía de Cartagena.
• Programa de mantenimiento de circulación de la Bahía de
Cartagena para asegurar la renovación del agua en todos sus
sectores y la navegación segura y sin obstáculos.
• Programa de producción acuícola favoreciendo la operación de
cultivos de especies acuáticas, mediante el aseguramiento de
condiciones adecuadas de calidad del agua.

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• De defensa y seguridad nacionales, en el área de interés para las
mismas y, la defensa y seguridad en el área de influencia
ambiental, productiva y socio-económica del Canal del Dique,
mediante el funcionamiento de un instrumento administrativo que
asegure la gobernabilidad de la región, para garantía de las
actividades que allí se desarrollan”.

[…]

“ARTICULO 290: LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLITICA DE
OCUPACION DEL SUELO RURAL. Estos son:
Dirigir la ocupación ordenada de los suelos en forma gradual en
relación con las soluciones para los servicios públicos y la demanda
de espacio para las actividades económicas o residenciales, a fin
de que el proceso de urbanización no se desarrolle en forma
prematura en el suelo rural del distrito.

Definir instrumentos que orienten las acciones de la expansión en
forma controlada, mediante la aplicación de las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial”.

[…]

“ARTICULO 291: LINEAMIENTOS DE POLITICA RURAL SEGUN
AMBITOS. Estos son:

En la isla de Tierra Bomba:
La isla en su conjunto tiene varias vocaciones y acorde con ellas,
sus lineamientos de política serán:

• Mejorar las condiciones de vida de las comunidades ancestrales
que han construido su hábitat en este territorio, en los centros
poblados de Tierra Bomba, Caño del Oro, Punta Arena y Bocachica.
• Determinar un suelo con vocación rural a fin de que estas
comunidades deriven de él su sustento.
• Reglamentar debidamente los suelos de protección natural, a fin
de conservar los ecosistemas naturales del entorno.
• Delimitar y reglamentar debidamente los suelos con vocación
turística a fin de que mediante la utilización de figuras jurídicas y
mecanismos financieros, el distrito disponga lo pertinente para que
entren al mercado inmobiliario de Cartagena.
• Reglamentar debidamente los suelos institucionales de la
Armada Nacional, a fin de que cumplan una función
estratégica nacional.

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• Considerar estratégico para todos los fines del desarrollo de la
isla, el conjunto patrimonial de los suelos de protección
arqueológica […]”.

[…]

“ARTICULO 292: ELEMENTOS DE POLITICA SOBRE OCUPACION
DEL SUELO RURAL DEL DISTRITO. Estos son:

Mejoramiento de los Asentamientos Nativos:
La administración distrital determinará, conjuntamente con los
representantes de los habitantes, las zonas de los asentamientos
existentes que deben ser consolidadas, con sus respectivas zonas
de crecimiento, de conformidad con las previsiones de largo plazo
del Plan, así como una política de incentivos para impulsar la
ubicación de proyectos que promuevan la mejora de las
condiciones de vida, a través de la generación de empleo para los
nativos.

Protección Ambiental:
La ocupación debe propender por la recuperación, protección,
conservación y uso sostenible de los recursos naturales y
paisajísticos del área, basado en la consideración de las áreas de
protección determinadas en el Plan, mediante su integración a los
proyectos de acuerdo con las normas ambientales actuales y las
que posteriormente las reglamenten, aclaren o sustituyan y/o la
destinación de áreas naturales, mediante la constitución de
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Infraestructura:
El trazado de la infraestructura vial y de servicios públicos deberá
realizarse considerando corredores que se utilicen en forma común,
para el mejor aprovechamiento del espacio y protección de las
áreas y ecosistemas protegidos y del paisaje. Las infraestructuras
deberán ser diseñadas con las especificaciones de las entidades
responsables de los servicios correspondientes y considerar las
necesidades de espacio para las intersecciones futuras cuando los
servicios del distrito den cobertura a estas zonas suburbanas. La
malla vial se diseñará de acuerdo con el sistema vial del distrito
actual y proyectado” (Resaltado de la Sala).

De lo expuesto, la Sala considera que en el POT del Distrito se

encuentran desarrolladas políticas, acciones, programas y normas

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que orientan y garantizan la adecuada interacción entre los

asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la

conveniente utilización del suelo, conforme lo ordenan los artículos

11 y 14 de la Ley 38845, las cuales propugnan para que en la Isla se

45 Ley 388, Artículo 11 “ARTICULO 11. COMPONENTES DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Los planes de ordenamiento territorial deberán
contemplar tres componentes:
[…]
3. El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones,
programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los
asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización
del suelo”.

“ARTICULO 14. COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El
componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para
garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera
municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas
tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el
servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos:

1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con
los asentamientos humanos localizados en estas áreas.

2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento
de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.

3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos
naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de
amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los
servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.

4. La localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como
suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos
admitidos, las cuales deberán adoptarse teniendo en cuenta su carácter de
ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro de
servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las normas de
conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.

5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.

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conserve el patrimonio cultural, tenga acceso a los servicios públicos,

se reglamente aspectos propios de la ocupación y uso del suelo, se

desarrolle el turismo, se recupere, conserve y se utilicen

sosteniblemente los recursos naturales, entre otros, todo lo cual

permite concluir a la Sala que no resulta necesaria la adopción de

otra medida tendiente a ordenarle al DISTRITO la revisión de su

POT para incluir los aspectos a que hace referencia el Plan Parcial.

Del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural46

Previo a responder el segundo problema jurídico planteado, la Sala

advierte que, en la contestación de la demanda, el MINISTERIO

propuso la excepción que denominó “Pleito Pendiente” que fue

fundamentada en el hecho de que en el Juzgado Sexto Administrativo

de Cartagena cursaba una acción popular presentada por el señor

CALIXTO MORALES PÁJARO en su contra y el IPCC, que tenía por

6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua
potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la
localización prevista para los equipamientos de salud y educación.

7. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a
vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y
ambiental”.
46 Sobre este derecho pueden consultarse las providencias de 11 de abril de 2018
(Expediente núm. 85001-23-33-000-2017-00230-01, Consejera Ponente María Elizabeth
García González) y 7 de abril de 2022 (Expediente núm: 13001-23-33-000-2015-00028-
01, Consejera Ponente Nubia Margoth Peña Garzón).

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objeto la restauración y conservación del patrimonio histórico,

arquitectónico y arqueológico de los BIC de la Isla, respecto de la

cual el Tribunal no efectuó pronunciamiento alguno pese a que podría

configurar un eventual agotamiento de la jurisdicción.

Al consultar el aplicativo SAMAI, la Sala advirtió que, en efecto, los

señores CALIXTO MORALES PÁJARO, FABIÁN ALEJANDRO

GARCÍA ROMERO y ENRIQUE JESÚS GECHÉN HERNÁNDEZ,

presentaron demanda de acción popular contra el MINISTERIO y el

IPCC para obtener la protección del derecho colectivo a la protección

del patrimonio cultural de la Nación, la cual fue radicada con el

número 13001-23-31-000-2010-00718-00.

Las pretensiones de la acción popular en comento fueron las

siguiente:

““[…] - Condénese a los demandados a restaurar la totalidad de los
Monumentos del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación y el (sic)
Distrito ubicados en las zonas de Bocachica, Caño de Oro (Caño del
Loro), Punta Arena y otras poblaciones de Tierra Bomba que están en
condiciones de deterioro, cuando fuere posible.

• Ordénense a los demandados, cuando no fuere posible la
restauración de un monumento en particular, se tomen las medidas
pertinentes para conservarlos y evitar su pérdida total.

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• Condénese a los demandados a tomar las medidas pertinentes para
evitar un eventual deterioro futuro, de los Monumentos del Patrimonio
Histórico y Cultural de la Nación y el Distrito, ubicados en las zonas de
Bocachica, Caño de Oro (Caño del Loro), Punta Arena y otras
poblaciones de Tierra Bomba los cuales condene usted a restaurar […].

Luego de surtir las respectivas etapas procesales, el Tribunal profirió

sentencia de primera instancia el 10 de diciembre de 2012 en la que

amparó el derecho colectivo invocado, al encontrar probado que la

parte demanda no inició o desarrolló las acciones necesarias para la

conservación y mantenimiento del antiguo Hospital de San Lázaro,

las ruinas de la iglesia de la Virgen del Carmen, hornos y aljibes

ubicados en la zona arqueológica de la isla de Tierra Bomba, en

atención a que se acreditó que estaban en estado ruinoso y en total

abandono y que fueron declarados como patrimonio cultural de la

Nación, por lo que profirió las siguientes órdenes:

“[…] PRIMERO: No declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, con respecto al Ministerio de
Cultura.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE CULTURA
y AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
(IPCC), a la restauración de los bienes inmuebles Hospital San
Lázaro, resto de la Iglesia, hornos y aljibes, ubicados en la
Isla de Tierra bomba, declarados Patrimonio Cultural de la
Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: CONCEDER a la NACIÓN -MINISTERIO DE CULTURA y
AL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA (IPCC)
un término perentorio de seis (6) meses, contados a partir de la

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ejecutoria de la presente sentencia, a efectos de que realicen los
estudios previos correspondientes para la restauración de los
bienes inmuebles relacionados en el ordinal anterior.

CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE CULTURA y AL
INSTITUTO DE PATRIOMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, que
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los seis (6)
meses señalados en el ordinal anterior, adelante en forma eficiente
y eficaz la etapa contractual y de ejecución del contrato, o de los
contratos que fueren necesarios, para la restauración ordenada en
el ordinal segundo de la presente providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

Inconformes con la anterior decisión, el MINISTERIO y el IPCC

interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia, cuya alzada fue resuelta por la Sala en sentencia de 31 de

agosto de 2017, en la que se modificó el ordinal segundo y, revocó

los ordinales tercero y cuarto de la sentencia recurrida, en el sentido

de declarar que la cartera ministerial vulneró el derecho colectivo a

la defensa del patrimonio cultural de la Nación, en lo atinente a la

restauración y conservación de los bienes inmuebles objeto de la

acción, no obstante, la Sala consideró que tal situación cesó en el

trámite del proceso y, por tanto, declaró la carencia actual de objeto

por hecho superado.

Conforme lo expuesto, la Sala advierte que si bien con la acción

popular núm. 2010-00718-00 se pretendía la protección de la

totalidad de los Monumentos del Patrimonio Histórico y Cultural de la

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Nación y del DISTRITO ubicados en Bocachica, Caño de Oro (Caño

del Loro), Punta Arena y otras poblaciones de la Isla, lo cierto es que

el análisis efectuado tanto en primera como en segunda instancia se

limitó a los siguientes bienes: Hospital San Lázaro, las ruinas de la

antigua Iglesia de la Virgen del Carmen, las ruinas de antiguos aljibes

y los vestigios de antiguos hornos crematorios, los cuales no son los

únicos BIC declarados en dicho sector, por lo que las acciones

populares no guardan plena identidad de objeto.

Finalmente, la Sala también destaca que no hay identidad en la parte

demandada, pues en la acción núm. 2010-00718-01 estaba

integrada por el MINISTERIO y el IPCC, mientras que en la

presente acción los accionados son el DISTRITO, el MINISTERIO,

la SMPC, el IPCC, el ICANH y la ESCUELA TALLER CARTAGENA

DE INDIAS, entre otras.

Por lo anterior, la Sala considera que la excepción propuesta por el

MINISTERIO no está llamada a prosperar.

Aclarado lo anterior, la Sala resolverá el segundo problema jurídico,

para lo cual se considera lo siguiente:

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La protección del patrimonio cultural de la Nación está ordenada por

los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, los cuales

previeron lo siguiente:

“ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas
las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación,
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión
artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”
(Negrillas de la Sala).

En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley 397 que fue

modificada y adicionada por la Ley 1185, que definió el patrimonio

cultural de la Nación en los siguientes términos:

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“Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación.
Modificado por el art. 1, Ley 1185 de 2008. El patrimonio cultural
de la Nación está constituido por todos los bienes materiales,
las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos
de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico.

a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio
cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al
patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales
la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que
sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el
presente como en el futuro.

Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los
planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de
las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a
estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan
Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán
los recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación,
protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural;

b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen
especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad,
divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio
cultural de la Nación que sean declarados como bienes de
interés cultural en el caso de bienes materiales y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los
requisitos que reglamente para todo el territorio nacional el
Ministerio de Cultura.

La declaratoria de un bien material como de interés cultural,
o la inclusión de una manifestación en la Lista

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Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto
administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o
las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos
comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según
sus competencias, determinan que un bien o manifestación
del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el
Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto
en la presente ley.

La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien
material en particular, o sobre una determinada colección o
conjunto caso en el cual la declaratoria contendrá las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos
nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios
indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de
1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo
régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o
arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones
que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan
sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
competentes, o hayan sido incorporados a los planes de
ordenamiento territorial.

Así mismo, se consideran como bienes de interés cultural del
ámbito nacional los bienes del patrimonio arqueológico;

c) Propiedad del Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes del
patrimonio cultural de la Nación, así como los bienes de interés
cultural pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades
públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de
derecho privado.

Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico
pertenecen a la Nación y se rigen por las normas especiales
sobre la materia.

Parágrafo. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones
religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan
creado, adquirido con sus recursos o que estén bajo su legítima
posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad
religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas
ni impedidas por su valor cultural.

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Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado a través
del Ministerio de Cultura, celebrará con las correspondientes
iglesias y confesiones religiosas, convenios para la protección de
este patrimonio y para la efectiva aplicación del Régimen Especial
de Protección cuando hubieran sido declarados como de interés
cultural, incluyendo las restricciones a su enajenación y
exportación y las medidas para su inventario, conservación,
restauración, estudio y exposición[…]” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, esta Sección ha señalado con base en las normas

referenciadas, frente al derecho colectivo a la defensa del patrimonio

cultural lo siguiente47:

“[…] 52. Del análisis sistemático de las disposiciones
constitucionales y legales mencionadas supra, se colige que el
patrimonio cultural de la Nación se encuentra bajo la
protección del Estado (C.P. art. 72) y el mismo está constituido
por todos los bienes de naturaleza pública o privada a que hace
referencia expresa el artículo 4.° de la Ley 397, entre los que
se cuentan los bienes materiales muebles e inmuebles a los
que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental,
literario, bibliográfico, museológico o antropológico.

53. Finalmente, cabe precisar que por expresa disposición
constitucional los bienes inmuebles declarados como de interés
cultural tienen la condición de “[…] inalienables, inembargables e
imprescriptibles […]” (C.P. art. 72); asimismo, en caso de que tales
bienes se encuentren en manos de particulares, también se
encuentran sometidos al régimen especial previsto en la Ley 397 y en
el Decreto 1080 del 26 de mayo de 201548 […]” (Negrilla de la Sala).

47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de

21 de mayo de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2011-00407-01(AP). C.P: Hernando Sánchez
Sánchez.
48 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Cultura”.

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Así las cosas, resulta claro que el derecho a la defensa del patrimonio

cultural de la Nación, propende por la protección de los bienes,

materiales e inmateriales, y los valores culturales que son expresión

de la nacionalidad colombiana, con lo cual se procura conservar la

identidad cultural colombiana.

Asimismo, la Sala destaca que el patrimonio arqueológico, el cual

como se vio hace parte del patrimonio cultural de la Nación y,

por tanto, los bienes que lo integran son considerados como

BIC49 , fue definido específicamente por el artículo 6° de la Ley 397,

modificado por el artículo 3° de la Ley 1185, como aquellos vestigios

producto de la actividad humana y restos orgánicos e inorgánicos

que, según los métodos y técnicas propias de la arqueología y otras

ciencias afines, dan a conocer los orígenes y trayectorias

socioculturales pasadas. La norma en comento prevé que:

“Artículo 6º.- Patrimonio arqueológico. Modificado por el art. 3, Ley
1185 de 2008. El patrimonio arqueológico comprende aquellos
vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos
orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas
propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten
reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias

49 El inciso segundo del artículo 3° del Decreto 833 de 26 de abril de 2002 dispuso que “[...]

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 397 de 1997, los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico son bienes de interés cultural que hacen parte del patrimonio
cultural de la Nación. En condición de bienes de interés cultural además de las previsiones
constitucionales sobre su propiedad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad,
son objeto del régimen de protección y estímulo previsto en la referida ley o en las normas
que la modifiquen […]”.

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socioculturales pasadas y garantizan su conservación y
restauración. Para la preservación de los bienes integrantes del
patrimonio paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos
establecidos para el patrimonio arqueológico.

De conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política,
los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la
Nación y son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, podrá
autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la
tenencia de los bienes del patrimonio arqueológico, siempre que
estas cumplan con las obligaciones de registro, manejo y seguridad
de dichos bienes que determine el Instituto.

Los particulares tenedores de bienes arqueológicos deben
registrarlos. La falta de registro en un término máximo de 5 años
a partir de la vigencia de esta ley constituye causal de decomiso de
conformidad con el Decreto 833 de 2002, sin perjuicio de las demás
causales allí establecidas.

El ICANH es la institución competente en el territorio
nacional respecto del manejo del patrimonio arqueológico.
Este podrá declarar áreas protegidas en las que existan
bienes de los descritos en el inciso 1° de este artículo y
aprobará el respectivo Plan de Manejo Arqueológico,
declaratoria que no afecta la propiedad del suelo.

Parágrafo 1°. Quien de manera fortuita encuentre bienes
integrantes del patrimonio arqueológico, deberá dar aviso
inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e Historia o la
autoridad civil o policiva más cercana, las cuales tienen como
obligación informar del hecho a dicha entidad, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al encuentro.

Los encuentros de bienes pertenecientes al patrimonio
arqueológico que se realicen en el curso de excavaciones o
exploraciones arqueológicas autorizadas, se informarán al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, en la forma prevista en la
correspondiente autorización.

Recibida la información, el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, definirá las medidas aplicables para una adecuada
protección de los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico
y coordinará lo pertinente con las autoridades locales. Si fuere

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necesario suspender en forma inmediata las actividades que dieron
lugar al encuentro de esos bienes, podrá acudirse a la fuerza
pública, la cual prestará su concurso inmediato.

Parágrafo 2°. El patrimonio arqueológico se rige con exclusividad
por lo previsto en este artículo, por el Decreto 833 de 2002, y por
las disposiciones de esta ley que expresamente lo incluyan”.

Asimismo, es del caso precisar que los bienes muebles o inmuebles

de carácter arqueológico no necesitan de una declaratoria pública o

privada adicional a la prevista en la Constitución y la Ley para ser

considerados como integrantes del patrimonio arqueológico,

conforme lo dispuso el artículo 2.6.1.5 del Decreto 1080 de 2015 que

ordena:

“ARTÍCULO 2.6.1.5. Los bienes del patrimonio arqueológico no
requieren declaratoria. Los bienes muebles e inmuebles de carácter
arqueológico no requieren una declaratoria pública o privada
adicional a la contenida en la constitución y la ley para ser
considerados como integrantes del patrimonio arqueológico. El
concepto de pertenencia de un bien o conjunto de bienes
determinados al patrimonio arqueológico no tiene carácter
declarativo, sino de reconocimiento técnico y científico para los
efectos previstos en las normas vigentes.

Ninguna situación de carácter preventivo, de protección,
promoción, conservación o de orden prohibitorio o sancionatorio
previstas en la Constitución Política, la ley o los reglamentos de
cualquier naturaleza en relación con los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico, requiere la existencia de un previo
concepto de pertenencia de los bienes al patrimonio arqueológico”.

Sin embargo, el Decreto ibidem reguló las Áreas Arqueológicas

Protegidas como aquellas zonas que contienen de manera

excepcional cuantitativa y cualitativamente bienes arqueológicos;

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dichas áreas deben ser declaradas previamente por el ICANH,

que deberá aprobar el correspondiente Plan de Manejo

Arqueológico -PMA para garantizar la integridad del sector

protegido. Sobre el particular, la norma en comento previó:

“ARTÍCULO 2.6.1.6. Ámbito de protección. Para los efectos de este
Decreto, considérese el territorio nacional como un área de
potencial riqueza en materia de patrimonio arqueológico. Sin
perjuicio de lo anterior, las Áreas Arqueológicas Protegidas
deberán ser previamente declaradas por la autoridad
competente.

En ningún caso la inexistencia de la declaratoria de una Área
Arqueológica Protegida o la inexistencia de un plan de manejo
arqueológico, faculta la realización de alguna clase de exploración
o excavación arqueológica sin la previa autorización del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, en adelante ICANH”.

[…]

ARTÍCULO 2.6.3.1. Figuras de ordenamiento territorial para la
protección del patrimonio arqueológico. Áreas que contienen de
manera excepcional cuantitativa y cualitativamente, bienes
arqueológicos en el territorio nacional y que son objeto de
reconocimiento por alguna entidad territorial.

Las declaratorias nacionales de ordenamiento territorial para la
protección arqueológica se denominan como Área Arqueológica
Protegida, y son competencia del ICANH.

ARTÍCULO 2.6.3.2. Áreas arqueológicas protegidas y áreas de
influencia. El área arqueológica protegida está constituida por el
área afectada y su área de influencia y está definida por polígonos
debidamente georreferenciados.

PARÁGRAFO 1. El área de influencia tiene como finalidad servir de
espacio de amortiguamiento frente a las afectaciones que puedan
producirse por la construcción u operación de obra, proyectos o
actividades que se desarrollen en el perímetro inmediato de las
mismas.

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PARÁGRAFO 2. El plan de Manejo Arqueológico aprobado
por el ICANH, será el instrumento de gestión territorial en
el área declarada y en el área de influencia, que garantice la
integridad del contexto arqueológico.

PARÁGRAFO 3. La declaratoria de área arqueológica protegida no
modifica en ningún caso la propiedad pública o privada del suelo y
del subsuelo” (Resaltado de la Sala).

De lo expuesto, la Sala resalta que para que opere la protección

especial que ostentan los BIC, resulta de vital importancia que los

bienes sean declarados como tal, bien sea en el ámbito Nacional,

Departamental, Distrital o Municipal, o en los territorios indígenas o

comunidades negras, pues de lo contrario, no podrán ser objeto de

amparo a la luz de la Ley 397, modificada por la Ley 1185. Asimismo,

dicha protección opera respecto de las Áreas Arqueológicas

Protegidas siempre y cuando hubiesen sido declaradas como tal por

el ICANH; pero los bienes muebles o inmuebles de carácter

arqueológico no necesitan de una declaratoria pública o privada

adicional a la prevista en la Constitución y la Ley para gozar de la

protección prevista en la normativa aplicable.

La Sala también advierte que con la expedición de la Ley 397, se le

otorgó la categoría de BIC, entre otros, a los conjuntos históricos

que con anterioridad hubiesen sido objeto de tal declaratoria por las

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autoridades competentes, o incorporados a los POT y, por tanto,

están sujetos al régimen de protección de dichos bienes.

Con el fin de garantizar la protección y conservación de un BIC o de

un Área Arqueológica Protegida, la normativa en comento previó la

adopción de ciertos actos, de los cuales se destaca: i) La declaratoria

de BIC mediante acto administrativo, con lo que se persigue que

aquél quede cobijado por el Régimen Especial de Protección o de

Salvaguarda previsto en la Ley 397; ii) la adopción del PEMP, cuyo

instrumento no se requiere en todos los casos, y del PMA; y iii) el

programa de arqueología preventiva.

El Régimen Especial de Protección y Salvaguarda previsto en el

artículo 11 de la Ley 397, modificado por el artículo 7º de la Ley

1185, dispone diferentes actividades tendientes a garantizar la

conservación de los BIC, tales acciones son las siguientes:

“ARTICULO 11. RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS
BIENES DE INTERÉS CULTURAL. <Artículo modificado por el
artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:>
Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y
privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de
Protección:

1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un
bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo
y Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo
definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del

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patrimonio cultural por medio del cual se establecen las
acciones necesarias para garantizar su protección y
sostenibilidad en el tiempo.

Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de
influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de
manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo
comunitario a la conservación de estos bienes.

Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las
características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido
de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación
que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos
bienes.

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio
nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales de
Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué
bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados
previamente a la expedición de la presente ley, requieren de
adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo.

1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental,
distrital, municipal, de los territorios indígenas y de los de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea declarado
bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se requiriere,
deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien podrá atender
posibles sugerencias hechas por las autoridades competentes para
efectuar declaratorias en el ámbito territorial.

1.2. Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos. La
autoridad que efectúe la declaratoria de un bien inmueble de
interés cultural informará a la correspondiente Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos a efectos de que esta incorpore la
anotación en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.
Igualmente, se incorporará la anotación sobre la existencia del Plan
Especial de Manejo y Protección aplicable al inmueble, si dicho plan
fuese requerido.

Del mismo modo se informará en el caso de que se produzca la
revocatoria de la declaratoria en los términos de esta ley. Este tipo
de inscripciones no tendrá costo alguno.

1.3. Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección
a los planes de ordenamiento territorial. Los Planes Especiales de

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Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser
incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos
planes de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los
aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble
declarado de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan
de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la
respectiva autoridad territorial.

1.4. Plan de Manejo Arqueológico. Cuando se efectúen las
declaratorias de áreas protegidas de que trata el artículo 6°
de este Título, se aprobará por el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia un Plan Especial de Protección que
se denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará
las características del sitio y su área de influencia, e
incorporará los lineamientos de protección, gestión,
divulgación y sostenibilidad del mismo.

En los proyectos de construcción de redes de transporte de
hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en
los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental,
registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad
ambiental, como requisito previo a su otorgamiento deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva y deberá
presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e
Historia un Plan de Manejo Arqueológico sin cuya
aprobación no podrá adelantarse la obra.

1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y
uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de
la Nación. De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2
del artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las
normas que los sustituyan, las disposiciones sobre conservación,
preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural
constituyen normas de superior jerarquía al momento de elaborar,
adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial
de municipios y distritos.

1.6. Programa de Arqueología Preventiva. <Numeral
adicionado por el artículo 131 del Decreto Ley 2106 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Los titulares de proyectos, obras o
actividades que requieran licenciamiento ambiental o estén sujetos
a la aprobación de Planes de Manejo Ambiental deberán presentar
un Programa de Arqueología Preventiva al instituto Colombiano de
Antropología e Historia, y que tiene por objeto garantizar la
protección del patrimonio arqueológico ante eventuales hallazgos

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arqueológicos en el área del proyecto, obra o actividad. Sin la
aprobación del programa no podrán adelantarse las obras.

En el marco del programa de arqueología preventiva el titular será
responsable de entregar la información arqueológica identificada
durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad, si la hubiere,
al Instituto Colombiano de Antropología e Historia para el ejercicio
de sus competencias. No podrá ser responsabilidad del titular del
programa desarrollar actividades propias de proyectos de
investigaciones arqueológicas.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia deberá
identificar en el territorio nacional las áreas con diferente
potencial arqueológico y con base en esa información podrá
establecer obligaciones diferenciadas en el marco del
Programa de Arqueología Preventiva.

2. Intervención. <Numeral modificado por el artículo 212 del
Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Por
intervención se entiende todo acto que cause cambios al
bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo.
Comprende, a título enunciativo, actos de conservación,
restauración, recuperación, remoción, demolición,
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá
realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Protección si este fuese requerido.

<Inciso adicionado por el artículo 3 de la Ley 1882 de 2018. El
nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de proyectos de
infraestructura la intervención a la que hace referencia el presente
artículo deberá ser asumida por el concesionario o contratista
encargado del proyecto quien para el efecto será el titular del
permiso de intervención que otorgue el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia. No obstante, será obligación del
concesionario o contratista contar con un profesional idóneo quien
deberá hacer el acompañamiento al Plan de Manejo Arqueológico,
bajo los parámetros que hayan sido definidos previamente por el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los proyectos que
se encuentran en ejecución al momento de expedición de la
presente norma y definida la gestión en cabeza del profesional
registrado, el contratista o concesionario podrá optar por mantener
la responsabilidad en cabeza de dicho profesional o adoptar la
solución a que hace referencia el presente artículo.

La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional
deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el

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Archivo General de la Nación, según el caso. Para el patrimonio
arqueológico, esta autorización compete al lnstituto Colombiano de
Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo
Arqueológico.

Asimismo, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito
territorial deberá contar con la autorización de la entidad territorial
que haya efectuado dicha declaratoria.

La intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de
profesionales idóneos en la materia. La autorización de
intervención que debe expedir la autoridad competente no podrá
sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase
de autorización o licencia que corresponda expedir a otras
autoridades públicas en materia urbanística.

Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área
de influencia o que sean colindantes con un bien inmueble
declarado de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a la
autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. De
acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda
tener en el bien inmueble de interés cultural, la autoridad
correspondiente aprobará su realización o, si es el caso, podrá
solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial de Manejo y
Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble.

<Inciso modificado por el artículo 131 del Decreto Ley 2106 de
2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de
proyectos, obras o actividades que requieran licenciamiento
ambiental o estén sujetos a la aprobación de Planes de Manejo
Ambiental, la autorización para la intervención a la que hace
referencia el presente artículo se realizará en el marco de la
aprobación del Programa de Arqueología Preventiva y será
responsabilidad de la persona natural o jurídica interesada en
adelantar el proyecto, quien podrá ser el concesionario, contratista,
entre otros. El titular deberá contar con un profesional idóneo quien
deberá hacer el acompañamiento a las fases del Programa de
Arqueología Preventiva en los términos que el Gobierno nacional
determine. Los proyectos que se encuentran en ejecución al
momento de expedición de la presente norma y definida la gestión
en cabeza del profesional registrado, el titular podrá optar por
mantener la responsabilidad en cabeza de dicho profesional o
adoptar la solución a que hace referencia el presente artículo.

3. Exportación. Queda prohibida la exportación de los bienes
muebles de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura,

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en relación con los bienes muebles de interés cultural del ámbito
nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
respecto de los bienes arqueológicos y el Archivo General de la
Nación respecto de los bienes documentales y archivísticos, podrán
autorizar su exportación temporal, por un plazo que no exceda de
tres (3) años, con el único fin de ser exhibidos al público o
estudiados científicamente.

Tratándose de bienes de interés cultural del ámbito territorial, con
exclusión de bienes arqueológicos, esta autorización estará a cargo
de las alcaldías y las gobernaciones, según corresponda.

La autorización podrá otorgarse hasta por el término de tres (3)
años prorrogables por una vez, cuando se trate de programas de
intercambio entre entidades estatales nacionales y extranjeras.

El Ministerio de Cultura y demás entidades públicas, realizarán
todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés
cultural que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio
colombiano.

3.1. Exportación temporal de bienes muebles de propiedad de
diplomáticos. El Ministerio de Cultura podrá autorizar la
exportación temporal de bienes muebles de interés cultural de
propiedad de los diplomáticos de Colombia acreditados en el
exterior, o de bienes muebles destinados a la exhibición pública en
las sedes de las representaciones diplomáticas de la República de
Colombia, para lo cual deberán constituir garantía bancaria o de
compañía de seguros, según lo establecido en el Estatuto
Aduanero.

3.2. Transitarios, sociedades de intermediación aduanera,
almacenadoras y empresas de correo. Los transitarios, sociedades
de intermediación aduanera, almacenadoras y empresas de correo,
así como cualquier otra que realice trámites de exportación, por vía
aérea, marítima y terrestre, están en la obligación de informar a
sus usuarios sobre los requisitos y procedimientos para la
exportación de bienes arqueológicos y los demás de interés
cultural.

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio
nacional lo referente al procedimiento y requisitos necesarios para
la exportación temporal de este tipo de bienes, sin perjuicio de las
regulaciones en materia aduanera.

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Para tener acceso a cualquier estímulo, beneficio tributario,
autorización de exportación o cualquier otro que provenga de
autoridad pública sobre bienes de interés cultural, deberá
acreditarse por su propietario o por su tenedor legítimo en el caso
del patrimonio arqueológico, el cumplimiento de lo previsto en este
artículo en lo pertinente, así como la realización del
correspondiente registro”.

4. Enajenación. Quien pretenda enajenar un bien mueble de interés
cultural, deberá ofrecerlo en primer término a la autoridad que
haya efectuado la respectiva declaratoria, la cual podrá ejercer una
primera opción de adquisición, en condiciones no menos favorables
de aquellas en las que adquirirían los particulares y previo avalúo.
Esta primera opción podrá ser ejercida por cualquier entidad
estatal, según coordinación que para el efecto realice la autoridad
que haya efectuado la declaratoria.

La transferencia de dominio a cualquier título de bienes de interés
cultural de propiedad privada deberá comunicarse por el
adquirente a la autoridad que lo haya declarado como tal y en un
plazo no mayor a los seis (6) meses siguientes de celebrado el
respectivo negocio jurídico.

Sobre las colecciones declaradas de interés cultural no podrá
realizarse su desmembramiento o la disposición individual de los
bienes que las conforman, sin autorización previa de la autoridad
que haya efectuado la declaratoria." (Negrilla de la Sala).

De las medidas de protección previstas, en el presente caso, resulta

de trascendencia el PEMP y el PMA, los cuales fueron definidos por

la norma ibidem como instrumentos de gestión territorial que

contienen las acciones necesarias para garantizar la protección y

sostenibilidad en el tiempo del patrimonio cultural de la Nación.

Respecto de los PEMP, la Sala destaca que la norma en comento le

asignó al MINISTERIO la obligación de reglamentar el contenido y

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requisitos de los PEMP y señalar, respecto de los BIC así declarados

previo a la expedición de la Ley 1185, qué bienes lo requieren y

el plazo para hacerlo.

Para el efecto, el artículo 11 de la Ley 397, previó lo siguiente:

“[…] 1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de
un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial
de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de
conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el
instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio
del cual se establecen las acciones necesarias para
garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.

Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de
influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de
manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo
comunitario a la conservación de estos bienes.

[…]

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio
nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales
de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación,
qué bienes de interés cultural de la Nación, de los
declarados previamente a la expedición de la presente ley,
requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para
hacerlo.

1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental,
distrital, municipal, de los territorios indígenas y de los de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea declarado
bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se
requiriere, deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien
podrá atender posibles sugerencias hechas por las autoridades
competentes para efectuar declaratorias en el ámbito territorial
[…]” (Resaltado de la Sala).

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La Corte Constitucional en sentencia C – 082 de 2014 precisó lo

siguiente:

“[…] El hecho de que un bien sea declarado de interés cultural
implica, entre otros, los siguientes privilegios y restricciones: (i)
el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se
requiera, entendido éste como el instrumento de gestión del
patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones
necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el
tiempo; (ii) su incorporación al Registro de Instrumentos Públicos
[…] (iii) la incorporación de los Planes Especiales de Manejo y
Protección (PEMP) a los planes de ordenamiento territorial,
pudiendo el PEMP limitar los aspectos relativos al uso y
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su
área de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya
hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial; (iv)
la prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y
uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de
la Nación, las cuales pasan a constituir normas de superior
jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar
los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos;
(v) la posibilidad de intervención, de conformidad con el Plan
Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido, para
efectos de conservación, restauración, recuperación, remoción,
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, la
cual deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o
el Archivo General de la Nación, si se trata de un bien de interés
cultural del ámbito nacional, o de la entidad territorial
correspondiente, tratándose de un bien de interés cultural del
ámbito territorial […]”50.

En cumplimiento de su deber de reglamentación, el MINISTERIO

expidió la Resolución 983 de 20 de mayo de 2010 en la que estableció

un plazo de dos años a partir de la vigencia de dicho acto para que

las instancias competentes definieran qué bienes declarados BIC con

50Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.

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anterioridad a la Ley 1185 requerían un PEMP, en cuyo caso, la

formulación y aprobación del instrumento debía efectuarse en un

plazo máximo de dos años, sin superar el 10 de marzo de

2014.

Para el efecto, el artículo 12 de la Resolución en comento ordenó lo

siguiente:

“ARTÍCULO 12. PEMP DE LOS BIC DECLARADOS CON
ANTERIORIDAD A LA LEY 1185 DE 2008. De conformidad con
la facultad que le confiere al Ministerio de Cultura el párrafo
segundo del artículo 36 del Decreto 763 de 2009, se establece un
plazo máximo de dos (2) años a partir de la vigencia de esta
resolución para que las instancias competentes definan cuáles
bienes declarados BIC con anterioridad a la Ley 1185 de 2008
requieren un PEMP.

La formulación y aprobación de tales PEMP se sujetará al plazo
máximo de dos (2 años establecido en esta resolución), sin superar
en ningún caso el 10 de marzo de 2014”.
Lo relacionado con la adopción del PEMP para bienes inmuebles y

muebles se encuentra regulado por los capítulos I y II del título 1 de

la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015, sustituidos por el

artículo 15 del Decreto 2358 de 2019, de lo cual, la Sala destacará

los siguientes aspectos:

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-. Todos los bienes declarados como BIC con anterioridad a la

Ley 1185 requieren la formulación de PEMP51.

-. La formulación del PEMP para los bienes del grupo urbano y los

monumentos en espacio público le corresponde a las autoridades

distritales o municipales del territorio donde se localicen52, las

cuales, también se encargan de su implementación53.

-. El PEMP deberá contener los siguientes aspectos: i) el área

afectada; ii) la zona de influencia; iii) el nivel permitido de

intervención del BIC y de los inmuebles localizados en su zona de

influencia; iv) las condiciones de manejo para la recuperación,

conservación y sostenibilidad del BIC, su área afectada y de los

inmuebles localizados en la zona de influencia; y v) el plan de

51 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.2.2 -sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358

de 2019: “Artículo 2.4.1.2.2. PEMP para bienes inmuebles. Los bienes inmuebles declarados
como bienes de interés cultural para efectos de la formulación del PEMP:
I. Del Grupo Urbano: deberá formularse un PEMP para los sectores urbanos que se incluyan
en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural LIC-BIC, sin perjuicio de
las atribuciones autónomas de decisión con que cuentan las autoridades competentes en la
materia.
[…]
Los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados y reconocidos como
BIC por la Ley 397 de 1997 y los declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008
requieren, en todos los casos la formulación de PEMP […] “(Resaltado de la Sala).
52 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.2
53 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.5

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divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación

del bien54

-. Respecto del Plan de Divulgación, la normativa en comento ordena

que este busca asegurar el respaldo de la comunidad para la

conservación del bien y comprende el conjunto de acciones para

difundir las características y los valores del inmueble, conforme lo

establecido en el artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1080 de 2015,

sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019.

De lo anterior, la Sala destaca que la participación de la comunidad

no solamente debe garantizarse con posterioridad a la adopción del

PEMP, sino desde que el bien inmueble se declara como BIC,

momento a partir del cual la ciudadanía adquiere un papel

protagónico en el cuidado y conservación del bien.

Adicionalmente, el artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1080 de 2015,

igualmente sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019,

dispuso que la elaboración del PEMP requiere de una estrategia de

participación y comunicación activa con la comunidad, la cual debe

54 Decreto 2358 de 2019, artículo 15, que sustituyó el artículo 2.4.1.2.3 del Decreto 1080

de 2015.

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implementarse durante todas las etapas previstas y continuar una

vez sea expedido el acto administrativo que adopte el PEMP.

-. Para la formulación y aprobación del PEMP se deben agotar 4

etapas a saber: i. Preliminar de información; ii. Análisis y

diagnóstico; iii. Propuesta integral o formulación y; iv. Aprobación,

que para los bienes declarados como de interés cultural con

anterioridad a la Ley 1185 de 2008, es aprobado mediante acto

administrativo expedido por el MINISTERIO55.

-. El seguimiento del PEMP estará a cargo del MINISTERIO, el cual

deberá verificar el cumplimiento de las estrategias planteadas en el

instrumento, e incluso, podrá determinar su revisión56.

Ahora, en cuanto al PMA, la Sala reitera que dicho instrumento

solamente se requiere respecto de las Áreas Arqueológicas

Protegidas, cuya declaración debe efectuarla el ICANH, ya sea de

oficio, o por solicitud de una entidad territorial o de los grupos o

comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior,

siempre que el área se encuentre en su jurisdicción.

55 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.3.1.3, numeral 7.
56 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.12.

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Una vez presentada la solicitud, el ICANH deberá evaluar la

pertinencia de la solicitud de declaratoria y deberá decidir sobre la

aprobación del PMA, el cual será presentado por el solicitante, quien

también se encargará de socializarlo con el fin de incorporar las

iniciativas de la población. Asimismo, cuando se proyecte la

declaratoria de Áreas Arqueológicas Protegidas y su correspondiente

PMA, el ICANH deberá garantizar la participación coordinada de las

entidades públicas y autoridades territoriales para identificar las

actividades que cuenten con autorizaciones, permisos y/o licencias

en la zona de eventual declaración.

El PMA, al igual que el PEMP, debe ser incorporado en los planes de

ordenamiento territorial del ente territorial.

Lo anterior, fue previsto por el Decreto 1080 de 2015 en los

siguientes términos:

“ARTÍCULO 2.6.3.3. Competencia para la declaratoria de áreas
arqueológicas protegidas. En todo el territorio nacional, el ICANH
podrá declarar áreas arqueológicas protegidas y aprobar el
Plan de Manejo Arqueológico correspondiente.

La declaratoria de Áreas Arqueológicas Protegidas podrá
hacerse:

a. Oficiosamente por el ICANH

b. Por solicitud de una entidad territorial

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c. Por solicitud de los grupos o comunidades étnicas
reconocidas por el Ministerio del Interior, siempre que el
área de la declaratoria se encuentre dentro de su
jurisdicción.

El ICANH evaluara la pertinencia de la solicitud de
declaratoria.

ARTÍCULO 2.6.3.4. Plan de Manejo Arqueológico. Toda
declaratoria de área arqueológica protegida debe estar
acompañada de un Plan de Manejo Arqueológico. En todo
caso la declaratoria deberá incluir los polígonos georreferenciados
y los niveles de intervención en cada uno de ellos. Esta información
deberá hacer parte del Plan de Manejo Arqueológico.

El ICANH establecerá los lineamientos del Plan de Manejo
Arqueológico que garanticen la protección de la integridad de los
bienes y contextos arqueológicos. De la misma manera hará
seguimiento a su ejecución.

El Plan de Manejo Arqueológico deberá ser socializado por
la entidad o comunidad que lo proponga a fin de incorporar
las iniciativas de la población, sin detrimento de los
principios y objetivos de la declaratoria.

PARÁGRAFO: Cuando se proyecte la declaratoria de Áreas
Arqueológicas Protegidas y su correspondiente Plan de
Manejo Arqueológico, el ICANH deberá garantizar la
participación coordinada de las entidades públicas y
autoridades territoriales con el fin de identificar las
actividades que cuenten con autorizaciones, permisos y/o
licencias en la zona de eventual declaración. Para cumplir con
dicha participación coordinada, se deberá establecer la
respectiva mesa interinstitucional presidida por el ICANH
quien deberá convocar a las entidades públicas y
autoridades territoriales con jurisdicción y competencia en
el área.

ARTÍCULO 2.6.3.5. Complementariedad. En todos los casos en los
cuales el área arqueológica protegida se superponga, en todo o en
parte, con una zona declarada como Área Protegida del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas-SINAP o con ecosistemas
estratégicos o con un bien de interés cultural, el Plan de
Manejo Arqueológico debe armonizarse de acuerdo con el
régimen legal y el plan de manejo o instrumento del área

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protegida o ecosistema estratégico y el régimen propio del
bien de interés cultural a través de la mesa
interinstitucional de que trata el artículo anterior.

PARÁGRAFO. Cuando el área protegida arqueológica se encuentre
al interior de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas o de ecosistemas estratégicos, el ICANH deberá generar
recomendaciones en torno a la protección del patrimonio
arqueológico de la nación a la autoridad administradora del área
protegida, quien a su vez las deberá incorporar en el plan de
manejo ambiental de dicha área protegida siempre y cuando las
misma no riñan con el régimen de usos de la mencionada área
protegida.

ARTÍCULO 2.6.3.6. Incorporación de los Planes de Manejo
Arqueológico en los Instrumentos de Ordenamiento Territorial. En
virtud de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y en artículo 11 de la
Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de
2008, los instrumentos de Ordenamiento Territorial de las
entidades territoriales en las cuales existan área
arqueológicas protegidas declaradas, deberán incorporar
los respectivos Planes Manejo Arqueológico.

Las entidades territoriales en las cuales existen áreas arqueológicas
protegidas deberán informar a la respectiva Oficina de
Instrumentos Públicos, a efecto de que está incorpore en los folios
de matrícula inmobiliaria las anotaciones correspondientes a la
existencia de Planes Manejo Arqueológico en los predios cubiertos
por la declaratoria, y deberán reportar al ICANH sobre estas
solicitudes” (Resaltado de la Sala).

Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el segundo problema

jurídico planteado, la Sala se referirá al material probatorio obrante

en el expediente:

-. Informe técnico elaborado por el IPCC, luego de la visita

inspección realizada el 31 de enero de 2004 para determinar el

estado de conservación de los BIC de la Nación localizados en el

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DISTRITO y que eran administrados por particulares. De dicho

documento se destaca lo siguiente:

“[…] Las fortificaciones de Cartagena podemos dividirlas en cinco
grandes sectores:

1) Fortificaciones del Centro Histórico, barrios Catedral, Santa
Teresa, Santo Toribio, San Diego y San Sebastián.
2) Castillo de San Felipe de Barajas.
3) Fuerte de San Sebastián de Pastelillo.
4) Estructuras arquitectónicas y fortificaciones de la bahía.
Primera etapa – sur de la Isla de Tierra Bomba,
Corregimiento de Bocachica.
5) Otras estructuras arquitectónicas. Segunda etapa (por
realizar) norte de la isla de Tierra Bomba (Caño de Loro y
Tierra Bomba), Barú, Mamonal, Pozón, Boquilla, Manzanillo
y Arroyo de Piedra.

Anotaciones preliminares

• Cartagena y sus fortificaciones cuenta con uno de los mayores
potenciales generadores de ingresos, ya que el patrimonio
inmueble genera la imagen que se tiene de la ciudad. El Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias – IPCC debe
manejar con igualdad importancia el patrimonio intangible y el
tangible.

• Las fortificaciones situadas en Cartagena representan el 95% del
total del país. Y esta ciudad es una de las que mejor ha conservado
su patrimonio cultural en todo el Caribe, otras ciudades han
demolido sus murallas parcial o talmente, casos como el de La
Habana, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, Santo Domingo,
Campeche hablan por sí mismos.

• La destinación de un inmueble de interés cultural debe
corresponder a cumplir su función social, histórica, cultural y
turística, esto conlleva a que sus actividades comerciales no deben
alterar el espacio, de carácter público patrimonial, convirtiéndolo
en auto sostenible, teniendo en cuenta que el fruto de su debida
explotación y gestión administrativa debe propender a
conservarlos y mantener el equilibrio de las relaciones público –
privadas.

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[…] 8. Estructuras arquitectónicas y fortificaciones de la bahía.
primera etapa – sur de la isla de Tierrabomba, Corregimiento de
Bocachica.

ACTA DE INSPECCIÓN:

Localización: Isla de Tierrabomba.
Fecha: Febrero 7 de 2004.
Hora de inicio: 8.0 AM.
Administrador actual: Privado, Sociedad de Mejoras
Públicas de Cartagena.
Documentos aportados: A la fecha no se ha recibido información y
documentación requerida por IPCC.

[…] 8.1. FUERTE DE SAN FERNANDO DE BOCACHICA

MARCO HISTÓRICO: Época neoclásica

1741 Juan Bautista Mac Evan (Diseño definitivo), Ignacio de Sala
(Anteproyecto).
1753-1760 Antonio de Arévalo (Construye modificaciones
propuestas por Sala)

Fuentes consultadas: Obras de Ingeniería Militar en Cartagena de
Indias. Nazly Puertas, Claudia Medrano y Luz Torres

ESTADO GENERAL:

Acceso: La entrada al fuerte actualmente no se hace por el acceso
principal, circunstancia que dificulta la lectura de la organización
funcional de la fortificación. La llegada al fuerte se realiza, por vía
marítima a un muelle localizado a un costado y que fue construido
por la firma constructora que restauró la Batería de San Rafael, y
posteriormente se accede a este por la parte posterior.

Ambos accesos se encuentran en buen estado.

Murallas: Los muros de la escarpa, de la contraescarpa y muros
interiores de forma general se encuentran en buen estado, con
excepción de un segmento en la parte baja de uno de los baluartes,
el cual presenta desprendimiento del mortero y una grieta en la
contraescarpa que parce estar consolidada. Los muros de
interior del fuerte presentan graves problemas de humedad
por filtraciones y capilaridad.

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Merlones / Troneras / Aspilleras / Banquetas: En general se
encuentran en buen estado, pero destacamos el descuido en
uno de los merlones, en donde la vegetación está
desprendiendo algunos sillares y la falta de cañones,
elementos de suma importancia para comprender el
funcionamiento de la fortificación.

Garitas: se encuentran en buen estado de conservación.

Tendal: Se encuentra en buen estado. Solo presenta agrietamiento
uno de los tirantes de la armadura, el resto de la armadura se
encuentra en buen estado de conservación.

Solados / Pisos: La mayor parte de los solados de las plataformas
superiores e inferiores son originales y acusan agrietamientos,
permanentemente deben ser consolidadas e impermeabilizadas;
como esto no se ha realizado a través de las grietas se filtra el agua
lluvia por el terraplén y en la actualidad dicho terraplén esta
anegado, ocasionado graves problemas de filtraciones y
sobrecargas estructurales por peso adicional.

Portones / Puertas / Portadas: La cantería de la portada del acceso
principal recientemente restaurada se encuentra en buen estado
de conservación. El puente levadizo se encuentra en mal estado de
mantenimiento, sus herrajes de bronce se encuentran en muy mal
estado y actualmente dicho puente no es funcional y debe
rescatarse para el turismo, las cadenas de dicha estructura se
encuentran oxidadas debido a la falta de manteamiento, y la del
lado derecho fue completamente desmontada. Los cañones del
muelle o escudo se encuentran en mal estado por falta de
mantenimiento y se corre el riesgo que desaparezcan en pocos
años debido a la corrosión actual.

La carpintería de madera de puertas y ventanas del fuerte acusa
graves deterioros por falta de mantenimiento. En las troneras de
cada una de las bóvedas existe en la actualidad ventanas llamadas
marineras o de cuadricula que nada tienen que ver con los
elementos tipológicos y morfológicos de la fortificación; en este
aspecto sigue la misma falta de cuidado, gestión y un proyecto de
seguimiento para la recuperación, restauración reintegración de los
elementos originales del fuerte.

Puente: el puente durmiente y puentes levadizos de reciente
fabrica se encuentra en regular estado de conservación,
restauración y reintegración de los elementos originales del fuerte.

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Escalera: La escalera de acceso a la batería colateral de Santiago
no ha sido reintegrada, y dicha batería se encuentra subutilizada,
para ello además requiere una pasarela de madera que la conecte
al muelle principal del fuerte. Para acceder a esta batería el circuito
se hacía a través de las minas de aproximadamente 1000 ml, que
hoy en un 60% están inundadas todo el año y cubiertas con una
gruesa capa de guano de 50 cm aprox de espesor. Las paredes de
dichas bóvedas se encuentran cubiertas de cucarachas y alimañas
y es la vivienda principal de miles de murciélagos endémicos o
propios de este sitio.

Túneles: a) Por estar los túneles en contacto permanente con las
aguas del mar y ser la zona de Bocachica propicia para la cría de
moluscos y ostras, consumidos por los habitantes de la isla, nos
preocupa el hecho que las excretas de los murciélagos estén en
contacto con las aguas del foso húmedo de la fortificación,
pudiendo propiciar problemas de salud. Hacemos un respetuoso
llamado a las entidades ambientales y de salud para que hagan las
respectivas recomendaciones […]

Instalaciones: Hay falta de mantenimiento en la iluminación
exterior e interior de la fortificación, la mayoría de las luminarias
no existen. La iluminación de las bóvedas, de los polvorines y
demás espacios interiores del fuerte se encuentran en mal estado,
su sistema de acometidas no es el mejor desde el punto de vista
estético.

Falta prever un sistema de iluminación, tanto en el interior como
en el exterior del fuerte que resalte la plástica de su composición
volumétrica y que realce sus elementos formales.

Mobiliario: No existe señalización ni guion museográfico. Faltan
sitios de recepción, descanso y refrigerio para los visitantes.

Servicios: Actualmente no existen baterías de baños para el
público. La opción de baños públicos químicos no es aceptable para
el fuerte por ser antiestéticos. No hay una oferta de servicios
complementarios para visitantes, la oferta se restringe a los
servicios que ofrece la comunidad de Bocachica.

Vegetación: El entorno del castillo, no presenta riqueza paisajística,
que lo enmarque y que a su vez permita realzar su belleza
arquitectónica.

La humedad presente en los espacios interiores (bóvedas y
polvorines) y la presencia de murciélagos y por lo tanto su materia

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orgánica, hacen que dichos espacios tengan problemas
ambientales.

Es importante anotar que el entorno el fuerte presenta una serie
de construcciones en muy mal estado que afectan su composición
arquitectónica.

MANTENIMIENTO GENERAL:

Existe mantenimiento adecuado en lo relacionado con las basuras
y en la parte física de la fortificación, los problemas de
mantenimiento son relacionados con la iluminación y
construcciones perecederas (armadura madera tendales).

8.2. FUERTE DE SAN JOSÉ DE BOCACHICA

Acceso: La llegada al fuerte se realiza, por vía marítima hasta un
muelle ubicado en el fuerte. El muelle se encuentra en muy mal
estado, a pesar de haber sido restaurado en años recientes,
robando una parte considerable del entablado y la taquilla
contigua al muelle acusa el mismo problema.

Escarpas: Los muros de la escarpa, de forma general encuentran
en regular estado debido a que están siendo atacados por embates
del mar y oleajes producidos por las grandes embarcaciones que
pasan por el canal a menos de 100 mls del fuerte. Las protecciones
submarinas construidas hace cerca de 10 años son insuficientes
para soportar dichos embates. Los muros de interior del fuerte
presentan graves problemas de humedad por filtraciones y
capilaridad.

Merlones / Troneras / Aspilleras / Banquetas: En general se
encuentran en regular estado de conservación y acusan graves
asentamientos, aparentemente consolidados. Destacamos la falta
de cañones, elementos muy importantes, para la lectura funcional
de la fortificación.

Garitas: Se encuentran en buen estado de conservación.

Tendal: Los elementos de carpintería de los tendales se encuentran
en buen estado, siendo esto lo único que no se ha saqueado.

Solados / Pisos: Las plataformas del nivel superior se encuentran
en buen estado de conservación. Las plataformas del nivel
inferior se encuentran en regular estado debido a que gran
parte del año se encuentran bajo el nivel del mar, debe

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realizarse trabajos de mantenimiento para evitar patologías
producto de las aguas ácidas. Existen gravísimas fisuras por
asentamientos en los muros contiguos al polvorín.

Portones / Puertas / Portadas / Puentes / Escaleras: Dejamos
constancia escrita de que en las reiteradas visitan que se
han hecho se ha visto que han desaparecido en un 90%
todos los elementos de carpintería del fuerte, entre los que
destacamos: las puertas de las bóvedas, las cuales fueron
saqueadas, idem. El portón o rastrillo de acceso al fuerte, la
escalera de acceso al aljibe y una gran parte del entablado
del muelle, lo que consideramos un saqueo sistemático que
demuestra la falta de vigilancia, en el que pensamos, que es
una de las más abandonadas fortificaciones de la ciudad.
Sus elementos de mampostería resisten gracias a su
restauración de los años 80.

Instalaciones: El fuerte no cuenta con un sistema de Iluminación,
tanto en el interior como en el exterior que resalte la plástica de su
composición volumétrica y que realce sus elementos formales.

Mobiliario: No existe señalización ni guion museográfico. Fallan
sitios de recepción, descanso Y refrigerio para visitantes.

Servicios: Actualmente no existen baterías de baños para el
público. La opción de baños públicos químicos no es aceptable para
el fuerte por ser antiestéticos. No hay una oferta de servicios
complementarios para visitantes, la oferta se restringe a los
servicios que se ofrece la comunidad de Bocachica, cruzando el
canal.

Vegetación: El entorno del fuerte, no presenta riqueza paisajística,
que lo enmarque y que a su vez permita resaltar su belleza
arquitectónica.

La playa de San José actualmente es receptáculo de basuras de la
Bahía de Cartagena.

San José de Bocachica acusa lo que llamamos el síndrome
de Venecia, que es estar inundado gran parte del año,
solucionar este problema con paliativos mecánicos es solo
temporal, es ya tarde para empezar el salvamento de esta
fortificación, este proceso debió realizarse desde el mismo
momento en que se detectó el problema, lo que es claro es
que los niveles del mar seguirán subiendo a cuantías

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superiores a 50 cm. El fuerte está condenado a estar
sumergido el resto de su historia.

MANTENIMIENTO GENERAL:

No existe mantenimiento adecuado en lo relacionado con las
basuras, esto se debe a que no existe vigilancia permanente. En lo
relacionado con la parte física de la fortificación, tampoco existe un
plan de mantenimiento. La fortificación se encuentra en buen
estado debido a que fue intervenida hace pocos años, lo que si
presenta problema de mantenimiento son sus construcciones
perecederas, como lo es la armadura tendal.

8.3. BATERÍA DEL ÁNGEL SAN RAFAEL.

[…] ESTADO GENERAL

Acceso: La llegada al sitio se hace mediante un camino peatonal de
concreto y ladrillo, que se construyó para la subida de trabajadores
y materiales durante la restauración de la fortificación y la cual se
encuentra en regular estado. Esta vía llega a un portón provisional,
realizado durante la obra de restauración, la cual se volvió
permanente, y en donde se encuentra un vigilante que controla el
acceso. El acceso principal de la batería se hace a través de un
puente durmiente en buen estado y un portón enmarcado por un
par de columnas de madera recla, Ambos accesos se encuentran
en buen estado.

Escarpas: Los muros de la escarpa y de la contraescarpa se
encuentran en buen estado.

Merlones / Troneras / Aspilleras / Banquetas: En general se
encuentran en buen estado. Destacamos el regular estado de
conservación de los cañones y de todos sus elementos,
cureñas y herrajes, a los cuales no se les ha aplicado desde
su restauración hace más de 6 años la pintura de almazarrón
de las cureñas y el consolidante del oxido de los cañones de
hierro, que acusan una marcada corrosión por falta de
mantenimiento preventivo. Esta actividad no es costosa y debe
realizarse cada 6 meses.

Garitas: La garita se encuentra fracturada ante la caída de un rayo
que pulverizó su coronación, bola u orbe neoclásico, el cual debe
ser reintegrado.

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Tendal: Se encuentra en buen estado de conservación, aunque el
piso presenta problemas de mantenimiento, debido a que existe
desprendimiento de los ladrillos que lo revisten.

Túneles: Sa encuentran en buen estado de conservación, la puerta
que controla el acceso desde el tendal no es la más adecuada
estéticamente. La bóveda que enmarca el acceso del túnel
acusa agrietamientos que pueden poner en riesgo su
estabilidad. Falta dotarlos de iluminación de emergencia.
Instalaciones: El sistema de iluminación se encuentra en buen
estado. Falta prever un sistema de iluminación de emergencia en
los túneles, para cuando falte el sistema público de energía.

Mobiliario: No existe señalización ni guión museográfico. Faltan
sitios de recepción, descanso y refrigerio para visitantes.

Servicios: Actualmente no existen baterías de baños para el
público. La opción de baños públicos químicos no es aceptable para
la batería por ser antiestéticos. No hay una oferta de servicios
complementarios para visitantes, la oferta se restringe a los
servicios que ofrece la comunidad de Bocachica.

Vegetación: El entorno de la fortificación, no presenta riqueza
paisajística, que lo enmarque y que a su vez permita resaltar su
belleza arquitectónica. El interior de la batería presenta buen
trabajo paisajístico.

MANTENIMIENTO GENERAL: Existe mantenimiento adecuado en lo
relacionado con basuras y en la parte física de la fortificación.

8.4. BATERÍA DE SANTA BÁRBARA.
La batería de Santa Bárbara actualmente se encuentra
totalmente abandonada y destruida en un 50%, soportando
los embates del mar en lo que antes fue el muelle de
Remedia Pobres y por intervenciones desafortunadas en
épocas recientes se convirtió indistintamente en planta
eléctrica, oficina del bienestar familiar y baño público. Sus
merlones, banquetas y plataformas no existen en la
actualidad.

8.5. CASTILLO DE SAN LUIS DE BOCACHICA

[…] ESTADO GENERAL

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Los vestigios arqueológicos del Castillo de San Luis de
Bocachica tienen cerca de 2 hectáreas de terreno, que hoy
se encuentran ocupadas por comercio informal.

También una parte del castillo se encuentra bajo el agua, por lo
que se hace indispensable aprovechar para las obras de dragado y
relimpia del Canal de Bocachica, la gran cantidad de arena sea
depositada en esta área y así poder rescatar por completo la planta
original y playa circundante de dicho castillo, que facilitaría
enormemente el proceso de rescate arqueológico, constituyéndose
en otro atractivo más para la ciudad.

8.6. BATERÍAS DE SAN FELIPE, SANTIAGO Y CHAMBA.

[…] 8.6.1. Batería de San Felipe.

Actualmente no hay caminos pavimentados ni en tierra, solo se
accede por el arrecife. Está en muy mal estado de
conservación, tal como lo dejara Sir Edward Vernon en
1741, actualmente, el problema más grave que atenta
contra su estabilidad y las áreas arqueológicas
circundantes, es la presencia de urbanizadores ilegales, que
tienen demostrada su presencia por fuera de las normas
urbanísticas, ambientales y sobre el supuesto de propiedad
a través de posesiones. Son más de 9 construcciones de
chalets, cuya información se anexa a este Informe.

Las troneras, muros y merlones están siendo dañadas por la
presencia de los nuevos moradores ilegales contiguos a
dichas edificaciones.

[…] 8.6.2. Batería de Santiago

Área arqueológica donde Sir Edwald Veinon montó el campamento
y construyó gran batería para 20 cañones y 40 morteros y para
una tropa cercana 15000 y 16000 hombres.

8.6.3. Batería de chamba.

ESTADO GENERAL:

Según prospecciones arqueológicas submarinas realizadas en las
últimas semanas se pudo constatar, que de los cañones
ubicados en esta batería ha sido robado uno, por los
guaqueros.

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8.7. ÁREAS ARQUEOLÓGICAS.

8.7.1. Gran Batería y Campamento Ingles.

MARCO HISTÓRICO: Época Barroca.

8.7.2. Horno de Diego Guerra.

MARCO HISTÓRICO: Época Barroca.

ESTADO GENERAL:

Actualmente no hay caminos pavimentados ni en tierra, solo se
accede por el arrecife. Está en muy mal estado de
conservación, tal como lo dejara Sir Edward Vernon en
1741, se encuentra invadida toda su área de respeto por
urbanizadores ilegales que además desforestó el bosque
tropical seco de playa.

8.8. HORNO DE GRAN DIABLO.

MARCO HISTÓRICO: Época Barroca.

ESTADO GENERAL:

El horno de Gran Diablo es una construcción de principios del siglo
XVIII, atribuido a juan de Herrera y Sotomayor, su horno gemelo
está completamente destruido. Se encuentra localizado en
el corregimiento de Bocachica, se encuentra en absoluto
estado de abandono y forma parte del patio de una humilde
vivienda de un morador del pueblo. “Algunos hornos hallados
son tan antiguos como la ciudad misma, ya en el siglo XVI aparecen
en uno de los planos de 1570 registrados". "Los hornos se
construían excavados en el terreno o en un cerro y están
conformados por dos áreas: el hogar u horno y la zona de trabajo".
El hogar era donde se cocía la piedra a más de 1'1000 produciendo
oxido de calcio o cal viva, que fue el cemento que se construyó la
ciudad de Cartagena de Indias.

Actualmente no hay caminos pavimentados ni en tierra, solo se
accede por el arrecife. Está en muy mal estado de conservación,
tal como lo dejara Sir Edward Vernon en 1741, actualmente, el
problema más grave que atenta contra su estabilidad y las
áreas arqueológicas circundantes, es la presencia de
urbanizadores ilegales, que tienen demostrada su presencia

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por fuera de las normas urbanísticas, ambientales y sobre
el supuesto de propiedad a través de posesiones. Son más
de 9 construcciones de chalets, cuya información se anexa
a este Informe. En la batería de Santiago, al igual que en la
de San Felipe existen construcciones Ilegales desde hace 2
años, lo cual ha generado una vasta deforestación en la
zona.

8.9. CANTERAS Y ÁREA ARQUEOLÓGICA CORREGIMIENTO
DE BOCACHICA.

Hacía el interior del pueblo de Bocachica y detrás del corregimiento
público, se encuentran ubicadas las canteras en estado total de
abandono.

9. Otras estructuras arquitectónicas. Segunda etapa (por realizar)
– Norte de la Isla de Tierrabomba (Caño de Loro y Tierrabomba),
Barú, Mamonal, Pozón, Boquilla, Manzanillo del Mar y Arroyo de
Piedra.

10. CONCLUSIONES GENERALES

[…] - Los Fuertes de San Fernando de Bocachica y San José
de Bocachica en su totalidad se encuentran subutilizado
como Bien de Interés Cultural, su representatividad
histórica y riqueza arquitectónica se encuentran
inexplicablemente subvaloradas, no existe un plan de
gestión que lo convierta, como es debido, en un recurso
económico explotable, que garantice su sostenimiento. No
existe una conveniente oferta de servicios complementarios
para el visitante. Basados en los antecedentes inmediatos a las
obras de relimpia y profundización del Canal de Bocachica, al sur
de la Isla de Tierra Bomba y noroeste de la Isla de Barú, tomado
de la Información producida a raíz del contrato de restauración de
las estructuras arquitectónicas de la bahía, contratados en ese
entonces por la subdirección de Monumentos Nacionales del
Instituto Nacional de Vías al Consorcio Civilco Alberto Samudio y
Cia Ltda. entre los años 94 y 97, en aquel entonces los
representantes de dicho consorcio asistieron a una reunión técnica
con los contratistas elegidos en esa época para las obras de
protección de los fuertes, la empresa Dragacol, las consideraciones
y observaciones que se hicieron en ese momento están vigentes y
aparecen algunas nuevas ante los retos planteados:

1. En la reunión se sugirió la necesidad de proteger a las
fortificaciones de San Fernando y San José en el Canal de Bocachica

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ante la inminente aparición de barcos de más calado (profundidad)
y desplazamiento (peso), tomando en cuenta esas observaciones
se instalaron frente a las fortificaciones, enrocados aislados y no
compactados por debajo de la línea de marea baja.

Al respecto conviene aclarar que dicho enrocado en el Fuerte de
San Fernando actualmente se encuentra desplazado y removido
por el fuerte oleaje ocasionado por los barcos y en ocasiones la
resaca pasa por encima de esta estructura y golpea directamente
al Fuerte. Este enrocado frena parcialmente o diluye esta acción
pero en menudas ocasiones se observa que es ineficaz y golpea
con toda su fuerza a dichas edificaciones.

2. El canal de Bocachica no fue dragado en ese entonces por lo
tanto el problema sigue siendo el mismo:

a) El canal llene cerca de 400 mts de ancho entre las fortificaciones.
b) El eje del canal estaría cerca de 200 mts de ambos fuertes,
siendo el canal navegable cercano a los 80 mts de ancho para
buques de gran manga (ancho), se presume que condiciones
óptimas los barcos estarían a cerca de 150 mts como distancia más
desfavorable.
c) Por la ubicación del Fuerte de San José respecto del canal, su
parte norte más cerca del mismo y a esa distancia está
extremadamente vulnerable al azote de los barcos.
d) Por condiciones especiales las velocidades de acceso de dichas
embarcaciones oscilan entre 7 y 12 nudos, velocidades altas que
implicarían la inmediata toma de medidas de protección.

• La Batería del Ángel San Rafael en su totalidad se
encuentra subutilizada como Bien de Interés Cultural, su
representatividad histórica y riqueza arquitectónica se
encuentran Inexplicablemente subvaloradas. No existe un
plan de gestión que lo convierta, como es debido, en un
recurso económico explotable, que garantice su
sostenimiento. No existe una conveniente oferta de servicios
complementarios para el visitante […]

10.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Todas las fortificaciones del Centro Histórico, periferia histórica y
área de influencia de la ciudad de Cartagena de Indias, están
amparadas dentro del contrato # 005 de 1992, firmado en ese
entonces por el Fondo de Inmuebles Nacionales y la Sociedad de
Mejoras Públicas, mediante el cual se le entregó a dicha Sociedad,
para la administración, custodia y mantenimiento de los Inmuebles

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declarados Monumentos Nacionales, propiedad de la Nación,
denominados Castillo de San Felipe de Barajas, Fuerte de San
Fernando de Bocachica, Fuerte de San José de Bocachica, Edificio
Cuartel de las Bóvedas, Baluarte de Santo Domingo, El Reducto,
Baluarte de San Francisco Javier y el Cordón Amurallado, ubicados
en el Sector Histórico de Cartagena. Destacamos además, como
hecho contradictorio que en dicha concesión se adjudique el cordón
amurallado, sí dentro de la misma cabe perfectamente incluir las
obras de fortificaciones hidráulicas denominadas La Escollera de la
Marina y la Escollera de Bocagrande, las cuales jamás han tenido
un merecido reconocimiento o puesta en valor, como bienes
patrimoniales de Interés cultural de carácter nacional que lo son,
vigentes y plenamente funcionales, pero nunca se ha hablado de
un proyecto de mantenimiento y sostenimiento que incluya un
completo estudio de sus verdaderas condiciones, se desconoce su
estado actual de conservación. La Escollera o Dique de Bocagrande,
en años recientes ha sido mutilada por la realización de boquetes
para la navegación de embarcaciones menores, conocedores de
que esas dos gigantescas obras realizadas por ingenieros militares
son las que le han dado estabilidad dinámica al acceso a la Bahía
de Cartagena y que las murallas externas de la marina (desde el
semi baluarte de Santiago hasta el Espigón mal denominado de a
Tenaza). Dentro del proceso de fusión de la Subdirección de
Monumentos Nacionales del "INVIAS" al Ministerio de Cultura, los
bienes enunciados anteriormente fueron transferidos a este
Ministerio.

Mediante contrato adicional # 002 de 1999, suscrito entre el
Ministerio de Cultura y la Sociedad de Públicas de Cartagena, este
Ministerio asumió los derechos y obligaciones que se encontraban
en cabeza del Instituto Nacional de Vías y cuya vigencia está hasta
el año (2012), en el que aparecen asignados por primera vez, la
Batería de Ángel San Rafael, túnel, el respectivo muelle, Glasis del
Fuerte San Fernando de Bocachica (con algunas construcciones
actualmente destruidas por la comunidad y que pertenecen al
Distrito, sobre el área concesionada), las baterías colaterales de
San Francisco Regis, Santiago Y su respectivo muelle; quedando
por fuera y sin tutela cerca de 60 monumentos nacionales
distribuidos en el área de influencia y periferia histórica, de las que
resaltamos las siguientes: Vestigios Arqueológicos de la Batería de
Santa Bárbara, Batería de Santiago o Castillete o San Yago, San
Felipe, chambas 1, 2 y 3, áreas arqueológicas terrestres y
submarinas de Punta Abanico y Varadero, Fortificaciones de la
Popa: Nuestra Señora de la Popa y San José; fortificaciones de la
Avenida de la Cruz Grande: área arqueológica de la Batería de
Crespo, Mas, Hornabeque de Palo Altor Batería Escondida, en las

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áreas, Escolleras de la Marina y Bocagrande, cerca de 35 hornos
de la Colonia ubicados hasta la fecha, situados en la periferia
histórica, antiguas haciendas, estancias y tejares en pésimo estado
de conservación. Todas estas áreas ubicadas en un perímetro
superior a los 20 Km a la redonda del Centro Histórico de
Cartagena, considerado Monumento Nacional, Cartagena y su
bahía, Patrimonio Histórico de la humanidad […]” (Resaltado de la
Sala).

-. El ICANH expidió el oficio ICANH -130-2006 de fecha 23 de mayo

de 2006, dirigido al Alcalde del DISTRITO, en el que hizo referencia

a las obras de infraestructura que podían afectar el patrimonio

arqueológico, en los siguientes términos:

“[…] El Grupo de Arqueología del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH), ha recibido información
sobre las obras que pueden afectar los vestigios
arqueológicos en la Isla de Tierrabomba, cercano al
corregimiento de Bocachica debido a la construcción de
casas de recreo en áreas de protección.

Según la información en nuestra base de datos y en la
biblioteca del ICANH, se hace necesario adelantar estudios
arqueológicos formales para evaluar la existencia de sitios
arqueológicos en las zonas de las obras.

Las zonas de localización de los proyectos se encuentran en
regiones de alto potencial arqueológico. Por lo tanto y
teniendo en cuenta que la legislación colombiana (Ley 397 de 1997,
Decreto Reglamentario 833 de 2002) prohíben realizar
intervenciones en terrenos en donde pueda existir patrimonio
arqueológico, es conveniente adelantar evaluaciones
específicas de la existencia de patrimonio arqueológico e
iniciar un plan de manejo arqueológico en la zona antes de
iniciar las obras […]” (Resaltado de la Sala).

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-. El MINISTERIO suscribió el contrato de consultoría núm. 1602/10

de 9 de agosto de 2010 con el CONSORCIO A&A

FORTIFICACIONES, cuyo objeto era el siguiente:

“[…] EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO DE
CULTURA a realizar la formulación el plan especial de manejo y
protección del sistema conformado por el fuerte de San Fernando
y sus baterías, colaterales Santiago y San Juan Francisco de Regis,
los vestigios del Castillo San Luis, las ruinas de las baterías
Santiago, San Felipe y Chamba, las Baterías de Santa Bárbara y
Ángel San Rafael y el fuerte San José […]”.

-. La PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA expidió el oficio

1103/PD/PDDH/CQT de fecha 14 de diciembre de 2010, en el que se

refirió al acompañamiento realizado a la SMPC en la inspección

ocular efectuada al sitio donde se encontraban algunas viviendas

cuyos propietarios señalaban que estaban siendo afectados por el

túnel de la Batería del Ángel San Rafael de Bocachica, llevada a cabo

el 10 de junio de 2010. Al respecto, se precisó lo siguiente:

“[…] Que como consecuencia de la construcción de las viviendas el
Túnel está presentando asentamientos en el terraplén que lo
conforma debido a las excavaciones para cimientos de las casas
construidas sobre la clave del túnel, concluye recomendando:

1- El despeje de la zona a lo largo del túnel, de toda construcción
de viviendas u otra estructura que ponga en peligro la estabilidad
del túnel, Patrimonio Histórico de la Humanidad y de los habitantes
de las residencias construidas sobre el túnel.
2- Implementar un plan de demolición o desmonte de todo
elemento estructural construido sobre el túnel.
3- Establecer un procedimiento de desmonte de las viviendas
construidas que deberá ser programado de tal manera que no

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genera vibración sobre el terraplén que conforma la estructura en
terreno natural del túnel.

En este estado del acompañamiento la Personería Distrital de
Cartagena, valorando la situación encontrada y en ejercicio de las
funciones constitucionales y legales, especialmente las
consagradas en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, por un lado
las de proteger y defender el Patrimonio Público, defender el interés
general sobre el interés particular; pero igualmente velar que no
se vulneren derechos fundamentales y proteger los derechos
humanos de los ciudadanos, cuando se vean amenazados.

Consideramos justo y necesario que se implemente un Plan
Integral, que permita por un lado: la posibilidad de la
conservación, preservación y protección del Patrimonio
Público de los Baluartes y Túneles existentes en Bocachica,
Isla de Tierra Bomba; pero también es cierto que los nativos
asentados en el mencionado sector, merecen ser reubicados
en una vivienda digna con su núcleo familiar, permitiendo
un equilibrio entre el deber del estado y el derecho de todas
las personas del uso y goce libremente de los bienes
públicos […] (Negrilla de la Sala)”.

-. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL elaboró el oficio

núm.95698 de 1° de octubre de 2012, en el que informó lo siguiente:

“[…] El Gobierno Nacional adquirió los terrenos denominados isla
de Tierrabomba, por compra que hiciera de ellos a la Andian
National Corporation Ltda, mediante escritura pública 139 del 23
de enero de 1931 de la Notaria Cuarta de Bogotá y registrada en
el Folio de Matricula Inmobiliaria No.060-024930 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena.

Posteriormente con la escritura pública No.149 del 10 de febrero
de 1931 de la Notaria Primera de Cartagena, se protocolizó el acta
de entrega del terreno suscrita el 7 de febrero de 1931 y finalmente
se ratificó la entrega real y material con acta del 22 de junio de
1931 que se protocolizó en la escritura pública No 623 de junio 27
de 1931 de la Notaría Primera de Cartagena.

Mediante el Decreto Legislativo 121 de enero 18 de 1950 el
Gobierno Nacional destinó para uso exclusivo de la Base Militar de
la Marina de Guerra Colombiana, toda la Isla de Tierrabomba, con

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la finalidad de la construcción de la Base Naval, situación ésta que
fue modificada con el decreto No 0031 del 22 de febrero de 1957,
al haber cedido 1.057 hectáreas al municipio de Cartagena,
quedando entonces en poder del Ministerio de Defensa – Armada
Nacional un total de 964.017 hectáreas, todo lo cual una vez
realizada la delimitación y elaborados los planos respectivos, se
detalló todo con la partición en la escritura pública No. 10 de enero
5 de 1961.

El Decreto 121 de 1950, estableció igualmente en sus artículos 3,
4 y 5 que el Gobierno Nacional procedería al traslado de los
habitantes que en ese momento estuvieran ocupando el caserío de
Tierrabomba, a un sitio en tierra firme, que sería escogido por los
ministerios de Guerra y Obras Públicas, situación que su momento
fue imposible de cumplir, lo que determinó que el Ministerio de
Defensa, al no cumplir con su obligación de traslado de los
pobladores a tierra firme, debiera legalizarse las porciones de
terreno que estaban ocupando y para ello se dio aplicación a la Ley
9 de 1989 artículo 58 que fuera modificado por la ley 2 de 1991
artículo 3.

En cumplimiento a este mandato a la fecha la Entidad ha legalizado
mediante escritura pública los terrenos de 90 pobladores […]”.

-. Contrato interadministrativo de comodato núm. 2199/12 celebrado

en el mes de octubre de 2012, entre la ESCUELA TALLER DE

CARTAGENA y el MINISTERIO, del cual se resalta lo siguiente:

“[…] PRIMERA: OBJETO: En virtud del presente documento el
MINISTERIO DE CULTURA y el COMODATARIO convienen en
celebrar un contrato interadministrativo de comodato sobre todos
los bienes de interés cultural señalados en la cláusula segunda y el
COMODATARIO se obliga a administrar, inventariar, registrar, los
bienes de propiedad de la Nación de interés cultural BIC, con la
finalidad de su protección, conservación, mantenimiento,
restauración, puesta en valor y divulgación, de tal manera que se
resalten los valores, históricos, científicos artísticos y estéticos y se
genere apropiación social.

PARÁGRAFO: Se entenderá como puesta en valor de los bienes, lo
que acorde a las denominadas normas de Quito, equivale a “(…)
habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales que, sin

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desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su
optimo aprovechamiento.

SEGUNDA: BIENES OBJETO DEL CONTRATO: Los bines objeto del
presente contrato interadministrativo de comodato son los
siguientes:

[…] SECTOR 4: Canal de Bocachica e Isla de Tierra Bomba, entre
los cuales se encentran:

1. Fuerte San Fernando de Bocachica y sus baterías colaterales
2. Batería Colateral de Santiago
3. Batería colateral de San Juan Francisco de Regis
4. Fosa húmedo
5. Contra Escarpa
6. Glasis, galerías de las minas, contraminas y fogatas
7. Castillo San Luis
8. Batería Santiago
9. Batería San Felipe
10. Cantera de Diego Guerra (Horno)
11. Horno de Diego Guerra
12. Cantera de Tierra Bomba
13. Batería Chamba 1 y 2
14. Batería Santa Barbara y Remediapobres
15. Batería Ángel San Rafael
16. Batería de los Ingleses
17. Hornos y Campamentos del Gran Diablo
18. Hornos de Caño del Loro (dos hornos)
19. Hornos y Pozo del poblado de Gambote (dos hornos)
20. Horno de San Diego Guerra
21. Horno Zumbido
22. Horno de los Jesuitas
23. Pozo Tejar de los Jesuitas
24.Aljibe Tejar de los Jesuitas
25. Hacienda o Estancia de Pueblo Nuevo (tres pozos)
26. Pozo Carex
27. Ruinas del Hospital de los Leprosos de San Lázaro de Caño de
Loro (iglesia, claustro, edificios varios, administración, aljibes y
pozos)
28. Fuerte – Batería San José […]”.

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-. Inspección judicial realizada por el Tribunal en la Isla de Tierra

Bomba el 18 de octubre de 2012, con la finalidad de verificar los

hechos objeto de la presente acción, de la que se resalta lo siguiente:

“[…] se estableció el grado de deterioro en que se
encuentran las orillas del corregimiento de Tierra Bomba, el
desgaste que ha ocasionado el mar en este sector […] No
existe muelle adecuado para que los moradores puedan embarcar
y desembarcar sus lanchas, sino improvisados muelles,
improvisados sitios de atraque. En este estado de la diligencia se
le concede el uso de la palabra al Dr. ALFONSO CABRERA,
Arquitecto Restaurador de la Academia de Historia de Cartagena
[…] “Sobre el corregimiento de Tierra Bomba originalmente se
llamaba el Tejar de San Bartolomé de los Jesuitas, la mayor fábrica
de cerámica que había en Cartagena en ese momento. En tiempos
pasados la playa prácticamente llegaba hasta donde estamos
nosotros, esto que estamos observando, ese corte así no existía,
había era una playa, hay fotografías e inclusive una cartografía de
Agustín Codazzi de los años 50´s y 60´s en donde se ve lo que ha
ido cediendo el terreno, lo que el mar ha ido erosionando. El mar
se ha llevado aquí calles, aquí recuerdo yo hace más de 15 años
había varias hileras de casas, de hecho ahí se ven varias casas
arruinadas que el mar se las ha ido llevando. Por lo menos se
calcula que aquí se han perdido unas 100 hectáreas de terreno.
Decía que hay fotografías y suficiente documentación reciente que
demuestra que la erosión ha sido galopante. Prácticamente el
pueblo antes era más accesible, el pueblo ha perdido muchas casas
que se fueron demoliendo, la gente fue construyendo hacia arriba,
40, 50, 100 casas, esa evaluación no podemos hacerla sino
montando en capas lo que se ha perdido. De ese Tejar que
quedaron, una cantidad de estructuras, vemos una punta que es el
enorme aljibe, que es el término correcto, depósito de agua que
abastecía al pueblo de Tierra Bomba, al pueblo de Tierra Bomba,
al pueblo que en su momento era el Teja de San Bernabé y el mar
ya prácticamente, esa piscina estaba en tierra, aproximadamente
unos 50 metros de la playa y ahora miren ya está metido dentro
del agua. Lo que es la punta esa que parece un muro saliendo, era
un aljibe bastante grande para aproximadamente 100 metros
cúbicos de agua. Al lado, ya hoy hay que dar la mala noticia, se
vino abajo, ese desprendimiento que ustedes ven que corre el
peligro de tumbar las casas, eso es de las últimas semanas,
nosotros vinimos a principios de año, precisamente con el
Vicepresidente y ese desprendimiento no se había dado, o sea es

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galopante el tema de protección litoral. La gente de la comunidad
como ustedes ven no tiene muelle, miren la bajada y las
dificultades. Cuando hay mar de leva, cuando hay olas fuertes es
muy difícil, muy complicado bajar, hoy tenemos un día
relativamente calmado porque estamos después de la temporada
de lluvias, pero ustedes pueden ver las ruinas de las casas que
quedan como cimientos, prácticamente hasta los árboles se están
cayendo, el pueblo se ha erosionado totalmente. Para hablar
un poco mas ya del tema histórico, a mi espalda, está construida
la muralla submarina de la escollera de Bocagrande, es invisible,
está a ras de mar, es una estructura de tres kilómetros de largo,
que llega y prácticamente se mete en Bocagrande, hasta lo que
hoy es el Carulla de Bocagrande, hablamos de más de tres mil
metros, ya está inventariada y georreferenciada esta zona por el
Ministerio de Cultura que ha estado haciendo su tarea, en cuanto
al posicionamiento de cada una de las ruinas que hay en estos
sitios. En este sitio donde se ve el barrio ese, estaba el Castillo de
Santángel, una de las primeras grandes fortificaciones, que fue
demolida en su momento colonial, pero es posible que toda esa
área arqueológica, aquí es donde entre el tema ICAHN y todo eso,
que miren que está totalmente invadido por la comunidad
de Tierra Bomba. […] ¿Esta erosión cuando empieza a notarse?
Nosotros hace 15 años estábamos haciendo la restauración de
Bocachica y veníamos continuamente a estos pueblos y todavía la
erosión no eran tan notable, se notaban muchas casas, había dos
calles, ahora nada más hay una sola calle, todavía resisten dos o
tres casas, ya el tanque de agua de ellos está en peligro, a ellos
prácticamente el mar los está corriendo. […] No tienen agua, no
tienen alcantarillado, lo único que tienen es luz, que viene por un
cable submarino, hay un cable que esta tirado aquí abajo para
abastecer eso. […] Toma el uso de la palabra LUIS GABRIEL
DONADO MAZZILLI, Arquitecto del Ministerio de Cultura […] estos
puntos de interés cultural del orden nacional y distrital, se
encuentran referenciados, bien sea en el registro a nivel nacional o
en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena. Se
encuentran totalmente georreferenciados, pues el fin de esto es
saber con la entrega que se le hace a la Escuela Taller de
Cartagena, se adelante un plan de manejo de cada uno de los
monumentos, y saber cuál va a ser la administración y los
pasos a seguir en cada uno de estos para su recuperación y
mantenimiento. Retoma el uso de la palabra el Dr. Alfonso
Cabrera, Arquitecto Restaurador, quien manifiesta: “Toda la isla
en general, que no tiene servicios, no hay recolección de
basuras, no hay acueducto, no hay alcantarillado, si hay luz
porque hay cable. Ahora que se da la oportunidad de un proyecto
magnifico que viene ahora de la Armada Nacional, si van a hacer

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algún puente, ese sería la forma ideal de trasladar el agua y todas
las cuestiones de servicios públicos. Si se va a hacer se construye
en una oportunidad y casi que yo creo le va a venir esa ayuda”. Se
le concede el uso de la palabra al señor GARY JAVIER GONZALES
NUÑEZ, Capitán de Coberta de la Armada Nacional: “El proyecto
de la Base Naval tiene contemplado dentro del proyecto conexión
entre Cartagena y Tierra Bomba, y por ese viaducto, porque no se
ha definido si es puente o un túnel, ni el sector por donde va a
venir, también van a venir los servicios públicos porque la Armada
tiene contemplado dentro del proyecto pasar toda la Base Naval.
Este proyecto se está trabajando en conjunto con la Alcaldía y el
Ministerio de Cultura, para realizar el plan vial, el plan de los
servicios públicos, el plan del cuidado y manejo del patrimonio
histórico y están contemplados dentro del proyecto de la Base
Naval, y también obviamente utilizar todos los actores de la isla,
es decir todas las poblaciones mediante los Consejos Comunitarios
y que ellos participen activamente del proyecto”. […] Toma el uso
de la palabra el MAGISTRADO CONDUCTOR de la diligencia:
“En el desplazamiento de Tierra Bomba al corregimiento
Caño de Loro encuentra el Despacho el terrible deterioro en
que se debaten las orillas de la isla, en donde se observa de
manera clara desprendimientos de tierra, que ponen en
peligro a los moradores que se encuentran a la orilla de la
misma. Se observa también un pozo de agua profundo que
está a punto de derrumbarse debido a la erosión de la que
se viene comentando. Así mismo, un aljibe que se encuentra
en estado de deterioro, en razón del desprendimiento de
tierra que se observa a mano derecha del recorrido”. […] El
señor LUIS GABRIEL DONADO MAZZILLI, Arquitecto del Ministerio
de Cultura, manifiesta: “Y era la obra más grande que había aquí,
ya está desapareciendo, monumento nacional porque ya el
Ministerio asumió que los monumentos distritales se volvieron
automáticamente monumentos nacionales, o sea que ahora tienen
jerarquía superior hay que protegerlos”. En el corregimiento de
Caño de Loro los asistentes a la diligencia descendimos de la lancha
y se hizo un recorrido por el mismo. Durante el desplazamiento se
le concede el uso de la palabra a LUIS GABRIEL DONADO
MAZZILLI, Arquitecto del Ministerio de Cultura, quien pidió el uso
de la misma: “Lo que estamos viendo en estos momentos es las
ruinas de la parte administrativa de lo que corresponde al Hospital
de San Lázaro, el antiguo Leprocomio, está declarado en el orden
distrital mas no nacional, si cuenta con declaratoria a nivel nacional
de bien de interés cultural en el ámbito nacional las ruinas del
antiguo hospital, sí cuenta con declaratoria, vamos ahora a llegar
hacia ese lado […] si bien confirmo, no tiene declaratoria en el
ámbito nacional sí tiene una importancia histórica y la idea es que

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la Escuela Taller haga una administración de esos bienes,
obviamente con apoyo del Distrito de Cartagena con el Instituto
Distrital de Patrimonio y Cultura. Quería aclarar que en estos
momentos la propiedad de las ruinas parte administrativa es el
Distrito de Cartagena”. Toma el uso de la palabra el
MAGISTRADO CONDUCTOR de la diligencia: “Nos
encontramos en el corregimiento del Caño de Loro, en
inmediaciones el antiguo Hospital de San Lázaro o
Leprocomio. Se observa el estado de deterioro y abandono
en que se encuentra el mismo y sus alrededores donde las
condiciones de salubridad no son los mejores para el
desenvolvimiento de una vida sana. […] En la continuación del
recorrido por el corregimiento de Caño de Loro, se le concede el
uso de la palabra a ALFONSO CABRERA, Arquitecto Restaurador de
la Academia de Historia de Cartagena: “Esta es la Casa de
Encomedero, pero está registrada allá en el catálogo como parte
del Hospital de Leprosos de San Lázaro, la calidad de la parte hecha
en mampostería y arriba tiene superposición republicana, eso que
se ve ahí es concreto pero de principios del siglo XX, para el tema
del ICANH, porque hay una lectura de dos épocas y esto fue
después la planta eléctrica, de las primeras plantas eléctricas que
hubo en Colombia estuvo aquí metida para dar luz al Hospital de
los Leprosos. Era una cosa muy importante, la calidad de la
construcción denota que era un sitio muy importante, lo único es
que miren que condiciones está”. Pide la palabra nuevamente LUIS
GABRIEL DONADO MAZZILLI, Arquitecto del Ministerio de Cultura:
“Aclarando lo que dice el arquitecto Cabrera, efectivamente esto
cuenta con la declaratoria en el orden distrital”. El MAGISTRADO
CONDUCTOR de la diligencia expresa: “Nos encontramos en
el corregimiento de Caño de Loro y más frente a uno de los
hornos de cal, que era el cemento de la época colonial, el
cual se encuentra invadido de maleza, y en total estado de
abandono. Hay dos gemelos, uno de ellos tapado por
viviendas construidas a su alrededor. (Fotografía)”. Se le
concede el uso de la palabra a la Dra. OLGA LUCIA RIVERO DIAZ,
Apoderada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia:
“Efectivamente encontramos en diligencia, estamos encontrando
patrimonio arqueológico de la Nación, que como bien se sabe no
requiere declaratoria para considerarse como tal, sin embargo los
planes de manejo de protección según la Ley 1185 de 2008 y el
Decreto 763, corresponde ser adelantados por el propietario del
predio donde se encuentra el patrimonio. En este caso corresponde
al Distrito de Cartagena adelantar el plan de manejo y protección
de plan de manejo arqueológico, hacer todos los trámites ante el
ICANH y nosotros colaboramos con el aspecto técnico que
requieren para tal ejecución. […] El MAGISTRADO CONDUCTOR de

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la diligencia refiere: “Nos encontramos en frente de los dos
inmuebles que cubren el horno, inmuebles que carecen de
identificación y que invaden el horno a que se ha hecho
referencia anteriormente”. […] Toma el uso de la palabra el
MAGISTRADO CONDUCTOR de la diligencia: “En este estado de
la diligencia y haciendo un recorrido por el Fuerte de
Bocachica, llegamos a la esquina suroriental, sur pleno de la
isla de Tierra Bomba, en donde se encuentran las Castilletes
de Santiago y San Felipe y de las Chambas, a los cuales se
les toma fotografías para anexar.” El Dr. ALFONSO CABRERA,
quien nos acompaña en la diligencia, arquitecto restaurador, nos
ilustra sobre el valor arqueológico e histórico de los mismos: “Los
Castilletes de Santiago, de San Felipe y de las Chambas, fueron los
que en el siglo XVII frenaron la invasión de Vernon. Ahí en esta
área se dio el campamento, los ingleses hicieron el desembarco y
construyeron un campamento muy grande. Por eso se determina
que el plan de ordenamiento territorial, en el Decreto 0977, que
esta denominado “Campamento de los ingleses”, genéricamente
los nombres de baterías San Felipe, Santiago y Chamba,
fortificaciones de mucha importancia histórica, y son monumentos
nacionales declarados en el catalogo de monumentos nacionales,
hoy bienes de interés cultural de carácter nacional.” El
MAGISTRADO CONDUCTOR de la diligencia manifiesta: “En este
momento y siguiendo con el recorrido hemos llegado al
Fuerte de San Fernando de Bocachica, en términos
generales, desde que se baja al muelle, puede observarse
un estado no del todo deteriorado pero sí carente de
cuidado. Encontramos unos túneles que se encuentran
tapados por la maleza, denominados “Galerías de Minas y
Contraminas”, en donde se nos informa que hay por lo
menos mil metros de túneles”. […] “Haciendo un recorrido
exhaustivo por el Fuerte de San Fernando de Bocachica, se
observa que el mismo se encuentra en un estado de
aceptable conservación, a pesar de la sedimentación que a
nivel interno presenta el foso húmedo del canal”. […] En
este estado de la diligencia nos dirigimos al Fuerte de San
Fernando que queda al frente del Fuerte de Bocachica donde
nos encontramos y donde se ha observado el estado general
de conservación y de cuidado en que se encuentra el mismo.
En este momento el Magistrado, en asocio con los que intervienen
en la diligencia se dirigen a la Batería de Santa Barbara que se
encuentra en el corregimiento de Bocachica, para ver su estado de
conservación.” […] El MAGISTRADO CONDUCTOR de la diligencia:
“En este momento hemos llegado al Fuerte de San José, el
cual se encuentra inundado en una de sus murallas y el
Tribunal con los que intervienen en la diligencia, se bajan a

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fin de verificar el estado de conservación del mismo. Sin
embargo, no es posible bajarse debido a que el Fuerte está
lleno de agua. […] Pero el estado de conservación se ve
bien”. Se le concede el uso de la palabra al Dr. ALFONSO
CABRERA, Arquitecto Restaurador: “Es que fue restaurado
recientemente, y en general, pero el problema del efecto de marea,
el incremento del nivel del mar, y el otro factor que siempre quieren
allegar que el Canal de Bocachica, pero no, este para mi es el
menor de los problemas, hay alguien que dijo que se estaba
hundiendo el Fuerte, el Fuerte no se está hundiendo lo que está
subiendo es el agua, y hemos detectado que ha subido en los
últimos cuarenta años más de cincuenta centímetros […]
(Destacado de la Sala)”.

-. Registro fotográfico de las actividades de conservación en los BIC

Nacionales en la Isla, adelantadas por el MINISTERIO en los años

2012 a 2016.

-. Contrato interadministrativo de comodato núm. 002907 de 17 de

octubre de 2017, suscrito entre la ESCUELA TALLER DE

CARTAGENA y el MINISTERIO, el cual tenía el mismo objeto que

el contrato de comodato celebrado en el año 2012, así como los

bienes objeto del mismo. La duración inicial se pactó en 5 años desde

el acta de inicio y aprobación de las correspondientes garantías.

-. El Despacho sustanciador, mediante auto para mejor proveer de

12 de mayo de 2022, solicitó al DISTRITO que informara: i) Cuáles

son los bienes de la Isla que están catalogados como BIC, Nacional

o Distrital; ii) Cuáles de esos bienes cuentan con PEMP y; iii) Cuál

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es el estado de conservación actual de cada uno de los BIC de la isla

y la entidad a cargo de su administración.

En respuesta, el IPCCC mediante oficio de 25 de mayo de 2022

informó lo siguiente:

“NOMBRE DEL BIEN O ZONA: PARQUE TURÍSTICO Y
ARQUEOLÓGICO DE TIERRA BOMBA
SECTOR BOCACHICA
NOMBRE DEL DIRECCIÓN DECLARATORIA
BIEN NACIONAL
Fuerte de San Fernando que lo conforman
Baluarte de la
Reina
Cortina Circular
Baluarte del Rey
Cortina entre
Baluarte del Rey y
la Reina ISLA DE TIERRA BOMBA,
Puerta Principal SECTOR CENTRO Decreto 1911 de 2 de
(interior) POBLADO DE noviembre de 1995
Casa del Castellano BOCACHICA
Lugares Comunes
Bóveda Oficial de CRA 3
Artillería e
Ingenieros Coordenadas
Bóveda Cuarteles XE/839389.26
de Oficiales Y/N16437761.92
Cocina
Hospital
Almacén de Víveres
secos
Pasadizo o
baterías; baterías
bajas y bóvedas de
repuesto
Almacén de Caldos
Almacén de Pólvora
Capilla y habitación
del Capellán
Bóveda del Oficial
de Artillería

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Almacén de Víveres
Puerta Principal
exterior (escudo de
piedra)
Fosos ISLA DE TIERRA BOMBA,
Escarpado de SECTOR CENTRO
Cortinas POBLADO DE
Manglar contiguo al BOCACHICA
fuerte
Pintura mural CRA 3
Tendal de Artillería
Cuerpo de Guardia Coordenadas
en la Plataforma XE/839389.26
Batería Santiago Y/N16437761.92
Galería Magistral
Minas,
Contraminas,
Martillos, Hornillos
Escaleras en
madera
Foso seco
Glasis Castillo
Batería San Juan
Francisco de Regis
Foso Seco
Tendales
Castillo San Luis
SUBSECTOR
PLAYA DE
BOCACHICA
Batería Santiago.
Ruinas Batería San
Felipe. Ruinas
Cantera de Diego ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
Guerra (Horno) SANTIAGO noviembre de 1995
Coordenadas
X/834283,986
Y71633623,87
SAN FELIPE
X/834176,6067
Y/1633775,252
Batería Chamba ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
SECTOR PLAYA DE noviembre de 1995
BOCACHICA
Coordenadas
X/834283,986
Y/1633623,87
Chamba 1 Chamba Decreto 1911 de 2 de
2 noviembre de 1995

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Cavernas de ISLA DE TIERRA BOMBA,
Chamba SECTOR PLAYA DE
Área Arqueológica BOCACHICA
SUBSECTOR DEL
POBLADO DE
BOCACHICA
Batería de Santa ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
Bárbara SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
BOCACHICA
Batería Ángel San Rafael que lo conforman:
Cortina
Baluarte 1º y ISLA DE TIERRA BOMBA,
Baluarte 2º SECTOR POBLADO DE Decreto 1911 de 2 de
Plaza de armas BOCACHICA noviembre de 1995
Puerta principal
Foso seco Coordenadas
Puente X/835412,5655
Galería Magistral yY/1634361,793
Aljibe
Nichos de muerte
Cocina
Casa fuerte
Letrinas o
necesarias
Garita
Glasis (áreas
exteriores
circundantes)
Batería de los
ingleses
Baterías de Punta ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
abanico y Punta SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
Baradero y BOCACHICA/ SIN
Bocachica UBICAR
Horno Gran Diablo ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
BOCACHICA/ SIN
UBICAR
Campamento del ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
Gran Diablo SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
Poblado o BOCACHICA
campamento
militar Coordenadas
X/85372,9557
Y/1633910,507
Hornos y vestigios Decreto 1911 de 2 de
arqueológicos de noviembre de 1995
poblaciones
militares alrededor
de la Batería

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Santiago y San
Felipe
Poblado de ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
Bocachica SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
BOCACHICA/ SIN
UBICAR
Construcciones ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
vernáculas SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
BOCACHICA
Áreas ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
arqueológicas SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
anexas BOCACHICA
Casa del Virrey, ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
Iglesia SECTOR POBLADO DE noviembre de 1995
BOCACHICA
SUBSECTOR DEL CANAL DE BOCACHICA
Fuerte Batería de San José
Planta baja:
Almacén de pólvora ISLA DE TIERRA BOMBA, Decreto 1911 de 2 de
Plazuela de Armas CANAL DE BOCACHICA noviembre de 1995
Plataforma Alta
Batería Nueva o de
Salas
SECTOR NORTE DE TIERRA BOMBA SECTOR NORTE
Fuerte o plataforma
de San Ángel
Horno y área ISLA DE TIERRA BOMBA,
arqueológica de SECTOR NORTE SIN
Punta Arena LOCALIZAR
Área Arqueológica ISLA DE TIERRA BOMBA,
de Puerto Perico SECTOR NORTE SIN Decreto 1911 de 2 de
(Polvorín de la LOCALIZAR noviembre de 1995
Armada)
Ruinas del ISLA DE TIERRA BOMBA,
Lepocronio (sic) de SECTOR NORTE
la colonia y de la
República (Hospital
de Leprosos,
Restos de la
Iglesia, del Claustro
en caño del Oro o
Loro
Hornos de caño del ISLA DE TIERRA BOMBA,
Oro (dos hornos) BARRIO CAÑO LORO
REPÚBLICA
C/839305.87
Y/1635829.50
IGLESIA
Coordenadas
X/838821.81

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Y/1635378.03
Hornos y pozos del ISLA DE TIERRA BOMBA,
poblado de BARRIO CAÑO LORO
Gamboa (dos
hornos ciénaga de
Gamboa)
Hacienda y/o ISLA DE TIERRA BOMBA,
Estancia de Pueblo coordenadas
Nuevo X/837523,6722
Y/1635691,419
Tres (3) Hornos ISLA DE TIERRA BOMBA
Casa Hacienda ISLA DE TIERRA BOMBA
Caminos militares ISLA DE TIERRA BOMBA Decreto 1911 de 2 de
que la unen con los noviembre de 1995
demás poblados de
Tierra Bomba
ÁREA ISLA DE TIERRA BOMBA
ARQUEOLOGICA
DEL SUR DEL
CORREGIMIENTO
DE TIERRA
BOMBA
Tejar de los Decreto 1911 de 2 de
Jesuitas en el noviembre de 1995
Corregimiento de
Tierra Bomba
Las canteras ISLA DE TIERRA BOMBA,
CORREGIMIENTO PUNTA
ARENA Coordenadas Decreto 1911 de 2 de
X/836278.87 noviembre de 1995
Y/639546.31
Las cavernas ISLA DE TIERRA BOMBA,
adyacentes al CORREGIMIENTO DE
corregimiento PUNTA ARENA
Aljibe, resto de los ISLA DE TIERRA BOMBA
cimientos de los
tendales y casas
Pozo de Tierra ISLA DE TIERRA BOMBA,
Bomba CORREGIMIENTO ISLA
ARENA
Escolleras o disque ISLA DE TIERRA BOMBA,
de bocagrande CORREGIMIENTO ISLA
ARENA
Horno de la ISLA DE TIERRA BOMBA,
ensenada del Horno ENTRE LA ISLA Y LA
PUNTA DEL LAFUITO
Hornos ISLA DE TIERRA BOMBA,
comprendidos CORREGIMIENTO
entre la ensenada TIERRA BOMBA
del Horno y la
Batería de Chamba

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Estructura ISLA DE TIERRA BOMBA
Arqueológicas en el
interior de la isla
(Sector del Faro).

ii) En la actualidad el Ministerio de Cultura a través de la Escuela
Taller de Cartagena de Indias, con el apoyo de la División de
Patrimonio del IPCC, se viene adelanta (sic) la formulación del
Plan Especial de Manejo y Protección del Paisaje Fortificado
de la Bahía de Cartagena: PEMP FORT BAHIA, en el marco de lo
establecido por el Decreto 1080 de 2015.

iii) En lo relacionado al estado de conservación de los bienes de
interés cultural objeto de su consulta, a través del oficio IPC – OFI
– 0001525-2022, hemos procedido a remitir el presente
requerimiento a la Escuela Taller de Cartagena de Indias, en su
calidad de encargada de la administración de las fortificaciones,
conforme lo establece el contrato de comodato suscrito con el
Ministerio de Cultura; debido a que, el marco de la ejecución del
PEMP FORT BAHIA, en su fase de diagnóstico, se evaluó el estado
de conservación de dichos inmuebles […]” (Resaltado de la Sala).

Asimismo, en cumplimiento de la remisión hecha por parte del IPCC

a la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, para que

complementara la respuesta al auto para mejor proveer previamente

referenciado, la entidad informó por medio de oficio allegado el 18

de julio de 2022, lo siguiente:

“[…] De acuerdo a lo anterior, damos respuesta al requerimiento en
el mismo orden de la solicitud, refiriéndonos a los BIC bajo la
administración de la ETCAR, así:

1. Bienes de interés Cultural del Ámbito Nacional ubicados en la isla
de Tierra Bomba:
Canal de Bocachica e Isla de Tierra Bomba
1.- Fuerte San Fernando de Bocachica y sus baterías colaterales:
2.- Batería Colateral de Santiago

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3.- Batería Colateral de San Juan Francisco de Regis
4.- Foso Húmedo
5.- Contra Escarpa
6.- Glacis, Galerías de las minas, contraminas y fogatas
7.- Castillo San Luis
8.- Batería Santiago
9.- Batería San Felipe
10.- Cantera de Diego Guerra (horno)
11.- Horno de Diego Guerra
12.- Cantera de Tierra Bomba
13.- Batería Chamba 1 y 2
14.- Batería Santa Bárbara o Remediapobres
15.- Batería Ángel San Rafael
16.- Batería de los Ingleses, en predios privados
17.- Hornos y Campamento del Gran Diablo
18.- Hornos de Caño del Loro (dos hornos)
19.- Hornos y pozo del poblado de Gamboa (dos hornos)
20.- Horno de San Diego Guerra
21.- Horno Zumbido
22.- Horno de los Jesuitas
23.- Pozo Tejar de los Jesuitas
24.- Aljibe Tejar de los Jesuitas
25.- Hacienda o Estancia de Pueblo Nuevo (tres pozos)
26.- Pozo Carex
27.- Ruinas del Hospital de los Leprosos de San Lázaro en Caño de
Loro (Iglesia, Claustro, Edificios varios, Administración, Aljibes y
Pozos)
28.- Fuerte – Batería San José

2. Plan Especial de Manejo y Protección para los BIC ubicados
en la isla de Tierra Bomba

Desde el 2017, el Ministerio de Cultura, a través de la Escuela Taller
Cartagena de Indias (Etcar) ha adelantado una serie de acciones
encaminadas al desarrollo de instrumentos de gestión que ayuden a
garantizar la conservación y protección de los Bienes de Interés
Cultural (BIC) del ámbito nacional ubicados en este territorio.

De esta forma, en el 2018 se aprobó el Plan Especial de Manejo
y Protección del conjunto arquitectónico conformado por el
Castillo de San Felipe de Barajas y el cordón de murallas del
Centro Histórico y Getsemaní, el cual permitió actualizar la
normativa urbana en el entorno de estos bienes e identificó la
necesidad de ampliar la protección a los demás elementos del
patrimonio cultural que conforman el sistema fortificado de la
ciudad, entre los que se encuentran los fuertes ubicados en el

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corregimiento insular de Bocachica y los vestigios que se
encuentran en las islas de Barú y Tierrabomba, así como el sector
de Manzanillo del Mar, entendiéndolos como parte integral del Paisaje
Cultural de la ciudad.

Teniendo en cuenta la estrecha interrelación del patrimonio natural,
inmueble, mueble, arqueológico e inmaterial presente en la bahía de
Cartagena, desde el 2018, el Ministerio de Cultura, a través de la
Escuela Taller Cartagena de Indias, adelantó la investigación,
diagnóstico y formulación del Plan Especial de Manejo y Protección
para el Paisaje Cultual y Fortificado. Este instrumento permitirá
establecer las acciones necesarias para garantizar la protección,
conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de la bahía de
Cartagena en su integralidad.

El Plan Especial de Manejo y Protección del Paisaje Cultural
Fortificado de Cartagena de Indias cuenta con concepto
favorable por parte del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural.

3. Estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural,
declarados mediante decreto 1911 de 1995, bajo la administración de
ETCAR:

SECTOR 4: Canal de Bocachica e isla de Tierra Bomba
BIEN DE INTERÉS UBICACIÓN ESTADO DE
CULTURAL (COORDENADAS) CONSERVACIÓN
1.- Fuerte San 835314,996 BUENO, mantiene su
Fernando de 1633415,491 estructura muraría
Bocachica y sus completa y en buen
baterías estado. Requiere solo
colaterales mantenimiento
periódico programados
en sus superficies de
pañetes que puedan
tener deterioros
puntuales en
merlones, y pintura en
sus carpinterías de
ventanas y tendal.
2.- Batería No disponible BUENO: la estructura
Colateral de muraría se encuentra
Santiago completa, sin
deterioro.
3.- Batería No disponible BUENO; La estructura
Colateral de San muraría se encuentra

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Juan Francisco de completa y se realizan
Regis refacciones en unos
puntos de los pañetes
de esta batería
4.- Foso Húmedo No disponible BUENO, se encuentra
en una pequeña parte
sedimentado por las
mareas, pero su
estado es estable.
Requiere retiro de
sedimento en un 20
por ciento
5.- Contra No disponible BUENO: no requiere
Escarpa reparación alguna,
solo programar
limpieza de escarpa.
6.- Glacis, No disponible BUENO: su estructura
Galerías de las esta completa y solo
minas, requiere limpieza.
contraminas y
fogata
7.- Castillo San No disponible VESTIGIOS
Luis SUBACUATICOS
8.- Batería No disponible VESTIGIOS: estado
Santiago ruinoso y en monitoreo
permanente, se realiza
desmalezado y
protección de
estructuras existentes.
9.- Batería San No disponible VESTIGIOS: estado
Felipe ruinoso y en monitoreo
permanente, se realiza
desmalezado y
protección de
estructuras existentes.
0.- Cantera de No disponible VESTIGIOS: estado
Diego Guerra ruinoso y en monitoreo
(horno) permanente, se realiza
desmalezado y
protección de
estructuras existentes.
11.- Horno de No disponible VESTIGIOS: se
Diego Guerra realizan monitoreos y
desmalezado.
12.- Cantera de 835743,629 VESTIGIOS: se realiza
Tierra Bomba 1639711,428 monitoreo.

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13.- Batería VESTIGIOS: ubicadas
Chamba 1 y 2 en predio privado.
14.- Batería 835778,554 VESTIGIOS: se
Santa Bárbara o 1633883,305 evidencia plataforma
Remediapobres básica, se realiza
monitoreo, no hay
estructura muraría en
pie, se realiza
desmalezado y
monitoreo.
15.- Batería 835368,867 BUENO: Estructura
Ángel San Rafael 1634398,61 muraría completa. Se
realizan refacciones en
los pañetes de las
contraescarpas del
foso seco. Sus
elementos de madera
en buen estado.
Cureñas y cañones
completos y en buen
estado de
conservación.
16.- Batería de 834725,793 En predio privado.
los Ingleses 1633523,596
17.- Hornos y 835344,09 Estructura de los
Campamento del 1633970,086 estribos exteriores
Gran Diablo completa, el hogar en
estado regular, su
acceso es
obstaculizado por
construcciones
aledañas.
18.- Hornos de 838816,409 VESTIGIOS: se
Caño del Loro 1635391,832 encuentran en
(dos hornos) condiciones de ruinas.
19.- Hornos y 835697,032 VESTIGIOS: en
pozo del poblado 1635194,992 condiciones de ruinas,
de Gamboa (dos su estructura muraría
hornos) de estribos exteriores
en un 75% en regular
estado, hogares en
deterioro
20.- Horno de 834421,287 VESTIGIOS: estado de
San Diego Guerra 1633670,753 conservación ruinoso.
21.- Horno No disponible Estado de
Zumbido conservación ruinoso.

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22.- Horno de los 836264,703 VESTIGIOS: de este
Jesuitas 1639614,97 horno se mantiene el
sitio mas no la
estructura muraría.
23.- Pozo Tejar 836287,023 VESTIGIOS:
de los Jesuitas 1639582,634 recientemente
rescatado por la Etcar
24.- Aljibe Tejar 836333,05 VESTIGIOS: se
de los Jesuitas 1639585,281 encuentra en estado
de ruina, los vestigios
hacen parte de un 4 de
la estructura del aljibe.
25.- Hacienda o No disponible VESTIGIOS: Esta en
Estancia de predio privado y
Pueblo Nuevo estado de monitoreo.
(tres pozos)
26.- Pozo Carex 835340,044 VESTIGIOS: Esta
1635074,281 estructura, fue
rescatada por la Etcar,
su estado de
conservación es
bueno, y se encuentra
en actividad, es
utilizado por parte de
la comunidad y al
servicio de misma.
27.- Ruinas del 838742,079 VESTIGIOS, En esta
Hospital de los 1635343,273 condición, los BIC se
Leprosos de San encuentran en estado
Lázaro en Caño de ruina en su
de Loro (Iglesia, totalidad; presentan
Claustro, Edificios avanzado estado de
varios, deterioros en su
Administración, estructura muraría, no
Aljibes y Pozos) tienen cubiertas las
edificaciones, los
aljibes en regular
estado y el pozo, fue
rescatado por la Etcar
y se encuentra en
servicio para el
abastecimiento de
agua de la comunidad.
28.- Fuerte – 835589,515 REGULAR: Este fuerte
Batería San José 1632745,281 mantiene su estructura
muraría completa,

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muestra algunas
grietas, a las cuales se
les practica un
monitoreo
permanente, con el fin
de establecer su
estado de inactividad;
se le realizan
mantenimiento
permanente en sus
superficies de muros y
pinturas en los
elementos de
carpinterías de madera
y tendal; su condición
de estar muy a nivel de
mar, le hace estar en
algunas épocas del año
con cierto nivel de
agua en su plaza de
armas.

[…]”.

Conforme lo anterior, la Sala encuentra acreditado que en la Isla

existen numerosas estructuras arquitectónicas y fortificaciones que

fueron catalogadas como BIC nacionales, por medio del Decreto

1911 de 2 de noviembre de 199557.

Igualmente está demostrado, de acuerdo con la visita efectuada por

parte de la PERSONERÍA y la SPMC en el año 2010 a la Batería del

Ángel San Rafael de Bocachica, que ésta presentó afectaciones

57 Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles localizados en

Cartagena de Indias, Bolívar.

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debido a la construcción de viviendas sobre la clave del túnel del

bien, motivo por el que se recomendó detener cualquier obra en la

zona y la demolición o desmote de las estructuras construidas,

teniendo en cuenta las debidas previsiones técnicas.

Producto de la mencionada visita, la PERSONERÍA estimó necesaria

la elaboración de un plan integral que permitiera la conservación,

preservación y protección del patrimonio público de los baluartes y

túneles de Bocachica en la Isla de Tierra Bomba, así como la

reubicación de los nativos del sector en viviendas dignas.

En consecuencia, el MINISTERIO suscribió el contrato de

consultoría núm. 1602/10 de 2010, con el CONSORCIO A&A

FORTIFICACIONES, para la elaboración del PEMP de los siguientes

BIC: i) Fuerte de San Fernando y sus Baterías; ii) colaterales

Santiago y San Francisco de Regis; iii) los vestigios del Castillo San

Luis; iv) las ruinas de las Baterías de Santiago, San Felipe y Chamba;

v) las Baterías de Santa Bárbara y Ángel San Rafael y; vi) el Fuerte

San José.

Además, en el mes de octubre de 2012, el MINISTERIO suscribió

con la ESCUELA TALLER DE CARTAGENA, el contrato de comodato

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núm. 2199/12 con el objeto de administrar, inventariar y registrar

los BIC de la Nación en el DISTRITO para garantizar su protección,

conservación, mantenimiento, restauración, puesta en valor y

divulgación; bienes dentro de los cuales estaban los ubicados en la

Isla de Tierra Bomba.

En el año 2017 se suscribió el contrato de comodato núm. 002907

con el mismo objeto que el anterior, entre las mismas partes y

respecto de los mismos bienes, con una duración de 5 años, es decir,

hasta el año 2022.

Ahora bien, debido a que las pruebas obrantes en el expediente no

reflejaban el estado actual de los BIC de la Isla, la Sala evidenció de

las respuestas emitidas por el IPCC y la ESCUELA TALLER DE

CARTAGENA DE INDIAS en virtud del auto para mejor proveer de

12 de mayo de 2022 que algunos de los BIC se encuentran en buen

estado de conservación y muy pocos de ellos en regular estado.

Asimismo, la Sala advierte que la ESCUELA TALLER DE

CARTAGENA DE INDIAS aseguró que en el año 2018 se aprobó el

PEMP para el conjunto arquitectónico conformado por el Castillo de

San Felipe de Barajas y el cordón de murallas del Centro histórico y

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Getsemaní, y actualmente se encuentra en trámite el PEMP del

Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias, el cual cuenta

con concepto favorable del CONSEJO NACIONAL DE

PATRIMONIO CULTURAL.

Al respecto, la Sala señala que las mencionadas entidades han debido

aportar, como mínimo, los documentos contentivos de los planes, y

no pretender que el Juez Popular a través de la potestad oficiosa que

ostenta efectúe toda la actividad probatoria que le correspondía.

Pese a ello, la Sala encontró en la página web del MINISTERIO58 el

acto administrativo por medio del cual dicha Cartera aprobó el PEMP

del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe de Barajas ubicados

en Cartagena de Indias, esto es, la Resolución núm. 1560 de 22 de

mayo de 2018, la cual en el Título V – Programas y Proyectos, sobre

la Isla de Tierra Bomba, estableció únicamente lo siguiente:

“Artículo 40. Proyecto del PEMP. Los proyectos que hacen parte del
presente PEMP están asociados a los programas señalados ene l
artículo anterior de la siguiente manera:

[….] Programa Transversal: Este programa está dirigido a desarrollar
acciones conjuntas con el Distrito y otras entidades competentes, para
la intervención y puesta en marcha de proyectos que propendan por
la restauración de los recursos, la recuperación y actualización de la

58 https://fortificacionescartagena.com.co/es/pemp-murca/

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infraestructura de servicios y la identificación de las manifestaciones
que representen la comunidad, a través de las siguientes actividades:

• Plan de Manejo y Protección, PEMP, para las estructuras de la
bahía (zona norte, bahía interior, la Popa, Isla de Tierra Bomba,
escollera sumergida y la isla de Barú) […]” (Destacado de la Sala).

Como se observa del aparte transcrito, lo que el referido PEMP

previó fue la elaboración de otro PEMP que incluyera las estructuras

de la bahía de Cartagena, entre las que se encontraba la Isla, lo que

no significa que por medio del mismo se protegieron los BIC o los

bienes arqueológicos de la zona, pues como lo indicó la ESCUELA

TALLER DE CARTAGENA DE INDIAS en su escrito, lo que el Plan

hizo fue identificar la necesidad de ampliar la protección de otros

elementos del patrimonio cultural que conformaban el sistema

fortificado de la ciudad.

Ahora, en lo que tiene que ver con la existencia de un PEMP del

Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias que cuenta con

concepto favorable por parte del CONSEJO NACIONAL DE

PATRIMONIO CULTURAL, basta señalar que tampoco se aportó

dicho documento y no fue posible su obtención en internet, por lo

que se desconoce su contenido y si éste incluyó todos los BIC de la

Isla de Tierra Bomba, razón más que suficiente para asegurar que

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ninguno de los BIC de la isla de Tierra Bomba cuenta actualmente

con PEMP aprobado por el MINISTERIO.

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el hecho de que

dichos bienes de la Isla fuesen declarados como BIC antes de la Ley

1185, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 397, están cobijados por

el Régimen Especial de Protección o de Salvaguarda allí previsto y,

en consecuencia, requieren de PEMP, el cual debió presentarse por

el DISTRITO y aprobarse por el MINISTERIO antes del 10 de

marzo de 2014, sin que se hubiese probado que a la fecha de

expedición de la presente providencia dicha obligación fuese

cumplida, cuya inobservancia amenaza gravemente el derecho

colectivo al patrimonio cultural de la Nación.

En efecto, la Sala en sentencia de 7 de abril de 202259 consideró que

la omisión en la elaboración del PEMP amenaza el derecho colectivo

al patrimonio cultural, habida cuenta que dicho instrumento

propende por la adecuada conservación y protección de los BIC.

59 Ver sentencia de 7 de abril de 2022 (Expediente núm: 13001-23-33-000-2015-00028-

01, Consejera Ponente Nubia Margoth Peña Garzón)

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Además de lo anterior, la Sala destaca que el ICANH en el año 200660

reconoció que en la Isla existían vestigios arqueológicos que podrían

estar siendo afectados por la construcción de viviendas de recreo en

la zona y, además, que la Isla era una región con alto potencial

arqueológico, motivos por los que, aparentemente, resultaba

necesario efectuar estudios arqueológicos para establecer su

existencia y, además, se requería de un PMA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Decreto 1080 de 2015

consideró al territorio nacional como de potencial riqueza en materia

de patrimonio arqueológico y que el ICANH aseguró durante el

trámite del presente proceso que la Isla es una región del alto

potencial arqueológico, lo cual puede evidenciarse de las pruebas

obrantes en el expediente, la Sala concluye que la Isla o algunos de

sus sectores podrían ser sujeto de declaratoria como Área

Arqueológica Protegida por parte del ICANH, quien, pese a

reconocer la riqueza arqueológica existente, no ha adelantado los

estudios necesarios para efectuar dicho reconocimiento de oficio,

conforme lo faculta el ordenamiento jurídico.

60 Oficio ICANH-130-2006 de 23 de mayo de 2006

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Por lo tanto, el ICANH deberá desarrollar las acciones necesarias

para establecer si efectivamente hay lugar a la declaratoria de la Isla

o parte de ella como Área de Protección Arqueológica, para

posteriormente, adoptar el PMA que permita garantizar la integridad

del sector objeto de protección, en los términos del artículo 2.6.3.4

y siguientes del Decreto 1080 de 2015.

De modo que, en caso de efectuarse la declaratoria de Área de

Protección Arqueológica y de adoptarse el PMA, éste deberá

integrarse con el instrumento de ordenamiento territorial del

DISTRITO y en caso de que la zona objeto de protección se

superponga en todo o en parte a un ecosistema estratégico o con un

BIC, el PMA también tendrá que armonizarse de acuerdo con el

régimen legal y el plan de manejo o instrumento del área protegida

o ecosistema estratégico y el régimen propio del bien de interés

cultural.

Conforme lo expuesto, resulta forzoso concluir que la Isla de Tierra

Bomba no solamente carece de PEMP respecto de los BIC declarados

con anterioridad a la Ley 1185 sino que además, pese a existir

evidencia que la zona es de potencial arqueológico, no se han

ejecutado las acciones necesarias para que se determine si hay lugar

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a declararla como Área Arqueológica Protegida y adoptar el

respectivo PMA, omisiones que han redundado en la amenaza del

derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural, pues no se

cuenta con los elementos jurídicos necesarios para salvaguardar los

bienes sujeto de especial protección ubicados en la Isla.

Lo anterior, también le permite a la Sala descartar la existencia de

un hecho superado conforme lo argumentó el MINISTERIO.

Ahora bien, en cuanto a las entidades encargadas de dar

cumplimiento a las órdenes impartidas, la Sala precisa que de

acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 la formulación

del PEMP para los bienes del grupo urbano y los monumentos

en espacio público le corresponde a las autoridades distritales o

municipales del territorio donde se localicen, las cuales, también se

encargan de su implementación, pero su aprobación y seguimiento

es competencia del MINISTERIO.

Por lo tanto, el DISTRITO y el MINISTERIO serán los encargados,

en el marco de sus competencias, las cuales fueron señaladas en el

acápite denominado “Del derecho colectivo a la defensa del

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patrimonio cultural”, de adelantar el procedimiento legalmente

establecido para la aprobación del PEMP.

En cuanto a los plazos que otorgados para el cumplimiento de las

órdenes, es preciso indicar que estos serán fijados teniendo en

cuenta que: i) Desde el 10 de marzo de 2014, debió adoptarse el

PEMP de los bienes declarados como BIC antes de la Ley 1185 y; ii)

De acuerdo con el ordenamiento jurídico, los bienes muebles o

inmuebles de carácter arqueológico no necesitan de una declaratoria

pública o privada adicional a la prevista en la Constitución y la Ley

para gozar de la protección establecida en la normativa aplicable.

Finalmente, la Sala destaca que en atención a que se modificarán las

órdenes de amparo respecto del derecho colectivo en estudio, no

habrá lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre el argumento

del Distrito relacionado con la insuficiencia del plazo otorgado por el

Tribunal para el desarrollo de las obras de protección de los BIC

existentes en la Isla.

Por lo expuesto, la Sala modificará el literal b del numeral cuarto de

la sentencia proferida por el Tribunal, para en su lugar, disponer lo

siguiente:

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1. Ordenar al MINISTERIO y al DISTRITO, que en el término de

diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de esta

providencia, en el marco de sus competencias, adopten el PEMP de

los BIC de la isla de Tierra Bomba.

2. Ordenar al ICANH que, en el término de cinco (5) meses contados

a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante los estudios

y/o acciones necesarias que le permitan establecer sí hay lugar a

declarar la Isla de Tierra Bomba o algunas de sus zonas como Área

Arqueológica Protegida y, en el evento de que ello ocurra, en el

término de diez (10) meses, contados a partir del resultado arrojado

en el estudio en mención, adopte el respectivo PMA.

3. Ordenar al DISTRITO que una vez sean expedidos el PEMP y el

PMA, en el término de siete (7) meses, integre y armonice dichos

instrumentos con el POT.

De la erosión costera

Para desatar el tercer problema jurídico consistente en determinar la

necesidad de incluir una orden relacionada con el fenómeno de

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erosión de la Isla, la Sala precisa que el accionante solicitó en las

pretensiones de la demanda, lo siguiente:

“[…] Que se ordene al Distrito de Cartagena de Indias realizar los
estudios a efecto de iniciar los trabajos para establecer espolones o
tajamares a efecto de evitar la continuidad en la fuga de arenas en las
playas de la isla de marra […]”.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal en la sentencia señaló:

“[…] Conclusiones de la inspección judicial.

El día 18 de octubre de 2012, se realizó la inspección judicial (ver
folios 14355-1464) por esta Corporación para verificar las
afectaciones de los derechos invocados por el actor popular, en la
cual se evidenció que no existe muelle adecuado para que los
moradores puedan embarcar y desembarcar sus lanchas, sino unos
embarcaderos improvisados; que el agua para consumo viene en
bongo desde Cartagena; que carece de alcantarillado, el servicio
de luz se presta de manera inadecuada, no existe recolección de
basuras, no hay acueducto, no existe gas natural, que las
condiciones ambientales y salubridad son deficientes, se detectó
desprendimiento de tierras que ocasionadas (sic) por la
erosión y que se está consumiendo la isla poco a poco […]”
(Destacado de la Sala).

De lo expuesto, se advierte que la parte accionante solicitó en las

pretensiones de la demanda que se ordenara al DISTRITO la

ejecución de acciones que le permitieran establecer qué obras o

trabajos debían adelantarse para la construcción de espolones o

tajamares en la Isla para de esa forma evitar la erosión, no obstante,

y pese a que el Tribunal encontró acreditada la ocurrencia de dicho

fenómeno en la Isla, no adoptó ninguna acción al respecto, motivo

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por el que esta Sección no puede pasar por alto esta circunstancia,

máxime si se tiene en cuenta que el DISTRITO a lo largo de sus

intervenciones se pronunció respecto de dicho fenómeno y las

acciones emprendidas para contenerlo.

Sobre dicha problemática en el expediente reposa el siguiente

material probatorio:

-. El DISTRITO elaboró un informe sobre los efectos y prevención

de fenómenos erosivos que afectaban la infraestructura costera de la

ciudad, en el que específicamente se señaló sobre la Isla lo siguiente:

“[…] Se solicitó igualmente a la Universidad de Cartagena presentar
un informe técnico detallado de los diseños elaborados para la
solución a los problemas de erosión de la Isla de Tierrabomba, así
como las posibles alternativas para la ejecución de las obras. Estos
diseños fueron elaborados en el año 2005 y con fundamento en el
estudio conceptual preparado para el año 2002.

[…] El 16 de junio de 2009 se firmó el contrato No 6105396 suscrito
entre la alcaldía mayor de Cartagena de indias y la universidad de
Cartagena cuyo objeto es: “actualización de los estudios y diseños
de alternativas para la estabilización de la boca del laguito y un
sector de la línea de costa de la isla de tierra bomba”.

[…] INFORME PRIMERA VISITA Y REUNION EN LA ISLA DE
TIERRABOMBA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

[…] El motivo principal, además de socializar el avance de los
estudios y diseños a la fecha, fue el mostrar a los funcionarios del
Ministerio, los avances del proceso erosivo presentado en la línea
de costa de la isla, su alcance y las futuras consecuencias.

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[…] Previo a la reunión, se hizo un reconocimiento físico a todo lo
largo de la parte afectada de la línea de costa, haciendo énfasis en
las viviendas que están a punto de colapsar, así como la
infraestructura eléctrica, observándose la caída de algunos postes
de la energía que se derrumbaron por consecuencia del avance de
la erosión.

[…] SITUACIÓN ACTUAL A MAYO 4 DE 2010

[…] El pasado Miércoles, 28 de Abril de 2010, se repitió la reunión
de trabajo con los mismos funcionarios, donde además de los
criterios expresados por CARDIQUE, existen algunos escenarios
que afectan el proyecto, que deben ser tenidos en cuenta por todas
las entidades de control que se resumen en los siguientes términos:

• Primero que todo es importante anotar que existe una sentencia
del Tribunal producto de una acción popular fallada en contra del
Distrito de Cartagena por el Juzgado Primero Administrativo, el cual
ordena la construcción de las obras de la Isla de Tierrabomba la
cual ha sufrido un deterioro alarmante, producto de la fuerte
erosión.
• Dentro del estudio macro (5 km de la línea de costa) se presenta
una situación angustiosa para los habitantes del caserío de
Tierrabomba (700 mts), el cual fue llevado al "Comité de
Prevención de Desastres" declarándose como una "CALAMIDAD
PÚBLICA", lo que forzó incluso a la señora Alcaldesa solicitar al
Ministerio de Transporte, su apoyo a través del dragado que
adelanta INVIAS al canal de acceso en el sector de Bocachica.
• Las alternativas analizadas demostraron que la más viable desde
todo punto de vista, es extraer o explotar el material en las
canteras existentes en la Isla.
Traer el material desde cualquier cantera del continente, duplica
prácticamente los costos del proyecto, convirtiéndolo en
IRREALIZABLE como nos lo manifestaron funcionarios del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
• La utilización de las dos canteras seleccionadas, tendrían un uso
temporal y específico, con una explotación ordenada y con
restitución forestal del área que resulte afectada.
• Se solicitará a CARDIQUE tener en cuenta estas consideraciones
puesto que las canteras no son de uso comercial, por lo que
consideramos no sería necesaria una "licencia de explotación" sino
una "autorización especial para utilizarlas ante esta emergencia".

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Por las consideraciones expuestas, se acordó una reunión con
funcionarios de CARDlQUE, la cual se fijó para el día de hoy Abril
29 de 2010, a las 5:00 PM.

Con base en la reunión, conjuntamente Universidad de Cartagena
y la interventoría, elaborará un cronograma del proceso para la
obtención de la licencia ambiental.

[…] BALANCE SITUACION A AGOSTO 2 DE 2010

Culminados los estudios y diseños por la Universidad de Cartagena
seleccionada la alternativa más favorable así como la
determinación del presupuesto total de la obra, se adelantaron las
siguientes gestiones:

PROYECTO MACRO
I. Mayo 24 de 2010. Oficio enviado por la Secretaría de
Infraestructura a CARDIQUE para la SOLICITUD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL adjuntando los documentos requeridos a excepción del
"Certificado de Comunidades Negras e Indígenas" informando su
entrega una vez sea recibido del Ministerio del Interior y Justicia.
2. Mayo 25 de 2010. Oficio enviado por la Secretaría de
Infraestructura al Ministerio del Interior y Justicia solicitando la
"Certificación de Presencia de Comunidades Negras o Indígenas"
en el área del Proyecto de Tierrabomba.
3. Mayo 31 de 2010. (radicado Junio 4 de 2010) Oficio enviado a
CARDIQUE por la Secretaría de Infraestructura, mediante el cual y
ante nuevos requerimientos, se presentan algunos "ajustes" a la
solicitud de la Licencia Ambiental.
4. Junio 18 de 2010. Oficio enviado por la Secretaría de
Infraestructura al I.P.C.C. (Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena) donde se solicita la expedición de un concepto sobre la
existencia o no de áreas y/o patrimonio arqueológico cultural de la
Nación en las zonas de construcción indicadas en la referencia.
5. Julio 1 de 2010. La Alcaldía Mayor de Cartagena recibe y radica
la certificación del Ministerio del Interior acerca de la presencia de
comunidades indígenas y/o negras en el área del proyecto.
6. Julio 8 de 2010. La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía,
recibe de CARDIQUE el oficio fechado Junio 28 de 2010, mediante
el cual hacen nuevos requerimientos, insistiendo que hasta tanto
no se allegue a la solicitud el certificado del Ministerio del Interior
y Justicia, sobre comunidades negras y/o/ indígenas, "no se podrá
imprimirle el trámite pertinente conforme lo previsto en el Art. 23
del Decreto 1220 de Abril de 2005.
7. Julio 9 de 2010. Oficio radicado por CARDIQUE el 13 de Julio de
2010, se oficializa la entrega a esa entidad del certificado del

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Ministerio del Interior y Justicia, documento cuya copia había sido
entregada extraoficialmente en visita personal del interventor del
Proyecto.
8. Julio 13 de 2010. En vista personal del Interventor del proyecto
al I.P.C.C. a fin de averiguar acerca del concepto, se le informa por
parte de esa entidad, el extravío de la solicitud. El mismo día se
hace entrega de una nueva solicitud, la cual se radica bajo el
número 1476 del 13 de Julio de 2010.
9. Julio 21 de 2010. El Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena, emite el concepto técnico-normativo favorable en
respuesta a la solicitud acerca de la existencia o no de áreas y lo
patrimonio arqueológico cultural.
10. Julio 25 de 2010. La Secretaría de Planeación Distrital, por
intermedio del Ingeniero Alfredo Atencio, solicitó al Interventor
conseguir la firma de los planos de los funcionarios de la
Universidad de Cartagena, que participaron en los estudios y
diseños del proyecto, lo cual fue atendido por el Interventor, quien
hizo entrega personal de los planos firmados el pasado Viernes, 30
de Julio de 2010.
11. La Secretaría de Planeación, una vez recopilada toda la
información y elaborados los formatos respectivos, procederá,
según manifestó el Ing. Alfredo Atencio, a la radicación del
proyecto en el MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial) en los primeros días de la presente semana
(quedaría pendiente el documento Licencia Ambiental, el cual se
reincorporará una vez sea recibido).
12. A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO LA LICENCIA AMBIENTAL POR
PARTE DE CARDIQUE, LO CUAL SE ESPERA SE PRODUZCA EN EL
CURSO DE LA PRESENTE SEMANA […]”.

-. CARDIQUE expidió la Resolución núm. 0932 de 10 de agosto de

2010, por medio de la cual otorgó al DISTRITO la licencia ambiental

para el proyecto de prevención del fenómeno de erosión en la Isla,

de la cual se resalta lo siguiente:

“[…] 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto a realizar se ubica en la franja costera Nororiental en
la Isla de Tierra Bomba sobre la Bahía de Cartagena, entre las
poblaciones de Tierra Bomba y Punta Arena, con una extensión de
playa de seis (6,0) Km. de longitud, aproximadamente, la que se
presenta una marcada erosión en algunos sectores.

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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

[…] Durante el desarrollo del proyecto se realizarán principalmente
las siguientes actividades:
• Localización, replanteo topográfico y batimétrico
• Limpieza de la zona de trabajo y construcción de campamento
• Adecuación de accesos a la zona de trabajo
• Suministro de materiales
• Transporte de materiales
• Colocación de materiales
• Dragados hidráulicos para recuperación de playas

2.1 Trazado y Localización del Proyecto
Consiste en el levantamiento planimétrico y altimétrico de la zona
de trabajo y la localización de puntos topográficos a partir de los
puntos ubicados previamente con cota conocida, localización de
estructuras existentes, y localización de puntos topográficos que
permitan materializar sobre las orillas y superficie del agua el
trazado del proyecto.

[…] RESULVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la ALCALDÍA
MAYOR DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS – Secretaría de Infraestructura Distrital […], para el
proyecto “RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE UN SECTOR DE
LA LINEA DE COSTA DE TIERRA BOMBA”, por las razones expuestas
en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga estará
sujeta al cumplimiento por parte de la ALCALDÍA MAYOR DEL
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS de
los programas de manejo ambiental establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental, los cuales se detallan a continuación:

2.1. Manejo de campamentos e instalaciones temporales.
2.2. Señalización y Manejo de Transito Marítimo.
2.3. Manejo de Maquinaria y Equipos de Transporte.
2.4. Manejo de Dragados y Rellenos.
2.5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles y Aceites-
2.6. Control de Emisiones Atmosféricas y ruido.
2.7. Salud ocupacional y Seguridad Marítima
2.8. Aseo de la Obra

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3. El manejo de los residuos peligrosos se implementará las
siguientes acciones:

[…] ARTÍCULO TERCERO: La Alcaldía ambiental que se otorga será
por el término de duración del proyecto “RECUPERACIÓN Y
ESTABILIZACIÓN DE UN SECTOR DE LA LINEA DE COSTA DE
TIERRA BOMBA” y no confiere derechos reales sobre los predios
que se vayan a afectar con el mismo […]”.

-. El DISTRITO expidió el oficio SPD-OFI-02360-2010 de fecha 2 de

diciembre de 2010, en el que sobre los hechos objeto de la presente

demanda afirmó lo siguiente:

“[…] En primer lugar es importante poner en conocimiento del
Juzgado que la situación de la erosión de la Isla de Tierra Bomba,
ha sido una de las prioridades de este gobierno, tal y como ha sido
incluido en el Plan de Desarrollo Por una Sola Cartagena y que a
continuación procedemos a precisar cada una de las actuaciones.

1. El 13 de octubre de la cursante anualidad, se produjo por parte
de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Cartagena de
Indias, el documento “Informe de la Alcaldía Mayor de Cartagena
de Indias acerca de los efectos y prevención de los fenómenos de
erosión que afectan a nuestra infraestructura costera”, el cual
muestra en forma cronológica cada una de las actuaciones que ha
desarrollado esta administración […]

2. Como producto de la actualización de los estudios y diseños de
las alternativas, los cuales fueron contratados por la Universidad
de Cartagena, anexo encuentra un programa general del
macroproyecto, el cual se encuentra dentro del – SIGOB- de la
alcaldía mayor de Cartagena, como indicador de cada una de las
actividades que se han adelantado, los responsables, fecha de
ejecución y porcentaje logrado. Actualmente, la Universidad
trabaja en resolver las inquietudes que fueron generadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, para su envío y
obtención finalmente de su aval para la gestión de los recursos ante
el Fondo Nacional de Regalías.

3. Paralelamente a lo anterior la administración ha visionado el Plan
de Emergencia, el cual se inició desde agosto de 2009, mostrando
un avance en su cronograma con la obtención de la Licencia

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Ambiental ante CARDIQUE, mediante acto administrativo No.0932
del 10 de agosto de 2010, en la cual se tiene incluida la etapa de
emergencia, mientras es aprobado por el Fondo de regalías el
macro proyecto. Detalle de los avances de este cronograma se
encuentran anexos, el cual está liderando la Secretaría de
Infraestructura de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

• Finalmente para información general, se anexa las acciones y
ejecutorias que en materia de infraestructura costera, la
administración Distrital, ha logrado a la fecha.

Es importante poner en contexto, que las acciones en el caso de la
erosión de Tierra Bomba, ameritan un concienzudo detalle técnico
y científico, que es el que se ha logrado desarrollar con los insumos
aportados por la Universidad de Cartagena y que fueron el soporte
para la obtención de la Licencia Ambiental. Así mismo, la
planificación gestión y obtención de los recursos para las obras
macro de protección de la isla, van avanzados hasta el punto de
obtener el concepto del MAVDT, las cuales están siendo asumidas
y aportadas por la Universidad, restando un último paso y es la de
obtener la aprobación del Fondo de Regalías para la financiación de
la obra […]”.

-. A través de escrito de 23 de noviembre de 2012, el DISTRITO

informó sobre la gestión adelantada en la Isla, de acuerdo con el POT

(Decreto 0977 de 2001), en el que señaló lo siguiente:

“[…] En la Isla de Tierra Bomba al igual que en toda la zona costera
se han presentado una serie de alteraciones de equilibrio de la
playa, ocasionando un retroceso en la línea costera de la Isla de
Tierra Bomba, en consecuencia, la población se encuentra bajo un
peligro inminente, de lo anterior que el plan piloto adjunto al plan
de ordenamiento territorial haya considerado para la Isla un
estudio técnico de la situación real que viven los habitantes de la
isla.

En consecuencia la administración Distrital solicitud (sic) a la
universidad de Cartagena los estudios técnicos ambientales y
sociales para establecer las posibles causas y soluciones al
fenómeno de la erosión en el sector y las falencias económicas
sociales, en consecuencia se realizaron estudios en la franja
costera comprendida entre la Isla de Tierra Bomba y Punta Arena,

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se establecieron los puntos de referencia y comparación a partir de
la líneas de costa levantadas entre los años 1985 y 2000 y los
establecidos entre los años 2005 y 2009. Partiendo de ello se pudo
establecer cuál era la realidad de la emergencia en Tierra Bomba
que no permite a la población realizar sus actividades económicas
que se enmarca en la actividad pesquera y turística, se
consideraron los márgenes de solución planteados en los estudios
técnicos realizados. Como estrategias de prevención de riesgo de
erosión se formularon medidas de mitigación de tipo estructural
consistente en la construcción de estructuras de protección costera
consistentes en espolones y rompeolas y de un relleno artificial de
playa. Como medidas no estructurales se formuló la construcción
de una línea de retroceso con controles para la construcción de
vivienda y desarrollo de infraestructura de la zona, toda vez que
este es el planteamiento adecuando para los ordenamientos
costeros, acorde con las políticas de desarrollo de la Isla.
Acompañado de la reubicación de las viviendas en peligro
inminente y la prohibición de la tala del manglar en las zonas donde
aún existe como medida de prevención.

Se definió un plan de emergencia o programa piloto para proteger
las viviendas en zonas de riesgo en acompañamiento con los
programas de atención y prevención de destre y se realizó a través
del refortalecimiento de la punta rocosa de la parte norte al igual
que se realizó un dique o escollera con bolsa de geotexitil llenas
con material degradado que es ubicaron en la zona de préstamo,
utilizando mano de obra de la comunidad, finalmente se propuso
un plan de monitoreo al plan piloto consistente en el levantamiento
topobatrimétrico y seguimiento periódico de perfiles de playa para
evaluar los efectos del proyecto.

Por otro lado entrando al desarrollo de la infraestructura de la Isla
para proporcionales a los habitantes una calidad de vida optima, es
necesario establecer las características reales en cuanto al acceso
de algunas zonas de la Isla, pues esta se encuentra localizada en
Cartagena con un extensión de tierra de 20.21 km/2 y un litoral
costero de 43,7 km. Junto a las Isla de Barú forma el abrigo de la
bahía de Cartagena delimitado con las entradas de Bocagrande y
Boca Chica, está dividida en tres corregimientos Bocachica, Caño
de Oro y Tierra Bomba y el caserío de punta Arena que pertenece
al corregimiento de Tierra Bomba, de acuerdo a esta situación
geográfica es zona de difícil acceso y en consecuencia las carencias
que se pueden encontrar en la misma, lo cual haya llamado
poderosamente la atención del Distrito de Cartagena y frente a esto
ha establecido un plan piloto para el desarrollo estructural de la
Isla. En el plan de ordenamiento territorial se considera a

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Tierra Bomba como un suelo rural y zona de desarrollo de
actividades turísticas y culturales, cuenta con
aproximadamente 7.000. Habitantes la gran mayoría de raza negra
y cuyo desarrollo de actividades económicas son la pesca y el
turismo. Donde para la época no se ha establecido quienes son los
reales propietarios de algunas tierras que se encuentra en litigio,
además de la falta de registro y legalización de algunos predios, lo
que ha hecho aún más tediosa la situación de desarrollo social y de
infraestructura, los habitantes de tierra bomba en su mayoría
expresan vivir en casas propias pero no poseen escrituras ni
minutas que así lo demuestren, gracias a los censos realizados por
la secretaria del interior en conjunto con la oficina de atención y
prevención de desastre del Distrito se han podido establecer la
propiedad o algunos derechos reales de los habitantes, de la mano
existen innumerables procesos en los cuales el objeto de litigio son
extensiones de tierra de los habitantes, nativos o herederos
isleños. Es importante aclarar que el gobierno nacional bajo decreto
121 de 1959 cedió terrenos de la isla de tierra Bomba para el
servicio de la Base Naval Militar y en Decreto 0031 de 1957 cedió
títulos al Municipio de Cartagena tal como se estableció en
escrituras públicas anexas a este expediente y ambas entidades
han ejercido sus derechos de propietarios luego de establecerse los
linderos en acta del 21 de diciembre de 1960 protocolizada en
escritura pública 010 del 5 de enero de 1961.

Las medidas consideradas para ejecutar el desarrollo económico
social y preventivo del daño por erosión predominante en la Isla de
Tierra Bomba, consistieron en el diseño de 9 espolones con
dimensiones que varían entre 80 ms y 120ms, 5 rompeolas de los
cuales 1 se encuentra en inmediaciones del corregimiento de Tierra
Bomba y los otros cuatro frente a la zona de terrazas altas
acompañados de un relleno artificial de 20 metros para generar
playa. Además de las medidas no estructurales comentadas
anteriormente la cual fue la política de ordenamiento costero que
se encuentra incluida en el POT, que consiste en una línea de
retroceso paralela y constante de 10 metros. Frente a la
infraestructura de la Isla se sugirió la construcción de un paseo
peatonal a partir de esta línea fija de tal forma que defina un límite
para la construcción de viviendas. De esta misma forma la
recuperación de 50 viviendas que se encuentra en riesgo y
reubicación de las familias en peligro inminente, además de la
compra de aquellas que se encuentren en la zona de línea de
retroceso.

Los estudios técnicos arrojaron un panorama poco favorable frente
a los planes de suministro de agua potable, sistema de

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alcantarillado y recolección de basura, ya que la población carece
de estos servicios públicos domiciliarios y en algunos casos su
prestación es precaria como es el caso de la recolección de basura,
pero hay que manifestar que las limitaciones presupuestales para
la construcción de estas estructuras encaminó al Distrito de
Cartagena a realizar un plan piloto para la mejora de las
condiciones de vida de los habitantes de la Isla. No podemos
desconocer que a pesar de los esfuerzos realizados la situación de
salinidad y erosión ha causado estragos en la zona como el daño
ocasionado a los espolones que se elaboraron sobre la zona rocosa
del norte. Por lo que debemos manifestar que la construcción de la
infraestructura para el alcantarillado y acueducto en la zona es de
un alto costo para el Distrito de Cartagena. Para lo que se
estableció la realización de un plan macro el cual se pueda
poner en marcha con la ayuda de presupuesto de la nación
y en el cual se involucra a la armada nacional y a los entes
de prestación de servicios públicos domiciliarios. A la fecha
no ha entrado en vigencia el plan macro ya que está en
proceso de elaboración para ser presentado y aprobado […]”
(Resaltado de la Sala).

-. Mediante auto para mejor proveer de 26 de julio de 2022, el

Despacho sustanciador le solicitó al DISTRITO que informara y

acreditara qué obras había llevado a cabo tendientes a prevenir el

fenómeno de la erosión en la Isla y el estado de las mismas. En

respuesta, el ente territorial en escrito allegado a esta Corporación

el 16 de agosto de 2022, informó que:

“[…] En el año 2005, la Administración Distrital preocupada por el
problema de erosión que se estaba presentando en un amplio
sector de la población de Tierra Bomba, suscribió Convenio
Interadministrativo con la Universidad de Cartagena para realizar
estudios tendientes a formular o verificar posibles alternativas de
solución al problema de erosión. Las soluciones planteadas en ese
estudio buscaban recuperar la línea de costa erosionada, detener
el fenómeno erosivo y estabilizar la playa. En ese estudio se
plantearon dos soluciones.

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Nuevamente en el año 2009 la Alcaldía de Cartagena, suscribe
Convenio Interadministrativo con la Universidad de Cartagena cuyo
objeto es “Estudios y diseños de alternativas para la estabilización
de la Boca del Laguito y un sector de la línea de costa de la Isla de
Tierrabomba”. Para este estudio se plantearon tres (3)
alternativas. La alternativa seleccionada en este caso fue la
Alternativa 3, consistente en catorce (14) estructuras de
protección, así: nueve (9) espolones, cinco (5) rompeolas y un (1)
muro de protección marginal.

En el año 2011 el Distrito de Cartagena solicitó a la Universidad de
Cartagena, de manera adicional a los estudios y diseños elaborados
relacionados con la protección de la línea de costa de la Isla de
Tierrabomba, un “Plan de Emergencia” en una franja de playa de
700 m de longitud, frente al caserío de Tierrabomba. La afectación
en esta zona por causa de la erosión motivó a que se declarara una
Calamidad Pública. La solución planteada y escogida consistió en
un espolón en “L” (Espolón de Emergencia) de unos 150 metros de
longitud y una prolongación de esa estructura con geotubo.

Las Obras del “Plan de Emergencia” se llevaron a cabo mediante
Contrato N° SI-22 - 2014 suscrito entre el Distrito de Cartagena y
la firma DSMC SRL. – En el desarrollo del Contrato se realizaron
ajustes estructurales necesarios y finalmente se realizó la
construcción de un Espolón en “L” (Espolón de Emergencia) de
192,00 ml con un ángulo de 45°.

[…] Con fundamento en los estudios y diseños, ejecutados por la
Universidad de Cartagena, se ordena la construcción de la
denominada FASE I, en el Contrato de Obra 01-04 suscrito en el
año 2015, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
ESTABILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UN SECTOR DE LA LINEA
DE COSTA DE LA ISLA DE TIERRABOMBA”. Las obras contenidas
en el alcance del objeto contractual resultaron de los estudios
realizados por la Universidad de Cartagena “ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE ALTERNATIVAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BOCA DEL
LAGUITO Y UN SECTOR DE LA LÍNEA DE COSTA DE LA ISLA DE
TIERRABOMBA 2009 - 2011”, actualizados en el año 2014.

[…] Con fecha Octubre 11 de 2019 el Distrito suscribe el
Modificatorio N° 02 al Contrato de obra 01-04 de 2015. Consiste
en la redistribución de rubros en la actividad correspondiente al
Relleno con material arenoso (que no se podía ejecutar porque las
arenas no cumplieron los requerimientos ambientales), por la

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Actividad de Construcción de las siguientes Estructuras de la Fase
II del Macroproyecto: Rompeolas 3, Espolón 5 y Espolón 6.

A la fecha se tienen construidas veintidós (22) Estructuras
de Protección en las FASES I y II del Macroproyecto de
Tierra Bomba, así:
• Diez (10) Espolones - Ocho (8) Rompeolas
• Tres (3) Protecciones Marginales
• Un (1) Alargamiento Espolón de Emergencia

Todas las estructuras construidas, mencionadas en este
informe, se encuentran funcionando y se observan procesos
dinámicos de acreción y alejamiento de las corrientes de la
costa en amplios sectores de playas aledaños a las
estructuras. Se puede apreciar que, de manera individual,
cada una de las estructuras construidas ha generado
sedimentación por lo cual ha acelerado el proceso de
crecimiento de la línea de costa y el retroceso de la erosión
en los sectores de ubicación de las estructuras […]”
(Destacado de la Sala).

Conforme lo anterior, la Sala estima que si bien para el momento de

presentación de la demanda y de la inspección judicial realizada por

parte del Tribunal, el problema de la erosión de la Isla de Tierra

Bomba era palmario y de tal proporción que afectaba su existencia

misma, el DISTRITO logró acreditar que ha adelantado acciones

tendientes a la mitigación de esa problemática, consistentes en la

construcción de 22 estructuras de protección, en el marco del macro

proyecto de Tierra Bomba, lo cual ha permitido retardar el avance de

dicha problemática.

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Así las cosas, la Sala considera que las acciones adoptadas por parte

del ente territorial han atendido la necesidad de la comunidad en

torno al fenómeno de la erosión, garantizando así sus derechos

colectivos y la seguridad de la Isla en este específico aspecto, razón

por la que no hay lugar a emitir ninguna orden en torno a este

aspecto.

De la autoridad ambiental competente en la Isla

Para establecer a qué entidad le corresponde el ejercicio de las

funciones de autoridad ambiental en la Isla de Tierra Bomba, esto

es, a EPA o a CARDIQUE, la Sala advierte que:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 768, la

competencia ambiental en el perímetro urbano de la cabecera

distrital en la ciudad de Cartagena es ejercida por el DISTRITO, con

las mismas facultades que las otorgadas a la Corporación Autónoma

Regional, para lo cual, debía crearse un Establecimiento Público. La

norma señala:

“[…] ARTÍCULO 13. COMPETENCIA AMBIENTAL. Los Distritos
de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del
perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que

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fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos
del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa del
Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la
Constitución Política crearán un Establecimiento Público, que
desempeñará las funciones de autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, el cual contará con un Consejo Directivo […]”.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, el Concejo Distrital de

Cartagena expidió el Acuerdo 029 de 30 de diciembre de 2002, por

medio del cual creó el EPA como autoridad ambiental en el

DISTRITO.

Conforme lo dispuesto en el artículo 1º del aludido Decreto, la

autoridad ambiental es la encargada de:

“[…] ejercer las funciones de autoridad ambiental, en los términos
del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, dentro del perímetro urbano
de la cabecera del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y las funciones del Alcalde Mayor en materia
ambiental dentro del área de jurisdicción del Distrito […]”
(Resaltado de la Sala).

Con respecto a sus funciones, el artículo 3º de la misma disposición

establece las siguientes:

“ARTÍCULO 3. De las funciones. Corresponde al Establecimiento
Público Ambiental – E.P.A CARTAGENA:

[…] b) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley
768 de 2002:

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1. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del
Medio Ambiente.
[…] 4. Participar con los demás organismos y entes competentes
en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea
teniendo en cuenta en las decisiones que se adopten.
[…] 22. Adelantar programas de adecuación de áreas urbanas en
zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de
cauces y reforestación.

[…] c. Otras funciones:

1. Estimular, propiciar y definir una estrategia para concretar el
manejo descentralizado de la gestión ambiental en las localidades
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

[…] 5. Diseñar y desarrollar, en coordinación con las otras
entidades competentes, planes de protección, preservación y
recuperación de los recursos hidrobiológicos de los caños, lagunas
interiores, humedales y de la zona costera del Distrito de Cartagena
[…]”.

Ahora bien, conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 99, las

Corporaciones Autónomas Regionales son:

“ARTÍCULO 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones
Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público,
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

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Por su parte, el artículo 33 de la misma Ley estableció que la

administración del medio ambiente y los recursos naturales

renovables está a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales

en su respectivo territorio y ordenó la creación de, entre otras,

CARDIQUE en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 33. Creación y Transformación de las
Corporaciones Autónomas Regionales. La administración del
medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo
el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas
Regionales.

[…] Créanse las siguientes corporaciones autónomas regionales:

[…] -. Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique,
CARDIQUE: tendrá su sede principal en el Distrito de Cartagena de
Indias y su jurisdicción comprenderá al Distrito de Cartagena de
Indias y los municipios de Turbaco, Turbaná, Arjona, Mahates, San
Estanislao de Koztka, Villanueva, Santa Rosa, Santa Catalina,
Soplaviento, Calamar, Guamo, Carmen de Bolívar, San Juan, San
Jacinto, Zambrano, Córdoba, y María la baje en el Departamento
de Bolívar […]” (Resaltado de la Sala).

Sobre el funcionamiento de la entidad, el Acuerdo de la Asamblea

Corporativa núm.001 de 27 de febrero de 2017, prevé en el artículo

5º que el área de su jurisdicción es la siguiente:

“ARTÍCULO 5. JURISDICCIÓN: La Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique - CARDIQUE, tendrá jurisdicción en los
municipios del Departamento de Bolívar que la integran, de
conformidad con lo previsto en el artículo anterior de los presentes
estatutos y en el área rural del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias” (Resaltado de la Sala).

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Así las cosas, el EPA es la autoridad ambiental en el área urbana del

DISTRITO, mientras que CARDIQUE lo es en la zona rural del ente

territorial, de manera que es el tipo de suelo lo que determina sí una

u otra es la llamada a actuar en un caso determinado.

Descendiendo al caso concreto se advierte que, conforme se explicó

en precedencia, la Isla hace parte del suelo suburbano del ente

territorial, el cual está constituido por las áreas ubicadas dentro de

su suelo rural, conforme lo disponen los artículos 56 y 288 del POT.

En consecuencia, para la Sala resulta claro que el suelo de la Isla fue

catalogado como rural, motivo por el que no hay duda que la entidad

que funge como autoridad ambiental en la zona es CARDIQUE.

Por lo expuesto, le asiste razón a EPA cuando afirma en el recurso

de apelación que no está llamado a atender lo dispuesto por el

Tribunal en la providencia impugnada, por lo tanto, la Sala

modificará el literal c) del numeral cuarto de la sentencia de primera

instancia, para en su lugar ordenar a CARDIQUE que, en término de

un año contado a partir de la ejecutoria de esta providencia,

desarrolle, administre, conserve y oriente el ambiente y los recursos

naturales renovables, sostenibles en la Isla de Tierra Bomba.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el literal a) del numeral cuarto de la parte

resolutiva de la sentencia de 30 de julio de 2018, proferida por el

Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en

la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR los literales b) y c) del numeral 4º de la

parte resolutiva de la sentencia de 30 de julio de 2018, proferida por

el Tribunal Administrativo de Bolívar, los cuales quedarán así:

“[…] b. ORDENAR al MINISTERIO DE CULTURA y al DISTRITO
TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, que en
el término de diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia, en el marco de sus competencias, adopten el Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP de los Bienes de Interés
Cultural de la Nación -BIC de la isla de Tierra Bomba, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Ordenar al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA - ICANH que, en el término de cinco (5) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante los
estudios y/o acciones necesarias que le permitan establecer sí hay
lugar a declarar la Isla de Tierra Bomba o algunas de sus zonas

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como Área Arqueológica Protegida y, en el evento de que ello
ocurra, en el término de diez (10) meses, contados a partir del
resultado arrojado en el estudio en mención, adopte el respectivo
PMA.

3. Ordenar al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS que una vez sean expedidos el Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP y el Plan de Manejo
Arqueológico -PMA, en el término de siete (7) meses, integre y
armonice dichos instrumentos con el Plan de Ordenamiento
Territorial.

c. ORDENAR al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, que en el
término de un (01) año siguiente a ejecutoria de la presente
sentencia, desarrollen, administren, conserven y orienten el
ambiente y los recursos naturales renovables, sostenibles en la Isla
de Tierra Bomba […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 28 de octubre de 2022.

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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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