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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2015-00028-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2015-00028-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO: ORDENAR la conformación del comité de verificación de la sentencia, el cual estará integrado por un representante del Ministerio de Cultura, un representante del Distrito de Cartagena, el Ministerio Público, un representante del Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena y representantes de la comunidad del Sector Antiguo de la Ciudad, comité Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68 Número único de radicación: 13001 23 33 000 2015 00028 01 Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL BOLÍVAR que estará presidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, esto es, por el magistrado ponente. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2015-00028-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 13001-23-33-000-2015-00028-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL BOLÍVAR

TESIS: LA OMISIÓN DE ELABORAR Y APROBAR EL PLAN ESPECIAL
DE MANEJO Y PROTECCIÓN PARA EL SECTOR ANTIGUO DE
CARTAGENA, BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA NACIÓN,
AMENAZA EL DERECHO COLECTIVO AL PATRIMONIO CULTURAL DE
LA NACIÓN, DE LO CUAL ES RESPONSABLE EL DISTRITO DE
CARTAGENA Y EL MINISTERIO DE CULTURA.

DERECHO COLECTIVO INVOCADO COMO VULNERADOS:
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el DISTRITO

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS1 contra la

sentencia de 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal

Administrativo de Bolívar2, que declaró la amenaza del derecho

colectivo al patrimonio cultural de la Nación.

1 En adelante el Distrito.
2 En adelante el Tribunal.

2

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Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL BOLÍVAR

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La señora IRINA ALEJANDRA JUNIELES ACOSTA, en calidad de

DEFENSORA DEL PUEBLO – REGIONAL BOLÍVAR, en ejercicio de

la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó

demanda ante el Tribunal contra la NACIÓN – MINISTERIO DE

CULTURA4 y el DISTRITO, tendiente a que se protegiera el derecho

colectivo al patrimonio cultural de la Nación.

I.2. Hechos

Indicó que conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 397 de

7 de agosto de 19975, modificado por el artículo 7º de la Ley 1185

de 12 de marzo de 20086, los bienes materiales de interés

3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante el Ministerio.
5 Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a
la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
6 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan

otras disposiciones.

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cultural -BIC-7 de propiedad pública y privada están sometidos a un

régimen especial de protección.

Explicó que el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP8 es

el instrumento de gestión del patrimonio cultural del DISTRITO, en

el cual se establecen las acciones necesarias para garantizar la

protección y sostenibilidad en el tiempo de los BIC, como lo son: i)

la determinación del uso de cada bien inmueble del Centro Histórico,

zona de influencia y periferia histórica; ii) la altura de las

edificaciones; iii) la protección de las fachadas y su forma de

intervención; y iv) la regulación del parqueo, entre otros.

Manifestó que a la fecha de presentación de la demanda el

DISTRITO no había formulado el PEMP de la ciudad, a pesar de que

la Ley 1617 de 5 de febrero de 20139 le impuso el deber de regular

los BIC de carácter Nacional ubicados en el ente territorial, en

conjunto con el MINISTERIO.

7 En adelante BIC
8 En adelante PEMP.
9 Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.

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Aseguró que en el trámite para la adopción del PEMP no se ha

garantizado el principio de participación previsto en el numeral 6 del

artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA10, por lo que se desconoce su

contenido en torno a elementos importantes del futuro urbanístico

del centro de la ciudad, zona de influencia y la periferia histórica.

Puso de presente que en noviembre de 2013 la Sociedad de

Arquitectos de Cartagena entregó al DISTRITO un documento en el

que incluyó propuestas formuladas por la ciudadanía para la

elaboración del PEMP; asimismo, la Asociación de Vecinos del

Centro, el Consejo Gremial y la ciudadanía en general han presentado

propuestas sin que se tenga noticia de si han sido tenidas en cuenta

o no.

10 CPACA,” ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar

las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de
los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y
en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
[…]
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en
los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión
pública […]”.

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Señaló que el MINISTERIO tampoco ha aprobado el PEMP, pese a

que ya se vencieron los plazos establecidos en los artículos 11 y 12

de la Resolución núm.983 de 2010, expedida por dicha entidad.

Afirmó que las Curadurías Urbanas de la ciudad seguían entregando

licencias con fundamento en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT

adoptado mediante el Decreto 0977 de 20 de noviembre de 2001,

pese a que el término para la adopción del PEMP se encontraba

vencido, circunstancia que, a su juicio, vulneraba el derecho colectivo

al patrimonio cultural de la Nación.

Informó que, mediante memorial de 19 de noviembre de 2014,

solicitó al MINISTERIO ejecutar las medidas necesarias para la

adopción del PEMP del Centro Histórico de Cartagena y así evitar un

perjuicio al patrimonio cultural de la Nación.

Señaló que la anterior petición fue contestada por el MINISTERIO

mediante oficio MC-029678-EE-2014 de 2 de diciembre de 2014, en

el que afirmó que para aprobar el PEMP era necesario que el

DISTRITO presentara el documento definitivo, lo cual, hasta ese

momento no había ocurrido.

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Expuso que el 26 de diciembre de 2014 requirió al DISTRITO para

que tomara las medidas de protección del patrimonio cultural de la

ciudad en el Centro Histórico, a través de la formulación definitiva

del PEMP, ante lo cual el ente territorial contestó que el documento

se encontraba en el proceso de formulación y adopción, así como de

las medidas adoptadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de

Cartagena -IPCC en defensa del patrimonio de Cartagena.

I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ORDENAR LA FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN
ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE MANERA INMEDIATA.

SEGUNDO: ORDENAR LAS MEDIDAS NECESARIAS TENDIENTES A
EVITAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ALEGADOS
VIOLADOS […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El DISTRITO argumentó que desde el año 2005 fue enviado

al MINISTERIO el pre-diagnóstico del PEMP para el sector antiguo

de la ciudad, pero que en junio de 2012 el Ministerio de Defensa

solicitó la suspensión del Plan para incluir la reglamentación del

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terreno de la Base Naval en la delimitación de la zona de influencia

del Centro Histórico.

Afirmó que, analizada la propuesta de zonificación de alturas

adelantada por la empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco, puso

de presente varios reparos en materia de alturas, visuales y

movilidad que la hacen inaceptable porque van en abierta

contraposición con el espíritu del PEMP promovido por la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura - UNESCO.

Indicó que ha trabajado de manera coordinada con el MINISTERIO,

el Ministerio de Defensa, la empresa Virgilio Barco, sus Secretarías y

agremiaciones, las cuales solo hasta noviembre de 2014 presentaron

una propuesta conceptual sobre el uso del suelo del polígono de la

base naval y, pese a ello, no se le ha entregado una copia.

Puso de presente que no ha incumplido el principio de participación

ciudadana, pues ha convocado a diferentes agremiaciones y

entidades en eventos como el foro de Camacol, celebrado el 16 de

febrero de 2014, en el que se discutió este tema.

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Argumentó que no era cierto que hubiese incurrido en una omisión

al no entregar el PEMP al MINISTERIO, pues ha venido trabajando

en la formulación del mismo con diferentes entidades.

Argumentó que no había lugar a declarar la vulneración de derechos

colectivos y que, por el contrario, ha protegido el Centro Histórico al

no aceptar propuestas como la presentada por el MINISTERIO en

diciembre de 2013, por cuanto restringía las marinas en la bahía

interna, era contradictoria e inconsistente en los temas relacionados

con el tema portuario y permitía el relleno de una dársena, entre

otros.

Propuso las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS

COLECTIVOS AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN».

Efectuó un recuento histórico sobre el PEMP y sus antecedentes

administrativos e indicó que ha tomado la iniciativa en la formulación

de dicho documento, no ha permitido imposiciones de entidades del

orden Nacional y ha propendido por la concurrencia interinstitucional

que debe aplicarse a este proceso.

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Aseguró que Planeación Distrital rechazó la propuesta presentada por

el MINISTERIO debido a que: i) se generaba un impacto visual del

puerto fundacional y del perfil urbano del Centro Histórico apreciado

desde las playas de Bocagrande; y ii) triplicaba el parque automotor

en el sector sin ofrecer alternativas de movilidad, razón por la que

concluyó que era pertinente la ampliación de la zona de influencia

desde el barrio Bocagrande hasta la calle 10 de la ciudad, con el fin

de proteger las visuales del canal de acceso hacia el puerto

fundacional y desde las playas del mar Caribe hacía el Centro

Histórico.

Estimó que se estaba articulando el alcance del PEMP con la revisión

del POT, con el fin de integrar los instrumentos de protección y

ordenamiento de territorio conforme el alcance de cada uno.

Indicó que no era cierto que no se hubiese hecho un proceso serio

de participación del documento, pues antes de su envío para la

adopción final por parte del MINISTERIO, hizo la respectiva

socialización y únicamente la Sociedad Colombiana de Arquitectos

aportó recomendaciones.

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• «CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA

DE INDIAS DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN LA FORMULACIÓN DEL PEMP».

Afirmó que la socialización con las agremiaciones se realizó desde el

año 2005, como se advertía del Foro de Camacol celebrado el 16 de

febrero de 2014, en el que, con la participación de los gremios de la

ciudad, la Armada Nacional y la empresa Virgilio Barco, se presentó

el plan de traslado de la base naval.

Reiteró que ha trabajado coordinadamente con los Ministerios de

Cultura y de Defensa, la empresa Virgilio Barco, las Secretarías del

Distrito, la Corporación de Turismo de Cartagena, el Coordinador del

Grupo de Protección de Arquitectura y la Armada Nacional, entre

otros.

Respecto de las agremiaciones, indicó que éstas solo presentaron

una propuesta en el Consejo Distrital de noviembre de 2014.

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I.4.2.- EL MINISTERIO manifestó que se oponía a la prosperidad

de las pretensiones de la demanda, por cuanto lo pretendido por la

parte actora no era de su competencia sino del DISTRITO.

Arguyó que durante 5 años ha trabajado de manera conjunta con el

ente territorial para articular un documento que cumpla con las

necesidades del Centro Histórico y demás valores culturales en la

ciudad, para lo cual ha brindado el apoyo técnico requerido, sin que

se hubiese podido culminar por factores que le son ajenos.

Afirmó que no existía ninguna conducta omisiva que hubiese

amenazado o vulnerado los derechos colectivos invocados en la

demanda, pues no ha incurrido en omisiones que hubiesen

conllevado a la situación en que se encuentra el PEMP del

DISTRITO.

Se refirió a sus funciones y transcribió el informe preparado por su

Dirección de Patrimonio y la Oficina Asesora Jurídica sobre las

gestiones realizadas en torno al PEMP del DISTRITO.

Propuso las siguientes excepciones:

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

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Adujo que no le correspondía el estudio, planeación, ejecución,

socialización y formulación del PEMP de Cartagena, máxime si se

tenía en cuenta que no había incurrido en ninguna acción u omisión

que violentara los derechos colectivos, motivo por el que debía ser

desvinculada de la presente acción.

Puso de presente que no era ajena a la problemática que atravesaba

el Centro Histórico de Cartagena, pues le asistía todo el interés en

que ese BIC nacional y universal que formaba parte de la identidad

nacional se mantuviera como testimonio de una época importante de

la historia.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 6 de marzo

de 2015, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio

de las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 13 de febrero de 2020, accedió a las

súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

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Tras referirse a las generalidades de la acción popular, al derecho

colectivo invocado y a la noción de PEMP, realizó un análisis de las

pruebas aportadas de las que concluyó que, conforme lo establecido

en el artículo 14 del Decreto 763 de 10 de marzo de 200911, el Centro

Histórico de Cartagena requiere la adopción de un PEMP, en atención

a que desde 1984 el sector fue declarado patrimonio histórico y

cultural de la humanidad, además, porque allí están ubicados

inmuebles, fortificaciones y construcciones que fueron declarados

como monumento nacional, a través del Decreto 1911 de 2 de

noviembre de 199512.

Consideró que si bien el DISTRITO ha adelantado una serie de

actividades y acciones tendientes a la adopción del PEMP, lo cierto

es que este aún no ha sido expedido, tal como lo aceptó el ente

territorial en la certificación del comité de conciliación, omisión que,

a su juicio, amenaza el derecho colectivo invocado.

11 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada

por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación
de naturaleza material.
12 “Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles
localizados en Cartagena de Indias, Bolívar”.

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Respecto a la oportunidad para la adopción del PEMP, señaló que de

acuerdo con la Resolución 983 de 20 de mayo de 201013, expedida

por el MINISTERIO, el plazo máximo para su adopción era el 10 de

marzo de 2014, por lo que resultaba indiscutible que para la fecha

de la sentencia ya había vencido el término, circunstancia que

evidenciaba la mora del DISTRITO y en esa medida ponía en riesgo

el patrimonio cultural del centro de Cartagena, pues no se contaba

con las pautas y lineamientos necesarios para la protección,

mantenimiento y sostenibilidad de los BIC del sector.

Agregó que, conforme lo establecido en los artículos 100, 101 y 102

de Ley 1617, el DISTRITO tiene a su cargo el manejo y control de

los BIC, obligaciones que también se estarían incumplimiento en el

presente caso.

Consideró que, conforme lo establecido en el artículo 2º de la Ley

472, la acción popular tiene naturaleza preventiva, lo que implica que

con ella también se pretende evitar la vulneración de un derecho

colectivo frente a la amenaza del mismo, de modo que si bien en el

presente caso no estaba acreditada la vulneración del derecho

13 Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la

Nación de naturaleza material.

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invocado por la parte accionante, sí estaba demostrada la amenaza

del mismo.

Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

propuesta por el MINISTERIO, señaló que no era procedente en

atención a que aun cuando no era la entidad encargada de la

elaboración del PEMP de los BIC, por ser competencia del

DISTRITO, resultaba innegable que de conformidad con el artículo

4º del Decreto 763 de 2009 le correspondía establecer aspectos

técnicos y administrativos relativos al contenido del mismo.

Precisó que el MINISTERIO hacía parte del Sistema Nacional de

Patrimonio Cultural de la Nación, de lo cual infirió que sí tenía

incidencia o participación en la adopción de dicho documento.

Con fundamento en lo anterior, profirió las siguientes órdenes:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por
la parte accionada Distrito de Cartagena.

SEGUNDO: DECLÁRASE no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de
Cultura.

TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación en la demanda de acción popular
interpuesta por la doctora Irina Alejandra Junieles Acosta, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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CUARTO: ORDENASE al Distrito de Cartagena y al Ministerio de
Cultura, que en el ámbito de sus competencias, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia
adopten el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro
Histórico de Ciudad de Cartagena.

QUINTO: Sin condena en costas a la parte accionante […]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El DISTRITO manifestó que el PEMP no fue aprobado debido a que

existieron varios cuestionamientos y quejas de la ciudadanía frente

a su baja participación en el proceso de formulación del documento

y a su contenido, el cual fue entregado al MINISTERIO en diciembre

de 2019, amén de que el mismo no estaba acorde con lo establecido

en el Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201914 respecto a las

etapas que se deben cumplir y los términos para la formulación y

adopción del PEMP.

Afirmó que, por lo anterior, radicó ante el MINISTERIO el

desistimiento de revisión del documento del PEMP, en aras de

realizar un examen técnico que permitiera mirar en detalle la

trazabilidad del proceso, sus inconsistencias y de manera especial las

14 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario

del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

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quejas, protestas y denuncias de la ciudadanía en el desarrollo del

proceso de participación ciudadana, para así adoptar un documento

que cumpliera con el Decreto 2358 de 2019.

Indicó que la referida solicitud fue contestada por el MINISTERIO

en el sentido de manifestarle que le remitía la documentación

presentada en espera de que determinara, analizara y

complementara con el equipo técnico la información registrada para

realizar, de ser necesario, los ajustes que se consideraran

pertinentes.

Frente a lo ordenado por el Tribunal manifestó lo siguiente:

“[…] Término irrisorio contemplado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar en la sentencia de primera instancia para la formulación y
adopción del PEMP del Centro Histórico de Cartagena de Indias
teniendo en cuenta los procesos exigidos por el Decreto 2358 de 2019.

El Tribunal Administrativo de Bolívar en el fallo de primera instancia
del 13 de febrero de 2020, al ordenarle al Distrito de Cartagena y al
Ministerio de Cultura en un término de 06 meses adoptar el PEMP de
Centro Histórico de la Ciudad, desconoce rotundamente las
complejidades técnicas existentes para la adopción de estos
instrumentos, así como lo estipulado por el Decreto 2358 de 2019. En
ese sentido nos permitimos en esta ocasión explicar de manera
detallada los procedimientos mínimos necesarios previos a la
formulación y adopción del PEMP […]”.

Sostuvo que de acuerdo con los procedimientos establecidos en el

citado Decreto, podía contabilizar alrededor de 315 actividades

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previas que debe realizar para la adopción del PEMP, sin incluir

subactividades intermedias, motivo por el que el plazo de 6 meses

otorgado por el Tribunal impone condiciones y exigencias de

imposible cumplimiento, pues la complejidad técnica no permite que

en ese período de tiempo se pueda adoptar el instrumento.

Afirmó que en el “afán” de dar cumplimiento a lo ordenado se podrían

transgredir principios y deberes de la función pública, tales como los

de responsabilidad, planeación y transparencia.

Aseguró que como la acción popular también tiene por finalidad

evitar la vulneración de un derecho colectivo, era preciso tener en

cuenta que con la sentencia de primera instancia y la orden allí dada

de adoptar el PEMP en un término de 6 meses, se estaba

amenazando el derecho que se pretendía proteger, pues, como lo

había indicado, era imposible darle cumplimiento en ese plazo.

Puso de presente que por medio del Decreto 0505 de 17 de marzo

de 2020, se declaró la calamidad pública en la ciudad por causa de

la pandemia ocasionada por la Covid 19, por un término de 6 meses,

prorrogables en caso de que las condiciones persistieran, momento

a partir del cual ha aunado esfuerzos solamente para mitigar el

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impacto negativo causado por la pandemia, por lo que sus

capacidades técnicas, administrativas y financieras se han

encaminado a atender la crisis, no obstante, se ha presentado una

alta propagación del virus en la ciudad, lo que sin lugar a dudas

genera preocupación y exige un compromiso mayor, tanto

administrativo como financiero.

Con fundamento en lo dicho, solicitó ampliar el término otorgado por

el a quo para el cumplimiento de la orden impartida; y que éste

empiece a correr a partir del día siguiente de que se expida el Decreto

que le ponga fin a la calamidad pública y/o a la finalización de la

pandemia causada por la Covid 19.

Asimismo, pidió tener en cuenta la complejidad técnica que se

requiere para la adecuación del PEMP, así como a la imposibilidad

de la socialización adecuada y la participación ciudadana que para

algunos casos se puede hacer de manera virtual pero que en otros

temas se requiere de forma presencial, lo cual sería imposible debido

al confinamiento ordenado por el Gobierno Nacional.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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IV.1. La DEMANDANTE afirmó que se encontraba demostrada la

amenaza al derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación, al

estar acreditada la inexistencia del PEMP del DISTRITO, el cual

debió ser adoptado hace más de siete años, conforme a lo establecido

en el Decreto 763 de 2009 y la Resolución 983 de 2010.

Indicó que la entidad no discutió la violación del derecho colectivo,

así como tampoco efectuó ninguna argumentación con el fin de

objetar la existencia de dicha transgresión, pues solamente esgrimió

“excusas” para justificar la tardanza en la adopción del PEMP.

Respecto a la solicitud de modificar el plazo otorgado por el a quo

para la implementación del PEMP, arguyó que dicho término era

discrecional del Juez, es decir, que no existía un término taxativo e

invariable, no obstante, éste debe ser prudente y atender al alcance

de lo dispuesto en la orden.

Afirmó que aun cuando en el caso concreto la orden dada por el

Tribunal implicaba un proceso integrado por diferentes etapas, no

era posible afirmar que las mismas no podían efectuarse en seis

meses, máxime, si se tenía en cuenta que el ente territorial ya ha

adelantado parte de ese trabajo, pues en el año 2019 se presentó un

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proyecto del PEMP al MINISTERIO, pero se retiró para efectuarle

unas correcciones.

Indicó que la pandemia ocasionada por la Covid 19 no podía

convertirse en una excusa para prolongar la amenaza del derecho

colectivo, más aún, si se tenía en cuenta que desde hacía ya varios

meses la cuidad no tenía limitaciones a causa del virus, motivo por

el que no se evidenciaba obstáculo para el cumplimiento de la orden

dada por el Tribunal en seis meses y, en consecuencia, solicitó no

acceder a la petición elevada en el recurso de apelación.

IV.2. El DISTRITO reiteró los argumentos expuestos en el recurso

de apelación, en el sentido de indicar que el término de seis meses

señalado por la sentencia de primera instancia para adoptar el PEMP

de la ciudad desconocía las complejidades técnicas para la adopción

de este instrumento y los procedimientos establecidos en el Decreto

2358 de 2019.

V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera

instancia, para lo cual hizo referencia a la protección del derecho

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colectivo al patrimonio público, a los PEMP y al caso concreto, para

indicar que existe razonabilidad en el plazo fijado para la adopción

del mecanismo.

Precisó que por medio de la Ley 163 de 30 de diciembre de 195915,

se declaró como monumento Nacional el sector antiguo de Cartagena

y fue incluido dentro del listado de BIC por parte del MINISTERIO,

circunstancia que ponía en evidencia que el Sector Antiguo de

Cartagena se trata de aquellos bienes que en virtud del artículo 8º

de la Ley 397, modificada por la Ley 1185, son susceptibles de PEMP.

Indicó que, por medio de los convenios núms. 595 de 2003 y 1321

de 2005, el MINISTERIO y el DISTRITO acordaron cooperar en el

cumplimiento de las funciones administrativas aunando esfuerzos

Nacionales y Distritales con el fin de establecer el PEMP del sector

histórico de Cartagena y su zona de influencia, pese a lo cual no se

ha adoptado, por lo que se ha puesto en riesgo el derecho colectivo

a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

15 “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico,
artístico y monumentos públicos de la Nación.”

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Sostuvo que no obstante las diversas reuniones realizadas por parte

de la cartera ministerial y ente territorial en las que se ha tratado de

concertar el PEMP, así como a la presentación de un proyecto de

Plan en el año 2010, desde el mes de abril de 2012, el MINISTERIO

DE DEFENSA solicitó su participación en la elaboración del

documento para que se incluyeran cambios relacionados con la Base

Naval de la Ciudad, por lo que se suspendió el proceso para adelantar

múltiples reuniones, dentro de las cuales se destaca el foro de

CAMACOL, en el año 2014, en el que se presentó la propuesta de la

Base y las entidades adquirieron compromisos como la elaboración

de un cronograma para la formulación, socialización, aprobación y

publicación del PEMP.

Puso de presente que el DISTRITO presentó reparos a la propuesta

de alturas allegada por la empresa de Renovación Urbana Virgilio

Barco y elevó una contrapropuesta para finalizar el PEMP; sin

embargo, el MINISTERIO solicitó al ente territorial presentar un

nuevo PEMP.

A su juicio, el retraso que se ha presentado en la implementación del

PEMP se debe a: i) la extralimitación de la función del MINISTERIO

en la aprobación del PEMP, pues interfirió injustificadamente en la

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autonomía territorial; y ii) después de efectuadas las mesas de

concertación entre el DISTRITO y el MINISTERIO en el año 2014,

aquél no ha presentado un nuevo proyecto de PEMP para su

aprobación.

Frente al argumento relacionado con la emergencia sanitaria por la

Covid 19, expresó que ésta podría resultar inconveniente para

adelantar los procesos de socialización, pero que otorgarle un plazo

adicional al señalado por el Tribunal estaría contraviniendo los

principios de confianza legitima y seguridad jurídica, más aún,

cuando existen medios virtuales para garantizar la participación.

Puso de manifiesto que la amenaza del derecho colectivo invocado

por el actor por la ausencia del PEMP del Centro Histórico de

Cartagena, ha repercutido en problemáticas como la del proyecto

Aquarela, que puso en riesgo la declaratoria de patrimonio de la

humanidad al DISTRITO ante la UNESCO.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

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los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción se circunscriben a que el Sector Antiguo de

Cartagena fue declarado como BIC de la Nación, por lo que debe ser

objeto de regulación a través del PEMP, el cual, no ha sido formulado

y presentado por el DISTRITO y, en consecuencia, el MINISTERIO

no lo ha aprobado, razón por la que se han excedido los plazos

establecidos legalmente para el efecto.

Asimismo, que en la elaboración del documento no se ha garantizado

el principio de participación ciudadana que debe inspirarlo; y que no

se conoce su contenido en torno a elementos importantes del futuro

urbanístico del centro de la ciudad, zona de influencia y la periferia

histórica.

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La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que, en

sentencia de 13 de febrero de 2020, encontró demostrada la

amenaza del derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación,

habida cuenta que si bien el DISTRITO ha adelantado una serie de

actividades y acciones tendientes a la adopción del PEMP, lo cierto

es que éste no se ha expedido, pese a que, de acuerdo con lo

ordenado por la Resolución 983 de 2010, expedida por el

MINISTERIO, el plazo máximo para la adopción del Plan era el 10

de marzo de 2014.

Manifestó que aun cuando el MINISTERIO no es la entidad

encargada de la elaboración del PEMP sino el DISTRITO, resultaba

innegable que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 763 de

2009 a aquél le correspondía establecer aspectos técnicos y

administrativos relativos al contenido del mismo.

Con fundamento en lo anterior, le ordenó al DISTRITO y al

MINISTERIO que, en el ámbito de sus competencias, dentro de los

seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, adoptaran el

PEMP del Centro Histórico de Ciudad de Cartagena.

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Contra la anterior decisión el DISTRITO interpuso recurso de

apelación, en el que solicitó ampliar el término concedido para la

expedición del PEMP debido a que, a su juicio, era “irrisorio”, pues

desconocía las complejidades técnicas que implicaba la expedición

del Plan, así como lo establecido en el Decreto 2358 de 2019, en el

que se podían contabilizar alrededor de 315 actividades previas que

debían realizarse para la adopción del documento, motivo por el que

6 meses resultaban insuficientes e imponían condiciones y exigencias

de imposible cumplimiento.

Agregó que debido a la declaratoria de calamidad pública en la ciudad

por la pandemia de la Covid 19, todas sus capacidades técnicas,

administrativas y financieras se habían encaminado a atender esa

crisis.

Con base en lo anterior, pidió ampliar el término otorgado por el

Tribunal para dar cumplimiento a la orden impartida y, que este

empiece a correr a partir del día siguiente al decreto que ponga fin a

la calamidad pública y/o a la finalización de la pandemia causada por

la Covid 19.

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Cuestión previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, en escrito de

5 de abril de 2021, manifiesta que se declara impedido para actuar

dentro del proceso de la referencia por cuanto su hermano MARIO

SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como contratista de

la Defensoría del Pueblo, entidad que funge como demandante en la

acción popular de la referencia, por lo que considera que se

encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el

numeral 4 del artículo 130 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472, no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 4 del artículo 130 del CPACA,

la cual dispone:

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“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos:

(…)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o
de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la
condición de representantes legales o socios mayoritarios de una
de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los
terceros interesados […]” (Resaltado fuera del texto).

De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma

deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que

los referidos parientes sean asesores, contratistas, representantes

legales o socios mayoritarios de una entidad pública que intervenga

en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero interesado.

Siendo ello así, de la causal transcrita y los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el Consejero ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, la Sala advierte que concurren los presupuestos

para el efecto, toda vez que su hermano16, el señor MARIO

16 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,

de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.

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SERRATO VALDÉS, se desempeña actualmente como contratista de

la Defensoría del Pueblo17, entidad demandante en la acción popular

de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Problema jurídico

Con fundamento en lo expuesto y en atención a que la amenaza al

derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación no fue

controvertida, a la Sala le corresponde determinar si hay lugar a

modificar el plazo otorgado por el a quo para que el DISTRITO y el

MINISTERIO den cumplimiento a la orden de adoptar el PEMP del

Centro Histórico de la ciudad de Cartagena.

Caso concreto

17 Calidad de contratista en la entidad pública demandante en la acción popular de la referencia.

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Previo a resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá

al patrimonio histórico y cultural y a la importancia del PEMP.

Del patrimonio cultural18 y el PEMP

La protección del patrimonio cultural de la Nación está ordenada por

los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, los cuales

previeron lo siguiente:

“ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas
las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación,
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión
artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y

18 En providencia de 11 de abril de 2018 (Expediente núm. 85001-23-33-000-2017-00230-

01, Consejera Ponente María Elizabeth García González) la Sala abordó el estudio del
patrimonio cultural.

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reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”
(Negrillas de la Sala).

En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley 397 que fue

modificada y adicionada por la Ley 1185, que definió el patrimonio

cultural de la Nación en los siguientes términos:

“Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación.
Modificado por el art. 1, Ley 1185 de 2008. El patrimonio cultural
de la Nación está constituido por todos los bienes materiales,
las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos
de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico.

a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio
cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al
patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales
la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que
sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el
presente como en el futuro.

Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los
planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de
las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a
estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan
Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán
los recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación,
protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural;

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b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen
especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad,
divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio
cultural de la Nación que sean declarados como bienes de
interés cultural en el caso de bienes materiales y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los
requisitos que reglamente para todo el territorio nacional el
Ministerio de Cultura.

La declaratoria de un bien material como de interés cultural,
o la inclusión de una manifestación en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto
administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o
las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos
comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según
sus competencias, determinan que un bien o manifestación
del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el
Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto
en la presente ley.

La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien
material en particular, o sobre una determinada colección o
conjunto caso en el cual la declaratoria contendrá las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos
nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios
indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de
1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo
régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o
arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones
que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan
sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
competentes, o hayan sido incorporados a los planes de
ordenamiento territorial.

Así mismo, se consideran como bienes de interés cultural del
ámbito nacional los bienes del patrimonio arqueológico;

c) Propiedad del Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes del
patrimonio cultural de la Nación, así como los bienes de interés
cultural pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades

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públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de
derecho privado.

Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a
la Nación y se rigen por las normas especiales sobre la materia.

Parágrafo. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones
religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan
creado, adquirido con sus recursos o que estén bajo su legítima
posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad
religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas
ni impedidas por su valor cultural.

Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado a través
del Ministerio de Cultura, celebrará con las correspondientes
iglesias y confesiones religiosas, convenios para la protección de
este patrimonio y para la efectiva aplicación del Régimen Especial
de Protección cuando hubieran sido declarados como de interés
cultural, incluyendo las restricciones a su enajenación y
exportación y las medidas para su inventario, conservación,
restauración, estudio y exposición[…]” (Resaltado de la Sala).

De lo anterior, la Sala infiere que el patrimonio cultural de la Nación

está constituido por todos aquellos bienes materiales e inmateriales

que expresan la nacionalidad colombiana y los bienes materiales

muebles e inmuebles con especial interés histórico, artístico,

científico, estético o simbólico en ámbitos como, entre otros, el

arquitectónico, arqueológico o antropológico.

Asimismo, que con la expedición de la Ley 397 se le otorgó la

categoría de BIC, entre otros, a los conjuntos históricos que con

anterioridad hubiesen sido objeto de tal declaratoria por las

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autoridades competentes, o incorporados a los POT y, por tanto,

están sujetos al régimen de protección de dichos bienes.

Con el fin de garantizar la protección y conservación de un BIC, la

normativa en comento previó la adopción de ciertos actos, de los

cuales se destaca: i) La declaratoria de BIC mediante acto

administrativo, con lo que se persigue que aquél quede cobijado por

el Régimen Especial de Protección o de Salvaguarda previsto

en la Ley 397; y ii) la adopción del PEMP, cuyo instrumento no se

requiere en todos los casos.

El Régimen Especial de Protección y Salvaguarda, previsto en

el artículo 11 de la Ley 397, modificado por el artículo 7º de la Ley

1185, dispone diferentes actividades tendientes a garantizar la

conservación de los BIC. Las acciones en comento son: i) la adopción

de un PEMP; ii) la anotación en el Registro de Instrumentos Públicos;

iii) la prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y

uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la

Nación al momento de adoptar los POT; iv) la intervención, entendida

como los actos de conservación, restauración, recuperación,

demolición, entre otros, los cuales deberán efectuarse de acuerdo

con el PEMP en caso de que exista; v) la prohibición de exportación

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de bienes muebles de interés cultural; y vi) las condiciones de

enajenación de bienes muebles de interés cultural.

Respecto del PEMP, la norma ibidem lo definió como un instrumento

de gestión que contiene las acciones necesarias para garantizar la

protección y sostenibilidad en el tiempo del patrimonio cultural de la

Nación.

Dicho Plan, en caso de bienes inmuebles, debe establecer el área

afectada, la zona de influencia, el nivel de intervención permitido, las

condiciones de manejo y el plan de divulgación para asegurar el

respaldo en la comunidad en la conservación.

La Sala destaca que la norma en comento le asignó al MINISTERIO

la obligación de reglamentar el contenido y requisitos de los PEMP y

señalar, respecto de los BIC así declarados previo a la expedición de

la Ley 1185, qué bienes lo requieren y el plazo para hacerlo.

Para el efecto, el artículo 11 de la Ley 397, previó lo siguiente:

“[…] 1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de
un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial
de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de
conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el

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instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio
del cual se establecen las acciones necesarias para
garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.

Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de
influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de
manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo
comunitario a la conservación de estos bienes.

[…]

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio
nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales
de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación,
qué bienes de interés cultural de la Nación, de los
declarados previamente a la expedición de la presente ley,
requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para
hacerlo.

1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental,
distrital, municipal, de los territorios indígenas y de los de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea declarado
bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se
requiriere, deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien
podrá atender posibles sugerencias hechas por las autoridades
competentes para efectuar declaratorias en el ámbito territorial
[…]” (Resaltado de la Sala).

Respecto del PEMP, la Corte Constitucional en sentencia C – 082 de

2014, consideró:

“[…] El hecho de que un bien sea declarado de interés cultural
implica, entre otros, los siguientes privilegios y restricciones: (i)
el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se
requiera, entendido éste como el instrumento de gestión del
patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones
necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el
tiempo; (ii) su incorporación al Registro de Instrumentos Públicos
[…] (iii) la incorporación de los Planes Especiales de Manejo y
Protección (PEMP) a los planes de ordenamiento territorial,
pudiendo el PEMP limitar los aspectos relativos al uso y
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su

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área de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya
hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial; (iv)
la prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y
uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de
la Nación, las cuales pasan a constituir normas de superior
jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar
los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos;
(v) la posibilidad de intervención, de conformidad con el Plan
Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido, para
efectos de conservación, restauración, recuperación, remoción,
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, la
cual deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o
el Archivo General de la Nación, si se trata de un bien de interés
cultural del ámbito nacional, o de la entidad territorial
correspondiente, tratándose de un bien de interés cultural del
ámbito territorial […]”19.

En cumplimiento de su deber de reglamentación, el MINISTERIO

expidió la Resolución 983 de 20 de mayo de 2010 en la que estableció

un plazo de dos años a partir de la vigencia de dicho acto para que

las instancias competentes definan qué bienes declarados BIC con

anterioridad a la Ley 1185 requieren un PEMP, en cuyo caso, la

formulación y aprobación del instrumento deberá efectuarse en un

plazo máximo de dos años, sin superar el 10 de marzo de

2014. Para el efecto, el artículo 12 de la Resolución en comento

ordenó lo siguiente:

“ARTÍCULO 12. PEMP DE LOS BIC DECLARADOS CON
ANTERIORIDAD A LA LEY 1185 DE 2008. De conformidad con la
facultad que le confiere al Ministerio de Cultura el párrafo segundo del
artículo 36 del Decreto 763 de 2009, se establece un plazo máximo
de dos (2) años a partir de la vigencia de esta resolución para que las

19Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.

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instancias competentes definan cuáles bienes declarados BIC con
anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren un PEMP.

La formulación y aprobación de tales PEMP se sujetará al plazo
máximo de dos (2 años establecido en esta resolución), sin superar
en ningún caso el 10 de marzo de 2014”.

Lo relacionado con la adopción del PEMP para bienes inmuebles se

encuentra regulado por los capítulos I y II del título 1 de la Parte 4

del Libro 2 del decreto 1080 de 2015, sustituidos por el artículo 15

del Decreto 2358 de 2019, de lo cual, la Sala destacará los aspectos

que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, en los

siguientes términos:

-. Una de las categorías de los bienes inmuebles es la denominada

“Del Grupo Urbano”20, la cual comprende el sector urbano y el

espacio público.

La categoría de inmuebles del sector urbano fue definida como la

“fracción del territorio dotada de fisonomía, características y rasgos

20 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.2.1 -sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358

de 2019: “Artículo 2.4.1.2.1. Categorías de bienes inmuebles. Para efectos de la adopción
de PEMP los bienes inmuebles se clasifican como se indica a continuación.

1. Del Grupo Urbano:
1.1. Sector urbano: fracción del territorio dotada de fisonomía, características y rasgos
distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. La declaratoria como sector
urbano contiene a todos los predios del sector del que forman parte y su espacio público;
por lo tanto, son objeto del régimen especial de protección por la declaratoria del conjunto,
en este grupo se encuentran los Centros Históricos y otras fracciones del territorio.
1.2. Espacio público: conjunto de bienes de uso público, y de elementos de los inmuebles
privados destinados, por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes
[…]”.

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distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. La

declaratoria como sector urbano contiene a todos los predios del

sector del que forman parte y su espacio público; por lo tanto, son

objeto del régimen especial de protección por la declaratoria del

conjunto, en este grupo se encuentran los Centros Históricos y

otras fracciones del territorio”21.

De igual forma, la categoría de espacio público fue entendida como

el “conjunto de bienes de uso público, y de elementos de los

inmuebles privados destinados, por su naturaleza, usos o afectación,

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden

los límites de los intereses individuales de los habitantes”.

-. Todos los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y

territorial declarados y reconocidos como BIC por la Ley 397

requieren la formulación de PEMP22.

21 Resaltado de la Sala.
22 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.2.2 -sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358

de 2019: “Artículo 2.4.1.2.2. PEMP para bienes inmuebles. Los bienes inmuebles declarados
como bienes de interés cultural para efectos de la formulación del PEMP:
I. Del Grupo Urbano: deberá formularse un PEMP para los sectores urbanos que se incluyan
en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural LIC-BIC, sin perjuicio de
las atribuciones autónomas de decisión con que cuentan las autoridades competentes en la
materia.
[…]
Los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados y
reconocidos como BIC por la Ley 397 de 1997 y los declarados con anterioridad a la
Ley 1185 de 2008 requieren, en todos los casos la formulación de PEMP […]
“(Resaltado de la Sala).

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La Sala señala que, conforme se explicó en precedencia, los bienes

reconocidos como BIC por la Ley 397 son aquellos que con

anterioridad a su expedición fueron objeto de tal declaratoria por las

autoridades competentes, o incorporados a los POT.

-. La formulación del PEMP para los bienes del Grupo Urbano le

corresponde a las autoridades distritales o municipales del territorio

donde se localicen23, las cuales, también se encargan de su

implementación24.

-. El PEMP deberá contener los siguientes aspectos: i) el área

afectada; ii) la zona de influencia; iii) el nivel permitido de

intervención del BIC y de los inmuebles localizados en su zona de

influencia; iv) las condiciones de manejo para la recuperación,

conservación y sostenibilidad del BIC, su área afectada y de los

inmuebles localizados en la zona de influencia; y v) el plan de

divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación

del bien25.

23 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.2
24 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.5
25 Decreto 2358 de 2019, artículo 15, que sustituyó el artículo 2.4.1.2.3 del Decreto 1080

de 2015.

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-. Respecto del Plan de Divulgación, la normativa en comento ordena

que este busca asegurar el respaldo de la comunidad para la

conservación del bien y comprende el conjunto de acciones para

difundir las características y los valores del inmueble. Para el efecto,

el artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1080 de 2015, sustituido por el

artículo 15 del Decreto 2358 de 2019, ordenó lo siguiente:

“Artículo 2.4.1.2.6. Plan de divulgación. Es el conjunto de acciones
para difundir las características y los valores del inmueble; el
objetivo principal de este plan es asegurar el respaldo comunitario
a la conservación del bien.

El plan de divulgación, comunicación y participación ciudadana está
encaminado a la apropiación social del BIC, al fortalecimiento de la
identidad y la memoria cultural, al mejoramiento de las condiciones
de vida de la comunidad asociada y si aplica, a evidenciar la
relación del BIC con las manifestaciones del patrimonio cultural
inmaterial identificadas en el PEMP. Este aspecto debe incluir su
participación, así como la coordinación, la responsabilidad y el
liderazgo de las instituciones locales y regionales en el proceso.

Deberá contener la definición de acciones tendientes a la
divulgación y apropiación del BIC por la comunidad, entre las
diferentes dependencias y órganos asesores de la administración
del BIC, así como las entidades territoriales, para ello se formularán
acciones tales como: proyectos de investigación, pedagógicos y
editoriales, estrategias para el fortalecimiento del vínculo entre los
bienes de interés cultural y la comunidad educativa, guiones
interpretativos para la capacitación de guías turísticos, y manuales
de mantenimiento y conocimiento de técnicas constructivas, entre
otros.

Cuando un inmueble se declare como BIC, la autoridad
competente deberá informarles a las entidades encargadas
de cultura y turismo en el departamento, municipio y/o
distrito en donde este se ubique, con el fin de que aquellas

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puedan promover su conocimiento y apropiación por parte
de la ciudadanía en general, promoviéndose el patrimonio
cultural material e inmaterial como fin turístico, vinculante
con el desarrollo socioeconómico de la región” (resaltado de
la Sala).

De lo anterior, la Sala destaca que la participación de la comunidad

no solamente debe garantizarse con posterioridad a la adopción del

PEMP, sino desde que el bien inmueble se declara como BIC,

momento a partir del cual la ciudadanía adquiere un papel

protagónico en el cuidado y conservación del bien.

Adicionalmente, el artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1080 de 2015,

igualmente sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358 de 2019,

dispuso que la elaboración del PEMP requiere de una estrategia de

participación y comunicación activa con la comunidad, la cual debe

implementarse durante todas las etapas previstas y continuar una

vez sea expedido el acto administrativo que adopte el PEMP. La

norma ibidem previó:

“ARTÍCULO 2.4.1.1.7. Proceso de participación y comunicación con
la comunidad. El proceso de elaboración del PEMP requiere una
estrategia de participación y comunicación activa con la comunidad
respectiva. Dicha estrategia debe desarrollarse y mantenerse
durante todas las etapas previstas y continuar una vez sea
expedido el acto administrativo que adopte el PEMP.

Es necesario identificar las organizaciones comunitarias, los
canales de comunicación, los procedimientos y las formas de

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fortalecimiento ciudadano para la participación en el PEMP y su
apropiación” (Resaltado de la Sala).

-. Para la formulación y aprobación del PEMP se deben agotar las

siguientes 4 etapas:

i.- Preliminar de información: “[…] Comprende la información

urbanística y socioeconómica completa del ámbito del PEMP y la Zona

de Influencia, el análisis institucional y financiero, un análisis de la

factibilidad técnica, institucional y financiera de los procesos

participativos requeridos para la elaboración del PEMP, la

identificación de los recursos y actividades necesarios para la

elaboración del plan, la definición de los temas estratégicos y

prioritarios de la proyección espacial de actividades en el territorio

en función de la vocación del municipio o distrito acorde con las

políticas sociales y económicas definidas en el orden territorial y la

formulación de la estrategia de articulación con otros planes

sectoriales […]”26.

ii.- Análisis y diagnóstico: “[…] Consisten en establecer el estado

actual del BIC y su zona de estudio desde lo administrativo,

26 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.2.8, sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358

de 2019.

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financiero, físico, legal y social. Este aspecto incluye la valoración que

la comunidad hace de este o de su relación con manifestaciones del

patrimonio cultural inmaterial. Para ello se realizará un diagnóstico

técnico basado en la información recogida en la etapa preliminar de

información que permita identificar de una manera clara y precisa los

problemas, riesgos potenciales y oportunidades del bien mediante

estudios e información existente, información que deberá ser

apoyada con un trabajo de campo que posibilite actualizar y

complementar dicha información.

De la misma manera, se llevará a cabo un diagnóstico participativo

que será elaborado a partir de actividades que involucren a los

distintos actores públicos, privados y comunitarios presentes en el

respectivo territorio y a aquellos susceptibles de contribuir en la

gestión e implementación del PEMP, mediante la socialización de la

información obtenida en la fase preliminar […]”27.

iii.- Propuesta integral o formulación: de conformidad con el

artículo 2.4.1.2.10 del Decreto 1080 de 2015, sustituido por el

artículo 15 del Decreto 235 de 2019, la propuesta integral debe ser

27 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.2.8, sustituido por el artículo 15 del Decreto 2358

de 2019.

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el resultado de las conclusiones del diagnóstico y es la herramienta

que garantiza la conservación, recuperación, sostenibilidad del bien

y el patrimonio cultural mueble e inmaterial asociado, para

potencializar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, solucionar

las debilidades y eliminar o mitigar las amenazas presentes en el

bien. La norma en comento ordena que la propuesta debe contener

lo siguiente:

“[…] 1. Aspectos generales del PEMP. Definición de visión,
objetivos, directrices urbanísticas, líneas estratégicas del PEMP y
modelo de desarrollo del BIC.

2. Delimitación del área afectada y de su zona de influencia. Es
necesaria la revisión de la concordancia entre la delimitación
existente para el BIC y la zona de influencia en su declaratoria,
indicando los criterios de sustentación o propuesta de modificación
–si a ello hubiere lugar– y la identificación planimétrica y
documental de los predios del área afectada y de la zona de
influencia, con su correspondiente matrícula inmobiliaria.

3. Niveles permitidos de intervención.

4. Condiciones de manejo. Establecer el conjunto de pautas y
determinantes para el manejo del inmueble, en cuatro aspectos:

4.1. Aspecto físico-técnico, ordenación y propuestas.

4.1.1. Normas Urbanísticas.

4.1.2. Propuesta urbana general

4.1.3. Propuesta ambiental

4.1.4. Propuesta de espacio público

4.1.5. Propuesta de equipamientos

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4.1.6. Propuesta de movilidad, accesibilidad vehicular y peatonal,
infraestructura vial, estacionamientos, señalización, que involucre
una propuesta de inclusión de la población en situación de
discapacidad, etc.

4.1.7. Lineamientos o directrices para el manejo de redes.

4.1.8. Determinantes de usos y edificabilidad relacionados con:
volumetría, alturas, índices de ocupación y construcción,
antejardines y aislamientos, entre otros.

4.1.9. En el caso de los sectores urbanos declarados, establecer
acciones para la generación de viviendas adecuadas a las
demandas del BIC o su zona de influencia, ya sea en el marco de
la rehabilitación de inmuebles de conservación o en proyectos de
renovación urbana o de desarrollo.

4.1.10. Lineamientos o directrices, individualizadas y específicas,
para la de restauración y recuperación arquitectónica de los BIC.

4.1.11. Lineamientos o directrices para la protección del patrimonio
cultural mueble representativo.

4.1.12. Fijar las determinantes relacionadas con los instrumentos
de gestión del suelo, tales como planes parciales, unidades de
actuación urbanística, procesos de expropiación y de renovación
urbana, entre otros, así como los compromisos de inversión pública
y privada […]”.
iv.- Aprobación: El PEMP para los bienes declarados como de

interés cultural con anterioridad a la Ley 1185 de 2008, es

aprobado mediante acto administrativo expedido por el

MINISTERIO28.

De conformidad con el artículo 2.4.1.1.11 del Decreto 1080 de 2015,

el acto administrativo deberá contener lo siguiente:

28 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.3.1.3, numeral 7.

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“ARTÍCULO 2.4.1.1.11. Contenido de resolución que aprueba el
PEMP. El acto administrativo que aprueba el PEMP será expedido
por la autoridad competente y deberá contener como mínimo lo
siguiente:

1. Indicar el acto de declaratoria.

2. Normatividad aplicable al PEMP.

3. Objetivos generales y específicas.

4. Estrategias de corto, mediano y largo plazos para el
cumplimiento de los objetivos.

5. Delimitación del área afectada y de la zona de influencia del BIC,
con la identificación de los inmuebles que los conforman, mediante
su ubicación, nomenclatura, folio de matrícula y registro catastral.

6. Niveles de intervención.

7. Competencia y delegaciones para autorizar intervenciones, si así
lo considera la autoridad competente.

8.Condiciones de manejo del BIC y estructura de unidad de gestión.

9. En caso de existir manifestaciones de patrimonio cultural
Inmaterial en relación con el BIC y su zona de influencia se deben
establecer lineamientos para su salvaguardia.

10. Plan de divulgación.

11. Cartografía en el caso de los PEMP de inmuebles o paisajes
culturales.

12. Actividades económicas para el caso de bienes del grupo
urbano, reflejados en los códigos CllU.

PARÁGRAFO 1: Para efectos del numeral 7 del presente artículo, la
competencia y delegación deberá ser en los términos que establece
la Ley 489 de 1998 "por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional"
o la que la modifique o sustituya.

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PARÁGRAFO 2. El PEMP definirá las actividades productivas que
pueden desarrollarse en el área afectada y zona de influencia de
acuerdo con la naturaleza del BIC para determinar-su
sostenibilidad y la del territorio donde se localicen”.

-. El seguimiento del PEMP estará a cargo del MINISTERIO, el cual

deberá verificar el cumplimiento de las estrategias planteadas en el

instrumento, e incluso, podrá determinar su revisión.29

En el caso concreto, la Sala advierte que el artículo 4º de la Ley 163

de 1959 declaró como monumento Nacional el sector antiguo de la

ciudad de Cartagena y el Decreto 1911 de 1995 efectuó la misma

declaración respecto de diferentes inmuebles ubicados en dicha zona,

razón por la que a partir de la expedición de la Ley 397 dicho sector

es considerado como un BIC y, por tanto, debe contar con un PEMP

que debió ser formulado por el DISTRITO y aprobado por el

MINISTERIO a más tardar el 10 de marzo de 2014.

Asimismo, la Sala destaca que el MINISTERIO incluyó el sector

antiguo de la ciudad de Cartagena en la Lista de Bienes Declarados

de Interés Cultural del Ámbito Nacional30.

29 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.12.
30 Información obtenida de la siguiente pagina web:
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTE
R%c3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%c3%81MBITO%20NACIONAL_marzo2021.pdf

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Ahora, del material probatorio obrante en el expediente la Sala

observa las siguientes actividades desplegadas por las entidades

obligadas en formular y aprobar el PEMP:

-. El DISTRITO presentó ante el Concejo de la ciudad escrito de 25

de marzo de 2014, por medio del cual realizó un informe histórico

sobre el PEMP, en los siguientes términos:

“[…] 1. “UN INFORME HISTÓRICO SOBRE EL PEMP”:

• En 2005 fue enviado al Ministerio de Cultura el pre – diagnóstico del
PEP, hoy Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, para el sector
antiguo de Cartagena de Indias.

• El Ministerio de Cultura y el Departamento de Bolívar suscribieron el
Convenio 1321 de 2005, con el objeto de “Aunar esfuerzos para la
protección del patrimonio cultural del Departamento de Bolívar.

• En este marco, en el 2007, la Gobernación firmó un convenio con el
Distrito de Cartagena con el objeto de “Aunar esfuerzos y actividades
tendientes a la formulación de la fase II del plan especial de protección
del centro histórico de Cartagena de Indias, y su zona de influencia”.

• Mediante la Resolución 0623, del 27 de julio de 2007, se adjudicó la
Convocatoria Pública DA-002-2007 al proponente SOCIEDAD
INGENIERÍA, GERENCIA Y TECNOLOGÍA Ltda. “INGERTECH”. Se
suscribió el contrato 527-533 con el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
DE CARTAGENA DE INDIAS el 30 de julio de 2007 a través del cual se
elaboró la etapa de diagnóstico y formulación.

• La revisión y complementación de la formulación de la propuesta
integral fue realizada por un equipo multidisciplinario conformado para
tal fin por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias entre abril y junio de
2010.

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• El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, dio concepto favorable
para la aprobación del PEMP del sector antiguo de Cartagena de Indias
según consta en el Acta No. 6 del 11 de junio de 2010 e igualmente
realizó observaciones.

• El 21 de enero de 2011 se presentaron al Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural las respuestas de las observaciones que realizó el
Consejo Nacional de Patrimonio, contenidas en el Acta 6 del 11 de junio
de 2010, por lo que este organismo las aceptó y realizó nuevas
observaciones en lo pertinente a la zona de influencia.

• El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en su reunión del 15 de
abril de 2011 ratificó su concepto favorable ante las respuestas a las
nuevas observaciones relativas a la normativa de la zona de influencia
y creó una subcomisión para la revisión de la resolución que prueba el
PEMP, de manera que se refleje claramente las directrices establecidas.

• La subcomisión realizó un exhaustivo examen a la planimetría y la
resolución así como a los documentos soportes presentados en las
sesiones de 26 de mayo y el 14 de octubre, y verificó el cumplimiento
de las directrices del CNPC.

• Posteriormente, con fechas 4, 17 y 24 de noviembre de 2011, se
realizaron entregas parciales de documentos corregidos, la radicación
definitiva en MC por parte de la SDP se dio el 15 de febrero de 2012.

• La presentación más reciente al CNPC fue el 6 de marzo de 2012.

• Las ultimas observaciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
formuladas el 2 de mayo de 2012 a través de consejero Rodolfo Ulloa
Vergara, fueron acogidas por la Secretaría de Planeación Distrital, a
cargo del proceso de formulación del PEMP.

• El proyecto de resolución de aprobación del PEMP correspondiente se
envió para revisión por parte de la Ministra de cultura (con visto bueno
del Director de patrimonio y del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Cultura).

• La Ministra formuló observaciones al documento el pasado 30 de
mayo, en reunión con el Director de Patrimonio, el Secretario General y
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura.

• 13 de junio: oficio del Ministro de Defensa a la Ministra de Cultura
solicitando viabilidad de incluir algunas modificaciones al PEMP
específicamente para el sector ocupado hoy por la base naval.

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[…] - 30 de agosto de 2012: reunión convocada por la Alcaldía de
Cartagena – Secretaría de Planeación Distrital (SPD) – Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), con funcionarios de la
Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura […] Armada Nacional
[…] y EVB […], para efectos de aclarar inquietudes respecto de la
normativa urbanística actual con POT y con PEMP para los predios de la
base naval.

[…] – 11 de diciembre de 2013: Funcionarios del Ministerio de Cultura
se reúnen en Cartagena con la Secretaría de Planeación para socializar
un nuevo borrador de resolución del PEMP que ya incluye el polígono de
la Base Naval. Solicitan revisión urgente para aprobación del PEMP
durante 2013.

• 26 de diciembre de 2013: Funcionarios del Ministerio de Cultura envían
a la Secretaría de Planeación un juego de planos del PEMP para su
revisión con los cambios relacionados con la Base Naval. Incluyen una
franja de 30 pisos que obstruye las visuales de los conos visuales
protegidos por la reglamentación vigente y el PEMP, así como la visual
de acceso al puerto de Cartagena.

• 30 de enero de 2014: Se realiza una reunión en el despacho del Alcalde
con presencia de la Ministra de Cultura y su equipo de patrimonios así
como del Alcalde y su equipo de Planeación e IPCC. Cartagena solicita
un periodo de tiempo de mínimo 2 meses para revisar y ajustar todo lo
pertinente a la Base Naval en los documentos y planos del PEMP.
Igualmente se le manifiesta a los funcionarios del Ministerio de Cultura
la incoherencia de la propuesta de alturas y densidad del polígono de la
Base Naval con los criterios de conservación del PEMP.

• 18 de febrero de 2014: Durante un foro de CAMACOL, la Armada y la
empresa Virgilio Barco revelan al público cartagenero los detalles de la
propuesta de la Base Naval. La posición del Distrito de Cartagena
rechaza el modelo de alturas y densidad propuesto para la base naval.

• 21 de febrero de 2014: El Alcalde de Cartagena envía carta a la Ministra
de Cultura limitando a 4 pisos la altura del polígono de la Base Naval,
entre varios apartes relacionados con los ajustes propuestos desde
diciembre de 2014 […]”

-. Mediante Oficio de 25 de junio de 2014 el Alcalde Mayor del

DISTRITO manifestó al MINISTERIO que el trámite para la

adopción del PEMP había sido suspendido desde junio de 2012,

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debido a la solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA para que se

incluyera la reglamentación del terreno de la Base Naval A.R.C.

Bolívar en la delimitación de la zona de influencia del centro histórico

de la ciudad.

Al respecto, el ente territorial manifestó su inconformidad con dicha

propuesta al estimar importante respetar la declaratoria de

patrimonio universal del acceso al puerto fundacional, así como la

necesidad de adelantar un proyecto para resolver la movilidad del

sector de Bocagrande.

Adicionalmente, puso de presente el interés que tiene en suscribir el

PEMP, para lo cual hizo una presentación de los planteamientos que,

a su juicio, debían incluirse en el documento.

-. El MINISTERIO por medio de oficio de 10 de diciembre de 2014,

dirigido a la Defensoría del Pueblo-Regional Bolívar, informó lo

siguiente a acerca del proceso de expedición del PEMP del Centro

Histórico y su zona de influencia:

“[…] Como hechos más relevantes de este proceso, se mencionan los
siguientes:
• La administración distrital de Cartagena, como responsable de la
formulación de este PEMP, radicó ante el Ministerio de Cultura, en junio

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de 2010, en el resumen ejecutivo del proyecto PEMP elaborado por la
firma INGERTECH Ltda. (previa convocatoria pública) y sus documentos
técnicos de soporte (documento técnico de formulación, planos, fichas,
listados prediales). Este fue presentado por la administración distrital de
Cartagena ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), el
cual dio concepto favorable, aunque realizó observaciones para que
fueran acogidas por la administración distrital y una vez ajustado fuera
presentado nuevamente ante dicho Consejo.

• El proyecto PEMP fue ajustado y radicado por la administración distrital
en este Ministerio en 2011, y presentado ante el CNPC, que nuevamente
formuló observaciones; durante ese año la administración distrital
realizó entregas parciales de documentos de este proyecto con otros
ajustes y complementaciones, para atender las observaciones del CNPC
y de este Ministerio a la revisión de los documentos técnicos que
comprenden dicho plan. La última entrega de la administración distrital
de ese año fue radicada en diciembre por la alcaldesa Pinedo Flórez y
retirada de esta entidad por ella el mismo mes, expresando que los
documentos del proyecto de PEMP debían ser revisados con
detenimiento por la nueva administración para la entrega del proyecto
definitivo al Ministerio de Cultura.

• La Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena (SPD), a cargo de
esta etapa del proceso de formulación del Plan, envío al Ministerio de
Cultura para su consideración y la del CNPC, documentos con ajustes en
enero, febrero y marzo de 2012; en julio de ese año envió la última
versión ajustada.

• En el proceso de revisión de los documentos técnicos que conforman
el PEMP por parte del Ministerio, y de conformidad con las
recomendaciones surgidas a partir de intereses generales del Estado, de
una parte los comprometidos con la seguridad nacional, y de otra parte,
los relacionados con la importancia estratégica para la economía
nacional de posicionamiento de Cartagena como destino de primer
orden en el Plan Nacional de Turismo Náutico promovido por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo se realizó el ajuste del proyecto de
PEMP en los contenidos relacionados con ambos temas, con el concurso
técnico de entidades del orden nacional vinculadas a esos aspectos.

[…] – Teniendo en cuenta el cambio de administración del Distrito, en
noviembre de 2013 el Ministerio de Cultura presentó al alcalde de
Cartagena Dionisio Vélez Trujillo las modificaciones mencionadas. A su
vez, fueron puestas a consideraciones del Ministerio de Cultura por parte
de la administración distrital modificaciones de su interés vinculadas con
programas de gobierno en curso así como en etapa de formulación.
Como resultado de esa reunión se acordó, para efectos del cumplimiento

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del principio de coordinación entre autoridades de los niveles nacional y
distrital para concluir la consolidación final del proyecto de PEMP,
adelantar las jornadas técnicas conjuntas interinstitucionales (Ministerio
– gobierno nacional/distrito), dada la disposición del Alcalde y de este
Ministerio en sumar esfuerzos para concluir a la brevedad el proceso de
expedición del Plan.

• Estas jornadas de coordinación, en las que han participado según el
tema tratado, entre otros, el Alcalde, la Ministra y la Viceministra de
Cultura y sus funcionarios y asesores técnicos y jurídicos, con el
acompañamiento de varias entidades del gobierno nacional se han
adelantado en sucesivas reuniones y talleres de trabajo en diciembre de
2013; enero, abril, junio, septiembre y octubre de 2014, en Cartagena.
En estas reuniones técnicas han participado activamente funcionarios de
la administración distrital (liderados por la Secretaría de Planeación
Distrital) y por el Ministerio de Cultura, funcionarios de la Dirección de
Patrimonio y la Oficina Asesora Jurídica dependencias que
permanentemente han acompañado el proceso de formulación y
consolidación del PEMP.

• Actualmente la administración distrital está efectuando la revisión y
ajuste de los documentos técnicos de soporte que conforman este plan
para su plena correspondencia con los programas de gobierno del actual
alcalde. El Ministerio de Cultura se encuentra a la espera de la
confirmación de la próxima reunión interinstitucional para concluir el
proceso descrito.

• Una vez sea concluida esta última etapa del proceso mencionado, y
remitido al Ministerio de Cultura el documento final del PEMP por parte
de la administración distrital, se procederá en esta entidad a su revisión
y aprobación, si es el caso, mediante resolución de este Ministerio y a
su publicación en el diario oficial para conocimiento público […]”.

-. La Secretaría de Planeación del DISTRITO presentó el cronograma

– Hoja de ruta del PEMP, en abril de 2019, en el que se estableció

lo siguiente:

FOROS DE DIVULGACIÓN PROPUESTA PEMP CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS
NOMBRE DEL FORO Y OBJETO ORGANIZACIONES LUGAR Y FECHA
INVITADAS

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Foro 1: Institucionalidad Ministerio de Cultura, Alcaldía Bogotá, martes
responsable. Distrital, IPCC, ICOMOS 9 de abril, 11:30
a.m.
Objeto: Concertar los contenidos
generales del PEMP al Ministerio de
Cultura e instituciones públicas del
sector cultural
Foro 2: Actores ambientales. Dimar, EPA, CARDIQUE, Min Cartagena,
Ambiente, Procuraduría martes 23 de
Objeto: presentar la síntesis de los Ambiental, EDURBE. abril (10:00 a
aspectos ambientales ligados a la 12:00 am) Hotel
protección del Centro Histórico en el Intercontinental,
PEMP. Salón Caracol.
Foro 3: Actores institucionales. Escuela Taller, Fundación Cartagena,
Centro Histórico, IPCC, miércoles 24 de
Presentar la síntesis de los aspectos Salvaguarda del patrimonio, abril (9:00 a
generales y normativos del PEMP a curadores urbanos, 11:00 am) Hotel
instituciones con responsabilidad en su Gobernación de Bolívar, Intercontinental.
desarrollo y/o ejecución. entre otros.
Foro 4: Asociaciones de vecinos del Asociaciones de vecinos Cartagena,
Centro y zona de influencia. jueves 2 de
mayo (9:00 a
Objeto: Dar a conocer a los vecinos del 11:00 am) Hotel
Centro los contenidos del PEMP para Intercontinental.
asegurar su respaldo a la conservación
del mismo.
Foro 5: Actores de turismo. Corpoturismo, gremios Cartagena,
turísticos (ASOTELCA, jueves 2 de
Objeto: Dar a conocer los contenidos del COTELCO – Hoteles Centro mayo (2:30 a
PEMP en relación con las actividades que Histórico) 4:30 p.m) Hotel
desarrolla el sector Turismo en el Centro Intercontinental.
Histórico y su área de influencia
Foro 6: Actores culturales y de Colectivos de danza, arte, Cartagena,
patrimonio inmaterial poesía, pintura, Palenqueras. miércoles 8 de
mayo (9:00 a
Objeto: Presentar la síntesis de los 11:00 a.m)
aspectos culturales y de patrimonio Hotel
inmaterial relacionados con el PEMP. Intercontinental.
Foro 7: Gremios Gremios: FENALCO, ANDI, Cartagena,
CÁMARA DE COMERCIO, jueves 9 de
Objeto: Presentar la síntesis de los ACOPI, Camacol, entre otros, mayo (8:30 a
principales contenidos del PEMP en 11:30 a.m)
relación con la productividad y Hotel
economía del Centro en el marco de las Intercontinental.
expectativas generales del Distrito de
Cartagena.
Foro 8: Actores ciudadanos Localidades 1-2-3 Cartagena,
jueves 9 de
Objeto: Dar a conocer a los mayo (2:00 a
representantes, líderes cívicos, y 4:00 p.m)
ciudadanía en general, los contenidos Biblioteca

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del PEMP, para asegurar su respaldo a Avenida del
la conservación del bien. Lago, Pie de La
Popa.
Foro 9: Concejales Concejo Distrital, Cartagena,
coordinación presidente miércoles 15 de
Comisión del Plan mayo (2:30 a
4:30 p.m) Hotel
Intercontinental.

-. Informes de socialización PEMP, marzo – abril de 2019, del sector

antiguo de Cartagena y su zona de influencia, en el que se evidencia

lo siguiente:

“[…] En 2012: El documento técnico de soporte fue radicado en el
Ministerio de Cultura luego de cumplir un proceso de construcción
participativa y socialización ante actores locales.

En 2013: En agosto y noviembre la Sociedad Colombiana de
Arquitectos de Bolívar, en el marco del evento Jornadas
Patrimoniales, estudió con actores del proceso los componentes del
documento técnico de soporte radicado en el Ministerio de cultura
en 2012. Participaron entre otros, el IPCC, la Secretaría de
Planeación, la comunidad de Getsemaní, Asocentro, la SMP, la
UJTL, la Universidad San Buenaventura, la ETCAR y los gremios.

En 2014: Convocado en agosto por la Procuraduría se realizó
evento en el cual revisaron los avances en la elaboración del
documento final del PEMP de Cartagena. Contó con la asistencia
del Personero Distrital, el director del Consejo Nacional de
Patrimonio del Ministerio de Cultura, el IPCC, la Secretaría de
Planeación, los Curadores Urbanos, la ETCAR, la Oficina Jurídica de
la Alcaldía y el Comité Técnico de Patrimonio.

En 2017: En abril y julio la Secretaría de Planeación realizó un
proceso participativo con los actores del Centro Histórico para
conocer los avances del PEMP de Cartagena y recopilar los aportes
formulados, con el fin de actualizar el diagnostico socio económico
del proceso.

En 2018: En marzo el arquitecto Julio César Gómez Sandoval da
inicio al contrato de consultoría suscrito con la Secretaría de

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Planeación, que tiene entre sus objetivos dar respuesta a las
observaciones formuladas por el Ministerio de Cultura al
documento de formulación del PEMP radicado en el 2012; recopilar
e integrar la documentación previamente elaborada; y culminar el
proceso de formulación hasta alcanzar la adopción del PEMP de
Cartagena de Indias por el Ministerio de Cultura.

En 2019: A partir de marzo la administración Distrital divulga los
avances de la propuesta integral de formulación urbanística del
Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de
Cartagena y su zona de influencia realizado por los consultores;
presenta los lineamientos generales de la propuesta a los diversos
actores involucrados, y da cumplimiento al compromiso adquirido
por la Procuraduría General de la Nación.

2. Reuniones de socialización de los avances de la propuesta
integral del PEMP de Cartagena de Indias.

En marzo de 2019 se dio inicio al calendario de socialización con
diversos integrantes de la comunidad cartagenera; en ellas se han
presentado los avances alcanzados, lo cual ha facilitado la
comprensión del proyecto y servido de escenario de interactuación,
recibido de aportes e identificación de componentes de valor para
la formulación.

[…] El 15 de mayo, en evento que tuvo lugar en el auditorio del
Centro Cultural del IPCC en el pie de la Popa continuó la
socialización. Se hicieron 2 reuniones, en la mañana con los actores
culturales, y en la tarde con la comunidad en general.

Con la presencia de actores culturales y de vendedores ambulantes
(informales) de productos varios se desarrolla la reunión siguiendo
los momentos preestablecidos.

Se quejan de no ser escuchados y manifiestan descoordinación
institucional para implementar solicitudes a los problemas que
viven los actores culturales y la economía informal en la ciudad.

Solicitan infraestructura para desarrollar sus actividades culturales,
reglamentación para realizar sus presentaciones culturales en las
plazas del centro histórico y el deseo de conocer en detalle la
propuesta de los corredores culturales.

[…] En las horas de la tarde, estaban citados los actores sociales y
la comunidad en general, sin embargo, el evento tuvo que ser

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suspendido a solicitud de los participantes por el bajo número de
asistentes y actores representados.

Se especulan las razones por las cuales la participación no fue
esperada y se sugiere al Distrito, revisar los procesos de
convocatoria ya que el propósito de todos es que asista el mayor
número de participantes y se reciban el mayor número de
sugerencias y aportes que contribuyan a enriquecer las propuestas
a ser tenidas en cuenta por los consultores en el documento final
del Plan Especial de Manejo y Protección.

El 16 de mayo, de nuevo se llevaron a cabo dos reuniones en el
Hotel Intercontinental; en las horas de la mañana con los gremios
de la cuidad y en la tarde con el Consejo Distrital. A esta última
asistió la mesa directiva.

[…] A la fecha se han realizado ocho reuniones de socialización
donde han participado los actores más representativos de la
comunidad, así como las entidades de planificación y control que
tienen injerencia en el manejo del patrimonio histórico
arquitectónico. La duración de cada una de ellas ha oscilado entre
2 y 4 horas.

[…] En las reuniones de socialización se evidenció:

La voluntad por parte de la administración de culminar un largo
proceso de formulación del PEMP de Cartagena.

Que no todos los involucrados desean contribuir a su formulación
[…]”.

-. Informe de socialización del PEMP, realizado en diciembre de 2019,

en el que se consignó que se daba inició a la etapa de socialización

del Plan ante el MINISTERIO para tener un documento base oficial

sobre el cual se realizara el proceso de debate y de concertación con

la ciudadanía para la construcción del documento final.

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-. El MINISTERIO, a través del Director de Patrimonio de la entidad,

mediante oficio de febrero de 2020 le envió al Alcalde del DISTRITO

la documentación presentada del PEMP, para que si había lugar a ello

realizaran los ajustes que estimara pertinentes y afirmó que estaba

atento y dispuesto a retomar las mesas de trabajo y la respectiva

revisión del documento técnico de soporte – DTS del Plan, con el

propósito de trabajar articuladamente mediante la asistencia técnica

en la revisión de procedimientos relacionados con la formulación del

PEMP.

Conforme se evidencia del material probatorio, desde el año 2005 el

DISTRITO y el MINISTERIO han adelantado gestiones tendientes

a la expedición del PEMP en la ciudad, las cuales se resumen así:

Año Actuación
2010 Se envío una versión inicial del PEMP, por parte del
DISTRITO al MINISTERIO.
2011 Se ajustó el documento y este fue entregado nuevamente
por parte del DISTRITO al MINISTERIO; documento al
cual el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural formuló
observaciones, que fueron atendidas por el ente territorial
a través de entregas parciales que incluían los ajustes y
complementaciones.
2012 Se presentó una versión ajustada del Plan, que fue objeto
de revisión y ajustes por parte del MINISTERIO;
gestiones que se adelantaron en conjunto con el
DISTRITO hasta el año 2014.

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2013 Se efectuaron reuniones entre el MINISTERIO y el
DISTRITO en aras de culminar el documento contentivo
del PEMP, para que éste fuera aprobado, así como con
actores de la sociedad para discutir los componentes del
mismo.
2014 Desde este año el proceso para la expedición del PEMP se
asumió únicamente por parte del DISTRITO.
Asimismo, la Procuraduría realizó un evento en el que se
revisaron los avances en la elaboración del documento y
se llegaron a unos acuerdos.
2016 Se propició un acercamiento entre el DISTRITO y el
MINISTERIO para presentar el PEMP, lo que trajo como
resultado que en el 2017 y 2018 se realizaran una serie de
reuniones, sin llegar a la presentación del Plan.
2017 La Secretaría de Planeación Distrital realizó un proceso
participativo con los actores del Centro Histórico para
conocer los avances del PEMP de Cartagena y recopilar los
aportes formulados, con el fin de actualizar el diagnóstico
socioeconómico del proceso.
2018 El DISTRITO suscribió un contrato de consultoría que
tenía dentro de sus objetivos dar respuesta a las
observaciones formuladas por parte del MINISTERIO al
documento del PEMP presentado en el 2012, recopilar e
integrar la documentación previamente elaborada y
culminar el proceso de formulación hasta alcanzar la
adopción del Plan.
2019 Se divulgaron los avances de la propuesta integral de
formulación urbanística del PEMP, así como los
lineamientos generales de la propuesta a los actores
involucrados y se dio cumplimiento a un compromiso
adquirido con la Procuraduría.

Además, se informó que se dio inicio a la etapa de
socialización del plan ante el MINISTERIO para tener el
documento sobre el cual se realizaría el debate y la
concertación con la población.
2020 Por petición de ente territorial, el MINISTERIO remitió al
DISTRITO la documentación presentada del PEMP para
que se realizaran los ajustes a que hubiera lugar.

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De acuerdo con lo precedente, para la Sala es claro que tanto el

DISTRITO como el MINISTERIO han adelantado numerosas

gestiones para elaborar el PEMP y así lograr su aprobación. Sin

embargo, la confección del documento final no ha podido ser

estructurada por diversas circunstancias, entre ellas: i) Las

numerosas observaciones hechas por diferentes entidades

involucradas en el proceso y la aparente incapacidad del ente

territorial por atenderlas en debida forma; ii) La baja o nula

participación ciudadana en su elaboración; iii) Los reparos que el ente

territorial ha presentado frente al traslado de la base naval solicitada

por el MINISTERIO DE DEFENSA, entre otras.

A juicio de la Sala, las circunstancias descritas ponen en evidencia el

incumplimiento de la obligación Constitucional que le atañe a las

entidades accionadas, máxime si se tiene en cuenta que el

DISTRITO y el MINISTERIO tenían hasta el 10 de marzo de 2014

para elaborar y probar el PEMP, sin que a la fecha de la presente

sentencia éste se haya elaborado en su totalidad.

Por lo anterior, es palmario que las entidades accionadas han

incumplido con los deberes a su cargo, debido que han empleado

años y recursos públicos en la elaboración de un documento sin

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obtener resultados satisfactorios, con lo cual han puesto en riesgo el

derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación, el cual se

pretende proteger con el referido Plan.

De modo que ante la evidente amenaza del derecho colectivo al

patrimonio cultural de la Nación, por la no estructuración y

aprobación del PEMP, al Juez popular no le queda más remedio que

adoptar las medidas necesarias para que ésta cese de manera pronta

y definitiva, como en efecto lo hizo el Tribunal.

De ahí que debe ser una prioridad para el DISTRITO y el

MINISTERIO la confección y aprobación, respectivamente, del

PEMP, pues han pasado cerca de diecisiete años desde que se dio

inicio al proceso de expedición del mismo31, sin que éste se haya

finalizado, con lo que, además de incumplir obligaciones

constitucionales y legales, se pone en riesgo el derecho colectivo al

patrimonio cultural de la Nación.

31Ello, por cuanto desde el año 2005 el DISTRITO y el MINISTERIO han
adelantado gestiones tendientes a la expedición del PEMP, conforme se demostró
en precedencia.

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Es por ello que, a juicio de la Sala, debe confirmarse la decisión del

Tribunal de ordenar a las entidades accionadas la expedición del PEMP,

para lo cual deberán tener en cuenta que todo procedimiento

administrativo debe estar inspirado en los principios establecidos en el

artículo 3º del CPACA, entre los que se encuentra el de participación, el

cual supone que las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas

de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a

intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control

y evaluación de la gestión pública, amén de que la normativa estudiada

en precedencia exige la participación activa de la comunidad en cada una

de las etapas de elaboración del PEMP.

De manera que, en aras de atender las peticiones de la comunidad y

conforme lo manifestado por el DISTRITO, en el sentido de que la

participación de los diferentes actores de la comunidad ha sido baja, es

preciso que se garantice de manera eficiente y oportuna su cooperación

en la elaboración del documento definitivo del PEMP, habida cuenta que

ha sido una de las deficiencias presentadas para culminar el documento.

Adicionalmente, en cuanto a la discusión en torno al traslado de la Base

Naval de la ciudad, solicitada por el MINISTERIO DE DEFENSA, la cual

ha sido otro de los puntos neurálgicos en la tardanza para la elaboración

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del PEMP, la Sala estima pertinente instar a las partes para que lleguen

a un pronto acuerdo sobre dicho aspecto, el cual deberá respetar la

naturaleza de los BIC del sector antiguo de Cartagena, así como las

normas de carácter internacional y nacional que regulan la materia, sin

que sea una excusa más para no dar cumplimiento a la obligación que le

atañe a las entidades accionadas al respecto.

Ahora bien, la Sala resalta que aun cuando es necesario que el DISTRITO

ajuste la documentación y avances que hasta el momento se tienen frente

al PEMP, a lo dispuesto en el Decreto 2358 de 2019, lo cierto es que la

administración Distrital ya ha avanzado significativamente frente a los

elementos técnicos necesarios para que el PEMP sea diseñado de manera

definitiva, pues no en vano se ha trabajado durante diecisiete años en su

construcción.

Por lo anterior, a juicio de la Sala, el término previsto por el Tribunal para

la ejecución de la orden resulta más que suficiente y, por tanto, no se

accederá a su ampliación.

Ahora, en cuanto a la petición elevada por el ente territorial, en el sentido

de que el plazo para dar cumplimiento a la orden de amparo empiece a

correr a partir del día siguiente al decreto que le ponga fin a la calamidad

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pública dispuesta en el DISTRITO y a la finalización de la pandemia

causada por la Covid 19, la Sala considera que no tiene vocación de

prosperidad, no solo porque los avances que se han alcanzado para la

construcción del PEMP son importantes, sino además, porque aun

cuando la pandemia no ha finalizado, lo cierto es que las demás

necesidades de la comunidad no pueden ser aplazadas o suspendidas

hasta que esta circunstancia termine, debido a que se trata de un hecho

absolutamente incierto e impredecible.

Sin embargo, lo anterior no obsta para indicar que en el evento de que

durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es

necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal, en el marco del Comité

de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias

para garantizar su cumplimiento, en atención a lo ordenado en el artículo

34 de la Ley 472 de 1998.

Por último, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 34 de la

Ley 472, es necesario conformar el comité de verificación de la sentencia,

el cual estará integrado por un representante del MINISTERIO, un

representante del DISTRITO, el Ministerio Público, un representante del

Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena y representantes de la

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comunidad del Sector Antiguo de la ciudad, comité que estará presidido

por el Tribunal, esto es, por medio del magistrado ponente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS para intervenir en

el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento

del mismo.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2020,

proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO: ORDENAR la conformación del comité de verificación de la

sentencia, el cual estará integrado por un representante del Ministerio de

Cultura, un representante del Distrito de Cartagena, el Ministerio Público,

un representante del Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena y

representantes de la comunidad del Sector Antiguo de la Ciudad, comité

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68

Número único de radicación: 13001 23 33 000 2015 00028 01
Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL BOLÍVAR

que estará presidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, esto

es, por el magistrado ponente.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo

para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de

origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala, en la sesión del día 7 de abril de 2022.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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