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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00721-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00721-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01 TERCERO: ORDENAR lo siguiente: 3.1. Al propietario de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción que, dentro de los siguientes doce (12) meses a la ejecutoria de esta sentencia, realice la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Bien Inmueble de Interés Cultural bajo estudio. 3.2. Al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; al Departamento del Valle del Cauca; al Municipio de Bugalagrande y al propietario del inmueble; que en el término de doce (12) meses posteriores a la formulación del Plan -en cumplimiento de su función de protección del patrimonio cultural de la Nación y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias-, surtan las siguientes etapas del Plan Especial de Manejo y Protección mencionadas en el artículo 2.4.1.2.7. del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el Decreto 2358 de 2019, y las demás normas relacionadas. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: CUARTO: CONFORMAR un comité integrado por: i) el Magistrado Ponente del Tribunal, quien lo presidirá; ii) un representante del Municipio de Bugalagrande; iii) el accionante; iv) el personero del Municipio de Bugalagrande; v) el representante de la Parroquia San Francisco de Asís; vi) un representante del Departamento del Valle del Cauca; vii) un representante del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes; viii) un representante de la Parroquia San Bernabé de Bugalagrande; y ix) el agente del Ministerio Público. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00721-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01
Demandante: Luis José Caicedo Rengifo
Demandados: Nación – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes1;
Departamento del Valle del Cauca y Municipio de Bugalagrande2
Vinculadas: Parroquia San Bernabé de Bugalagrande3 y Parroquia de San
Francisco de Asís4

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación -
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento del Valle del
Cauca contra la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 La Ley 2319 de 29 de agosto de 2023, por medio de la cual se reforma la ley 397 de 1997, se cambia la

denominación del ministerio de cultura, se modifica el término de economía naranja y se dictan otras
disposiciones, dispuso en su artículo 2 lo siguiente: “[…] ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 397
de 1997, el cual quedará así:
ARTÍCULO 66. Ministerio de las Culturas, las Arles y los Saberes. Créase el Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios
de participación contemplados en esta ley; el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá a su
cargo, además de las funciones previstas en la presente ley, el ejercicio de las atribuciones generales que
corresponde ejercer a los ministerios, de conformidad con el Decreto 1050 de 1968.
[…]
PARÁGRAFO. A partir de su promulgación, todas las leyes y reglamentaciones que se refieran al Ministerio de
Cultura, deberá leerse como Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la ministra o ministro definido
en este cargo se le denominará ministra o ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes […]”.
2 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2.
3 Vinculada mediante auto de 12 de diciembre de 2023. Cfr. índice 27 del sistema de gestión judicial, SAMAI.

Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo denominado: 26_AUTOQUERESUELVE(.pdf) NroActua 27.
4 Vinculada mediante auto de 13 de febrero de 2024. Cfr. índice 48 del sistema de gestión judicial, SAMAI.

Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo denominado: 54_AUTOQUERESUELVE(.pdf) NroActua 48.

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Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Luis José Caicedo Rengifo presentó demanda5 contra la Nación –
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Departamento del Valle del
Cauca y el Municipio de Bugalagrande; en ejercicio del respectivo medio de control,
con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) a la
defensa del patrimonio cultural de la Nación; ii) a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y iii) a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Ordenar en el t[é]rmino de 2 meses la Actualización de los estudios para el
diagn[ó]stico del estado actual y propuesta del mantenimiento y reforzamientos
estructural de la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción de El Overo en el
Municipio de Bugalagrande realizados en el 2017 por medio del convenio
interadministrativo No 0160-19-02-3132 suscrito entre la Gobernación del Valle del
Cauca, Alcaldía de Bugalagrande y Universidad del Valle del Cauca.

2. Ordenar a la Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Bugalagrande y
Ministerio de [C]ultura, apropiar los recursos para adelantar las obras necesarias
para la restauración y conservación de la Capilla […]”6.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Manifestó que la Capilla Nuestra Señora de la Concepción, reconocida como
patrimonio cultural mediante la Resolución núm. 789 de 31 de julio de 1998, se
encuentra ubicada en el corregimiento El Overo del Municipio de Bugalagrande.

3.2. Mencionó que la Capilla se encuentra en malas condiciones como, entre
otras, paredes agrietadas, vigas de madera podridas, goteras e inconvenientes en
el sistema eléctrico. Dichas circunstancias exigen intervenciones que mantengan el
diseño y estructura colonial de la edificación.

5 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3ED_DemandaGAESCRITO2023(.pdf) NroActua 2.
6 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3ED_DemandaGAESCRITO2023(.pdf) NroActua 2. Página 4.

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3.3. Señaló que se suscribió el Convenio Interadministrativo núm. 0160-19-02-
3132 de 24 de agosto de 2017 entre el Departamento del Valle del Cauca, el
Municipio de Bugalagrande y la Universidad del Valle del Cauca, el cual tuvo como
objeto “[…] aunar esfuerzos administrativos, financieros, logísticos y técnicos para
llevar a cabo los estudios para el diagnóstico del estado actual y propuesta del
mantenimiento y reforzamiento estructural de la Capilla de Nuestra Señora de la
Concepción de El Overo en el Municipio de Bugalagrande […]”.

3.4. Indicó que el bien fue incluido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes en la lista de bienes de interés cultural de ámbito nacional y, además, hace
parte de las rutas turísticas religiosas del Valle del Cauca.

3.5. Advirtió que, como producto del Convenio Interadministrativo mencionado, se
realizó una inversión en un estudio para determinar las necesidades de la
construcción bajo estudio sin que se hubieren realizado las obras necesarias para
su restauración y conservación.

Contestaciones de la demanda

4. El Ministerio de las Culturas, las Artes y las Ciencias7 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos8:

4.1. Señaló que no se puede determinar la fecha en la cual se capturaron las
imágenes allegadas con el escrito de la demanda y que no se ha demostrado, por
un lado, que haya inconvenientes con la red eléctrica de la Capilla y, por el otro, que
la Capilla hiciera parte de las rutas turísticas religiosas del Valle del Cauca.

4.2. Indicó que, aunque el inmueble haya sido declarado como bien de interés
cultural de la Nación, se trata de un bien privado cuya conservación y manutención
corresponde al titular del derecho de dominio, el cual también hace parte del
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación.

4.3. Manifestó que la ley faculta a las iglesias y confesiones religiosas para ser
propietarias del patrimonio cultural que hayan creado o adquirido con sus recursos
o que tengan bajo su posesión. Adicionó que en el certificado de tradición y libertad
núm. 384-43505, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 19 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo
denominado: 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 19.

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Tuluá, se informa que la Parroquia de Bugalagrande es propietaria de la Capilla; sin
embargo, según certificación expedida por el Departamento Administrativo de
Planeación e Infraestructura del Municipio de Bugalagrande, el inmueble donde está
ubicada la Capilla Nuestra Señora de la Concepción está en posesión de la
Parroquia San Bernabé.

4.4. Mencionó que otra responsabilidad del propietario, poseedor, tenedor o
custodio del bien declarado patrimonio es establecer los mecanismos o
determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad del bien, circunstancia
que no se ha presentado en este caso.

4.5. Solicitó que se vinculara al proceso a las Parroquias de Bugalagrande y San
Bernabé como responsables de cumplir los deberes legales asociados a la Capilla
Nuestra Señora de la Concepción y se desvinculara al Ministerio de las Culturas por
no ser competente.

4.6. Propuso la excepción de “Falta de legitimación en la causa del Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes como convocado a esta acción popular”.

5. El Municipio de Bugalagrande9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:

5.1. Sostuvo que, al ser un bien de interés cultural de ámbito nacional, sus
intervenciones son competencia del gobierno nacional con las directrices en cabeza
del Ministerio de las Culturas, prevaleciendo sobre las establecidas en los planes
de ordenamiento territoriales.

5.2. Manifestó que el patrimonio cultural se encuentra bajo la protección del
Estado y que ha solicitado reiteradamente, al Departamento del Valle del Cauca y
al Ministerio de las Culturas, la actualización de los estudios y diseños para poder
determinar el grado de deterioro y los recursos necesarios para la mejora de la
infraestructura del bien inmueble.

5.3. Señaló que no ha intervenido el inmueble debido a que no puede restaurarse
con recursos del Municipio en tanto no cuenta con la autorización directa del
Ministerio de las Culturas.

9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 17 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 11_CONTESTACIONDEDEMANDA_202304000018061(.pdf) NroActua 17.

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5.4. Afirmó que ha obrado dentro de sus competencias y, en ese sentido, realizó
el convenio interinstitucional y ejecutó lo pertinente hasta donde sus recursos lo
permitieron. Por lo anterior, solicitó ser desvinculado como accionado en el presente
proceso.

5.5. Indicó que el actor no presentó poder para actuar en representación de la
comunidad ni demostró su condición de residente en el corregimiento El Overo.

5.6. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa” e
“impertinencia de la acción”.

6. El Departamento del Valle del Cauca11 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos12:

6.1. Manifestó que no había omitido dar respuesta a la petición del actor popular,
como se manifestó en la demanda, sino se encontraba a la espera de los resultados
del Convenio Interadministrativo núm. 0160-19-02-3132 de 2017 que iban a ser
remitidos por la Secretaría de Cultura del Departamento.

6.2. Solicitó ser desvinculado del proceso debido a que no se encuentra
legitimado en la causa por pasiva debido a que no se demostró amenaza o
vulneración a derechos e intereses colectivos por acción u omisión del ente
departamental.

6.3. Teniendo en cuenta que la legitimación material en la causa por pasiva exige
que la entidad esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que originan
la reclamación señaló que, como se mencionó en Oficio SADE núm. 2023372598
de 10 de noviembre de 2023, no ha tenido injerencia en restaurar o conservar la
Capilla por no contar con la competencia para disponer de recursos en ese sentido.

6.4. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” e
“innominada”.

7. La Parroquia San Bernabé Bugalagrande13 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos14:

11 Por intermedio de apoderado.
12 Cfr. índice 20 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 20.
13 Por intermedio de apoderado.
14 Cfr. índice 38 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 31_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 38.

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7.1. Manifestó que fue vinculada por solicitud del Ministerio de las Culturas
cuando afirmó que era la propietaria de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción;
sin embargo, destacó que el número de matrícula inmobiliaria estaba incorrecto, no
se trata de la matrícula núm. 384-43505 sino de aquella identificada con núm. 384-
43635. Además, advirtió que el inmueble fue registrado mediante escritura pública
núm. 95 de 31 de octubre de 1922 y fue donado a favor de la Capilla del Caserío
del Overo.

7.2. Indicó que no ejercía los actos de señor y dueño del inmueble debido a que,
por jurisdicción eclesiástica, desde el año 2002 el inmueble declarado patrimonio
cultural fue asignado a lo que hoy se denomina Parroquia San Francisco de Asís, la
cual ejerce todos los actos eclesiásticos y administrativos en la Capilla Nuestra
Señora de la Concepción. En ese sentido, solicitó la vinculación de la Parroquia
mencionada teniendo en cuenta que las capillas no cuentan con autonomía ni
personería jurídica propia, a diferencia de las parroquias.

7.3. Señaló que la Capilla está deteriorada por el transcurso del tiempo y
condiciones climáticas de la región; por lo tanto, debe ser intervenida por personal
idóneo para conservar el diseño colonial del siglo XIX. La capacidad económica del
propietario es limitada y, por ello, es viable la intervención de entidades territoriales
de orden municipal, departamental y nacional para obtener lo necesario en aras de
reparar y restaurar el inmueble declarado patrimonio.

7.4. Mencionó que el Ministerio de las Culturas autorizó la intervención a la Capilla
Nuestra Señora de la Concepción mediante Resolución núm. 2507 de 23 de julio de
2018.

7.5. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” e
“innominada”.

8. La Parroquia San Francisco de Asís15 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos16:

8.1. Manifestó que estaba de acuerdo con la aclaración del número de matrícula
inmobiliaria de la Capilla debido a que corresponde al núm. 384-43635 y fue
debidamente registrada mediante escritura pública núm. 95 de 31 de octubre de

15 Por intermedio de apoderado.
16 Cfr. índice 60 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 63_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 60.

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Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01

1922 en donde figura que el inmueble se otorgó en donación a la Capilla del Caserío
del Overo, hoy Parroquia San Francisco de Asís.

8.2. Indicó que las capillas no tienen autonomía ni personería jurídica y dependen
de una parroquia debido a que aquellas sí tienen representación legal, en ese
sentido, a pesar de que en la matrícula inmobiliaria núm. 384-43635 se señale que
el inmueble es propiedad de la Capilla del Caserío del Overo, por carecer de
personería jurídica, pertenece a la Parroquia San Francisco de Asís.

8.3. Señaló que ha realizado reparaciones locativas de urgencia para resolver las
goteras que deterioraban el techo, adaptando unas tejas similares al encañado que
venía originalmente en la cubierta sin que alterara la estructura. Aun hace falta
realizar acciones posteriores entre las cuales se encuentra reparar los pañetes del
cielo raso que se habían alterado por las goteras; sin embargo, el presupuesto de
la Parroquia no puede solventar dichos arreglos.

8.4. Mencionó que no hay presencia de las entidades de orden nacional,
departamental y municipal en cuanto a su deber de financiación para el
mantenimiento de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción previsto en el Decreto
2358 de 26 de diciembre de 201917. Lo anterior, a pesar de que el Ministerio de las
Culturas autorizó la intervención al inmueble de acuerdo con el estado actual de la
Capilla concluido por lo realizado en el Convenio Interadministrativo núm. 016-19-
02-3132.

8.5. Señaló que si bien tiene una responsabilidad de mantenimiento del inmueble,
como propietario ha adelantado gestiones relativas a disponer dentro de sus
posibilidades parte del presupuesto para tal conservación, el cual no es suficiente
para asumir los gastos que requiere la totalidad de arreglos de la Capilla.

Audiencia de pacto de cumplimiento

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró la audiencia de Pacto
de Cumplimiento el día 25 de abril de 202418 sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.

17 “[…] Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial […]”.
18 Cfr. índice 79 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 80ACTADEAUDIENC_2120230072100ACTAAUD(.pdf) NroActua 79.

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8

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Sentencia proferida, en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 9 de
septiembre de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural
de la Nación por el estado de deterioro de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción
ubicada en el corregimiento de El Overo del municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca, declarada como bien de interés cultural de la Nación.

SEGUNDO: DECLARAR que los accionados Ministerio de Cultura, l[a]s Artes y los
Saberes, el [D]epartamento del Valle del Cauca y el [M]unicipio de Bugalagrande
vulneraron este derecho colectivo.

TERCERO: ORDENAR al Ministerio de [C]ultura, l[a]s Artes y los Saberes, al
[D]epartamento del Valle del Cauca, al [M]unicipio de Bugalagrande y al propietario
y/o tenedor del bien, en el término de seis meses adelantar las gestiones a que haya
lugar para conseguir el apoyo financiero requerido para el mantenimiento y
reforzamiento estructural de la Capilla.

Las entidades públicas aportarán el 90% de los recursos: el 60% a cargo del
[M]inisterio de Cultura, l[a]s Artes y los Saberes, el 20% al [D]epartamento del Valle y
el 10% el [M]unicipio de Bugalagrande. Por su parte el propietario y/o tenedor del bien
aportará el 10%.

Obtenidos los recursos, en los doce (12) meses siguientes deberán culminar los
trabajos para recuperar el bien.

CUARTO: CONFORMAR un comité integrado por el alcalde del [M]unicipio de
Bugalagrande quien lo presidirá. Igualmente, por este despacho del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el accionante, el personero del [M]unicipio de
Bugalagrande, el representante de la Parroquia San Francisco de Asís, la
gobernadora del Valle, el Ministro de Cultura, l[a]s Artes y los Saberes y la señora
Procuradora Judicial II delegada ante este despacho. El comité de verificación deberá
rendir trimestralmente informe al Tribunal, detallando sobre el avance en la ejecución
de las órdenes dadas en esta sentencia.

QUINTO: Para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase al
Defensor del Pueblo copia de la presente decisión.

SEXTO: Si no fuera impugnada esta providencia en los términos del artículo 37 de la
Ley 472 de 1998, ARCHÍVENSE las diligencias previa anotación en el aplicativo
Samai […]”19.

Consideraciones del Tribunal

11. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:

“[…] ¿Se acreditó la vulneración de los derechos colectivos con ocasión del deterioro
de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción ubicada el corregimiento del Overo
municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca declarada como bien de interés cultural
de la Nación? […]”20.

19 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_SentenciaPrimeraInst(.pdf)

NroActua 2.
20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_SentenciaPrimeraInst(.pdf)

NroActua 2. Página 5.

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12. Encontró probado que la Capilla Nuestra Señora de la Concepción ubicada
en el corregimiento de El Overo en el municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca,
declarada como bien de interés cultural de la Nación, se encuentra en estado de
deterioro desde el año 2017 y las entidades accionadas han omitido acciones
efectivas para su restauración.

13. El Tribunal advirtió que la Capilla corresponde a uno de los sitios turísticos
de interés en el Municipio y uno de los principales atractivos del Departamento del
Valle del Cauca. Resaltó que contaba con características de índole colonial como
contar con una sola nave, así como tener el techo artesonado -reforzado por
tirantes-, un atrio interior cubierto para la predicación y con cubierta a dos aguas.

14. Indicó que la Capilla fue asignada, desde el 2002, a la Parroquia San
Francisco de Asís y fue declarada como bien de interés cultural de carácter nacional
mediante Resolución núm. 0789 de 31 de julio de 1998, expedida por el Ministerio
de Cultura, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

15. Agregó que con el tiempo y el clima la edificación se ha ido deteriorando y,
en consecuencia, el 24 de agosto de 2017 se celebró un convenio
interadministrativo entre el Departamento, el Municipio y la Universidad del Valle
con el propósito de realizar los estudios de diagnóstico del estado actual y la
propuesta para el mantenimiento de la estructura.

16. Advirtió que el Ministerio de las Culturas autorizó la intervención de la Capilla
siguiendo los lineamientos de los estudios realizados; sin embargo, se probó que
no se adelantaron las obras requeridas y, si bien, se pusieron tejas nuevas, es
necesario reparar los pañetes de cielo raso afectado por las goteras para evitar un
colapso en la infraestructura.

17. Adujo que la última intervención al bien inmueble data de 2004 y que las
autoridades se limitaron a señalar responsabilidad entre ellas y al propietario,
desconociendo el artículo 2.3.1.4 del Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201921
que prevé el principio de coordinación en materia del patrimonio cultural.

18. Señaló que al Ministerio de las Culturas le corresponde dar directrices a las
entidades territoriales y al propietario sobre la restauración y conservación de la
capilla. Asimismo, celebrar convenios con la iglesia para el cumplimiento del

21 “[…] Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial […]”.

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Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01

Régimen Especial de Protección del bien declarado como de interés cultural y
destinar los recursos que las leyes establezcan sobre la materia.

19. Consideró que las entidades territoriales deben establecer medidas para la
protección, salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio cultural en su territorio
articulando los planes de desarrollo e instrumentos de ordenamiento territorial con
el patrimonio cultural. Igualmente, tienen la responsabilidad de asignar recursos que
las leyes y los presupuestos determinen.

20. En ese orden de ideas, el Tribunal consideró que se deberán gestionar los
trámites para la obtención de apoyo financiero y, para no malgastar recursos en
diagnósticos, culminar los trabajos que se hayan establecido en los estudios
iniciales con el propósito de preservar el inmueble.

Recursos de apelación

21. La Nación – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes22 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que
solicitó la revocatoria de los ordinales primero, segundo y tercero de la parte
resolutiva con fundamento en los siguientes argumentos:

21.1. Mencionó que no ha incurrido en vulneración de derechos e intereses
colectivos y que la declaratoria de Bien de Interés Cultural de la Nación es resultado
de una actuación administrativa que no extingue o modifica el derecho de dominio,
usufructo, posesión o tenencia de los particulares sobre los inmuebles declarados
bajo dicha categoría.

21.2. Señaló que el artículo 2350 del Código Civil establece que el dueño de un
edificio es responsable de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber
omitido las reparaciones necesarias o por haber faltado al debido cuidado y por ley
está previsto que el propietario del inmueble declarado BICN (Bien de Interés
Cultural de ámbito nacional) tiene a su cargo la manutención, conservación y
restauración de la edificación; en ese sentido, el Ministerio no tiene dicha
responsabilidad.

21.3. Agregó que no había endilgado la responsabilidad al Municipio ni al
Departamento, sino que señaló como responsable a la Parroquia San Francisco de

22 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 4ED_RecursodeApelacionMe(.pdf)

NroActua 2.

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Asís como propietaria de la Capilla. Advirtió que el artículo 112 del Código de
Seguridad y Convivencia Ciudadana23 prevé lo siguiente:

“[…] [l]as personas naturales o jurídicas pueden poseer bienes de interés cultural
[…] siempre y cuando cumplan con las siguientes obligaciones adicionales:

[…]

2. Mantener en buen estado y en un lugar donde no tengan riesgo de deterioro,
ruptura o destrucción, los bienes de interés cultural o el patrimonio arqueológico que
estén bajo su tenencia, cumpliendo las disposiciones que regulan la materia.

[…]

Parágrafo 2º. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser
propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido o que estén bajo su
legítima posesión, sin perjuicio de la obligación de mantenerlos y protegerlos como
corresponde bajo la asesoría de expertos en conservación o restauración y los
debidos permisos de las autoridades. Igualmente deben proteger la naturaleza y
finalidad religiosa de los bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni
impedidas por su valor cultural.

El Ministerio de Cultura podrá supervisar y verificar su correcto uso y preservación,
y en caso de que un bien que sea patrimonio cultural no esté siendo bien utilizado o
preservado, podrá solicitar la aplicación inmediata de medidas para su correcto uso
o preservación, sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas pertinentes
señaladas en este Código […]”.

21.4. Indicó que legalmente no le corresponde asumir ni el 60% ni ningún
porcentaje de las obras necesarias, como se ordenó en la sentencia proferida, en
primera instancia; es la Parroquia San Francisco de Asís quien debe establecer los
mecanismos para recuperar y sostener el bien inmueble, por lo cual deberá
responder por el 10% que le habían ordenado más el 60% de lo que le habían
endilgado al Ministerio, es decir, un total de 70% en aportes.

21.5. Agregó que el Ministerio le indicó a la propietaria del inmueble, mediante
Oficio núm. 415 de 15 de agosto de 2023, que tenía a su disposición mecanismos
legales que le permitirían gestionar recursos para intervención, los cuales no ha
puesto en ejecución, como: i) el Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía
Móvil; ii) estímulos al patrimonio cultural; o iii) incentivos tributarios.

21.6. Adujo que la Parroquia, propietaria de la Capilla, ha permitido el deterioro
de la edificación y no ha acudido a las entidades territoriales de orden municipal ni
departamental en busca de financiación, ni tampoco ha buscado donación de
terceros ni de los propios feligreses que acuden al templo.

23 Ley 1801 de 29 de julio de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia

Ciudadana”.

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21.7. Explicó que en ejercicio de sus competencias concedió la autorización para
la intervención de la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, como se
evidencia en la Resolución núm. 2507 de 23 de julio de 2018. Manifestó que tiene
la facultad de celebrar convenios con las iglesias propietarias de bienes de interés
cultural para destinar recursos presupuestales orientados a acciones relativas al
patrimonio cultural sin que ello lo obligue a asumir costos por mantenimiento,
recuperación o sostenimiento de inmuebles declarados patrimonio cultural.

21.8. Solicitó que se module el porcentaje de recursos que debe asumir el
Ministerio y se modifique el tiempo otorgado para conseguir dichos recursos.
Asimismo, que se desvincule a la entidad y se abstenga de condenar en costas.

22. El Departamento del Valle del Cauca24 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:

22.1. Señaló que la legitimación material en la causa por pasiva responde a que
la entidad accionada esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que
dan origen a la reclamación y, en ese sentido, destacó que las intervenciones en los
bienes de interés cultural del ámbito nacional son competencia de entidades de
orden nacional, bajo dirección del Ministerio de las Culturas.

22.2. Solicitó la declaración de la falta de legitimación por pasiva e indicó que, en
materia de gestión del riesgo de desastres, la actividad de los departamentos se
ciñe a los principios de coordinación y subsidiariedad de la acción municipal. Más
adelante mencionó su contribución al intervenir la Capilla en el año 2004, a través
de la Secretaría de Cultura y Turismo, y en el año 2017 al celebrar un convenio
interadministrativo para el estudio y diagnóstico del estado actual del bien.

22.3. Advirtió que, el 10 de noviembre de 2023, informó a la Secretaría de Gestión
del Riesgo de Desastres que no contaba con registros recientes de visitas técnicas
realizadas a la Capilla y que no es competente para destinar presupuesto a la
realización de obras de restauración ni responsable por compromisos adquiridos
para la conservación del BIC debido a que es competencia de las instituciones
públicas miembros del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de Nación.

22.4. Adicionó que hay ausencia de acción por parte del Municipio de
Bugalagrande y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, destacando

24 Cfr. índice 114 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 120_MemorialWeb_Recurso-

APELACIONDESENTENC(.pdf) NroActua 114.

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que el Municipio no ha presentado una solicitud formal de apoyo para recursos
económicos.

Actuaciones en segunda instancia

23. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió auto de 26 de septiembre de 202425 mediante el cual se concedieron, en
efecto suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento del Valle del Cauca contra
la sentencia proferida, en primera instancia.

24. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 11 de
octubre de 202426 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, profirió auto de 25 de
noviembre de 2024 confirmando el auto previamente mencionado.

25. El Despacho sustanciador profirió auto de 6 de diciembre de 202427 mediante
el cual admitió los recursos de apelación presentados por la Nación - Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento del Valle del Cauca.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho a la
defensa del patrimonio cultural de la Nación; v) el marco normativo y jurisprudencial
de los bienes de interés cultural; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y vii) el análisis del
caso concreto.

25 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
5ED_AutoConcedeAp_AS266R(.pdf) NroActua 2.
26 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
9Autoqueadecua_APa202372101LuisJose(.pdf) NroActua 4.
27 Cfr. índice 18 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
22Autoqueadmite_APa202372101LuisJose(.pdf) NroActua 18.

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Competencia de la Sala

27. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201928, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15029 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.

28. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

29. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes y el Departamento del Valle del Cauca en los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32030
y 32831 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232, norma aplicable al presente caso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Problemas jurídicos

30. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:

30.1. Si la Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el
Departamento del Valle del Cauca son o no responsables de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos ocurrida por el deterioro de la Capilla de Nuestra
Señora de la Concepción ubicada en el Municipio de Bugalagrande; y,

28 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
29 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se

reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
30 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
31 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
32 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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consecuencialmente, si estas entidades son o no competentes para cumplir las
órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, orientadas a la
superación de la problemática.

30.2. Si es procedente o no condenar en costas a las entidades accionadas y si el
plazo otorgado en las órdenes impartidas en primera instancia es o no suficiente.

31. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

32. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

33. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

34. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

35. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

36. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo

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“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”33.

37. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

38. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho a la defensa del patrimonio
cultural de la Nación

39. Con el propósito de defender el patrimonio cultural, la Constitución Política
dedica un amplio espacio a la protección de la cultura como pilar fundamental del
Estado, que requiere especial protección, fomento y divulgación por parte de las
autoridades públicas e incluso por los particulares.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).

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40. Así, la cultura está amparada por lo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional34 ha denominado la “Constitución Cultural”; esto es, el conjunto de
disposiciones contenidas en la Carta Política que protegen la cultura, su diversidad
y el patrimonio cultural como valores esenciales de la Nación.

41. El fundamento constitucional relacionado con la cultura se evidencia en: i) el
artículo 2.º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos
en la vida cultural de la Nación; ii) los artículos 7.º y 8.º, que le imponen al Estado
el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; iii) el artículo
44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; iv) el artículo
67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores
culturales de la Nación; v) el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar
el acceso a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; vi) el artículo 71 que también
le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las
manifestaciones culturales; vii) el numeral 8 del artículo 95 que señala como uno de
los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y
naturales; y viii) los artículos 311 y 313, numeral 9, que encomiendan de manera
especial a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

42. Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la defensa del
patrimonio cultural, el artículo 72 ibidem prevé que el Estado debe protegerlo y
resalta que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.

43. En desarrollo de los mandatos constitucionales referidos, el legislador expidió
la Ley 39735, disposición que con las modificaciones introducidas por la Ley 118536,
definió los objetivos de la política estatal en materia de protección al patrimonio
cultural y arqueológico de la Nación.

44. En el artículo 1.º la Ley 397 de 7 de agosto de 199737 definió la cultura como
“[…] el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y comprende, más allá de las

34 Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
35 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política

y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura
y se trasladan algunas dependencias”.
36 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras

disposiciones”.
37 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política

y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura
y se trasladan algunas dependencias”.

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artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias […]”.

45. En concordancia, el artículo 4.° ejusdem estableció la forma como se integra
el patrimonio cultural de la Nación, definiendo que se encuentra constituido por “[…]
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico […]”.

46. Asimismo, la disposición en cita precisó los objetivos principales de la política
estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, indicando que éstos se
concentran en la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación de este, con el propósito de que sirva de testimonio de
la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

47. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 4.º ejusdem dispuso
que se aplica a los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados
bienes de interés cultural, en el caso de bienes materiales, y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente
para todo el territorio nacional el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

48. Corolario de lo anterior, la preceptiva señaló que se consideran como bienes
de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de
los territorios indígenas o de las comunidades negras y, en consecuencia, quedan
sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, las áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,
conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la
promulgación de la ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.
Asimismo, consideró como bienes de interés cultural del ámbito nacional los bienes
del patrimonio arqueológico.

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49. En relación con la propiedad del patrimonio cultural de la Nación, señaló el
mismo artículo 4.° que los bienes que lo conforman y los bienes de interés cultural,
pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier
orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado, haciendo la salvedad
que los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y
se rigen por las normas especiales sobre la materia.

50. Ahora bien, el procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural
y su manejo, el artículo 8. ° de la norma bajo estudio establece lo siguiente:

“[…] ARTICULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE BIENES DE
INTERÉS CULTURAL.

Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de
interés cultural del ámbito nacional.

Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales
por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su
competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en
todo el territorio nacional;

b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización,
autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los
bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a
través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto
favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del
Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.

Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los
declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales,
de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70
de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien
revista para la comunidad en una división territorial determinada.

Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993,
pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el
Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en
coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio
Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio
de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los
territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de
1993.

Procedimiento

La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento,
tanto en el orden nacional como territorial:

El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de
Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.

Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad competente para la

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declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección.

Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional,
o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el
caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y
Protección si el bien lo requiriere.

Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la
autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de
Manejo y Protección si este se requiriere.

PARÁGRAFO 1o. En caso de que la declaratoria de que trata este artículo surgiere
de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo procedimiento, en cuyo caso el
particular solicitante presentará el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si
este se requiriese, y este será sometido a revisión del respectivo Consejo de
Patrimonio Cultural.

PARÁGRAFO 2o. Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria de bienes de
interés cultural corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido, previo concepto
favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos
bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la
revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural
efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá al Ministerio
de Cultura […]” (Destacado fuera de texto).

51. Como se observa, la norma previó que el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y previo concepto favorable del
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, es el responsable de la declaratoria y del
manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.

52. Conforme con ello, la norma dispuso que son bienes de interés cultural del
ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el
Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, debido al interés especial
que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional.

53. En relación con las entidades territoriales, con base en los principios de
descentralización, autonomía y participación, la norma estableció que les
corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades
negras, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo
concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.
Ello, sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados
bienes de interés cultural del ámbito Nacional por el Ministerio, en coordinación con
el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los
valores del bien de que se trate.

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54. En concordancia, el referido artículo 8. ° dispuso que para la declaratoria y el
manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios
indígenas, previendo a su vez que los planes de desarrollo de las entidades
territoriales deben tener en cuenta los recursos para la conservación y la
recuperación del patrimonio cultural.

55. Finalmente, el artículo 11 del ordenamiento legal en referencia, fijó el
Régimen Especial de Protección al que están sometidos los bienes de interés
cultural.

56. Asimismo, el Decreto 763 de 10 de marzo de 200938 reguló el patrimonio
cultural de la Nación de naturaleza material en especial en los siguientes aspectos:
i) definió las competencias del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, ii) señaló
los criterios de valoración que orientan y contribuyen a la atribución y definición de
la significación cultural de un bien mueble o inmueble, iii) estableció los planes
especiales de manejo y protección para bienes muebles, iv) creó reglas especiales
para la protección del patrimonio arqueológico, el patrimonio sobre imágenes en
movimiento y el patrimonio archivístico y, v) estableció estímulos especiales para la
conservación y el mantenimiento de bienes de interés cultural.

57. De igual forma, en relación con el tema, el Decreto Reglamentario Único del
Sector Cultura39, estableció los siguientes criterios de valoración para definir la
significación cultural de un bien mueble o inmueble, sin perjuicio de otros que pueda
señalar el Ministerio de Cultura: i) antigüedad, ii) autoría, iii) autenticidad, iv)
constitución del bien, v) forma, vi) estado de conservación, vii) contexto ambiental,
viii) contexto urbano, ix) contexto físico y, x) representatividad y contextualización
sociocultural; y señaló que dichos criterios permiten atribuir a los bienes valores
históricos, estéticos o simbólicos.

58. El artículo 2.4.1.3. de la disposición en cita señaló que el procedimiento para
declarar un bien como de interés cultural es el establecido en el artículo 8.º de la
Ley 397 mencionado supra.

38 "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la

Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material".
39 Artículo 2.5.1.2. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto

Reglamentario único del Sector Cultura”. De acuerdo con el Decreto, el Patrimonio cultural Inmaterial se integra
en la forma dispuesta en los artículos 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de
2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997 y adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de 2008. Lo anterior, en
consonancia, con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio
cultural Inmaterial aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por Colombia mediante la Ley 1037
de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 2008.

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59. Del análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales
mencionadas supra, se colige que el patrimonio cultural de la Nación se encuentra
bajo la protección del Estado (art. 72 de la Constitución Política) y el mismo está
constituido por todos los bienes de naturaleza pública o privada a que hace
referencia expresa el artículo 4.° de la Ley 397, entre los que se cuentan los bienes
materiales muebles e inmuebles a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o
antropológico.

60. Finalmente, cabe precisar que por expresa disposición constitucional los
bienes inmuebles declarados como de interés cultural tienen la condición de “[…]
inalienables, inembargables e imprescriptibles […]”40; asimismo, en caso de que
tales bienes se encuentren en manos de particulares, también se encuentran
sometidos al régimen especial previsto en la Ley 397 y en el Decreto 1080 del 26
de mayo de 201541.

Marco normativo y jurisprudencial de los Bienes de Interés Cultural inmuebles

61. Vistos: i) los artículos 2.4.1.10, 2.4.1.4.3. y 2.4.1.4.4. del Decreto núm. 1080
de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201942, sobre la
definición de Bienes de Interés Cultural (BIC), principios generales de las
intervenciones y tipo de obras; ii) el artículo 4 de la Ley 163, sobre la declaración de
sectores antiguos como monumento nacional; iii) el artículo 8 de la Ley 397, sobre
incorporación del PEMP; iv) artículo 212 del Decreto 019 de 2012, sobre Régimen
Especial de los Bienes de Interés Cultural; y v) artículo 10 de la Ley 1185, sobre
faltas contra el patrimonio cultural.

62. Como parte del patrimonio cultural de la Nación se encuentran los Bienes de
Interés Cultural, definidos en el artículo 2.4.1.10 del Decreto 1080 de 2015, en los
siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 2.4.1.10. Definición de Bien de Interés Cultural. Son bienes de
interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y criterios representan la identidad
nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; estos
pueden ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales […]”.

40 Art. 72 de la Constitución Política.
41 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Cultura”.
42 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura,

en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial”.

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63. La ley 397 establece, en su artículo 7, modificado por el artículo 4 de la Ley
1185, lo siguiente:

"[…] ARTICULO 7o. CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. A
partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo de Monumentos Nacionales se
denominará Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y será el órgano
encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección
y manejo del patrimonio cultural de la Nación […]”.

64. En ese sentido, el artículo 8 de la misma ley establece el procedimiento para
la declaratoria de un bien como de interés cultural, dentro de lo cual se define si
dicho bien necesita un Plan Especial de Manejo y Protección por parte del Consejo
Nacional o Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según sea el
caso. Y sobre el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural,
establece que, cuando se requiera, al realizar la declaración se incorporará el Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) del bien al Plan de Ordenamiento
Territorial, el cual consiste en un instrumento de gestión del patrimonio cultural por
medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección
y sostenibilidad en el tiempo.

65. Para propender por la conservación de los inmuebles se estableció la
regulación de las intervenciones permitidas, las cuales deben responder al artículo
21243 del Decreto Ley 019 de 10 de enero de 201244:

“[…] ARTÍCULO 212. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL. El numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el
artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, quedará así:

‘2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al
bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título
enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción,
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse
de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido.

La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá
contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la
Nación, según el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete
al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de
Manejo Arqueológico.

Asimismo, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá
contar con la autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha
declaratoria.

La intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en
la materia. La autorización de intervención que debe expedir la autoridad
competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna

43 El cual modificó el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, a su vez modificado por el artículo 7 de

la Ley 1185 de 2008.
44 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública”.

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otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir a otras
autoridades públicas en materia urbanística.

Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o
que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá
comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva
declaratoria. De acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener
en el bien inmueble de interés cultural, la autoridad correspondiente aprobará su
realización o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial
de Manejo y Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble.

El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial,
por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de
acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá
garantizar el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si éste hubiere
sido aprobado’ […]” (Destacado fuera de texto).

66. Para toda intervención se requiere aplicación de los principios generales
previstos en el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 1080 de 2015:

“[…] ARTÍCULO 2.4.1.4.3. Principios generales de intervención. Toda
intervención de un BIC deberá observar los siguientes principios:

1. Conservar los valores culturales del bien.

2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias
para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de
las fuentes de deterioro.

3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para
garantizar la conservación y estabilidad del bien.

4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.

5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin
que medie una valoración crítica de los mismos.

6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la
estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los
originales.

7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas.

8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles […]”

67. De acuerdo con ello, el artículo 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015
estableció una relación de “[…] [l]as diferentes obras que se pueden efectuar en las
áreas afectadas de los BIC, sus colindantes, espacios públicos y sus zonas de
influencia, de acuerdo con el nivel de Intervención permitido cuando cuentan con
este o con el proyecto de intervención presentado ante la autoridad que hubiere
efectuado la declaratoria como BIC, y que deben contar con la previa autorización
de intervención […]”.

68. En los tipos de obras permitidas, según los respectivos niveles de
intervención, se encuentran: i) primeros auxilios, correspondientes a obras urgentes

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cuando el mismo esté en peligro de ruina o riesgo inminente; ii) reparaciones
locativas, consistente en obras puntuales con el propósito de mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original; iii)
reforzamiento estructural, radica en mejorar el comportamiento estructural con el
objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente; iv)
adecuación, orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original; v) restauración,
consiste en recuperar y adaptar un inmueble con el fin de conservar sus valores
estéticos, históricos y simbólicos; vi) obra nueva, se trata de edificar en terrenos no
construidos; vii) ampliación, son obras para incrementar el área construida; viii)
demolición, obra que consiste en derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones; ix) modificación, obras tendientes a cambiar el diseño arquitectónico
o estructural de una edificación; x) reconstrucción, va dirigida a rehacer total o
parcialmente la estructura espacial y formal de un inmueble; y xi) cerramiento se
trata de cerrar un predio que no sea de espacio público.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos
legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes

69. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”45.

70. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201146, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad47; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio48; y iv) atención de los procesos de

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de

2008, Radicado núm. 250002324000200500901-01 (AP). C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de abril de 2011.

Radicación número: 630012331000200400688-01(AP). C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno.
47 Inciso segundo, Art. 58 de la Constitución Política.
48 Numeral 1, Art. 95 de la Constitución Política.

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cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible49.

71. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos50. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros51.

72. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

Análisis del caso concreto

73. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

74. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó el derecho e interés
colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, luego de considerar que
se probó su vulneración con el deterioro de la Capilla Nuestra Señora de la
Concepción ubicada en el corregimiento de El Overo del Municipio de
Bugalagrande. En ese sentido, ordenó a las entidades accionadas adelantar las
gestiones a que haya lugar para conseguir el apoyo financiero requerido para el
mantenimiento y reforzamiento estructural de la Capilla asignando un plazo
posterior de 12 meses para culminar las obras de recuperación del bien.

49 Art. 3 de la Ley 388 de 1997.
50 Art. 5 de la Ley 388 de 1997.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de

2007, Rad. número: 630012331000200400243-01(AP), C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

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75. Contra esta decisión, por un lado, la Nación - Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y el Departamento del Valle del Cauca interpusieron recursos
de apelación que fundamentaron en que la vulneración a los derechos e intereses
colectivos no ha sucedido por acción u omisión a su cargo y que, en ese sentido, no
son competentes para asumir las labores ordenadas.

76. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, son las siguientes52:

76.1. Copia del certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria núm.
384-4350553, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tuluá, en el cual se establece que el propietario de “[…] fundo de tierra: ubicado
sobre el terreno indiviso del Overo, en el sitio de la Medialuna, de este Municipio,
cuyos linderos y cabida se encuentran consignados en la Escritura n.138 de fecha
01-10 de 1924 de la Notaría de B/grande […]”, de acuerdo a la última anotación
núm. 002 de 16 de julio de 1992, por causa de una demanda pasó de ser la
Parroquia de San Bernabé de Bugalagrande a María Melba Gordillo Alvares y Luis
Marino Tascón Gil.

76.2. Copia del certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria núm.
384-4363554, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tuluá, en el cual se establece que el propietario de “[…] un lote de terreno, ubicado
en el indiviso de El Overo; jurisdicci[ó]n del Municipio de Bugalagrande. Cuyos
linderos y cabida se encuentran consignados en la escritura 95 de 31-10-22 Notaria
Bugalagrande […]” es la Capilla del Caserío del Overo debido a que la última
anotación núm. 004 de 4 de septiembre de 2014 indica que, por indicación del
Juzgado 2 Civil de Circuito de Tuluá, se debe cancelar la anotación núm. 003 que
establecía que por demanda en proceso de pertenencia el dominio del bien pasaba
de la Parroquia de San Bernabé a: i) Ismaelina González viuda de Caicedo; ii)
herederos determinados e indeterminados de los señores Cipriano Antonio Caicedo
y Elías Pérez y demás personas indeterminadas o desconocidas; y iii) Barbara
Tascón viuda de Pérez.

52 Cfr. índices 3, 17, 19, 20, 32, 38, 43, 63, 64 y 81 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación:
760012333000202300721-00.
53 Cfr. índice 40 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 38_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 40.
54 Cfr. índice 39 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 32_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 39.

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76.3. Copia de la Resolución 015 de 15 de noviembre de 198855, expedida por el
Consejo de Monumentos Nacionales, “[…] por la cual se inscriben como parte del
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación la [C]apilla de Nuestra Señora de la
Concepción de El Overo, Bugalagrande, Valle del Cauca […]”. En la parte resolutiva
se agregó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Delimitar como área de influencia de la capilla el
terreno que actualmente le pertenece, según escritura No. 95 del 31 de octubre de
1922 […].

ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia[,] todo trabajo de construcción,
remodelación, obras de protección, defensa, conservación y obras nuevas que
deban efectuarse tanto en la capilla como en su área de influencia, deberán ceñirse
estrictamente a las normas contenidas en la Ley 163 de 1959, su Decreto
Reglamentario 264 de 1953 y demás disposiciones concordantes y
complementarias que protegen el Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación
Colombiana […]”.

76.4. Copia del informe de la Capilla de El Overo en el Municipio de
Bugalagrande56, expedido en diciembre de 1988, por un arquitecto de la División de
Inventario de Patrimonio Cultural, en el cual se relató el levantamiento
arquitectónico, el estado de conservación y la documentación fotográfica de la visita
realizada a principios del mes de noviembre de ese año.

76.4.1. En el mencionado documento se señaló lo siguiente:

“[…] Esta información obtenida servirá de base para el proyecto de restauración de
la misma y junto con el estudio elaborado por los arquitectos María Elena Betancourt
G. y Harold Martínez E. promover su inscripción como Patrimonio Histórico y
Artístico de la Nación ante el Consejo de Monumentos Nacionales, aprobada por
éste mediante la Resolución No. 0015 del 15 de noviembre de 1988.

Este informe se limita a consignar lo observado en el Monumento desde el punto de
vista físico (exploraciones, conservación y levantamiento), debido a que la parte
histórico-estética está contenida en el documento mencionado, el cual también se
acerca un poco a la patología del edificio; sin embargo, se considera que los datos
obtenidos en esta visita, amplían y complementan los resultados expuestos en dicho
estudio y en ambos aspectos hace las referencias del caso.

[…]

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las observaciones que aquí se consignan son el resultado de un acercamiento
visual a sus distintos componentes, especialmente sus cimientos, siendo estos los
únicos que fueron sometidos a un examen más profundo debido a las exploraciones
que se pudieron adelantar en ellos

[…]

55 Cfr. índice 39 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 32_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 39.
56 Cfr. índice 40 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 38_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 40.

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1. Muro oriental (banda de la epístola)

Se hizo la exploración en la zona de empuje del arco toral, debido a que el mismo
arco tiene un desplome severo (11 cms., a 1.50 Mts. de altura desde el piso por el
interior) que ha repercutido en el muro y le ha producido una panza o abombamiento
muy acusado sobre la fachada.

[…]

MUROS:

[…]

Los muros se encuentran, en general, en buen estado con excepción de la zona del
presbiterio debido al desligamiento que sufrió el testero con las bandas en época
pasada, lo cual produjo una grieta muy severa en la esquina nororiental de esta
zona, hoy manifiesta en pequeñas fisuras longitudinales externas por cuanto
se resanó y rellenó en años anteriores.

Sin embargo, por el interior aún permanece a la vista la separación que se di[o]
entre los muros, aunque en forma leve como grietas delgadas que recorren de
arriba abajo las esquinas del testero y la unión por la cara externa del muro oriental
del presbiterio.

El arco toral presenta un desplome importante en su apoyo derecho, que ha
empujado en la misma proporción la banda que lo contacta exteriormente y le
produce un abombamiento que concuerda en desplome con el del pie del arco.

Este desplome del pie del arco toral hizo que el mismo arco de medio punto
se abriera por su clave (se notan reparaciones en esa área) y hoy presenta
varias fisuras en el intradós de ese tramo, las cuales se prolongan hacia arriba y
son más notorias por la cara del presbiterio, aunque también con huellas de
intervenciones correctivas pasadas.

La medición de alturas efectuada en las impostas a un nivel de referencia (nivel
+100) permitió establecer que la del apoyo desplomado (derecha) está más alta que
la otra en unos 5 cms., lo cual es muy extraño dado el desplome que ha sufrido. No
se pudo constatar la cimentación propia del arco ni su posible traba con la del muro
unión de los dos.

[…]

El muro oriental de la sacristía acusa cierto deterioro aparente con fisuramientos y
cuarteaduras que posiblemente tengan relación con resanes muy precarios de
pañetes antes […] con lesiones estructurales importantes, pues no se notan por el
interior.

[…]

CUBIERTAS:

[…]

El estado de conservación de estas estructuras es relativamente sano en apariencia,
ya que fue imposible verificarlo puntualmente en sus distintos componentes. Sin
embargo, se notan muchas manchas de humedad, algunos desprendimientos de
pañete entre los pares o cuhillos (sic), pintados con un color café oscuro, mucha
suciedad y proliferación de manchas pequeñas especialmente sobre el pañete y que
bien podrían ser flora microscópica parasita, todo lo cual hace pensar en daños
localizados más o menos severos debido al escaso mantenimiento que se la hace a
la capilla.

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[…]

LA ESTRUCTURA MURARIA:

Ofrece ciertos riesgos que hay necesidad de verificar y controlar adecuadamente:
uno de ellos tiene que ver con el desplome del apoyo derecho del arco toral y
el otro con las grietas existentes en la unión de las bandas con el testero de la
cabecera de la capilla. La verificación de estas fallas debe centrarse en la
obtención de nuevos datos sobre su grado de afectación y posibles causas,
mediante exploraciones puntuales y corridas en cimientos y muros, en estas zonas,
lo cual revelará seguramente posibles estratos de pisos, nuevos niveles,
conformación material del arco, reparaciones efectuadas y sus materiales, sistema
de trabas entre muros, gravedad de las lesiones, etc.

[…]

En cuanto a los cimientos las tres exploraciones realizadas revelan un descenso
disparejo de ellos en sentido sur-norte (pies-cabecera), ya que entre el arco toral y
el testero del presbiterio, […]es decir 5.50 Mts. de longitud de cimientos, existen más
de 30 cms. de diferencia (más profundo el del testero norte) y entre el cimiento de
la banda oriental y el de la banda occidental, próximos al arco toral, hay una
diferencia de unos 20 a 25 cms. (es más profundo el de la banda occidental, cuando
debieran tener igual profundidad en esa zona si el descenso fuera uniforme). La
razón de estas diferencias no es clara, dadas las características del terreno en el
que se asienta la construcción que asciende ligeramente de sur a norte y la
permanencia de las 2 hiladas de piedra que conforman el cimiento, reveladas en las
exploraciones.

[…]

La humedad por capilaridad parece ser un problema menor para los muros y
el ambiente de la capilla; sin embargo, es preciso anticiparla y controlarla
mediante acciones que se determinarán una vez explorados todos los cimientos y
constatadas las características del terreno en que ellos se asientan.

[…]

2. Proyecto de Intervención:

Con los datos obtenidos en la fase de exploraciones y las consideraciones de orden
estructural del ingeniero, se adelantará el proyecto de intervención que se definirá
básicamente en los siguientes puntos:

[…]

La interventoría administrativa la designará la entidad promotora y financiadora y la
técnica la asumirá COLCULTURA, por medio de un arquitecto designado por la
Subdirección de Patrimonio Cultural […]” (Destacado fuera de texto).

76.5. Copia de la Resolución 0789 de 31 de julio de 199857, expedida por el
Ministerio de Cultura, “[…] por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional algunos inmuebles localizados en Popayán – Cauca, Ráquira –
Inspección La Candelaria y Santa Sofía – Boyacá, Bugalagrande – Corregimiento
de El Overo, Cartago – Valle del Cauca y Pasto - Nariño […]”. En la parte
considerativa se agregó lo siguiente:

57 Cfr. índice 39 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 32_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 39. Páginas 4-7.

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Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01

“[…] Que la CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCI[Ó]N, localizada en el
corregimiento de El Overo, municipio de Bugalagrande-Valle del Cauca, en área
rural a un costado de la carretera que une a la Uribe con Bugalagrande, antiguo
camino real, se construyó en 1787 y es representativa del modelo de capilla
doctrinera. Resume valores estéticos con elementos compositivos de gran
sencillez y especialmente se resuelve en una nave longitudinal divida por un arco
loral estructural que separa el presbiterio con una sacristía adosada en el costado
occidental y atrio cubierto […]” (Destacado fuera de texto).

76.6. Copia del Convenio Interadministrativo núm. 0160-1902-3132 de 24 de
agosto de 201758, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca, el Municipio
de Bugalagrande y la Universidad del Valle, cuyo objeto es “[…] [a]unar esfuerzos
administrativos, financieros, logísticos y técnicos para llevar a cabo los estudios para
el diagnóstico del estado actual y propuesta de mantenimiento y reforzamiento
estructural de la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción de El Overo en el
municipio de Bugalagrande […]”.

76.6.1. Adicionalmente, en las especificaciones del objeto se señaló que “[…] [l]a
contratación pretendida comprende las siguientes actividades: 1. Levantamiento
arquitectónico. 2. Registro fotográfico. 3.Investigación de campo: patologías, calas,
estado de maderas, estudio del estado instalaciones eléctricas. 4.Calificación y
diagnóstico: planos de calificación (planta general, planta de cubierta, fachadas,
cortes, ficha de inventario). 5. Estudio de suelos. 6. Concepto estructural. 7.
Propuesta de intervención: memoria y soluciones a los daños y patologías
establecidos en el diagnóstico. 8. Presupuesto detallado con APUS y
especificaciones técnicas. 9. Atender los requerimientos que haga el Departamento
del Valle […]”.

76.6.2. Igualmente, dentro de los compromisos para el pago del convenio, la
cláusula 3 del citado documento estableció lo siguiente:

“[…] El valor del presente convenio para todos los efectos fiscales equivale a
la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL
PESOS MDA СТЕ ($57.915.000), consistente en aportes de las partes así:
a). Por el Departamento del Valle, la suma de CINCUENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS МСТЕ ($52.650.000),
incluido IVA si fuera el caso de fuente IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
antes Recursos del 4% IVA telefonía móvil correspondiente al aporte de la
Gobernación del Valle. b). Por parte del asociado [Universidad del Valle]
la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
PESOS MDA CTE ($5.265.000). consistente en actividades detalladas en el
presupuesto de su propuesta. c). Por parte del Municipio de
Bugalagrande, la supervisión, autorización y el acompañamiento
institucional permanente en la ejecución de las actividades […]”.

58 Cfr. índice 17 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 11_CONTESTACIONDEDEMANDA_202304000018061(.pdf) NroActua 17. Páginas 15-22.

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Núm. único de radicación: 760012333000202300721-01

76.7. Copia de la Resolución núm. 2507 de 23 de julio de 201859, expedida por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, “[…] [p]or la cual se autoriza la
intervención de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción localizada en el
corregimiento de El Overo, Municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, declarada
Bien de interés cultural del ámbito Nacional mediante Resolución 0789 del 31 de
julio de 1998 […]”.

76.7.1. En dicha Resolución se resaltó el concepto del informe final del estudio
técnico estructural cuando se indicó que “[…] es una capilla doctrinera de la segunda
mitad del siglo XVIII, declarada BIC Nacional por la resolución 789 de julio 31 de
1998. Presenta toda la tipología de una capilla doctrinera de una sola nave con
techo artesonado, con atrio cubierto y caracterizada por poseer un arco toral en
ladrillo que separa la nave del presbiterio. Su estado de conservación en general es
regular y requiere de obras de mantenimiento […]” y se autorizó la intervención
consistente en:

“[…] Mejoramiento de andenes y canales perimetrales: Para evitar que la
humedad proveniente de las aguas lluvias se siga infiltrando al terreno aledaño a las
cimentaciones de los muros, se propone construir una base o contra piso en
concreto 1:2:3 reforzado con malla electrosoldada y con impermeabilizante integral,
conformando los andenes y canales y mejorando las pendientes para la evacuación
rápida del agua lluvia. Sobre esta base se reinstala el tablón de arcilla con argamasa
de cal y arena en proporción 1:3 y finalmente se aplica un hidrofugante para pisos.

• Tapiado del vano de acceso exterior a la sacristía: […] muy seguramente se
construyó la sacristía en una época posterior a la construcción original de la capilla
teniendo que para ello demoler el contrafuerte correspondiente a esta fachada
oeste.

Se propone equilibrar el empuje del arco, tapiar o sellar el vano de acceso a la
sacristía con la misma técnica y materiales del muro existente. Consideramos que
esta propuesta es viable si tenemos en cuenta que este acceso ha sido suprimido y
es prioritario solucionar la estabilidad estructural de la capilla.

• Confinamiento de cimentación: Se debe construir un confinamiento a nivel del
cimiento a manera de apantallamiento perimetral desde el contrafuerte de la fachada
este, continuando por todo el muro del presbiterio y rodeando el muro de la sacristía
hasta llegar al muro oeste de la nave.

Este apantallamiento se puede construir como una pantalla de concreto reforzado o
como un muro de gaviones que rebase por lo menos 50 cm la profundidad del
cimiento o sobrecimiento existente.

PISOS Y CANALES RECOLECTORES.

• Pisos interiores: Para los pisos a los que se les ha aplicado cera, se propone
eliminar las capas de dicha cera mediante maquina brilladora. Posteriormente se
repara y restituye la junta con calicanto. Finalmente se aplica tres capas de
hidrofugante tipo hidropiso (...).

59 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 43_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 41.

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• Piso anden perimetral y atrio. Para el piso de los andenes, se deben lavar y
desmanchar con productos tipo hidrobalance o Bioclean (…). Posteriormente
reparar y restituir la junta de calicanto. Finalmente se aplica mediante método de
aspersión, 3 capas de hidrofugante tipo hidropiso.
Se debe retirar la raíz de la vegetación que ha invadido el atrio en piedra, reparar
las grietas donde estaba la vegetación y recalzar las piedras sueltas y restituir las
faltantes.

• Canales recolectoras de aguas lluvias. Se deben desmontar las canales en su
totalidad para construir una canal en concreto con malla electrosoldada de 6 cm de
espesor, con las pendientes para que el agua sea evacuada rápidamente hacia las
salidas establecidas actualmente, donde se construirán dos cajas de recolección de
40 x 40 cms x 40 de proximidad, con desarenador del que sale tubería de 4 pulgadas
en tramos de 6 metros cada una, en dirección al campo de siembre, donde se
ensamblarán dos tramos de 12 metros cada uno en tubería de riego.

Sobre esta base de concreto se reinstalará la canal en tablón con argamasa para la
pega y la junta en mortero bastardo cemento, cal y arena en proporción 1:2:3.

• Piso sacristía. Para los pisos de la sacristía, a los que se les ha aplicado cera,
se propone eliminar las capas de dicha cera mediante máquina brilladora.

Posteriormente se repara y restituye la junta con calicanto. Finalmente se aplica[n]
tres capas de hidrofuganle tipo hidropiso (...).

MUROS, ARCOS, CONTRAFUERTE Y PORTADA.

• Muros en adobe. Se debe rasquetear la capa de cal que esté suelta. Desprender
las áreas de pañete y alisado que esté abombado, para restituirlas.

• Contrafuente en ladrillo. Al que al parecer le clavaron malla venada para darle
adherencia al pañete de barro, es preferible reversar este procedimiento y
reemplazarlo con pañete de cal y arena, aplicado en tres capas muy delgadas.

• Arcos de las entradas laterales. Se debe lavar con un rinse especializado lipa
LadriBrighl de Hidroprotección. Se recuperan las juntas en argamasa de cal y se
debe aplicar un consolidante de la superficie tipo Cons-o-sil y finalmente aplicar el
Hidrosil Ladrillo.

• Portada entrada principal. Se debe lavar con un rinse especializado tipo
LadriBright de Hidroprotección. Se recuperan las juntas en argamasa de cal y se
debe aplicar un consolidante de la superficie tipo Cons-o-sil y finalmente aplicar el
Hidrosil Ladrillo.

CIELOS RASOS Y ALEROS

En los cielos rasos al interior y en los aleros donde ha habido desprendimiento de
pañetes y pudrición de la caña brava por presencia de goteras, previa eliminación
de goteras se debe acabar de desprender las áreas aledañas para luego enlrar a
restituir el soporte en caña y el pañete.

En los filos de los aleros en los testeros de la entrada principal y el presbiterio se
debe restituir la leja volteada.

CUBIERTA

Se deben reparar las goteras restituyendo la cama en cañabrava y la torta de barro.
Se debe[n] recalzar tejas en cumbreras y limatesas.

CARPINTERÍAS.

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• Retiro de pintura, a todas las puertas y ventanas y demás elementos expuestos
a la intemperie, como pies derechos, vigas, se les debe retirar la pintura mediante
medios mecánicos como pistola de calor, raspado y lijado. Evitar en lo posible usar
removedor, ya que este, para evitar que siga actuando en la madera, se debe lavar
con abundante agua, que sería contraproducente para este tipo de pisos y muros.
• Inmunización. Se debe inmunizar con DWT disuelto en agua, aplicado por
aspersión, a tres manos, dejando que la madera absorba el producto y no esté
saturada antes de aplicar la siguiente mano.
• Restituciones, incrustaciones (taraceas). Para la puerta de la sacristía que da
al presbiterio, presenta perforaciones por xilófagos, se debe inyectar el inmunizante.
Se baña el área para conformar una sección pareja y se le hace una incrustación o
taracea con madera similar seca e inmunizada.
• Pintura. Toda la madera de puertas ventanas y elementos estructurales que dan
al exterior se pintan con barniz impranol / profilan color castaño a 3 manos […]”.

76.7.2. En la parte resolutiva de la Resolución núm. 2507 de 2018 se indicó lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO TERCERO.- En el evento de pretender adelantar cualquier
modificación a la intervención a que hace referencia el Artículo Primero de la
presente Resolución, de acuerdo con lo señalado en el numeral segundo del Artículo
11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el Artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 y el
Decreto 1080 de 2015, se debe presentar la correspondiente solicitud de
modificación o intervención para autorización por parte del Ministerio de Cultura.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución no faculta al interesado para realizar
obras, pues solamente la autoridad distrital competente lo podrá hacer con la
expedición de la respectiva licencia urbanística, si a ello hubiere lugar […]”.

76.8. Registro fotográfico60 anexo con la contestación del Municipio de
Bugalagrande, el cual se aportó por el actor popular como anexo de la petición de
26 de julio de 2023 en cumplimiento del requisito de procedibilidad, algunas
imágenes que se encuentran en aquel registro son las siguientes:

60 Cfr. índice 17 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 11_CONTESTACIONDEDEMANDA_202304000018061(.pdf) NroActua 17. Páginas 48-54.

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76.9. Registro fotográfico61, aportado por el Ministerio de las Culturas como
antecedentes de la expedición de la Resolución núm. 2507 de 2018, dentro de las
cuales se encuentran:

61 Cfr. índice 89 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 97_MemorialWeb_Respuesta-REGISTROFOTOGRAFICO(.pdf) NroActua 89.

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77. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.

Solución a los problemas jurídicos

78. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias
que no fueron controvertidas.

De la responsabilidad y competencia de las autoridades apelantes, en el caso
concreto

79. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes
o no las medidas impartidas por el Tribunal, si esas autoridades son o no
competentes para cumplir las órdenes y si los términos otorgados para estas son
los adecuados.

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80. El artículo 8 de la Constitución Política establece que “[…] es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
[…]” y el artículo 70 supra señala que “[…] la cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad […]”.

81. En desarrollo de lo anterior, el artículo 462 de la Ley 397 dispuso que la
política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como
objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación de este, con el propósito de que sirva de testimonio de
la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. Igualmente, el
mismo artículo señala que los bienes de interés cultural pueden pertenecer, según
el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier orden o a personas naturales
o jurídicas de derecho privado.

82. Igualmente, en las competencias de la Dirección de Patrimonio del Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes se encuentran, entre otras, las siguientes:
“[…] 9. Orientar el diseño y la puesta en marcha de instrumentos para la protección
del patrimonio cultural mueble e inmueble […] 16. Adelantar gestiones y atender las
obligaciones derivadas de convenios e intercambios internacionales en favor del
Patrimonio Cultural de la Nación [...]”.

83. Respecto a la propiedad de los bienes que hacen parte del patrimonio cultural
de la Nación se destaca que la titularidad del derecho real de dominio sobre la cosa
mueble o inmueble no se modifica cuando se realiza la declaración de dicho bien
como patrimonio cultural; sin embargo, el bien queda incluido en un régimen
especial de protección o de salvaguarda previsto en la Ley 397.

84. El artículo 11 de la Ley 397 establece que “[…] [c]on la declaratoria de un
bien como de interés cultural se elaborará un plan especial de protección del
mismo por parte de la autoridad competente […]”, el cual “[…] indicar[á] el área
afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones
de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la
conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales
correspondiente […]”.

85. El mismo artículo dispuso que no se podría efectuar intervención alguna sin
la correspondiente autorización del Ministerio de las Culturas y que aquellas deben

62 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 12 de marzo de 2008.

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realizarse bajo la supervisión de profesionales en la materia debidamente
acreditados ante dicha autoridad. Igualmente, el mencionado Ministerio es la
entidad encargada de imponer las sanciones patrimoniales previstas para aquellos
que cometan faltas contra el patrimonio cultural de la Nación.

86. El Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP es un instrumento del
régimen especial de protección de los BIC y fue definido en el artículo 2.4.1.1.1. del
Decreto 1080 de 2015, adicionado por el Decreto 2358 de 2019, como “[…] un
instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se
establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Si a
juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere; los PEMP deben
establecer las relaciones que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza
material, inmaterial y las condiciones ambientales […]”.

87. Dentro de las competencias asignadas al Ministerio de las Culturas se
encuentra el deber de determinar qué bienes declarados requieren Plan Especial
de Manejo y Protección – PEMP, indicar cuál es el plazo para llevarlo a cabo y
decidir sobre su aprobación.

88. En dicho Plan se deben: i) definir las condiciones para la articulación de los
bienes con su contexto; ii) precisar las acciones en diferentes escalas de protección
.de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de
los bienes; iii) establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y
rehabilitación de los bienes; iv) establecer mecanismos o determinantes que
permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes; v) generar las condiciones
y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes por parte de
la comunidad; y vi) armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la
ocupación y el aprovechamiento para la protección del bien de interés cultural e
integración con el entorno local.

89. Sobre la competencia para la formulación de los PEMP, el artículo 2.4.1.1.2.
establece que “[…] [p]ara los bienes del Grupo Arquitectónico, […] la
formulación del PEMP corresponde al propietario. En dicha formulación podrá
concurrir el tercero solicitante de la declaratoria […]” (Destacado fuera de texto).

90. En la categoría de bienes inmuebles, prevista en el artículo 2.4.1.2.1.,
aquellos clasificados como del grupo arquitectónico son las “[…] construcciones de
arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para
el transporte y las obras de ingeniería […]” (Destacado fuera de texto).

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91. Respecto a los Planes Especiales de Manejo y Protección para los inmuebles
del Grupo Arquitectónico, el artículo 2.4.1.2.2. estableció que “[…] procurarán
formularse PEMP para [aquellos bienes] […] que se incluyan en la Lista Indicativa
de Candidatos a Bienes de interés Cultural -LIC-BIC, en el ámbito nacional y
territorial, sin perjuicio de las atribuciones autónomas con que cuentan las
autoridades competentes en la materia, cuando presenten alguna de las siguientes
condiciones: […] 3. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa o la de
su entorno para efectos de su conservación […]”.

92. Más adelante, el artículo 2.4.1.1.3. dispuso que “[…] [l]os particulares
propietarios de bienes declarados BIC […] pueden adelantar la formulación del
PEMP, aunque no sea requerido por la autoridad competente, con el fin de llevar
a cabo acciones de protección y preservación de los bienes […]” (Destacado fuera
de texto).

93. Respecto a la responsabilidad del particular propietario del bien inmueble que
ha sido declarado patrimonio cultural, como miembro del Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural de la Nación – SNPCN, el parágrafo del artículo 2.3.1.1. del
Decreto 1080 de 201563 determinó:

“[…] PARÁGRAFO. Respecto a los bienes de interés cultural de naturaleza
inmueble […] los propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y custodios,
las personas naturales o jurídicas que posean bienes de interés cultural o ejerzan
su tenencia, además de las disposiciones generales referentes al patrimonio cultural
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar el mantenimiento adecuado y periódico del bien con el fin de asegurar
su conservación.

2. Asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo o limitación
para su conservación ni vaya en detrimento de sus valores.

3. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y la
sostenibilidad de los bienes.

4. Solicitar la autorización de intervención ante la autoridad competente que haya
efectuado la declaratoria […]”.

94. Si bien, de conformidad con los marcos normativos y lo mencionado supra,
el Departamento y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes son
miembros del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación y, como tal,
ejercen competencias para proteger, salvaguardar, recuperar, conservar y divulgar
el patrimonio cultural de la Nación; el principal responsable de establecer las

63 Modificado por el artículo 1 del Decreto 2358 de 26 de diciembre de 2019.

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medidas adecuadas para conservar el bien inmueble declarado como patrimonio
cultural es el propietario.

95. Dentro de sus competencias, el propietario del bien inmueble puede formular
un Plan Especial de Manejo que permita la protección de la Capilla Nuestra Señora
de la Concepción, la cual se ha deteriorado como consecuencia de la falta de
mantenimiento adecuado; en ese sentido, la Sala establece como necesaria la
mencionada formulación con el propósito de propender por su conservación y
garantizar mecanismos claros para evitar la reiteración de este escenario en un
futuro.

96. Así como se señaló previamente, el Plan Especial de Manejo debe contener
mecanismos para la recuperación y sostenibilidad del bien, determinar las acciones
que se necesitan para su conservación, establecer las condiciones físicas y generar
las condiciones orientadas a que la comunidad conozca y se apropie mejor del bien
inmueble.

97. Igualmente, se destaca el procedimiento para la formulación y la aprobación
de los PEMP, señalado en el artículo 2.4.1.2.7. ibidem, cuando indica que “[…] [l]os
actores competentes para la formulación del PEMP para bienes inmuebles, deben
desarrollar una secuencia de cuatro (4) etapas, alrededor de las cuales se articulan
los desarrollos temáticos y los procesos del plan: 1. Etapa preliminar de información
2. Análisis y diagnóstico. 3. Propuesta Integral o formulación. 4. Aprobación.
Posteriormente a su formulación y aprobación se deberán ejecutar las acciones de
implementación y seguimiento […]”.

98. Esta Sección64 estableció previamente que el régimen especial de manejo y
protección de dichos bienes demandan una serie de cargas y obligaciones a sus
propietarios que no pueden ser excesivas y, en todo caso, deben ser compensadas
por el Estado a efectos de restablecer el principio de equilibrio de cargas públicas.

99. En dicha ocasión se citó la sentencia C-366 de 2000, en el aparte que señaló:

“[…] La declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la
Nación, lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad, e imposición
de cargas para los propietarios de éstos que, en concepto de esta Corporación, se
relacionan con su disponibilidad y ello incluye, por supuesto, el uso o destinación que
ha de darse al bien para efectos de su conservación y protección. En estos eventos,
los propietarios de estos bienes están obligados a tomar las medidas que sean
necesarias para su mantenimiento. En contraposición, el Estado puede
reconocer ciertas compensaciones y beneficios en su favor, las que, en todo

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 1 de julio de 2021.

Radicación núm.: 190012331000200500416-03. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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caso, han de ser proporcionales a la limitación del derecho a la propiedad que
se llegue a imponer […] (Destacado de la Sala).

100. En aplicación de ello, el artículo 56 de la Ley 397 de 1997 prevé que “[…]
[l]os propietarios de bienes muebles e inmuebles declarados como de interés
cultural, o los terceros que hayan solicitado y obtenido dicha declaratoria, podrán
deducir la totalidad de los gastos en que incurran para la elaboración de los
Planes Especiales de Protección y para el mantenimiento y conservación de
estos bienes aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora
de renta […]”.

101. Al respecto el artículo 2.4.2.1, dentro del capítulo de “[…] ESTÍMULOS PARA
LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
[…]”, estableció los gastos que serán deducibles por elaboración del PEMP,
conservación y mantenimiento de los bienes de interés cultural.

102. De allí se comprende que existen mecanismos que conminan a las entidades
territoriales a compensar, a través de distintos medios e incluyendo a varias
entidades entre las cuales se encuentra el municipio, aquellas limitaciones,
gravámenes o inversiones a las cuales se vea obligado a incurrir como propietario
de un bien inmueble de interés cultural de ámbito nacional, el cual tiene destinación
para la conservación.

103. En ese sentido, se destaca que el particular puede acudir a las distintas
entidades mencionadas para solicitar apoyo técnico y económico sin que por ello
deba prescindir de sus responsabilidades como principal garante del buen estado
del bien inmueble bajo análisis. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo
2.4.1.1.12. del Decreto1080 de 2015, adicionado por el Decreto 2358 de 2019, el
Ministerio de las Culturas tiene competencias de seguimiento al Plan Especial de
Manejo debido a que se trata de un bien de interés cultural de ámbito nacional.

104. Dentro del Plan Especial de Manejo y Protección se deben establecer una
serie de parámetros y responsables para la conservación del bien inmueble,
teniendo en cuenta que, en la presente ocasión, al encontrarse demostrado el
deterioro del bien. Al respecto, esta Sección65 ha determinado que la ausencia del
citado instrumento de protección se configura como una amenaza al derecho e
interés colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de abril de 2022.

Radicación núm.: 130012333000201500028-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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105. En este caso en particular, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes dio respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante Oficio de 5 de junio de 2024, en el cual remitió los antecedentes
que dieron lugar a la expedición de la Resolución núm. 2507 de 2018 que autorizó
la intervención a la Capilla. En dichos documentos se encontró que “[…] [l]a capilla
presenta en general regular estado: se evidencia un problema estructural en el arco
toral manifestado en la dilatación del arco como en los muros longitudinales y la
presencia de grietas tanto en el arco como en los muros longitudinales. Se
presentan humedades ascendentes a lo largo de todos los muros y humedades por
goteras en la cubierta. Se observa ataque de xilófagos y hongos en las maderas.
Hay desprendimiento en general de la cal y de los pañetes de barro en muros y
cielorrasos. Se presentan algunos agrietamientos y desprendimientos en los pisos.
Hay diferencia en la iluminación interior y exterior […]”66.

106. En el mismo documento la autoridad nacional señaló, como concepto técnico,
que “[…] de acuerdo con el [a]rtículo sexto del Decreto 4934 de 2009, la
Gobernación del Valle del Cauca y el Municipio de Bugalagrande deberán
suscribir un convenio para la ejecución de los recursos, donde determinarán
cuál de las dos entidades será la ejecutora y administradora de los recursos
[…] los informes de ejecución del proyecto viabilizado deben presentarse al
Ministerio de Cultura, para realizar el seguimiento a la designación de los recursos,
no obstante conforme al parágrafo del artículo octavo del [D]ecreto 4934 de 2009,
el seguimiento y control jurídico, técnico, administrativo y financiero de los recursos
y de su proyecto de ejecución le corresponde al Departamento en virtud de su
autonomía […]”.

107. Además, demostró que el Municipio de Bugalagrande había remitido Oficio
núm. DA-00201-18 de 21 de mayo de 201867 mediante el cual solicitó aprobación
de los estudios del estado actual y la propuesta para el mantenimiento y
reforzamiento estructural de la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción
realizados por la Universidad del Valle en ejecución del Convenio núm. 0160-19-02-
3132.

108. Para la Sala se ha evidenciado que las autoridades accionadas actuaron con
avance en trámites como la aprobación de la intervención a la Capilla y suscribir
convenios para la realización de los arreglos; sin embargo, a la fecha no se ha

66 Cfr. índice 89 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 90_MemorialWeb_Respuesta-Memorandopdf(.pdf) NroActua 89. Página 2.
67 Cfr. índice 89 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 760012333000202300721-00. Archivo

denominado: 92_MemorialWeb_Respuesta-Solicituddeautoriz(.pdf) NroActua 89.

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demostrado que se haya logrado la superación de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos.

109. Si bien se estableció que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
y el Departamento del Valle del Cauca no son responsables de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos; son competentes de adelantar acciones
relacionadas con el procedimiento del Plan Especial de Manejo y Protección de la
Capilla Nuestra Señora de la Concepción y, por tal razón, se mantendrán en las
órdenes a impartir en la presente sentencia.

110. Asimismo, se modificará la sentencia proferida, en primera instancia, en el
sentido de: i) establecer al propietario de la Capilla como responsable de asumir las
medidas necesarias para el mantenimiento y la conservación del bien, sin perjuicio
de acudir a los mecanismos de apoyo que se encuentran en la normativa
mencionada; ii) ordenar al propietario la formulación del Plan Especial de Manejo y
Protección dentro de los siguientes doce (12) meses a la ejecutoria de esta
sentencia; y iii) mantener al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al
Departamento del Valle del Cauca en las órdenes impartidas por lo mencionado
previamente.

111. En lo demás, se confirmará la sentencia proferida, en primera instancia,
incluyendo la conformación del comité de verificación de cumplimiento manteniendo
al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Departamento del Valle del
Cauca como entidades relevantes para un seguimiento a la formulación y demás
etapas del Plan Especial de Manejo y Protección de la Capilla Nuestra Señora de la
Concepción.

Sobre el argumento de las entidades recurrentes respecto a los porcentajes
de los aportes, los plazos otorgados y la condena en costas

112. Respecto a los porcentajes de los aportes económicos para las labores de
mantenimiento, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el propietario
del inmueble, al realizar la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección
con ayuda de los estudios enunciados para la aprobación de la intervención del
inmueble, va a adelantar la respectiva evaluación de las condiciones en las que se
encuentra el bien y establecer una serie de mecanismos que permitan su
conservación.

113. Más adelante, en ejecución de lo establecido en aquel Plan, se van a asumir
las obras necesarias para reestablecer las condiciones en las cuales debe quedar

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el bien de interés cultural y así cumplir con la distribución de los porcentajes que
permitan garantizar la superación de la vulneración a los derechos e intereses
colectivos de acuerdo con el instrumento de protección.

114. Por lo anterior, se modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia en el sentido de suprimir los porcentajes previamente indicados y, en su
reemplazo, ordenar que la distribución de las responsabilidades deberá ser incluida
dentro del Plan Especial de Manejo y Protección de acuerdo con lo establecido en
la normativa pertinente.

115. Respecto al argumento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes,
expuesto en su recurso de apelación, relacionado con la insuficiencia del plazo para
la ejecución de las medidas ordenadas, la Sala redistribuirá los términos antes
otorgados en el sentido de, una vez se haya formulado y aprobado el Plan Especial
de Manejo y Protección, se otorgará un plazo de doce (12) meses para ejecutar e
implementar lo acordado en dicho instrumento. Lo anterior sin perjuicio de las
facultades que más adelante se mencionarán respecto al comité de verificación y
los términos que aquel considere razonables.

116. Es por lo mencionado que se modificará el ordinal tercero de la sentencia
proferida, en primera instancia, en los términos indicados previamente.

117. Finalmente, respecto al argumento del Ministerio de las Culturas relacionado
con no ser condenado en costas por no tener legitimación en la causa por pasiva,
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1.° y 8.º del artículo
365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia,
en atención a que no está probada su causación.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

118. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal cuarto, lo siguiente:

“[…] CUARTO: CONFORMAR un comité integrado por el alcalde del municipio de
Bugalagrande quien lo presidirá. Igualmente, por este despacho del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el accionante, el personero del municipio de
Bugalagrande, el representante de la Parroquia San Francisco de Asís, la
gobernadora del Valle, el Ministro de Cultura, l[a]s Artes y los Saberes y la señora
Procuradora Judicial II delegada ante este despacho. El comité de verificación
deberá rendir trimestralmente informe al Tribunal, detallando sobre el avance en la
ejecución de las órdenes dadas en esta sentencia […]”.

119. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del

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Cauca, en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de
cumplimiento, en el sentido de indicar que el Magistrado Ponente del Tribunal
deberá presidir el comité de verificación y podrá determinar el mecanismo mediante
el cual hará seguimiento al cumplimiento de esta sentencia.

120. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

121. En suma, la Sala considera que las autoridades apelantes tienen
competencia y responsabilidad de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la
presente sentencia, teniendo en cuenta que su participación es valiosa para
garantizar la restauración y conservación de la Capilla Nuestra Señora de la
Concepción declarada como bien de interés cultural ubicada en el corregimiento El
Overo del Municipio de Bugalagrande, resaltando que no se ha demostrado el
cumplimiento de lo ordenado ni la superación de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos.

122. En consecuencia, se modificarán los ordinales tercero y cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia de 9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia. Asimismo, se confirmarán
los demás ordinales de la mencionada sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

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TERCERO: ORDENAR lo siguiente:

3.1. Al propietario de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción que, dentro de los
siguientes doce (12) meses a la ejecutoria de esta sentencia, realice la formulación
del Plan Especial de Manejo y Protección del Bien Inmueble de Interés Cultural bajo
estudio.

3.2. Al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; al Departamento del Valle
del Cauca; al Municipio de Bugalagrande y al propietario del inmueble; que en el
término de doce (12) meses posteriores a la formulación del Plan -en cumplimiento
de su función de protección del patrimonio cultural de la Nación y en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias-, surtan las siguientes
etapas del Plan Especial de Manejo y Protección mencionadas en el artículo 2.4.1.2.7.
del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el Decreto 2358 de 2019, y las demás
normas relacionadas.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
9 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

CUARTO: CONFORMAR un comité integrado por: i) el Magistrado Ponente del
Tribunal, quien lo presidirá; ii) un representante del Municipio de Bugalagrande; iii) el
accionante; iv) el personero del Municipio de Bugalagrande; v) el representante de la
Parroquia San Francisco de Asís; vi) un representante del Departamento del Valle del
Cauca; vii) un representante del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes;
viii) un representante de la Parroquia San Bernabé de Bugalagrande; y ix) el agente
del Ministerio Público.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 9 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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