Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2011-00457-02
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2011-00457-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-31-000-2011-00457-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 13001-23-31-000-2011-00457-02 (7475-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Víctor Rafael Pérez Rojas
Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de
servicio docente en plaza del orden nacional. Reintegro de
mesadas pagadas ante demostración de fraude global.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
La entonces Cajanal EICE -En Liquidación- (hoy UGPP) instauró demanda1 en
contra del señor Víctor Rafael Pérez Rojas en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), ello en la modalidad de lesividad,
con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 41722 del 22 de agosto de 2006, por
medio de la cual se reconoció una pensión gracia a favor del demandado en
cumplimiento del fallo de tutela proferido el 7 de abril de 2006 por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Ciénaga.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene al accionado a restituir a
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales
canceladas a las cuales no tenía derecho desde el 31 de enero de 1990, así como
al pago de los intereses a que haya lugar conforme al artículo 178 del CCA, e
igualmente a las respectivas costas.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el demandado nació el 31 de enero de 1940 y durante su vida laboral tuvo una
vinculación como docente oficial al servicio del Ministerio de Educación, prestando
sus servicios en el Colegio Nacional Pinillos del municipio de Mompox desde el 28
de marzo de 1978, por lo menos hasta el 21 de agosto de 1998.
Que, el 4 de septiembre de 1998 solicitó ante la entonces Cajanal el reconocimiento
y pago de una pensión gracia. Que mediante la Resolución 005154 del 7 de mayo
de 1999, dicha entidad negó lo reclamado al asegurar que el educador fue del orden
nacional, lo que impedía acceder al derecho pretendido.
Que ante esta negativa interpuso acción de tutela que fue conocida por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena), quien mediante sentencia del
7 de abril de 2006 accedió a la solicitud de amparo y ordenó a Cajanal EICE que
reconociera la pensión gracia a favor del accionado.
Que la entidad demandante dio cumplimiento a esta decisión judicial a través de la
Resolución 41722 del 22 de agosto de 2006, con la que concedió la aludida
prerrogativa a partir del 31 de enero de 1990.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 128 de
la Constitución Política; así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933,
91 de 1989; y el Decreto 2277 de 1979.
Que, sin desconocer el carácter de juez constitucional que tenía el que dispuso el
reconocimiento de esta prerrogativa, debe tenerse en cuenta que su decisión va en
contravía de una jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado, pues el presente
caso no se trataba simplemente de una diferencia surgida respecto de la
interpretación de un texto legal, sino de la aplicación de su tenor literal en lo que
hace con los requisitos exigidos para beneficiarse de la pensión gracia.
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Que, por esa razón, el acto reprochado se sustentó en un fundamento ilegal que
implica la creación de un derecho nuevo de carácter sustancial, al punto de que no
se limita a cumplir un fallo de tutela y por tanto puede ser demandable y anulable
bajo las mismas causales de nulidad propias de los actos definitivos. Que, en todo
caso, la regla que restringe la protección de los derechos de carácter pensional por
la vía de la tutela, es decir, la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial o
la presencia de un perjuicio irremediable, no se dio en este caso, lo que hace que
este se encuentre inmerso en la causal de la violación de la ley.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 16 de octubre de 2015 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó por
emplazamiento al señor Víctor Rafael Pérez Rojas, cuyo curador ad litem
manifestó3 que, la pensión gracia se inició con la Ley 114 de 1913 para maestros
del orden territorial, marco que se fue ampliando a los educadores del orden
nacional con la promulgación de las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 6 de 1945 y
91 de 1989, específicamente en el artículo 3.º, inciso 2.º de la segunda norma en
comento.
Con la demanda se solicitó la suspensión provisional del acto reprochado, pero esta
fue negada el 16 de septiembre de 2011,4 por lo que la parte actora interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por esta corporación el 24 de octubre de
20125 en el sentido de confirmar la decisión inicial.
El 29 de abril de 20196 se abrió la etapa probatoria y por tanto se decretaron los
medios de convicción aportados con la demanda y en la contestación.
Finalmente, de conformidad al artículo 210 del CCA, el 9 de diciembre de 20197 se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al representante del
Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 19 de junio de 2020
accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad del
acto administrativo censurado y ordenar al accionado reintegrar a la UGPP, de
manera indexada, las sumas de dinero que percibió por concepto de pensión gracia
reconocida en virtud de la decisión anulada.
2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.
4 Ver el mismo índice.
5 Ver el mismo índice.
6 Ver el mismo índice.
7 Ver el mismo índice.
8 Ver el mismo índice.
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Que, conforme al material probatorio, se concluye que el demandado ha estado
vinculado al servicio docente durante diversos periodos y formas de vinculación,
entre esas como nacional, nacionalizado y territorial, razón por la cual no puede ser
tenido en cuenta el tiempo acumulado a partir del 28 de marzo de 1978
correspondiente a labor desarrollada en el Colegio Nacional de Pinillos, ello por
tratarse de un lapso en el que la relación legal y reglamentaria fue del orden
nacional, pues el nombramiento estuvo a cargo del Ministerio de Educación.
Que, en tal sentido, quedó demostrado que el accionado no reunió los requisitos
exigidos para beneficiarse de la pensión gracia al no cumplir los 20 años de servicio
como docente nacionalizado o territorial, exigidos para tal derecho.
Que, si bien en el presente asunto el acto reprochado es el resultado del
cumplimiento de una acción de tutela, lo cierto es que la jurisprudencia vigente del
Consejo de Estado ha señalado que cualquier acto administrativo de ejecución o
trámite contiene elementos sustanciales que lo hacen demandable ante esta
jurisdicción cuando reconoce derechos nuevos, y, como la decisión cuestionada en
esta oportunidad deviene de una fundamentación que no se ajusta a la legalidad
por una indebida interpretación jurídica, deberá entenderse que la administración
creó un derecho nuevo, por lo que es procedente declarar la nulidad de la resolución
enjuiciada por infringir el artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
Que, frente a la orden de restablecimiento del derecho, debe tenerse en cuenta la
línea jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en la que
se concluyó que la conducta asumida por los accionantes en sede de tutela que
obtuvieron ilegalmente el pago de la pensión gracia, llevaban a colegir la existencia
de un fraude global, el cual se configuró en el presente caso si se observa que el
demandado no tenía domicilio donde se instauró la acción, así como tampoco fue
su último lugar de prestación de servicio docente, ni fue donde se expidió el acto de
reconocimiento pensional.
Que, por tanto, es viable aceptar que la parte pasiva no se rigió por el principio de
la buena fe, pues este no es un postulado absoluto, sino que tienen límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional como la prevalencia del
interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía. Que, por tal motivo, el demandado debe asumir el reintegro indexado de
las sumas que le fueron pagadas por concepto de pensión gracia.
RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandada impugnó la sentencia de primera instancia a fin de que esta
sea revocada y se nieguen las pretensiones. Para el efecto afirmó que, al momento
9 Ver el mismo índice.
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de culminar su tiempo total de servicio como docente en instituciones de orden
departamental, el accionado acumuló más de 36 años, lo que le permitía acceder a
la prerrogativa en litigio como lo determinó el juez de tutela en su momento.
Que la Ley 114 de 1913 creó la pensión gracia para los maestros de enseñanza
primaria oficial, la cual era costeada con fondos públicos, a pesar de estar a cargo
de los departamentos. Que, posteriormente, la Ley 116 de 1928 hizo extensiva dicha
pensión a los empleados y profesores de las escuelas normales e inspectores de
instrucción pública, permitiendo que tales servidores pudieran percibir
simultáneamente dos pensiones de carácter nacional, porque no hizo ninguna
distinción, y, en todo caso, la enseñanza en esa época era costeada por la Nación.
Que, adicionalmente, la Ley 37 de 1933 extendió tal beneficio a los maestros que
hubieran cumplido el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, por cuanto tal servicio educativo estaba a cargo de la
Nación. Que, por esa razón no se infringe el principio de igualdad pues con base en
estas normas, todos los educadores tenían el derecho a recibir esta dádiva cuando
cumplieran los requisitos legales para el efecto.
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 3157 de 1968 creó en cada uno de
los departamentos y en el Distrito Especial de Bogotá los Fondos Educativos
Regionales (FER), los cuales eran financiados con bienes o recursos aportados
tanto por la Nación como por las entidades territoriales, de cuya administración se
responsabilizó a las «autoridades» de los referidos entes, bajo la supervisión de un
delegado de dicha cartera gubernamental.
Que el accionado siempre fue docente territorial, pues tal como lo sostuvo el
Consejo de Estado en sentencia de unificación, no es dable inferir que los docentes
departamentales, municipales o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales cuando: “(i) en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.”
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 13 de febrero de 202410 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
10 Folio 323, C1.
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En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección, es el de determinar si alguno de los
períodos de labor del demandado como docente oficial, lo fue bajo una vinculación
del orden nacional que no pueda ser tenida en cuenta para consolidar la pensión
gracia. Si ello es así, se tendrá que establecer si es procedente el reintegro a favor
de la UGPP de las sumas de dinero percibidas por el accionado por tal concepto.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
El artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán
contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados
en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró
que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante
demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
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La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Sobre la devolución de mesadas percibidas de buena fe
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00457-02 (7475-2023)
El artículo 83 de la Constitución Política prevé que: «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
Sobre el particular, esta Corporación15 ha planteado lo siguiente:
«[Este] Principio […] no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia
del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en sí (sic) mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción»
Por su parte, la Corte Constitucional16 señaló que:
«[…] En los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló
que tanto los particulares como las autoridades están sujetos a los mandatos de
honestidad, lealtad y sinceridad, integradores del principio de la buena fe. Para los
primeros, como una barrera que evita el abuso del derecho; y para los segundos,
como un límite a los excesos y a la desviación del poder. Allí también se explicó que
el reconocimiento de la presunción de buena fe pretendía superar la desconfianza
hacia el particular en sus actuaciones ante la administración pública, con el fin de
humanizar las relaciones jurídicas y reducir los requisitos y procedimientos exigidos
por las autoridades.
4.2.- Desde sus inicios la Corte ha examinado el significado y alcance de la buena
fe, que ha dejado de ser considerada únicamente un principio general del derecho
para constituirse en un verdadero postulado constitucional que cumple un papel
integrador del ordenamiento y de las relaciones entre particulares, y entre estos y
el Estado.
La sentencia C-840 de 2001 define la buena fe como la pieza fundamental de todo
el ordenamiento jurídico, que incorpora el valor de la confianza como un
presupuesto de las relaciones sociales que trascienden en la vida jurídica. Al mismo
tiempo, señala, funge como criterio para valorar el comportamiento de los sujetos
de derecho y regla de conducta que debe ser observada tanto en el ejercicio de sus
derechos como en el ámbito de los deberes y obligaciones […]»
De lo anterior se colige que el principio de buena fe es aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta.
15 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-23-25-000-
2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery Melo Melo.
16 Sentencia C-527 de 2013.
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Bajo el anterior razonamiento, y según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
disposición que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, no
habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe.
Al respecto, esta Sección17 en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente se ha
sostenido lo siguiente:
«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del
1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de
la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por
equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa
medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque
fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración
no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados». (Negrita de la Sala)
Por tanto, dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de
legalidad, que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Sin embargo, repárese
que al hablarse de un error de la administración (reconocer la pensión a quien
no reúne los requisitos), esta no puede con posterioridad alegar a su favor su
propia culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una persona
sin ningún tipo de dolo o actuación malintencionada.18 No obstante, en
aquellos casos en que esta situación no se consolide, es decir, que el error
17 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.
Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-
2006. Actora: Univ. Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez. Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Actor:
Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón. Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149 01 (2677-2015). Demandante:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.
18 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del
17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
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no devenga de la administración, se deberá analizar cada caso particular,
para determinar si hay lugar o no a la devolución de los dineros.
Resolución del caso concreto
Pues bien, para definir el presente litigio se torna innecesario efectuar un análisis
integral de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, toda vez que el
centro de discusión frente al reconocimiento de la prerrogativa a favor del
demandado radica en verificar la pertinencia o no de computar un tiempo de servicio
que la entidad accionante asegura que es de carácter nacional.
Ahora, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial expuesto
en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro que se
ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.
En efecto, si bien las tres normas en mención disponen que, además de los
maestros de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a
profesores de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que
hubiesen completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos
de enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.
Luego, aun si se trata de un docente vinculado por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
este no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que,
se reitera, dicha prestación fue concebida por el legislador para reconocerle a los
docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico que equilibrara los
ingresos de estos respecto de los docentes nacionales, lo anterior, ante el déficit
fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago de salarios y
prestaciones de los educadores que laboraban en el magisterio.
En concreto, la Sala advierte que al accionado le fue reconocida la pensión gracia
a través de la Resolución 41722 del 22 de agosto de 2006,19 esto en cumplimiento
de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Ciénaga (Magdalena),20 quien determinó que, entre otros, el demandado había
acreditado a cabalidad el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 114 de
1913 para ser acreedor del derecho pensional pretendido, por lo que amparó sus
garantías constitucionales al debido proceso y a la igualdad.
19 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
20 Ver el mismo índice.
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Para el efecto, se encuentra demostrado que en el mencionado acto administrativo,
la entonces Cajanal EICE tuvo en cuenta los tiempos laborados por el referido
educador en el departamento de Córdoba entre el 3 de abril de 1967 y el 30 de
enero de 1972, así como en el departamento de Bolívar del 22 de marzo de 1972 al
15 de abril de 1974 y desde el 30 de abril de 1974 hasta el 30 de junio de 1998, esto
es, por un lapso aproximado de más de 31 años, lo cual permitiría concluir en
principio que aquel cumplía dos de los requisitos esenciales para ser beneficiario de
la prestación en comento, es decir, la vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980 y el requisito temporal de 20 años de servicio como maestro oficial.
Sin embargo, al analizar el tipo de vinculaciones que tuvo el aludido maestro a lo
largo de su historia laboral, se desprende con claridad que este realmente se
desempeñó como tal bajo los siguientes períodos y condiciones:
• Del 3 de abril de 1967 al 30 de enero de 1972 (4 años, 9 meses y 27 días),
vinculado con el departamento de Córdoba por haber sido nombrado por dicha
autoridad mediante el Decreto 00223 del 3 de abril de 1967, en una relación legal
y reglamentaria del orden territorial, en la medida en que su vínculo inició antes
del proceso de nacionalización y no se advierte ninguna intervención en la
decisión por parte del Ministerio de Educación, lo cual se ajusta al criterio de dicha
naturaleza jurídica conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-084 de 1999 y en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989.21
• Del 22 de marzo de 1972 al 15 de abril de 1974 (2 años y 24 días), designado
por el departamento de Bolívar para ejercer el cargo de maestro oficial en el
Colegio Departamental de Bachillerato “Liceo Joaquín F. Vélez”, nombrado para
tales efectos a través de los Decretos 0101 del 7 de febrero de 1972, 0650 del 9
de agosto del mismo año, y 194 del 28 de febrero de dicha anualidad. Lo
expuesto en virtud de un vínculo territorial por las mismas razones jurídicas del
lapso anterior.22
• Del 30 de abril de 1974 al 27 de marzo de 1978 (3 años, 10 meses y 25 días),
nombrado por el departamento de Bolívar para ocupar el cargo de docente de la
Escuela Segunda Enseñanza “Manuel Francisco Obregón” de Pinillos, ello
conforme a los Decretos 292 del 17 de abril de 1974, 236 del 17 de marzo de
1975, 367 del 29 de marzo de 1976, 257 del 21 de marzo de 1977 y 250 del 28
de marzo de 1978. Lo anterior también permite concluir que, en la misma línea
interpretativa de los tiempos previos, durante este interregno tuvo una relación
legal del orden territorial.23
21 De conformidad con el Decreto 00223 del 3 de abril de 1967, así como de las certificaciones laborales
expedidas el 21 y el 27 de julio de 1998, obrantes en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
22 Según el acta de posesión del 22 de marzo de 1972, al igual que las constancias laborales emitidas el 26 de
junio de 1998, las cuales reposan en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
23 De acuerdo con las certificaciones de tiempo de servicio y pagos efectuados al educador, generados el 15 de
julio de 1998, que se encuentran en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Esto incluso se asegura en la medida en que, si bien tal interregno estuvo vigente
antes del proceso de nacionalización, pero se observa que continuó cuando este
ya había comenzado, lo cierto es que tampoco se encuentra en el expediente
pieza probatoria alguna que señale que la plaza territorial en la que fue vinculado
el actor en 1974 fue posteriormente nacionalizada, esto en cumplimiento de la
Ley 91 de 1989 y en consonancia con la sentencia de unificación del 2018, las
cuales establecen que el personal nacionalizado es aquel que aun ostentando
una categoría territorial antes del 1.º de enero de 1976 fue objeto del proceso de
consagrado en la Ley 43 de 1975 o aquel que a partir del 1.º de enero de 1976
fue vinculado a una plaza nacionalizada en cumplimiento de los requisitos de la
referida Ley, especialmente los consagrados en los artículos 6° y 10°.
• Del 28 de marzo de 1978 al 28 de febrero de 2005 (26 años y 11 meses), fue
vinculado directamente por el Ministerio de Educación a través de la Resolución
9836 del 18 de julio de 1978, para que ejerciera el cargo de profesor de tiempo
completo en el “Colegio Nacional Pinillos de Mompós”, esto es, ocupando una
plaza nacional por ser propia de la planta de personal de la referida autoridad.24
En ese orden, es evidente para la Sala que, durante el mayor tiempo de labor del
accionado, específicamente desde el 28 de marzo de 1978 hasta su retiro del
servicio, este se desempeñó como docente del orden nacional, pues así se deriva
del hecho de que su vinculación haya sido determinada directamente por el
Ministerio de Educación por medio de la mencionada resolución, ya que esto
corrobora que fue designado para ejercer el cargo de maestro en un plantel
nacional.
Ahora bien, pese a que no se aportó al expediente el referido acto de nombramiento,
y que, además, el demandado en ningún momento afirmó ni demostró que para este
período en estudio haya sostenido la relación legal y reglamentaria con otra
autoridad o en razón de una decisión administrativa diferente, la calidad de
educador nacional sí es posible extraerla y determinarla a partir de otros medios
probatorios como las aludidas certificaciones analizadas bajo elementos propios de
la sana crítica, toda vez que esa posibilidad fue contemplada por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se señaló lo
siguiente:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
24 Conforme a las constancias laborales del 21 de julio y 21 de agosto de 1998, así como de la del 4 de febrero
de 2020, en las que con claridad y precisión se indica y se ratifica que el demandado fue nombrado directamente
por el Ministerio de Educación a través de la Resolución 9836 del 18 de julio de 1978, y que renunció el 28 de
febrero de 2005 según el Decreto 906 del 30 de diciembre de 2004.
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inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»
Sobre el particular se precisa que, esta regla jurisprudencial es aplicable para
determinar no solo el vínculo territorial, sino también el de cualquier naturaleza como
nacional o nacionalizado. De hecho, la calidad del presente vínculo también se
extrae del solo hecho de que el plantel educativo en el que ejerció funciones el
demandado, y por consiguiente la plaza ocupada en la que no se advierte
intervención de alguna entidad territorial, corresponde a un «Colegio Nacional», esto
es, un organismo del mismo nivel al de su entidad de adscripción que es el Ministerio
de Educación, tanto así que el membrete de las constancias laborales analizadas
es propiamente de aquella cartera gubernamental, sin ninguna precisión o
intervención de una entidad del orden territorial.
Al margen de lo anterior, el apelante sostuvo como argumento adicional que, no
podía simplemente considerarse que su vínculo era nacional por la intervención del
Ministerio de Educación en la decisión de nombramiento, pues para ello aseguró
que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
precisó que, con motivo de la creación de los Fondos Educativos Regionales y las
autorizaciones y avales de los delegados de aquella cartera en los entes
territoriales, se hacía posible que la designación correspondiera a una de naturaleza
nacional o nacionalizada, por lo que tal hecho por sí solo no era indicativo de la
primera opción.
Sin embargo, tal planteamiento no desvirtúa la conclusión de que su relación legal
y reglamentaria desde 1978 hasta 2005 fue realmente nacional, pues lo que se
advierte del material probatorio, sin que haya duda al respecto, es que la decisión
del referido ente gubernamental en la Resolución 9836 del 18 de julio de 1978, no
se trató de una simple participación indirecta de aquel con fines de financiación de
la plaza en virtud del proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975, sino que tal
manifestación administrativa fue expedida y adoptada directamente y por autonomía
propia de la Nación en calidad de empleador del demandado, esto por tratarse de
una plaza de su planta de personal y no de una entidad territorial, ya que no se
señala en ningún momento la intervención de esta última.
En consecuencia, como de los medios de convicción practicados no se advierte que
el departamento de Bolívar hubiese expedido el acto de vinculación con la
convalidación de un delegado del Ministerio de Educación ante el FER para
garantizar la financiación a través del SGP del cargo ocupado por el recurrente, no
resulta dable asumir como se plantea en el recurso que se trataba de una
vinculación nacionalizada, toda vez que, contrario a ello, lo que sí se corrobora es
que la resolución fue emitida por la aludida autoridad del Gobierno Nacional, sin
intermediarios, lo cual se ajusta a la noción de docentes nacionales contemplada en
el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 cuando estableció que:
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«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional. […]»
Por tanto, dado el carácter nacional de la vinculación del accionado como educador
entre el 28 de marzo de 1978 y el 28 de febrero de 2005, es claro que este no
cumplió con el requisito esencial para acceder a la pensión gracia que le había sido
reconocida a través de la Resolución 41722 del 22 de agosto de 2006, esto es,
haber ejercido la educación únicamente como maestro territorial o nacionalizado,
de manera que efectivamente dicho acto administrativo adolece de nulidad y por
ello debe ser retirado del ordenamiento jurídico junto con sus efectos.
Definido lo expuesto y una vez confirmado el hecho de que el reconocimiento de la
prerrogativa en litigio a favor de la parte pasiva efectivamente era ilegal, se hace
necesario determinar si como lo solicitó la UGPP, debía ordenarse el reintegro de
las sumas de dinero abonadas por concepto de mesadas pensionales.
Sobre el punto debe recordarse que el numeral 2.º del artículo 136 del CCA (Decreto
01 de 1984 -vigente para la época de expedición del acto administrativo
demandado-), previó que «[…] los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]». Esto conlleva
que en todo caso en el que se pretenda la devolución de sumas de dinero, deberá
demostrarse que quien las recibió actuó de manera malintencionada, pues como se
precisó, la buena fe se presume.
Por el contrario, la mala fe por ejemplo tiene lugar cuando se despliegan actividades
dolosas y conscientes como sucede en el evento en que un administrado acude a
la interposición de una acción de tutela en un lugar diferente al de su domicilio, o al
de la última ubicación en la que prestó su servicio, o al de la expedición de los actos
administrativos a demandar, esto incluso a sabiendas de que el derecho reclamado
se le había negado expresamente en las diversas oportunidades que tuvo para el
efecto.25
Precisamente, el tribunal de origen alegó la configuración de la figura jurídica bajo
análisis por parte del demandando, al considerar que se cumple con los postulados
referidos con anterioridad, ello al presentarse una serie de situaciones fraudulentas
en el proceso de tutela que culminó con el reconocimiento de la prestación, lo cual
se corrobora en el entendido de que la sentencia que concedió dicha prerrogativa
fue suspendida dentro del proceso penal adelantado por la Fiscalía Segunda
Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, quien asumió la investigación
25 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con radicación
76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez
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contra el juez que resolvió esta solicitud de amparo constitucional, en específico por
los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de
terceros.26
De hecho, en casos similares al presente en los que se advirtió que los docentes
accionantes presentaron acción de tutela que le correspondió al Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena), a pesar de que dicho municipio no era
el de la residencia de los reclamantes ni donde laboraron por última vez como
educadores, esta Subsección27 ya se ha pronunciado de manera pacífica al plantear
que:
«[…] En razón de lo expuesto, se encuentra que se desconoció la línea
jurisprudencial de esta Corporación sobre los requisitos para obtener el beneficio
de la pensión gracia; las reglas de competencia consagradas en los Decretos
2591 de 1991 y 1382 de 2009; y se puso en entredicho la buena fe de la señora
Omaira Córdoba Montaña.
Sobre el particular, se tiene que esta subsección en asuntos de similares
contornos, ha accedido a la devolución de sumas por concepto del
reconocimiento de la pensión gracia, en virtud de lo dispuesto por el Juzgado
Primero Laboral de Ciénaga, en los siguientes términos:
En la sentencia del 25 de enero de 2018, expediente 5216-16, consejero Ponente
William Hernández Gómez, se precisó:
En el presente asunto se advierte que la actora no demandó la nulidad de la
Resolución 33346 del 24 de octubre de 2005 mediante la cual Cajanal EICE (ff.
101-106 c.1) denegó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Sin embargo,
y aunque su domicilio y el último lugar donde se prestó el servicio docente fue el
municipio del Espinal, Tolima (ff. 19, 33, 63 ibidem); Gloria Digna Lara Ospina
junto con otros docentes instauró acción de tutela ante el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Ciénaga, Magdalena, a fin de obtener el reconocimiento
pensional, lo cual obtuvo por medio de la sentencia del 7 de abril de 2006.
En consideración a ello, le asiste razón a la entidad cuando afirma que la
servidora actuó de mala fe, siendo improcedente la aplicación de la disposición
prevista en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
como quiera que está acreditado que la aquí demandada aunque ya había
obtenido un pronunciamiento en sede administrativa contenido en la Resolución
33346 de 2005, que inicialmente denegó la pensión, frente a la cual se abstuvo
de iniciar cualquier acción ordinaria para controvertir su legalidad, de forma
intencional y consciente presentó acción de tutela en un lugar diferente al
domicilio y sin el lleno de los requisitos que prevé la ley, esto es, 20 años de
servicio.
De lo expuesto, queda claro que la actuación de la demandada se enmarca
dentro del concepto de mala fe o «fraude global» como lo decantó esta
subsección23 en un caso de similares circunstancias […].
26 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
11 de marzo de 2021. Radicado: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-18)
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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00457-02 (7475-2023)
En ese orden, procede la devolución por parte de Gloria Digna Lara Ospina de
las sumas que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento
pensional. Para el efecto, la UGPP deberá suscribir con la demandada un
acuerdo de reembolso, que preste mérito ejecutivo, «en condiciones tales que los
montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de
indignidad al obligado, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus condiciones
socio económicas».
A través de la sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente 1186-16,
consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, se dijo lo siguiente:
[…].en lo que concierne a la mala fe que en sentir de la entidad actora, le asistió
a la tercera interesada al impetrar la acción de tutela en lugar diferente al de su
trabajo y domicilio, se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte
Constitucional en la sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al
juez primero laboral del circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado asumir
el conocimiento de este mecanismo constitucional, porque además de
desconocer el principio de la subsidiariedad y del juez natural de la causa, era
indudable que la accionante no residía ni prestó sus servicios en esa
municipalidad como tampoco en el departamento de Magdalena, sino en el
municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello ligado a que el
acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia
había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario
a lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la
medida en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global
a fin de obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento
de la pensión gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite
predicar que es procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido
devengar por dicho concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que
además se deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto
de idénticos contornos se determinó.
En consecuencia, para que se haga efectivo el reembolso de las sumas que la
tercera interesada percibió, la administración deberá suscribir un acuerdo de
pago, que preste mérito ejecutivo, que deberá atender a las condiciones socio-
económicas de la obligada, de tal manera que los plazos y montos pactados para
el efecto no menoscaben su mínimo vital. […]».
Con base en este mismo entendimiento jurisprudencial, para la Sala es claro que el
actuar del apelante se apartó del postulado de la buena fe y a la vez demuestra su
asentimiento en la materialización de un fraude global, pues a pesar de haber
conocido los argumentos de la negativa de la pensión gracia por parte de Cajanal
EICE, decidió obtener el reconocimiento de la pensión gracia mediante una acción
constitucional presentada en Ciénaga (Magdalena), esto es, un lugar que no
coincidía con el de su domicilio que en la demanda se indicó, era el distrito de
Cartagena (Bolívar),28 ni con el último lugar en el que prestó sus servicios que fue
28 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00457-02 (7475-2023)
el municipio de Mompóx (Bolívar),29 así como tampoco con el de expedición de los
actos administrativos reprochados correspondiente al distrito capital de Bogotá.30
De acuerdo con lo anterior, le asiste razón a la entidad demandante al afirmar que
el accionado actuó de mala fe,31 por lo que resulta improcedente la aplicación de la
disposición prevista en el artículo 136 del CCA.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó la devolución de los dineros percibidos por
el docente a título de pensión gracia.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, esta manifestó planteamientos razonables para la defensa
jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá dicha carga en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
29 Ver el mismo índice.
30 Ver el mismo índice.
31 En casos similares, esta misma Subsección ya ha definido su postura, tal como se observa en las sentencias
del 24 de agosto de 2023, radicado: 25000-23-42-000-2014-01746-02 (6138-2022), y 41001-23-33-000-2014-
00423-01 (1061-2022).
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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00457-02 (7475-2023)
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderado sustituto de la UGPP
al abogado Kevin Daniel Amado Sanabria, portador de la tarjeta profesional 201.792
y 384.281, ello conforme al poder que se observan en el índice 4 de SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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