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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2012-00343-01

Acción de reparación directa

Fecha
31 de enero de 2019
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2012-00343-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A MODIFICAR la sentencia consultada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 20 de noviembre de 2015, en el proceso de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se resuelve: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de las señoras Ledys Deyanira Madero Díaz y Dilia Severiana Linero Obeso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Juan de Dios Madero Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, los siguientes montos, por concepto de indemnización de perjuicios morales: 1) JUAN DE DIOS MADERO DÍAZ Víctima directa 50 smlmv 2) YURANIS PAOLA MADERO LINERO Hija 50 smlmv 3) ROSSANY SHARYCK MADERO LINERO Hija 50 smlmv 4) NIKOLE DEL CARMEN MADERO LINERO Hija 50 smlmv 5) LESLY LISETH MADERO LINERO Hija 50 smlmv 6) MARÍA JOSÉ MADERO CANO Hija 50 smlmv 7) JUAN DE DIOS MADERO MEJÍA Padre 50 smlmv 8) LOURDES DÍAZ MEJÍA Madre 50 smlmv 9) ÁNGEL MIGUEL MADERO DÍAZ Hermano 25 smlmv 10) DENYS DUBYS MADERO DÍAZ Hermana 25 smlmv 11) EBERTH ADAN MADERO DÍAZ, Hermano 25 smlmv 12) FREDY ANTONIO MADERO DÍAZ Hermano 25 smlmv 13) YENNYS LOURDES MADERO DÍAZ Hermana 25 smlmv CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A. SÉPTIMO: Sin condena en costas. OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2012-00343-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

31 de enero de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Configurada / FALLA EN EL SERVICIO – Configurada

El 23 de agosto de 2006, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena impuso medida de aseguramiento al señor Juan de Dios Madero Díaz por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, con fundamento en la declaración del agente de la Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo. El 19 de enero de 2009, la Fiscalía dictó resolución de acusación, y el 2 de febrero de 2010, el Juez Segundo Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia absolutoria, en aplicación del principio de in dubio pro reo, pues el agente Benavides Turizo se retractó de su declaración. […] [E]l daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, la que debe responder por los perjuicios causados con la privación injusta del actor a título de falla en el servicio, pues impuso medida de aseguramiento sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley de procedimiento penal, es decir, con un solo indicio grave de responsabilidad, lo que implicó la privación injusta de su libertad […].

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad. En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad. La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política. En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996. De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma […]. Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del estado por privación injusta de la libertad, cita la Sentencia de Unificación 072 del 5 de julio de 2018, Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; sobre la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, cita la sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, Corte Constitucional, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Título de imputación

[E]n la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección […] se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación en casos de privación de la libertad, cita la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 15 de agosto de 2018, Exp. 46947, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

INFORMES DE POLICÍA – Valor probatorio

El artículo 314 de la Ley 600 de 2000 disponía que los informes de policía no tendrían valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación. Los artículos 355 y 356 de la ley 600 de 2000 establecían que la detención preventiva como medida de aseguramiento solo se imponía “cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”. Por otra parte, los artículos 346 y 348 de la norma en comento señalaban que quien hubiera sido capturado “por cualquier autoridad” debía ser conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente. Sin embargo, de no ser posible, se le podría recluir en el establecimiento carcelario del lugar o en otro establecimiento oficial destinado para el efecto, con el fin de que “dentro de la primera hora hábil del día siguiente”, se pusiera a disposición de esta última autoridad. Con todo, según el mencionado artículo 346, en ningún caso el capturado podría permanecer más de 36 horas a cargo de una autoridad distinta a la judicial (fiscal o juez de conocimiento). […] Así las cosas, la declaración del agente de Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo, sin respaldo en otros medios de prueba, no era suficiente para generar la restricción de la garantía fundamental a la libertad del ahora demandante, más aún cuando el testimonio no ofreció credibilidad desde un principio. […] Ahora bien, analizado el contenido del acto acusatorio, encuentra la Sala que, en el presente caso, la Fiscalía no fue diligente en el análisis de los hechos ni en el recaudo del material probatorio que fundamentó la acusación, porque limitó la decisión al relato rendido por el agente de Policía Benavidez Turizo, sin antes haber ejecutado las acciones tendientes a recaudar los elementos probatorios suficientes para esclarecer que los hechos ocurrieron de la forma como lo narró el testigo en su declaración.

INFORMACIONES DE PRENSA – Valor probatorio

Cabe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 del Código de Procedimiento Civil), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al expediente sólo prueban que allí apareció una noticia, pero no son demostrativos de los hechos que en ellos se afirman. El valor probatorio que se les ha otorgado a las noticias, opiniones, reportajes, fotografías, entrevistas, columnas que aparecen en los diversos medios de comunicación, exige que la información consignada puede ser apreciada si en conjunto con otras pruebas, se llega a la certeza del hecho registrado y, además, cuando se esté en presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos. Sin duda, es necesario aclarar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa allegada al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los recortes de prensa y allegada al proceso para que obre dentro de la valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las informaciones de prensa, cita la sentencia del 14 de julio de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00 (PI), Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M. P. Alberto Yepes Barreiro.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Requisitos

[L]a Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado. La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Reiteración jurisprudencial

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Juan de Dios Madero Díaz les causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que las personas que ven afectada su libertad experimenten sentimientos de angustia e impotencia porque de esa manera se afecta su proyecto de vida y se restringen otros de sus derechos fundamentales e intereses personales; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos. Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda. Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación , se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. Ahora bien, como al señor Juan de Dios Madero Díaz estuvo privado de la libertad por un periodo de cinco (5) meses y veintinueve (29) días, esto es, superior a tres e inferior a seis meses, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, los montos concedidos por el Tribunal para la víctima directa, sus padres, hijas y hermanos, respectivamente, cumple con los criterios mencionados, por lo que serán confirmados.

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES EN GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / LUCRO CESANTE

Respecto del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, se solicitó en la demanda su reconocimiento a favor del señor Juan de Dios Madero Díaz, por los dineros dejados de percibir desde el 7 de mayo de 2007, fecha en la que fue desvinculado del servicio como consecuencia de la privación de la libertad. En este punto, advierte la Sala que no es posible modificar la decisión adoptada, dado que en el caso concreto se estudia el grado jurisdiccional de consulta, el cual se surte a favor de la entidad pública condenada y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de desmejorar la situación jurídica de la Fiscalía General de la Nación

AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS - Daño a la vida de relación / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS – No probado

Esta Corporación se ha apartado del concepto de “daño a la vida de relación” para establecer dos categorías autónomas de perjuicio inmaterial, diferentes al daño moral, a saber: el daño a la salud (cuando se trate de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, perjuicio este que debe estar plenamente acreditado en el proceso y ameritar su reparación integral. De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, solamente en casos excepcionales puede darse cabida a la indemnización pecuniaria – con un límite de hasta 100 SMLMV- exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no resulten suficientes, pertinentes, oportunas o posibles y, además, que esas medidas no afectan el principio de la non reformatio in peius y, por ende, de ser procedentes, habría lugar a su reconocimiento en sede de consulta. En el presente caso, no se demostró la afectación alteración de las condiciones normales de existencia en su vida y actividad social de los demandantes

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 13001-23-31-000-2012-00343-01(56503)

Actor: LESLY LISET MADERO LINERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Temas: RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Análisis de la falla en el servicio - Absolución por in dubio pro reo. RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Análisis de la falla en el servicio. FALLA DEL SERVICIO - La medida no se ajustó a los requisitos legales.

Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión 002, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 23 de agosto de 2006, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena impuso medida de aseguramiento al señor Juan de Dios Madero Díaz por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, con fundamento en la declaración del agente de la Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo. El 19 de enero de 2009, la Fiscalía dictó resolución de acusación, y el 2 de febrero de 2010, el Juez Segundo Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia absolutoria, en aplicación del principio de in dubio pro reo, pues el agente Benavides Turizo se retractó de su declaración.

II. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda

Mediante demanda presentada el 28 de mayo de 2012 (fls. 1 a 15 c. 1), los señores Juan de Dios Madero Díaz, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas Rossany Sharick Madero Linero, Nikole del Carmen Madero Linero y María José Madero Cano; Yuranis Paola Madero Linero, Lesly Lizeth Madero Linero, Juan de Dios Madero Mejía, Lourdes Díaz Mejía, Ángel Miguel Madero Díaz, Denys Dubys Madero Díaz, Eberth Adan Madero Díaz, Fredy Antonio Madero Díaz, Yennys Lourdes Madero Díaz y Dilia Saveriana Linero Obeso, por conducto de apoderado judicial (fls. 16 - 29 c. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-, por los perjuicios causados con motivo de la privación injusta de la libertad que soportó el primero de los nombrados entre el 23 de agosto de 2006 y el 12 de marzo de 2007, con ocasión de una investigación penal adelantada en su contra por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes.

En concreto, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA. Que se declare administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con ocasión de los hechos narrados en el libelo de la demanda y que dieron como resultado la privación injusta de la libertad de JUAN DE DIOS MADERO.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración de la pretensión anterior, se condene a LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar indemnización por los siguientes daños y perjuicios: materiales de daño emergente y lucro cesante.

TERCERA. Que se condene a LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar indemnización a favor de cada una de las personas demandantes víctimas directas e indirectas los daños y/o perjuicios morales:

PERJUICIOS MORALES O PRETIUM DOLORIS

Las víctimas se sumergieron en tristeza, desconsuelo, dolor, llanto y angustia en aflicción, tristeza, desanimo, congoja; y lo que es exponencialmente amplificador de estos estados fue la impresión de ver la publicación en el periódico local de las imputaciones.

GRUPO FAMILIAR

A la víctima directa, JUAN DE DIOS MADERO, por un total de doscientos (200) salarios mínimos mensuales vigentes por el sufrimiento moral.

A la víctima indirecta, esposa de la víctima, la señora DILIA SEVERINA LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermano del accionante, el señor ÁNGEL MIGUEL MADERO DIAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermana del accionante, la señora DENYS DUBYS MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermano del accionante, el señor EBERTH ADAN MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermano del accionante, el joven FREDY ANTONIO MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermana del accionante, la señora YENNIS LOURDES MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermana del accionante, la señora LEDYS DEYANIRA MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven YURANIS PAOLA MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven MARÍA JOSÉ MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven ROSSANY SHARYCK MADERO LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven NIKOLE DEL CARMÉN MADERO LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven LESLY LISET MADERO LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, madre del accionante, la señora LOURDES DÍAZ MEJÍA, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, padre del accionante, el señor JUAN DE DIOS MADERO MEJÍA, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CUARTA. Que como consecuencia de la declaración de la pretensión anterior, se condene a LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar indemnización a favor de cada una de las siguientes personas demandantes, los daños en la vida en relación y/o perjuicios fisiológicos:

DAÑOS DE LA VIDA EN RELACIÓN – daño al proyecto de vida – perjuicio al goce de vivir – perjuicio al desagrado – daño a la honra y al buen nombre – daño existencial – daño psicológico (DAÑO A LA SALUD).

DAÑOS DE LA VIDA EN RELACIÓN

Por la alteración de las condiciones normales de existencia, afectaciones que inciden en forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, alrededor de su vida, actividad social.

GRUPO FAMILIAR

A la víctima directa, JUAN DE DIOS MADERO, por un total de doscientos (200) salarios mínimos mensuales vigentes por el sufrimiento moral.

A la víctima indirecta DILIA SEVERINA LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermano del accionante, el señor ÁNGEL MIGUEL MADERO DIAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermana del accionante, la señora DENYS DUBYS MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermano del accionante, el señor EBERTH ADAN MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermano del accionante, el joven FREDY ANTONIO MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermana del accionante, la señora YENNIS LOURDES MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hermana del accionante, la señora LEDYS DEYANIRA MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven YURANIS PAOLA MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven MARÍA JOSÉ MADERO DÍAZ, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven ROSSANY SHARYCK MADERO LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven NIKOLE DEL CARMÉN MADERO LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, hija del accionante, la joven LESLY LISET MADERO LINERO, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, madre del accionante, la señora LOURDES DÍAZ MEJÍA, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la víctima indirecta, padre del accionante, el señor JUAN DE DIOS MADERO MEJÍA, el valor de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

QUINTA. Que la suma condenada se le dé cumplimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A., liquidando los intereses comerciales y moratorios si no se paga en forma oportuna.

SEXTA. Se condene a la parte demandada al pago de costas procesales a favor de los demandantes; emerge con claridad diáfana la falla en el servicio, la actitud displicente de la entidad demandada pues su comité de conciliación no ha propuesto una alternativa distinta para resolver el conflicto, la operación administrativa fallida, y que la acción se encuentra dentro del término para ejercerse.

Por estas breves pero potísimas razones exhorto a esta respetada colegiatura condenar en costas a la entidad demandada, pues la conducta asumida evidencia un total desinterés en evitar un detrimento a las arcas de la entidad convirtiendo su actitud en temeraria, un desapego a resarcir los daños causados. Todo de conformidad en el art 171 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998 art 55.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente:

El señor Juan de Dios Madero Díaz fue vinculado a una investigación penal por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes. El 23 de agosto de 2006, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena resolvió la situación jurídica del actor y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

El 19 de enero de 2009, la Fiscalía de conocimiento calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor Juan de Dios Madero Díaz.

Mediante sentencia del 2 de febrero de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena absolvió al actor, en consideración a la falta de elementos de juicio sobre su responsabilidad en la comisión del delito endilgado por la Fiscalía General de la Nación.

2.- El trámite de primera instancia

El 15 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda (fl. 105 – 106, c. 1) y ordenó la notificación personal a la Nación-Fiscalía General de la Nación (fl. 110 c. 1) y al Ministerio Público.

Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2012, la parte demandante reformó la demanda (fls. 134 – 147, c. 1). La reforma se admitió por auto del 18 de marzo de 2013 (fls. 174 – 175, c. 3) y se ordenó su notificación a la parte demandada (fl. 176 c. 1) y al Ministerio Público.

La Nación-Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal (fls. 111-120, 150-159 y 180-181 c. 1) y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por la parte demandante. Como razones de su defensa manifestó que actuó conforme al ordenamiento jurídico pues impuso la medida de aseguramiento con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad, profirió resolución de acusación de conformidad con las pruebas obrantes dentro del proceso penal, y el sindicado fue absuelto por in dubio pro reo.

Agregó que la sentencia C-037 de 1996 señaló que para que la privación pueda considerarse como injusta, la actuación de la entidad debe ser calificada como subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, por lo que la absolución en aplicación del principio de in dubio pro reo no configura de manera automática la responsabilidad del Estado, porque se debe acreditar que la privación de la libertad fue desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.

Concluyó que su actuación y las decisiones tomadas durante el proceso penal estuvieron adecuadas a la ley y no respondieron al actuar arbitrario o caprichoso de la entidad, por lo que no incurrió en falla del servicio.
El 18 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Bolívar abrió la etapa probatoria (fls. 183 - 184, c.1) y, mediante auto proferido el 27 de octubre de 2014, corrió traslado de la actuación a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto (fl. 407, c.1). El 30 de octubre de 2014, el actor interpuso recurso de reposición contra esta providencia (f. 378 c. 1).

El 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar dejó sin efectos el auto de 27 de octubre de 2014, por el cual corrió traslado a las partes para alegar en conclusión (fls. 394 y 395 c. 1). Posteriormente, el 28 de septiembre de 2015, el Tribunal declaró la legalidad de todo lo actuado y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar en conclusión y rendir concepto, respectivamente. (f. 407 c. 1).

En esa oportunidad procesal, la parte actora (fls. 446 – 449, c. ppal), insistió en que el señor Juan de Dios Madero Díaz fue absuelto, pero con la privación de su libertad los demandantes sufrieron perjuicios morales, los cuales deben serle indemnizados, de conformidad con los parámetros establecidos por el Consejo de Estado. Solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de costas, el 15% de la suma que se llegue a reconocer por concepto de perjuicios a favor de cada uno de los demandantes (f. 446-449 c. ppal).

La Nación-Fiscalía General de la Nación alegó que no existe dentro del plenario prueba de la privación de la libertad del actor; que la investigación penal es una carga que los ciudadanos deben soportar por el hecho de vivir en sociedad, y que el actor fue absuelto por in dubio pro reo, pues para dictar sentencia se necesita certeza absoluta de que el sindicado cometió el delito investigado, circunstancia que no se exige para proferir medida de aseguramiento, dado que solo se requiere la existencia de dos indicios graves que muestren al investigado como posible infractor de la ley penal. Concluyó que los perjuicios materiales deben estar acreditados dentro del plenario (fls. 389 – 387, c.1).

El Ministerio Público solicitó se accediera a las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que la Nación-Fiscalía General de la Nación, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, causó un daño antijurídico al señor Juan de Dios Madero Díaz, en tanto ordenó la privación de su libertad, hecho que le ocasionó a la parte demandante perjuicios de orden moral y material (fls. 409 – 415, c. 1),

3.- La sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta

Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2015 (fls. 418 - 445 c. ppal), el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión 002, declaró la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la señora LEDYS DEYANIRA MADERO DÍAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios causados a los demandantes JUAN DE DIOS MADERO DÍAZ, YURANIS PAOLA MADERO LINERO, ROSSANY SHARYCK MADERO LINERO, NIKOLE DEL CARMEN MADERO LINERO, LESLY LISET MADERO LINERO, MARÍA JOSÉ MADERO CANO, JUAN DE DIOS MADERO MEJÍA, LOURDES DÍAZ MEJÍA, ÁNGEL MIGUEL MADERO DÍAZ, DENYS DUBYS MADERO DÍAZ, EBERTH ADAN MADERO DÍAZ, FREDY ANTONIO MADERO DÍAZ Y YENNIS LOURDES MADERO DÍAZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar por concepto de daño moral las siguientes sumas de dinero:

1) JUAN DE DIOS MADERO DÍAZ
Víctima directa
50 smlmv
2) YURANIS PAOLA MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
3) ROSSANY SHARYCK MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
4) NIKOLE DEL CARMEN MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
5) LESLY LISET MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
6) MARÍA JOSÉ MADERO CANO
Hija
50 smlmv
7) JUAN DE DIOS MADERO MEJÍA
Padre
50 smlmv
8) LOURDES DÍAZ MEJÍA
Madre
50 smlmv
9) ÁNGEL MIGUEL MADERO DÍAZ
Hermano
25 smlmv
10) DENYS DUBYS MADERO DÍAZ,
Hermana
25 smlmv
11) EBERTH ADAN MADERO DÍAZ,
Hermano
25 smlmv
12) FREDY ANTONIO MADERO DÍAZ
Hermano
25 smlmv
13) YENNIS LOURDES MADERO DÍAZ
Hermana
25 smlmv

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: Si no fuese apelada la presente providencia, acorde con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 184 del C.C.A., en consideración al monto de la condena impuesta, CONSÚLTESE esta sentencia ante el H. Consejo de Estado.

SÉPTIMO: CÚMPLASE la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

OCTAVO: En firme ésta providencia, por Secretaría comuníquese a las partes en la forma y términos previstos en el artículo 173 del C.C.A.

NOVENO: Una vez en firme esta providencia, procédase al archivo del expediente, dejando las anotaciones y constancias de rigor.

Como fundamento de su decisión, el Tribunal de primera instancia consideró, con sustento en el material probatorio obrante en el expediente y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que el señor Juan de Dios Madero Díaz fue privado de su libertad y, posteriormente, absuelto porque no se acreditó dentro del proceso penal su responsabilidad como autor de los delitos de peculado por apropiación y fabricación y porte de estupefacientes, por lo que la Fiscalía, al haber sido la entidad que restringió la libertad del sindicado, debe indemnizar los perjuicios causados a los demandantes (fls. 301 - 334 c. ppal).

4.- Trámite del grado jurisdiccional de consulta

Al no haber sido apelada la anterior decisión y verificados los presupuestos de procedencia, mediante providencia del 11 de mayo de 2016 (fls. 455 – 456, c. ppal), esta Corporación avocó conocimiento de la presente causa para efectos de decidir sobre el grado jurisdiccional de consulta y dispuso el traslado a las partes para que se presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los argumentos expuestos durante todo el proceso y resaltó que el señor Juan de Dios Madero Díaz fue absuelto porque cuando se profirió la medida de aseguramiento y la resolución de acusación, no existían pruebas idóneas que acreditaran su participación en los hechos (fls. 484, c. ppal).
La Nación-Fiscalía General de la Nación alegó que las providencias fueron proferidas de conformidad con la normatividad vigente y que tiene la obligación constitucional de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores. Agregó que la medida de aseguramiento impuesta al demandante tuvo como fundamento la existencia de indicios graves de responsabilidad y que este fue absuelto no porque se haya tenido certeza sobre su inocencia sino por duda sobre su responsabilidad, por lo que no se acreditó que su actuación haya sido injusta, desproporcionada o arbitraria (fls. 458-466 c. ppal)

En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, la detención tuvo como fundamento lo dicho por un testigo, sin contar con soportes ni elementos de juicio que comprobaran la participación del actor en el delito que se le sindicaba. Concluyó que la ausencia de pruebas y el error en la tipicidad de la conducta torna en injusta la privación de la libertad que sufrió el señor Juan de Dios Madero Díaz (fls. 479-483 c. ppal).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Prelación de fallo

La Sala decide el presente caso en virtud del acta No. 10 del 25 de abril de 2013, en la que Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.

2.- Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, debido a que: i) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en razón de su naturaleza; ii) la cuantía de la condena en primera instancia es superior a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y iii) el fallo no fue apelado por alguna de las partes.

En el presente caso se observa que resulta procedente el grado jurisdiccional de consulta en razón a que la sentencia del 20 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar no fue apelada y la condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación supera la cuantía de 300 SMLMV, dado que la condena equivale a 500 SMLMV.

Como consecuencia, procederá la Sala a resolver el presente asunto en sede de consulta.

3.- Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el expediente reposa la providencia proferida el 2 de febrero de 2010 (fls. 60 – 100, c. 1), por medio de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena absolvió de responsabilidad al señor Juan de Dios Madero Díaz por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes y, como consecuencia, ordenó su libertad provisional.

Obra en el expediente la certificación suscrita por la Secretaría del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena (fl. 101 c. 1), según la cual, el 3 de marzo de 2010 quedó ejecutoriada la providencia del 2 de febrero de 2010.

En consecuencia, el término para interponer la demanda, corrió del 4 de marzo de 2010 hasta el 4 de marzo de 2012.

Según constancia expedida por la Procuraduría 130 Judicial II Administrativa de Bolívar (fls. 43 -45, c, 1) el actor presentó el 24 de febrero de 2012, solicitud de conciliación extrajudicial, esto es, faltando 10 días para que expirara el término para presentar oportunamente la demanda. Mediante auto del 24 de mayo de 2012, la Procuraduría declaró fallida la conciliación, por falta de ánimo conciliatorio entre las partes.

En este sentido, teniendo en cuenta que el 24 de febrero de 2012 se presentó solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad se suspendió hasta el 24 de mayo de ese mismo año, fecha en la cual se declaró fallida. Al día siguiente se reanudó el conteo por los 10 días, que vencían el 3 de junio 2012, y como la demanda se presentó el 28 de mayo del mismo año, resulta que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

4.- La legitimación en la causa

Al proceso concurrió el señor Juan de Dios Madero Díaz quien acreditó ser la víctima de la privación de la libertad, toda vez que de las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes.

Así mismo, está probado mediante los registros civiles de nacimiento (fls. 46 – 59, c. 1) la calidad de los padres, hermanos e hijos del afecto directo, de donde se infiere que se encuentran legitimados en la causa por activa.

En relación con las señoras Ledys Deyanira Madero Díaz y Dilia Severiana Linero Obeso, de quienes se afirmó en la demanda eran la hermana y cónyuge, respectivamente, del señor Juan de Dios Madero Díaz, la Sala encuentra que no está acreditada su legitimación en la causa por activa, por cuanto, al proceso, para probar tal condición, debieron aportar, respectivamente, los registros civiles de nacimiento y de matrimonio, documentos que no obran dentro del plenario.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que a la Nación–Fiscalía General de la Nación, se le imputan unos daños en razón de la detención del señor Juan de Dios Madero Díaz, motivo por el que considera la Sala que la entidad tiene legitimación para actuar dentro del presente asunto, y está debidamente representada.

5. Sobre la valoración de las declaraciones extra juicio.

La demandante aportó diez (10) declaraciones extra juicio (fls. 30 – 39 c. 1) con el fin de acreditar la aflicción que ocasionó a todos los demandantes la privación de la libertad del señor Juan de Dios Madero Díaz, declaraciones que no serán valoradas pues carecen de eficacia probatoria, en tanto que no se practicaron con la comparecencia de la contraparte ni se surtió la ratificación de las mismas dentro del proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del CPC.

6. Sobre la valoración de las informaciones publicadas en periódicos.

En el expediente obran copias de recortes del periódico con los titulares “Retirados 13 miembros de la Policía en Bolívar” e “Investigarán a 11 policías por lavado de activos”. En estos se relatan básicamente los hechos de la investigación adelantada en contra del señor Juan de Dios Madero Díaz y otros policías (fls. 40 y 41 c. 1).

Cabe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 del Código de Procedimiento Civil), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al expediente sólo prueban que allí apareció una noticia, pero no son demostrativos de los hechos que en ellos se afirman.

El valor probatorio que se les ha otorgado a las noticias, opiniones, reportajes, fotografías, entrevistas, columnas que aparecen en los diversos medios de comunicación, exige que la información consignada puede ser apreciada si en conjunto con otras pruebas, se llega a la certeza del hecho registrado y, además, cuando se esté en presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos.

Sin duda, es necesario aclarar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa allegada al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas.

De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los recortes de prensa y allegada al proceso para que obre dentro de la valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio.

7.- La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política

7.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación.

Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado.

7.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:

Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

7.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.

En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.

La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.

En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.

De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, conforme con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.

Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.

7.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículo 1, 2 y 28 de la Constitución Política, entre otros, bajo el entendido que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser entendidos sino tienen como punto de partida la libertad.

Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalísima como un principio.

Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.

Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular la medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.

Sin embargo, señala que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.

Con fundamento en todo lo anterior, en que el artículo 90 no define un título de imputación y que la falla del servicio es el título de imputación prevalente, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este tópico prescribe:

En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.

Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.

La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.

Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.

7.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.

En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.

Las dos causales anteriores se contrastan con la absoluciones consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.

Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.

7.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.

En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.

8.- Problema jurídico

En el marco del grado jurisdiccional de consulta y previa acreditación de la existencia del daño, la Sala debe determinar si la privación de la libertad del señor Juan de Dios Madero Díaz, ordenada dentro de la investigación que cursó ante Fiscalía Seccional Diecisiete de Cartagena, por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, que culminó con absolución a su favor decretada por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa misma ciudad, constituye o no una detención injusta, que compromete la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación. En caso que la respuesta a ese problema jurídico sea favorable a la parte demandante, se estudiará la indemnización de perjuicios.
9. Elementos de la responsabilidad extracontractual

9.1.- El daño

Para abordar integralmente la problemática que supone el grado jurisdiccional de consulta, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe estudiarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a determinar la posibilidad de imputarla a las demandadas.

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante es la afectación a su libertad durante el tiempo en que estuvo privado de esta, en el marco de la investigación penal que se adelantó en su contra como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, por el cual fue recluido en un establecimiento penitenciario.

En efecto, la Sala considera que no hay duda sobre la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor Juan de Dios Madero Díaz fue procesado penalmente y, por ende, privado de su libertad desde el 13 de septiembre de 2006 hasta el 12 de marzo de 2007, tal como consta en el certificado expedido por el INPEC (fls. 148 y 149, 309 y 368 c.1).

9.2.- La imputación a la Nación-Fiscalía General de la Nación

Establecida la existencia del daño, es necesario verificar si resulta antijurídico y, además, imputable fáctica y jurídicamente a la demandada, por lo que, valorado en conjunto el material probatorio, ha de decirse que se encuentran acreditados los siguientes hechos:

El 3 de agosto de 2006, el capitán Jorge Iván Arbeláez Mejía recibió una llamada anónima en la que le informaron que en el CAI de Paraguay varios policías uniformados se estaban repartiendo un dinero producto de una actividad ilícita, por lo que se desplazó a ese lugar, donde se encontraban, entre otros policías, el agente Juan Madero Díaz. Al frente del CAI había un automotor de propiedad del “AG FIGUEROA”. El personal de antinarcóticos lo revisó y encontró, “debajo del tapete del conductor 5 fajos de billetes de cincuenta mil pesos ($50.000), los cuales cada uno contenía 100 billetes para un total de veinticinco ($25.000.000) millones de pesos” (fls. 62-63 c. 1).

El 23 de agosto de 2006, la Fiscalía Seccional Diecisiete de Cartagena impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes al agente de la Policía Juan de Dios Madero Díaz, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena (f. 71, c. 1).

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2006, el agente Juan de Dios Madero Díaz fue privado de la libertad y recluido en el Establecimiento de Reclusión Especial de Corozal, y el 12 de marzo de 2007 recobró su libertad (fls. 148, 309, c. 1).

El 19 de enero de 2009, la Fiscalía Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena profirió resolución de acusación contra el señor Juan de Dios Madero Díaz, por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, decisión confirmada el 18 de junio de 2009 por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena (f. 71 y 72, c. 1). Esas decisiones se fundamentaron en un informe policivo, que fue corroborado con la declaración jurada del agente de la Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo, quien señaló al también agente Juan de Dios Madero Díaz como miembro de una banda criminal, conformada por civiles y policías, dedicada al tráfico de estupefacientes y, además, manifestó haber observado la forma en la que se ejecutó el delito:

(…) Para el ente acusador, el informe policivo viene corroborado con las pruebas que fueron oportunamente incorporadas al proceso, que dan cuenta de la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado, tales como la declaración jurada realizada por el IS Benavidez Turizo Víctor Alfonso, donde manifestó haber participado en el operativo y de igual forma haber presenciado cuando capturaron a tres de sus compañeros policiales, cuando llevaron la cocaína al CAI Paraguay, cuando la suben al panel de la patrulla con el dinero y la desaparecen, entre otras (f. 73 y 74, c.1).

Posteriormente, el 2 de febrero de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena absolvió al señor Juan de Dios Madero Díaz por in dubio pro reo. Durante la audiencia pública de juzgamiento, la Fiscalía en su intervención solicitó se profiriera sentencia absolutoria a favor de los sindicados, entre los cuales se encontraba el señor Juan de Dios Madero Díaz, en relación a que el agente de Policía Benavidez Turizo y el capitán Arbeláez se retractaron de la declaración:

A. INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

Que la investigación llevada a cabo por ese ente tuvo directrices diferentes a las que se tienen hoy en la etapa de juzgamiento (…) entrando así en una inconcordancia con respecto a la resolución de acusación proferida en su respectivo momento, a la posición que tendría que tomar en esta etapa procesal, pidiendo que al momento de proferir sentencia esta sea de carácter absolutorio teniendo en cuenta la versión jurada de los señores CT ARBELÁEZ y BENAVIDES TURIZO cuando manifiestan que no les consta que el contenido de los supuestos sacos era droga (coca) tampoco le consta el peso de dichos sacos era igual o superior a 50 kilos, que no les consta el dinero encontrado en el vehículo de FIGUEROA YANES era producto de la transacción ilícita de droga entre los civiles y el grupo de policiales; que no le consta que las personas civiles involucradas en el presente asunto tenían antecedentes como narcotraficantes; que cuando llegó al sitio de la báscula en el bosque, ya los civiles estaban capturados, que no tenía conocimiento que los civiles les hubieran entregado el dinero a los policiales; que le escuchó mencionar la droga y el dinero a unos compañeros; que no tiene conocimiento que existió acuerdo previo entre el resto del personal uniformado para apoderarse del dinero y la droga; que en momento alguno recibió propuesta indecorosa por parte de los policiales LAMONA Y ROMERO para realizar conductas punibles; lo cual lleva a concluir la inexistencia del punible de tráfico de estupefacientes (…). (fls. 74 y 75 c. 1)

Ahora, el Juzgado Segundo Penal de Cartagena al absolver al señor Juan de Dios Madero Díaz y a los otros agentes de Policía, evidenció que el agente Víctor Alfonso Benavidez Turizo, único declarante dentro del proceso, se retractó de su testimonio. La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio:

(…) Y es que asumiendo una posición racional y científica, es desatinado tener como medio demostrativo el que se diga que a simple vista tenían un peso de 50 kilos, y que en su interior había estupefacientes; es decir, ¿es acertado manifestar que con la vista o simple observación se pueda establecer el peso de un objeto y su contenido? Obviamente la respuesta siempre será negativa, y sobre todo cuando no se tomó su peso levantando los sacos, u observando sus contenidos.

(…)

Lo mismo se concluye del dinero objeto de la apropiación, ¿dicho testigo en que momento contó el dinero?, entonces, también, ¿con la simple vista de ellos podemos saber cuántos tiene cada fajo?

(…)

Pero de todos los aspectos que llama la atención sobra tal testimonio, incluso, sin tener en cuenta las aclaraciones que posteriormente hizo en audiencia pública, es el hecho que tal testigo supiera todos los pormenores de la forma en que presuntamente ocurrieron los hechos. Y surgen mas preguntas: Si sabía o tenía conocimiento de la entrega del dinero y estupefacientes con anticipación, ¿Por qué no puso en conocimiento tal situación a sus superiores, para así elaborar el correspondiente operativo o logística de captura? Tal afirmación por él suministrada era tal, que hace suponer que hacia parte, juntos con el señor HÉCTOR ALIRIO COLLANTES FUENTES, del supuesto grupo de policías que planearon una estrategia para recibir estupefacientes y dinero en beneficio de ellos.

(…)

Con todos esos detalles y aportes, ¿Cómo es que BENAVIDEZ TURIZO no fue procesado? Tal circunstancia arroja mucha cautela, la misma a la llamada en derecho civil como testimonio sospechoso; sobre todo si ello se anuda a aspectos como que la inspección o prueba para establecer residuos de estupefacientes hecha al vehículo automotor, marca Chevrolet Corsa, color blanco, placa FBO 557, modelo 2005, resultó negativa; como también que el dinero que fue encontrado en dicho rodante tenía como destino el ser objeto de préstamo, de parte del agente WILFRIDO FIGUEROA YANES a favor de MAYRA GUERRA YANES, y que los procesados manifestaron diferentes razones que justificó la estadía de ellos en el CAI del barrio del Paraguay (…).

Reanudando más en las conclusiones de tal tipo, se tiene la declaración del agente BENAVIDEZ TURIZO del 26 de febrero de 2000, y por la que aclaró que no puede dar fe acerca de la sustancia ni del dinero, aspectos sin los cuales no se pueden configurar los delitos en cuestión, máxime si tal testigo fue fundamental para pretender establecer tanto la tipicidad como la responsabilidad de los ex agentes de policía.

(…)

De tal forma, no era procedente, en el caso bajo estudio, hacer la transposición mental en los procesados, sean los policías o los civiles, y determinar que los hechos ocurrieron de la forma plasmada en la resolución de acusación, es decir, que los ex agentes de policía de acuerdo a una empresa criminal, y valiéndose de una transacción de estupefacientes y dinero, se valieron de su condición, y se aprovecharon de ello para apropiarse tanto del dinero, como de la sustancia sicotrópica, operación que tuvo ingredientes mas de inferencias de tipo moral y subjetivo, y que tuvo un solo sustento probatorio, que como se ha visto, no revistió credibilidad desde el principio, hasta el punto que en audiencia pública se reafirmó en su segunda declaración, en la que se retractó, afirmando que no le constaba que el contenido de los supuestos sacos era droga (coca), como tampoco que el peso era de 50 kilos, que el dinero encontrado en el vehículo de FIGUEROA YANES era producto de una transacción ilícita de drogas entre civiles y el grupo de policías, que entre ellos existió algún tipo de vínculo, que dichos civiles tuvieran antecedentes de narcotraficantes, que los civiles le hubiesen entregado dinero a los uniformados, que el asunto de la droga y el dinero lo oyó escuchar a unos compañeros, a quienes nunca identificó (…). (fls. 87-96 c. 1)

Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio arrimado al plenario, para efectos de decidir el caso puesto a su consideración, precisa la Sala que es necesario concluir lo siguiente:

La Fiscalía Seccional Diecisiete de Cartagena impuso medida de aseguramiento al señor Juan de Dios Madero Díaz con base en un informe policivo fundado en la declaración del agente de la Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo, quien afirmó haber observado la forma cómo este agente, junto con otros policías, manifestaron los hechos constitutivos del delito de tráfico de estupefacientes, pues vio “cuando llevaron la cocaína al CAI Paraguay, cuando la suben al panel de la patrulla con el dinero y la desaparecen, entre otras” (fls. 73 y 74 c.1).

A este testimonio, la Fiscalía le dio total relevancia y credibilidad, porque se trataba de un agente de la Policía, y con fundamento en esa prueba profirió medida de aseguramiento y resolución de acusación en contra del agente Madero Díaz, entre otros. Sin embargo, el agente Benavidez Turizo se retractó de sus afirmaciones, por lo que el ente acusador, en la audiencia de fallo del proceso penal, solicitó que se profiriera sentencia absolutoria (fls. 74 y 75 c. 1)

Así mismo, el Juez Segundo Penal de Cartagena en la sentencia absolutoria, señaló que el testigo de los hechos se retractó de sus acusaciones:

(…) La declaración del agente Benavidez Turizo del 26 de febrero de 2000, y por la que aclaró que no puede dar fe acerca de la sustancia ni del dinero, aspectos sin los cuales no pueden configurar los delitos en cuestión, máxime si tal testigo fue fundamental para pretender establecer tanto la tipicidad como la responsabilidad de los ex-agentes de policía.

(…) De tal forma no era procedente, en el caso bajo estudio, hacer la transposición mental en los procesados, sean los policías o los civiles, y determinar que los hechos ocurrieron de la forma plasmada en la resolución de acusación, es decir, que los ex agentes de policía de acuerdo a una empresa criminal y valiéndose de una transacción de estupefacientes y dinero, se valieron de su condición se aprovecharon de ello para apropiarse tanto del dinero como de la sustancia sicotrópica, operación que tuvo ingredientes más de tipo moral y subjetivo y que tuvo un solo sustento probatorio hasta el punto que en audiencia pública se reafirmó en su segunda declaración, en la que se retractó, afirmando que no le constaba que el contenido de los supuestos sacos era droga (coca), como tampoco que el peso era de 50 kilos, que el dinero encontrado en el vehículo de Figueroa Yanes era producto de una transacción ilícita de drogas entre civiles y el grupo de policías, que entre ellos existió algún tipo de vínculo, que dichos civiles tuvieran antecedentes de narcotraficantes, que los civiles le hubiesen entregado dinero a los uniformados, que el asunto de la droga y el dinero lo oyó escuchar a unos compañeros, a quienes nunca identificó (…). (fls. 92, 95 y 96, c.1).

En consecuencia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena lo absolvió de toda responsabilidad por in dubio pro reo.

De conformidad con los hechos anteriormente señalados y que fueron acreditados dentro del plenario, la Sala procede a analizar la imputación a la entidad demandada.

Debe aclararse que a esta Jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, puesto que así lo ha expuesto esta Sección del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, porque se trata de procesos diferentes y autónomos entre sí:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable (…)

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Bajo esta perspectiva, la Sala, con base en las pruebas que obran en el proceso, determinará si existe o no responsabilidad patrimonial de la demandada, sin hacer consideración alguna respecto de la responsabilidad penal del señor Juan de Dios Madero Díaz, porque ésta quedó definida en la sentencia de 2 de febrero de 2010, mediante la cual fue absuelto por in dubio pro reo.

Ahora bien, para efectos de estudiar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, para la Sala es menester realizar un recuento de las disposiciones legales que enmarcaron el trámite del proceso penal del señor Juan de Dios Madero Díaz. Por esta razón, conviene aclarar que aquel estuvo gobernado por la Ley 600 de 2000, dado que el hecho por el cual fue sindicado acaeció el 3 de agosto de 2006, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.

El artículo 314 de la Ley 600 de 2000 disponía que los informes de policía no tendrían valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación.

Los artículos 355 y 356 de la ley 600 de 2000 establecían que la detención preventiva como medida de aseguramiento solo se imponía “cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”. Por otra parte, los artículos 346 y 348 de la norma en comento señalaban que quien hubiera sido capturado “por cualquier autoridad” debía ser conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente. Sin embargo, de no ser posible, se le podría recluir en el establecimiento carcelario del lugar o en otro establecimiento oficial destinado para el efecto, con el fin de que “dentro de la primera hora hábil del día siguiente”, se pusiera a disposición de esta última autoridad. Con todo, según el mencionado artículo 346, en ningún caso el capturado podría permanecer más de 36 horas a cargo de una autoridad distinta a la judicial (fiscal o juez de conocimiento).

El artículo 340 ibídem señalaba que, producida la captura y conducido el capturado a la autoridad judicial competente, “la indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscalía General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”.

Finalmente, el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 disponía que se debía resolver situación jurídica en los eventos en que fuera procedente la detención preventiva y que “cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata”.

Así mismo, dicha norma indicaba que si el sindicado no estaba privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica era de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado disponían del mismo término cuando eran cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha.

En el caso concreto, se desprende de las pruebas relacionadas con anterioridad que el señor Juan de Dios Madero Díaz fue recluido en establecimiento carcelario cuando ya había sido proferida una medida de aseguramiento en su contra y, además, después de habérsele escuchado en diligencia de indagatoria, de ahí que se concluya que no se le vulneró término o disposición alguna en el trámite de estas diligencias.

Ahora bien, a pesar de que la detención preventiva del procesado obedeció a la existencia de una declaración de un agente de la Policía quien aseguró que el demandante, junto con otros policías, había incurrido en los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, no cumplió con los requisitos exigidos por la ley penal vigente al momento de los hechos -Ley 600 de 2000-, pues para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva era necesaria la existencia de por lo menos dos (2) indicios graves de responsabilidad.

En efecto, el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 disponía que los informes de policía no tendrían valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación. El informe policial que contiene la declaración del agente de policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo no podía considerarse como un indicio grave de responsabilidad, porque de conformidad con la ley penal, dicho informe solo sirve como criterio orientador dentro de la investigación.

Así mimo, la declaración del agente de Policía Benavidez Turizo debió confrontarse y corroborarse con otros medios de prueba, pues a pesar de la calidad del testigo, requería de la verificación de la Fiscalía a través de pruebas adicionales que permitieran confirmar la veracidad de las acusaciones, ya que su solo relato no configuraba los dos indicios graves exigidos por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.

Así las cosas, la declaración del agente de Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo, sin respaldo en otros medios de prueba, no era suficiente para generar la restricción de la garantía fundamental a la libertad del ahora demandante, más aún cuando el testimonio no ofreció credibilidad desde un principio.

En conclusión, como se narró previamente, la decisión de la Fiscalía Seccional Diecisiete de Cartagena para imponerle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, tuvo como sustento un solo indicio grave de responsabilidad contra el señor Juan de Dios Madero Díaz, hecho que se desprende de las resoluciones de imposición de la medida de aseguramiento y de acusación y de la sentencia absolutoria.

En este orden de ideas, para la Sala, de conformidad con el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, en el sub judice no se cumplieron los presupuestos para procedencia de la detención preventiva, por cuanto: (i) el informe policial no se puede valorar como si fuera un indicio grave pues solo sirve como criterio orientador en la investigación penal, según el artículo 314 de la Ley 600 de 2000; (ii) la declaración del agente de Policía Víctor Alfonso Benavidez Turizo se configura solo como un indicio grave de responsabilidad; (iii) no se vislumbra otros medios de prueba obtenidos por la Fiscalía durante la investigación penal que comprometieran la responsabilidad del señor Juan de Dios Madero Díaz como autor de los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, falencia que no fue tenida en cuenta al momento de aplicar la norma penal que exige por lo menos dos indicios graves de responsabilidad para privar a una persona de su libertad.

Por las razones expuestas, resulta claro que la Fiscalía Seccional Diecisiete de Cartagena, contrarió lo establecido en la norma penal, en razón a que, no contaba con los dos indicios de responsabilidad que indicaran que el señor Juan de Dios Madero Díaz era el posible autor de los punibles.

Así mismo, observa la Sala que la Fiscalía Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena profirió resolución de acusación contra el señor Juan de Dios Madero Díaz, por los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes, con fundamento en las mismas consideraciones con las cuales impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, es decir, con sustento única y exclusivamente en un indicio grave de responsabilidad:

(…) Para el ente acusador, el informe policivo viene corroborado con las pruebas que fueron oportunamente incorporadas al proceso, que dan cuenta de la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado, tales como la declaración jurada realizada por el IS Benavidez Turizo Víctor Alfonso, donde manifestó haber participado en el operativo y de igual forma haber presenciado cuando capturaron a tres de sus compañeros policiales, cuando llevaron la cocaína al CAI Paraguay, cuando la suben al panel de la patrulla con el dinero y la desaparecen, entre otras (f. 73 y 74, c.1).

Según lo dispuesto en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000, la resolución de acusación procedía cuando estuviere demostrada la ocurrencia del hecho y existiera confesión, testimonio que ofreciera serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado.

Ahora bien, analizado el contenido del acto acusatorio, encuentra la Sala que, en el presente caso, la Fiscalía no fue diligente en el análisis de los hechos ni en el recaudo del material probatorio que fundamentó la acusación, porque limitó la decisión al relato rendido por el agente de Policía Benavidez Turizo, sin antes haber ejecutado las acciones tendientes a recaudar los elementos probatorios suficientes para esclarecer que los hechos ocurrieron de la forma como lo narró el testigo en su declaración.

Ciertamente, el hecho de que el mencionado testigo se retractara de su declaración y manifestara que no le constaba que contenían los “sacos”, ni su peso y que afirmara que el dinero que se encontró en el vehículo de uno de los agentes no era fruto de una transacción por tráfico de estupefacientes sino que “el asunto de la droga y el dinero lo oyó escuchar a unos compañeros, a quienes nunca identificó”, implicó que en la etapa de juicio la entidad solicitara la absolución del demandante, ya que no contaba con otros medios probatorios que comprometieran la responsabilidad del sindicado, pues se trata de un testigo único.

En síntesis, la Fiscalía no verificó que se cumplieran los requisitos sustanciales para adoptar la decisión de acusación, toda vez que el solo relato del agente de Policía no demostró la ocurrencia del hecho ni la responsabilidad que le endilgó al sindicado por la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes.

De este modo, se reitera, que el grado de convicción del indicio utilizado por la Fiscalía para imponerle medida de aseguramiento al hoy actor, no era suficiente, por lo que debía, en efecto, abstenerse de imponerla. Además, el ente investigador solo tuvo en cuenta que el declarante era un agente de la Policía Nacional circunstancia que hizo que la Fiscalía le diera total credibilidad a su testimonio y no cumpliera con las exigencias de la ley penal para la imposición de la medida de detención.

Para la Sala es claro que la detención preventiva que afrontó el señor Juan de Dios Madero Díaz, entre el 13 de septiembre de 2006 y el 12 de marzo de 2007, es injusta, por cuanto no cumplía con los requisitos legales para su imposición. De manera que el daño alegado en la demanda por la privación de la libertad del antes nombrado es antijurídico y, en ese orden, no estaba en el deber de soportarlo.

De lo anterior, se evidencia que, en el presente caso, la detención del señor Juan de Dios Madero Díaz no cumplió los requisitos estipulados en la Ley 600 de 2000 para imponer la medida de aseguramiento.

Para la Sala es claro que, en el sub judice, la medida de detención preventiva fue desproporcionada y violatoria de la norma legal vigente para la época de los hechos, circunstancias por las que debe declararse la falla en el servicio.

En este punto, cabe advertir que la Fiscalía no cumplió con el mandato constitucional de realizar la investigación integral de los hechos a los que se refirió en su declaración el agente de Policía Benavidez Turizo, de conformidad con lo establecido por el artículo 250 de la Constitución Política, con el propósito de evitar privar de la libertad a una persona, con violación de sus garantías constitucionales o legales.

Para la Sala, la propia manifestación de la Fiscalía General de la Nación hecha en la audiencia de fallo al solicitar la absolución del sindicado al haberse retractado el único testigo, es la que ilustra la existencia de falencias probatorias en el momento de ordenar la apertura de la instrucción y durante toda la investigación, lo que pone de presente prima facie, la injusticia de la medida que se le impuso al señor Madero Díaz.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la entidad demandada tenía desde el inicio de la investigación que desplegar su función investigativa y recopilar todas las pruebas que confirmaran lo dicho por el único testigo y, en caso contrario, abstenerse de imponer medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, pues desde el inicio solo contó con un indicio grave de responsabilidad y con ningún otro medio probatorio y, a pesar de eso, no desplegó ninguna actividad tendiente a recopilar más pruebas, pues le dio total credibilidad a la declaración del testigo, única y exclusivamente por su condición de agente de la Policía, por lo que la Fiscalía debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados por la privación de la libertad del actor.

En virtud de todo lo anterior, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, la que debe responder por los perjuicios causados con la privación injusta del actor a título de falla en el servicio, pues impuso medida de aseguramiento sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley de procedimiento penal, es decir, con un solo indicio grave de responsabilidad, lo que implicó la privación injusta de su libertad, por lo que la Sala procederá a modificar la sentencia de primera.

10.- Indemnización de perjuicios

10.1.- Perjuicios morales

Por concepto de indemnización de perjuicios morales, en la sentencia de primera instancia se condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del afectado directo, una suma equivalente a 50 s.m.l.m.v.; a favor de sus padres e hijas, una suma equivalente a 50 s.m.l.m.v. para cada una y a favor de sus hermanos una suma equivalente a 25 s.m.l.m.v., para cada uno.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Juan de Dios Madero Díaz les causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que las personas que ven afectada su libertad experimenten sentimientos de angustia e impotencia porque de esa manera se afecta su proyecto de vida y se restringen otros de sus derechos fundamentales e intereses personales; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda.

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Ahora bien, como al señor Juan de Dios Madero Díaz estuvo privado de la libertad por un periodo de cinco (5) meses y veintinueve (29) días, esto es, superior a tres e inferior a seis meses, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, los montos concedidos por el Tribunal para la víctima directa, sus padres, hijas y hermanos, respectivamente, cumple con los criterios mencionados, por lo que serán confirmados.

10.2.- Perjuicios materiales

10.2.1 Daño emergente

En la demanda se solicitó el pago por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente a favor del señor Juan de Dios Madero Díaz. La sentencia de primera instancia negó su reconocimiento pues no se acreditó el perjuicio. Dado que la sentencia se conoce en el grado jurisdiccional de consulta, la cual se surte a favor de la entidad demandada, no resulta posible realizar ninguna modificación que pueda afectar los intereses de esta.

10.2.2 Lucro cesante

Respecto del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, se solicitó en la demanda su reconocimiento a favor del señor Juan de Dios Madero Díaz, por los dineros dejados de percibir desde el 7 de mayo de 2007, fecha en la que fue desvinculado del servicio como consecuencia de la privación de la libertad.

En este punto, advierte la Sala que no es posible modificar la decisión adoptada, dado que en el caso concreto se estudia el grado jurisdiccional de consulta, el cual se surte a favor de la entidad pública condenada y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de desmejorar la situación jurídica de la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, se aclara que para la época de la privación injusta de la libertad, el señor Juan de Dios Madero Díaz laboraba como agente de la Policía Nacional y está acreditado dentro del plenario con certificaciones salariales suscritas por el Tesorero Principal de la Policía Metropolitana de Cartagena (fls. 296 a 308 c. 1) que recibió durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006 la asignación salarial equivalente al 50% de su salario.

El artículo 50 del Decreto 1791 de 2000, vigente para la época de la detención del demandante, preveía la figura de la suspensión de funciones y atribuciones a los miembros de la Policía Nacional. Así mismo preceptuaba que el suspendido tenía derecho a percibir el 50% de su salario, junto con las primas y subsidios a que hubiere lugar, y que el 50% retenido se le restituía luego del levantamiento de la suspensión porque había sido absuelto, o favorecido con cesación de procedimiento o preclusión de la investigación.

En el proceso se acreditó que el señor Juan de Dios Madero Díaz percibió durante los meses de septiembre a diciembre de 2006 (fls. 304 a 308 c.1), el 50% de su asignación básica, a partir de la cual se deduce que tal reducción se debió a la suspensión de sus funciones y atribuciones como consecuencia de la privación de la libertad.

Así mismo, en la demanda se está solicitando los dineros dejados de percibir a partir del 7 de mayo de 2007, fecha en la que se afirma el señor Madero Díaz fue desvinculado de la Policía Nacional.

En el expediente no obra prueba de lo afirmando en la demanda ni de que haya sido retirado del servicio como consecuencia de la privación. Por el contrario, la Sala deduce que al señor Madero Díaz se le restituyó por parte de la Policía al momento de recobrar la libertad, el 50% del salario retenido durante los meses de la privación, máxime cuando el actor no está solicitando lucro cesante por ese periodo, sino solo a partir del mes de mayo de 2007, es decir, 2 meses después de que recobró la libertad. Así las cosas, la Sala no le reconocerá el lucro cesante pretendido.

10.3 Daños a bienes constitucionalmente amparados

La parte actora solicitó en la demanda la indemnización de los “perjuicios a la vida de relación”, causados a todos los demandantes, por la alteración de las condiciones normales de existencia en su vida y actividad social. El Tribunal negó el reconocimiento de estos perjuicios.

Esta Corporación se ha apartado del concepto de “daño a la vida de relación” para establecer dos categorías autónomas de perjuicio inmaterial, diferentes al daño moral, a saber: el daño a la salud (cuando se trate de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, perjuicio este que debe estar plenamente acreditado en el proceso y ameritar su reparación integral. De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que debe privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias y, solamente en casos excepcionales puede darse cabida a la indemnización pecuniaria – con un límite de hasta 100 SMLMV- exclusivamente para la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias no resulten suficientes, pertinentes, oportunas o posibles y, además, que esas medidas no afectan el principio de la non reformatio in peius y, por ende, de ser procedentes, habría lugar a su reconocimiento en sede de consulta.

En el presente caso, no se demostró la afectación alteración de las condiciones normales de existencia en su vida y actividad social de los demandantes, pues solo fueron aportados al proceso dos copias de recortes del periódico con los titulares “Retirados 13 miembros de la Policía en Bolívar” e “Investigarán a 11 policías por lavado de activos” (fls. 40 y 41 c. 1), en donde, sin mencionar los nombres de Juan de Dios Madero Díaz ni de los otros agentes involucrados en la investigación, solo se relata básicamente los hechos que dio origen al proceso penal.

Así mismo, con el fin de acreditar las afectaciones de los actores se practicaron en el proceso dictámenes periciales siquiátricos forenses a doce (12) de los demandantes por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 317 a 321, 348 a 367, 371 a 375 y 399 a 402 c. 1).

Los dictámenes periciales psiquiátricos solo acreditan los perjuicios morales sufridos por los demandantes, perjuicios que ya fueron reconocidos en esta sentencia y como no acreditan la afectación de otros bienes jurídicamente tutelados que amerite reparación a través de medidas no pecuniarias, estos perjuicios no serán reconocidos.

11. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

MODIFICAR la sentencia consultada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 20 de noviembre de 2015, en el proceso de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se resuelve:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de las señoras Ledys Deyanira Madero Díaz y Dilia Severiana Linero Obeso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Juan de Dios Madero Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, los siguientes montos, por concepto de indemnización de perjuicios morales:

1) JUAN DE DIOS MADERO DÍAZ
Víctima directa
50 smlmv
2) YURANIS PAOLA MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
3) ROSSANY SHARYCK MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
4) NIKOLE DEL CARMEN MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
5) LESLY LISETH MADERO LINERO
Hija
50 smlmv
6) MARÍA JOSÉ MADERO CANO
Hija
50 smlmv
7) JUAN DE DIOS MADERO MEJÍA
Padre
50 smlmv
8) LOURDES DÍAZ MEJÍA
Madre
50 smlmv
9) ÁNGEL MIGUEL MADERO DÍAZ
Hermano
25 smlmv
10) DENYS DUBYS MADERO DÍAZ
Hermana
25 smlmv
11) EBERTH ADAN MADERO DÍAZ,
Hermano
25 smlmv
12) FREDY ANTONIO MADERO DÍAZ
Hermano
25 smlmv
13) YENNYS LOURDES MADERO DÍAZ
Hermana
25 smlmv

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A.

SÉPTIMO: Sin condena en costas.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (…). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 34.985. En dicha providencia se consignó que de conformidad con lo normado en la Ley 270 de 1996, el Consejo de Estado conoce siempre en segunda instancia de los casos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 17.995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de enero de 2001, expediente nro. 11.413 y del 1° de marzo del 2006, expediente No. 13.764, ambas con ponencia del Consejero de Estado, Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00 (PI), M.P.: Alberto Yepes Barreiro. “En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro”. Sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 19980, sentencia del 25 de julio de 2011, expediente 19434, todas con ponencia del Consejero de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo: PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,
3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibídem. Acápite 117 y 118. Ibídem, Acápites 119 y 120. Ibídem, Acápite 121. Ibídem, Acápite 124
Ibídem, Acápites 67 a 69. Ibídem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 200 y 2 de la Ley 906 de 2004. Ibídem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 101. Ibídem. Acápite 102. Ibídem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 Y 356 DE LA Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 908 de 2004
Ibídem. Acápite 103. Ibídem. Acápite 104. Más adelante señala: 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…
Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 106. Ibídem. Acápite 106. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 20008, expediente 16.533, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Ley 906 de 2004. Artículo 530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal. En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008.

Así establece el artículo 355 de la Ley 600 de 2000: “La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”. Artículo 356 ibídem: “Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.
“Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.
“No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”. Procedimiento en caso de flagrancia: “Quien sea capturado por cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, a quien se deberá rendir informe sobre las causas de la captura.
“Si fuere un particular el que realiza la aprehensión, deberá colocarlo inmediatamente ante autoridad, quien tomará declaración juramentada del aprehensor sobre los motivos de la misma y procederá al trámite señalado en el inciso anterior.
“Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a la autoridad que conoció de la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el funcionario judicial, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición de aquel dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el respectivo informe.
“En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis (36) horas por cuenta de funcionario diferente al Fiscal General de la Nación o su delegado, o el juez”. Artículo 348. Captura públicamente requerida. “Cualquiera podrá aprehender a la persona cuya captura haya sido públicamente requerida por autoridad competente. En estos casos, se aplicará lo dispuesto para las situaciones de flagrancia”. Ley 600 de 2000. Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. En efecto el profesor Jairo Parra Quijano sostiene que “existe indicio grave cuando entre el hecho demostrado (indicio) y el hecho a probar, exista una relación lógica inmediata” y continuó aclarando que “La relación debe ser lógica, es decir, surgir de la realidad y no de la imaginación, ni de la arbitrariedad”. Manual de Derecho Probatorio. Décima quinta edición. Págs. 674 – 675. Editorial Librería Profesional. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación – Rama Judicial. En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, C.P: Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

Artículo 50 del Decreto 1791 de 2000. Suspensión. Cuando en contra de un uniformado se dicte medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, el Director General de la Policía Nacional dispondrá su suspensión en ejercicio de funciones y atribuciones. Contra la resolución que disponga la suspensión no procederá recurso alguno.
Durante el tiempo de la suspensión, percibirá las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido.
Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta, se devolverá el excedente de los haberes retenidos.
PARAGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El personal que haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 parágrafos segundos de los Decretos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0573_1995.html" \l "1" 573 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0574_1995.html" \l "1" 574 de 1995 y artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0132_1995_pr001.html" \l "50" 50 parágrafo 1 del Decreto 132 de 1995, sin derecho a remuneración, será nominado a partir de la vigencia del presente Decreto y tendrá derecho a percibir las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. En ningún caso habrá lugar al reintegro de lo dejado de percibir antes de la vigencia de este Decreto.

“(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.
Ibídem.

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