Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2012-00080-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Injusta de la libertad: se verifica la procedencia de la medida de aseguramiento, a
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2012-00080-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-31-000-2012-00080-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024),
Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: LUIS ALBERTO PESTANA RUIZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – PRIVACIÓN
INJUSTA DE LA LIBERTAD - se verifica la procedencia de la medida de aseguramiento, a
la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad / INDICIOS GRAVES
EN CONTRA DE LOS SINDICADOS - Ley 600 de 2000 - Inexistencia de falla en el servicio.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 5 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 21 de febrero de 2008, fueron capturados por funcionarios del C.T.I. de la Fiscalía
General de la Nación los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez
Morillo, por la posible comisión de los delitos de “concierto para delinquir con fines
de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y contrabando”.
El 18 de marzo de 2008, la Fiscalía 5 Especializada de la Unidad Nacional
Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación les
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y, el 12 de diciembre de
2008, profirió resolución de acusación en su contra. Luego, en la etapa de juicio, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, en sentencia del 13 de
noviembre de 2009, los absolvió, en aplicación del principio de in dubio pro reo y
ordenó su libertad inmediata.
Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Según la demanda, la privación que soportaron los señores Luis Alberto Pestana
Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo fue injusta, porque su absolución se dio por la
falta de pruebas que demostraran su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2012 (fol. 1-41, c.1), los señores
Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo, quienes actúan en
nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Luis Alberto
Pestana Gómez y Víctor Saul Pestana Gómez; así como las señoras Angela del
Carmen Pestana Ruiz y Delsy Margoth Pestana Ruiz, presentaron demanda de
reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por la “privación injusta de la libertad”1 que
soportaron los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo,
en el proceso penal seguido en su contra, con radicación No. 23-001-31-07-001-
2009-000062.
2.1. Los hechos que motivaron la demanda fueron los siguientes:
El 3 de marzo de 2006, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima
de la Fiscalía General de la Nación dispuso el inicio de una investigación preliminar
y autorizó la interceptación de comunicaciones telefónicas de varias personas. El
11 de febrero de 2008, el Despacho 5 de dicha unidad dio apertura formal del
proceso y ordenó la captura del señor Luis Alberto Pestana Ruiz, de la señora
Nayesi Judith Gómez Morillo y de otras personas, por la posible comisión de los
delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, lavado de activos y
contrabando.
El 21 de febrero siguiente, durante un operativo de allanamiento y registro, fueron
capturados en su domicilio los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith
Gómez Morillo. En el procedimiento también se incautaron 2 vehículos, dinero en
1 Comprendida entre el 21 de febrero de 2008 al 13 de noviembre de 2009.
2 Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó, por concepto de
perjuicios morales, un total de 200 SMLMV para cada uno de los demandantes; por el “daño la vida
de relación” el equivalente a 400 SMLMV para los mismos; por perjuicios materiales en la modalidad
de daño emergente la suma de $321’264.100.00 y, por lucro cesante, $779.746.000.00; finalmente,
como medida no pecuniaria, se pidió “que las entidades demandadas sean condenadas a pedir
excusas públicas”.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
efectivo, un computador portátil, 3 celulares, documentos públicos (escrituras y
contabilidad) y un arma de fuego tipo revólver.
El 18 de marzo de 2008, el fiscal de conocimiento les impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario y,
el 12 de diciembre de ese mismo año profirió resolución de acusación en su contra
por el delito de concierto para delinquir.
En la etapa de juzgamiento, en sentencia del 13 de noviembre de 2009, el Juez
Penal del Circuito Especializado de Montería absolvió a los señores Luis Alberto
Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo en aplicación del principio de in dubio
pro reo, ordenando su libertad inmediata y la devolución de los bienes y dineros
incautados.
Los demandantes consideran que la detención de los referidos señores fue injusta,
porque su absolución se dio por la falta de convicción o certeza, más allá de toda
duda razonable, para atribuirles la comisión del delito por el que fueron acusados.
2. La respuesta de las accionadas3
2.1. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva
oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora.
Señaló que no se le podía endilgar responsabilidad, porque actuó en cumplimiento
de sus deberes constitucionales y legales, aunado a que dentro del proceso penal
se habían dado los presupuestos necesarios para que se impusiera la medida de
aseguramiento en contra de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith
Gómez Morillo. Agregó que en el presente asunto existía una ausencia de
responsabilidad y, por tanto, no podía estructurarse el daño antijurídico que se
reclamaba, pues la detención que se impuso a los ahora demandantes era una
carga que estaban obligados a soportar (fol. 90-110, c.1).
2.2. La Nación-Rama Judicial también se opuso a las pretensiones de la demanda.
Indicó que no le asistía responsabilidad patrimonial por la detención de los señores
Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo, toda vez que los hechos
que ocasionaron el supuesto daño correspondieron a actuaciones de la Fiscalía
General de la Nación, según lo dispuesto en la Ley 600 de 2000. Además, explicó
3 El Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda el 16 de abril de 2012 (fol. 80, c.1),
decisión que se notificó a las demandadas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. El 22 de julio de 2013, el a quo, con fundamento en el artículo 208 del C.C.A.,
admitió la adición de la demanda en la que se amplió la petición probatoria (fol. 204-205, c.1).
3
Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
que fue un juez de la República quien, tras evaluar las pruebas presentadas en el
proceso, absolvió a los referidos señores y ordenó su libertad y, por ello, no era la
llamada a responder (fol. 120-132, c.1).
2.3. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional manifestó que actuó conforme a la
ley, ejecutando la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, la
cual era de obligatorio cumplimiento. Propuso como excepciones: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, ii) cobro de lo no debido, y iii) falta de causalidad
entre la administración y el daño (fol. 136-148, c.1).
3. La sentencia de primera instancia4
3.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante providencia del 5 de agosto
de 2021, negó las pretensiones de la demanda (fol.474-484, c.ppal.).
3.2. Indicó que el daño, entendido como “el período de restricción física de la libertad
de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo”, se
encontraba plenamente acreditado, pues con el proceso penal que se aportó se
demostró que los referidos señores estuvieron privados de la libertad entre el “18
de marzo de 2008, fecha en la cual se profirió la resolución que definió su situación
jurídica” y el 13 de noviembre de 2009, día en que resultaron absueltos y se les
otorgó su libertad inmediata.
3.3. Al abordar el juicio de imputación, el a quo solo se refirió a la responsabilidad
de la Fiscalía General de la Nación. Explicó que con el material probatorio allegado
al proceso se verificó que la medida de aseguramiento fue proporcional, legal y
razonable, pues estuvo sustentada en pruebas que permitían establecer la posible
participación de los demandantes en el delito de concierto para delinquir; por tanto,
la entidad actuó conforme a los procedimientos establecidos por la ley, iniciando la
apertura de la instrucción, ordenando la captura inmediata de los implicados y
vinculándolos mediante indagatoria. Posteriormente, les impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva, sin derecho a libertad
provisional, y, finalmente, calificó el mérito de la actuación, procediendo a acusarlos
como coautores del delito.
4 Previo a dictar sentencia, el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto del 11 de marzo de
2016 (fol.242, c.1), abrió el proceso a pruebas y, en proveído del 28 de enero de 2019 (fol.417, c.1),
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto de fondo. En esta etapa procesal, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, se opuso a las excepciones propuestas por las entidades demandadas y solicitó que se
accediera a las pretensiones formuladas en la misma (fol. 457-468, c.1). La Fiscalía General de la
Nación (fol. 435-441, c.1) y la Policía Nacional (fol. 418-426, c.1) insistieron en sus argumentos de
defensa. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
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Resaltó que las pruebas recaudadas en la etapa inicial del proceso justificaron las
decisiones tomadas por la Fiscalía, y no se observó ninguna irregularidad o falla en
el servicio que pudiera generar responsabilidad de la entidad. La medida de
aseguramiento se ajustó a los parámetros legales vigentes y, por ello, no podía ser
calificada como irracional, desproporcionada o ilegal. Asimismo, la resolución de
acusación fue calificada como razonable, ya que existían pruebas suficientes que
vinculaban a Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo en la
comisión del delito.
En suma, no se advirtió una conducta negligente, descuidada o arbitraria por parte
de la Fiscalía General de la Nación, por lo que no era posible atribuirle
responsabilidad por la privación de la libertad de los demandantes5.
5. El recurso de apelación6
5.1. La parte actora presentó recurso de apelación en un escrito principal y otro
complementario (fol.495-503, c. ppal. y SAMAI, índice 6). En su criterio, al momento
de resolver el asunto, el a quo incurrió en los siguientes yerros:
i) Falta de análisis del actuar indebido de las entidades demandadas: los
accionantes sostienen que la sentencia de primera instancia no evaluó
correctamente la responsabilidad de todas las entidades en la privación injusta de
su libertad, lo que debió haber sido considerado a la luz de las pruebas y
actuaciones realizadas.
ii) Error al aplicar como “estándar generalizado, la pauta interpretativa inicialmente
derivada de la sentencia SU-072 de 2018”, pues es “una paradoja que los tribunales
de cierre propugnen por estandarizar el paradigmático carácter vinculante en
nuestro ordenamiento interno de los tratados sobre derechos humanos ratificados
por Colombia”, pero, a su vez, revictimiza a personas declaradas inocentes y les
atribuye la responsabilidad por las fallas del sistema judicial que restringió
5 Uno de los integrantes que conformaba la Sala del Tribunal Administrativo de Córdoba salvo el
voto, por considerar que la medida de aseguramiento impuesta a los demandantes no se ajustó a lo
dispuesto en los artículos 356 de la Ley 600 de 2000, pues, en su criterio, con las pruebas
recolectadas en el proceso penal no se estructuraron los dos indicios graves de responsabilidad que
se requerían para la restricción de la libertad.
6 El recurso de apelación presentado por la parte actora fue admitido por esta Corporación el 12 de
julio de 2012 (fol. 509, c.ppal.). Por auto del 29 de agosto siguiente, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fol. 519, c.ppal.). En
esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los cargos de inconformidad presentados en la
apelación (fol. 542-544, c.ppal.). La Rama Judicial (fol. 535, c.ppal.) y la Fiscalía General de la Nación
(fol. 538-541, c.ppal.) solicitaron que se confirmara la sentencia de primera instancia. La Policía
Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.
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injustamente su libertad. Además, señalaron que este precedente no era aplicable,
ya que no estaba vigente en la época en que ocurrieron los hechos.
iii) Se desconoció que la medida privativa de la libertad fue desproporcionada, ilegal
e irracional, ya que el ente investigador no demostró la existencia de dos indicios
graves en contra de los demandantes, y los informes de policía judicial no tenían la
condición de prueba, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, y solo podían ser
usados como criterio orientador de la investigación.
iv) Carencia de elementos probatorios que permitan llegar a la conclusión de
que hubo culpa exclusiva de la víctima. Aunque en el fallo no se declaró
expresamente esta causal de exoneración, el tribunal trasladó implícitamente la
responsabilidad de la privación de libertad “a quienes tuvieron que soportar tan
inefable suplicio, por la mera sospecha, lo cual se encuentra constitucionalmente
vedado”.
v) Falso positivo judicial, pues a los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi
Judith Gómez Morillo se les privó injustamente de la libertad.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
1.1. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia del 5 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo Córdoba, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y
las consideraciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado en auto de 9 de septiembre de 20087.
2. Ejercicio oportuno de la acción
2.1. Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de
reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día
siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o
7 La competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauran por error
jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo
de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso. Auto del 9 de septiembre
de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente:
11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa
de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad,
la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado
que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la
ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia
absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último
que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación
del derecho a la libertad8.
2.2. En el caso sub examine el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo
en cuenta: i) que el proveído del 13 de noviembre de 2009, mediante el cual se
absolvió a Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo, quedó
ejecutoriado el 31 de diciembre de 2009 (fol. 266, c.2); ii) que el 15 de noviembre
de 2011 se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, esto
es, cuando faltaban 1 mes y 24 días para que operara la caducidad (fol. 75-78, c.1)
y iii) que la constancia de no conciliación se expidió el 13 de febrero de 2012 y, ese
mismo día, se radicó la demanda (fol. 13, c.1).
3. La legitimación en la causa
3.1. Los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo están
legitimados en la causa por activa, por cuanto de las pruebas obrantes en el
expediente se desprende que fueron privados de la libertad con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra por la posible comisión del delito de concierto para
delinquir. Es decir, son las víctimas directas del daño cuya indemnización se
pretende.
Los demandantes Luis Alberto Pestana Gómez y Víctor Saul Pestana Gómez, hijos
de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez, y Angela del
Carmen Pestana Ruiz y Delsy Margoth Pestana Ruiz, hermanas del referido señor
Luis Alberto, también se encuentran legitimados, porque con los respectivos
registros civiles de nacimiento allegados demostraron ese parentesco (fol. 44-47,
c.3).
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622,
M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección
A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón.
También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio
de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
3.2. Ahora bien, respecto de la legitimación en la causa por pasiva, tanto en la
demanda como en el recurso de apelación, el daño alegado, entendido como la
restricción de la libertad de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith
Gómez Morillo, se le atribuye a las actuaciones y decisiones de la Nación-Fiscalía
General de la Nación, la Rama Judicial y la Policía Nacional.
3.2.1. El proceso penal que se adelantó en contra de los demandantes principales
estuvo regido por la Ley 600 de 2000, según el cual la Fiscalía General de la Nación
era la entidad encargada9 de “investigar los delitos y acusar a los presuntos
infractores ante los juzgados y tribunales competentes”, así como “asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas
de aseguramiento”.
En ese sentido, la Sala encuentra que cuando en la demanda se reprocha la
legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de
aseguramiento, la única entidad con legitimación en la causa por pasiva es la
Fiscalía General de la Nación, que, como se vio, tenía la facultad de decidir sobre
la restricción de la libertad de los posibles implicados en el delito.
3.2.2. No sucede lo mismo con la Policía Nacional, dado que los uniformados que
intervinieron en la captura, allanamiento e incautación, actuaron siguiendo las
órdenes e instrucciones de la Fiscalía General de la Nación, pues era la encargada
de “dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente
cumplen la Policía Nacional”10.
En efecto, con el material probatorio allegado se probó que fue la Fiscalía 5
Especializada de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima la
que dictó y ejecutó las órdenes de captura en contra de los señores Luis Alberto
Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo, así como las diligencias de registro y
allanamiento. Dicha decisión fue tomada por la entidad después de que en marzo
de 2006 se abriera una investigación preliminar, comisionando al grupo de Policía
Judicial para llevar a cabo las diligencias necesarias con el fin de identificar y,
posteriormente, capturar a los miembros de la organización criminal11.
9 Numeral 1 y 2 del artículo 114 de la Ley 600 de 2000.
10 Numeral 5 del artículo 114 de la Ley 600 de 2000.
11 Esta competencia fue aceptada por los accionantes en los hechos 1.1. y 1.2 de la demanda.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
3.2.3. En cuanto a la Rama Judicial, se observa que no se presentaron cargos
específicos en su contra, ni se mencionó ninguna acción u omisión que pudiera
haber influido en la decisión de imponer la medida de aseguramiento. De acuerdo
con el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, una vez ejecutoriada la resolución de
acusación, los jueces adquirían competencia para llevar a cabo el juicio, pero hasta
ese momento, la investigación y la instrucción estaban en manos exclusivas de la
Fiscalía. Por tanto, la Rama Judicial no tuvo participación en la decisión de privar
de la libertad al demandante.
De hecho, lejos de ser responsable por la privación de la libertad, fue un juez de la
República quien, al analizar las pruebas presentadas en el proceso en la fase de
juzgamiento, decidió que no existían fundamentos suficientes para condenar a los
accionantes y ordenó su libertad.
3.2.4. Lo expuesto en relación con la Policía Nacional y la Rama Judicial cobra
mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en el presente caso, la parte actora solo
demandó por los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad, sin
que en el escrito se evidencien cargos relacionados por un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o una falla cualificada o general.
Considerar lo contrario implicaría una variación en la causa petendi y, por tanto, un
desconocimiento flagrante al debido proceso, pues, por una parte, se sorprendería
a las entidades públicas demandadas cuya defensa y medios exceptivos estarían
enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y, por la otra, se le
negaría la opción de ejercer el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas;
por tanto, es deber del juez resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus
fundamentos fácticos y jurídicos con sustento en la prueba regular y oportunamente
aportada al proceso, como lo dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil12.
12 «Artículo 305. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo
probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre
el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio».
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
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Referencia: Acción de reparación directa
Así las cosas, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial
y la Policía Nacional, la Sala se limitará a estudiar -teniendo en cuenta los cargos
planteados en la apelación-, la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
por la privación de la libertad que soportaron los señores Luis Alberto Pestana Ruiz
y Nayesi Judith Gómez Morillo.
4. Problema jurídico
De acuerdo con lo expuesto y dentro del alcance limitado del recurso interpuesto, y
en atención a los elementos fácticos y jurídicos presentados, le corresponde a la
Sala establecer si la Fiscalía General de la Nación tiene responsabilidad por los
perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la
libertad de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo.
5. La Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
Para efectos metodológicos, la Sala analizará cada uno de los cargos de
inconformidad planteados en la apelación, con el fin de darle una respuesta concreta
y completa a los accionantes.
Sobre el particular, se advierte que en Sala del 4 de julio de 2023, esta Subsección
estudió un asunto idéntico, esto es, la demanda por privación injusta de la libertad
que presentó el señor Luis Simón Gómez Martínez, padre de la señora Gómez
Morillo y suegro del señor Pestana Ruiz, y quien también fue investigado, capturado
y procesado por los hechos en cuestión. En esa oportunidad, considerando un
mismo acervo probatorio, se analizaron los mismos cargos de apelación que se
presentaron en este proceso, por lo que, para efectos prácticos, se reiterarán las
respuestas13 que ya se dieron, teniendo en cuenta las particularidades del presente
caso.
i) Falta de análisis del actuar indebido de las entidades demandadas
Aunque la asiste razón a la parte apelante al indicar que en la sentencia de primera
instancia no se analizó la responsabilidad de todas las entidades vinculadas, pues
solo se estudió la de la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que, en esta
providencia, ya se tomó una decisión de fondo en relación con la Policía Nacional y
13 Sentencia del 4 de julio de 2023, expediente 23001-23-31-000-2012-00092-01 (68.590), MP: José
Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
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Referencia: Acción de reparación directa
la Rama Judicial, entidades frente a las cuales se declaró su falta de legitimación
en la causa por pasiva, de ahí que se prosiga con el estudio de los demás cargos.
ii) Error al aplicar como “estándar generalizado, la pauta interpretativa
inicialmente derivada de la sentencia SU-072 de 2018”
La Sección Tercera14 venía sosteniendo que en los casos en que una persona era
detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego
recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el
hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho
punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, se configuraba un daño que
esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era
patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de
responsabilidad bajo el título de daño especial15.
No obstante, la Sala siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del
servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la
libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o
cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de
indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su
situación jurídica, entre otros16.
Posteriormente, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072/18 17, sobre el
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de
privación injusta de la libertad. En esta precisó que ni en el artículo 90 de la
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente 15463.
Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente
21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de
diciembre del 2006, expediente 13468.
15 “Se habrá́ causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y
posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en
beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la
Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos
penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias─, solo habrá́ afectado de manera
perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquella persona en quien, infortunadamente, se
concretó́ el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del
principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá́ derecho al restablecimiento que
ampara, prevé́ y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces
aludido artículo 90 constitucional”. Sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente
23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
16 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, expediente 45466, 14 de
septiembre de 2017, expediente 47800, 12 de octubre de 2017, expediente 48048, 1° de febrero de
2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, expediente 45358, 5 de julio de 2018,
expediente 47854, 19 de julio de 2018, expediente 52399, 27 de septiembre de 2018, expediente
52404.
17 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
11
Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Constitución Política, ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que prevé la
privación injusta de la libertad como un evento resarcible, ni en la sentencia C-037
de 1996, que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció
un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de
privación injusta de la libertad18, pero consideró que, independientemente del título
de imputación que se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones adoptadas
por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad”1920. Por último, agrega la sentencia citada, en todos
los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima21.
De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de
los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado resultaba factible
aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los
cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o
la conducta era objetivamente atípica, porque, a su juicio, en ambas situaciones la
privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño
antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”22.
A diferencia de los dos eventos anteriores, para la Corte, las absoluciones
motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio
in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia
de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o
jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor
de la misma23 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por
los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga debe estar
motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de
la medida.
18 Ibidem. Acápite 117 y 118.
19 Más adelante señala:<<112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de
responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición
de una medida de aseguramiento (…)>>.
20 Ibidem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio,
daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de
la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio
apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de
interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de
la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar
que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
21 Ibidem. Acápite 124.
22 Ibidem. Acápite 105.
23 Ibidem. Acápite 106.
12
Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
En conclusión, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que
en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de
responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique
se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable
y proporcionada, además, siempre se habrá de establecer si el imputado o
sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de
privación de la libertad.
En el recurso de apelación se señaló que la sentencia SU-072 de 2018 no era
aplicable, ya que no estaba vigente en la época en que ocurrieron los hechos. Sobre
el particular, esta Subsección considera pertinente aclarar que, en cuanto a los
efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado 24
como la Corte Constitucional25, han indicado que, por regla general, los cambios
jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos; por ende, se aplican a todos los
casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.
Por tanto, el juez de primera instancia resolvió el caso conforme a la jurisprudencia
vigente en ese momento, esto es, la sentencia SU-072 de 2018, pues, se insiste,
los cambios jurisprudenciales tienen carácter retrospectivo, y, al encontrarse este
asunto en trámite cuando se emitió y cobró vigencia dicha decisión de unificación
constitucional, ésta se convirtió en un precedente obligatorio que el A quo estaba
obligado a aplicar al momento de emitir su fallo.
En el recurso también se indicó que resultaba paradójico “que los tribunales de
cierre propugnen por estandarizar el paradigmático carácter vinculante en nuestro
ordenamiento interno de los tratados sobre derechos humanos ratificados por
Colombia”, pero, a su vez, revictimiza a personas declaradas inocentes y les
atribuye la responsabilidad por las fallas del sistema judicial que restringió
injustamente su libertad.
Sobre el particular, es importante señalar que los argumentos presentados por la
parte actora se basan en apreciaciones personales sobre el presunto actuar
"paradójico" de las Altas Cortes. Ante esto, no procede ningún pronunciamiento, ya
que dichas afirmaciones no cuestionan de manera objetiva o jurídica por qué la
24 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
25 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
aplicación de la sentencia SU-072 de 2018 en este caso podría vulnerar sus
derechos fundamentales.
iii) Se desconoció que la medida privativa de la libertad fue desproporcionada,
ilegal e irracional y que los informes de policía judicial no tenían la condición
de prueba
Si bien, como lo afirmó la parte actora, los informes de policía judicial no tenían la
condición de prueba26 y, por tanto, no constituían indicios para estructurar la
materialidad del delito endilgado, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación
contaba con otros elementos de prueba que hacían procedente la medida de
aseguramiento que se impuso en contra de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz
y Nayesi Judith Gómez Morillo.
El proceso penal adelantado contra los aquí demandantes estuvo gobernado por la
Ley 600 de 2000. Los artículos 355 y 356 ibídem establecían que, para decretar las
medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario
se requería, en primer término, de la configuración de, por lo menos, dos indicios
graves de responsabilidad en contra del implicado y, en segundo término, de una
valoración sobre la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la
comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa
de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el
entorpecimiento de la actividad probatoria. Según lo previsto en el artículo 284
ibidem, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el
funcionario infiere lógicamente la existencia de otro.
Con el material probatorio allegado al plenario, se probó que mediante el oficio No.
088 del 2 de marzo de 2006, la Dirección Seccional de Policía Judicial de Córdoba
informó al Coordinador de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción
Marítima de la Fiscalía General de la Nación de la existencia de una organización
dedicada al procesamiento, distribución y envío de estupefacientes a Estados
Unidos (fol. 3-5, c.2).
26 En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 y la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la información contenida en los informes de inteligencia
puede servir como pauta orientadora de las investigaciones, pero no pueden tener valor probatorio,
«por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra
las cuales se les oponen en un proceso penal» . Por ende, dichos informes «pueden ser utilizados
como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, más no como evidencia
de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la
sentencia, ni en decisiones precedentes». Al respecto, véase, entre otras: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 27 de junio de 2017, exp. 47001-23-31-000-2009-
00078-01 (39127), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 31 de enero
de 2019, exp. 13001-23-31-000-2012-00343-01(56503) y Sentencia C-392 de 2000.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
El 13 de marzo de 2006, el Despacho 5 de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de
Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación dispuso el inicio de la
indagación previa y ordenó realizar “seguimientos especiales, labores de campo y
vigilancia” con el fin de identificar a los posibles responsables (fol. 6-7, c.2). El 5 y
19 de abril siguiente autorizó la interceptación de las líneas telefónicas de los
identificados (fol. 8-17, c.2.).
En cumplimiento de lo anterior, el grupo de policía a cargo, mediante el informe de
inteligencia 542 SIJIN DECOR del 25 de julio de 2007, le informó a la Unidad
Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la
Nación que los integrantes que conformaban la organización eran los señores Samir
Ospino Pastrana, Luis Alberto Pestana Ruiz, Nayesi Judith Gómez Morillo, Eucaris
María Toro Murillo, Francisco Javier Gómez Morillo, Alberto Manuel Peinado,
Carmelo Solangel Vargas Ramos y Luis Simón Gómez Martínez (fol. 27-31, c.2).
El 11 de febrero de 2008, el Despacho 5 de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de
Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación declaró formalmente
abierta la investigación en contra de los antes mencionados por ser los presuntos
autores de los delitos de “concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, lavado de activos y contrabando”27. También ordenó el registro y
allanamiento de diferentes inmuebles con el fin de lograr la captura de los implicados
(fol. 34-47 c.2).
El 21 de febrero de 2008, fueron capturados por agentes del CTI de la Fiscalía los
señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo en su residencia,
ubicada en la ciudad de Montería. En la misma diligencia fueron incautados dos
vehículos automotores, un total de $21’198.000 en efectivo, un computador portátil,
tres celulares, documentación (escrituras y contabilidad), y un arma de fuego tipo
revólver Smith and Wesson calibre 38 (fol. 48-87,c.2).
El 22 de febrero de 2008, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 5 de la Unidad
Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima los señores Luis Alberto Pestana
27 En la providencia se afirmó: “conforme con el acervo probatorio allegado a la actuación,
representado en interceptación de líneas telefónicas tanto de abonados fijos como móviles, la
obtención de documentación e informes presentados por los funcionarios de policía judicial
investigadores en la presente indagación se puede establecer que, alguna de las personas
debidamente identificadas e individualizadas al interior del paginario […] desde tiempo atrás al
parecer se han dedicado de manera permanentes al tráfico de estupefacientes, contrabando de
diversas mercancías, como también el tráfico de armas de fuego y municiones, como también
custodia ni administran los bienes del extinto jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO GIL”.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo y otros y, el 26 de ese mismo mes y año,
rindieron indagatoria (fol. 138-142 c.2).
El 18 de marzo de 2008, el despacho instructor impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva en contra del señor Luis Alberto Pestana Ruiz,
la señora Nayesi Judith Gómez Morillo y los demás capturados, por la posible
comisión del delito de concierto para delinquir. Frente a estos implicados en la
resolución se manifestó lo siguiente (fol. 155-157 c.2):
1- Con relación al sindicado LUIS ALBERTO PESTANA RUIZ, alias "LUCHO
O PIPÓN", se tiene que es la persona de confianza y yerno del señor Luis Simón
Gómez Martínez, alias "El viejo", y conocedor de todos los movimientos y
actividades que este ordena. Igualmente, ha participado en reuniones con
algunos ex jefes y jefes de grupos de autodefensas paramilitares de la región.
También es el encargado de recibir el dinero en sus cuentas por las actividades
realizadas por alias "El viejo". En cuanto a las conversaciones legalmente
interceptadas, se tiene una que hace referencia a la tenencia de un vehículo
marca Mitsubishi, de placas CKT-073, color blanco, propiedad del señor Luis
Simón Gómez Martínez, alias "El viejo", el cual tiene un pendiente por hurto y
se adelanta una investigación en Caucasia, Antioquia, radicada bajo el No.
5785, por el delito de homicidio relacionado con el asesinato del señor José
Arnaldo Rodríguez Muñoz, médico de profesión y propietario del vehículo en
mención (…).
En cuanto a la relación de este implicado con actividades relacionadas con el
tráfico de estupefacientes, se pueden resumir las conversaciones sostenidas
entre alias "Lucho" y su hermana de nombre Eufemia, que hacen referencia a
dos kilos y un revólver que fueron incautados por la policía. Alias "Lucho"
manifestó que está "cuadrando" con dichos funcionarios. Cabe resaltar que la
mercancía a la que hace referencia alias "Lucho" cuando menciona la "caída de
kilos" no es más que sustancias estupefacientes, pues en su indagatoria
manifestó que su actividad comercial se basa en la venta y comercialización de
partes eléctricas, en su almacén con razón social "Refrielectricos". Estas
contradicciones nos indican que en realidad está involucrado en actividades al
margen de la ley relacionadas con el tráfico de estupefacientes, ya que las
explicaciones aportadas en su indagatoria sobre las conversaciones
interceptadas ofrecen otra interpretación, reconociendo su voz y justificando la
conversación con otros significados. Alias "Lucho" utiliza un lenguaje cifrado,
común en el mundo delictivo, por temor a ser descubierto.
Con relación al tráfico de armamento, esta delegada cuenta con las
conversaciones interceptadas entre el señor Luis Alberto Pestana, alias
"Lucho", y su esposa Nayesi Judith Gómez, alias "Naye", donde le comenta la
compra de una pistola con el objetivo de reunir cuatro de estas armas para
posteriormente entregarlas a un sujeto no identificado.
(…)
En cuanto a las relaciones con personas vinculadas a los grupos ilegales mal
llamados AUC, se tiene que éste implicado, mediante alusiones en
conversaciones legalmente interceptadas, le comentó a su suegro Luis Simón
Gómez Martínez, alias "El viejo", lo acontecido el 31 de enero, referente a la
muerte de una mujer, indicando que el motivo fue la reclamación de tierras o
haciendas con las razones sociales "Cedro Cocido", "Haraway", "Las Tangas"
y "Roma", que se repartían entre los pobres de la región.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
En cuanto al estado financiero de este sindicado, se encontró que posee
cuentas bancarias en el Banco Santander y AV Villas, así como dos vehículos
de baja gama a su nombre.
Así las cosas, se le impondrá medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva sin beneficio de excarcelación hasta el momento, por el
delito de concierto para delinquir, según lo establecido en el artículo 340 del
Código Penal, en calidad de autor, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.
2- De la sindicada NAYESI JUDITH GÓMEZ MORILLO, alias "Naye o la mona",
se sabe que, como parte integrante de esta organización, ha estado al tanto de
todas las actividades lideradas por su esposo, alias "Lucho", Luis Alberto
Pestana Ruiz, y por su padre, el señor Luis Simón Gómez Martínez, alias “El
viejo”. Asimismo, brinda orientación para llevar a cabo dichas actividades,
participando enérgicamente en las decisiones que toman los señores Luis
Simón Gómez Martínez, alias “El viejo”, y su esposo, Luis Alberto Pestana Ruiz,
alias “Lucho”.
Con relación al transporte y comercio de armas de fuego y municiones, se
tomaron interceptaciones legalmente efectuadas en donde se hace alusión a la
captura de esta señora por llevar consigo 87 cartuchos calibre 5.56 para fusil.
En cuanto a las relaciones con personal vinculado a los grupos ilegales mal
llamados AUC, esté implicado, mediante alusiones legalmente interceptadas,
hace referencia a la familia del señor Luis Simón Gómez Martínez, alias "El
viejo", y sus vínculos con los jefes y exjefes paramilitares de la región del
departamento de Córdoba y Urabá Antioqueño, como es el caso de los sujetos
José Vicente Castaño Gil, paramilitar prófugo de la justicia, y su hermano Carlos
Castaño Gil, extinto paramilitar desmovilizado de las Autodefensas. Se
relacionan las conversaciones sostenidas en su mayoría por la señora Nayesi
Judith Gómez Morillo, alias "Naye", quien es partícipe y conocedora de los
bienes administrados por su padre, alias "El viejo", así como de las actividades
realizadas por su esposo, alias "Lucho", en relación al tráfico de estupefacientes
y el comercio ilegal de armas de fuego.
En cuanto al estado financiero de la señora Nayesi Judith Gómez Morillo, alias
“Naye” o "La Mona", y de acuerdo con la información suministrada por diversas
entidades bancarias, esta persona tiene tres cuentas, de las cuales dos están
canceladas y una activa en el banco Santander; asimismo, figura una
motocicleta a su nombre.
Las pruebas recolectadas (interceptaciones) contradicen lo afirmado por ella en
su diligencia de indagatoria, pues afirmó ser administradora de un almacén de
eléctricos, no tener buenas relaciones con la señora Eucaris María Toro, no
saber nada sobre el ilícito de tráfico de municiones cuando inicialmente estuvo
involucrada, desconocer lo relacionado con el vehículo que fue encontrado en
el parqueadero y que fue hurtado en la ciudad de Medellín, y negar la recepción
de mercancía de Tierralta cuando, en realidad, la mercancía retenida era
sustancia estupefaciente. También negó saber algo sobre la caída del
laboratorio de Maño, cuando en realidad fue ella quien le dijo a su esposo que
era mejor no estar muy cerca de ese tipo de personas por temor a verse
relacionada en esos negocios. Afirmó conocer al señor Carmelo pero sin ningún
tipo de relación, cuando las conversaciones interceptadas establecen la amistad
y los negocios entre este y su esposo, de los cuales ella estaba al tanto.
Además, manejaba dinero en efectivo para evitar el pago del cuarto por mil, y
en las conversaciones interceptadas mostró preocupación por el manejo de
grandes sumas de dinero, sugiriendo a su esposo buscar la manera de
justificarlo en el futuro.
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Por tanto, se le impondrá medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva, sin beneficio de excarcelación, por el delito de concierto para
delinquir, según el artículo 340 del Código Penal, en su calidad de autora, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión. (...).
El 12 de diciembre de 2008, el Despacho 5 de la Unidad Nacional Antinarcóticos y
de Interdicción Marítima acusó a los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi
Judith Gómez Morillo de ser los autores del referido delito. Los argumentos para
adoptar la decisión fueron los siguientes (fol.213-254, c.4 y fol. 168-209, c.1):
Del señor Luis Alberto Pestana Ruiz, alias “Lucho”:
En cuanto a la relación de este implicado con las actividades relacionadas con
el tráfico de estupefacientes, se pueden apreciar comentarios sostenidos entre
alias “Lucho” y su hermana, Eufemia, los cuales hacen referencia a dos kilos
y un revólver, que fueron cogidos por la policía, y por ende alias “Lucho”
manifestó que está cuadrando con dichos funcionarios. Cabe resaltar que la
clase de mercancía a la que se refiere alias "Lucho" cuando menciona la caída
de los kilos no es más que una sustancia estupefaciente, pues en su
indagatoria manifestó que su actividad comercial está basada en la venta y
comercialización de partes eléctricas, en su almacén de razón social
Refrielectricos. Contradicciones estas que nos indican que en verdad se
encuentra ejecutando actividades al margen de la ley relacionadas con el
tráfico de estupefacientes, pues las explicaciones aportadas en su indagatoria
al escuchar las conversaciones legalmente interceptadas aportan otro tipo de
explicación, pero reconociendo su voz y justificando su conversación con otros
significados, pues es este implicado quien utiliza un lenguaje denominado en
el mundo de la ilicitud como cifrado, por el temor a verse descubierto.
Con relación al tráfico de armamento, cuenta esta delegada con las
conversaciones interceptadas entre el señor Luis Alberto Pestana Ruiz, alias
“Lucho”, y su esposa Nayesi Judith, alias “Nayes”, donde le comenta la compra
de un arma de fuego tipo pistola, para reunir cuatro de estas armas y
posteriormente entregarlas a un sujeto no identificado.
Frente a la relación con personal vinculado a grupos ilegales mal llamados AUC,
tenemos que este implicado, mediante alusiones legalmente interceptadas, Luis
Alberto Pestana Ruiz, alias “Lucho”, su suegro Luis Simón Gómez Martínez,
alias “El viejo”, le comenta lo acontecido el 31 de enero referente a la muerte de
una mujer, indicando que el motivo fue la reclamación de tierras o haciendas de
nombre o razón social “Cedro Cocido”, “Haraway”, “Las Tangas” y hacienda
“Roma”, para repartirlas a los pobres de la región.
En cuanto al estado financiero de este sindicado, encontramos que posee unas
cuentas bancarias en banco Santander y AV Villas, y de su propiedad dos
vehículos de baja gama, sin que se pudiera en verdad establecer su verdadero
origen.
Es de aclarar que no se le investiga en este instructivo por delitos que ellos
comentaron en sus diferentes conversaciones legalmente interceptadas, no,
pues de esos punibles se sabe y así lo establecimos dentro de la presente
investigación, ya adelantadas en los diferentes despachos judiciales. Se repite,
se le investiga por el concierto para cometer dichos punibles en concurso con
los otros miembros de dicha organización.
Es por eso que se emitirá resolución de acusación en su contra por el punible
que se le ha endilgado desde el inicio de esta investigación, como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta decisión.
Con relación a la señora Nayesi Judith Gómez Morillo, alias “Naye o la Mona”:
Es la persona encargada de impartir instrucciones y orientación a las diferentes
actividades ilícitas que son ejecutadas por su padre y esposo, con el ánimo de
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Radicación número: 23001-23-31-000-2012-00080-01 (68589)
Actor: Luis Alberto Pestana Ruiz y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
que no sean descubiertos o, en el mejor de los casos, que sepan darles visos
de legalidad.
Pues bien, fíjese que con relación al transporte y comercio, interceptaciones
legalmente efectuadas, en donde se da cuenta para esta investigación que ella
fue capturada por una investigación que en verdad existe, y prueba de ello son
las diferentes piezas procesales que se allegaron de manera traslada de la
inspección judicial que se realizó. Frente a las relaciones con personal vinculado
a los grupos ilegales mal llamados AUC, tenemos que éste implicado, mediante
alusiones legalmente interceptadas, aporta las que hacen referencia a la familia
del señor Luis Simón Gómez Martínez, alias "El viejo", y sus vínculos con los
jefes y exjefes paramilitares de la región del departamento de Córdoba y Urabá
antioqueño, como es el caso de los sujetos José Vicente Castaño Gil,
paramilitar prófugo de la justicia, y su hermano Carlos Castaño Gil, extinto
paramilitar desmovilizado de las autodefensas. Para lo cual se relacionan las
alocuciones sostenidas en su gran mayoría por la señora Nayesi Judith Gómez
Morillo, alias "Naye", quien es partícipe y conocedora de los bienes
administrados por su padre alias "El viejo", como también es conocedora de las
actividades realizadas por su esposo alias "Lucho" con relación al tráfico de
sustancias estupefacientes y comercio ilegal de armas de fuego.
Por tanto, las pruebas recolectadas (interceptaciones) establecen todo lo
contrario a lo afirmado por esta en diligencia de indagatoria, pues dijo ser
administradora de un almacén, no tener buenas relaciones con la señora
Eucaris María Toro, no saber nada sobre el ilícito de tráfico de municiones
cuando ella estuvo comprometida, que les fue encontrado en el parqueadero y
que fue hurtado en la ciudad de Medellín, de no recibir mercancía de Tierralta
cuando en verdad la mercancía estaba referida a la sustancia estupefaciente,
no saber nada sobre la caída del laboratorio de Maño, cuando en verdad es ella
quien le dice a su esposo que es mejor no estar cerca de este tipo de personas
por miedo a verse relacionada en estos negocios, que conoce al señor Carmelo
pero sin ningún tipo de relación, cuando las conversaciones interceptadas
establecen la amistad y los negocios que este y su esposo, de los cuales ella
está enterada, de manejar dinero. En las conversaciones legalmente
interceptadas muestra su preocupación por el manejo de grandes sumas de
dinero y por eso le dice a su esposo que es mejor buscar la manera de
justificarlo en un futuro.
Finalmente, se sabe que mediante sentencia del 13 de noviembre de 2009, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería absolvió a los señores Luis
Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo por in dubio pro reo28, así (fol.
239-263, c.2):
Ahora bien, la Fiscal, en su intento por demostrar que la organización criminal
de la cual al parecer hacían parte los acusados, trató infructuosamente de
develar que estaban unidos a algunos miembros de las extintas Autodefensas
Unidas de Colombia; sin embargo, al analizar lo acreditado en el juicio,
encuentra la Judicatura que este indicio se convierte en equívoco, ya que no se
estableció, con seguridad, que los procesados, o alguno de ellos, tuviera
relación directa con dicha organización criminal armada.
Quiere decir lo anterior, que los procesados no tuvieron motivos para fundar una
organización criminal, pues su yerno o cuñado, respectivamente, del exjefe
paramilitar, tuvo una conformada a nivel nacional con el poder para perpetrar
28 Contra la providencia en cuestión la Fiscalía 5 especializad a de la Unidad Nacional de Fiscalías
Antinarcóticos y de Interdicción Marítima presentó recurso de apelación, el cual fue declarado
desierto por la falta de sustentación, por lo que la providencia absolutoria quedó en firme el 31 de
diciembre de 2009.
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los delitos que se propusieran: narcotráfico a nivel internacional, contrabando
de armas, lavado de activos, etc.; razón más que suficiente para que la
inferencia que se ha construido sobre el móvil se torne increíble o se debilite al
máximo, hasta no ser tenida en cuenta, por equívoca.
Varias particularidades de estos indicios impiden otorgarles total crédito y llevan
a descubrir un marcado interés de la instructora por vincular a la encuesta a
familiares del desaparecido jefe paramilitar, para convencer sobre la carrera
delincuencial que emprendieron sus suegros y cuñados, una vez desapareció
de la vida paramilitar.
El anterior análisis permite afirmar que tampoco resultan creíbles los lenguajes
cifrados que al parecer utilizaron los acusados en sus conversaciones, por la
marcada tendencia de la instructora a endilgar responsabilidad a los procesados
en hechos no probados en cabeza de estos.
Como si lo anterior fuera poco, agotado el debate del juicio oral y más
concretamente, a la hora de peticionar condena, la fiscal incluso no supo el
delito por el cual se les había convocado a juicio a los acusados; esto fue por
Concierto para delinquir, en su modalidad simple o agravado, y por último, ante
tan crasa pero elemental incertidumbre jurídica, peticionó condena por el delito
de Concierto para delinquir en su modalidad simple; situación que causó mucha
fascinación, no sólo entre los sujetos procesales, quienes tenían entendido
durante el decurso de la investigación que la fiscalía venía hablando de un
Concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sino también para los
asistentes a la sala, quienes no entendieron acerca de la tipicidad estricta.
Causó extrañeza, por cuanto ya sabíamos que la incertidumbre de la fiscal la
embargó durante todo el proceso; al punto que la investigación se había iniciado
por la comisión de varios delitos: tráfico de drogas tóxicas y estupefacientes a
nivel internacional y nacional, compra y venta de armas, lavado de activos,
elaboración de alcaloides; culminando su lacónica intervención en la vista
pública con la petición de condena por Concierto para delinquir simple.
Entonces, durante la etapa probatoria dentro del juicio, la funcionaria de la
fiscalía acrecentó más sus dudas, las mismas que servirán para absolver a los
acusados por ese cargo, en atención al principio del in dubio pro reo.
Como se dejó visto, estamos en presencia de una investigación penal que
empezó mal, y lo que empieza mal, termina mal, como en este caso aconteció
para la instructora. Era muy complicado entonces, para el ente investigador,
acreditar la responsabilidad penal de los acusados, si incluso no tuvo la claridad
meridiana acerca de las conductas criminales por las que debían responder en
calidad de autores.
Es aquí donde se incurre en el error denunciado, porque "la hipótesis de la
Fiscalía parte de una generalidad – Concierto para delinquir para cometer
delitos de narcotráfico, tráfico de estupefacientes agravado, tráfico de armas en
su modalidad de compra y venta, lavado de activos, hurtos y contrabando; a
una especificidad” – caso nuevo, Concierto para delinquir simple; escindiendo
de tajo la posibilidad de una contrapropuesta por parte de los togados, que se
defendían de otros cargos y, por contera, rompe el principio de congruencia en
su especificidad óntica y jurídica, con quebrantamiento de los principios-
derechos constitucionales de defensa y debido proceso.
A renglón seguido, cabe precisar, que en cuanto a la tipicidad subjetiva, la
antijuridicidad de la conducta y la culpabilidad, a falta de prueba directa de la
existencia de los delitos sobre los cuales debía descansar el Concierto para
delinquir, la fiscal construyó el fundamento de la petición de condena sobre
indicios: “Lenguaje cifrado en las conversaciones"; sin embargo, la suma de
estos indicios no apunta de manera fehaciente, contundente y directa a
demostrar la certeza que se requiere para determinar que todos los acusados
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dirigieron sus voluntades a la comisión de delitos en forma indeterminada; por
ende, la fiscal no acreditó así los elementos normativos que rodean el tipo penal
que se estila.
En conclusión, en este caso concreto, se dice entonces que la fiscal manejó una
presunción de dolo y de culpabilidad frente a presunciones de buena fe y de
inocencia (presunciones constitucionales no desvirtuadas por la Fiscalía), que
era a quien correspondía la carga probatoria.
Este fallador afirma que esta sentencia se cimentó en la apreciación de las
pruebas, que nos lleva al conocimiento cierto de la duda probatoria. De otra
parte, las versiones de los implicados no fueron desvirtuadas por la Fiscalía, y
por tanto, si sus explicaciones tenían capacidad para convencer
fehacientemente, adolecen de falta de aptitud para generar duda sobre sus
verdaderas actividades comerciales, ajenas a la comisión de sendos delitos (...).
De acuerdo con lo anterior, la Sala se encargará de establecer si la imposición de
la medida de aseguramiento resultó racional, legal, proporcional y necesaria, al
margen de la decisión de fondo que se adoptó en el proceso penal.
En criterio de la Sala, para el momento en que la medida de aseguramiento se
impuso a los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo el
18 de marzo de 2008, la Fiscalía contaba con elementos probatorios que
involucraban al sindicado y permitían considerar su posible participación en los
delitos endilgados, tanto así que el asunto trascendió a la etapa de juicio, la cual
finalizó por la aplicación favorable del principio de in dubio pro reo.
Para el estudio de los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la
medida, cabe señalar que el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 –norma aplicada en
el proceso penal- establecía que la imposición de la medida de aseguramiento era
procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad
con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.
Para adoptar la determinación en relación con el señor Luis Alberto Pestana Ruiz,
alias "Lucho o Pipón", se detectaron una serie de comportamientos extraños y
sospechosos que levantaron alertas sobre su posible implicación en actividades
ilegales. Desde un principio, se estableció que el señor Pestana Ruiz era una
persona cercana y de confianza del señor Luis Simón Gómez Martínez, alias "El
viejo", quien era su suegro y considerado el líder de la organización que se
investigaba. Su vínculo estrecho con el señor Gómez Martínez le otorgaba acceso
a información clave sobre las operaciones de esta organización, lo que, en sí mismo,
constituía hechos indicadores de su participación en las actividades investigadas.
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Uno de los principales indicios que llamaron la atención fue su presunta implicación
en reuniones con ex jefes y jefes activos de grupos de autodefensas paramilitares,
lo que sugería un posible nexo entre él y estas organizaciones armadas ilegales.
Además, se descubrió que el señor Pestana Ruiz tenía un papel fundamental en la
recepción de dinero en sus cuentas personales, proveniente de las actividades
sospechosas de su suegro. Este hecho fue particularmente revelador, ya que lo
vinculaba directamente con el manejo financiero de la organización, lo que apuntaba
a su participación en el esquema delictivo. Las conversaciones legalmente
interceptadas también reforzaron esa tesis, pues en ellas se mencionaba un
vehículo de propiedad del señor Luis Simón Gómez Martínez, que tenía
antecedentes relacionados con un homicidio en Caucasia, Antioquia. La relación del
señor Pestana Ruiz con este vehículo y su conocimiento sobre los detalles de la
investigación aumentaron aún más las dudas sobre su involucramiento en
actividades ilegales.
Otro comportamiento que resultó relevante fue la conversación interceptada entre
el señor Pestana Ruiz y su hermana, Eufemia, en la que se mencionaban dos “kilos”
y un revólver incautados por la policía. En esa conversación, el referido señor indicó
que estaba "cuadrando" con los funcionarios para resolver la situación. Además, el
lenguaje cifrado utilizado en estas conversaciones, en las que el implicado hablaba
de "kilos" de manera ambigua, dejó claro que intentaba encubrir la naturaleza real
de los bienes involucrados.
Otra interceptación reveladora fue la conversación con su esposa, la señora Nayesi
Judith Gómez, alias "Naye", en la que discutieron la compra de una pistola. El señor
Pestana Ruiz mencionó que su objetivo era reunir cuatro armas para entregarlas a
una persona no identificada. Esta conversación indicaba que no solo estaba
involucrado en el tráfico de drogas, sino también en la adquisición y distribución de
armamento, lo que constituía otro indicio sólido de su actividad ilícita.
Finalmente, se destacó su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). En una conversación interceptada con su suegro, alias "El viejo", el señor
Pestana Ruiz discutió la muerte de una mujer relacionada con la reclamación de
tierras, lo que mostró su conocimiento en asuntos de violencia y despojo de tierras,
prácticas comunes entre los grupos paramilitares.
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Estos indicios y comportamientos llevaron a la Fiscalía General de la Nación a
imponerle la medida de aseguramiento al aquí demandante. La detención
preventiva, sin posibilidad de excarcelación, fue motivada por la gravedad de los
delitos y las pruebas que lo vinculaban con la comisión de diferentes punibles, su
cercanía con "El viejo", su participación en la logística financiera y la utilización de
lenguaje cifrado para encubrir sus actividades ilegales, fueron todos factores que
contribuyeron a esta decisión judicial.
Por otra parte, el comportamiento de la señora Nayesi Judith Gómez Morillo, alias
"Naye o la Mona", la construcción de una serie de indicios, debido a su participación
activa y el conocimiento de las actividades lideradas por su esposo, el señor Luis
Alberto Pestana Ruiz, alias "Lucho", y su padre, el señor Luis Simón Gómez
Martínez, alias "El viejo". Desde un inicio, quedó claro que no solo estaba al tanto
de las operaciones de la presunta organización, sino que también desempeñaba un
rol activo en la toma de decisiones y en la planificación de dichas actividades. Esta
cercanía y participación en la estructura familiar de la organización fue uno de los
primeros indicios que llamaron la atención de las autoridades.
Uno de los principales comportamientos sospechosos fue su involucramiento en el
transporte y comercio de armas de fuego y municiones. Las interceptaciones legales
de las comunicaciones revelaron que la referida señora fue capturada mientras
llevaba consigo 87 cartuchos calibre 5.56 para fusil. Este hallazgo no solo apuntaba
a su participación activa en estas operaciones, sino que, en ese momento, la
vinculaba con otras actividades ilícitas.
Otro aspecto clave que reforzó su imputación en los hechos delictivos fue la posible
conexión con grupos paramilitares. Las interceptaciones legales dejaron en
evidencia alusiones a la familia de su padre, “El viejo”, y sus vínculos con
reconocidos jefes y exjefes paramilitares. La investigada no solo conocía estos
vínculos, sino que también estaba involucrada en las presuntas actividades
económicas y logísticas relacionadas con ellos.
Por otra parte, en las conversaciones interceptadas, se evidenció su preocupación
por el manejo de grandes sumas de dinero, lo que contrastaba con su declaración
sobre su supuesta actividad comercial. En una de las conversaciones le sugirió a su
esposo que buscaran una manera de justificar el dinero en el futuro, lo cual
mostraba su implicación en la ocultación y justificación de ingresos ilegales.
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Además, las contradicciones en sus declaraciones reforzaron su acusación.
Durante su indagatoria negó tener relaciones con personas como Eucaris María
Toro, y afirmó desconocer los detalles sobre el tráfico de municiones y la mercancía
retenida, pero las pruebas de las interceptaciones sugerían lo contrario. También
minimizó su conocimiento sobre el laboratorio de “Maño” y afirmó que conocía solo
superficialmente al señor Carmelo, a pesar de que las conversaciones interceptadas
demostraron que mantenía una relación cercana y estaba al tanto de los negocios
que este sostenía con su esposo.
Todos estos elementos –su rol activo en la toma de decisiones dentro de la presunta
organización, su participación en el transporte de municiones, su vinculación con
grupos paramilitares, su conocimiento de las operaciones de tráfico de drogas y
armas, sus contradicciones en las declaraciones y su preocupación por manejar
grandes sumas de dinero– motivaron que se le impusiera una medida de
aseguramiento. La detención preventiva sin posibilidad de excarcelación fue
fundamentada en la gravedad de los delitos imputados, su rol y la existencia de
pruebas contundentes que la vinculaban de manera directa con el delito de concierto
para delinquir.
Como se vio, los elementos con los que contaba la Fiscalía permitían la imposición
de la medida de aseguramiento, desde el punto de vista de los requisitos legales,
pues existían indicios que comprometían su participación como posibles
responsables del delito de concierto para delinquir.
En este punto conviene reiterar que los requisitos en materia probatoria para la
imposición de la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el
legislador para determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la
acusación y la eventual condena, puesto que en este último caso las evidencias
deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de
determinar con certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo
indiciario que permite la definición de la situación jurídica.
Frente a los demás elementos para imponer la medida, basta con señalar que la
restricción de su libertad estuvo motivada no solamente por tratarse de delitos que
atentaban en contra de diferentes bienes jurídicamente tutelados, en relación con
los cuales se contaba razones suficiente para establecer la posible participación de
los implicados, circunstancia que denota el cumplimiento del requisito de necesidad,
sino porque, además, la pena establecida y la naturaleza de la conducta endilgada
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obligaba al fiscal a actuar de la forma en que lo hizo29, lo que permite concluir que
la investigación no fue caprichosa ni irrazonable.
Así las cosas, es dable concluir que las decisiones que se profirieron en el marco
del proceso penal adelantado en contra de los señores Luis Alberto Pestana Ruiz y
Nayesi Judith Gómez Morillo, incluida la de medida de aseguramiento, se ajustaron
a los criterios establecidos en la legislación y a la evidencia probatoria, lo que
descarta que hubieren sido irrazonables, desproporcionadas o ilegales.
La cesación del procedimiento penal en favor de los demandantes no supone
automáticamente que no le asistiera el deber jurídico de afrontar el proceso penal,
menos aun cuando el mismo finalizó por las dudas que en la etapa de juzgamiento
surgieron y que debían ser consideradas a su favor por la aplicación del principio de
in dubio pro reo, pues, se insiste, existieron pruebas que permitían inferir
razonablemente su participación en los hechos investigados.
En suma, como no se advirtió una conducta constitutiva de falla del servicio, de ahí
que no sea posible atribuir responsabilidad a las demandadas, la Sala despachará
de manera desfavorable el cargo planteado.
iv) Carencia de elementos probatorios que permitan arrimar a la conclusión
de que hubo culpa exclusiva de la víctima y falso positivo judicial
La sala parte por rechazar el uso de expresiones peyorativas o que tiendan a
descalificar la labor de los operadores judiciales cuando ha mediado la labor de un
juez que no es del agrado de quien pueda verse afectado; de esta manera, calificar
como falso positivo judicial un trámite de investigación y juzgamiento con los
resultados que dan cuenta el plenario, debe ser una práctica que el apoderado del
actor debe excluir en sus actuaciones judiciales a riesgo de transgredir los deberes
de conducta y comportamiento que le impone el estatuto de la profesión.
Sin perjuicio de esto, vale precisar que la negativa de las pretensiones no se basó
en la culpa exclusiva de la víctima. Lo anterior se advierte, en tanto el Tribunal negó
las pretensiones de la demanda al encontrar acreditados los supuestos fijados por
la Ley 600 de 2000, lo cual fue reiterado en esta providencia.
29 De acuerdo con lo previsto en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, la medida de aseguramiento
procede, entre otros eventos, cuando la pena prevista para el delito excede los 4 años, como ocurre
con el delito de concierto para delinquir -Artículo 340 del código penal-.
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En respuesta al argumento indicado, es importante señalar que dicho planteamiento
es subjetivo y no refuta directamente la sentencia de primera instancia. El análisis
realizado demuestra que la Fiscalía contaba con elementos probatorios suficientes
para vincular a los demandantes al proceso y asegurar su comparecencia al mismo.
Aunque finalmente fueron absueltos, esto no implica que la privación de la libertad
haya sido injusta, ya que las medidas adoptadas se ajustaron a los indicios
presentados en ese momento.
Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala confirmará, en este punto, la
sentencia de instancia, porque con el material probatorio obrante en el proceso se
acreditó que la medida de aseguramiento que se le impuso a los señores Luis
Alberto Pestana Ruiz y Nayesi Judith Gómez Morillo fue necesaria, razonable y
proporcional.
7. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de agosto de 2021, por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación-Rama judicial y del Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda
SEGUNDO: Sin condena en costas.
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Referencia: Acción de reparación directa
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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