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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2012-00211-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2012-00211-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Betty Cardales Arrieta contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 26 Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado Jorge Fernando Camacho Romero, bajo el entendido de que allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo 76 del CGP.51 Cuarto. Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, como apoderado de la UGPP y para los efectos del poder conferido,52 quien en la actualidad ejerce la defensa judicial de la entidad. Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2012-00211-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 28 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Betty Cardales Arrieta, por conducto
de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de Resolución
UGM 002792 del 2 de agosto de 2011, proferida por la Caja Nacional de Previsión

Social - Cajanal EICE en Liquidación, hoy UGPP, que le negó el reconocimiento de la
pensión gracia.

1 Folios 32 a 40.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) disponer los ajustes previstos en
la Ley 71 de 1988; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al artículo 178
del CCA;2 iii) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso y reconocer los intereses
moratorios a que haya lugar, en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem; y iv)
sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló:3

i) La señora Betty Cardales Arrieta nació el 4 de mayo de 1957.

ii) La accionante prestó sus servicios como docente nacionalizada y distrital en el
departamento de Bolívar y en el Distrito de Cartagena de Indias, mediante contratos
de prestación de servicios y vinculaciones legales y reglamentarias, durante los
siguientes períodos:

Acto de vinculación Desde Hasta
Decreto 769 del 10 de septiembre de 1980 23/09/1980 19/07/1984
Orden de prestación de servicios 21/02/1991 30/11/1991
Orden de prestación de servicios 01/02/1992 30/11/1992
Orden de prestación de servicios 01/02/1993 30/11/1993
Orden de prestación de servicios 01/02/1994 30/11/1994
Orden de prestación de servicios 29/04/1996 15/08/1996
Orden de prestación de servicios 15/05/1997 15/09/1997
Decreto 0948 del 30 de octubre de 1997 31/10/1997 28/02/2010
Total: 20 años y 19 días

ii) El 30 de agosto de 2010, la actora solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a través
de la decisión administrativa enjuiciada, por cuanto el tiempo laborado mediante

2 Código Contencioso Administrativo.
3 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo cual se resumirán en dicho acápite.

2

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

contratos de prestación de servicios no es válido para acceder a dicha prestación y
que la vinculación distrital, iniciada el 31 de octubre de 1997, tampoco puede
tenerse en cuenta, ya que corresponde a una fecha posterior al límite temporal
impuesto en la Ley 91 de 1989.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 25 y 58 de la Constitución Política; 27, 30
y 31 del Código Civil; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 de la Ley 153 de 1887;
3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933;
y 4 de la Ley 4 de 1966.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso:

i) La señora Betty Cardales Arrieta cumple con todos los requisitos previstos por el
legislador para acceder a la pensión gracia, porque tuvo buena conducta en el
desempeño como educadora; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus
servicios como docente nacionalizada y distrital por más de 20 años y se vinculó en
tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.

ii) La decisión acusada quebrantó el ordenamiento superior, pues el tiempo laborado
por contratos de prestación de servicios es válido para el reconocimiento de la
referida prestación, en tanto no requiere cotizaciones al sistema de seguridad social.

iii) La pensión gracia no exige que el educador trabaje de manera ininterrumpida;
por el contrario, pueden computarse tiempos laborados en diversas épocas.

iv) La actora fue vinculada por autoridades del orden territorial. Además, en el año
1997 fue nombrada por el alcalde de Cartagena, en un acto en el que se reconoció
que con antelación prestaba sus servicios de manera temporal a ese ente. De esta
forma, la administración buscó garantizar su estabilidad laboral.

3

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Demandante: Betty Cardales Arrieta

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, en estos
términos:4

i) Los contratos de prestación de servicios que suscribió la demandante no pueden
tenerse en cuenta para acceder a la pensión gracia reclamada, ya que no
demuestran el carácter nacionalizado de la vinculación

ii) A partir del 31 de octubre de 1997, la señora Betty Cardales Arrieta se desempeñó
como docente distrital; sin embargo, esta fecha es posterior al 31 de diciembre de
1980, que la Ley 91 de 1989 fijó como límite para acceder a la pensión gracia.

iii) La resolución enjuiciada respetó la normativa en que debía fundarse y no está
incursa en causal de nulidad, ya que la interesada no logró acreditar que laboró
durante 20 años como profesora nacionalizada o territorial.

iv) Se proponen las siguientes excepciones: 1) violación al principio constitucional
de sostenibilidad presupuestal; 2) inexistencia de causa para demandar; 3) falta de
agotamiento de la vía gubernativa, en tanto no se interpuso el recuro de reposición;
4) prescripción; 5) caducidad; y 6) genérica e innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 28 de marzo de 2014,
accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:5

i) La accionante laboró como docente al servicio del distrito de Cartagena, en virtud
de órdenes de prestación de servicios. Este tiempo resulta válido para reconocer la

4 Folios 66 a 75.
5 Folios 227 a 251.

4

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

pensión gracia, pues la profesora se sujetó al horario, currículo y órdenes impuestas
por el ente territorial; además, se desempeñó en igualdad de condiciones a sus
homólogos de planta.

ii) La señora Betty Cardales Arrieta también acredita una vinculación legal y
reglamentaria como docente nacionalizada y distrital, equivalente a más de 20 años
de servicio e ingresó al magisterio oficial antes del 31 de diciembre de 1980. Aunado
a ello, la accionante cuenta con más de 50 años de edad y no ha sido sancionada
disciplinariamente.

iii) Bajo este escenario, se declara la nulidad de la resolución demandada y, a título
de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer a la actora la
pensión gracia, a partir del 12 de febrero de 2010 (día siguiente a la consolidación
del estatus pensional), en cuantía del 75% de los salarios devengados en el año
anterior a la adquisición del derecho.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
con base en los argumentos que se resumen, a continuación:6

i) La pensión gracia únicamente puede reconocerse a los docentes nacionalizados
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980; sin embargo, la actora solo demostró
ese requisito por un lapso de 3 años, 10 meses y 7 días, ya que luego se vinculó
por contratos de prestación de servicios y como educadora distrital, pero todo ello
ocurrió en fechas posteriores a la indicada.

ii) El a quo emitió un fallo incongruente y extrapetita, pues computó el tiempo que
se desempeñó en virtud de contratos de prestación de servicios, bajo el entendido
de que lo hizo de forma subordinada y que se configuró una relación laboral.

6 Folios 253 a 257.

5

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

iii) La jurisprudencia ha indicado que el cumplimiento de un horario no es suficiente
para acreditar la subordinación en el desarrollo de las actividades contractuales.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante7 y la UGPP8 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

7 Folios 347 a 350.
8 Folios 354 a 355.
9 Según constancia secretarial obrante en el folio 356.

6

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».13

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».14

10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho

a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,

quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

7

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:17

15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).

9

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

10

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

11

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».21

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al acta de nacimiento22 y la cédula de ciudadanía,23 la señora Betty
Cardales Arrieta nació el 4 de mayo de 1957.

• El 10 de septiembre de 1980, por Decreto 789, el gobernador de Bolívar nombró
en propiedad a la demandante como «2ª. Cat., Seccional de la Escuela Rural Mixta
de Macayepos (El Carmen de Bolívar)».24

• El 30 de octubre de 1997, por Decreto 0948, el alcalde de Cartagena de Indias
nombró «en propiedad algunos docentes que venían vinculados temporalmente y
que tienen derechos adquiridos por Ley 344-96», incluyendo el nombre de la
demandante para el nivel de básica primaria.25

• El 21 de abril de 2010, la Secretaría de Educación de Cartagena de Indias certificó
que la actora «prestó sus servicios como DOCENTE en esta entidad mediante unas
órdenes de prestación de servicio, así:»26

• Del 21 de Febrero de 1991 al 30 de Noviembre de 1991

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
22 Folio 25.
23 Folio 26.
24 Folio 18.
25 Folios 19 a 22.
26 Folio 8.

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

• Del 01 de Febrero de 1992 al 30 de Noviembre de 1992
• Del 01 de Febrero de 1993 al 30 de Noviembre de 1993
• Del 01 de Febrero de 1994 al 30 de Noviembre de 1994
• Del 29 de abril de 1996 al 15 de agosto de 1996
• Del 15 de Mayo de 1997 al 15 de Septiembre de 1997

• El 2 de octubre de 2017, en cumplimiento del requerimiento probatorio efectuado
por esta Subsección,27 la Secretaría de Educación de Bolívar certificó que la
demandante prestó sus servicios como educadora de primaria, con vinculación
nacionalizada, entre el 23 de septiembre de 1980 y el 19 de julio de 1984.
Textualmente se especificó lo siguiente:28

27 Auto del 10 de agosto de 2017 (folios 357 a 358).
28 Folios 367 a 368.

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

• El 19 de octubre de 2017, conforme a la prueba de oficio decretada en esta
instancia,29 la Secretaría de Educación de Cartagena de Indias certificó que la
actora presta sus servicios como educadora de primaria, desde el 30 de octubre de
1997, así:30

29 Auto del 10 de agosto de 2017 (folios 357 a 358).
30 Folios 371 a 372.

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Es pertinente anotar que el 6 de diciembre de 2017, la referida dependencia expidió
idéntico certificado laboral, pero al identificar el régimen de pensiones se marcó la
casilla «Nacional».31

31 Folios 374 a 375.

15

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

• El 10 de octubre de 2017, en atención a la prueba de oficio decretada por esta
Sala,32 el Ministerio de Educación Nacional indicó que en cuanto al «tipo de
vinculación y tiempo de servicios como docente por el tiempo comprendido entre el
23 de septiembre de 1980 y el 19 de julio de 1984, del 21 de febrero de 1991 al 15
de agosto de 1996, del 15 de mayo al 15 de septiembre de 1997 y del 31 de octubre
de 1997 al 2 de febrero de 2010 a nombre de la señora BETTY CARDALES ARRIETA,
nos permitimos informarle que con base en la información contenida en los
inventarios de la serie Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de
la planta de personal, el Grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se
encontró información alguna a nombre de la mencionada señora».33

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la accionante no registraba
antecedentes disciplinarios. 34

➢ Actuación administrativa

• El 30 de agosto de 2010, la demandante peticionó ante Cajanal, hoy UGPP, el
reconocimiento de la pensión gracia.35

• El 2 de agosto de 2011, por Resolución UGM 002792, Cajanal EICE en Liquidación
negó la referida solicitud, puesto que «esta prestación especial fue creada
exclusivamente para docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, se observa que la recurrente no reúne tal requisito, toda vez que
su vinculación como nacionalizada fue por tres (3) años, diez (10) meses y siete (7)
días, posterior a esto fue la vinculación mediante una orden de prestación de
servicios; y su tiempo con vinculación distrital fue a partir del 31 de octubre de 1997,
fecha que es posterior al límite de tiempo que impuso la Ley 91 de 1989 para poder
acceder a la pensión gracia».36

32 Auto del 10 de agosto de 2017 (folios 357 a 358).
33 Folio 366.
34 Folio 30.
35 Información extraída de la Resolución UGM 002792 del 2 de agosto de 2011 (folios 2 a 4).
36 Folios 2 a 4.

16

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en tres momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

2.4.1. Primer período. Del 23 de septiembre de 1980 al 19 de julio de 1984

En este lapso la señora Betty Cardales Arrieta laboró como profesora de primaria
en la Escuela Rural Mixta de Macayepos (El Carmen de Bolívar), en virtud de la
designación efectuada por el gobernador de Bolívar, mediante el Decreto 789 del
10 de septiembre de 1980.

Por su parte, la Secretaría de Educación de dicho ente certificó que la actora prestó
sus servicios como docente nacionalizada, en el nivel de primaria. La Sala acogerá
esta afirmación, por cuanto el nombramiento provino de una autoridad del orden
territorial.

Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
que ocasione la instrucción primaria».37

De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el gobernador
de Bolívar, atendía a las atribuciones que con antelación le había otorgado el
legislador.

Además, el carácter nacionalizado de la aludida designación encuentra respaldo en
el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos

37 Artículo 27.

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el
sub lite.

Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el presente
asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la vinculación
nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto deberá analizarse
si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer una conclusión
distinta.

Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 3 años, 9 meses y 26 días; sin
embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá revisarse
la vinculación restante.

2.4.2. Segundo período. Del 21 de Febrero de 1991 al 15 de septiembre de 1997

En este período la señora Betty Cardales Arrieta celebró un contrato de trabajo y
otros de prestación de servicios con el alcalde de Cartagena de Indias, con el fin de
desempeñarse como educadora en instituciones educativas pertenecientes a ese
distrito.

Al plenario se allegó el contrato de trabajo de 1991, una comunicación para laborar
en el año 1992 y las órdenes de prestación de servicios de los años 1996 y 1997.
Estos actos, junto con el certificado expedido por la Secretaría de Educación de
Cartagena, permite concluir que la interesada se desempeñó como profesora de
primaria en ese ente territorial, en las fechas que se anotan, a continuación:

• Del 21 de febrero al 30 de noviembre de 1991
• Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1992

18

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

• Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993
• Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1994
• Del 29 de abril al 15 de agosto de 1996
• Del 15 de mayo al 15 de septiembre de 1997

2.4.2.1. Respecto del anterior recuento, se observa que en el año 1991 la
demandante suscribió un contrato de trabajo a término fijo con el distrito de
Cartagena y entre las partes se configuró un verdadero vínculo laboral, por ende, al
margen de que la docente no hubiera sido designada mediante un acto
administrativo, ello no desdibuja que realmente era una empleada pública. Inclusive,
en el contrato se pactó el pago de salarios, cesantías, vacaciones y prima de
servicios, con lo que se ratifica el interés de la administración de tratarla como una
servidora oficial y no como una contratista.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la aludida vinculación es del
orden territorial, pues esta norma establece que tienen tal naturaleza los «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
el cual previó que a partir de la entrada en vigencia de dicha norma «ningún
Departamento, Intendencia o Comisaría, ni el Distrito Especial, ni los Municipios
podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de
enseñanza primaria o secundaria; ni tampoco podrán decretar la construcción de
nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional».

En este caso, el contrato de trabajo fue suscrito exclusivamente por el alcalde y el
secretario de educación de Cartagena de Indias, sin que se observe intervención
alguna de un delegado del Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo
referencia a una autorización por parte de la nación para hacer la designación, ni
que la plaza a ocupar fuera nacional, pues inclusive el ente territorial se
comprometió a pagar directamente los salarios de la docente; por lo tanto, la actora
tuvo una vinculación distrital en el año 1991.

19

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

2.4.2.2. En lo que concierne a la vinculación por contratos de prestación de servicios
durante los años 1992 a 1997, resulta válido sostener que esta también debe
computarse para efectos de obtener la pensión gracia. Al respecto, esta corporación
ha indicado lo siguiente:38

Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la
planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las
funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de
que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes
restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir
las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado»39.
[…]
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.

Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el
accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que
sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo
estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia40.

De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, el a quo actuó conforme a
derecho al computar los tiempos laborados por la actora en virtud de los contratos
de prestación de servicios suscritos durante los años 1992 a 1997.

En efecto, en esa época la señora Betty Cardales Arrieta se desempeñó como
docente de primaria, en varias instituciones educativas del distrito de Cartagena,

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de marzo

de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden consultarse las siguientes
sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-00457-
01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-39-000-2015-00529-01 (3878-17); c. del 12 de junio de
2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01 (4512-17)
39 Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
40 En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-23-33-000-

2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018, expediente: 17001-23-33-000-2013-
00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

por lo que también frente a este lapso se predican los razonamientos que se han
venido efectuando en torno a la vinculación territorial de la educadora.

En tal sentido se destaca que los contratos fueron celebrados por la demandante
con el alcalde de Cartagena, algunos se pagaron con recursos propios de dicho
ente territorial y otros con dineros provenientes del Situado Fiscal.

Se resalta que esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar que los
dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema general de
participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas».41

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».

Igualmente, la Subsección acoge el criterio que ha fijado esta corporación en el
sentido de indicar que la normativa especial no excluyó los contratos de prestación
de servicios para el acceso a la pensión gracia; por el contrario, lo relevante es que
el interesado demuestre haber trabajado en el magisterio oficial como maestro
territorial o nacionalizado, así como tener una experiencia docente anterior al 31 de
diciembre de 1980, conforme se acreditó en el sub lite.

Esta tesis es consonante con el mandato constitucional de privilegiar la realidad
sobre las formalidades en aras de garantizar el acceso de los trabajadores a sus
derechos mínimos laborales.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).

21

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Asimismo, esta decisión se adopta en razón a las particularidades del caso
concreto, esto es, por el ejercicio de la función docente, la cual de manera reiterada
se ha considerado que por su naturaleza implica subordinación, prestación personal
del servicio y el cumplimiento de condiciones de formación y experiencia que
denotan la existencia de un verdadero vínculo laboral entre la administración y los
educadores, quienes deben someterse a las directrices, inspección y vigilancia de
las diferentes autoridades educativas, a los contenidos curriculares y al calendario
escolar.42

En consecuencia, este segundo período también resulta computable para acceder
al beneficio pensional reclamado.

2.4.3. Tercer período. Del 31 de octubre de 1997 al 19 de octubre de 201743

Este tercer período está determinado por el Decreto 0948 del 30 de octubre de 1997,
proferido por el alcalde de Cartagena, mediante el cual nombró «en propiedad
algunos docentes que venían vinculados temporalmente y que tienen derechos
adquiridos por Ley 344-96», incluyendo el nombre de la demandante, con el fin de
que se desempeñara en el nivel educativo de primaria. Este acto se fundó en las
siguientes consideraciones:44

Que el artículo 11 de la Ley 344 de Diciembre 27 de 1996 garantizó la estabilidad
laboral a los docentes que trabajaron por períodos continuos iguales o mayores a

42 Al respecto, esta corporación sostuvo lo siguiente:

[…] al estudiar a Corte Constitucional la demanda de inexequibilidad, entre otros, del artículo 6º de la Ley 60 de 1993,
referente a la administración de las plantas de personal docente, estableció que cuando se trata del desempeño de
funciones docentes, éstas no se pueden adelantar a través de contratos de prestación de servicios, porque siempre se
predica del ejercicio de dichas actividades la subordinación o dependencia propias de la relación laboral. Corrobora lo
anterior, el objetivo de la labor docente que consagra el artículo 104 de la Ley General de Educación (115 de 1994) al
prever que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y
aprendizaje de los educandos […]”; situación que implica que la labor docente no es independiente, sino que es un servicio
que se presta en forma personal y de manera subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público
de la educación, que no es posible encubrir mediante contratos de prestación de servicios. Sentencia del 6 de mayo de
2010, radicado: 76001-23-31-000-2005-00578-01 (1883-08). En igual sentido pueden consultarse las siguientes
sentencias: i) del 7 de abril de 2016, radicado: 20001-23-31-000-2010-00413-01 (1022-2014); ii) del 1 de diciembre de
2016, Radicado: 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014); iii) del 23 de febrero de 2017, radicado: 15001-23-31-000-
2012-00276-01 (2922-15); iv) del 10 de septiembre de 2020, radicado: 52001-23-33-000-2014-00565-01 (1652-16).
43 Fecha en que se expidió el certificado laboral.
44 Folios 19 a 22.

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

ocho (8) meses en los años 1992 o 1993, aunque su relación contractual haya
terminado en cualquier momento.

Que mediante Decreto 0653 del 10 de julio de 1997 se convocó a concurso cerrado
a los docentes con derecho a la Ley 344 de 1996.

Que el 11 de Agosto de 1997 se conformó el listado de elegibles […].

Que mediante Acuerdos No. 015 de Marzo 22 y 030 de Agosto 16 de 1995, se crearon
veintiséis (26) Plazas Docentes de Nivel Básica Primaria por el primero, y cincuenta
y una (51) Plazas Docentes de Básica Primaria y veintinueve (29) de Básica
Secundaria y Media Vocacional por el segundo, para el Servicio Educativo del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. [Transcripción literal].

De acuerdo con la anterior motivación, se encuentra acreditado que la actora fue
nombrada como docente territorial, pues la designación la realizó el alcalde de
Cartagena para ocupar una plaza docente que había sido creada por un acuerdo
del Concejo Distrital para la planta de personal de ese ente territorial.

Es oportuno resaltar que esta corporación dictó una prueba de oficio y la Secretaría
de Educación de Cartagena expidió dos certificaciones idénticas, pero en una indicó
que en este tercer período la accionante tenía un régimen de pensiones distrital y
en la otra refirió que era nacional. Esta disparidad no afecta el derecho a la pensión
gracia que le asiste a la demandante, pues el acto de nombramiento analizado
permite concluir con certeza que ella ocupó una plaza docente territorial (distrital).

De esta modo, no existe prueba alguna que permita concluir que la actora tuvo un
vínculo nacional. Es más, el Ministerio de Educación hizo constar que, una vez
revisados los inventarios de historias laborales, la señora Cardales Arrieta no
aparecía en su planta de personal.

De otro lado, en lo que concierne a la posibilidad de sumar los tres períodos antes
descritos, esta corporación ha explicado que para determinar el tiempo de servicio
válido para acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 no estableció exigencia
alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con determinado período de
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que los servicios

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Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la referida
fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.45

Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 23-09-1980 19-07-1984 26 9 3
Territorial 21-02-1991 30-11-1991 9 9 0
Territorial 01-02-1992 30-11-1992 0 10 0
Territorial 01-02-1993 30-11-1993 0 10 0
Territorial 01-02-1994 30-11-1994 0 10 0
Territorial 29-04-1996 15-08-1996 15 3 0
Territorial 15-05-1997 15-09-1997 0 4 0
Territorial 31-10-1997 11-02-201046 10 3 12

TOTAL 0 0 20

De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años47 y cumplió con la exigencia de haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito
del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.

A su vez, la señora Betty Cardales Arrieta cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.

45 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2013-05752-01

(2535-16).
46 Esta fecha corresponde al día en que la actora consolidó el estatus pensional, pues completó los 20 años de servicio,

teniendo en cuenta que con antelación había cumplido los 50 años edad.
47 Después de la consolidación del estatus pensional, la demandante siguió prestando su servicio como docente.

24

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Ahora bien, conforme lo concluyó el a quo, la accionante cumplió los 20 años
servicio el 11 de febrero de 2010, fecha para la cual contaba con más de 50 años
de edad, es decir, que en ese momento adquirió el derecho pensional.

De otro lado, según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá
a los tres años contados a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible.48

En este caso no operó la prescripción de las mesadas pensionales, ya que el
derecho se hizo exigible a partir del 12 de febrero de 2010, la actora lo reclamó ante
la administración el 30 de agosto de 2010 y radicó la demanda el 12 de diciembre
de 2012,49 es decir, que no transcurrieron más de 3 años entre las citas fechas.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,50 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

48 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede
consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19).
49 Folios 40 y 41.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

25

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por la señora Betty Cardales Arrieta contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.

26

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)
Demandante: Betty Cardales Arrieta

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado Jorge Fernando
Camacho Romero, bajo el entendido de que allegó la comunicación de que trata el
inciso 4 del artículo 76 del CGP.51

Cuarto. Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, como
apoderado de la UGPP y para los efectos del poder conferido,52 quien en la actualidad
ejerce la defensa judicial de la entidad.

Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

51 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
52 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

27

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