República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2013-00186-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Tema: nivelación salarial. Subtema 1: competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos del orden territorial. Subtema 2: alcance del
artículo 76 de la Ley 734 de 2002 en la organización de las Oficinas de Control Interno
Disciplinario.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 1, el 23 de octubre de 2020,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Fernando Javier Arrieta Burgos solicitó la nulidad del acto administrativo
mediante el cual el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena negó la solicitud de
homologación y nivelación salarial del cargo de jefe de oficina, código 006, grado 55,
que desempeñó en la Oficina de Control Disciplinario.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 1, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el cargo desempeñado por el demandante ya se
encontraba clasificado en el nivel directivo, el más alto dentro de la estructura
administrativa y que su remuneración se ajustaba a las escalas fijadas por el Concejo
Distrital.
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la decisión
de primera instancia por no advertir el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76
de la Ley 734 de 2002.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Fernando Javier Arrieta Burgos, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de abril
de 20131, contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (en adelante
Distrito de Cartagena), con las siguientes pretensiones2:
2. La nulidad del acto administrativo AMCI-OFI-0066384-2012 del 23 de octubre
de 2012, mediante el cual se resolvió de manera desfavorable la reclamación
administrativa orientada a obtener la homologación y nivelación salarial del cargo
ocupado por el señor Fernando Javier Arrieta Burgos en la Oficina de Control
Disciplinario del Distrito de Cartagena.
3. A título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó que se ordene la
homologación del cargo que desempeñó por uno que corresponda «al más alto nivel
de conformidad con el artículo 76 de la Ley 734 de 2002»; así como la correspondiente
nivelación salarial conforme a la escala que debió aplicarse a dicho cargo.
4. En esa línea, solicitó que se ordene a la entidad demandada: i) reconocer y
pagar las diferencias salariales y prestacionales causadas con ocasión de dicha
nivelación, durante el tiempo laborado; ii) efectuar las cotizaciones al sistema
pensional conforme al salario que debió asignarse; y iii) indexar las sumas reconocidas
y adeudadas.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El señor Fernando Javier Arrieta Burgos, el 2 de marzo de 2009, fue nombrado
en el cargo de jefe de oficina, código 006, grado 55, en la Oficina Asesora de Control
Disciplinario del Distrito de Cartagena.
7. La relación laboral entre el demandante y el Distrito de Cartagena se extendió
hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en la cual le fue aceptada la renuncia al cargo,
mediante el Decreto 1685 del 30 de diciembre de 2011.
8. Durante el tiempo de vinculación, el demandante cumplió adecuadamente las
funciones propias del cargo para el cual fue designado.
1 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 1 a 6.
2 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 2.
2
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
9. El cargo desempeñado por el señor Fernando Javier Arrieta Burgos no
correspondía al más alto nivel jerárquico dentro de la estructura administrativa del
Distrito de Cartagena, ni a la escala salarial que debía asignársele, conforme a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.
10. De acuerdo con la clasificación de empleos prevista en el Decreto Ley 1569 de
1998, los cargos de secretario de despacho y de director de departamento
administrativo correspondían a niveles jerárquicos superiores al del cargo de jefe de
oficina desempeñado por el demandante.
11. En ese sentido, para la época de su vinculación, dichos cargos tenían una
asignación salarial superior a la del cargo de jefe de oficina que desempeñó.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículo 150.
La Ley 1437 de 2011, artículo 84.
La Ley 4 de 1992, artículo 12.
La Ley 734 de 2002, artículo 76.
13. Al explicar el concepto de violación, el señor Fernando Javier Arrieta Burgos
sostuvo que el acto administrativo demandado vulneró las normas superiores que
regulan el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
14. Afirmó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 734 de
2002, las entidades públicas deben contar con una unidad u oficina de control
disciplinario interno del más alto nivel jerárquico, de modo que se garantice su
autonomía e independencia.
15. En ese sentido, señaló que el cargo que desempeñó no correspondía al nivel
jerárquico exigido por la normativa aplicable, lo cual incidió en la asignación salarial
que le fue reconocida y que, a su juicio, resultó inferior a la que legalmente debió
percibir.
16. En consecuencia, sostuvo que dejó de devengar la remuneración
correspondiente al nivel del cargo que debió reconocérsele, con lo cual se vulneró su
derecho a recibir una contraprestación acorde con las funciones efectivamente
desempeñadas.
2.2. Contestación de la demanda
17. El Distrito de Cartagena, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones
3
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
de la demanda y solicitó que se nieguen3.
18. Sostuvo que el demandante fue nombrado en el cargo de jefe de oficina, código
006, grado 55, en la Oficina de Control Disciplinario, con la asignación salarial fijada
para dicho empleo, de conformidad con los acuerdos expedidos por el Concejo
Distrital para las vigencias en las que se desarrolló la relación laboral.
19. Indicó que no existe disposición normativa que imponga a la entidad la
obligación de asignar al jefe de la Oficina de Control Disciplinario el salario
correspondiente al nivel más alto de la estructura administrativa, pues la exigencia
contenida en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 se refiere únicamente a la ubicación
jerárquica de dicha dependencia dentro de la entidad territorial, con el fin de garantizar
su autonomía e independencia, sin que ello implique que el empleo que la dirige deba
tener la asignación salarial más alta.
20. Añadió que la determinación del régimen salarial de los empleados del nivel
territorial radica, de manera concurrente, en el Congreso de la República, en el
Gobierno nacional y en las corporaciones públicas territoriales, de modo que los
salarios de los servidores del Distrito se encuentran fijados en los acuerdos distritales,
los cuales gozan de presunción de legalidad y no han sido objeto de impugnación.
21. En esa línea, consideró que la administración distrital no podía apartarse de lo
dispuesto en dichos acuerdos para reconocer salarios distintos a los allí previstos, por
lo que el demandante recibió la remuneración legalmente prevista para el cargo que
desempeñó.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Decisión No. 1, mediante
sentencia del 23 de octubre de 2020, negó las pretensiones de la demanda e impuso
condena en costas a la parte demandante4, en los siguientes términos:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por el doctor
Fernando Arrieta Burgos, contra el Distrito de Cartagena, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, liquídense por la
Secretaría General de esta Corporación conforme lo dispuesto en el artículo
366 del CGP, incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, según
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el
3 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 94 a 103.
4 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 259 a 278.
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
expediente, previa devolución del remanente, si existiere5.
23. Señaló que el demandante pretendía la nulidad del Oficio No. AMCI-OFI-
0066384-2012 del 23 de octubre de 2012, a través del cual se le negó la homologación
del cargo que desempeñó como jefe de oficina, código 006, grado 55, en la Oficina
Asesora de Control Disciplinario del Distrito de Cartagena, así como el reconocimiento
de la correspondiente nivelación salarial.
24. Destacó que el Distrito de Cartagena se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que el régimen salarial de sus empleados se encuentra
determinado por los acuerdos expedidos por el Concejo Distrital, por lo que no es
posible reconocer emolumentos distintos a los allí fijados.
25. Afirmó que, de conformidad con la Constitución Política y la ley, existe una
distribución de competencias en materia de determinación del régimen salarial de los
empleados de las entidades territoriales, en virtud de la cual corresponde a los
concejos municipales establecer las escalas de remuneración, y a los alcaldes fijar los
emolumentos de los empleos con sujeción a dichas disposiciones.
26. Que, según lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005, el cargo de jefe de
oficina, código 006, pertenece al nivel directivo, el cual corresponde al más alto nivel
jerárquico dentro de la estructura administrativa de las entidades territoriales.
27. Explicó que el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 exige que la oficina de control
disciplinario interno se ubique en el más alto nivel de la entidad y, en todo caso, que
esté conformada por servidores públicos, como mínimo, del nivel profesional, con el
fin de garantizar su autonomía e independencia. En ese contexto, el nivel directivo es
jerárquicamente superior al nivel profesional, razón por la cual la ubicación de dicha
dependencia en aquel nivel satisface las exigencias previstas en la citada disposición.
28. A partir de lo anterior, concluyó que no se configuraba el supuesto fáctico ni
jurídico que habilitara la homologación pretendida, en tanto el empleo desempeñado
por el demandante en la Oficina Asesora de Control Disciplinario del Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias ya se encontraba ubicado en el nivel directivo, esto
es, en el más alto nivel jerárquico, de modo que no existía fundamento para acceder
a la nivelación salarial solicitada con base en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.
29. Finalmente, consideró que el acto administrativo demandado no vulneró las
disposiciones constitucionales y legales invocadas por la parte actora, en tanto la
entidad dio cumplimiento a la normativa aplicable, lo que mantiene incólume su
presunción de legalidad y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Recurso de apelación
30. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
5 Se transcribe aún con errores de texto.
5
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
revoque la decisión bajo los siguientes argumentos6:
31. El fallador de primera instancia incurrió en un error al interpretar el artículo 76
de la Ley 734 de 2002, por cuanto determinó que la ubicación de la Oficina de Control
Disciplinario Interno en el nivel directivo satisfacía las exigencias previstas en dicha
disposición.
32. Adujo que, si bien la norma establece que dicha oficina debe estar conformada
como mínimo por servidores del nivel profesional, también exige que se ubique en el
más alto nivel jerárquico de la entidad, con el fin de garantizar su autonomía e
independencia.
33. En ese sentido, refirió que, para la época de los hechos, los cargos de
secretario de despacho y director de departamento administrativo correspondían a
niveles jerárquicos superiores dentro del Distrito de Cartagena, por lo que el cargo de
jefe de oficina, código 006, grado 55, no se encontraba ubicado en el más alto nivel
de la estructura administrativa.
34. Manifestó que la ubicación de la Oficina de Control Disciplinario en un nivel
inferior al de dichos cargos impedía garantizar la autonomía e imparcialidad en el
ejercicio de la función disciplinaria, especialmente frente a servidores que ostentaban
un nivel jerárquico superior.
35. Reiteró que, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de
la Función Pública y de la Procuraduría General de la Nación, dicha dependencia
debía ubicarse en un nivel jerárquico que asegurara su independencia funcional, lo
cual, en su criterio, no se cumplía en el caso concreto.
36. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el cargo desempeñado no
correspondía al más alto nivel jerárquico de la entidad, por lo que tenía derecho a la
homologación y a la correspondiente nivelación salarial, de conformidad con las
escalas fijadas para los cargos de mayor jerarquía.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
37. Mediante auto del 11 de agosto de 20227, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA.
38. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron frente al recurso de
apelación.
6 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 284 a 286.
7 Samai, índice 4.
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
40. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 8 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
41. ¿El Distrito de Cartagena dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de
la Ley 734 de 2002, en lo relativo a la ubicación de la Oficina de Control Disciplinario
Interno en el más alto nivel jerárquico de la entidad, o, por el contrario, la clasificación
del cargo de jefe de oficina, código 006, grado 55, que desempeñó el demandante,
desconoció dicha exigencia y, en consecuencia, afectó la determinación de su nivel
salarial y da lugar al reconocimiento de la homologación y nivelación pretendidas?
42. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos del orden territorial; (ii) parámetros que orientan la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos; (iii) determinación de las escalas de
remuneración en el nivel territorial; (iv) hechos probados; y (v) en el acápite de análisis
del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos del orden territorial
43. En lo que concierne a la creación y desarrollo de los regímenes salarial y
prestacional de los empleados públicos del nivel territorial, las competencias del
Congreso de la República, el Gobierno nacional, las asambleas departamentales, los
concejos municipales, los gobernadores y los alcaldes se distribuyen de manera
concurrente, bajo un esquema articulado en el que cada autoridad ejerce funciones
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
específicas conforme a los principios que rigen la materia9.
44. En primer lugar, el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política
dispone que corresponde al Congreso dictar las normas generales y señalar los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos:
«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos […]».
45. Estas atribuciones, en lo que respecta a prestaciones sociales, tienen carácter
indelegable y no pueden ser asumidas por las corporaciones públicas territoriales.
46. En desarrollo de dicha habilitación, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 10,
cuyos artículos 1 y 12 establecen que el Gobierno nacional, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos allí previstos, es la autoridad encargada de fijar el régimen salarial
y prestacional tanto de los empleados públicos del orden nacional como de los
servidores de las entidades territoriales:
«El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será
fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos
contenidos en la presente Ley […]».
47. En este contexto, el Gobierno nacional ejerce una función de desarrollo dentro
del marco fijado por el legislador, en particular en lo relativo a la determinación de los
límites máximos salariales, conforme a los criterios previstos en la ley marco. A su
vez, el artículo 189, numeral 14, de la Constitución Política atribuye al Presidente de
la República la facultad de crear, fusionar o suprimir empleos en la administración
central, así como de fijar sus funciones y emolumentos, con sujeción a la ley.
48. Por su parte, en el ámbito territorial, los artículos 300, numeral 7, y 313, numeral
6, de la Constitución Política asignan a las asambleas departamentales y a los
concejos municipales la competencia para determinar las escalas de remuneración de
las distintas categorías de empleo de sus dependencias:
9 Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio Civil, concepto del 25 de mayo de 2022, radicado 11001-03-06-
000-2022-00036-00 (2475).
10 «Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 , numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política».
8
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
«Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales […] determinar […] las
escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleos
[…]».
«Artículo 313. Corresponde a los concejos […] determinar […] las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos […]».
49. En concordancia con lo anterior, los artículos 305, numeral 7, y 315, numeral 7,
de la Constitución Política disponen que los gobernadores y los alcaldes deben crear,
suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones y fijar sus
emolumentos, con sujeción a la ley y a las ordenanzas o acuerdos respectivos.
«Artículo 305. Son atribuciones del gobernador […] Crear, suprimir y fusionar los
empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus
emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro
departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el
respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado […]».
«Artículo 315. Son atribuciones del alcalde […] Crear, suprimir o fusionar los empleos
de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con
arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el
monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado
[…]».
50. De este modo, mientras las corporaciones públicas territoriales establecen, de
manera general, las escalas de remuneración de los empleos, los gobernadores y
alcaldes fijan los emolumentos concretos de los cargos de sus dependencias, dentro
de dichas escalas y respetando los límites máximos definidos por el Gobierno
nacional.
51. Esta distribución funcional ha sido reconocida por la Corte Constitucional, que
ha señalado la existencia de una competencia concurrente en la materia, en virtud de
la cual: (i) el Congreso fija los parámetros generales; (ii) el Gobierno nacional
establece los límites máximos salariales; (iii) las asambleas y concejos determinan las
escalas de remuneración; y (iv) los gobernadores y alcaldes fijan los emolumentos de
los empleos de sus dependencias, sin desconocer los límites fijados por el Gobierno
nacional11.
3.3.2. Parámetros que orientan la fijación del régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos
52. Como se indicó anteriormente, la Ley 4ª de 1992 establece los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional al fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos. En particular, en su artículo 2 dispone:
«Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores […] el Gobierno
Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
11 Corte Constitucional, sentencia C-510 del 14 de julio de 1999.
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
a) El respeto a los derechos adquiridos […]
b) El respeto a la carrera administrativa […];
c) La concertación […];
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad […];
g) La capacitación continua del personal […];
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad […];
j) El nivel de los cargos […];
k) El establecimiento de rangos de remuneración […];
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción […];
ll) El reconocimiento de determinados factores salariales cuando haya lugar […]».
(Resalta la Sala)
53. Así, la norma no se limita a formular pautas orientadoras, sino que prescribe un
conjunto de mandatos, restricciones y directrices de obligatorio cumplimiento, que
delimitan el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 150, numeral 19, de la
Constitución Política al Gobierno nacional.
54. En desarrollo de este marco, la Ley 4ª de 1992 atribuye al Gobierno nacional la
competencia para fijar los incrementos salariales de los servidores públicos, como
instrumento para garantizar la sostenibilidad fiscal y la adecuada gestión del gasto. En
efecto, los artículos 412 y 613 de dicha ley prevén, de una parte, la obligación de
modificar anualmente el sistema salarial y, de otra, la posibilidad de delegar la
ejecución de incrementos salariales en otras autoridades, dentro de los límites y
condiciones establecidos, bajo mecanismos de control presupuestal y de personal.
55. Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
dicha facultad comprende la determinación de ajustes salariales periódicos, con el fin
de contrarrestar los efectos de la inflación y atender las condiciones económicas y
sociales de dichos servidores. En esa línea, ha precisado que el Gobierno nacional
puede disponer incrementos adicionales dentro del año cuando las circunstancias lo
12 «Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional, dentro de los
primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados
enumerados en el artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional
podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados. Los
aumentos que decrete el Gobierno Nacional conforme a este artículo, producirán efectos fiscales a partir del
primero de enero del año respectivo. PARÁGRAFO. Ningún funcionario del nivel nacional de la Administración
Central, de los entes territoriales pertenecientes a la Administración Central, con excepción del Presidente de la
República, del Cuerpo Diplomático Colombiano acreditado en el exterior y del personal del Ministerio de Defensa
destinado en comisión en el exterior, tendrá una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso
Nacional».
13 Artículo 6.- Con estricta sujeción a la Ley anual del presupuesto, el Presidente de la República, podrá delegar,
en los ministros, directores de departamento administrativo, superintendente y representantes legales de
establecimientos públicos nacionales y de la organización electoral, la facultad de realizar aumentos salariales de
los empleados del respectivo organismo o entidad, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites,
condiciones y parámetros que al efecto haya fijado el Gobierno previamente. PARÁGRAFO 1.- Previa solicitud
motivada, en la cual se indiquen los lineamientos de la política salarial que se pretenda adoptar, el Presidente de
la República podrá delegar la facultad mencionada en el inciso anterior en otros organismos o entidades del nivel
nacional, siempre y cuando los aumentos estén dentro de los límites y parámetros que al efecto fije el Gobierno.
PARÁGRAFO 2.- El Gobierno Nacional deberá establecer un sistema de control presupuestal y de personal sobre
el ejercicio de las facultades que delegue en virtud de este artículo.
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Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
exijan14.
56. Ahora bien, es importante destacar que la competencia del Gobierno nacional
para fijar el límite máximo salarial de los empleados de las entidades territoriales no
vulnera la autonomía territorial, en la medida en que no implica la fijación directa de
los salarios en el nivel local, sino la determinación de un marco dentro del cual las
autoridades territoriales ejercen sus competencias, en armonía con los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la
Constitución15.
57. En consecuencia, el límite máximo salarial constituye un mecanismo de
articulación entre el nivel central y territorial, orientado a garantizar la coherencia del
sistema y el equilibrio del gasto público.
3.3.3. Determinación de las escalas de remuneración en el nivel territorial
58. En relación con el ámbito territorial, se reitera que los artículos 300 y 313 de la
Constitución Política atribuyen a las asambleas departamentales y a los concejos
municipales la competencia para determinar las escalas de remuneración de las
distintas categorías de empleos de sus dependencias.
59. Esta facultad debe ejercerse en armonía con el principio del mérito (arts. 12516
y 12617 superiores) y con el mandato de que la remuneración sea proporcional a la
cantidad y calidad del trabajo (art. 53 ibidem), de modo que las escalas salariales
respondan a las responsabilidades, funciones y calidades exigidas para cada empleo.
14 Ver entre otras, Corte Constitucional sentencias C-710 de 1999; C-815 de 1999, C-1443 de 2000, C-1064 de
2001 y C-1017 de 2003.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, radicado 25000-23-
42-000-2017-00873-01. «La Sala resalta, además, que en lo que tiene que ver con los literales «h» e «i» del artículo
2 de la Ley Marco 4 de 1992, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-312 de 1997, que la razón por la
cual «la responsabilidad principal sobre la política salarial descansa en el presidente de la República», es porque
«[l]a determinación de la remuneración de los servidores del Estado tiene hondas implicaciones en la política
económica. En efecto, de los niveles de los salarios depende en buena medida el equilibrio fiscal. Y, como es
sabido, la situación de las finanzas públicas afecta fundamentalmente el estado de la economía en general. De ahí
que sea congruente que al Presidente, que, como se ha visto, tiene una responsabilidad destacada en materia de
política económica, se le asigne también la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, y la de determinar el régimen de prestaciones
sociales mínimas de los trabajadores oficiales (CP, art. 150, num. 19, literales e) y f).»
16 Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de
los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.
PARÁGRAFO . Los periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el
carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta
absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual este fue elegido.
17 Artículo 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar
con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular
como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o
designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. […]
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60. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
determinación de dichas escalas comprende la facultad de establecer tablas salariales
organizadas de manera sucesiva, numérica y progresiva, en las que se fija la
asignación básica mensual correspondiente a cada categoría de empleo, conforme a
su clasificación por niveles, sin que ello implique la posibilidad de crear factores
salariales distintos de los previstos en la ley18.
61. La determinación de las escalas de remuneración debe atender, además, la
clasificación prevista en el artículo 3 del Decreto Ley 785 de 200519, conforme al cual
los empleos de las entidades territoriales se clasifican en los niveles directivo, asesor,
profesional, técnico y asistencial, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones,
competencias y requisitos:
«Artículo 3. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de sus
funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos
de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel
Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial».
62. A cada uno de estos niveles corresponden funciones, responsabilidades y
exigencias diferenciadas, así como requisitos mínimos y máximos de formación y
experiencia, lo cual incide directamente en la asignación salarial.
63. De igual manera, el sistema de nomenclatura y clasificación prevé que cada
empleo se identifique mediante un código y un grado, que se asocia a la asignación
básica mensual fijada en las respectivas escalas, lo que evidencia la relación directa
entre la estructura del empleo y su remuneración. Al respecto, el artículo 15 del citado
Decreto prevé:
«Artículo 15. Nomenclatura de empleos. A cada uno de los niveles señalados en el
artículo 3 del presente decreto, le corresponde una nomenclatura y clasificación
específica de empleo. Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación,
cada empleo se identifica con un código de tres dígitos. El primero señala el nivel al
cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la denominación del cargo. Este
código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderán a los
grados de asignación básica que las Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes
denominaciones de empleos.»
64. En este contexto, las escalas salariales deben guardar correspondencia con la
jerarquía, funciones, competencias y requisitos de los cargos, en concordancia con
los criterios establecidos en la Ley 4ª de 1992 y las disposiciones que regulan la
organización del empleo público en el nivel territorial20.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de abril de 2009, radicado 68001-23-15-000-2003-
02652-01 (2615-2007).
19 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
empleados de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004».
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2009, radicado 68001-23-15-
000-2003-02652-01 (2615-07). «[e]l Constituyente de 1991, retomó el concepto de escalas de remuneración del
Acto Legislativo N° 1 de 1968 y atribuyó a las autoridades seccionales y locales funciones afines en esta materia
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65. Bajo este marco, corresponde a los gobernadores y alcaldes fijar los
emolumentos de los empleos de sus dependencias, en los términos de los artículos
305, numeral 7, y 315, numeral 7, de la Constitución Política.
66. Esta facultad se concreta en la determinación de la asignación básica mensual
y sus incrementos para cada empleo, con sujeción a las escalas de remuneración
previamente definidas por las asambleas y concejos, así como a los límites máximos
fijados por el Gobierno nacional.
67. En este orden, la competencia de estas autoridades es de carácter aplicativo y
concreto, pues consiste en asignar el salario específico de cada cargo dentro del
marco previamente definido, sin que puedan crear factores salariales o desconocer
los parámetros establecidos por las instancias superiores.
68. De este modo, la fijación del régimen salarial en el nivel territorial responde a
un esquema de competencias concurrentes, en el que el Congreso define los
parámetros generales, el Gobierno nacional establece los límites y criterios, las
corporaciones públicas territoriales determinan las escalas de remuneración y los
gobernadores y alcaldes fijan los emolumentos concretos, dentro de dicho marco
normativo. Este entramado resulta determinante para establecer si, en cada caso
particular, la remuneración asignada a un empleo se ajusta a las reglas
constitucionales y legales que rigen la materia21.
3.4. Hechos probados relevantes
69. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
70. El Concejo Distrital de Cartagena, mediante Acuerdo 020 del 12 de diciembre
de 2008, fijó la escala de remuneración de las entidades, organismos y dependencias
a las que se venían ejerciendo en vigencia de la Constitución anterior, es decir, conservó el concepto que venía
desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado. En donde la función
del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo
la forma como este ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos señalados por la propia Constitución.
En este orden de ideas, para la Sala es claro que la atribución conferida a las Corporaciones Administrativas
Territoriales en los artículos 300-7 y 313-6 de la Constitución Política para determinar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos de los órdenes seccional y local, comprende únicamente
la facultad de establecer en forma sucesiva, numérica y progresiva y sistemática tablas salariales por grados,
donde se consignan la asignación o remuneración básica mensual para el año respectivo, teniendo en cuenta la
clasificación por niveles de los diferentes empleos –sobre la base además de que cada nivel tiene una
nomenclatura específica de empleos y una escala de remuneración independiente–, no involucrándose dentro de
tal concepto la potestad de crear factores salariales diferentes. Las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales, entonces, dentro del sistema de remuneración de cargos territoriales tienen autonomía para
establecer y definir las distintas escalas salariales, esto es, para fijar los sueldos correspondientes a cada una de
las diferentes categorías ocupacionales, pero dentro del límite máximo, fijado por el Gobierno Nacional, el cual
busca establecer el equilibrio y unificación del sistema».
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, radicado 25000-23-
42-000-2017-00873-01; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de febrero de 2026, radicado 05001-23-
33-000-2019-02201-01 (1148-2024).
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que conforman la organización administrativa del nivel central y descentralizado de la
Alcaldía Mayor de Cartagena, con la correspondiente asignación de nomenclatura
específica, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 785 de 2005, con efectos a
partir del 1 de enero de 2009.
71. En su artículo 3, referido a la escala de remuneración de los empleos del nivel
directivo, estableció las siguientes escalas de remuneración22:
DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN GASTOS DE
EMPLEO BÁSICA REPRESENTACIÓN
Director Administrativo 009 53 3.240.048 1.520.175
y Financiero
Director Técnico 009 53 3.240.048 1.520.175
Director Operativo 009 53 3.240.048 1.520.175
Subdirector de 076 57 5.570.008 1.455.732
Departamento
Administrativo
Subdirector de 076 53 3.240.048 1.520.175
Departamento
Administrativo
Subdirector Técnico 068 51 3.293.359 968.389
Subdirector Financiero 068 51 3.293.359 968.389
Alcalde Local 030 51 3.293.359 968.389
Jefe de Oficina 006 55 4.760.224 —
72. En esa misma línea, el Concejo Distrital de Cartagena, con Acuerdo 012 del 11
de diciembre de 2009, fijó la escala salarial para la vigencia 2010 y, en lo que respecta
a la remuneración de los empleos del nivel directivo, dispuso23:
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN GASTOS DE
DEL EMPLEO BÁSICA REPRESENTACIÓN
[…]
Jefe de Oficina 006 55 4.950.633 —
73. En iguales términos, el Concejo Distrital de Cartagena, mediante el Acuerdo
012 del 6 de septiembre de 2010, que modificó el Acuerdo 012 del 11 de diciembre de
2009, fijó la escala salarial para la vigencia 2010, con efectos retroactivos a partir del
1º de enero de 2010 y, en lo que respecta a la remuneración de los empleos del nivel
directivo, prescribió24:
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN GASTOS DE
DEL EMPLEO BÁSICA REPRESENTACIÓN
[…]
Jefe de Oficina 006 55 4.950.633 —
22 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 22 a 27.
23 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 28 a 34.
24 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 136 a 142.
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74. Asimismo, el Concejo Distrital de Cartagena, a través de Acuerdo 009 del 26
de julio de 2011, fijó la escala salarial para la vigencia 2011, con efectos retroactivos
a partir del 1 de enero de 2011 y, en lo que respecta a la remuneración de los empleos
del nivel directivo, dispuso25:
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN GASTOS DE
DEL EMPLEO BÁSICA REPRESENTACIÓN
[…]
Jefe de Oficina 006 55 5.148.658 —
75. Fernando Javier Arrieta Burgos fue nombrado en el cargo de jefe de oficina,
código 006, grado 55, en la Oficina de Control Disciplinario del Distrito de Cartagena,
a través del Decreto 0252 del 27 de febrero de 200926 y, con acta número 625 del
mismo día, tomó posesión del cargo27.
76. La directora administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Distrital de
Cartagena certificó, el 20 de enero de 2011, que Fernando Arrieta Burgos devengaba
un salario básico mensual de $4.950.63328 en ejercicio del cargo de jefe de oficina,
código 006, grado 5529.
77. Fernando Javier Arrieta Burgos presentó renuncia al cargo de jefe de oficina,
código 006, grado 55, a partir del 30 de diciembre de 2011 y, la Alcaldía Mayor de
Cartagena, mediante Decreto 1685 del mismo día, la aceptó30.
78. La directora administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena, por
Resolución No. 0328 del 13 de febrero de 2012, reconoció y ordenó el pago de las
prestaciones sociales a favor de Fernando Javier Arrieta Burgos, con ocasión del
desempeño del cargo de jefe de oficina asesora, código 006, grado 55, entre el 2 de
marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2011.
79. Para efectos de la liquidación, la entidad tuvo en cuenta un salario base de
liquidación de $5.801.867, calculado a partir de los siguientes conceptos: i) asignación
básica mensual: $5.148.658; ii) bonificación por servicios: $206.276; y iii) prima de
navidad: $446.936. Con base en este valor se liquidaron rubros como cesantías,
intereses a las cesantías, prima de vacaciones, vacaciones compensadas,
bonificación por servicios y bonificación por recreación, entre otros31.
80. Fernando Javier Arrieta Burgos, a través de apoderado judicial, presentó el 31
de agosto de 2012 reclamación administrativa contra el Distrito de Cartagena, en la
25 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 36 a 54.
26 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 12.
27 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 13.
28 Es pertinente indicar que, como la certificación es del 20 de enero de 2011, para esa fecha aún no se había
hecho efectivo el aumento salarial correspondiente a ese año, el cual fue ordenado mediante el Acuerdo 009 del
26 de julio de 2011, con efectos retroactivos hacia el 1.º de enero de 2011, fijando una asignación básica mensual
para el cargo de jefe de oficina, código 006, grado 55, de $5.418.658.
29 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 14.
30 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 15.
31 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 16 a 17.
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que solicitó la homologación del cargo de jefe de oficina, código 006, grado 55, al
«nivel jerárquico más alto», así como la correspondiente nivelación salarial, el pago
de diferencias salariales y prestacionales, la reliquidación de aportes pensionales y la
indexación de las sumas adeudadas.
81. Como fundamento de la solicitud indicó que el cargo desempeñado no
correspondía al nivel más alto exigido para la función de control disciplinario interno,
de conformidad con lo previsto en la Ley 734 de 2002, pese a haber cumplido de
manera adecuada sus funciones durante el vínculo laboral que se extendió entre el 2
de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 201132.
82. Mediante Oficio AMC-OFI-0066384-2012 del 23 de octubre de 2012, la Alcaldía
Mayor de Cartagena dio respuesta a la solicitud de homologación y nivelación salarial
presentada por el señor Fernando Arrieta Burgos, en relación con el cargo de jefe de
oficina, código 006, grado 55, de la Oficina Asesora de Control Disciplinario, que
desempeñó entre el 2 de marzo de 2009 y el 30 de diciembre de 2011.
83. En dicha respuesta, la entidad indicó que la fijación del régimen salarial
corresponde al Gobierno nacional, que el Concejo Distrital adopta las escalas
salariales y que la administración distrital ejecuta lo dispuesto en los acuerdos
respectivos; asimismo, precisó que el actor aceptó las condiciones del empleo sin
objeción y concluyó que no era procedente acceder a la nivelación solicitada, en tanto
ello implicaría alterar el presupuesto territorial, lo cual excede sus competencias33.
3.5. Caso concreto
84. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de la parte demandante con la
sentencia de primera instancia radica en que, a su juicio, el Tribunal incurrió en un
error al concluir que la ubicación de la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Distrito de Cartagena en el nivel directivo satisfacía las exigencias previstas en el
artículo 76 de la Ley 734 de 2002.
85. En particular, sostuvo que, si bien dicha disposición establece que la referida
dependencia debe estar conformada, como mínimo, por servidores del nivel
profesional, también exige que se ubique en el más alto nivel jerárquico de la entidad,
condición que, según afirma, no se cumplía en el caso concreto, en la medida en que
existían cargos de mayor jerarquía dentro de la estructura administrativa del Distrito,
como los de secretario de despacho y director de departamento administrativo.
86. Con fundamento en lo anterior, alegó que la clasificación del cargo de jefe de
oficina, código 006, grado 55, en el nivel directivo, no garantizaba la autonomía e
independencia requeridas para el ejercicio de la función disciplinaria, por lo que debía
ser homologado a un nivel jerárquico superior, con las consecuencias salariales
correspondientes.
32 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 18 a 20.
33 Samai, índice 2, NR13001233300020130018600 (.zip), archivo 01ExpedienteDigitalizado, pp. 9 a 11.
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87. Por su parte, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar
que el empleo desempeñado por el actor se encontraba ubicado en el nivel directivo,
el cual corresponde al más alto nivel jerárquico dentro de la estructura administrativa
de las entidades territoriales, de conformidad con el Decreto Ley 785 de 2005, por lo
que no se configuraba el supuesto fáctico ni jurídico que habilitara la homologación y
nivelación salarial pretendida.
88. Así las cosas, se procederá a resolver el problema jurídico propuesto.
89. Sea lo primero decir que la Ley 734 de 2002, vigente para el momento en que
el señor Fernando Javier Arrieta Burgos se desempeñó como jefe de oficina, código
006, grado 55, en la Oficina de Control Disciplinario del Distrito de Cartagena, dispone,
en su artículo 76:
«Artículo 76. Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con
excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la
Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura
jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y
fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus
servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de
estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación
de acuerdo a sus competencias.
En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se
podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para
los fines anotados.
En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo
disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar
la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a
quién le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.
PARÁGRAFO 1°. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de
la Nación conocerá y fallara las investigaciones que se adelanten contra los empleados
judiciales de la entidad. La segunda instancia será de competencia del señor Fiscal
General de la Nación.
PARÁGRAFO 2°. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por
servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración.
PARÁGRAFO 3°. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno
disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y la segunda
instancia corresponderá al superior jerárquico de aquel.»
(Resalta la Sala)
90. Bajo este marco normativo puede concluirse que: (i) toda entidad del Estado
debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel que tenga a cargo la función
disciplinaria; (ii) debe estar conformada por servidores públicos mínimo del nivel
profesional; (iii) debe garantizar la doble instancia; (iv) la competencia de la segunda
instancia es del nominador, salvo disposición en contrario; y (v) en el evento que no
se haya implementado Oficina de Control Interno Disciplinario el competente será el
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superior inmediato del investigado34.
91. Expuesto esto, se advierte que la exigencia prevista en el artículo 76 de la Ley
734 de 2002 no puede interpretarse en el sentido de que la Oficina de Control
Disciplinario Interno deba ubicarse en el nivel jerárquico más alto de la estructura
administrativa en términos absolutos, como lo sostiene la parte demandante. Por el
contrario, el propio legislador precisó, en el parágrafo 2° de dicha disposición, que por
«oficina del más alto nivel» debe entenderse aquella conformada, como mínimo, por
servidores públicos del nivel profesional, lo que evidencia que el criterio determinante
no es la posición orgánica frente a otros empleos de mayor jerarquía, sino el nivel
mínimo de cualificación y la capacidad funcional dentro de la dependencia.
92. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 35 precisó
que la Ley 734 de 2002 modificó la forma en que se ejercía el control disciplinario
interno, en la medida en que reemplazó el criterio jerárquico-funcional previsto en la
Ley 200 de 1995, según el cual el superior inmediato del investigado ejercía la
potestad disciplinaria, por un modelo basado en la especialidad de la función, en virtud
del cual el conocimiento de los asuntos disciplinarios corresponde, en primera
instancia, a las oficinas o unidades de control disciplinario interno de cada entidad y
la segunda instancia al nominador.
93. En ese marco, la organización de dicha función no responde a un esquema
único y rígido, sino que admite distintas formas de implementación al interior de las
entidades, siempre que se garantice la autonomía de la dependencia y la doble
instancia. Así, aunque el criterio jerárquico no desaparece, deja de ser el elemento
determinante, pues lo relevante es que la organización de la dependencia garantice
el ejercicio adecuado de la función disciplinaria y, en particular, la doble instancia36.
94. De este modo, la interpretación propuesta por la parte actora, según la cual la
existencia de cargos de mayor jerarquía dentro de la estructura administrativa del
Distrito de Cartagena, implica el incumplimiento del artículo 76 de la Ley 734 de 2002,
no encuentra respaldo en el contenido de la norma ni en su entendimiento
jurisprudencial, pues introduce una exigencia no prevista por el legislador.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicado 25000-
23-42-000-2016-03624-01 (0832-2018).
35 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 26 de febrero de 2019, radicado 11001-03-
06-000-2018-00243-00 (C).
36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 6 de diciembre de 2016, radicado
11001030600020150020000 (C). ““La hipótesis normativa – imposibilidad de garantizar la segunda instancia dentro
de la respectiva entidad - y su solución – la competencia de la Procuraduría -, guardan evidente relación con las
estructuras internas de los organismos y entidades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización
de los empleos públicos en niveles igualmente jerárquicos.”
Ahora bien, esta Sala ha venido configurando una línea jurisprudencial sobre el alcance del control disciplinario
interno, a partir de los artículos 75 y 76 de la Ley 734 de 2002. En Decisión del 10 de octubre de 2016 36, la Sala
reiteró y concluyó que los organismos y entidades del Estado deben contar con la unidad u oficina encargada de
ejercer la potestad disciplinaria en primera instancia dado que:
“… el actual Código Disciplinario Único reemplazó el criterio jerárquico-funcional que las legislaciones anteriores
establecían como fundamento principal de la competencia para el ejercicio del control disciplinario a nivel interno,
por un criterio de especialidad y de autonomía, conforme al cual el conocimiento integral de los asuntos
disciplinarios contra los servidores públicos de las diferentes entidades, ramas, órganos u organismos del Estado,
esto es, tanto la investigación como la decisión, le corresponde en primera instancia a las respectivas oficinas,
grupos o unidades de control disciplinario interno.”
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022)
Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
95. Con todo, es pertinente agregar que para la época en que el señor Fernando
Javier Arrieta Burgos laboró en la Oficina de Control Disciplinario del Distrito de
Cartagena, se encontraba vigente el Decreto 0304 del 19 de mayo de 2003, expedido
por el alcalde mayor de Cartagena, el cual en su artículo 4 definió la estructura del
nivel central de la administración distrital en los siguientes términos:
Artículo 4. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias constituye el nivel central de la
Administración Distrital, tendrá la siguiente estructura:
1. DESPACHO DEL ALCALDE
1.1. Oficina Asesora Jurídica
1.2. Escuela de Gobierno
1.3. Gerencia de Espacio Público y Movilidad
1.4. Oficina Asesora de Comunicación y Prensa
1.5. Oficina Asesora de Informática Distrital
1.6. Oficina Asesora de Control Interno
1.7. Oficina Asesora de Control Disciplinario
[…]
(Resalta la Sala)
96. De la estructura transcrita se observa que la Oficina Asesora de Control
Disciplinario se encontraba adscrita al despacho del alcalde, esto es, al nivel central
de la administración distrital, dentro de la dirección institucional, circunstancia que
evidencia que dicha dependencia se ubicaba en una posición organizacional que le
permitía ejercer sus funciones con autonomía funcional. Lo anterior, en la medida en
que, conforme a lo previsto en el mismo decreto, tenía a su cargo el conocimiento de
los procesos disciplinarios en primera instancia, mientras que la segunda instancia
correspondía al alcalde municipal, lo que permite concluir que la organización de la
función disciplinaria del Distrito de Cartagena garantizaba los principios previstos en
el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, en particular, la autonomía de la dependencia y
la doble instancia.
97. Ahora bien, de conformidad con los artículos 300 y 313 de la Constitución
Política, corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos municipales
la competencia para determinar las escalas de remuneración de las distintas
categorías de empleos de sus dependencias.
98. De igual forma, la determinación de dichas escalas de remuneración debe
atender la clasificación de los empleos prevista en el Decreto Ley 785 de 2005,
conforme al cual los empleos de las entidades territoriales se organizan en los niveles
directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.
99. En desarrollo de lo anterior, el artículo 16 del citado decreto dispone que el nivel
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directivo está integrado por una nomenclatura y clasificación específica de empleos,
dentro de los cuales se encuentra el de jefe de oficina, código 006.
100. De las pruebas allegadas al plenario se establece que el Concejo Distrital de
Cartagena, para la época en que el demandante se desempeñó en el cargo de jefe de
oficina, código 006, grado 55, expidió los Acuerdos 020 del 12 de diciembre de 2008,
012 del 11 de diciembre de 2009, 012 del 6 de septiembre de 2010 y 009 del 26 de
julio de 2011, en todos los cuales clasificó dicho empleo dentro del nivel directivo.
101. Bajo estas consideraciones, se advierte que el nivel directivo corresponde al
más alto nivel jerárquico dentro de la estructura administrativa de las entidades
territoriales, pues agrupa los empleos encargados de la dirección general, la
formulación de políticas institucionales y la adopción de planes, programas y
proyectos. En consecuencia, el cargo desempeñado por el demandante, como jefe de
oficina, código 006, grado 55, se encontraba ubicado en el nivel más alto previsto en
la clasificación legal de los empleos; por tanto, satisface las exigencias del artículo 76
de la Ley 734 de 2002 y desvirtúa la tesis de insuficiencia de su ubicación jerárquica
para el ejercicio de la función disciplinaria.
102. Resulta oportuno señalar que la fijación de la asignación básica y del grado de
los empleos en el nivel territorial no corresponde de manera autónoma a los alcaldes,
sino que se enmarca en el sistema de competencias concurrentes previsto en la
Constitución Política. En efecto, de conformidad con los artículos 300, numeral 7, y
313, numeral 6, corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos
municipales determinar las escalas de remuneración de las distintas categorías de
empleos, mientras que, según los artículos 305, numeral 7, y 315, numeral 7, los
gobernadores y alcaldes deben fijar los emolumentos de los cargos de sus
dependencias, con sujeción a dichas escalas y a los límites establecidos por el
Gobierno nacional.
103. En ese contexto, la competencia de los alcaldes no implica la definición libre de
la nomenclatura, el nivel o el grado de los empleos, sino que se limita a la aplicación
concreta de las escalas previamente fijadas por las corporaciones públicas
territoriales, sin que le sea posible modificarlas o apartarse de ellas.
104. En el caso concreto, se encuentra acreditado que el Concejo Distrital de
Cartagena, en ejercicio de sus competencias constitucionales, fijó las escalas de
remuneración aplicables a los empleos del nivel directivo mediante los Acuerdos 020
del 12 de diciembre de 2008, 012 del 11 de diciembre de 2009, 012 del 6 de
septiembre de 2010 y 009 del 26 de julio de 2011, en los cuales determinó, de manera
expresa, la clasificación del cargo de jefe de oficina, código 006, grado 55, así como
su correspondiente asignación básica mensual. En consecuencia, la remuneración
devengada por el demandante no obedeció a una decisión discrecional del alcalde
municipal, sino a la aplicación de las escalas previamente definidas por el Concejo
Distrital de Cartagena, autoridad competente para tal efecto.
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105. Ahora bien, es pertinente agregar que el Distrito de Cartagena, al resolver la
solicitud del demandante mediante el acto administrativo demandado, puso de
presente que no le era posible, por vía administrativa, reconocer una nivelación salarial
que implicara modificar las condiciones previamente definidas para el cargo, en la
medida en que ello excedería sus competencias y afectaría la estructura presupuestal
de la entidad. Esta consideración resulta acorde con el marco constitucional y legal
expuesto, según el cual la determinación de las escalas de remuneración corresponde
a las corporaciones públicas territoriales, sin que la autoridad nominadora pueda
alterarlas de manera unilateral.
106. En esa misma línea, tampoco resulta procedente que, por vía judicial, se
pretenda modificar la clasificación, el grado o la asignación básica del cargo
desempeñado por el demandante, en tanto estos aspectos fueron definidos por el
Concejo Distrital de Cartagena en ejercicio de una competencia constitucional propia.
Admitir una decisión en tal sentido implicaría desconocer el sistema de distribución de
competencias previsto en la Constitución Política y desbordar el ámbito funcional del
juez contencioso administrativo, quien no está habilitado para sustituir a las
autoridades a las que el ordenamiento jurídico les asignó la determinación de las
escalas de remuneración.
107. En suma, la Sala no encuentra acreditado que el Distrito de Cartagena hubiera
incurrido en irregularidad alguna en la ubicación funcional de la Oficina de Control
Disciplinario ni en la determinación de la remuneración correspondiente al cargo
desempeñado por el demandante, pues estas se ajustaron al marco constitucional y
legal aplicable.
3.4. Conclusión
108. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no se acreditó el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, en lo relativo
a la ubicación de la Oficina de Control Disciplinario del Distrito de Cartagena en el más
alto nivel de la entidad, ni que la clasificación del cargo de jefe de oficina, código 006,
grado 55, desconociera dicha exigencia. Por el contrario, se evidenció que la
organización de la función disciplinaria garantizaba la autonomía de la dependencia y
la doble instancia, y que la remuneración del demandante se ajustó a las escalas
salariales fijadas por el Concejo Distrital, autoridad competente para tal efecto.
109. En consecuencia, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión No. 1, que negó las pretensiones de la demanda, pero por
las razones expuestas en el presente proveído.
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3.7. Costas
110. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
111. En ese sentido, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia en contra de la parte demandante,
porque esta no se sustentó en la acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe
del ente demandado. Por consiguiente, en los términos expuestos se confirmará
parcialmente la sentencia de primera instancia, salvo en materia de costas procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.1, del 23 de octubre de 2020, que negó
las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.1, del 23 de octubre de 2020.
Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: Fernando Javier Arrieta Burgos
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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