Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00102-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00102-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2017-00102-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
Demandante: Mónica Amatista Jiménez Barros
Demandado: Instituto Departamental de Deportes de La Guajira
Tema: Reconocimiento y pago de diferencias salariales. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de La
Guajira que declaró la configuración del acto ficto acusado y negó las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
1. La señora Mónica Amatista Jiménez Barros instauró demanda en contra del
Instituto Departamental de Deportes de La Guajira en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la petición elevada
el 15 de noviembre de 2016 por medio del cual se le negó la liquidación y pago de las
diferencias salariales y prestacionales.
3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación y pago de
las diferencias salariales generadas en los siguientes conceptos y cuantías:
Año Concepto Monto
2014 Sueldo $24.593.868
2014 Prima de navidad $2.163.723
2014 Auxilio de cesantías $2.163.723
Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
2015 Sueldos $27.456.723
2015 Prima de vacaciones $1.144.041
2015 Bonificación por servicios prestados $800.829
2015 Prima de servicios $1.144.041
2015 Prima de navidad $2.288.082
2015 Auxilio de cesantías $2.288.082
2016 Sueldos $38.424.000
2016 Prima de vacaciones $1.858.125
2016 Bonificación por servicios prestados $1.423.890
2016 Prima de servicios $1.878.205
Intereses moratorios de diferencias salariales $43.427.928
Intereses moratorios de diferencias prestacionales $9.600.000
Intereses de las diferencias de auxilio de cesantías $3.173.000
Total $163.828.521
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que fue nombrada en el cargo de jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno del
Instituto Departamental de Deportes de La Guajira mediante Decreto 318 del 30 de
diciembre de 2013; cargo del cual tomó posesión el 8 de enero de 2014.
6. Que dicho nombramiento fue comunicado al área competente el 10 de enero de
2014 y, que el 3 de febrero de ese mismo año, mediante escrito dirigido al director del
instituto solicitó la disposición de los recursos presupuestales para la cancelación de
su salario.
7. Que el instituto anualmente, mediante resolución, adopta el decreto emanado de la
gobernación de La Guajira donde fijan los salarios de los servidores públicos, no
obstante, dice que no le han cancelado lo que corresponde. Afirma que, durante los
años 2014, 2015 y 2016 (octubre) devengó asignaciones salariales básicas por debajo
de las establecidas en ordenanzas y decretos, así:
Años Remuneración Pagada Remuneración debida pagar Diferencia a favor
2014 $2.722.318 $4.771.807 $2.049.489
2015 $2.948.200 $5.010.400 $2.288.082
2016 $2.948.200 $6.790.600 $3.842.400
8. Que el 15 de noviembre de 2016 presentó petición solicitando la reliquidación y pago
de sus diferencias salariales y prestacionales, sin respuesta, configurándose el acto
ficto demandado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
9. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 53 y 123 de la Constitución
Política; 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945; Decreto Ley 3135 de 1968; 45 del Decreto Ley
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
1045 de 1978; Decreto 1919 de 2002; 1 y 9 de la Ley 734 de 2002; Decreto 147 del 7
de julio de 2014; Ordenanzas 169 del 29 de mayo de 2015 y 412 de 2016.
10. En el concepto de la violación se adujo que el acto acusado vulnera prerrogativas
constitucionales, entre ellas, el derecho a la igualdad que en materia laboral se
materializa en el principio “a trabajo igual salario igual” que se desconoce cuando
varios trabajadores cumplen una función idéntica, pero perciben una remuneración
diferente, como sucede en el caso de la demandante.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. El 14 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda.
El Instituto Departamental de Deportes de La Guajira indicó que el acto demandado
es de trámite, no definitivo, porque no resolvió de fondo el asunto. Que la entidad ha
venido asumiendo de manera responsable el pago de los salarios y prestaciones
sociales de acuerdo a lo establecido en los decretos emanados de la gobernación y
adoptados por la entidad de acuerdo con la tabla salarial, el código y grado del empleo
establecido en el Manual del Funciones Específicas y Competencias. Que las
pretensiones son incongruentes, inconclusas y fuera de contexto jurídico, teniendo en
cuenta que no se establece cual es el presunto salario pagado a la actora y cuál es el
que debió percibir, más cuando las sumas establecidas por ella obedecen al capricho;
propuso la excepción de inepta demanda.
12. El 9 de noviembre de 2018, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión.
SENTENCIA APELADA
13. En sentencia del 28 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de La Guajira
declaró la configuración del acto ficto o presunto negativo acusado en cuanto denegó
la solicitud de reconocimiento y pago de las diferencias salariales y de prestaciones
sociales y, negó las pretensiones de la demanda.
14. Afirmó que el acto administrativo acusado no está viciado de nulidad por infracción
de las normas en que debía fundarse porque no desconoció las disposiciones que
fijaban los salarios en las anualidades 2014, 2015 y 2016 para el cargo de jefe de
oficina código y grado 115-02.
15. Que por disposición del Decreto 785 de 2005, artículo 15, el empleo que es
identificado con el código 115, corresponde al nivel asesor, con la denominación de
"Jefe de Oficina Asesora de Jurídica o de Planeación o de Prensa o de
Comunicaciones" el cual no se encuentra creado dentro de la planta global de personal
del instituto; en ese sentido la actora en ejercicio del cargo de jefe de la Unidad u
Oficina de Control Interno del Instituto Departamental de Deportes de La Guajira debe
percibir la asignación mensual correspondiente al cargo que desempeña en la planta
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de personal de la entidad, este es del nivel profesional código 2019-05,
independientemente de ser un empleo adscrito al nivel jerárquico superior.
16. Afirmó que independientemente de que al efectuarse el nombramiento o darle
posesión en el cargo su denominación fuese la de jefe la Unidad u Oficina de Control
Interno, no por ello puede reconocérsele una asignación o salario correspondiente a
un cargo o empleo que no existe en la entidad; máxime cuando de la mano de la
jurisprudencia, la jurisdicción no se encuentra facultada para imponer a la
administración la obligación de contemplar determinados empleados con las
clasificaciones correspondientes, ni señalarle las funciones que en su criterio deba
tener.
17. Que, finalmente, las funciones que ejerció la actora en el desempeño del cargo de
jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno no pueden ser las mismas de quien
desempeña el cargo mencionado en la administración central de la gobernación de La
Guajira, que además, no asumió la carga probatoria para demostrar en grado de
certeza que sus funciones son las mismas que las desempeñadas por la persona que
ostenta el empleo que es identificado con el código 115, que corresponde al nivel
asesor, con la denominación de "Jefe de Oficina Asesora de Jurídica o de Planeación
o de Prensa o de Comunicaciones."
RECURSO DE APELACIÓN
18. La parte demandante interpuso recurso de apelación, considera que se acreditó
con suficiencia el cargo asumido y las funciones desempeñadas a saber, jefe de la
Unidad u Oficina de Control Interno del cual tomó posesión el 8 de enero de 2014. Que
dicho cargo se encuentra regido por el Decreto 147 de 2014 con una asignación básica
relacionada con el código y grado 115-02 con un valor de $4.771.807; decreto que fue
adoptado por el Instituto demandado mediante la Resolución 061 de 2014.
19. Que, en los años sucesivos 2015 y 2016, como la actora siguió laborando en el
mismo cargo le era aplicable la escala salarial determinada en el Decreto 169 de 2015
y en la Ordenanza 412 de 2016, esta última adoptada por la entidad en Resolución
097 del mismo año.
20. Que no es de recibo la afirmación del Tribunal conforme la cual el cargo ocupado
no existe en la entidad, ya que ella fue nombrada en el mismo a través del Decreto
318 de 2013, que tampoco, cuando se indicó que las funciones por ella desempeñadas
no son las mismas de quien ocupa el cargo en la administración central de la
gobernación de La Guajira identificado con el código 115 del nivel asesor.
21. Que, al negarse la entidad al reconocimiento de las pretensiones invocadas, se
desconoce el derecho al trabajo y el principio de legalidad, en tanto, la remuneración
por la función desempeñada desconoció los límites legales por lo que debe protegerse
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a la empleada garantizándole el derecho a la retribución por el cargo ejecutado, se
insiste, jefe de Oficina de Control Interno y no como profesional especializado.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
22. El 8 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
agente del Ministerio Público no emitieron pronunciamiento alguno.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. De acuerdo con el recurso, el problema jurídico que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si le asiste a la demandante el derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales solicitadas.
Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos del orden territorial
24. En lo que concierne a la creación y desarrollo de los regímenes salarial y
prestacional de los empleados públicos del nivel territorial, las competencias del
Congreso de la República, el Gobierno nacional, las asambleas departamentales, los
concejos municipales, los gobernadores y los alcaldes se distribuyen de manera
concurrente, bajo un esquema articulado en el que cada autoridad ejerce funciones
específicas conforme a los principios que rigen la materia1.
25. Así el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política dispone que
corresponde al Congreso dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.
26. En desarrollo de dicha disposición se expidió la Ley 4ª de 19922, cuyos artículos 1
y 12 establecen que el Gobierno nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos allí previstos, es la autoridad encargada de fijar el régimen salarial y
prestacional tanto de los empleados públicos del orden nacional como de los
servidores de las entidades territoriales.
27. En el ámbito territorial, los artículos 300, numeral 7, y 313, numeral 6, de la
Constitución Política asignan a las asambleas departamentales y a los concejos
1
Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio Civil, concepto del 25 de mayo de 2022, radicado 11001-03-06- 000-2022-00036-
00 (2475)
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Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
municipales la competencia para determinar las escalas de remuneración de las
distintas categorías de empleo de sus dependencias.
28. En concordancia con lo anterior, los artículos 305, numeral 7 y 315, numeral 7 de
la Constitución Política disponen que los gobernadores y los alcaldes deben crear,
suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones y fijar sus
emolumentos, con sujeción a la ley y a las ordenanzas o acuerdos respectivos.
29. De este modo, mientras las corporaciones públicas territoriales establecen, de
manera general, las escalas de remuneración de los empleos, los gobernadores y
alcaldes fijan los emolumentos concretos de los cargos de sus dependencias, dentro
de dichas escalas y respetando los límites máximos definidos por el Gobierno nacional.
De la determinación de las escalas de remuneración a nivel territorial.
30. Como viene dicho, los artículos 300 y 313 de la Constitución Política atribuyen a
las asambleas departamentales y a los concejos municipales la competencia para
determinar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos de sus
dependencias. Esta facultad debe ejercerse en armonía con el principio del mérito
(arts. 125 y 126 superiores) y con el mandato de que la remuneración sea proporcional
a la cantidad y calidad del trabajo (art. 53 ibidem), de modo que las escalas salariales
respondan a las responsabilidades, funciones y calidades exigidas para cada empleo.
31. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corporación3 ha precisado que la
determinación de dichas escalas comprende la facultad de establecer tablas salariales
organizadas de manera sucesiva, numérica y progresiva, en las que se fija la
asignación básica mensual correspondiente a cada categoría de empleo, conforme a
su clasificación por niveles, sin que ello implique la posibilidad de crear factores
salariales distintos de los previstos en la ley. Además, ello debe atender a la
clasificación establecida en el Decreto Ley 785 de 20054 conforme al cual los empleos
de las entidades territoriales se clasifican en los niveles directivo, asesor, profesional,
técnico y asistencial, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, competencias y
requisitos.
32. Así las cosas, a cada uno de estos niveles corresponden funciones,
responsabilidades y exigencias diferenciadas, así como requisitos mínimos y máximos
de formación y experiencia, lo cual incide directamente en la asignación salarial. De
igual manera, el sistema de nomenclatura y clasificación prevé que cada empleo se
identifique mediante un código y un grado, que se asocia a la asignación básica
mensual fijada en las respectivas escalas, lo que evidencia la relación directa entre la
estructura del empleo y su remuneración.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de abril de 2009, radicado 68001-23-15-000-2003- 02652-01 (2615-
2007)
4
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleados de
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
33. Colofón de lo dicho, la fijación del régimen salarial en el nivel territorial responde a
un esquema de competencias concurrentes, en el que el Congreso define los
parámetros generales, el Gobierno nacional establece los límites y criterios, las
corporaciones públicas territoriales determinan las escalas de remuneración y los
gobernadores y alcaldes fijan los emolumentos concretos, dentro de dicho marco
normativo5.
Del cargo de jefe de la Oficina de Control Interno.
34. El artículo 9 de la Ley 87 de 19936 define la Unidad u Oficina de Coordinación del
Control Interno como “uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel
gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía
de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”.
35. A su turno, el artículo 10 ibidem, establece: “Para la verificación y evaluación
permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales designarán como
asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que será
adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley.”
36. De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno debe pertenecer al nivel
superior jerárquico de la entidad, en consecuencia, el empleo de asesor, jefe,
coordinador o auditor de control interno deberá estar adscrito al nivel superior
jerárquico de la entidad.
37. La designación del jefe de control interno se realiza conforme lo establecido en el
artículo 11 de la norma en cita -modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011-
que al tenor literal dispone: “
ARTÍCULO 11. Designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación
del Control Interno. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de
Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la
rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva
entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro
años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.
PARÁGRAFO 1. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3)
años en asuntos del control interno.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, radicado 25000-23- 42-000-2017-
00873-01; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de febrero de 2026, radicado 05001-23- 33-000-2019-02201-01
(1148-2024)
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Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
(Derogado por el Art. 166 del Decreto 403 de 2020)
PARÁGRAFO 2. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no
implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente.
(Modificado por el art. 8, Ley 1474 de 2011).
PARÁGRAFO 3. (Derogado por el art. 96, Ley 617 de 2000). En los municipios
con una población inferior a quince mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos
anuales no superan los quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales, las
funciones del asesor, coordinador, o de auditor interno podrán ser desempeñadas
por los correspondientes jefes o directores de planeación municipal o por quien
haga sus veces y en su defecto por el respectivo secretario de la alcaldía.
38. En atención con esta normativa, la Oficina Asesora de Control Interno juega un
papel importante en la modernización de la administración pública y el mejoramiento
de la capacidad de gestión de sus instituciones, desde un control estratégico de gestión
para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales; además, porque entre
otras, es elegido por la máxima autoridad administrativa de la entidad territorial y se
encontrará adscrito al nivel jerárquico superior de esta misma, esto con el fin de
brindarle independencia funcional-organizacional a ésta, quien es la encargada de
auditar y revisar los procesos y procedimientos de las dependencias dentro de la
entidad por medio del ejercicio de funciones de auditoría interna7.
39. A continuación, en el artículo 12, se indicaron como funciones de los auditores
internos, las siguientes:
ARTÍCULO 12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del
asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes:
a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control
Interno;
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones
de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de
mando;
c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario
ejerzan adecuadamente esta función;
d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de
la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;
e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos,
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes
necesarios;
f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que
se obtengan los resultados esperados;
7
Consejo de Estado. Sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicación: 08001-23-33-000-2017-00211-01(0561-19)
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios;
h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional;
i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana,
que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad
correspondiente;
j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cumplimiento;
k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;
l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el
carácter de sus funciones.
PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o
quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la
entidad a través de autorizaciones y refrendaciones.
40. En concepto 230861 de 2023 el Departamento Administrativo de la Función
Pública indicó:
“la oficina de control interno es la dependencia de cada entidad encargada de
evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la entidad y
proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones
para mejorarlo, por lo que cabe precisar que el desempeño del cargo de Asesor,
Coordinador, Auditor de control interno, o quiénes conforman el equipo de Control
Interno, no les otorga la connotación de empleos del nivel Directivo, por el hecho
de que la Unidad u Oficina de coordinación del Control Interno se encuentre
adscrita al nivel jerárquico superior.
En cuanto a la remuneración, se considera que esta será la asignación mensual
correspondiente al cargo que desempeña, en la planta de personal de la entidad,
es decir, independientemente de ser un empleo adscrito al nivel jerárquico
superior”8.
(…)
Esto quiere decir que, que una vez establecida la asignación básica para empleo
de jefe de control interno de acuerdo con el nivel, grado y código anteriormente
señalados, quien se encuentre desempeñando dicho empleo tendrá derecho a
recibir la remuneración prevista para el empleo; así como al incremento salarial
que realiza anualmente el Gobierno Nacional, el cual debe estar conforme a los
limites salariales dados por el Artículo 7 del Decreto 896 de 2023.
Conforme a lo anterior, y para dar respuesta a su consulta, el salario que debe
devengar el jefe de control interno de una Empresa Industrial y Comercial del
Estado, del orden Municipal, corresponderá a la remuneración prevista para el
empleo en el acto administrativo que fije las escalas de remuneración para las
entidades descentralizadas del municipio, el cual deberá corresponder al nivel,
código y grado donde se ubique el empleo así como deberá fijarse dicha
remuneración conforme a los límites máximos establecidos por el Gobierno
Nacional, sin que, el hecho de estar adscrito al nivel jerárquico superior implique
8
Posición que se mantuvo en el concepto 521491 de 2024.
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
que efectivamente sea del nivel directivo y le corresponda el salario de aquellos
empleos.
Resolución del caso concreto
41. Para dar respuesta al problema jurídico formulado, la Sala encuentra acreditado
que mediante Ordenanza 025 de 1998 se creó el Instituto Departamental del Deporte
de La Guajira con denominación I.D.D.G, adscrito a la secretaría de educación y parte
integrante del Sistema Nacional del Deporte de que trata la Ley 181 de 1995.
42. Que en Acuerdo 004 del 16 de octubre de 2009 se modificó el Manual de
Funciones y Competencias Laborales del instituto y se estableció la siguiente planta
de personal:
No. de Denominación del cargo Código Grado
cargos
NIVEL DIRECTIVO
1 Director General 050 03
1 Subdirector Administrativo o 068 01
Financiero o Técnico u Operativo
NIVEL PROFESIONAL
4 Profesional Universitario 219 05
NIVEL TÉCNICO
1 Técnico operativo 314 11
NIVEL ASISTENCIAL
1 Secretario 440 06
43. Que, en el nivel profesional, dicho acto reguló para la oficina asesora de control
interno, lo siguiente:
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44. Que en observancia de lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011,
mediante Decreto 318 del 30 de diciembre de 2013 se designó a la señora Jiménez
Barros en el cargo de jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno, cuya naturaleza
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es de periodo fijo, por cuatro años contados a partir del 1º de enero de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2017, en el Instituto Departamental del Deporte de La Guajira;
tomando posesión del mismo el día 8 de enero de 2014.
45. Que por Oficio del 10 de enero de 2014 la directora administrativa de Talento
Humano de La Guajira le comunicó al director del instituto la designación efectuada a
favor de la actora y, que el 3 de febrero de 2014, ella le solicitó a este ultimo la
aplicación del salario correcto a su cargo.
46. Que mediante Decreto 147 del 7 de julio de 2014 el departamento de La Guajira
adoptó la escala de remuneración de las distintas categorías de empleos de la
administración departamental para la vigencia 2014, entre los cuales se encontraban
los siguientes:
Denominación del cargo Código y Grado Asignación Básica
Jefe de oficina 115-02 $4.771.807
Profesional Universitario 219-05 $2.807.793
Profesional Especializado 222-04 $2.722.318
47. Que por Resolución 061 del 14 de agosto de 2014, el I.D.D.G adoptó la
remuneración contenida en el Decreto 147 de 2014, así:
48. Que en Decreto 169 del 29 de mayo de 2015, el departamento de La Guajira
determinó la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de
empleos para la vigencia fiscal, en los cuales se encuentran, entre otros:
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Denominación del cargo Código y Grado Asignación Básica
Jefe de oficina 115-02 $5.010.400
Profesional Universitario 219-05 $2.948.200
Profesional Especializado 222-04 $2.858.400
49. Que por Resolución 094 del 12 de junio de 2015, el I.D.D.G adoptó la remuneración
contenida en el Decreto 169 de 2015, así:
50. Que en Ordenanza 412 del 11 de octubre de 2016, el departamento de La Guajira
determinó la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de
empleos para la vigencia fiscal, en los cuales se encuentran, entre otros:
Denominación del cargo Código y Grado Asignación Básica
Profesional Universitario 219-05 $3.177.300
Profesional Especializado 222-04 $3.080.500
51. Que por Resolución 097 del 3 de noviembre de 2016, el I.D.D.G adoptó la
remuneración contenida en la Ordenanza 412 de 2016, así:
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52. Que la demandante recibió como salario durante los años 2014, 2015 y 2016, los
siguientes valores:
Año Salario
2014 $2.722.318
2015 $2.948.200
2016 $3.177.280
53. Que el 15 de noviembre de 2016, la demandante solicitó al director del instituto, la
liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales de los años 2014, 2015
y 2016 en cuantía de $309.249.126, sin obtener respuesta alguna.
54. La prueba puesta de presente permite afirmar que en la planta de personal del
Instituto Departamental para el Deporte de La Guajira no existe el empleo denominado
jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno. Lo que se previó en el Manual de
Funciones Específicas y Competencias es la existencia de una Oficina Asesora de
Control Interno para la cual se estableció el cargo de profesional universitario código
219 grado 05.
55. En tal sentido la remuneración que debe percibir quien ostente el cargo en cita -
jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno- es la equivalente al empleo existente,
sin que, el hecho de estar adscrito al nivel jerárquico superior implique que
efectivamente sea del nivel directivo y le corresponda el salario de aquellos empleos.
56. Para apuntalar lo dicho, se trae a colación lo considerado en sentencia proferida
por esta misma Corporación el 30 de abril de 20269 que puede aplicarse por analogía
y en la que al tenor literal se dijo: “Expuesto esto, se advierte que la exigencia prevista
en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 no puede interpretarse en el sentido de que la
Oficina de Control Disciplinario Interno deba ubicarse en el nivel jerárquico más alto
de la estructura administrativa en términos absolutos, como lo sostiene la parte
demandante. Por el contrario, el propio legislador precisó, en el parágrafo 2° de dicha
disposición, que por «oficina del más alto nivel» debe entenderse aquella conformada,
como mínimo, por servidores públicos del nivel profesional, lo que evidencia que el
criterio determinante no es la posición orgánica frente a otros empleos de mayor
jerarquía, sino el nivel mínimo de cualificación y la capacidad funcional dentro de la
dependencia”.
57. Acogiendo lo anterior, no le asiste derecho a la demandante al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales pretendidas correspondientes a los años 2014, 2015
y 2016 habida consideración que percibió el monto establecido para el empleo con
denominación profesional universitario código 219 grado 05 y/o su equivalente acogido
por el Instituto demandado.
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Radicación 13001-23-33-000-2013-00186-01 (2686-2022) Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
58. No pasa por alto la Sala que cuando el instituto demandado adoptó la escala de
remuneración contenida en el Decreto Departamental 147 de 7 de julio de 2014,
mediante Resolución 061 del 14 de agosto del mismo año, equiparó el cargo
denominado jefe de control interno con el empleo de profesional especializado código
y grado 222-04 con una asignación de $2.722.318 y, no con el de profesional
universitario código y grado 219-05 con una asignación de $2.807.793; sin embargo,
dicho acto administrativo no es objeto de cuestionamiento en esta oportunidad, por
tanto, no hay lugar a efectuar mayores elucubraciones al respecto, más allá de
sostener que lo que no podía entenderse es que el salario que debía devengar la
demandante correspondía al de jefe de oficina en tanto, se insiste, dicho cargo no
hacía parte de la planta de personal de la entidad accionada, donde en la dependencia
de nombre Oficina Asesora de Control Interno, lo previsto era un profesional
universitario.
59. Corolario de lo expuesto no son de recibo los argumentos formulados en el recurso
de apelación, lo que conlleva a la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Entenderlo de otra manera podría desconocer el sistema de distribución de
competencias previsto en la Constitución Política y desbordar el ámbito funcional del
juez contencioso administrativo, quien no está habilitado para sustituir a las
autoridades a las que el ordenamiento jurídico les asignó la determinación de las
escalas de remuneración.
De la condena en costas de segunda instancia
60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
62. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
63. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, en tanto las peticiones del recurso no fueron
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Radicado: 44-001-23-40-000-2017-00102-01 (4208-2023)
acogidas. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de La Guajira.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira en la que se negaron las pretensiones de la demanda,
por lo considerado en precedencia.
Segundo. CONDENAR en costas procesales a la parte demandante en esta instancia,
por las razones consignadas en la presente providencia.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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