Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00491-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00491-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2013-00491-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01 (63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar y otros.
Referencia: Controversias contractuales
Temas: NULIDAD ABSOLUTA. Facultad para declararla de oficio – Objeto Ilícito – Debe aparecer
de manifiesto en el contrato / COMPETENCIA PARA CONTRATAR – El artículo 12 de la Ley 80
de 1993 permite su delegación intraórganica / INDEBIDA DELEGACIÓN ENTRE ENTIDADES
PÚBLICAS - El artículo 14 de la Ley 489 de 1998 permite la transferencia de funciones entre
entidades con la exigencia de un acto administrativo y la suscripción de un convenio – La ausencia
de estos requisitos afecta la validez de la delegación y del contrato estatal.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 10 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la parte demandante.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
2. La Subsección revocará la sentencia apelada para declarar la nulidad del
contrato No. 518 de 2011, suscrito entre Growing Network y el Departamento de
Bolívar, porque su objeto es ilícito. Se acreditó la falta de capacidad y competencia
de quien actuó en representación de la entidad territorial. La delegación de la
facultad para celebrar el contrato en el Gerente Liquidador del Fondo de
Transportes y Tránsito de Bolívar (FTTB), contraviene las normas imperativas y
de orden público previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 05 de junio de 20131, Growing Network S.A., presentó demanda de
controversias contractuales en contra del departamento de Bolívar y el Fondo de
Transportes y Tránsito de Bolívar en liquidación -en adelante FTTB- con el fin de
que se declare que el primero incumplió el contrato de concesión No. 518 del
1 Cuaderno Ppal. Fl. 10.
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
2011, y como consecuencia, se le pague los perjuicios materiales que estima en
la suma de $16.157’530.000 y sus intereses2.
4. Como fundamentos fácticos, adujo que Growing Network S.A. y el
Departamento de Bolívar celebraron el contrato de concesión No. 518 de 2011,
para prestar los servicios de soporte operativo y tecnológico para la gestión de la
información que maneja el FTTB. Agregó que el 31 de agosto de 2011 suscribieron
el acta de inicio.
5. El 1, 2 y 5 de septiembre de 2011, Growing y el señor Adán Torres Yarzagaray
-gerente liquidador del FTTB- suscribieron las actas 001, 002 y 003. En la primera,
se dispuso que al día siguiente el FTTB le entregaría los archivos y carpetas de
los vehículos matriculados con su base de datos, pero la entidad demandada
incumplió. En las otras, la contratista dejó constancia de que sus empleados no
pudieron ingresar a las instalaciones del FTTB porque estaban cerradas con llave
y, a pesar de la espera, no fue posible el ingreso.
6. El 26 de septiembre y el 01 de diciembre de 2011, Growing Network S.A. elevó
peticiones ante el gerente liquidador del FTTB y el gobernador de Bolívar,
respectivamente, solicitando intervención para ingresar a las instalaciones del
FTTB como única manera para desarrollar las actividades contractuales, sin que
a la fecha de presentación de la demanda se le hubiere notificado respuesta
alguna.
7. El incumplimiento de la entidad accionada le ocasionó perjuicios debido a que
hizo inversiones para ejecutar la concesión, como la adquisición de instalaciones
para el funcionamiento, compra del software y hardware y el pago de salarios al
personal. Enfatizó que el incumplimiento no le es imputable sino, exclusivamente,
a la entidad contratante.
Contestación de la demanda
8. El departamento de Bolívar3 se opuso a las pretensiones y enfatizó que la
delegación al gerente liquidador del FTTB para contratar no le permitía suscribir
las actas 001, 002 y 003. Los trámites contratados desde el año 2009 se
encuentran en línea en la plataforma del RUNT y se prestan en las sedes del FTTB
ubicadas fuera de Cartagena (en los municipios de San Juan, Clemencia y Santa
Rosa) a las que no se presentó la sociedad, no compró, ni arrendó inmuebles
destinados a ejecutar el contrato.
2 “DECLARACIONES Y CONDENAS: 1. Que se declare que la empresa GROWING NETWORK S.A. ha
cumplido con las obligaciones generadas a su cargo por razón del contrato de concesión No. 518 de 2011,
celebrado entre la entidad demandada y mi representada. 2. Que se declare que el DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR ha incumplido con las obligaciones generadas a su cargo por razón del contrato de concesión No.
518 de 2011, celebrado entre la entidad demandada y mi representada. 3. Que como consecuencia de su
incumplimiento, se condene al DEPARTAMENTO DE BOLIVAR a pagar a GROWING NETWORK S.A., el
valor de los perjuicios de orden material del – daño emergente y lucro cesante – que le fueron ocasionados,
los cuales ascienden, aproximadamente, a la suma de $16.157.530.000.oo (dieciséis mil millones ciento
cincuenta y siete mil quinientos treinta pesos) más los intereses del caso, monto que habrá de ser actualizado
en su valor conforme a lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 4. A la sentencia
que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.”
3 Cuaderno Ppal. Fls. 164 y ss.
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
9. Sostuvo que la concesionaria incumplió el contrato al no entregar las licencias
para el uso del software. Señaló que la forma de ejecución contractual no era con
el ingreso a las sedes del FTTB en Cartagena, sino que debía ir a otros municipios.
Agregó que no se probó el lucro cesante ni el daño emergente.
10. El departamento presentó las excepciones de: i) contrato no cumplido, ii) falta
de responsabilidad por incumplimiento atribuible a la entidad territorial, iii) falta de
competencia del gerente liquidador del FTTB para suscribir las actas 001, 002 y
003 de septiembre de 2011, iv) inexistencia de cumplimiento y, v) la innominada.
11. El Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación se opuso a las
pretensiones4. Señaló que no le consta que se cumplieran los requisitos para el
inicio del contrato ni los demás hechos de la demanda. Propuso las excepciones
de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva -hecho de un tercero-, ii)
inexistencia de incumplimiento por parte del FTTB, iii) cobro de lo no debido, iv)
enriquecimiento sin causa y v) la excepción innominada.
Demanda de reconvención
12. El departamento de Bolívar presentó demanda de reconvención5 para que se
declare el incumplimiento del contrato de concesión No. 518 del 2011 por parte
de Growing Network, y como consecuencia, se resuelva y se le paguen perjuicios.
En forma subsidiaria, solicitó el cumplimiento del negocio y la indemnización de
los daños causados. En ambos casos, junto a los intereses moratorios y la
actualización de la condena. Adicionalmente, pidió que se condene al contratista
al pago de la cláusula penal debidamente indexada.
13. Como fundamento fáctico, reiteró los hechos expuestos en la contestación de
la demanda principal. Enfatizó que la contratista incumplió el contrato al
desconocer las etapas previstas en el pliego de condiciones, omitir la entrega de
un cronograma de actividades para validación de las partes, la inasistencia a las
sedes del FTTB del departamento para la prestación del servicio y la falta del
software exigido -que debía ser de su propiedad y sin costo para la contratante-.
Además, no interactuó a través de la interventoría y pretendió limitar la ejecución
contractual a su presencia en la sede administrativa de Cartagena, pese a que
sus obligaciones debían cumplirse de otra forma y en las distintas sedes del FTTB.
Contestación de la demanda de reconvención.
14. Dentro de la oportunidad legal, la sociedad contestó la demanda de
reconvención6, reiteró los argumentos y pretensiones de la demanda principal,
interpuso las excepciones de fondo de cumplimiento del contrato por su parte e
incumplimiento del departamento.
4 Cuaderno Ppal. Fls. 216 y ss.
5 Cuaderno Ppal. Fls. 208 y ss
6 Cuaderno Ppal. Fls. 268 y ss.
3
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Bolívar por medio de la sentencia del día 10 de
agosto de 20187 declaró el incumplimiento contractual del departamento de
Bolívar y lo condenó al pago de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
Negó las demás pretensiones de la demanda principal y las de la demanda de
reconvención8.
16. Consideró que el departamento incumplió el contrato al no garantizar el
acceso del contratista a las instalaciones del FTTB ni la entrega de la información
necesaria para iniciar su ejecución. Precisó que, aunque se formuló demanda de
reconvención, al tratarse de un contrato bilateral y conmutativo, para exigir la
responsabilidad de la contraparte debía demostrar haber cumplido sus
obligaciones o allanarse a hacerlo, lo que no acreditó.
17. Concluyó que la contratista cumplió sus obligaciones, pues suscribió con la
interventoría el acta de inicio el 31 de agosto de 2011 y valoró las actas suscritas
entre los primeros días de septiembre de 2011, las comunicaciones remitidas por
ella solicitando su intervención, el informe de interventoría y los testimonios
practicados en el proceso, que acreditaron que no se permitió el ingreso del
personal de la contratista a la sede del FTTB, para la entrega de la información.
18. El Tribunal agregó que el informe de la interventoría del 18 de agosto de 2015
señaló la imposibilidad de ejecución porque los trabajadores sindicalizados del
FTTB impidieron el acceso a las instalaciones.
19. Rechazó el argumento del departamento de que la falta de acceso a las
oficinas del FTTB no impedía ejecutar el contrato porque debía hacerlo en sedes
7 Cuaderno Ppal. Fl. 622.
8 “VI. – FALLA. PRIMERO: DECLARAR que el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR incumplió el contrato de
concesión No. 518 de 2011, suscrito con GROWING NETWORK S.A., el cual tuvo por objeto la prestación
de los servicios de soporte operativo y tecnológico que incluye la plataforma de sofware, hadware y
comunicaciones para la gestión de la información que maneja el Fondo de Transporte y Tránsio de Bolívar.
SEGUNDO: DECLARAR NO probadas las excepciones de fondo formuladas por el Departamento de Bolívar;
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: CONDENAR al
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, a pagar a GROWING NEWTORK S.A. la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
MTCE. ($240.363.124,0, a título de DAÑO EMERGENTE derivado de los gastos en que incurrió la
demandante por concepto de pago de arrendamiento del inmueble destinado a la ejecución del contrato de
concesión. CUARTO: CONDENAR en abstracto al DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, por concepto de
LUCRO CESANTE derivado de las utilidades dejadas de percibir por GROWING NETWORK S.A. como
consecuencia del incumplimiento contractual; cuya liquidación se hará mediante trámite incidental, conforme
lo previsto en el artículo 193 del CPACA, y teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia. Para lo anterior, se ORDENA al Departamento de Bolívar, que dentro de los diez (10) siguientes
a la notificación de la presente providencia suministre a la parte actora la información relativa a los ingresos
detallados obtenidos por el FTTB en liquidación, durante el periodo del 30 de agosto de 2010 al 30 de agosto
de 2011, así como cualquier otra información y/o documentos que fueron necesarios para liquidar la condena.
QUINTO: DECLARAR probadas las excepciones de fondo formuladas por el Fondo de Transporte y Tránsito
de Bolívar en liquidación; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda principal. SÉPTIMO: Sin condena en costas en la
demanda principal; por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. OCTAVO:
NEGAR las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención. NOVENO: CONDENAR en costas a
la parte demandante en reconvención; liquídense por la Secretaría General de esta Corporación conforme lo
dispuesto en el artículo 366 del C.G.P., incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, conforme
lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. DECIMO: Ejecutoriada la presente providencia,
DEVUELVASE el remanente si existiere y ARCHIVESE el expediente previas las anotaciones
correspondientes en el sistema justicia siglo XXI.”
4
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
diferentes a la de Cartagena. Precisó que el contrato no contempló la ejecución
en los municipios donde el FTTB tenía sedes y el domicilio contractual fue
Cartagena, por lo que no podía exigirse que la información se obtuviera en un
lugar diferente.
20. Igualmente, concluyó que Growing Network se encontraba allanada al
cumplimiento de sus obligaciones y descartó la excepción de contrato no
cumplido. Señaló que la entrega de archivos y bases de datos del FTTB se
derivaba de las obligaciones adquiridas por el departamento y que, al no facilitarla,
incumplió. Frente a la obstrucción del sindicato para el ingreso a las instalaciones
del FTTB, consideró que podía acudir a los medios del Código Nacional de Policía
o, ante la imposibilidad de cumplir el contrato, solicitar la suspensión prevista en
el acuerdo, invocando fuerza mayor.
21. Declaró no probada la falta de competencia del gerente liquidador del FTTB
para suscribir las actas 001, 002 y 003 de septiembre de 2011, que establecieron
el compromiso de entrega de la información y la constancia de que no se pudo
acceder a ella.
22. Luego de declarar la responsabilidad del departamento, el Tribunal reconoció
el daño emergente por concepto de arrendamiento y negó otros gastos
reclamados por falta de prueba o porque eran cargas propias del contratista.
Asimismo, profirió condena en abstracto por lucro cesante para que se liquidara
mediante trámite incidental. En dicho procedimiento se determinaría el porcentaje
de utilidad pactado sobre el 70% de los ingresos brutos proyectados del FTTB,
desde el 31 de agosto de 2011 y durante un período de 20 años y con base en el
promedio de lo recaudado durante el año anterior al inicio del contrato.
23. También condenó en costas al departamento por la no prosperidad de la
demanda de reconvención.
El recurso de apelación
24. El 31 de octubre de 2018, el departamento de Bolívar interpuso
oportunamente el recurso de apelación9; solicitó revocar los numerales 1, 2, 3, 4
y 7 y negar las pretensiones de la demanda. Asimismo, confirmar el numeral 6 -
que negó las demás pretensiones- y revocar los numerales 8 y 9 para conceder
las pretensiones de la demanda de reconvención. Los motivos específicos de
reproche fueron los siguientes:
25. (i) hay nulidad absoluta del contrato por falta de competencia del gobernador,
usurpación de funciones del FTTB e indebida delegación en el gerente liquidador;
(ii) incongruencia de la sentencia por falta de pronunciamiento sobre algunas
pretensiones de la reconvención (la resolución o el cumplimiento del negocio -art.
1546 C.C.-) y por la valoración insuficiente de circunstancias constitutivas de
fuerza mayor; (iii) la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por
9 Cuaderno Ppal. Fls. 648 y siguientes. La sentencia se notificó el día 17 de octubre de 2018 por lo cual el
recurso se presentó en forma oportuna. Cuaderno Ppal. Fl. 647.
5
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
parte de Growing Network; y (iv) la ausencia de prueba del daño emergente y del
lucro cesante reconocidos por el Tribunal.
Trámite relevante en segunda instancia
26. El Despacho admitió el recurso de apelación mediante auto del 10 de mayo
de 201910 y lo notificó personalmente al Ministerio Público y a las partes por
estado. En auto del 31 de mayo de 201911 dio traslado para presentar los alegatos
de conclusión.
27. Growing Network dentro de la oportunidad legal alegó de conclusión 12 y
replicó los motivos de inconformidad. Sostuvo que la nulidad absoluta no se
formuló en la contestación ni en la fijación del litigio y no es posible invocar a su
favor una nulidad generada por la misma entidad. El fallo tuvo en cuenta las
pretensiones de ambas partes y sí se allanó a cumplir. Alegó la certeza del lucro
cesante y ante la falta de cuantía es injusto que no se profiera condena a su
favor13.
28. La parte demandante reiteró el recurso de apelación y sus argumentos14 y el
Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
29. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que
invalide lo actuado. Además, se cumplen los presupuestos procesales de
jurisdicción15, competencia16, conciliación prejudicial17, oportunidad de la
demanda18, legitimación en la causa por activa y por pasiva19.
10
Cuaderno Ppal. Fl. 707.
11
Cuaderno Ppal. Fl. 710.
12
Cuaderno Ppal. Fl. 713-721.
13
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 16 de agosto de 2018. C.P.: Stella Conto Díaz Del
Castillo. Rad. 25000232600019970417001 (32906); de la Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. C.P.: Martha
Nubia Velásquez Rico. Rad. 68001233100020010114101 (37680) y la sentencia del 28 de septiembre de 2017. C.P.:
Martha Nubia Velásquez Rico. Rad. 05001233100020120019501 (52500).
14
Cuaderno Ppal. Fl. 712.
15
Según el numeral 2 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de
los procesos sobre “los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular
en ejercicio de funciones propias del Estado” y Departamento de Bolívar es una entidad pública.
16
De acuerdo con los artículos 150 y 152.6 de la Ley 1437 de 2011 se trata de la apelación de una sentencia dictada por
el Tribunal Administrativo de Bolívar en un proceso de doble instancia debido a la cuantía. La pretensión mayor -perjuicio
material por incumplimiento contractual- es de $16.157’560.000 y para la fecha de la demanda -2013- el monto exigido
para que el Tribunal conociera en primera instancia era de $294’750.000.
17
El trámite se agotó ante la Procuraduría, con solicitud radicada el 26 de noviembre de 2012 y tiene constancia de fallida
del día 22 de enero de 2013. Cuaderno Ppal. Fl. 127.
18
El contrato de concesión 518 se celebró el 8 de junio de 2011 y el acta de inicio se suscribió el 31 de agosto siguiente,
bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de
incumplimiento ocurrieron durante los días 1, 2 y 5 de septiembre de 2011, cuando, según la demandante, se impidió su
acceso a las instalaciones y a la información necesaria para iniciar las actividades contratadas. De conformidad con el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, los términos que hubieren
comenzado a correr se rigen por las normas vigentes al momento de su iniciación. En consecuencia, aunque la demanda
se presentó el 5 de junio de 2013, cuando ya regía el CPACA, la caducidad debe examinarse conforme al artículo 136,
numeral 10, del CCA. Aun si se adopta como punto inicial el 31 de agosto de 2011, fecha del acta de inicio y, por tanto, el
momento más temprano posible para el cómputo, los dos años no habían vencido cuando se presentó la solicitud de
conciliación prejudicial el 26 de noviembre de 2012. El término estuvo suspendido hasta el 22 de enero de 2013 y la
demanda se radicó el 5 de junio siguiente. Por tanto, no se configuró la caducidad. Cuaderno Ppal. fls. 10 y 127.
19
Growing Network S.A., y el departamento de Bolívar, están legitimados en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente, por ser parte del contrato de concesión 518 de 2011. El fallo declaró la falta de legitimación del Fondo de
Transporte y Tránsito del Departamento del Bolívar -en liquidación-, y la apelación no cuestionó esta decisión del medio
exceptivo.
6
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
Alcance de la apelación
30. La Sala precisa, que, aunque la nulidad absoluta del negocio no fue alegada
en la contestación de la demanda ni en la reconvención, la validez del negocio
jurídico constituye un presupuesto para el estudio de la responsabilidad
contractual. Además, de conformidad con el artículo 1742 del Código Civil y el
artículo 45 de la Ley 80 de 1993, el juez debe declararla de oficio cuando aparezca
de manifiesto. Por ello, se debe examinar, inicialmente, los cuestionamientos
formulados en el recurso de apelación respecto de la validez del contrato y
determinar si se configura alguna causal de nulidad absoluta. Solo de descartarse
la invalidez del negocio jurídico, se estudiarán los demás cargos.
Problemas jurídicos
31. En estos términos, los problemas jurídicos a resolver son:
(i) ¿Es procedente, de concurrir con los presupuestos legales y
jurisprudenciales, la declaratoria oficiosa de nulidad del contrato de
concesión 518 de 2011 en segunda instancia?
(ii) ¿Se configura la nulidad del contrato de concesión a partir de los cargos
formulados en la apelación sobre la falta de competencia del
gobernador del Bolívar y la indebida delegación de funciones en el
agente liquidador, o por algún supuesto que habilite la aplicación del
deber de declarar su nulidad absoluta con fundamento en los artículos
1742 del Código Civil y 45 de la Ley 80 de 1993?
(iii) En caso negativo, ¿Es incongruente el fallo de primera instancia por no
pronunciarse sobre la pretensión de resolución o cumplimiento del
contrato y por la alegada falta de valoración de las pruebas que
acreditarían una circunstancia atribuible a un tercero —constitutiva de
fuerza mayor— como causa del incumplimiento?
(iv) De no prosperar el cargo anterior, ¿la valoración del Tribunal sobre el
allanamiento de Growing Network se ajustó al acervo probatorio y a las
obligaciones asumidas en el contrato?
(v) ¿Incurrió el a quo en una indebida valoración probatoria respecto de la
existencia y cuantía del daño emergente y del lucro cesante y, frente a
este último, de los elementos necesarios para proferir una condena en
abstracto?
Tesis
32. La Subsección declarará de oficio la nulidad absoluta del contrato de
concesión 518 de 2011 por objeto ilícito. Aunque el gerente liquidador era servidor
público del nivel directivo del FTTB, no pertenecía a la estructura del
Departamento y, por tanto, no estaba comprendido en el ámbito subjetivo de la
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
delegación prevista en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993. La celebración del
negocio por quien carecía de una atribución válida para ejercer la competencia
contractual del Departamento contravino el derecho público en los términos del
artículo 1519 del Código Civil y produjo la nulidad absoluta prevista en el artículo
1741 del mismo estatuto.
33. Para resolver la controversia, la Sala analizará: (i) la validez del contrato de
concesión n.° 518 de 2011 y la eventual configuración de la nulidad absoluta por
del objeto ilícito; (ii) de descartarse tal cargo, los cuestionamientos relacionados
con la congruencia de la sentencia, el incumplimiento contractual y la acreditación
de los perjuicios y; (iii) la procedencia de la condena en costas.
El contrato de concesión 518 de 2011 y el objeto ilícito como causal de
nulidad absoluta.
34. En el proceso se acreditó que el 8 de junio de 2011 el departamento de Bolívar
y Growing Network S.A., celebraron el contrato de concesión No. 518 de 2011,
cuyo objeto fue “la prestación de los servicios de soporte operativo y tecnológico
que incluye la plataforma de software, hardware y comunicaciones para la gestión
de la información que maneja el Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar -
FTTB- en Liquidación”- cláusula primera-20.
35. El plazo se pactó en 20 años contados a partir del acta de inicio, suscrita el
31 de agosto de 201121, por lo que se extendió hasta el 31 de agosto de 2031
(cláusula tercera). A su vez, la remuneración del concesionario correspondía al
70% de los ingresos recaudados por las actividades relacionadas con el FTTB
(cláusula cuarta)22.
36. De otra parte, la falta de ejecución material del contrato no permite, por sí
sola, tener por configurado un mutuo disenso tácito, pues esta figura exige que la
conducta de ambos contratantes revele de manera convergente e inequívoca su
voluntad de extinguir el vínculo. En este caso no se acreditó esa voluntad común:
Growing Network promovió la demanda bajo la premisa de haber cumplido sus
obligaciones y reclamó los perjuicios derivados del incumplimiento que atribuyó
al Departamento; este, a su turno, formuló demanda de reconvención, atribuyó el
incumplimiento a la contratista y solicitó la resolución o el cumplimiento del
contrato. Tales posiciones no evidencian una voluntad bilateral coincidente de
poner fin al negocio y, por tanto, no permiten concluir que el contrato hubiera
terminado por mutuo disenso tácito.
20 Cuaderno Ppal. Fls. 133 y ss.
21 Cuaderno Ppal. Fl. 129.
22 El anexo No. 2 corresponde a carta de aceptación de la participación porcentual sobre los ingresos del
FTTB, en cuantía del 70% de los trámites allí descritos (registros de automotores, conductores, infractores,
tarjetas de operación, empresas y vehículos de transportes, auditorías financieras de los ingresos de patios
y grúas, y la gestión de procesos de información sobre multas y comparendos por infracciones de tránsito y
transporte). Formato de anexo previsto en los pliegos de condiciones. Cuaderno Ppal. Fl. 382. CD, carpeta
LICITACIÓN SHUR-001-2011, archivo PCD_PROCESO_11-1-66091_213000001_2529259, Fl. 54.
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Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
37. El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 dispone que los contratos del Estado son
absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y, además, en
los eventos expresamente establecidos en esa disposición. En el presente
asunto, la Sala no advierte que el vicio objeto de examen corresponda al supuesto
previsto en el numeral 2 de esa norma, pues la eventual nulidad no se fundamenta
en la celebración del contrato contra una prohibición expresa de carácter
constitucional o legal.
38. En cuanto a las causales previstas en el derecho común, el artículo 1741 del
Código Civil establece que la ilicitud del objeto produce nulidad absoluta y el
artículo 1519 dispone que existe objeto ilícito en todo aquello que contravenga el
derecho público de la Nación. En consecuencia, si se establece que quien celebró
el contrato 518 de 2011 en nombre del Departamento carecía de una habilitación
jurídica válida para ejercer esa competencia, corresponderá determinar si ese
defecto comporta una contravención del derecho público y, por esa vía, configura
la nulidad absoluta del negocio jurídico.
39. El cuestionamiento se refiere a la competencia de quien suscribió el negocio
en nombre del departamento. Por ello, si se demuestra que esa competencia no
le fue válidamente atribuida, su incidencia sobre la validez contractual deberá
examinarse a partir de las causales del derecho común incorporadas por el
artículo 44 de la Ley 80 de 1993, particularmente la contravención del derecho
público prevista en el artículo 1519 del Código Civil.
40. El artículo 1742 del Código Civil establece el deber del juez de declarar de
oficio la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato 23.
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado, además, que para su
declaración, el vicio debe encontrarse acreditado y deben concurrir al proceso las
partes del negocio jurídico24. En este asunto, los contratantes concurren al
proceso, por lo que corresponde establecer si se configura una causal de nulidad
absoluta y si se satisfacen los demás presupuestos para su declaración.
41. La facultad prevista en los artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código
Civil no está condicionada a la formulación de una pretensión dirigida a obtener
la nulidad del contrato y puede ejercerse en cualquier instancia. Su ejercicio no
desconoce, por sí mismo, el principio de congruencia ni los límites de la apelación,
pues la validez del negocio jurídico constituye un presupuesto para decidir las
pretensiones fundadas en su cumplimiento o incumplimiento. Sin embargo, esa
potestad no autoriza al juez a construir una causal de nulidad a partir de
circunstancias inciertas o de elementos que no estén acreditados: el vicio debe
23 Art. 1742 C.C. “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte,
cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello;
puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando
no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por
prescripción extraordinaria.”
24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2025. C.P.: José Roberto
Sáchica Méndez. Exp. 70045. En el mismo sentido: Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2025. C.P.:
María Adriana Marín. Exp.66556; Sentencia del 6 de febrero de 2020. Exp. 61720, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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aparecer de manifiesto y en el proceso deben concurrir quienes intervinieron en
el contrato.
42. En este asunto, el departamento cuestionó en la apelación la competencia de
quien celebró el contrato en su nombre y Growing se pronunció expresamente
sobre ese planteamiento durante el trámite de segunda instancia. Por tanto, el
aspecto fue sometido a contradicción. Con todo, los argumentos del apelante no
constituyen un nuevo cargo que obligue a declarar la nulidad, ni son la fuente de
la facultad oficiosa de la Sala; corresponde establecer si los elementos
incorporados al proceso demuestran, de manera manifiesta, alguna causal de
nulidad absoluta.
43. El departamento sustentó la nulidad absoluta del contrato en 3
cuestionamientos: (i) la falta de competencia del gobernador de Bolívar, (ii)
usurpación de funciones propias del FTTB y; (iii) indebida delegación en el
gerente liquidador. La Sala examinará los dos primeros en los términos
planteados por el apelante. Respecto del tercero, además de los argumentos
formulados en el recurso, verificará si la delegación satisfizo las reglas que regían
la atribución de la competencia para celebrar el contrato, pues su eventual
desconocimiento puede comprometer la validez del negocio.
Falta de competencia y usurpación de funciones del FTTB
44. El Departamento señaló que el Gobernador de Bolívar no podía asumir ni
transferir a un particular las funciones del FTTB, por el hecho de haberse
ordenando su liquidación.
45. La Sala encuentra que la Ordenanza 11 de 1970 de la Asamblea
Departamental de Bolívar creó al FTTB con personería jurídica autónoma25 y que
los estudios previos del contrato lo identificaron como un establecimiento público
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio26. Por su
parte, el Gobernador del Bolívar mediante el Decreto 168 del 31 de marzo de
200927, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental
ordenó la supresión y liquidación FTTB y le prohibió iniciar nuevas actividades en
desarrollo de su objeto social28.
46. El objeto contractual se definió en términos generales como “la gestión de la
información que maneja el Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar - FTTB- en
Liquidación”- cláusula primera-29. Sin embargo, su alcance debe establecerse a
partir de una interpretación conjunta del contrato y de los documentos que lo
25 Cuaderno Ppal. Fl. 226
26 Cuaderno Ppal. Fl. 382. CD, carpeta LICITACIÓN SHUR-001-2011, archivo DEPREV_PROCESO_11-1-
66091_213000001_2469150, correspondiente a los Estudios previos. Fl. 9.
27 Cuaderno Ppal. Fls. 229 y ss.
28 Decreto 168 del 31 de marzo de 2009, el Gobernador del Bolívar. “Artículo 3. Prohibición para iniciar
nuevas actuaciones. El Fondo de Transporte y Tránsito del Bolívar, durante el proceso de liquidación no
podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica
únicamente para expedir los actos, celebrar los contratos y adelantar las acciones necesarias para su
liquidación.“ Cuaderno Ppal. Fl. 231
29 Cuaderno Ppal. Fls. 133 y ss.
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integran, entre ellos los estudios previos30. Estos muestran que la contratación
estuvo vinculada con la continuidad del servicio ante las restricciones derivadas
de la liquidación del Fondo y, además, registran la existencia de una autorización
de la Asamblea Departamental al Gobernador para contratar algunos de los
servicios que aquel prestaba.
47. Aunque la Ordenanza n.° 3 de 2011 no fue aportada al proceso y, por tanto,
la Sala no puede establecer directamente su contenido y alcance, la referencia
que de ella hacen los estudios previos impide concluir, con el carácter manifiesto
exigido para declarar la nulidad absoluta, que el Gobernador carecía de
competencia para adelantar la contratación o que hubiera usurpado las funciones
del FTTB. Por estas razones, estos cuestionamientos no prosperan.
Indebida delegación en el gerente liquidador del FTTB
48. Mediante Resolución No. 627 de 2011 el Gobernador de Bolívar delegó en el
“gerente liquidador” del FTTB la adjudicación, celebración y adopción de las
decisiones que correspondan en la licitación pública No. SHUR-001-2011, que
precedió el contrato de la referencia para contratar en nombre del Departamento.
Esta decisión se sustentó en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 que solo permite
delegar en “servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o
ejecutivo o en sus equivalentes”31.
49. Los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 deben interpretarse de manera
conjunta. El primero atribuye a los gobernadores la competencia para dirigir los
procesos de selección y celebrar contratos en nombre de la respectiva entidad; el
segundo permite que los jefes y representantes legales deleguen total o
parcialmente esa competencia en servidores públicos que desempeñen cargos
del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes. Esta habilitación conserva
carácter intraorgánico: transfiere el ejercicio de la competencia, no su titularidad,
y exige que el destinatario sea un servidor público integrado a la estructura de la
entidad delegante. Por consiguiente, el artículo 12 no autoriza, por sí solo, la
transferencia de la competencia contractual del Departamento a un servidor
perteneciente a una persona jurídica pública distinta.
30
Contrato de concesión 518 de 2011. “CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS ANEXOS: Forman parte
integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Estudios previos; La propuesta del CONCESIONARIO. g)
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría General de la Nación; Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloría General de la República; Constancia de antecedentes judiciales expedido por el
Departamento Administrativo DAS; Cédula de Ciudadanía del CONCESIONARIO; Tarjeta Profesional y Certificado de
Vigencia Profesional del CONCESIONARIO; Registro Único Tributario RUT; Constancia de Salud y Pensión del
CONCESIONARIO; La garantía constituida y debidamente aprobada por el Director del Departamento Administrativo
Jurídico; Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas a las normas y condiciones relativas al presente
contrato (en el evento que ocurran) y Todas las actas y documentos que, se produzcan durante la ejecución del contrato”.
Cuaderno Ppal. Fl. 131 y ss.
31
Resolución No. 627 de 2011 “Mediante la cual se efectúa una delegación par adjudicar un proceso licitatorio y celebrar
el contrato y/o tomar las decisiones que en derecho correspondan dentro de la actuación contractual, Licitación Pública
No. SHUR-001-2011”, en la parte motiva precisó: “ […]Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, dispone que los jefes y los
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar
contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del
nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.// Que se han adelantado las fases del proceso contractual arriba
referenciado, de conformidad con el cronograma del mismo quedando prevista la adjudicación del mismo para el día 08 de
junio de 2011, requiriendo delegar la adjudicación del proceso y/o cualquier otra decisión que se derive del mismo, así
como la adjudicación del contrato respectivo en cabeza del Gerente Liquidador del Fondo de Transportes y Transito
Departamental de Bolívar en Liquidación, el cual fue nombrado por medio de decreto 228 de 19 de abril de 2011, por lo
que procede a delegarse la adjudicación; suscripción del contrato y tomar las decisiones que en derecho correspondan de
la actuación contractual Licitación Pública No. SHUR-001-2011[…]”. Cuaderno Principal No. 3. Fl. 433.
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50. Corresponde entonces establecer la condición jurídica del gerente liquidador
frente a esa habilitación. La Resolución 627 de 2011 señaló que Adán Torres
Yarzagaray había sido nombrado gerente liquidador del FTTB mediante el Decreto
228 del 19 de abril de 2011. A su vez, el Decreto 168 de 2009 le atribuyó la
representación legal del Fondo y la dirección del proceso de liquidación. De
conformidad con el régimen de nomenclatura de empleos de las entidades
territoriales, los cargos de gerente y de director o gerente general de entidad
descentralizada corresponden al nivel directivo. Así, el gerente liquidador tenía la
condición de servidor público del nivel directivo del FTTB; resta determinar si esa
vinculación lo habilitaba para recibir la competencia contractual del
Departamento32.
51. La Sala precisa que el examen de la Resolución 627 de 2011 no comporta un
juicio sobre su legalidad ni conduce a retirarla del ordenamiento jurídico. Su
contenido se considera exclusivamente para establecer si la delegación allí
dispuesta constituía una habilitación jurídica suficiente para que el gerente
liquidador del FTTB celebrara el contrato 518 de 2011 en nombre del
Departamento de Bolívar.
52. El FTTB era una entidad descentralizada dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente. El gerente liquidador ejercía
su empleo y su representación legal dentro de esa persona jurídica, no dentro de
la estructura del Departamento. Ni su nombramiento por el Gobernador ni la
vinculación del Fondo al sector departamental suprimían la autonomía de ambas
entidades o convertían al gerente en colaborador subordinado del jefe de la
entidad territorial. Además, el Decreto 168 de 2009 circunscribió su capacidad a
las actuaciones necesarias para adelantar la liquidación del Fondo. Representar
al FTTB para esos fines no equivalía a estar habilitado para comprometer
contractualmente al Departamento de Bolívar.
53. En esas condiciones, la sola calidad de servidor público del nivel directivo no
era suficiente para recibir la delegación. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 exigía
que el destinatario del ejercicio de la competencia ocupara un cargo del nivel
señalado dentro de la entidad delegante; el gerente liquidador lo desempeñaba
en el FTTB, persona jurídica distinta. La Resolución 627 de 2011 no podía, por sí
misma, incorporarlo a la estructura del Departamento ni ampliar el ámbito
subjetivo definido por la ley. Por ello, el gerente liquidador no estaba jurídicamente
habilitado por esa disposición para recibir y ejercer la competencia contractual del
Gobernador.
54. El defecto advertido no corresponde a una irregularidad meramente formal,
sino a la ausencia sustancial de competencia para obligar a la entidad territorial.
El contrato fue celebrado en nombre del Departamento por una persona situada
fuera del ámbito de destinatarios a quienes la ley permitía transferir el ejercicio de
esa competencia. La infracción recae, por tanto, sobre la habilitación misma para
formar la voluntad contractual de la entidad y no sobre la omisión de una
formalidad del procedimiento.
32 El artículo 16 del Decreto 785 de 2005 incluye los empleos de director o gerente general de entidad
descentralizada y de gerente dentro del nivel directivo de las entidades territoriales.
12
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55. Conforme a la remisión del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 a las causales del
derecho común, los artículos 1741 y 1519 del Código Civil resultan aplicables. Las
normas que determinan quién puede comprometer contractualmente a una
entidad estatal son imperativas y pertenecen al derecho público. En consecuencia,
la celebración del contrato 518 de 2011 por quien no recibió válidamente la
competencia contractual del Departamento comportó una contravención del
derecho público, configuró objeto ilícito y produjo la nulidad absoluta del negocio.
Esta conclusión no se sustenta en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 ni en
la invalidez de la Resolución 627 de 2011, sino en la insuficiencia de la habilitación
invocada para que el gerente liquidador ejerciera esa competencia en el caso
concreto.
56. En el presente asunto concurren los presupuestos del artículo 1742 del
Código Civil para declarar de oficio la nulidad. El vicio aparece de manifiesto en el
contrato y en la Resolución 627 de 2011: el primero fue celebrado por el gerente
liquidador en nombre del Departamento con fundamento expreso en ese acto, y
este identificó el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 como fuente de la delegación.
La confrontación de esos documentos con el ámbito subjetivo de la norma permite
advertir directamente la falta de habilitación. Además, en el proceso concurren las
partes contratantes y, al derivar la nulidad del objeto ilícito, no es susceptible de
saneamiento por ratificación. La declaratoria de nulidad absoluta releva a la Sala
del examen de los restantes cargos de apelación relacionados con la congruencia
de la sentencia, el incumplimiento contractual y la acreditación de los perjuicios,
pues tanto las pretensiones de la demanda principal como las formuladas en
reconvención presuponen la existencia de un negocio jurídico válido.
57. En efecto, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 no se ocupó solamente del
trámite de la delegación. Al exigir que ella recaiga en servidores públicos que
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo, o en sus equivalentes, el
legislador cerró el universo de quienes pueden recibir la competencia para
contratar. Y el gerente liquidador del FTTB no cabía en él: ningún cargo ocupaba
en la estructura de la Gobernación, pues su designación obedeció a la
representación legal del Fondo mientras durara la liquidación (Decreto 168 de
2009, artículo 8).
58. Lo que falta en este caso no es una formalidad del acto de delegación, sino la
aptitud misma de su destinatario para recibirla. De ahí que no haya lugar a
preguntarse qué tan grave fue el requisito omitido, ni si la irregularidad admitía
subsanación: la delegación no quedó mal documentada, sencillamente no podía
hacerse en cabeza de quien se hizo. El defecto es de competencia ratione
personae y afecta el poder de comprometer contractualmente al Departamento,
no el modo de acreditarlo
59. Este defecto compromete la validez del negocio jurídico. El artículo 44 de la
Ley 80 de 1993 incorpora al régimen de nulidad absoluta de los contratos estatales
las causales previstas en el derecho común y el artículo 1519 del Código Civil
establece que existe objeto ilícito en todo aquello que contravenga el derecho
público de la Nación. En este caso, la ilicitud no deriva de las prestaciones que
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
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integran materialmente el objeto del contrato, sino de su celebración mediante el
ejercicio de una competencia que no fue válidamente atribuida. La infracción de
las normas imperativas que determinan quién puede comprometer
contractualmente al Departamento constituye, entonces, la contravención del
derecho público que sustenta la nulidad absoluta del negocio por objeto ilícito.
60. En el presente asunto concurren los presupuestos del artículo 1742 del
Código Civil para declarar de oficio esta nulidad. El vicio se evidencia en el
contrato y en el acto de delegación -Resolución 627 de 2011-, que atribuyó al
gerente liquidador del FTTB la competencia para celebrar el negocio en nombre
del Departamento e identificó expresamente como fundamento de esa delegación
el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, pese a que, conforme a lo expuesto, esa
disposición no habilitaba la transferencia de la competencia en tales condiciones.
Además, en el proceso concurren las partes contratantes y, al derivar la nulidad
del objeto ilícito, no es susceptible de saneamiento por ratificación.
61. Establecido este vicio en la delegación, resulta innecesario determinar si el
gerente liquidador tenía la condición de servidor público o de particular. Ese
aspecto no modifica la conclusión alcanzada, pues lo determinante es que no
pertenecía a la estructura de la entidad delegante y que la competencia
contractual del Departamento no le fue válidamente atribuida en los términos
analizados.
62. La declaratoria de nulidad absoluta también releva a la Sala del examen de
los restantes cargos de apelación relacionados con la congruencia de la
sentencia, el incumplimiento contractual y la acreditación de los perjuicios. Tanto
las pretensiones de la demanda principal como las formuladas en reconvención
presuponen la existencia de un negocio jurídico válido. Declarada su nulidad
absoluta, no procede examinar la responsabilidad contractual pretendida por las
partes.
Restituciones mutuas
63. La declaratoria de nulidad absoluta del contrato implica su desaparición del
ordenamiento y, por regla general, impone retrotraer sus efectos al estado anterior
a su celebración. El artículo 1746 del Código Civil establece el derecho de las
partes afectadas de restituir mutuamente las prestaciones recibidas con ocasión
del contrato anulado o, en su defecto, su valor. No obstante, esta regla no opera
respecto de las prestaciones derivadas de contratos con objeto o causa ilícitos
ejecutados a sabiendas -artículo 1525 del Código Civil-.
64. Por su parte, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 prescribe el reconocimiento
y pago de las prestaciones ejecutadas en desarrollo de un contrato nulo por objeto
o causa ilícitos, siempre que se demuestre que la entidad estatal obtuvo un
beneficio y únicamente hasta el monto de este. La norma precisa que dicho
beneficio se entiende acreditado cuando las prestaciones cumplidas hayan
servido para satisfacer un interés público.
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
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Referencia: Controversias contractuales
65. Por lo tanto, sólo procede las restituciones cuando cobijen prestaciones que
hayan representado beneficio para la Administración, consistiendo éste,
únicamente, en la satisfacción de un interés público33. No se reconoce el valor de
cualquier obligación o prestación, así se haya pactado a favor de la contratante,
sino sólo de aquella que, plenamente cumplida, redunde efectivamente en la
satisfacción total o parcial del interés público perseguido.
66. En el caso concreto, no se acreditan prestaciones en el contrato de concesión
518 de 2011. Aunque el acta de inicio se suscribió el 31 de agosto de 2011, las
actividades contractuales no se ejecutaron. Según la demanda, el contratista no
recibió la información para su inicio, mientras el Departamento sostuvo que dicha
entrega no se produjo por la ocurrencia de un hecho de tercero y por el
incumplimiento de las actividades previstas en el contrato.
67. En esta medida, la Sala no encuentra prueba de que se hubieran cumplido las
exigencias previstas en los pliegos de condiciones para las etapas pre-operacional
y de implementación de la concesión, que se establecieron en el numeral 23.3
sobre “Documentos de contenido técnico objeto de verificación” en sus numerales
2.3.8 y 2.3.9., en los siguientes términos34:
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicación No.
88001233300020190002001 (66.102), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
34 Cuaderno Ppal. Fl. 382. CD, carpeta LICITACIÓN SHUR-001-2011, archivo PCD_PROCESO_11-1-
66091_213000001_2529259, Fl. 39.
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
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68. En efecto, no se ejecutaron las obligaciones de la fase pre-operacional,
prevista para los primeros treinta (30) días del contrato. Las actas 001, 002 y 003,
suscritas los días 1, 2 y 5 de septiembre de 2011 para sustentar el presunto
incumplimiento del Departamento, fueron elaboradas dentro de los cinco (5) días
siguientes a la firma del acta de inicio -31 de agosto de 2011- y no demuestran el
cumplimiento de las actividades previstas para esa etapa inicial.
69. Por consiguiente, no es necesario establecer si aplica el artículo 1525 del
Código Civil, que prohíbe la restitución en los casos en que se ejecutó a sabiendas
del objeto ilícito, pues no se probó el despliegue de tales prestaciones. En la
misma línea, al no acreditarse una ejecución efectiva, ni beneficio alguno para la
entidad, ni la satisfacción de un interés público, tampoco procede el
reconocimiento de restituciones mutuas en los términos del artículo 48 de la Ley
80 de 1993.
Condena en costas
70. Conforme al artículo 365, numeral 5, del Código General del Proceso, en caso
de que prospere parcialmente la demanda el juez podrá abstenerse de condenar
en costas. En atención a que la nulidad del contrato de concesión 518 de 2011 se
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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01(63778)
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Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Controversias contractuales
declara de oficio y no en atención a las pretensiones de la demanda ni de la
reconvención, sus consecuencias no favorecen a ninguno de los extremos
procesales y al no haber parte vencida ante el mutuo fracaso de las pretensiones
de las partes, no se condenará en costas.
71. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal quinto de la sentencia del 10 de agosto de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se
declararon probadas las excepciones de fondo formuladas por el Fondo de
Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación.
SEGUNDO: REVOCAR, en lo demás, la sentencia del 10 de agosto de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
TERCERO: DECLARAR DE OFICIO la nulidad absoluta del contrato de
concesión 518 de 2011, celebrado entre el Departamento de Bolívar
y Growing Network S.A.
CUARTO: NEGAR las restituciones mutuas derivadas de la declaratoria de
nulidad absoluta del contrato, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
QUINTO: SIN CONDENA en costas.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
(Con aclaración de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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