Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2019-00020-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2019-00020-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 88001-23-33-000-2019-00020-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 880012333000201900020 01 (66.102)
Demandante: Unión Temporal IE Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: — CONTRATO ESTATAL – regido por el Estatuto General de la Contratación Pública /
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – por objeto, causa ilícita y desviación de poder /
RESTITUCIONES MUTUAS – se reconocen solo si se acredita el beneficio recibido por la
administración con la ejecución del acuerdo declarado nulo
Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia mediante la cual se declaró de oficio la nulidad del contrato No. 1190 de
2013.
El objeto de la controversia en esta instancia tiene por fin determinar si se configuró
un vicio de nulidad absoluta respecto del contrato en torno al cual versa el litigio.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.
Corresponde a la decisión proferida el 3 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la cual
decidió:
“PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por la Dra.
Noemí Carreño Corpus. Consecuencialmente, se le declara separada del
conocimiento del presente proceso.
SEGUNDO: DECLÁRANSE probadas las excepciones planteadas por la parte
demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: DECLÁRASE de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra
pública No. 1190 de 2013, conforme a las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
QUINTO: No hay lugar a condena en costas.
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente dejando
las anotaciones del caso. Devuélvase al interesado el remanente de los dineros
consignados para gastos del proceso; y archívese una copia de esta
providencia en los copiadores de este Tribunal.”1.
2.
La providencia cuestionada resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos de derecho son los siguientes.
Pretensiones
3. El 24 de mayo de 2019 2, la Unión Temporal I.E. Flowers Hill 3 (en adelante la
demandante, la unión temporal o UT) presentó demanda contra el departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en adelante el
departamento o la entidad), con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe como obra en el texto original):
“1.- Declarar que el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA incumplió la obligación de liquidar el
Contrato de Obra Pública 1190 de 2013, cuyo objeto es la ‘Reconstrucción y
ampliación de la Institución Educativa Flowers Hill en San Andrés Isla’ y adeuda
el pago de las obras realizadas y recibidas a satisfacción a favor de la UNIÓN
TEMPORAL I.E. FLOWERS HILL por un valor de MIL DOSCIENTOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN
PESOS M.L. ($1.205’940.181).
2.- Realizar la liquidación Judicial del Contrato de Obra Pública 1190 de 2013,
cuyo objeto es … con fundamento en el Acta Nº 15 (de recibo final de obras)
del 11 de septiembre de 2017.
3.- Ordenar al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA el Pago de (sic) pendiente de
conformidad con el Acta Nº 15 (de recibo final de obras) del 11 de septiembre
de 2017, a la UNION TEMPORAL I.E. FLOWERS HILL por un valor de MIL
DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO
OCHENTA Y UN PESOS ($1.205’940.181) correspondiente al Contrato de
Obra Pública 1190 de 2013, cuyo objeto es la ‘Reconstrucción y ampliación de
la Institución Educativa Flowers Hill en San Andrés Isla’.
4.- ORDENAR el pago de todos los intereses de mora y demás emolumentos
dejados de percibir, comprendido el valor de los aumentos que se hubieren
decretado con posterioridad a la presentación de la demanda, los cuales
deberán liquidarse, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible, y hasta
el día en que se profiera el fallo en el presente proceso.
5.- La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en
el CPACA y se reajustará en su valor desde la fecha en que se hizo exigible la
obligación hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo, tomando
como base para su liquidación la variación del índice de precios al consumidor.
1 Folios 390 a 391 del cuaderno principal.
2 Folio 249 del cuaderno 2.
3 Integrada por Fernando León Diez Cardona, con una participación de 90% y Mauricio José Rodríguez Cotua,
con una participación del 10% (Fl. 13, c. 1).
2
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
6. Condénese al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA al pago de las costas y gastos del
proceso”4.
Hechos
4. La unión temporal y el departamento suscribieron el contrato de obra No.
1190 de 2013, cuyo objeto consistió en la “reconstrucción y ampliación de la
Institución Educativa Flowers Hill en San Andrés Isla” 5 , por un valor de
$7.206’993.998 y un término de 12 meses que culminaría el 27 de febrero de 2015;
sin embargo, en virtud de varias prórrogas y suspensiones, el plazo se amplió hasta
el 25 de mayo de 2017.
5.
La labor contratada se ejecutó en un 100%. En el acta No. 15 del 11 de
septiembre de 2017 de recibo final de la obra se consignó que el valor final ascendió
a $11.174’218.313 y que quedaba un saldo a favor de la unión temporal de
$1.205’940.181.
6. En virtud del saldo adeudado a la finalización de la obra, la contratista emitió
la factura No. 15 del 15 de diciembre de 2017, por el monto de $1.205’940.181, sin
que la contratante la pagara.
7.
Pese a múltiples comunicaciones que la unión temporal le envió al
departamento con el propósito de obtener el pago de la referida factura 6, éste se
abstuvo de cumplir la obligación de pago y no realizó la liquidación del contrato.
Fundamentos de derecho
8.
El departamento incumplió sus compromisos contractuales, al no pagar la
factura No. 15 del 15 de diciembre de 2017, por el monto de $1.205’940.181 y
abstenerse de liquidar el contrato No. 1190 de 2013.
9.
Conforme a lo prescrito en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, el
contratista está habilitado para solicitar la liquidación judicial del contrato y el
reconocimiento de los saldos debidos.
Contestación de la demanda
10.
El departamento se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
fundamento arguyó que el contrato No. 1190 de 2013 y el adicional del 14 de marzo
de 2017 fueron el resultado de un acuerdo ejecutado desde 2011, con la finalidad
de cometer delitos contra la administración pública.
4 Folio 8 del cuaderno 1.
5 Folio 2 del cuaderno 1.
6 Referenció los escritos del 7 y del 26 de febrero de 2019.
3
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
11. El señor Fernando León Diez Cardona, integrante de la unión temporal, se
acogió al principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, tras dar
cuenta de la comisión de hechos delictivos relacionados con la celebración del
negocio jurídico en el que se fundan las pretensiones de la demanda. Asimismo, el
ex gobernador del departamento, Ronald Housni Jaller y la Fiscalía General de la
Nación celebraron un preacuerdo relativo a la celebración del contrato.
12. El departamento resultó afectado por más de $12.000’000.000 por la
celebración irregular de contratos, entre ellos, el 1190 de 2013, razón suficiente
para abstenerse de pagar la factura No. 15 que le fue presentada; circunstancia de
la que dan cuenta los siguientes procesos penales: (i) 63001600887720180009, (ii)
110016000102201900153, (iii) 110016000102018003500, y (iv)
110016000102201700348.
13. Formuló los medios exceptivos de buena fe, toda vez que “las autoridades
encargadas de emitir los actos administrativos demandados han obrado bajo [ese]
principio” 7 e improcedencia de la liquidación del contrato por ser un objeto ilícito,
por cuanto a la entidad no le corresponde liquidar un contrato que se originó en el
actuar delictivo.
Alegatos en primera instancia
14.
Surtido el debate probatorio 8 , en el término para alegar de conclusión, la
demandante señaló que el contrato No. 1190 de 2013 no adolece de vicio. Agregó
que la demandada no probó los argumentos de su defensa.
15.
El departamento y el Ministerio Público guardaron silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
16.
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
declaró la nulidad absoluta del contrato No. 1190 de 2013, por causa ilícita y
desviación de poder.
17. Para tomar su decisión se fundó en la evidencia que ofrece el preacuerdo
del 22 de mayo de 2019, suscrito entre el ex gobernador del departamento y la
Fiscalía General de la Nación, que da cuenta de que en su adjudicación y
celebración mediaron intereses diversos al propósito de la contratación estatal.
18.
Negó las restituciones mutuas, con fundamento en que no se acreditó que
la entidad se hubiere beneficiado de la ejecución del contrato, en la medida que no
7 Folio 269 del cuaderno 2.
8 En la audiencia inicial del 27 de noviembre de 2019, el Tribunal incorporó como pruebas los medios
documentales aportados con la demanda -folios 14 a 199 del cuaderno 1 y 200 a 248 del cuaderno 2- y en la
contestación de ésta –folios 275 a 319 del cuaderno 2-; asimismo y dado que las partes no solicitaron la práctica
de pruebas adicionales, en esa misma diligencia, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para rendir concepto, esta decisión quedó notificada en estrados (folios 340 a 352 del
cuaderno 2).
4
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
se aportaron pruebas que demostraran el alcance del trabajo realizado, pues el acta
de recibo No. 15 de 2017 se limita a referir las actividades que se ejecutaron en la
institución educativa, sin acreditar el monto de las prestaciones ejecutadas.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
19.
La demandante impugnó el fallo de primer grado, con el fin de que sea
revocado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Como sustento de su
inconformidad expresó lo que la Sala se permite resumir a continuación.
20.
El a quo erró al declarar la nulidad del contrato por causa ilícita, toda vez que
el preacuerdo referido por el departamento no podía ser tomado como el insumo
para dicha determinación, en tanto que en el acápite de pruebas de la contestación
de la demanda no se solicitó expresamente que ese documento se tuviera como
medio demostrativo.
21.
Al justificar la declaratoria de nulidad absoluta, el Tribunal señaló que se
configuró un concurso heterogéneo de los tipos penales de peculado por
apropiación, cohecho propio e interés ilícito en la celebración de contratos, pese a
que en el preacuerdo se hizo una variación en la calificación jurídica, en el sentido
de solo imputar al procesado el delito de cohecho propio, razón por la cual no es
cierto que el ex gobernador sea responsable de todos esos punibles.
22. El preacuerdo suscrito por el ex gobernador del departamento no tiene el
alcance que el a quo le otorgó, puesto que constituye un mecanismo judicial para
la terminación anticipada del proceso penal cuyos efectos solo se extienden a
quienes participan en éste, es decir, sus determinaciones no se des plegaron a los
integrantes de la UT. En todo caso, el preacuejrdo por parte del referido ex
funcionario, al implicar su renuncia al juicio oral, denota que el operador jurídico no
realizó un análisis de los hechos sometidos a controversia, puesto que no ac onteció
el debate probatorio, por lo que la decisión allí advertida no constituye plena prueba
que acredite que quienes conforman la UT participaron en la actividad delictiva que
se menciona.
23.
No se aportaron pruebas que permitan colegir que al momento de la
suscripción del contrato se hubiere actuado con abuso o desviación de poder, ni el
contenido del preacuerdo referido da lugar a presumir que la UT lo hubiere
celebrado en indebida forma ante la ex gobernadora Aury Guerrero Bowie.
24.
No es cierto que no se hubiere acreditado el beneficio recibido por la entidad
con la ejecución de la obra, en tanto el acta de recibo final del “20 de junio de 2017
(sic)” 9 sí da cuenta de que se cumplió con el objeto pactado, por cuanto el
departamento recibió a entera satisfacción la construcción encargada.
9 Folio 399 del cuaderno principal.
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Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
Trámite en segunda instancia
25.
Al alegar de conclusión en segunda instancia 10, la parte demandante insistió
en los argumentos que expuso en su alzada 11. La parte demandada se abstuvo de
pronunciarse.
26.
El Ministerio Público coincide en que el contrato de obra No. 1190 de 2013
está viciado de nulidad absoluta, por causa ilícita y desviación de poder. A su vez,
reseña que no se allegó un medio demostrativo idóneo que determine el beneficio
recibido por la entidad estatal, dado que no obran pruebas periciales, documentales
o siquiera testimoniales sobre el alcance del trabajo realizado 12.
27.
En proveído del 19 de febrero de 2024, la Sala, con fundamento en el artículo
213 del CPACA y en aras de dilucidar una serie de circunstancias que rodearon la
celebración del contrato de obra pública No. 1190 de 2013, en atención a lo
consignado en el preacuerdo suscrito el 22 de mayo de 2019 entre el señor Ronald
Housni Jaller –ex gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina– y la Fiscalía General de la Nación, aportado con la contestación de
la demanda, ordenó decretar como pruebas de oficio la sentencias del 8 de julio de
2019, radicación 00082, y del 2 de octubre de esa anualidad, radicación 00124,
proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de
Justicia, así como oficiar a dicha Corporación para que remitiera la constancia de
ejecutoria de las referidas providencias y copia de las decisiones que aprobaron los
preacuerdos que celebraron los señores Ronald Housni Jaller y Aury Guerrero
Bowie con la Fiscalía General de la Nación, que dieron lugar a que se dictaran las
sentencias dentro de las radicaciones 00082 y 00124.
28. La Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema
atendió a los requerimientos elevados por esta Sala, mediante la remisión de los
documentos solicitados, como consta en los índices 29, 30, 34 y 35 del aplicativo
SAMAI.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
29.
De conformidad con los reparos que fundamentan la alzada, la Sala
encaminará su decisión a establecer si hay lugar a confirmar la declaratoria de
nulidad absoluta del negocio jurídico respecto del cual gira la presente controversia
y si procede el reconocimiento de las restituciones mutuas. Si la determinación es
negativa, se analizarán las pretensiones formuladas en el libelo introductorio.
10 En auto del 4 de marzo de 2020, el Tribunal concedió el recurso de apelación –folio 404 del cuaderno
principal- y esta Corporación lo admitió en proveído del 5 de octubre de ese año -folio 410 del cuaderno
principal-. Luego, el 18 de mayo de 2021, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto -folio 415 del cuaderno principal-.
11 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
12 Índice 15 del aplicativo SAMAI.
6
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
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Asunto: Controversias contractuales
30. Empieza la Sala por señalar que no le asiste razón a la demandante al
afirmar que el a quo no debió valorar el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador
del departamento, Ronald Housni Jaller, y la Fiscalía General de la Nación por no
haber sido relacionado en el acápite de pruebas de la contestación de la demanda.
31.
Si bien en ese acápite no se relacionó dicho preacuerdo, lo cierto es que la
defensa de la entidad pública se sustentó en ese documento, al que hizo alusión
expresa para explicar las razones de su oposición y que adjuntó con la
contestación, con la indicación específica de que servía de base para que “ se
comprendan las circunstancias fácticas que rodearon los hechos expuestos”13.
32. Sumado a lo anterior, en la audiencia inicial el Tribunal, al resolver sobre el
decreto probatorio, dispuso: “TÉNGASE como pruebas y DÉSELE el valor
correspondiente, a los documentos aportados por las partes” 14, decisión que incluyó
el mencionado preacuerdo, dado que fue allegado oportunamente por el
departamento con la contestación de la demanda, decisión que quedó en firme en
tanto no fue recurrida.
33. Frente a los cuestionamientos del valor probatorio del preacuerdo, es
pertinente poner de presente lo siguiente:
• A través del mismo el sujeto compareciente reconoce su responsabilidad en
la comisión de uno o varios tipos penales mediando su renuncia al juicio con el fin
de que se dicte sentencia anticipada, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo
menos severo, sin que ello signifique una renuncia al poder punitivo por parte del
Estado15. Esta vía o consenso judicial para la abreviación del proceso penal recae
sobre los hechos imputados y sus consecuencias, para que el procesado se declare
culpable del delito que se le atribuye o de uno relacionado de pena menor, con el
fin de que el fiscal elimine de la acusación alguna causal de agravación, un cargo
específico o tipifique la conducta de una forma particular con el propósito de rebajar
la pena.
• La facultad discrecional que la Constitución y la ley confieren a la Fiscalía
General de la Nación para negociar y celebrar preacuerdos debe ejercerse teniendo
como propósito el cumplimiento de los fines para los cuales el legislador previó ese
mecanismo de justicia consensuada 16 y el respeto de los derechos fundamentales
tanto del procesado, como de las víctimas; por ello, el preacuerdo no puede
soportarse únicamente en las manifestaciones de las partes, sino que debe estar
respaldado en los elementos de prueba o evidencias que den cuenta de los hechos
jurídicamente relevantes que lo sustentan 17.
13 Folios 268 y 269 del cuaderno 1.
14 Folio 351 del cuaderno 2.
15 Sentencia SU-479 de 2019 de la Corte Constitucional.
16 Código de Procedimiento Penal: “ARTÍCULO 348. FINALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar
la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios
ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el
imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso”.
17 Ídem.
7
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
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Asunto: Controversias contractuales
• En línea con lo anterior, los reconocimientos que hace el procesado 18 no
carecen de respaldo probatorio en relación con los hechos relevantes del caso, así
no se surta la contradicción que es propia de la etapa de juicio 19. La celebración de
un preacuerdo no supone que la Fiscalía se desprenda del ejercicio de su función
constitucional de adelantar el ejercicio de la acción penal y de investigar los hechos
que revisten las características de un delito (art. 250, Constitucional, modificado por
el art. 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002). De conformidad con lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal “… los
preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá
comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de
prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.
En ese mismo sentido, el inciso 1º del artículo 350 ídem señala que cuando la
Fiscalía y el imputado llegan a un acuerdo sobre los términos de la imputación “ el
fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación”, por lo
que se ha entendido que las premisas del escrito de acusación son también
aplicables al preacuerdo 20 que, supone, entre otras cosas, que se cuente con el
material demostrativo suficiente para acusar al imputado ante el juez.
34.
En estas condiciones, aun cuando es cierto que el preacuerdo que celebró
el señor Ronald Housni Jaller con la Fiscalía General de la Nación no supone que
se haya surtido la fase de contradicción de las pruebas que soportaban la existencia
de las conductas por cuya comisión aceptó responsabilidad, ello no significa que
los hechos relevantes en los que se basó carezcan de mérito probatorio, de manera
que el contenido de tal documento ofrece serias razones para considerar que en la
celebración del contrato No. 1190 de 2013 y sus adicionales se presentaron
circunstancias contrarias a la legalidad con proyección sobre su validez.
35.
En el preacuerdo del 22 de mayo de 2019, celebrado entre el señor Ronald
Housni Jaller –ex gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina– y la Fiscalía General de la Nación, el primero de los referidos
aceptó la comisión de múltiples punibles durante el ejercicio del mencionado cargo
de elección popular. En el documento se puso de presente que el objeto de dicha
negociación versó respecto de cinco procesos penales que estaban en curso,
divididos en cinco hechos jurídicamente relevantes, en donde el referido ex servidor
público actuó como sujeto activo y el departamento como sujeto pasivo, por
circunstancias ocurridas desde el primer semestre de 2015 y hasta el primer
18 Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19 “En los casos de aceptación temprana de la responsabilidad, si bien, como lo prevé el artículo 327, ibídem,
no podrá comprometerse la presunción de inocencia del procesado, la carga probatoria del Estado se morigera,
precisamente a fin de no obstaculizar esas formas de terminación anticipada de la actuación, por la voluntad
libre, consciente y suficientemente informada del procesado, al señalarse que solo procederán “si hay un
mínimo de prueba que permita inferir la autoría y participación en la conducta y su tipicidad”. Luego, se reitera,
es completamente equivocada la pretensión del demandante acerca de la necesidad de un debate o
contradicción en juicio relacionado con la suficiencia de los elementos materiales probatorios, evidencia física
o información legalmente recolectada, en los que soporta la Fiscalía la imputación o la acusación”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 15 de noviembre de 2018, AP4947-2019, M.P.
Fernando Alberto Castro Caballero.
20 Sentencia SU-479 de 2019
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Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
semestre de 2017. Lo tocante al contrato que dio origen al sub examine, fue incluido
en el hecho uno (1) de la negociación, respecto del cual se consignó lo siguiente21:
“CONCIERTO PARA DELINQUIR
En el Archipiélago de SAN ANDRES, PROVIDENCIA y SANTA CATALINA, por
lo menos desde el año 2011 los señores AURY SOCORRO GUERRERO
BOWIE, JACK HOUSNI JALLER, HERNÁN MORENO PÉREZ además de
otros ciudadanos que se fueron sumando, entre ellos, FERNANDO LEÓN DÍEZ
CARDONA, CÉSAR AUGUSTO JAMES BRYAN, ÁNGEL JOSÉ ANGARITA,
MAURICIO RODRÍGUEZ COTUA, MAURICIO BOTERO, JUAN CARLOS
RESTREPO ÁNGEL y desde el año 2015 RONALD HOUSNI JALLER, se
concertaron con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la
administración pública.
En el año 2015, HERNÁN MORENO PÉREZ, en compañía de FERNANDO
LEÓN DÍEZ y MAURICIO BOTERO, y con la finalidad de mantener la forma en
la que se venía contratando, es decir con el compromiso que una vez el
Gobernador, HOUSNI JALLER les adjudicaría contratos a través de los cuales
los miembros de la organización pudieran recibir el dinero de la Gobernación.
En virtud de este acuerdo, en el segundo semestre de 2015, los contratistas
entregaron a RONALD HOUSNI JALLER mil doscientos millones de pesos
($1.200.000.00 (sic)) destinados a los gastos de su campaña, quien los recibió
con el compromiso de continuar entregándoles contratos en lo que además de
recuperar la inversión en la campaña, permitirían que el gobernador y su
hermano JACK HOUSNI continuaran recibiendo, el diez por ciento del valor de
los contratos que pudieran acordar.
(…)
1.2. ADICIONES A CONTRATOS YA EXISTENTES
En desarrollo del acuerdo con los contratistas y el Representante a la Cámara
JACK HOUSNI, que venía desde la gobernación anterior. El señor RONALD
HOUSNI adicionó, (sic) los contratos de obra que se habían adjudicado por su
antecesora AURY GUERRERO BOWIE, a miembros de la organización
criminal, adiciones en las que tenía interés, en cuanto a estas le permitían
cumplir con los acuerdos de quienes habían apoyado su campaña y la de su
hermano, adiciones que ocurrieron de la siguiente manera (en total relacionan
la adición de 5 contratos, se destaca sólo el que interesa a este proceso):
No CONTRATO OBJETO FECHA DE LA VALOR DE LA VALOR DE LO
CONTRATO ADICIÓN ADICIÓN ACORDADO
1 DE OBRA Reconstrucción Después de que Novecientos Noventa y seis
1190 del y ampliación en junio y sesenta y siete millones
16/DIC/2013 de la noviembre de millones setecientos
COLEGIO Institución 2016 adicionara doscientos veintidós mil
FLOWERS Educativa plazos para la veinticuatro mil cuatrocientos
HILL FLOWERS ejecución del trescientos treinta y un mil
HILL contrato, el 14 quince pesos pesos
BILINGUAL de marzo de con veinte ($96.722.431.o
SCHOOL en 2017 autorizó centavos o)
San Andrés una adición en ($967’224.315
Islas valor y plazo .20)
21 Folios 277 y 278 del cuaderno 2.
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Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
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Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
36. El contenido del preacuerdo, acompañado del material probatorio recaudado
por la Fiscalía hasta ese momento –y que, se anticipa, fue luego constado en sede
de sentencia anticipada– menciona que desde antes de que el señor Ronald Housni
Jaller tomara posesión del cargo como gobernador, ya se habían fraguado ilícitos
en la celebración de contratos, entre ellos, el No. 1190 de 2013, los cuales se
siguieron perpetuando con posterioridad a que el mencionado señor asumiera esa
condición.
37.
Al celebrar el preacuerdo, el señor Ronald Housni Jaller aceptó su
responsabilidad en la comisión de las conductas ilícitas relatadas en ese
documento en torno a la celebración de la adición del 14 de marzo de 2017 al
contrato No. 1190 de 2013, conductas que fueron tipificadas por la Fiscalía General
de la Nación bajo los tipos penales de concierto para delinquir agravado e interés
indebido en la celebración de contratos 22. Sobre la base de tal reconocimiento, en
el preacuerdo se concertó la rebaja de la pena privativa de la libertad –la cual se
calculó, en atención al delito más grave por monto y naturaleza de la sanción–, más
el reintegro del incremento patrimonial de que trata el artículo 349 de la Ley 906 de
200423, por el monto de $5.077’239.894 24.
38. La gravedad de los hechos de los que da cuenta el preacuerdo y el posible
compromiso que representaron para el patrimonio público, impusieron a la Sala la
necesidad de ratificar tales circunstancias y, de cara a ello, las resultas del proceso
penal que se adelantó en contra del señor Ronald Housni Jaller por ellos, así como
las del proceso penal que por esos mismos supuestos se siguió en contra de la
señora Aury Guerrero Bowie, mencionada en el preacuerdo del 22 de mayo de
2019, pruebas que condujeron a confirmar con toda contundencia lo que ya había
sido advertido por el Tribunal 25.
39.
En este punto, es pertinente mencionar que el preacuerdo que celebra el
procesado con la Fiscalía pasa por la aprobación o convalidación del juez, quien, si
bien no efectúa un control pleno e ilimitado sobre aquél, sí debe verificar que no
desconozca o trasgreda límites constitucionales y legales ni las garantías
fundamentales de las partes intervinientes. En este ejercicio debe examinar, entre
otras cosas, que los hechos en los que se sustente la negociación tengan respaldo
en elementos materiales probatorios, evidencia e información recopilada por el ente
acusador 26.
40.
Avalado el acuerdo en esos términos, el juez dicta sentencia anticipada,
escenario en el que, aunque no se trata de un juicio igual al que acontece cuando
22 Folios 308 y 309 del cuaderno 2.
23 “ARTÍCULO 349. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido
incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre,
por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del
remanente”.
24 Folio 316 del cuaderno 2.
25 Como se reseñó en el numeral 26 de esta providencia.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-479 de 2019. En el mismo sentido se puede consultar: Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 26 de septiembre de 2018, SP4191-2018, M.P. Luis Antonio
Hernández Barbosa.
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el fallo se emite en desarrollo de la etapa de juicio oral, puede emitir un fallo
condenatorio basado en el respaldo demostrativo suficiente que lo soporte.
41.
Al examinar el contenido de la sentencia del 8 de julio del 2019 –radicación
00082– proferida por la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de
Justicia, por medio de la cual se condenó a la ex gobernadora del departamento
Aury Guerrero Bowie 27, como autora responsable de los delitos de concierto para
delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho
propio, se observa que esa decisión se adoptó con fundamento en los siguientes
supuestos fácticos, respecto de los cuales la acusada aceptó los cargos en un
preacuerdo:
(i) A partir de 2011 concertó con algunos contratistas, incluidos Hernán Moreno
Pérez y Fernando León Díez Cardona –este último integrante de la UT I.E. Flowers
Hill con una participación mayoritaria del 90% 28– recibir apoyo económico para su
campaña electoral por parte de éstos, a cambio de adjudicarles contratos y éstos a
su vez retornarle como contraprestación el 10% del valor de cada contrato
adjudicado, a través del Secretario de Gobierno de la entidad;
(ii) En desarrollo de tal acuerdo, la procesada adjudicó nueve (9) contratos a los
referidos contratistas y a personas naturales o jurídicas designadas por éstos con
violación de los requisitos legales esenciales; y,
(iii) Recibió pagos por la adjudicación de ocho (8) de los referidos contratos, a través
de sociedades como Furel S.A. y Constructora Díez Cardona S.A.S.
42.
Los contratos adjudicados indebidamente fueron, entre otros (se destacan
los que interesan a este proceso) 29:
CONTRATO OBJETO
1 1190 del 6 de Reconstrucción y ampliación de la Institución Educativa
diciembre de 2013, así Flowers Hill
como el contrato
adicional del 22 de
septiembre de 2015,
por el monto de
$3.000’0000.000
2 1217 del 23 de Interventoría de las obras contratadas respecto del Instituto
diciembre de 2013 Bolivariano y la Institución Educativa Flowers Hill
43.
Al analizar la negociación realizada y los elementos probatorios aportados
como soporte de ésta, la Corte concluyó (se transcribe in extenso dada su relación
con la controversia que se decide):
27 Incorporada al proceso en virtud de lo dispuesto en el auto del 19 de febrero de 2024, visible en el índice 29
del aplicativo SAMAI. Esta providencia, en los términos de la constancia emitida por la Secretaría de la Sala
Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, cobró ejecutoria el 9 de julio de 2019 -índice
35 del aplicativo SAMAI-.
28 Folio 13, c. 1.
29 Folios 4 a 10 de la sentencia del 8 de julio de 2019, radicación 00082, proferida por la Sala Especial de
Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.
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“En suma, no tiene duda la Sala que de los elementos probatorios ponderados
emerge, más allá de toda duda, la materialidad del delito de concierto para
delinquir agravado que se concretó mediante la creación de un complejo
entramado criminal organizado y promovido por AURY GUERRERO BOWIE,
para la manipulación y direccionamiento ilícito de los procesos contractuales y
la adjudicación de los mismos en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina Islas, que comenzó incluso desde cuando era
candidata a la Gobernación y se prolongó durante la administración de ésta.
(…)
Ahora bien, en cuanto al estándar mínimo probatorio necesario para condenar
por esta conducta [interés indebido en la celebración de contratos], además de
la relación de contratos suscritos entre la Gobernación de San Andrés y los
contratistas que financiaron la campaña de la ex-Gobernadora, fruto del
acuerdo de marras orientado a apoderarse de la contratación del Archipiélago,
respaldan el conocimiento del delito y de la responsabilidad de la enjuiciada,
más allá de toda duda, los testimonios de DÍEZ CARDONA y JAMES BRYAN,
cuya credibilidad como se ha venido anotando no admite discusión.
(…)
Prueba de que los pliegos de condiciones eran acomodados a los intereses y
necesidades de los contratistas para satisfacer los requisitos y darles
apariencia de legalidad y objetividad en su selección, cuando en realidad en
ningún de los casos se respetaron los principios de transparencia y de
selección objetiva, lo constituyen las siguientes afirmaciones …
(…)
Todas estas circunstancias que dan cuenta de la violación de los principios de
transparencia y objetividad en los procesos contractuales a que hace referencia
esta causa, con el fin exclusivo de favorecer a quienes fueron escogidos
irregularmente y a la procesada misma, ya que recibieron por ello, el valor
equivalente al 10% del monto de cada contrato fueron corroboradas en gran
medida por las declaraciones rendidas por JAMES BRYAN”30.
44. La sentencia proferida en el marco del proceso penal seguido contra la ex
gobernadora Guerrero Bowie otorga a esta Sala plena convicción de que la
celebración de contrato No. 1190 de 2013 y su adicional del 22 de septiembre de
2015 tuvo origen en un actuar delictivo, que tornó en patente el propósito de
favorecer los intereses de los sujetos que patrocinaron su elección, quienes
pasaron luego a ser contratistas del departamento, así como el incremento ilícito
de su propio peculio, con la adjudicación indebida de contratos a favor de aquéllos,
por medio de la manipulación y direccionamiento ilícito de los procesos
contractuales.
45.
En la sentencia del 2 de octubre de 2019 –radicación 00124– la Corte
Suprema de Justicia 31 , en virtud de la aprobación del preacuerdo que celebró
Ronald Housni Jaller, lo condenó como “autor responsable de un delito de concierto
30 Folios 37 a 46 de la sentencia del 8 de julio de 2019, radicación 00082, proferida por la Sala Especial de
Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.
31 Incorporada al plenario en virtud del auto del 19 de febrero de 2024, obrante en el índice 30 d el aplicativo
SAMAI. Esta providencia quedó en firme el 2 de octubre de 2019, según constancia emitida por la Secretaría
de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia -índice 34 del aplicativo SAMAI-.
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para delinquir agravado, coautor de 17 delitos de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, coautor de 9 delitos de
cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo, coautor de 3 delitos de
peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y sucesivo y coautor
de 2 delitos de peculado por apropiación, en concurso homogéneo .90.75) MESES
DE PRISIÓN; multa de MIL DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.002’534.452) por los
delitos de peculado por apropiación más el equivalente a MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PUNTO DIECISÉIS (1.733,16) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES por los punibles de cohecho y contratos sin cumplimiento
de requisitos legales esenciales; inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por un lapso de NOVENTA PUNTO SETENTA Y CINCO (90.75)
MESES; y a la pena de INHABILITACIÓN INTEMPORAL para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de acuerdo con el inciso 5 del artículo 122 de la
Carta Política, y multa conforme con lo dispuesto en los artículos 44 y 51 del Código
Penal”.
46. En la providencia, al estudiar lo convenido respecto del hecho uno de dicha
negociación –en el que se trató el contrato No. 1190 de 2013, más precisamente la
adición No. 4–, la Corte Suprema de Justicia indicó (se transcribe in extenso dada
su relevancia en el sub lite):
“En suma, no tiene duda la Sala que de los elementos probatorios ponderados
emerge, más allá de toda duda, la materialidad del delito de concierto para
delinquir agravado que se concretó mediante la creación de un complejo
entramado criminal del que era cabeza RONALD HOUSNI JALLER, para la
manipulación y direccionamiento ilícito de los procesos contractuales y la
adjudicación de los mismos en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina Islas, que comenzó incluso cuando era candidato
a la Gobernación y se prolongó mientras ejerció su cargo, todo con el propósito
de reembolsar el dinero a los financiadores de su campaña a la gobernación y
en otros casos beneficiarse de recibir a cambio dinero.
(…)
Ahora bien, en cuanto a la certeza para condenar por esta conducta, además
de la verificación material de la realización de los contratos adicionales
suscritos entre la Gobernación de San Andrés y los contratistas que financiaron
la campaña del exgobernador, fruto del acuerdo de marras orientado a
apoderarse de la contratación del Archipiélago, que obra en el proceso,
respaldan el conocimiento del delito y la responsabilidad del enjuiciado, las
aseveraciones de Fernando León Díez Cardona y César Augusto James Bryan
cuya credibilidad no puede ser puesta en tela de discusión.
(…)
Lo narrado demuestra sin hesitación que durante su ejercicio como gobernador
de San Andrés, el procesado manejó la contratación del Departamento, en
especial estas seis adiciones con evidente vulneración de los principios, valores
y normas que regulan la contratación oficial.
(…)”.
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47. Las referidas providencias condenatorias confirman la veracidad y el
respaldo probatorio con el que contaban los preacuerdos que suscribieron los
señores Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaller, en la medida que fueron
dictadas por el juez encargado de proferir la sentencia, al cual le correspondía
verificar la existencia del delito y de la responsabilidad del acusado, más allá de
toda duda razonable. Tal como lo plasmó la Corte, al sostener que “para lograr este
estado de conocimiento no basta la simple manifestación de aceptación de
responsabilidad, es menester, además, que ésta tenga apoyo en los elementos
materiales probatorios y evidencia física que la respalde, con miras a desvirtuar la
presunción de inocencia” 32.
48.
Se destaca que las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo
que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora Aury Guerrero Bowie como el
señor Ronald Housni Jaller, al celebrar el contrato No. 1190 de 2013 y sus
adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la
contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
49. En ese sentido, las referidas sentencias permiten ratificar con toda
contundencia que la celebración de contrato No. 1190 de 2013 y sus adicionales
tuvieron origen en la comisión de las conductas punibles que sustentaron las
condenas que en ellas se profirieron.
50.
Ahora, es cierto que el contenido del acuerdo celebrado entre los
mencionados ex – gobernadores y la Fiscalía General de la Nación, así como las
sentencias que con base en ellos se profirieron sólo dan cuenta de su
responsabilidad penal, no así de la de los integrantes de la UT en la comisión de
un delito; sin embargo, debe distinguirse que el análisis que acá se aborda no versa
en torno a un reproche de carácter punitivo respecto de aquéllos, sino que de lo
que se trata es de determinar si el motivo que condujo a la celebración del contrato
y sus adicionales fue contrario a la ley y si, por tanto, se encuentran viciados de
nulidad por causa ilícita (art. 1743, Código Civil) y desviación o abuso de poder (art.
44, núm. 3, Ley 80 de 1993), de lo cual dan cuenta, con suficiencia, el análisis de
las sentencias condenatorias y de los preacuerdos, en la medida que ponen en
evidencia que la suscripción de dichos negocios jurídicos no obedeció al fin que
corresponde a la contratación estatal, sino que a través suyo lo que se pretendió
fue cumplir un pacto contrario a la ley que se había concertado con el objeto de que
quienes entonces fungían como gobernadores, pudieran devolver los recursos que
recibieron para su campañas electorales con los dineros públicos de la
contratación, de los cuales se beneficiarían al recibir un 10% de aquéllos.
51.
Así, aun cuando tales preacuerdos y sentencias no dan cuenta de la
responsabilidad penal de los integrantes de la UT, ello no desdice de que tales
pruebas sean suficientes para establecer que quienes los suscribieron como
representantes del departamento lo hicieron con un interés indebido que no se
32 Folio 65 de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 2 de octubre de 2019,
radicación 000124.
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ajusta a los fines que persigue la contratación estatal, esto es, la satisfacción del
interés general.
52.
La parte demandante señaló en su alzada que la imputación del señor
Housni Jaller solo se produjo por el delito de cohecho propio y no respecto de otros
punibles, por lo que, a su juicio, las consideraciones del a quo carecen de veracidad.
53. Al respecto, ha de precisarse que lo que da lugar a que se tenga por
configurado el vicio de nulidad de los negocios jurídicos no es el tipo penal en el
que se haya encuadrado la conducta del mencionado señor –lo que es tarea del
juez penal de cara a un juicio de responsabilidad de esa naturaleza–, sino la
conducta en sí misma que, para lo que interesa a este juicio, pone en evidencia que
estuvo dirigida a favorecer intereses particulares ajenos a los de la contratación
estatal y, por tanto, opuestos a la legalidad, lo que encuadra en los vicios de causa
ilícita y desviación de poder, como concluyó el Tribunal.
54. Con todo, ha de resaltarse que la tipificación de la conducta del ex
gobernador en el delito de cohecho propio, da cuenta de que actuó para favorecer
intereses diferentes a los que le imponía la ley como representante del
departamento en el marco de la celebración de los contratos de la entidad, en tanto,
según el artículo 407 del Código Penal, esa conducta punible corresponde al
servidor público “que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto
propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales …”
55. En línea con lo anterior, cabe mencionar que el vicio de nulidad que se
encuentra configurado parte del hecho de que las conductas configuradoras de los
ilícitos penales por los cuales fueron condenados los ex gobernadores del
departamento consistieron en su participación y liderazgo en un entramado criminal
elaborado con el objetivo de recibir apoyo económico por parte de particulares para
su campaña política, a cambio de que cuando ocuparan el cargo de gobernadores
y, por tanto, representantes legales de la entidad territorial y directores de su
actividad contractual (art. 26, núm. 5, Ley 80 de 1993 33), pudieran manipular la
contratación para beneficiarlos, mediante la adjudicación de negocios jurídicos y la
adición de contratos vigentes, con la contraprestación adicional a su favor de un
monto equivalente al diez por ciento (10%) de cada contrato otorgado o adicionado,
circunstancias que, como lo reseñó el juez penal, tornaron patente la creación de
una organización para el acuerdo de comisión de delitos contra la administración
pública, con el objetivo, entre otros, de incrementar el patrimonio de sus
participantes y que demostraron que la suscripción del contrato y sus adiciones
ocurrió por motivos ajenos a la necesidad o al interés general.
33 Esta norma establece que: “la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los
procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas
o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los
organismos de control y vigilancia de la misma”.
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56. En este escenario y en el entendido de que las pruebas que obran en este
proceso permiten establecer con suficiencia y claridad la finalidad y las conductas
que desplegaron los ciudadanos condenados en su calidad de gobernadores del
departamento –y, por tanto, representantes de la entidad territorial– en torno a la
celebración del contrato No. 1190 de 2013 y sus adicionales, al punto que fueron
condenados penalmente por ello, la Sala debe confirmar su nulidad absoluta.
57. Antes de finalizar esta parte del análisis, la Sala estima pertinente señalar
que las pruebas que obra en el proceso no solo permiten constatar que en la
celebración del contrato No. 1190 de 2013 se configuraron las causales de nulidad
de causa ilícita 34 y desviación de poder 35 a las que aludió el Tribual36, sino también
la de objeto ilícito, por cuanto se demostró que la entonces gobernadora –Aury
Guerrero Bowie– dio trámite a la adjudicación y posterior celebración de ese
negocio jurídico sin observar los requisitos legales esenciales contemplados en la
normativa aplicable, al manipular los procedimientos de selección para favorecer
con la adjudicación, no al mejor proponente como imperativamente lo señala la ley,
sino a quienes la apoyaron económicamente durante su campaña política 37, todo
ello como parte de un actuar deliberado de quien, en lugar de atender los mandatos
de probidad, rectitud y transparencia en la actividad contractual del Estado, exhibió
una conducta reprochable, que hizo parte de una multiplicidad de actos de
corrupción.
Las restituciones mutuas
58. El a quo negó el reconocimiento de restituciones mutuas. Como sustento
expresó que no se acreditó un beneficio a favor de la entidad con la ejecución del
contrato. A su turno, la unión temporal sostuvo que el acta de recibo final de la obra
da cuenta del cumplimiento del objeto pactado y, por ende, del beneficio recibido
por el departamento, a través de la construcción de la institución educativa.
34 De conformidad con el artículo 1534 del Código Civil, hay causa ilícita cuando el motivo que induce a la
celebración del contrato es prohibido por la ley o es contrario a las buenas costumbres o al orden público.
35 Causal de nulidad que en materia contractual se configura cuando la función administrativa asociada a la
actividad contractual de Estado se ejerce con el propósito de favorecer a un tercero, o al propio servidor que la
ostenta, dejando de lado el fin legítimo que persigue la ley con el ejercicio de tal competencia. Al respecto, se
pueden consultar, entre otras, la sentencia del 22 de marzo de 2007, proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación, Exp. 28010.
36 Se concretó el vicio de causa ilícita respecto de la celebración del contrato y sus adiciones, comoquiera que
fue evidente que el motivo o fin que se buscó alcanzar con dichos acuerdos fue contrario al orden público, pues,
lejos de satisfacer el interés general, lo que se buscó fue privilegiar un interés particular abiertamente ilegítimo
e ilegal, lo que conduce también a establecer la causal de desviación de poder, pues es claro en estas
condiciones que la función administrativa que recaía en los ex servidores públicos de cara a la contratación del
departamento tenía por objeto satisfacer las necesidades públicas; sin embargo, se ejerció para favorecer
intereses ajenos a ello.
37 Recuérdese que de, conformidad con lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil, hay objeto ilícito en
todo lo que contraviene el derecho público de la Nación. Esta Corporación ha sido enfática en señalar que las
normas que rigen la selección de los contratistas integran el orden público de la Nación, en la medida que están
diseñadas para lograr el cumplimiento de los fines de la contratación pública, que incluyen “la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados”
—artículo 3º de la Ley 80 de 1993—, es decir, son normas de perentoria y obligatoria observancia que no
pueden ser objeto de inaplicación ni disposición por pacto de los contratantes.
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Asunto: Controversias contractuales
59. La nulidad absoluta de un acuerdo negocial, además de hacerlo desaparecer
del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en
que se encontraban antes de la expedición del acto o contrato declarado nulo y, por
lo mismo, cada una de las partes está en el deber de devolver a la otra aquello que
ha recibido como prestación durante la vigencia del acto contractual, tal como lo
dispone el artículo 1746 del C.C.
60.
El artículo 48 de la Ley 80 de 1993 ordena el reconocimiento y pago de las
prestaciones derivadas de un contrato estatal nulo aún por objeto o causa ilícita,
“cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el
monto del beneficio que ésta hubiere obtenido”.
61. En este orden de ideas, la declaración de nulidad no impide el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, haciendo especial énfasis
que en los casos de nulidad por objeto o causa ilícita solo será procedente cuando
se pruebe un beneficio para la entidad contratante. De modo que, si el interés
público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a algún
reconocimiento o pago.
62. La Sala estima pertinente precisar que el beneficio al que se refiere el citado
artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no supone el reconocimiento de una utilidad a favor
del contratista, esencialmente, por dos razones, una porque la utilidad parte de la
existencia y validez de la fuente que la habría de generar. Como la nulidad supone
retrotraer las cosas al estado anterior al momento de la celebración del contrato, no
podría sostenerse que al hacerse el ejercicio de las restituciones mutuas deba
incluirse en ellas la utilidad que se habría podido derivar de la ejecución misma del
contrato, en la medida que éste ha sido retirado del ordenamiento jurídico; la otra,
porque, aun si se pasara por alto lo anterior, si se constatara que el contratista ha
obrado a sabiendas de la ilicitud 38, reconocer ese concepto supondría validar y
amparar jurídicamente una conducta que es contraria a los postulados del principio
de buena fe, según el cual, nadie puede sacar provecho de su propio dolo o culpa.
63.
Si bien obran en el expediente el acta de recibo final de obra No. 015 del 11
de septiembre de 2017 39, suscrita tanto por el representante de la UT como por el
de la interventoría y el Secretario de Infraestructura del departamento, donde se
plasmó que el valor total del contrato ascendió a $11.174’218.313,20 y que
quedaba un saldo insoluto a favor de la contratista por valor de $1.205’940.181,20,
así como el anexo del mismo nombre en el que se describen los ítems, cantidades
y valores que se habrían ejecutado en el marco del contrato y sus adicionales 40, lo
cierto es que dadas las graves y especiales circunstancias que rodearon la
celebración de los negocios jurídicos, esos documentos no denotan la suficiencia y
38 Sobre la aplicación de los artículos 48 de la Ley 80 de 1993 y 1525 del Código Civil se pueden consultar,
entre otras, sentencia del 31 de marzo de 2023, Exp. 58623, proferida por Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación.
39 Folio 92 del cuaderno 1.
40 Folios 56 a 78 del cuaderno 1.
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certeza requerida para evidenciar el provecho que la entidad pública habría
obtenido por su ejecución.
64.
No se desconoce que en dicha acta del 11 de septiembre de 2017 se plasmó
la recepción de las obras y un valor pendiente por pagar; sin embargo, estos
documentos no confieren la suficiencia probatoria requerida para acreditar el
beneficio recibido. Las pruebas que obran en el plenario evidencian con toda
claridad que tanto el contrato como sus adicionales se celebraron para dar
cumplimiento a un acuerdo ilegal que buscaba que quienes aportaron recursos a la
campaña electoral de los ex gobernadores recuperaran tal erogación y, además,
que los ex servidores públicos incrementaran ilegalmente su patrimonio al recibir el
10% del valor de tales negocios jurídicos, es decir, lo que reflejan tales convenios
delictivos es que parte de los recursos fue destinado a fines extraños a la
consecución del interés general, sin que sea posible establecer en qué porcentaje
de ellos su ejecución habría favorecido verdaderamente a la entidad pública. Dicho
de otra manera, la evidencia indica que los recursos destinados a las obras se
desviaron, de manera que no hay certeza del monto de recursos que
verdaderamente habrían financiado las obras, quedando en entredicho la real y
cabal ejecución de estas.
65.
Pese a que el entramado criminal que halló acreditado la justicia penal da
cuenta de que no todos los recursos serían invertidos en el objeto pactado –al punto
de que el ex gobernador, como parte del preacuerdo se comprometió a devolver al
erario público $5.077’239.894–, las actas, de manera contraevidente, reflejan un
escenario diferente, lo que genera serias dudas respecto de la veracidad y precisión
de su contenido e impide que se tomen como prueba suficiente del beneficio que
habría recibido la entidad por concepto del desarrollo de esos negocios jurídicos,
en la medida que no existe ninguna otra prueba en el plenario que conduzca a
corroborar lo consignado en esos documentos.
66.
A lo anterior se añade que la adjudicación del contrato de interventoría que
vigilaría la ejecución del contrato de obra No. 1190 de 2013 se realizó a favor del
consorcio Educativo 2013 –contrato 1217 del 23 de diciembre de 2013–, negocio
jurídico que también estuvo comprometido en la comisión de las conductas punibles
que fueron aceptadas por la señora Guerrero Bowie y por las cuales se la condenó.
Según se lee en la sentencia –al referenciar los hechos punibles aceptados por la
procesada–, dicho contrato fue adjudicado a un consorcio cuya representante legal
era “empleada de Fernando Díez” 41, integrante de la unión temporal I.E Flowers Hill
41 “Y, respecto de este mismo cargo, haber aceptado promesa remuneratoria por la adjudicación del Contrato
de Interventoría del MEGACOLEGIO CEMED núm. 1405 de 2014.
La siguiente es la lista de contratos adjudicados por la ex-Gobernadora:
1.3.1. Contrato de Obra 1190 de 6 de diciembre de 2013. Objeto: Reconstrucción y ampliación de la
Institución Educativa Flowers Hill. Contratista: Unión Temporal I. E. Flowers Hill. Representante legal Fernando
León Díez Cardona. Valor: $7.206’993.998. Suma pagada por la Gobernación $6.426’089.9659. Valor recibido
por la acusada: $642’608.996, según lo convenido.
Contrato adicional suscrito el 22 de septiembre de 2015, entre las mismas partes y representantes legales por
$3.000’000.000.
"(...)
18
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
–con una participación del 90% y representante de aquella– figura asociativa que,
a su vez, era la contratista del contrato de obra a vigilar, por lo cual el aval otorgado
por la interventoría en tales actas tampoco resulta suficiente para superar las dudas
que se ciernen sobre el acta de recibo final y su anexo, comoquiera que lo que
indican las pruebas, es que el consorcio interventor no era un actor imparcial y
objetivo.
67. En este orden de ideas y al advertir que los medios documentales no
muestran con completa evidencia la forma en que fueron utilizados los recursos del
contrato, no existe la certeza sobre el beneficio que la entidad habría recibido con
motivo de su inversión en el objeto comprometido y, por lo mismo, tampoco del
monto del supuesto beneficio, si es que lo hubo.
68.
Al no existir prueba que demuestre con certeza el monto de los recursos que
habrían sido verdaderamente invertidos en la ejecución del contrato y sus
adicionales y tampoco de que las obras que se habrían realizado cumplieran con
las condiciones para las cuales fueron contratadas, la Sala debe colegir que, aún
si se estimara que los integrantes de la UT no obraron a sabiendas de la ilicitud, no
sería posible restituirles valor alguno, en la medida que la información que reposa
en el acta de recibo final de obra y su anexo no ofrece el grado de convicción que
se requiere para ello, por las razones ya anotadas.
Costas
69. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso,
numeral 1, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en
que, por las razones previamente expresadas, se resolverá desfavorablemente el
recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia del 3 de febrero de
2020. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte
que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
70.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
1.3.3. Contrato 1217 de 23 de diciembre de 2013. Objeto: Interventoría técnica, financiera y administrativa
de las obras físicas de reconstrucción, ampliación y mantenimiento de la Institución Educativa Instituto
Bolivariano ETAPA I y la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School. Contratista: Unión Temporal
Consorcio Educativo 2013 de la que hacía parte Opción, Diseño y Construcción. Representante Legal:
Annelayke Díaz, empleada de Fernando Díez. Valor: $711’309.400. Suma pagada por la Gobernación:
$545.325.351. Valor recibido por la acusada: $54’532.535, de acuerdo a lo pactado” (Folio 5 de la sentencia
del 8 de julio de 2019, radicación 00082, proferida por la Sala Especial de Primera instancia de la Corte
Suprema de Justicia).
19
Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
71. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán
por el Acuerdo PSAA16-10554, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda 42.
72. En este caso, la Sala advierte que condenará a la parte actora a pagar las
costas de la segunda instancia, bajo el concepto de agencias en derecho, por el
monto de tres (3) SMLMV.
73.
La Sala advierte que, si bien la UT tiene capacidad para comparecer al
proceso, lo cierto es que se trata de una figura asociativa que no constituye una
persona jurídica diferente a la de sus integrantes, por lo cual es posible concluir que
la parte actora está integrada de forma plural, en la medida que sus miembros
serían los reales beneficiarios de la eventual prosperidad de las pretensiones que
se perseguía con la demanda, por lo cual se estima que resulta aplicable lo
dispuesto en el inciso 6 del artículo 365 del Código General del Proceso que señala
que “Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto,
se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”.
74. Así las cosas y dado que las pretensiones se formularon de manera general
a favor de la UT, la condena en costas se hará en función del porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes de la figura asociativa, esto es, según
el documento de constitución 43, el 90% a cargo de Fernando León Díaz Cardona y
10% a cargo de Mauricio José Rodríguez Cotua.
IV. PARTE RESOLUTIVA
75. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, a la unión temporal IE
FLOWERS HILL, en favor del departamento archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma equivalente a 3 SMLMV,
suma que será pagada por los integrantes de la figura asociativa en función de su
42 En su artículo 5 determina que, en los procesos declarativos de segunda instancia, la tarifa de agencias en
derecho se debe fijar 1 y 6 S.M.M.L.V
43 Folio 13, c. 1
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Radicación: 88001233300020190002001 (66.102)
Demandante: Unión Temporal I.E. Flowers Hill
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Asunto: Controversias contractuales
participación, esto es, 90% a cargo de Fernando León Díaz Cardona y 10% a cargo
de Mauricio José Rodríguez Cotua.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo teniendo en
cuenta los mismos porcentajes de participación de los integrantes de la Unión
Temporal.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
(aclaración de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
21
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