Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00121-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
A derechos humanos: muerte de civiles por parte de integrantes del Ejército
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00121-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2010-00121-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01 (68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD AGRAVADA DEL ESTADO POR VIOLACIONES GRAVES
A DERECHOS HUMANOS – muerte de civiles por parte de integrantes del Ejército
Nacional a quienes se hizo pasar como delincuentes dados de baja en combate /
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS Y ARBITRARIAS – según el derecho
internacional de los derechos humanos se trata de un homicidio perpetrado por agentes
del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad /
RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - regla de excepción
contemplada en sentencia de unificación jurisprudencial, por tratarse de una grave
violación de los Derechos Humanos / MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL – operan
teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos para reconocer la
dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la
garantía de verdad, justicia, reparación y no repetición.
1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia del 20 de enero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
2. Se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia que declaró
administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación–Ministerio de
Defensa–Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de los señores Álvaro
Hernán Díaz y Julián Andrés Arroyave Utima.
3. La modificación consiste en declarar la responsabilidad agravada del
Estado por infringir los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario; se reconoce indemnización por perjuicios morales a la menor
Valentina Arroyave Utima; se incrementa esta indemnización para todos los
demandantes por tratarse de una grave violación de los derechos humanos y se
amplían las medidas de reparación integral ordenadas en primera instancia.
ANTECEDENTES
La demanda
4. El 1 de marzo de 20101, los demandantes que se relacionan a continuación,
a través de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en
1 Folios 14 a 85 c. 1.
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
contra de la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional para que se declare
su responsabilidad por la muerte de los señores Álvaro Hernán Díaz y Julián
Andrés Arroyave Utima, ocasionada por miembros de la Vigésimo Séptima
Brigada en hechos ocurridos el 13 de enero de 2008 en la vereda “El Tigre”,
municipio de Sabana de Torres, Santander.
Primer grupo familiar2 Víctima Álvaro Hernán Díaz
Querly Mindrey Utima Rodríguez Compañera permanente
Jenifer Andrea Díaz Utima Hija
Segundo grupo familiar3 Víctima Julián Andrés Arroyave Utima
Luis Orlando Arroyave Alzate Padre
Luz Adíela Utima Rodríguez Madre
Eleany Restrepo Toro Compañera permanente
Johan Andrés Arroyave Restrepo Hijo
Soraima Yulieth Arroyave Utima Hermana
Valentina Arroyave Utima Hermana
Yeny Tatiana Arroyave Utima Hermana
Jaime Alberto Arroyave Utima Hermano
Marlen Arroyave Utima Hermana
Luisa Fernanda Arroyave Utima Hermana
2 Las pretensiones indemnizatorias son:
Primer grupo familiar
Perjuicios morales, la suma de seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales para cada
una de las demandantes, Querly Mindrey Utima Rodríguez y Jenifer Andrea Díaz Utima, por la
muerte de su compañero permanente y padre.
Daño al proyecto de vida, la suma de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales para
la menor Jenifer Andrea Díaz Utima, por los graves problemas emocionales y psicológicos que
padecerá porque crecerá sin el cariño y el afecto de su padre.
Daño a la vida de relación, la suma de quinientos cincuenta (550) salarios mínimos legales
mensuales para cada una de las demandantes, Querly Mindrey Utima Rodríguez y Jenifer Andrea
Díaz Utima, porque la pérdida del señor Álvaro Hernán Díaz les limitará el ejercicio, disfrute y goce
de las actividades que desarrollaban en familia.
Perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de $9’473.338 para
la menor Jenifer Andrea Díaz Utima.
Lucro cesante futuro, la suma de $34’132.847 para la menor Jenifer Andrea Díaz Utima y la suma
de $47’096.153 para la señora Querly Mindrey Utima Rodríguez.
Pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente, la suma de $101’603.081 para la señora
Querly Mindrey Utima Rodríguez, por el estrés postraumático que le generó la muerte de su
compañero permanente y que ha impedido reemprender sus labores habituales.
3 Segundo grupo familiar
Perjuicios morales, la suma de seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales para cada
una de las demandantes, por la muerte de su hijo, hermano, compañero permanente y padre.
Daño al proyecto de vida, la suma de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales para
el menor Johan Andrés Arroyave Restrepo, por los graves problemas emocionales y psicológicos
que padecerá porque crecerá sin el cariño y el afecto de su padre.
Daño a la vida de relación, la suma de quinientos cincuenta (550) salarios mínimos legales
mensuales para cada uno de los demandantes, porque la pérdida del señor Julián Andrés Arroyave
Utima les limitará el ejercicio, disfrute y goce de las actividades que desarrollaban en familia.
Perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de $6’315.558 para
cada una de las demandantes, Luz Adíela Utima Rodríguez -madre-, Eleany Restrepo Toro -
compañera permanente- y Johan Andrés Arroyave Restrepo -hijo-.
Lucro cesante futuro, la suma de $21’021.919 para el hijo, $31’405.457 para la compañera
permanente y $28’113.185 para la madre.
Pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente, la suma de $101’603.081 para la señora
Eleany Restrepo Toro, $84’080.280 para el señor Luis Orlando Arroyave Alzate y la suma de
$92’504.596 para la señora Luz Adíela Utima Rodríguez, por el estrés postraumático que les
generó la muerte de su compañero e hijo y que les ha impedido reemprender sus labores
habituales.
2
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Jonathan Leandro Arroyave Utima Hermano
Yeisly Yassiri Arroyave Utima Hermana
Luis Felipe Arroyave Utima Hermano
Diego Armando Arroyave Utima Hermano
Didier Yadir Arroyave Utima Hermano
Hechos
5. Los señores Álvaro Hernán Díaz y Julián Andrés Arroyave Utima residían
con sus familias en el municipio de La Virginia–Risaralda. En enero de 2008, un
vecino de nombre Andrés Galvis les ofreció un trabajo consistente en acompañar
a una persona que debía llevar un carro hasta la ciudad de Medellín.
6. El 25 de enero de 2008, el Batallón Ricaurte del Ejército Nacional informó
a los familiares que aquellos murieron el 13 de enero de 2008 en medio de un
combate en la zona rural del municipio de Sabana de Torres, Santander, porque
pertenecían al Frente 50 de las FARC.
7. La muerte se produjo como consecuencia de una ejecución extrajudicial
porque no pertenecían a ningún grupo armado ilegal ni portaban armas de fuego.
Por el contrario, eran personas honestas y trabajadoras asesinadas en estado de
indefensión e inferioridad, sin que mediara algún tipo de enfrentamiento armado.
Contestación de la demanda
8. El Ejército Nacional contestó la demanda. La operación militar en la que
fallecieron los señores Díaz y Arroyave Utima fue legítima. Fueron dados de baja
en combate en el momento en el que agredieron a la tropa y junto a sus cadáveres
encontraron armas de fuego y un sargento resultó herido.
9. Se configuró la culpa exclusiva de las víctimas porque se comportaron
contrario a la ley4.
Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia del 20 de enero de 20225, el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte
resolutiva de la sentencia es la siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR responsable a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, por los daños antijurídicos
causados a los demandantes con ocasión del deceso de los señores ÁLVARO
HERNÁN DÍAZ y JULIÁN ANDRÉS ARROYAVE UTIMA, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar a los demandantes,
las siguientes sumas de dinero por concepto de DAÑO MORAL, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:
4 Folios 170 a 174 c. 1.
5 Samai: índice 02 - ED_1120ENE22SENT(.pdf) NroActua 2.
3
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Demandante Perjuicios
Luis Orlando Arroyave Alzate 100 smlmv
Luz Adíela Utima Rodríguez 100 smlmv
Eleany Restrepo Toro 100 smlmv
Johan Andrés Arroyave Restrepo 100 smlmv
Soraima Yulieth Arroyave Utima 50 smlmv
Yeny Tatiana Arroyave Utima 50 smlmv
Jaime Alberto Arroyave Utima 50 smlmv
Marlen Arroyave Utima 50 smlmv
Luisa Fernanda Arroyave Utima 50 smlmv
Jonathan Leandro Arroyave Utima 50 smlmv
Yeisly Yassiri Arroyave Utima 50 smlmv
Luis Felipe Arroyave Utima 50 smlmv
Diego Armando Arroyave Utima 50 smlmv
Didier Arroyave Utima 50 smlmv
Querly Mindrey Utima Rodríguez 100 smlmv
Jenifer Andrea Díaz Utima 100 smlmv
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar las siguientes
sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:
Nombre Lucro Cesante Lucro Cesante
Consolidado Futuro
Jenifer Andrea $121.663.284 $39.210.548,68
Díaz Utima
Querly Mindrey $121.663.284 $89.072.202
Utima Rodríguez
Johan Andrés $121.663.284 $29.573.402,56
Arroyave Restrepo
Eleany Restrepo $121.663.284 $89.118.102
Toro
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, a que dentro de los quince (15) días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique la misma en el portal
web del Ministerio de Defensa Nacional, por un lapso de tres (3) meses, y con
reserva de identidad de las partes, en los términos descritos en la parte motiva
de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de esta providencia a la Procuraduría General de la
Nación, para que en atención a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 262
de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto, según lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
SEXTO: En el evento en que esta decisión no sea apelada, requiere surtirse
el grado jurisdiccional de consulta ante el Consejo de Estado, toda vez que la
condena en concreto sobrepasa los trescientos (300) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del
C.C.A.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
SÉPTIMO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Sin condena en costas.
NOVENO: Una vez en firme esta providencia, ARCHIVAR las diligencias
previas las anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI”.
11. Se demostró que la muerte de los señores Julián Andrés Arroyave Utima y
Álvaro Hernán Díaz el 13 de enero de 2008 fue consecuencia de un aparente
enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional en desarrollo de la misión táctica
Estocolmo.
12. El daño es imputable a la demandada, toda vez que obra en el expediente
la sentencia condenatoria por preacuerdo que profirió el Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Medellín contra el señor Nolberto Serna, quien
confesó que entregó a las víctimas a las tropas del Ejército Nacional para que los
asesinaran extrajudicialmente.
13. Las piezas que integran la investigación penal permiten constatar que las
víctimas fueron inicialmente reclutadas y conducidas a la jurisdicción del municipio
de Sabana de Torres, Santander, donde posteriormente fueron asesinadas por
miembros del Ejército Nacional. Deliberadamente los soldados les dispararon y
ubicaron armamento junto a sus cadáveres para aparentar un enfrentamiento para
dar resultados operativos.
14. La teoría referente a que la baja de las víctimas se produjo en medio de un
enfrentamiento armado, en el que los militares tuvieron que reaccionar cuando
fueron previamente atacados, quedó totalmente desvirtuada con el análisis
efectuado en el curso de la investigación penal.
15. Condenó al Ejército Nacional a pagar una indemnización de perjuicios
materiales y morales, excepto para la menor Valentina Arroyave Utima porque no
acreditó ser la hermana de una de las víctimas, el señor Julián Andrés Arroyave
Utima.
Los recursos de apelación
De la entidad demandada6:
16. La muerte de los señores Álvaro Hernán Díaz y Julián Andrés Arroyave
Utima se produjo en desarrollo de una operación militar legítima con soporte de
orden operacional para combatir a los grupos armados ilegales que ejecutaban en
el sector constantes hostigamientos contra la población civil y la Fuerza Pública.
El Tribunal erró en desconocer que el enfrentamiento armado existió.
17. Los militares actuaron en legítima defensa y se configuró el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas porque actuaron al margen de
la ley y agredieron a los militares. Estos últimos reaccionaron para proteger su
vida e integridad personal.
6 Samai: índice 02 - ED_1302FEB2022DD(.pdf) NroActua 2.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
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Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
18. El juez de primera instancia no tuvo en cuenta que la responsabilidad del
Estado es independiente de la responsabilidad penal de los agentes implicados
en la comisión de un delito. No existe una decisión penal definitiva contra los
implicados y, en estas condiciones, no se puede declarar la responsabilidad del
Ejército Nacional.
De la demandante7:
19. Está en desacuerdo con la sentencia de primera instancia porque no
reconoció la indemnización de perjuicios morales a favor de la menor Valentina
Arroyave Utima. Sí aportó el registro civil de nacimiento que demuestra la calidad
de hermana del señor Julián Andrés Arroyave Utima.
20. Además, la indemnización de perjuicios morales para todos los
demandantes debe incrementarse a trescientos (300) SMMLV, en aplicación de
la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014.
21. La sentencia debe modificarse para declarar que la responsabilidad del
Estado en este caso es agravada por violación de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, porque se trató de una ejecución extrajudicial.
22. Finalmente, debe hacerse un llamado de atención a la entidad demandada
para que eviten la comisión de este tipo de actos y garanticen el derecho a la vida
e integridad personal de todos los residentes en Colombia.
Trámite relevante en segunda instancia
23. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 1 de julio de 20228. El 11
de enero de 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto9.
24. La parte demandante10 intervino. La muerte de los señores Julián Andrés
Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz se produjo en el marco de una ejecución
extrajudicial lo que desvirtúa la configuración de la legítima defensa y la culpa
exclusiva de las víctimas. Procede un reconocimiento mayor por concepto de
indemnización de perjuicios morales y se debe indemnizar a la menor Valentina
Arroyave Utima.
25. El Ejército Nacional reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación11.
7 Samai: índice 02 - ED_1407FEB2022SO(.pdf) NroActua 2.
8 Samai: índice 04.
9 Samai: índice 038.
10 Samai: índice 043.
11 Samai: índice 042.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
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Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
26. En su concepto, el Ministerio Público12 solicitó que se confirme la sentencia
de primera instancia. Las pruebas demuestran que los efectivos del Ejército
Nacional dieron de baja a las víctimas de manera deliberada y se configuró una
grave violación a los derechos humanos.
27. El 25 de octubre de 2023, el Grupo Defensa Internacional de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó copia del expediente y las
principales decisiones en consideración al caso P-960-20 Alvaro Hernán Díaz,
Julián Andrés Arroyave Utima y familiares ante la CIDH que para ese momento
estaba en etapa de admisibilidad13.
28. La Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación cumplió el
requerimiento mediante certificación de 21 de noviembre de 2023, en la que indicó
que hasta ese momento se había proferido sentencia de primera instancia14.
CONSIDERACIONES
29. La Sala resolverá la apelación interpuesta por las partes contra la
sentencia de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que
invalide lo actuado. Además, se cumplen los presupuestos procesales de
jurisdicción15, competencia16, conciliación prejudicial17, caducidad18, legitimación
en la causa por activa y pasiva19.
12 Samai: índice 044.
13 Samai: índice 050.
14 Samai: índice 051.
15 Según el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 la jurisdicción de lo contencioso administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas
incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el
Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad
con la Constitución y la ley.
16 Según el artículo 132 (numeral 6) del Decreto 01 de 1984, los Tribunales Administrativos
conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía exceda de
500 smlmv. Por su parte, el artículo 129 ibidem señala que el Consejo de Estado conoce de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
La Sala es competente para conocer del asunto debido a los recursos de apelación interpuestos
por las partes contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Santander. Según lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el artículo 20 del C.P.C, la pretensión
mayor se estimó en 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los
demandantes por concepto de indemnización de perjuicios morales, monto que excede los 500
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda (1 de
marzo de 2010).
17 El trámite se agotó ante la Procuraduría Judicial 17 de Asuntos Administrativos de Bucaramanga
el 13 de enero de 2010, en atención a la Ley 640 de 2001 (folios 142 a 143 c. 1).
18 La muerte de los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz ocurrió el 13 de
enero de 2008 y el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa vencía el 14
de enero de 2010 -numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo-. Sin
embargo, el 13 de enero de 2010 (fls. 142 a 143 c. 1), faltando 1 día para que venciera el término
de caducidad, se formuló solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial 17 de
Asuntos Administrativos de Bucaramanga que se declaró fallida el 1 de marzo de 2010 (folio 144
c. 1). La demanda se presentó a tiempo en esta última fecha.
19 En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la
demanda proviene de acciones atribuidas al Ejército Nacional que se acusa de ser el causante de
los perjuicios que reclaman los grupos demandantes, por tanto, la citada entidad tiene interés en
controvertir las pretensiones, dado que sobre esta podrían recaer las eventuales consecuencias
patrimoniales de las pretensiones indemnizatorias.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
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Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Alcance de la apelación
30. La demandada cuestionó al Tribunal porque este desconoció que la muerte
se produjo en desarrollo de una operación que tenía por objeto combatir a grupos
armados ilegales, se acreditaron las causales eximentes de responsabilidad de
legítima defensa y culpa exclusiva de las víctimas y que no existe una decisión
penal definitiva en contra de los agentes estatales implicados.
31. La demandante pide que se declare la responsabilidad agravada del
Estado, que se reconozca indemnización de perjuicios morales a favor de la menor
Valentina Arroyave Utima porque acreditó su calidad de hermana de una de las
víctimas. Además, que debe incrementarse esta indemnización a 300 SMMLV
favor de todos los actores por la configuración de una grave violación a los
derechos humanos.
32. El marco jurídico de la responsabilidad del Estado por ejecuciones
extrajudiciales exige revisar de oficio las medidas no pecuniarias que impuso el
Tribunal para garantizar que amparan los derechos de las víctimas.
Problemas jurídicos para resolver
33. ¿La muerte de los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán
Díaz fue causada por el Ejército Nacional en desarrollo de una operación legítima
o en el marco de una ejecución extrajudicial?
34. ¿La responsabilidad del Estado depende de la responsabilidad penal de los
agentes implicados en la comisión de un delito?
35. ¿El Tribunal omitió declarar la responsabilidad agravada del Estado ante la
gravedad de los hechos?
36. ¿La menor Valentina Arroyave Utima tiene derecho a la indemnización de
perjuicios morales por ser la hermana de una de las víctimas?
37. ¿La responsabilidad del Estado agravada permite incrementar a 300
SMMLV la indemnización de perjuicios morales a cada demandante?
38. ¿De oficio deben modificarse las medidas de satisfacción que ordenó el
Tribunal para garantizar los derechos de las víctimas?
Tesis
39. Se modificará la sentencia de primera instancia para declarar la
responsabilidad agravada del Estado porque se configuró una violación grave a
derechos humanos y al derecho internacional humanitario constitutiva de un
crimen de lesa humanidad. La muerte de los señores Julián Andrés Arroyave
Utima y Álvaro Hernán Díaz sucedió en el marco de una ejecución extrajudicial
cometida por militares. Queda sin sustento la ocurrencia de una operación militar
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
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Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
legal y la configuración de las causales eximentes de responsabilidad de legítima
defensa y culpa exclusiva de las víctimas.
40. La responsabilidad extracontractual del Estado es anónima y la penal
individual, de modo que la falta de individualización y sanción penal a un agente
estatal no impide atribuir un daño al Estado.
41. Se reconoce la indemnización de perjuicios morales a la menor Valentina
Arroyave Utima porque acreditó la calidad de hermana de una de las víctimas.
Además, se incrementa esta indemnización para todos los demandantes por
tratarse de una grave violación de los derechos humanos.
42. De oficio se modifican las medidas no pecuniarias que ordenó el Tribunal
para garantizar la reparación integral de los derechos de las víctimas y sus
familiares en las esferas de rehabilitación, el restablecimiento simbólico y no
repetición.
43. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos: (i) marco jurídico de la
responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales, (ii) hechos probados,
(iii) solución a los cargos de las apelaciones, (iv) comunicación a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y (v) condena en costas.
Marco jurídico de la responsabilidad del Estado por ejecuciones
extrajudiciales
44. La ejecución extrajudicial en el marco del conflicto armado interno se
encuentra configurada cuando el servidor público, o particular que actúa por
orden, complicidad, tolerancia o aceptación de este, en desarrollo del ejercicio de
sus funciones asesina a una persona, después de haberla dominado y puesto en
estado de indefensión e inferioridad20.
45. Sobre el concepto de ejecución extrajudicial y los elementos que lo
componen, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos ha manifestado:
“…. El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos
importantes: es un acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales
como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que
prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial
es lo que la distingue de: - un homicidio justificado en defensa propia, - una
muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han
empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, - un homicidio
en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho
internacional humanitario. (…).
En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la
víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2021, exp.
No. 57519. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos
humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.
Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la
responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que
representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por
lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la
muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución
extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los
servidores públicos que mataron: a. Por imprudencia, impericia, negligencia o
violación del reglamento. b. En legítima defensa. c. En combate dentro de un
conflicto armado. d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la
fuerza como encargados de hacer cumplir la ley” (Se destaca).
46. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera la ejecución
extrajudicial como una violación grave a los derechos humanos y la cataloga como
un crimen de lesa humanidad cuando la privación arbitraria de la vida recae sobre
personas protegidas por el derecho internacional humanitario21.
47. La incorporación al orden interno de las normas de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario genera la
ampliación de las fuentes normativas del juicio de responsabilidad estatal, de tal
manera que la garantía patrimonial del Estado frente a los daños antijurídicos que
le son imputables comprende, además de las obligaciones del ordenamiento
jurídico interno, el cumplimiento de las obligaciones convencionales, situación que
lleva particularmente a ampliar las fronteras del título jurídico de imputación de
falla del servicio22.
48. La Sección Tercera del Consejo de Estado condena a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional cuando presenta a civiles muertos en combate y
los hace pasar como miembros de grupos organizados al margen de la ley, bajo
el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes
funcionales de origen convencional, constitucional y legal a cargo del Estado23.
49. Para la Corte Constitucional, la prolongación del conflicto armado interno
en nuestro país ha ido de la mano con la degradación de las hostilidades y el
empleo de macabras formas de violencia. Una de sus peores manifestaciones son
las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, particularmente
de las fuerzas armadas, que se ensañaron contra la población civil vulnerable para
luego presentarlas como bajas en combate24.
21 Corte Constitucional, auto 1315 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, auto 169 de 2015,
M.P. Juan Carlos Cortés González, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid
Arellano y otros vs Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2021, exp.
No. 57519. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre del 2013, exp.
No. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Subsección A, sentencia de 23 de mayo de 2023, exp.
No. 50115. M-P. María Adriana Marín, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. No. 62821. M.P.
José Roberto Sáchica Méndez. Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2021, exp. No. 55287.
M.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia de 13 de diciembre de 2017, exp. No. 45594, M.P. Danilo
Rojas Betancourth. Subsección C, sentencia de 6 de agosto de 2021, exp. No. 50242. M.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 5 de septiembre de 2017, exp. No. 38058. M.P. Jaime
Orlando Santofimio.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-287 de 2024.
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Nacional
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50. La responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a las víctimas del
conflicto armado por conductas censurables de agentes del Estado, como las
ejecuciones extrajudiciales, debe ser establecida de manera eficiente por la
jurisdicción interna, antes de someter a las víctimas a la fatigosa carga de reclamar
una reparación integral en los tribunales internacionales25.
51. El Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas,
de manera que si se produce un acto violatorio de dichos derechos, tiene el deber
de resolver el asunto a nivel interno y reparar, antes de tener que responder ante
instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del
carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas
nacionales de garantías de los derechos humanos26.
52. La jurisdicción Especial para la Paz, en el macro caso No. 3, referente a
“asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por
agentes del Estado”, consideró que las ejecuciones extrajudiciales constituyen
crímenes de lesa humanidad y que no se trató de hechos aislados, sino que
obedecieron a un patrón de conducta sistemático y generalizado ejecutado por
agentes estatales:
“Como explicó la Sala detalladamente en el Auto de Determinación de Hechos
y Conductas (Auto 125 de 2021), todos los asesinatos y las desapariciones
forzadas que integran el patrón macrocriminal descrito fueron crímenes
conectados entre sí, tanto desde el punto de vista de su modus operandi, como
del objetivo por el cual fueron cometidos. No se trató de actos aislados o
realizados de forma aleatoria. Todos ellos obedecieron a una misma lógica
delictiva de las organizaciones criminales que se enquistaron en la BRIM15 y
en el BISAN. Las víctimas no fueron seleccionadas de forma aleatoria, sino
calculada y premeditada, a partir de prejuicios o teniendo en cuenta su situación
de vulnerabilidad. No fue entonces una repetición accidental de conductas
similares, sino una práctica consciente generalizada y sistemática, llevada a
cabo por agentes estatales”27.
53. Este proceso de reparación directa se resolverá bajo la premisa de que los
hechos se tratan de un delito de lesa humanidad y de que la sentencia tiene
repercusiones en el sistema interamericano de los derechos humanos y de la
responsabilidad internacional del Estado.
Hechos probados
54. A continuación, se relacionarán los medios de prueba relevantes para
resolver los recursos de apelación.
25 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de
marzo de 2019, exp. No. 49878. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
26 Caso de la Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, párr. 142. Véase asimismo, Corte IDH.
Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No.
157, párr. 66.
27 Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Salas de Justicia - Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Resolución de Conclusiones
No. 01 de 20 de octubre de 2022. Caso No. 03. Asesinatos y desapariciones forzadas como bajas
en combate por agentes del Estado. https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html.
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55. Este caso versa sobre una violación grave de derechos humanos por
tratarse de una ejecución extrajudicial. La valoración probatoria se flexibiliza por
las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo
de eventos. En virtud de los principios de justicia material y de acceso a la
Administración de Justicia, se valorarán las pruebas trasladadas del proceso
penal28. Esa decisión se ajusta a lo precisado por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28 de agosto de
201329 sobre valoración probatoria en este tipo de casos.
56. Algunos testimonios trasladados son de los familiares de las víctimas y
demandantes en este proceso. Se reconocerá su valor probatorio porque se
rindieron ante la autoridad penal antes de que se interpusiera la demanda que dio
origen al presente proceso contencioso administrativo y para ese momento el
interés era la identificación de los responsables30. Además, son útiles para probar
los hechos de este proceso.
57. Tales testimonios serán apreciados en su integridad, toda vez que su
traslado fue solicitado por las partes y tuvieron la oportunidad de impugnarlos, sin
que formularan alguna objeción. Además, fueron tomados por ambos extremos
procesales como base para sus argumentos litigiosos, lo que indica el adecuado
ejercicio y garantía del derecho de contradicción.
58. Reportes oficiales y el reconocimiento de las víctimas:
59. El 13 de enero de 2008, el comandante GRULOC 2 BIRIC remitió al
comandante del Batallón de Infantería No. 14 C.T. Antonio Ricaurte el documento
denominado “informe hechos” sobre la misión “Estocolmo” para neutralizar a un
28 El 22 de noviembre de 2016, la Fiscalía 57 Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de Medellín remitió “en un DVD, copias
auténticas que corresponden a los elementos probatorios que hacen parte de la investigación bajo
NUC 680016000159200880011 respecto del homicidio de los señores Álvaro Hernán Díaz y Julián
Andres Arroyave” (fl. 557 c. ppal). Dentro del CD se encuentran las declaraciones rendidas ante
el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar.
29 Ver también: Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-
01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.
30 Sobre el criterio para valorar pruebas trasladadas en casos de graves violaciones de derechos
humanos ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021 exp. No.
52413. M. P. José Roberto Sáchica Méndez: “La Sala tendrá en cuenta tales piezas procesales,
toda vez que, si bien fueron solicitadas única y exclusivamente por la parte demandante, no
cumplirían con la regla de traslado contenida en el artículo 185 del C. de P. C. por lo que, en
principio, de dicha actuación sólo sería posible valorar la prueba de tipo documental; sin embargo,
la Sala advierte que se está frente a un caso de violación grave de derechos humanos y que, por
ello, la valoración probatoria debe ser más flexible, dadas las circunstancias de indefensión en
que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos y la renuencia que ha exhibido en este
asunto la entidad demandada para permitir la acreditación de los hechos, razones por las cuales
la Sala, en acatamiento a los principios de justicia material y de acceso a la Administración de
Justicia, dará valor probatorio a la totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho
encuadernamiento, lo que se hace con estricto apego a lo precisado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-
1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero”.
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grupo delincuencial que operaba en las veredas “La Gómez” y “La Flecha”,
municipio de Sabana de Torres, Santander.
60. En este informe se indicó que después de notar la presencia de unos
sujetos, los militares hicieron la proclama sobre la presencia de tropas del Ejército
Nacional, instante en el que fueron atacados a disparos.
61. Una vez cesó la confrontación, registraron la zona y encontraron dos
cadáveres de sexo masculino que tenían en su poder un fusil y una pistola con
silenciador. Asimismo, resultó herido un sargento31.
62. El 13 de enero de 2008, el comandante del Batallón de Infantería No. 14
C.T. Antonio Ricaurte suscribió el radiograma operacional sobre los hechos
ocurridos en la vereda “La Flecha” y señaló que en desarrollo de la misión táctica
“Estocolmo” dieron de baja en combate a dos sujetos NN pertenecientes a las
BACRIM”32.
63. Los informes de las necropsias practicadas a los cadáveres por parte del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Seccional Santander
identificaron las víctimas mortales, así: No. 2008010168001000039: Álvaro
Hernán Díaz33 y No. 2008010168001000040: Julián Andrés Arroyave Utima34.
64. Testimonios practicados en el proceso penal militar
65. El 4 de junio de 2008, la señora Luz Adíela Utima madre del señor Julián
Andrés Arroyave Utima declaró ante el Juzgado 33 de Instrucción Penal Militar y
dijo que su hijo se fue a Medellín a llevar un carro, posteriormente recibió una
llamada de la Fiscalía de Bucaramanga y le informaron que lo encontraron muerto
junto con Álvaro Hernán Díaz porque eran guerrilleros.
66. Agregó que nunca cogió un arma, que no conocía la vereda “El Tigre” y que
no era guerrillero pues era un muchacho muy sano35.
67. El 4 de junio de 2008, el señor Azael de Jesús Muñoz, amigo de las
víctimas, declaró que su vecino el señor Carlos Alberto Galvis, le propuso hacer
un viaje a Medellín y posteriormente a Bucaramanga a cambio de una buena suma
de dinero, pero que se negó. El viaje que hicieron Julián Andrés Arroyave Utima y
Álvaro Hernán Díaz a Medellín y después a Bucaramanga coincidía con la misma
propuesta que le hizo Carlos Alberto Galvis. Indicó que Álvaro Hernán Díaz era
ayudante de construcción y Julián Andrés Arroyave era técnico de bicicletas.
68. Señaló que ninguno de ellos pertenecía a grupos al margen de la ley,
porque siempre permanecían en el municipio de La Virginia. Incluso, Julián era la
primera vez que salía del pueblo, además ninguno de ellos portaba armas de
31 Folios 187 a 188 c. 1.
32 Folio 196 c. 1.
33 Folios 238 a 242 c. 1.
34 Folios 243 a 250 c. 1.
35 Folios 191 a 200 cd. 1.
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fuego, y que no tenían ningún tipo de problemas porque eran unos muchachos
trabajadores y honestos36.
69. El 5 de junio de 2008, la señora Eleany Restrepo Toro, compañera
permanente de Julián Andrés Arroyave Utima, dijo que siempre trabajó en un taller
de bicicletas, nunca lo observó con un arma y no sabía disparar. Al ser preguntada
acerca de si tenía conocimiento si Julián Andrés Arroyave Utima hacía parte de
grupos al margen de la ley, contestó de forma negativa37.
70. El 5 de junio de 2008, el señor Jhorman Jair Pérez, primo de Julián Andrés
Arroyave Utima y cuñado de Álvaro Hernán Díaz, al preguntarle si sabía dónde
fueron asesinados, contestó que en la vereda El Tigre que hace parte de Sabana
de Torres, cerca de Bucaramanga, que fueron dados de baja por el Ejército porque
supuestamente extorsionaban, pero Álvaro trabajaba en construcción y Julián
Andrés en mecánica de bicicletas.
71. Al ser preguntado sobre si tenía conocimiento si Julián Andrés Arroyave
Utima y Álvaro Hernán Díaz hacían parte de grupos al margen de la ley, respondió
que no conocía nada sobre eso y que nunca portaban armas de fuego 38.
72. El 5 de junio de 2008, la señora Querly Mindrey Utima Rodríguez,
compañera permanente de Álvaro Hernán Díaz y prima de Julián Andrés Arroyave
Utima, dijo que Carlos Alberto Galvis les preguntó que si querían ir a Medellín a
dejar un carro y ellos aceptaron, ya después no aparecieron e interpusieron una
denuncia en la fiscalía. No se explicaba por qué ellos fueron a parar al municipio
de Sabana de Torres, que no pertenecían a ningún grupo delincuencial39.
73. El 5 de junio de 2008, el señor Luis Orlando Arroyave, padre de Julián
Andrés Arroyave Utima, señaló que junto con Álvaro Hernán Díaz fueron invitados
por un vecino de nombre Carlos Alberto Galvis a llevar un vehículo hasta Medellín
con un conocido de él y que les daban una buena plata, pero al ver que no
aparecían se dirigieron al comando de policía y a la fiscalía, hasta que les
informaron que fueron asesinados en Bucaramanga.
74. Al ser preguntado acerca de si tenía conocimiento si su hijo hacía parte de
grupos al margen de la ley, respondió que no, que su hijo trabajaba en mecánica
de bicicletas y el señor Álvaro Hernán Díaz en construcción.
75. Indicó que su hijo no portaba armas de fuego y que le parecía muy raro que
hubiera muerto en un enfrentamiento armado con el Ejército Nacional40.
76. Declaraciones recibidas en este proceso
36 Folios 201 a 209 cd. 1.
37 Folios 210 a 219 cd. 1.
38 Folios 220 a 226 cd. 1.
39 Folios 233 a 237 cd. 1.
40 Folios 227 a 232 c. 1.
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77. El señor Luis Orlando Arroyave, padre de Julián Andrés Arroyave Utima,
rindió interrogatorio de parte, oportunidad en la que dijo que Álvaro Hernán y su
hijo Julián Andrés se fueron a acompañar a un sobrino del señor Carlos Andrés
Galvis a llevar un carro a Medellín.
78. Explicó que en la Fiscalía le informaron que encontraron muertos a dos
muchachos en Sabana de Torres, por lo que se desplazó a ese lugar y verificó
que se trataba de ellos. En la Fiscalía les dijeron que los asesinaron integrantes
del Batallón Ricaurte de Bucaramanga supuestamente porque eran guerrilleros.
Aclaró que ninguno de ellos tenía antecedentes penales41.
79. Declaró el señor Joan Manuel Muñoz Rodríguez, habitante del municipio
de La Virginia y sobre el señor Álvaro Hernán Díaz dijo que siempre lo conoció
como un trabajador, nunca lo observó mal relacionado y le sorprendió mucho su
muerte porque era un buen hombre. Adicionalmente, no le constaba que tuviera
antecedentes penales42.
80. Actuaciones desarrolladas en la justicia penal ordinaria
81. El 5 de diciembre de 2014, la Fiscalía 57 Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de
Medellín presentó escrito de acusación y acta de preacuerdo de los señores
William Darley García y Manuel Alejandro Cuéllar Urrutia -pertenecientes al
Ejército Nacional- como coautores del delito de homicidio en persona protegida en
contra de Álvaro Hernán Díaz y Julián Andrés Arroyave, entre otras personas. En
este sentido, se expuso:
“Para el 8 de enero del año 2008, se produjo en las Veredas Km 15 La Gómez
y La Flecha de la jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, Santander,
más precisamente en la vereda La Flecha un combate, donde se dio de baja
a dos personas y se les incautó un fusil y una pistola con silenciador, siendo
herido igualmente un sargento dentro de los miembros del Ejército que
participaban de dicho procedimiento.
Lo anterior ocurrió en desarrollo de la misión táctica ESTOCOLMO.
(…)
Víctimas Julián Andrés Arroyave Utima CC (…) de La Virginia, Risaralda. Su
padre Orlando Arroyave Alzate lo reconoce como su hijo.
(…)
De Álvaro Hernán Díaz, tenía un hijo con Querly Mindrey Utima y también
trabajaba en construcción, la última vez que lo vio fue el 8 de enero.
Ambos cadáveres se ratifica la identificación mediante cotejo dactiloscópico.
Arma de fuego tipo Fusil FAL, no funciona pues no se puede desplazar
hacia atrás el bloque de cierre, ya que presenta un impacto de proyectil en
el costado derecho, presenta igualmente un cartucho en la recámara, lo que
41 Folios 447 a 455 c. 1.
42 Folios 439 a 446 c. 1.
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hace que en esas condiciones no es apto para producir disparos, presentó
prueba positiva para residuos de disparo. La pistola Marca BROWNING es
apta para producir disparos.
(…)
Así pues, el Ejército enmarca los propósitos de la misión militar dentro del
conflicto interno que se desarrolla actualmente en el país y al producir y
reportar la baja de unos supuestos miembros de organizaciones armadas al
margen de la ley, a quienes llama como terroristas, sobre los cuales
manifiesta la posibilidad de capturar o doblegar la voluntad del enemigo en un
apócrifo enfrentamiento, es el mismo Ejército el que está llamado a la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado
colombiano.
(…)
En el caso que nos ocupa, es claro que en desarrollo de las maniobras y
movimientos tácticos en la zona correspondiente a la jurisdicción del Batallón
Pedro Nel Ospina, se hizo aparecer la muerte de varias personas, como que
tuvieron origen en el control de actividades de grupos al margen de la ley
pertenecientes a las ONT FARC, ELN, BACRIM y son los mismos actores
armados antes mencionados los que según el Ejército, dieron lugar a la misión
táctica, de ahí la tipificación del comportamiento en el marco del artículo 135
del Código Penal.
Para lo anterior se les colocó armas de fuego a las víctimas para hacer
aparecer como que se hubieran enfrentado con los miembros del Ejército
Nacional.
Lo anterior una vez que William Darley García Ospina y Manuel Alejandro
Cuellar Urrutia actuaron como coautores de la conducta de homicidio en
persona protegida, de la cual fueron víctimas personas inocentes, que no
estaban armadas y que nunca se enfrentaron con miembros del Ejército
Nacional pues se trató de una empresa criminal en la cual los miembros del
Ejército daban de baja personas civiles para presentarlas como personas
fallecidas en combate.
(…)
Igualmente en CONCURSO con la conducta punible de TRÁFICO,
FABRICACIÓN Y PORTE DE ARMAS DE DEFENSA PERSONAL, el cual se
encuentra contenido (…) Una vez que se portó armas de fuego que no
poseían salvoconducto para hacer aparecer que las víctimas se habían
enfrentado con los miembros del Ejército Nacional”.
Términos de la aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía:
Los señores WILLIAM DARLEY GARCÍA OSPINA Y MANUEL ALEJANDRO
CUELLAR URRUTIA, ACEPTAN en forma libre, consciente y voluntaria,
debidamente asesorados por sus defensores, su participación a título de
COAUTORES en la muerte de:
(…)
Caso No. 18 - Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz”43. (Se
destaca).
43 Folios 1 a 71 – Escrito de acusación - cd. 1.
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82. El 17 de marzo de 2015, ante la Dirección de Fiscalías de Medellín – Unidad
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, rindió diligencia de
interrogatorio el señor Luis Nolberto Serna para obtener un preacuerdo dentro de
la investigación adelantada por la muerte de Álvaro Hernán Díaz y Julián Andrés
Arroyave. En esta manifestó que los trasladó desde La Victoria hasta Medellín
para “entregárselos al sargento García” a cambio de dinero. Además, que
contactó a las víctimas por medio de un señor de La Virginia, familiar de una pareja
que tenía por allá, y que “tengo conocimiento de que iban a ser presentados
muertos en combate pero sé que iban a ser un falso positivo, como todos los
procesos que he confesado”44.
83. El 10 de febrero de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Medellín condenó, por aceptación de cargos, al señor Luis
Nolberto Serna como responsable de la conducta punible de homicidio en persona
protegida por la muerte de los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro
Hernán Díaz.
84. De acuerdo con lo plasmado en esta sentencia se pudo conocer que los
señores Arroyave Utima y Díaz fueron reclutados por Luis Nolberto Serna y,
posteriormente, trasladados para ser ejecutados extrajudicialmente por miembros
del Ejército Nacional, con el fin de presentar resultados positivos en combate. De
las consideraciones expuestas se destacan las siguientes:
“El día 8 de enero del año 2008, en la vereda La Flecha, jurisdicción del
municipio de Torres, Santander, se presentó un combate entre miembros del
Ejército Nacional y miembros de grupos armados al margen de la ley,
resultando muertos los ciudadanos Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro
Hernán Díaz.
A través de la investigación se pudo demostrar que estos ciudadanos fueron
víctimas de ajusticiamiento, en otras palabras, ejecutados extrajudicialmente
por miembros del Ejército Nacional con el único fin de presentar ante sus
superiores resultados positivos en combate.
Para tal efecto, contaban con la ayuda de Luis Nolberto Serna, persona
encargada de reclutar a las inocentes víctimas a quienes ofrecían
oportunidades laborales en distintas regiones del país; estas personas eran
trasladadas hasta el lugar donde se encontraba la unidad militar y
posteriormente les daban muerte, se les proveía de armamento militar y luego
eran presentadas como dados de baja en combate.
(…)
La real ocurrencia de la conducta investigada no ofrece reparo alguno, pues
encontramos medios de persuasión contundentes y suficientes tales como la
inspección técnica al cadáver e informe médico legal de necropsia de quienes
en vida respondían al nombre de Álvaro Hernán Díaz y Julián Andrés
Arroyave Utima con sus correspondientes certificados de defunción,
documentos que dan cuenta de la manera violenta en que perdieron la vida.
(…)
44 Cd. 1 –M2U00131 - 13’’a 1:50’.
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Y en lo que concierne al elemento de corte subjetivo, la culpabilidad se
demuestra con los medios de convicción allegados al proceso, así mismo, por
cuanto el acuerdo realizado con la fiscalía representa aceptación de la
responsabilidad por parte del imputado, lo cual, unido a los medios de
convicción antes señalados, permiten inferir este elemento de las conductas
punibles sin que se presente causal de ausencia de responsabilidad alguna,
observándose que el acusado actuó de manera libre y voluntaria, a pesar de
haber tenido la posibilidad de obrar diferente”45.
Solución a los cargos de las apelaciones
85. Análisis de imputación de responsabilidad: inexistencia de una operación
militar y la no acreditación de las causales eximentes de responsabilidad de
legítima defensa y culpa exclusiva de las víctimas
86. Se demostró que la muerte de los señores Julián Andrés Arroyave Utima y
Álvaro Hernán Díaz fue producida por integrantes del Batallón de Infantería No.
14 C.T. Antonio Ricaurte, el 13 de enero de 2008, en el sector de la vereda “La
Flecha” del municipio de Sabana de Torres, Santander.
87. En el informe de los hechos y en el radiograma operacional se indicó que
en desarrollo de la misión “Estocolmo” para neutralizar a un grupo delincuencial
que operaba en las veredas “La Gómez” y “La Flecha”, municipio de Sabana de
Torres, se dio de baja en combate a dos delincuentes pertenecientes a las
BACRIM, quienes atacaron a la tropa y por eso reaccionaron en legítima defensa.
88. En contraste con la anterior versión, las declaraciones rendidas en la
justicia penal militar y en el presente proceso por los familiares y amigos de las
víctimas afirman a que no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley, que no
portaban armas de fuego y por eso les parecía extraño que hubieran muerto en
un enfrentamiento armado con soldados.
89. Frente a la discrepancia entre la información reportada por la demandada
y lo afirmado por los familiares y amigos de las víctimas, la Sala acoge la versión
de estos últimos porque encuentra respaldo en las actuaciones del proceso penal
y demás pruebas del expediente.
90. Los señores William Darley García y Manuel Alejandro Cuéllar Urrutia,
sargento y teniente del Ejército Nacional, respectivamente, aceptaron en el
proceso penal que se trató de una ejecución extrajudicial, de un enfrentamiento
simulado, que colocaron armas de fuego para disfrazar las bajas de los señores
Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz como personas fallecidas en
45 Folios 1 a 12 – Sentencia condenatoria - cd. 1.
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combate. Por eso se sometieron a un preacuerdo que fue la base del escrito de
acusación por el delito de homicidio en persona protegida.
91. El interrogatorio que rindió el señor Luis Nolberto Serna ante la Dirección
de Fiscalías de Medellín UDH y DIH confirmó la versión de los militares porque
admitió que engañó a Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz con
una oferta de trabajo y los entregó a la unidad militar que finalmente los asesinó.
92. No cabe duda de la veracidad de la versión del señor Luis Norberto Serna
porque fue condenado por el delito de homicidio en persona protegida. En la
sentencia penal el juez concluyó que actuó en concurso con militares para ejecutar
las conductas que desencadenaron en la muerte de Julián Andrés Arroyave Utima
y Álvaro Hernán Díaz.
93. En el expediente no obra una prueba técnica o científica acerca de que los
señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz dispararon las armas
de fuego encontradas en el lugar de los hechos. Además, según el escrito de
acusación y acta de preacuerdo de los militares implicados, el fusil que se
encontró a una de las víctimas no era apto para producir disparos. Son indicios
contundentes de la inexistencia de un enfrentamiento armado.
94. Ahora bien, es cierto como lo dice el recurso de apelación de la entidad
demandada que la responsabilidad del Estado es independiente de la
responsabilidad penal de los implicados en la comisión de un delito y que las
providencias penales no configuran cosa juzgada frente a procesos de
responsabilidad extracontractual del Estado. Sin embargo, cuando acreditan las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, pueden ser valoradas por el juez
administrativo como insumo para obtener certeza respecto de la configuración de
los elementos -daño, nexo de causalidad e imputación-46.
95. Adicionalmente, en la apelación la entidad demandada afirmó que no existe
una decisión penal definitiva contra los militares implicados, su presunción de
inocencia se mantiene incólume y no se puede declarar la responsabilidad del
Ejército Nacional por la muerte de las víctimas.
96. Al respecto, aunque no se probó que el proceso penal terminó con
decisiones condenatorias definitivas y persiste la presunción de inocencia de los
militares implicados, ello no impide analizar los elementos de responsabilidad del
Estado con base en las pruebas recaudadas en esa actuación.
97. La certeza de que militares ejecutaron extrajudicialmente a las víctimas
surge del análisis en conjunto de las pruebas y no únicamente del preacuerdo de
los militares implicados. Se probó que las víctimas no dispararon contra el ejército,
que los soldados las presentaron como muertos en combate y que un ciudadano
los entregó a tropas del Ejército a cambio de dinero.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de julio de 2022, exp. No.
50211. M.P. María Adriana Marín, sentencia de 23 de mayo de 2023, exp. No. 50115. M.P. María
Adriana Marín.
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98. En todo caso, el preacuerdo en el proceso penal de los agentes del Estado
que cometen ejecuciones extrajudiciales sí repercute en la responsabilidad del
Estado. La culpa del agente no excluye la responsabilidad estatal.
99. El preacuerdo lo celebran agentes o ex agentes del Estado que reconocen
hicieron parte de la degradación del conflicto que generó ejecuciones
extrajudiciales como una práctica consciente generalizada y sistemática. Si bien
el preacuerdo está sujeto a la aprobación del juez penal para efectos de la
responsabilidad individual, debe ser valorado como prueba documental por el juez
administrativo en conjunto con los demás medios de prueba y reglas del Código
General del Proceso.
100. El preacuerdo no constituye un reconocimiento de responsabilidad carente
de sustento probatorio. Por el contrario, se apoya en medios de prueba sobre los
hechos jurídicamente relevantes y el juez puede negarlo por diversas razones,
que no se circunscriben necesariamente a la inexistencia de la conducta
investigada47.
101. La responsabilidad extracontractual del Estado puede ser anónima 48 y la
penal individual, son procesos independientes, de modo que la falta de
individualización y sanción penal a un agente estatal no impide atribuir un daño al
Estado49.
102. Ahora bien, no se probó la culpa de la víctima como causal de atenuación
o eximente de responsabilidad que justifique la legítima defensa que argumentó
el Ejército Nacional para justificar el combate.
103. La legítima defensa como eximente de responsabilidad no sirve para
encubrir o legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Sino
que surge como respuesta necesaria y proporcional a una agresión que habilita
usar las armas para repeler la amenaza, siempre y cuando no exista otro medio
de defensa o disuasión menos letal50.
47 Sobre el valor probatorio de los preacuerdos esta Subsección se pronunció en sentencia del 8
de abril de 2024, radicación 880012333000201900020 01 (66.102). En sentencia C-372 de 2016,
la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del los preacuerdos y abordó su fundamento
probatorio: “El objeto sobre el cual recae el preacuerdo son los hechos imputados […] comporta el
reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un
fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, consciente,
voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y
contradictorio; y los descuentos punitivos derivados del acuerdo”.
48 La responsabilidad extracontractual del Estado es anónima, es decir para que opere no
necesariamente debe estar asociada con el comportamiento de un específico funcionario, agente
o servidor del Estado (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010,
exp. No. 18817. M.P. Enrique Gil Botero.
49 “La falta de individualización y sanción penal a un agente estatal, no impide que se verifiquen si
los daños antijurídicos causados con su actuación resultan atribuibles al Estado. Cuestión diferente
es que en el evento que exista una sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada, la
misma pueda servir de fundamento para establecer los elementos de la responsabilidad del
Estado” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de junio de 2024,
exp. No. 62821. M.P. José Roberto Sáchica Méndez).
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, exp. No.
47924. M.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 20 de mayo de 2013, exp. No. 27810. M.P.
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104. En este caso las víctimas no se expusieron a combate alguno porque este
no ocurrió y además fueron engañadas por un tercero que se aprovechó de su
vulnerabilidad económica y los entregó a los militares. La culpa exclusiva de las
víctimas no se configuró.
105. Los efectivos del Batallón de Infantería No. 14 C.T. Antonio Ricaurte
tampoco tuvieron que reaccionar ante una agresión inminente, sino que constituyó
una actuación desde todo punto de vista arbitraria, ilegítima y desproporcionada,
porque dispararon injustamente en contra de las víctimas para reportarlas como
bajas en un enfrentamiento armado que nunca existió.
106. En conclusión, no prospera la apelación de la entidad demandada sobre la
ocurrencia de una operación militar legal y la configuración de las causales
eximentes de responsabilidad de legítima defensa y culpa exclusiva de las
víctimas.
107. Declaratoria de la responsabilidad agravada del Estado
108. El Tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad del Estado sin
considerar los presupuestos para declararla agravada. No evaluó que se configuró
una violación grave a derechos humanos y al derecho internacional humanitario,
constitutivo de un crimen de lesa humanidad.
109. Esta Subsección51 ha considerado que en aquellos eventos en los que se
encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos
o al derecho internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa
humanidad52 y crímenes de guerra53 es procedente -y en los términos de la
Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 13 de noviembre de 2008, exp. No. 16741. M.P. Myriam
Guerrero Escobar.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. No.
62821. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
52 De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, “se entenderá por "crimen de lesa
humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a)
Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e)
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros
actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
53 De conformidad con el literal C del artículo 8 del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de
guerra: “las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida,
detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii)
Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii)
La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
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Convención Americana54- la declaratoria de la responsabilidad agravada del
Estado en consideración a la naturaleza de las normas imperativas de ius cogens
vulneradas.
110. En el caso concreto se presentó una grave vulneración a los derechos
humanos porque los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz
eran personas humildes que se dedicaban a actividades lícitas, como lo indicaron
en sus declaraciones e interrogatorios de parte sus familiares, vecinos y amigos.
111. Los militares y el civil implicado en los hechos los sustrajeron del lugar
donde desarrollaban sus actividades familiares y laborales como parte de un plan
para asesinarlos y presentarlos como miembros de grupos ilegales dados de baja
en combate simulado. Esta conducta afectó su dignidad, honra y buen nombre,
así como el de su familia frente a la estigmatización y el señalamiento de la
comunidad.
112. El comportamiento de los militares fue tan arbitrario que incluso ubicaron
junto a las víctimas armas de fuego para hacer creer que los atacaron. Además,
ocultaron la verdad de lo ocurrido con la suscripción de falsos reportes oficiales
sobre los hechos.
113. El caso que se examina tiene las connotaciones propias de una conducta
criminal y sistémica por la degradación del conflicto armado, consistente en
asesinar a inermes ciudadanos, actuación contraria al ordenamiento jurídico
interno y a las disposiciones de orden internacional sobre la protección de los
derechos humanos.
114. Así las cosas, en consideración a la gravedad de los hechos, el análisis del
Tribunal es insuficiente en lo relativo a su calificación jurídica, por tanto, se
modificará la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad
agravada del Estado.
115. Indemnización de perjuicios morales a favor de la menor Valentina
Arroyave Utima
116. En el presente proceso el señor Luis Orlando Arroyave Alzate, padre de la
víctima, señaló que el grupo familiar del señor Julián Andrés Arroyave Utima
estaba conformado por “Luz Adíela Utima, que era la madre, Diego armando,
Didier Yadir, Luis Felipe, Jonathan Leandro, Marlen, Luisa Fernanda, Jeny
Tatiana, Valentina, Jaime Alberto, Yeisly Yassiri, Soraima Yulieth Arroyave Utima,
hermanos, la compañera Eleany Restrepo, mi nieto hijo de él Johan Andrés
regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como
indispensables”.
54 La Corte IDH ha considerado la ejecución extrajudicial como una violación grave a los derechos
humanos y, a su vez, la ha catalogado como un crimen de lesa humanidad cuando la privación
arbitraria de la vida recae sobre personas protegidas por el derecho internacional humanitario
(Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006).
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Arroyave Restrepo, y yo, su padre, él convivía con su esposa y su hijo al lado de
la casa de nosotros”55.
117. El medio idóneo para probar el parentesco es el registro civil de nacimiento
y al proceso no se aportó el de la joven Valentina Arroyave Utima. En vista de lo
anterior, el 13 de febrero de 2026 este Despacho decretó una prueba de oficio
para que la Registraduría Nacional del Estado Civil remitiera copia auténtica de
su registro civil de nacimiento56.
118. El 10 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió
el registro civil de nacimiento de la menor Valentina Arroyave Utima57 y se probó
que sus padres son los señores Luis Orlando Arroyave Alzate y Luz Adíela Utima
Rodríguez. También se trata de la hermana de la víctima Julián Andrés Arroyave
Utima.
119. Es procedente reconocer a su favor una indemnización de perjuicios
morales en una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, de conformidad con los montos establecidos en casos de
muerte establecidos en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 201458.
120. El incremento de la indemnización de perjuicios morales para todos los
demandantes por la gravedad de los hechos
121. La Sala Plena de esta Sección precisó, con fines de unificación
jurisprudencial59, que excepcionalmente como en casos de grave violación a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario puede
otorgarse una indemnización mayor a 100 SMMLV en caso de muerte. Procede
cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y
gravedad del daño moral, sin que el monto total de la indemnización pueda
exceder el triple de los montos indemnizatorios establecidos en la unificación
jurisprudencial60. Este quantum debe motivarse por el juez y ser proporcional a la
intensidad del daño.
122. Para los demandantes la muerte de sus seres queridos en situación de
indefensión, con el propósito de hacerlos pasar como delincuentes dados de baja
en combate y llevados al lugar en el que fueron asesinados mediante engaños
con el ofrecimiento de un supuesto trabajo, constituye una grave violación a los
55 Folios 447 a 455 c. 1.
56 En casos de graves violaciones de los derechos humanos que involucren la vulneración de los
derechos de un menor de edad, el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio con el propósito
de garantizar la justicia material. (Corte Constitucional, sentencias SU-060 de 2021 y SU-287 de
2024).
57Samai: índice 64.
58 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp.
No. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, exp.
32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto
del 2014, rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y rad. 27709, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera.
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Derechos Humanos que posibilita un reconocimiento mayor a lo que normalmente
se reconoce en casos de muerte.
123. En casos como este, de graves violaciones de los derechos humanos, las
declaraciones de los familiares trasladadas del proceso penal son útiles porque
demuestran el perjuicio moral de los demandantes con inmediatez a los hechos.
Son claras y consistentes entre sí, no fueron tachadas de falsas ni sospechosas
por la parte contraria y merecen credibilidad. Además, son concordantes con el
interrogatorio de parte del señor Luis Orlando Arroyave, padre de una de las
víctimas.
124. En el proceso penal militar, la señora Luz Adíela Utima, madre del señor
Julián Andrés Arroyave, señaló que por la muerte de su hijo todo el mundo estaba
aterrado y muy tristes, a él lo señalaron de guerrillero y eso salió en todos los
periódicos, pero los de la morgue dijeron que no estaba armado y que le hicieron
muchos disparos en los pies como si hubiera corrido, él no pertenecía a ningún
grupo armado porque era un muchacho muy sano61.
125. El señor Jhorman Jair Pérez, primo de Julián Andrés Arroyave Utima y
cuñado de Álvaro Hernán Díaz, adujo que ellos fueron engañados para llevarlo al
lugar donde fallecieron, ellos no eran delincuentes y, por el contrario, eran
personas de bien y muy trabajadoras, la situación era desesperante porque no
tenían conocimiento de su paradero, solo se corría el rumor de que estaban
muertos62.
126. La señora Querly Mindrey Utima Rodríguez, compañera permanente de
Álvaro Hernán Díaz y prima de Julián Andrés Arroyave Utima, señaló que estaban
desesperados por no saber de ellos, y que eran unos muchachos muy
trabajadores, juiciosos y dedicados a su hogar, por eso no entendían la forma en
que ocurrió su muerte63.
127. El señor Luis Orlando Arroyave, padre de Julián Andrés Arroyave Utima,
señaló que eran muy confusos los hechos en los que fallecieron, ellos no
pertenecían a ningún grupo armado al margen de la ley, sino que eran muy sanos
y trabajadores, además vivieron toda una odisea porque no tenían recursos para
viajar a identificarlos64.
128. En el presente proceso, al ser interrogado acerca de si la señora Querly
Utima y la menor Jenifer Andrea Díaz sufrieron problemas de carácter emocional
por la muerte del señor Álvaro Hernán Díaz, contestó que estaban muy tristes,
muy deprimidas por la ausencia de su padre, lloraban mucho, sufrieron mucho por
como se dieron las cosas, porque él y su hijo eran personas buenas.
61 Folios 191 a 200 cd. 1.
62 Folios 220 a 226 cd. 1.
63 Folios 233 a 237 cd. 1.
64 Folios 227 a 232 c. 1.
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129. Sobre la muerte de su hijo, señaló que a todos lo afectó mucho, su señora
y sus hijos y su nieto estaban muy tristes, lloraban mucho por su fallecimiento,
muy callados y deprimidos, lo extrañaban mucho porque todos lo querían65.
130. Así las cosas, en atención a gravedad e impacto causado a los familiares
de las víctimas, por la forma tan cruel, violenta e inhumana en que fueron
asesinados los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz,
habida cuenta de que inicialmente se hallaban desaparecidos y fueron
encontrados con un gran número de disparos, se concluye que se presenta el
perjuicio en su mayor magnitud y como el daño es producto de una grave violación
a los derechos humanos, se reconocen los perjuicios morales con un incremento
del doble66 de los montos indemnizatorios fijados en la jurisprudencia de la
Sección Tercera de la Corporación:
Primer grupo demandante – Víctima Álvaro Hernán Díaz
Querly Mindrey Utima Compañera permanente 200 SMLMV
Rodríguez
Jenifer Andrea Díaz Hija 200 SMLMV
Utima
Segundo grupo demandante – Víctima Julián Andrés Arroyave Utima
Luis Orlando Arroyave Padre 200 SMLMV
Alzate
Luz Adíela Utima Madre 200 SMLMV
Rodríguez
Eleany Restrepo Toro Compañera permanente 200 SMLMV
Johan Andrés Arroyave Hijo 200 SMLMV
Restrepo
Soraima Yulieth Hermana 100 SMLMV
Arroyave Utima
Yeny Tatiana Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
Jaime Alberto Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Marlen Arroyave Utima Hermana 100 SMLMV
Luisa Fernanda Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
65 Folios 447 a 455 c. 1.
66 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de
mayo de 2019, exp. No. 52172A, sentencia de 8 de mayo de 2023, exp. No. 56420 acumulado
49374, sentencia de 23 de mayo de 2023, exp. No. 50115, sentencia de 8 de abril de 2024, exp.
No. 58152. M.P. Adriana Marín, sentencia de 12 de septiembre de 2022, exp. No. 56232, sentencia
de 17 de junio de 2024, exp. No. 62821, sentencia de 27 de septiembre de 2024, exp. No. 68929.
M.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia de 7 de marzo de 2025, exp. No. 69540. M.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Jonathan Leandro Hermano 100 SMLMV
Arroyave Utima
Yeisly Yassiri Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
Luis Felipe Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Diego Armando Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Didier Yadir Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Valentina Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
131. Indemnización de perjuicios por violación a bienes o intereses
constitucional y convencionalmente amparados
132. En el recurso de apelación, la demandante pidió que se hiciera un llamado
de atención a las entidades demandadas para que evitaran la comisión de este
tipo de actos y garantizaran el derecho a la vida e integridad personal de todos los
residentes en Colombia.
133. Las medidas de reparación integral operan teniendo en cuenta la relevancia
del caso y la gravedad de los hechos, para reconocer la dignidad de las víctimas,
reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de
verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional.
134. El juez puede, oficiosamente o a solicitud de parte, decretar las medidas
que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados.
135. Se modificarán las medidas adoptadas por el tribunal de primera instancia
porque son insuficientes ante la violación grave a derechos humanos -como la que
se presentó en el caso concreto-, pues a las víctimas se les vulneró su derecho a
la honra y el buen nombre. Fueron asesinados de manera violenta por integrantes
del Batallón de Infantería No. 14 C.T. Antonio Ricaurte y también se transgredió
su dignidad humana en atención a que fueron presentados como unos
delincuentes dados de baja en combate.
136. En la sentencia de primera instancia solo se adoptaron dos medidas: 1) la
publicación de la sentencia en el portal de internet del Ministerio de Defensa y 2)
la remisión de la providencia a la Procuraduría General de la Nación para que
vigile su cumplimiento. Estas tienen que ver con el conocimiento y ejecución de la
sentencia, pero no con la reparación integral de los derechos de las víctimas y sus
familiares, pues no se enfocan en la rehabilitación, satisfacción, el
restablecimiento simbólico y en la no repetición.
137. Frente a la publicación de la sentencia solo se indica que debe ser por un
lapso de tres meses y con reserva de las partes, medida que no restablece la
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dignidad humana y el buen nombre de los señores Julián Andrés Arroyave Utima
y Álvaro Hernán Díaz, quienes no eran unos delincuentes pertenecientes a las
BACRIM, tampoco corrige la estigmatización de sus familiares.
138. Por tanto, la publicación de la sentencia debe ir acompañada de un
enunciado apropiado en el que se indique que los señores Julián Andrés Arroyave
Utima y Álvaro Hernán Díaz no eran delincuentes dadas de baja en combate, sino
que su muerte fue causada por parte de integrantes del Batallón de Infantería No.
14 C.T. Antonio Ricaurte, el 13 de enero de 2008, en la vereda “La Flecha”,
municipio de Sabana de Torres, Santander, como consecuencia de una ejecución
extrajudicial.
139. Asimismo, no procuran el esclarecimiento de la verdad acerca de las
circunstancias en las que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos y de
quiénes fueron los autores y partícipes de esas conductas delictivas.
140. Tampoco se enfocan en el bienestar de los afectados y la superación del
trauma causado con la muerte violenta de sus seres queridos.
141. Por consiguiente, dado el deber de otorgar garantías de no repetición, cuya
titularidad no corresponde a las partes procesales sino a la sociedad, es pertinente
una reparación integral acorde con la gravedad de los hechos y su incidencia
social, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción
de las siguientes medidas:
142. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
el ministro de defensa y el comandante del Batallón de Infantería No. 14 C.T.
Antonio Ricaurte, a nombre del Estado colombiano y del Ejército Nacional,
llevarán a cabo un acto solemne de reconocimiento de su responsabilidad y de
excusas a los familiares de las víctimas. El acto deberá realizarse en el municipio
de “La Virginia”, Risaralda y el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá
disponer los medios económicos y logísticos necesarios para facilitar la presencia
de los familiares -demandantes en este proceso- en la referida localidad y, para
todos los efectos, deberá coordinar con un representante de cada grupo familiar
la fecha y demás pormenores del acto público o privado.
143. El Ministerio de Defensa Nacional, durante el término de dos (2) meses,
publicará en un periódico de amplia circulación local en el departamento de
Risaralda y, concretamente, en el municipio de “La Virginia”, una nota de prensa
con base en las consideraciones de esta sentencia. Dicho escrito deberá informar
que la muerte de los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz
no ocurrió como consecuencia de un combate entre el Ejército Nacional e
integrantes de bandas criminales, sino que fue causada por parte de integrantes
del Batallón de Infantería No. 14 C.T. Antonio Ricaurte, el 13 de enero de 2008,
en la vereda “La Flecha”, municipio de Sabana de Torres, Santander, como
consecuencia de una ejecución extrajudicial. La extensión de esta nota de prensa
oscilará entre 300 y 600 palabras.
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144. En caso de que no se cuente con un periódico local, la publicación se hará
en uno de amplia circulación nacional o en una emisora con amplia difusión en el
municipio de “La Virginia”.
145. El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un enlace en su página
oficial y en sus distintas redes sociales con un encabezado apropiado en el que
se pueda acceder al contenido digital de esta providencia. La entidad demandada,
en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo,
subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al
público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses.
146. Esta publicación debe ir acompañada de un enunciado en el que se indique
que los señores Julián Andrés Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz no eran
delincuentes dadas de baja en combate, sino que su muerte fue causada por parte
de integrantes del Batallón de Infantería No. 14 C.T. Antonio Ricaurte, el 13 de
enero de 2008, en la vereda “La Flecha”, municipio de Sabana de Torres,
Santander, como consecuencia de una ejecución extrajudicial.
147. De conformidad con la Ley 1448 de 201167 –mediante la cual se dictaron
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno–, y teniendo en consideración que en el presente caso se
infringieron obligaciones convencionales de protección de los Derechos Humanos,
se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo
General de la Nación copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte
de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca
preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en
Colombia.
148. Con fundamento en lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto
4800 de 2011, se enviará copia de esta providencia a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a fin de que, si no
se encuentran incluidos, esa entidad evalúe si los demandantes pueden ser
registrados como víctimas y acceder a todos los beneficios, programas y
componentes dispuestos para el goce efectivo de sus derechos.
149. Independientemente del tiempo transcurrido, el Estado tiene la obligación
de investigar los hechos y de juzgar a los responsables. Por eso se enviará copia
auténtica de la totalidad del expediente en el que conste el presente trámite
contencioso-administrativo a la Fiscalía General de la Nación para que estudie la
67 Artículo 144. “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el
Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos
Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio,
preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por
personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con
las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, así como con la respuesta estatal
ante tales violaciones. // Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en
ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de
fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al
Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales [...]”.
28
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
posibilidad de desarrollar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo
razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, a efectos
de determinar no solo los responsables directos, sino también los autores
intelectuales o partícipes que favorecieron o incentivaron la comisión de esos
actos materializados en la ejecución extrajudicial de los señores Julián Andrés
Arroyave Utima y Álvaro Hernán Díaz.
150. Los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de
que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos.
151. Además, se enviará copia auténtica de la totalidad de este expediente a la
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de
los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, con arreglo
a lo previsto en el artículo 5º transitorio y siguientes del Acto Legislativo 01 de
2017, para que, dentro de los procedimientos reglados por la justicia transicional,
avance en el esclarecimiento de estos hechos cometidos en el marco del conflicto
armado y se pueda lograr la efectividad de los derechos a la justicia, verdad y
reparación integral.
152. Actualización de la indemnización de perjuicios materiales
153. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad
de lucro cesante, en la sentencia de primera instancia se reconocieron a favor de
los demandantes, las siguientes sumas de dinero:
Primer grupo demandante – Víctima Álvaro Hernán Díaz
Nombre Lucro cesante Lucro cesante futuro
consolidado
Querly Mindrey Utima $121’663.284 $89’072.202
Rodríguez
Jenifer Andrea Díaz $121’663.284 $39’210.548,68
Utima
Segundo grupo demandante – Víctima Julián Andrés Arroyave Utima
Nombre Lucro cesante Lucro cesante futuro
consolidado
Eleany Restrepo Toro $121’663.284 $89’118.102
Johan Andrés Arroyave $121’663.284 $29’573.402,56
Restrepo
154. Se debe aclarar que se trata de un aspecto que no fue objeto de apelación
por las partes, por tanto, la Sala se limitará a actualizar las sumas reconocidas en
la sentencia de primera instancia. Se aplicará la fórmula que se presenta a
continuación. El índice inicial corresponde a la fecha de esa decisión y el índice
final el vigente a la fecha de esta providencia, así:
29
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Ra = Rh índice final (mayo de 2026
índice inicial (enero de 2020)
Primer grupo demandante – Víctima Álvaro Hernán Díaz
• Querly Mindrey Utima Rodríguez
Lucro cesante consolidado = $121.663.284
Ra = $121’663.284 158.91
104.24
Ra = $185’471.147
Lucro cesante futuro = $ 89.072.202
Ra = $89’072.202 $158.91
104.24
Ra = $135’787.256
Total indemnización de lucro cesante para Querly Mindrey Utima Rodríguez
= $321’258.403
• Jenifer Andrea Díaz Utima
Lucro cesante consolidado = $121.663.284
Ra = $121’663.284 158.91
104.24
Ra = $185’471.147
Lucro cesante futuro = $39.210.548,68
Ra = $39’210.548,68 158.91
104.24
Ra = $59’775.021
Total indemnización de lucro cesante para Jenifer Andrea Díaz Utima =
$245’246.168
Segundo grupo demandante – Víctima Julián Andrés Arroyave Utima
• Eleany Restrepo Toro
Lucro cesante consolidado = $121.663.284
30
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Ra = $121’663.284 158.91
104.24
Ra = $185’471.147
Lucro cesante futuro = $89.118.102
Ra = $89’118.102 158.91
104.24
Ra = $135’857.229
Total indemnización de lucro cesante para Eleany Restrepo Toro =
$321’328.376
• Johan Andrés Arroyave Restrepo
Lucro cesante consolidado = $121.663.284
Ra = $121’663.284 158.91
104.24
Ra = $185’471.147
Lucro cesante futuro = $29.573.402,56
Ra = $29’573.402,56 158.91
104.24
Ra = $45’083.551
Total indemnización de lucro cesante para Johan Andrés Arroyave Restrepo
= $230’554.698
Comunicación a la sentencia a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos – CIDH y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
155. En consideración al caso P-960-20 Alvaro Hernán Diaz, Julián Andrés
Arroyave Utima y familiares ante la CIDH, se ordenará a la secretaría de la
Sección Tercera de esta Corporación remitir copia de esta sentencia a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia.
31
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Condena en costas
156. Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala
no condenará en costas de conformidad con el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
157. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1.- MODIFICAR la sentencia del 20 de enero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad agravada de la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL por
los daños antijurídicos causados a los demandantes por la ejecución
extrajudicial de los señores ÁLVARO HERNÁN DÍAZ y JULIÁN
ANDRÉS ARROYAVE UTIMA.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar a los
demandantes, las siguientes sumas de dinero por concepto de
indemnización del DAÑO MORAL:
Primer grupo demandante – Víctima Álvaro Hernán Díaz
Querly Compañera 200 SMLMV
Mindrey permanente
Utima
Rodríguez
Jenifer Hija 200 SMLMV
Andrea Díaz
Utima
Segundo grupo demandante – Víctima Julián Andrés Arroyave
Utima
Luis Orlando Padre 200 SMLMV
Arroyave
Alzate
Luz Adíela Madre 200 SMLMV
Utima
Rodríguez
Eleany Compañera 200 SMLMV
Restrepo permanente
Toro
32
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
Johan Andrés Arroyave Hijo 200 SMLMV
Restrepo
Soraima Yulieth Hermana 100 SMLMV
Arroyave Utima
Yeny Tatiana Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
Jaime Alberto Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Marlen Arroyave Utima Hermana 100 SMLMV
Luisa Fernanda Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
Jonathan Leandro Hermano 100 SMLMV
Arroyave Utima
Yeisly Yassiri Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
Luis Felipe Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Diego Armando Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Didier Yadir Arroyave Hermano 100 SMLMV
Utima
Valentina Arroyave Hermana 100 SMLMV
Utima
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar las siguientes
sumas de dinero por concepto de indemnización del lucro cesante:
Primer grupo demandante – Víctima Álvaro Hernán Díaz
Para Querly Mindrey Utima Rodríguez la suma de trescientos veintiún
millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos tres pesos
($321’258.403).
Para Jenifer Andrea Díaz Utima la suma de doscientos cuarenta y cinco
millones doscientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos
($245’246.168).
Segundo grupo demandante – Víctima Julián Andrés Arroyave
Utima
Para Eleany Restrepo Toro la suma de trescientos veintiún millones
trescientos veintiocho mil trescientos setenta y seis pesos
($321’328.376).
Para Johan Andrés Arroyave Restrepo la suma de doscientos treinta
millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho
pesos ($230’554.698).
33
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00121-01
(68.363)
Demandante: Diego Armando Arroyave Utima y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional
Referencia: Reparación directa
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, por concepto
de indemnización de perjuicios por violación a bienes o intereses
constitucional y convencionalmente amparados, se ordena a la Nación-
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional que adopte las medidas de
naturaleza restaurativa establecidas en la parte motiva de la presente
providencia en los numerales 134 a 143.
QUINTO: REMITIR copia de esta providencia a la Procuraduría
General de la Nación, para que en atención a lo dispuesto en el artículo
24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Sin condena en costas.
2º. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del
Código Contencioso Administrativo.
3º. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las
partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y
con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de
febrero de 1995. Las copias destinadas a la actora serán entregadas al apoderado
judicial que ha venido actuando.
4º. REMITIR por Secretaría de la Sección Tercera copia de esta sentencia al
Grupo Defensa Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y, por su intermedio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
para lo pertinente.
5º. DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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