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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00569-01

Sanción moratoria por el no pago del auxilio de cesantías: naturaleza jurídica

Fecha
10 de mayo de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00569-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 10 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar con excepción de los numerales tercero, cuarto, y quinto; y en su lugar se dispone: «TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca y pague al demandante señor Harry Díaz Mena identificado con C.C. 11.786.008, la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, desde el 24 de marzo de 2011 hasta el 23 de octubre de 2012, liquidable con base en el último salario devengado por el demandante ($2.304.963), por ser el correspondiente a la fecha en que se liquidaron las cesantías definitivas. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CARTO: No indexar la suma reconocida. QUINTO: No condenar en costas.» SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Ana Raquel Miranda de la Hoz identificada con C.C. 55.255.842 de Barranquilla y T.P. 179.052 del C. S. de la J., para actuar como apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con el poder que obra a folio 101 del expediente. TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2013-00569-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

10 de mayo de 2018

SANCIÓN MORATORIA POR EL NO PAGO DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS DE DOCENTE OFICIAL – Cómputo / APELANTE ÚNICO / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEIUS – Aplicación

En ambos casos la entidad incurrió en mora de más de un año en expedir el correspondiente acto de liquidación, de manera que en atención a la Sentencia de Unificación del 27 de marzo de 2007 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, ante la ausencia de pronunciamiento o resolución tardía por parte de la administración, el término inició a partir de la fecha de radicación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), más 10 días hábiles que corresponden término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011), y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 70 días hábiles, que al vencerse causaran la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Por lo anterior, el período de mora en que incurrió la entidad demandada es superior al establecido por el tribunal de instancia que efectuó el conteo a partir de la ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento; sin embargo, en virtud del mandato constitucional de no desmejorar la condición del apelante único prevista en el artículo 31 de la Carta Política, en esta caso el FOMAG, no se le puede imponer una sanción que supere el lapso por el cual fue condenado. NOTA DE RELATORÍA: Corte constitucional, sentencia de unificación SU-336 de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007, C.P.: Jesús María Lemos Bustamante, rad.: 2000-02513-01.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 31 / LEY 244 DE 1995 – ARTÍCULO 1 / LEY 244 DE 1995 – ARTÍCULO 2 / LEY 1071 DE 2006 – ARTÍCULO 2 / LEY 1071 DE 2006 – ARTÍCULO 3 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 1 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 3 / LEY 962 DE 2005 – ARTÍCULO 56 / DECRETO 2831 DE 2005 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 2831 DE 2005 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 2831 DE 2005 – ARTÍCULO 4 / DECRETO 2831 DE 2005 – ARTÍCULO 5 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 76 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 87

SANCIÓN MORATORIA POR EL NO PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS – Naturaleza jurídica / SANCIÓN MORATORIA – No es una prestación accesoria a las cesantías

La sanción moratoria por el incumplimiento en el pago oportuno de las cesantías, no es accesoria a la prestación social, por cuanto es de carácter excepcional y solo tiene lugar por disposición de la normativa que la contempla, la cual tiene por objeto procurar que el empleador reconozca y entregue de manera oportuna la prestación reconocida y en su defecto sancionarlo; de manera que la sanción es una sola, con lo cual se materializa la finalidad de la norma, sin que pueda imponerse dos veces al FOMAG, entidad responsable del pago de las prestaciones sociales, cuyos recursos provienen de la Nación.

SANCIÓN MORATORIA E INDEXACIÓN – Incompatibilidad / INDEXACIÓN – Naturaleza jurídica / INDEXACIÓN – No procede

La jurisprudencia de la sección segunda de esta Corporación en reiteradas ocasiones ha señalado la incompatibilidad entre la indexación y la sanción moratoria, al considerar que esta última no es un derecho laboral, sino una penalidad de carácter económico que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, por lo que, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, en tanto, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo, razón por la cual, en la parte resolutiva se revocara el numeral 4 de la providencia controvertida, toda vez que no hay lugar a indexar el valor de la condena. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de noviembre de 2016, C.P.: William Hernández Gómez, rad.: 2000-02513-01.

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS – No sujeto a disponibilidad presupuestal

De otro lado, no encuentra la Sala de recibo los argumentos del FOMAG, relativos a que por disposición legal, solo se procederá al pago y reconocimiento de las cesantías pretendidas siempre que haya disponibilidad presupuestal, por cuanto, la Corte Constitucional en sentencia C428 de 1997, estudió la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 344 de 1996, y para tales efectos, lo declaró condicionalmente exequible con excepción de las expresiones “reconocerse y liquidarse y”, bajo el entendido de que la gestión administrativa, no puede depender exclusivamente de la apropiación presupuestal, pues el objetivo acorde con la Constitución consiste en la agilización global de las solicitudes y reconocimientos pendientes de pago, en cuanto la mora causa grave daño a los trabajadores y compromete disciplinariamente a los servidores públicos responsables de ella. NOTA DE RELATORÍA: Corte constitucional, sentencia C-428 de 1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

CONDENA EN COSTAS – Criterio subjetivo

En el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en costas a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso; descartándose así una apreciación que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 19 de enero de 2015, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, rad.: 4583-13.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 366

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00569-01(4326-15)

Actor: HARRY ANTONIO DÍAZ MENA

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria – Docente – Aplicación de la Ley 1071 de 2006. - Confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda

FALLO SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Harry Antonio Díaz Mena, consistente en el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago no oportuno de las cesantías definitivas reconocidas mediante las Resoluciones 4607 de 21 de diciembre de 2010 y 2648 de 13 de julio de 2013, proferidas por el Secretario de Educación Distrital de Cartagena, de conformidad con la Ley 244 de 1996 modificada por la Ley 1071 de 2006.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2. El señor Harry Antonio Díaz Mena en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, presentó demanda el 5 de septiembre de 2013 contra la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias y la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.1.1. Pretensiones

a. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SED-2013-RE-700 del 12 de febrero de 2013, mediante el cual la asesora código 105 grado 47 del Grupo de Asesoría Legal Educativa de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, le negó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas.

b. En consecuencia de la anterior decisión, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas por el período en el que laboró como docente nacional (jornada mañana) y nacionalizado (jornada tarde), respectivamente.

c. Igualmente, solicitó la indexación de las sumas reconocidas a su favor, y los intereses comerciales y moratorios.

2.1.2. Fundamentos fácticos.-

a. El demandante señaló que laboró para el Distrito de Cartagena – Secretaría de Educación, así:
• Docente nacional –jornada mañana-: Nombrado a través de la Resolución 10340 del 24 de noviembre de 1976, cuyo último lugar de prestación de servicios fue la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

• Docente nacionalizado -jornada tarde-: Nombrado por medio del Decreto 353 del 17 de marzo de 1981, cuyo último lugar de prestación de servicios fue la institución educativa República de Líbano de Cartagena.

b. Indicó que por medio del Decreto 1121 de 24 septiembre de 2009, expedido por el Secretario de Educación Distrital fue retirado del servicio, según la entidad demandada por razón de su inasistencia laboral, y no en virtud de la pérdida de capacidad laboral del 76% dictaminado por la Organización Clínica General del Norte, que le imposibilitó ejercer su profesión.

c. Manifestó que sus cesantías definitivas le fueron reconocidas a través de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 4607 del 21 de diciembre de 2010, proferida por el S.E.D de Cartagena, en la que se ordenó cancelar la suma de $58.902.215 por el lapso laborado como docente nacionalizado, y su notificación personal se efectuó el 12 de enero de 2011.

• Resolución 2648 del 13 de julio de 2011, expedida por la misma autoridad, en la que se ordenó girar el valor de $7.770.546 correspondiente al período en que ejerció como docente nacional, y su notificación se realizó mediante edicto del 7 de octubre de 2011.

d. Finalmente indicó que respecto de los valores liquidados a través de los actos administrativos señalados en precedencia, la secretaría de educación territorial envió la orden de pago a La Fiduprevisora S.A. el 30 de agosto de 2012, y solo hasta el 24 de octubre de 2012 se efectuó la cancelación; por ende, el 12 diciembre de la misma anualidad, formuló una petición ante la secretaría distrital con el fin de obtener la sanción moratoria derivada del incumplimiento de la obligación por parte del empleador, la cual fue resuelta desfavorablemente a través del acto administrativo acusado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

3. Invocó como normas desconocidas las siguientes disposiciones: artículos 13, 25, 29 y 46 de la Constitución Política y Ley 1071 de 2006.

4. Adujo que el acto demandado adolece de nulidad por desconocimiento del debido proceso del actor, quien se encuentra en debilidad manifiesta y es una persona de la tercera edad que sufría de quebrantos de salud para la fecha en que fue retirado del servicio por medio del Decreto 1121 del 24 de septiembre de 2009, el cual además fue expedido con falsa motivación, puesto que la razón para separarlo del servicio fue su supuesta inasistencia y no su condición de invalidez.

5. Manifestó que cuando solicitó el retiro de sus cesantías definitivas, estas le fueron retenidas bajo el argumento de una acreencia del demandante con la secretaría de educación, correspondiente a tiempos no laborados que le fueron pagados, cuando lo que en realidad existió fue una vulneración de los derechos al trabajo, la seguridad social, la dignidad humana, igualdad y el mínimo vital.

6. En igual sentido, señaló que las razones plasmadas en la decisión administrativa controvertida al negar la sanción moratoria no se relacionan con el origen de la misma penalidad, sino con un trámite institucional que no puede entrelazarse con un derecho prestacional, de manera que también transgredió el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, en tanto superó el plazo de los 45 días hábiles para el pago de las cesantías definitivas, pues la administración incurrió en un retardo de más de un año después de la firmeza de ambos actos de reconocimiento, lo cual evidenció mala fe del empleador.
2.1.4. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Contestación de la demanda.

7. Se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó frente a los hechos, que el retiro del actor obedeció a que como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral, le era imposible asistir a atender las jornadas en los respectivos cargos de docente de cada uno de los planteles académicos, y pese a ello, continuaba percibiendo las asignaciones salariales, cuya devolución y/o autorización de descuento de las mesadas pensionales le fue solicitada por medio del Oficio 2010-SED-EE-4617 del 6 de julio de 2010 y requerida a través de otro expedido el 13 de abril de 2011 con radicación 2011-SED-9025, pues se generó un enriquecimiento injustificado. Ante la negativa táctica del titular, se remitió a La Fiduprevisora S.A. la orden de pago de los dos emolumentos reconocidos –cesantías-, el 30 de agosto de 2012.

8. Argumentó que la negativa de la sanción moratoria no es una decisión desacertada y en modo alguno desconoció los derechos fundamentales invocados, dado que la Secretaría de Educación Distrital actuó de buena fe que se presume a favor de la entidad demandada, toda vez que pretendía que el accionante se pronunciara frente al reintegro de las sumas no debidas, de modo que resulta ilógico sancionar a la administración, en tanto no procedió de forma caprichosa ni con el fin de evadir obligaciones laborales, sino que existió una razón que justificó su dilación.

9. Alegó la falta de integración del litisconsorcio necesario, al considerar que existe una relación jurídica sustancial entre la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena y el FOMAG, en razón a que este último es el que contiene los recursos para el desembolso de las prestaciones sociales de los docentes, los cuales son administrados y manejados por la fiduciaria contratada para el pago de las prestaciones económicas reconocidas mediante los actos administrativos proferidos por la secretarías de educación territoriales, razón por la cual, es necesaria su vinculación al proceso para que se pronuncie frente a las pretensiones del demandante.

2.1.5. Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.- Contestación de la demanda.

10. El FOMAG fue vinculado al proceso mediante auto de 11 de junio de 2014, proferido por la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003.

11. Frente a las pretensiones de la demanda consideró que la prestación fue reconocida bajo los parámetros legales, sin que la mora sea imputable a la entidad que representa, por cuanto el reconocimiento de las cesantías sigue un procedimiento con sujeción expresa a la ley, atendiendo al turno de atención y disponibilidad presupuestal, el cual se llevó a cabo adecuadamente a través de la Fiduciaria La Previsora S.A, en garantía del principio de igualdad.

12. Expuso que la sanción establecida en la Ley 1071 de 2006, no es procedente para el caso específico de los docentes, en tanto la misma no se encuentra contemplada por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, disposiciones especiales que regulan el auxilio de cesantías de los docentes afiliados al FOMAG, y a través de las cuales se señala que el pago de dicha prestación está sujeto a la disponibilidad presupuestal.

13. Argumentó que en virtud del principio de interpretación restrictiva de la norma no es posible extender la aplicación de una sanción prevista en una norma general, para un procedimiento que se encuentra regulado en una disposición especial que no la consagra, como es el caso de la sanción moratoria.

14. Propuso las que denominó excepciones, la actuación de la entidad bajo el principio de la buena fe, en tanto de conformidad con la sentencia T-475 de 1992, se adoptó un comportamiento leal durante todos los trámites efectuados por el demandante y en cumplimiento de las normas que regulan la aludida prestación social.

15. Indicó que se configuró una inexistencia de la obligación, como quiera que el auxilio de cesantías del accionante fue liquidado con arreglo a la normatividad legal y reglamentaria aplicable a los derechos prestacionales del docente y con observancia de las pautas jurisprudenciales vigentes al momento de la expedición del acto acusado.

16. Finalmente, alegó la caducidad de la acción en atención a que el auxilio de cesantías no es una prestación periódica, por lo que está sujeto al término de prescripción de 4 meses, y la prescripción trienal de cualquier derecho que no hubiere sido reclamado dentro de la oportunidad legal.

2.1.6. Audiencia Inicial.

17. El Tribunal Administrativo de Bolívar en Audiencia Inicial celebrada el 19 de febrero de 2015, una vez efectuado el saneamiento del proceso, denegó la excepción de caducidad de la acción, bajo el argumento de que si bien no se allegó prueba de la notificación del acto acusado, asumió que el actor conoció del mismo en la fecha de su expedición, por lo que el término de los 4 meses que establece la norma para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, inició desde el 13 de febrero y finalizó el 13 de junio de 2013. En tal sentido, debido a que la solicitud de conciliación se presentó el 7 de junio de 2013, se interrumpió el término faltando 7 días para que feneciera, por ende, dado que la respectiva constancia fue emitida el 3 de septiembre de 2013, y la demanda presentada el 5 de septiembre de la misma anualidad, se concluyó que la demanda fue presentada dentro de la oportunidad legal.

2.1.6.1 Hechos relevantes en la fijación del litigio.

18. De conformidad con la demanda y con su contestación, los hechos en los que están de acuerdo las partes son los siguientes:

«1. El señor Harry Díaz Mena laboró para la Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Educación Distrital de Cartagena como docente nacionalizado en el IE República de Líbano de Cartagena y docente nacional en la IE Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hasta el 24 de septiembre de 2009.
2. Que fue retirado del servicio mediante Decreto 1121 de 2009.
3. Mediante Resolución 4607 de 21 de julio de 2011 (sic) se le reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas al docente en su vinculación de docente nacionalizado.
4. Mediante Resolución 2648 de 13 julio de 2011 se le reconoció y pagó de las cesantías definitivas al docente en su vinculación nacional.
5. El valor de las cesantías definitivas del señor Harry Antonio Díaz Mena fue enviado por la Secretaría de Educación Distrital a la Fiduprevisora el 30 de agosto de 2012 y pagado el 24 de octubre de 2012.
6. El 12 de diciembre de 2012 el señor Harry Antonio Díaz Mena presentó ante la Secretaría de Educación solicitud de pago de la sanción moratoria, por el pago extemporáneo de sus cesantías definitivas, para lo que la entidad emitió el oficio SED-2013-RE-700 denegando dicha solicitud.»

III. SENTENCIA APELADA.

19. El Tribunal Administrativo de Bolívar en fallo de 10 de julio de 2015 consideró que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en virtud del principio de favorabilidad y de igualdad material, los docentes tienen derecho a que se les aplique la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006; por consiguiente, no solo son destinatarios de la sanción moratoria pretendida, sino también del reconocimiento y pago de la misma en los plazos establecidos en la disposición que la regula, es decir, que no puede ser en cualquier momento y sin consideración alguna a la finalidad para la cual fue creada la prestación social, por relacionarse con el sustento del ex empleado.

20. En ese orden de ideas, el a quo expuso que está claramente demostrado que la administración incurrió en la sanción moratoria consagrada en la ley por el pago tardío de las cesantías definitivas reconocidas en favor del actor, por cuanto del material probatorio se observó que las Resoluciones 4607 de 21 de diciembre de 2010 y 2648 de 13 de julio de 2011 quedaron ejecutoriadas los días 20 de enero de 2011 y el 18 de octubre de 2011 respectivamente, por lo que, la administración tenía hasta el 23 de marzo y 23 de diciembre de la misma anualidad para efectuar el pago; sin embargo, solo fueron canceladas hasta el 24 de octubre de 2012, esto es, con 582 y 306 días de retardo, contrariando los términos perentorios previstos en la Ley 244 de 1995.

21. Argumentó que si bien el distrito de Cartagena reconoce que demoró el pago de las cesantías en razón a que estaba pendiente un supuesto trámite de devolución de salarios pagados al docente en periodos no laborados con ocasión del requerimiento que se le hizo a través del Decreto 1121 de 24 de septiembre de 2009, dichas razones no justifican su omisión bajo la premisa de haber actuado bajo la presunción de buena fe, por cuanto, en primer lugar, en ninguno de los apartes del decreto se ordenó que las gestiones a realizar para lograr el reintegro de los presuntos dineros pagados en exceso se efectuarían sobre las cesantías del actor sino sobre sus mesadas pensionales, y en segundo, en tanto supeditar el procedimiento consagrado para el reconocimiento y liquidación de la prestación social, no es el medio idóneo para ventilar la devolución de las sumas adeudadas por otros conceptos, dada la naturaleza del auxilio del cesante que constituye no solo un derecho adquirido para el servidor público, y además la finalidad es servir de sustento a la terminación de la relación laboral.

22. Igualmente, el tribunal enfatizó en que pese a que la administración retiró al actor del servicio en el 2009, por no encontrarse en condiciones física y mentalmente aptas para la docencia, una vez analizada la hoja de vida allegada al expediente, se evidenció que la secretaría de educación de Cartagena (empleador), desde el 2001 tuvo conocimiento de la progresiva pérdida de capacidad laboral (actas de calificación de invalidez del 16 de julio de 2001 -65,28%, 14 de agosto de 2002-76,63%, y 4 de marzo de 2008 -76,20%); por lo que que se pudo prever desde mucho antes a la fecha en que fue separado del cargo de docente, la imposibilidad del demandante para asistir a sus labores, y no obstante ello, le continuaron pagando sus salarios, por lo que no era de recibo que posteriormente le retuvieran las cesantías por una situación que era previsible para el empleador, como tampoco lo era el argumento relativo a la disponibilidad presupuestal de la entidad, por encontrarse obligada a mantener disponibles los recursos para atender tales obligaciones laborales.

23. Así las cosas, declaró la nulidad del acto acusado, en la medida en que desconoció el derecho del actor a que se le reconozca y pague la aludida prestación social en los términos de ley. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG al reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas, equivalente a un día de salario por cada día de mora, así:

i) Desde el 24 de marzo de 2011 hasta el 24 de octubre de 2012, respecto de las cesantías definitivas liquidadas al actor a través de la Resolución 4607 de 21 de diciembre de 2010 en su calidad de docente nacionalizado.

ii) Desde el 24 de diciembre de 2011 hasta el 24 de octubre de 2012, respecto de las cesantías definitivas liquidadas por medio de la Resolución 2648 de 13 de julio de 2011 en su calidad de docente nacional.

24. Finalmente, ordenó el ajuste del valor de la condena en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y condenó en costas a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, según lo dispuesto por el artículo 365 y 366 del Código General del Proceso.

IV. RECURSO DE APELACIÓN.

25. La apoderada judicial del FOMAG manifestó que el a quo incurrió en error al solucionar el caso del asunto, en tanto no pueden generarse intereses moratorios y/o indexación alguna, toda vez que la suma que se le reconoció y pagó al demandante fue producto del turno de atención correspondiente y de la asignación presupuestal legalmente destinada para tal efecto, de acuerdo al principio de igualdad y debido a que no se cuenta con los recursos suficientes para el pago de todas las prestaciones que se encuentran en trámite.

26. Por consiguiente, adujo que la disponibilidad presupuestal es completamente fundamental para la Fiduciaria La Previsora S.A. como ente administrador de los recursos del fondo, por cuanto a partir de ella es que se efectúan las asignaciones prestacionales de acuerdo al estricto turno de radicación de los actos expedidos por las secretarías de educación, y bajo ese entendido no puede endilgársele una negligencia al FOMAG.

27. Adicionalmente a ello, señaló que para el caso específico de los docentes, las reclamaciones de cesantías se rigen por lo la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, que constituyen un procedimiento especial diferente al estipulado en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, en tal virtud, no se puede pretender la aplicación extensiva de una penalidad establecida en una norma general para un procedimiento que se encuentra regulado por una disposición especial.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Alegatos de conclusión.

28. Manifestó que a la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena no puede atribuírsele obligaciones que la ley no le ha conferido, pues sus funciones solo se limitan, previa aprobación de la entidad fiduciaria encargada, a la proyección y suscripción de los actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones sociales económicas a cargo del FOMAG, y no al pago de los mismos, de manera que no le asiste a esta entidad la obligación de reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas, en tanto se encuentran a cargo de la Nación y administrados por la fiduciaria encargada, tal como lo indica el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y 56 de la Ley 962 de 2005.

VI. CONSIDERACIONES

29. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por el FOMAG contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

6.1. Problema jurídico.-

30. De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le corresponde a la Sala:

31. Establecer si a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989, les es aplicable la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que regula los términos correspondientes al pago oportuno de cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos.

32. Con miras a resolver el problema jurídico anteriormente planteado, la Sala en primer lugar analizará las normas que regulan la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos, en los siguientes términos:
33. La Ley 244 de 1995 contempló los términos para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, so pena de que la entidad obligada pagara al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, en los siguientes términos:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.» (Se destaca).

34. La anterior disposición, fue modificada por la Ley 1071 de 2006, cuyo objeto fue la reglamentación del reconocimiento de cesantías definitivas o parciales de los trabajadores y servidores del Estado y en el artículo 2 ibídem el legislador contempló el ámbito de aplicación, dentro del cual definió como destinatarios de la ley, los siguientes:
«Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.»

35. De las disposiciones transcritas, se evidencia que si bien el objeto de las normas fue regular el pago de las cesantías de los servidores públicos, el legislador no especificó expresamente en su articulado si dentro de estos últimos se encuentran comprendidos los docentes afiliados al FOMAG.

36. Desde el punto de vista jurisprudencial, el Consejo de Estado al conocer las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por los docentes estatales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha planteado posturas disímiles en lo concerniente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, pues en algunas oportunidades la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que no existe ninguna razón para excluir a los docentes del sector oficial del derecho al pago oportuno de las cesantías desarrollado en dicho precepto legal, al considerar que al igual que los demás servidores públicos comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, estos son sujetos destinatarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo represivo e inclusive preventivo, dada la importancia de dicha prerrogativa laboral – cesantías, así como en aras de materializar el derecho a la igualdad y el principio in dubio pro operario, previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

37. Contrario a la postura anteriormente señalada, esta Corporación ha expuesto que no es jurídicamente viable aplicar la sanción moratoria aludida, en garantía del principio de unidad normativa, máxime cuando los docentes se encuentran regulados por un régimen especial previsto en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, que consagran términos diversos al previsto en el sistema general, por ende, no es razonable exigir a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas ni a la Fiduciaria La Previsora S.A., el cumplimiento del plazo señalado en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en la medida en que las normas aplicables de manera excepcional a los afiliados al FOMAG consagraron términos diversos e inclusive más extensos, y adicionalmente, el legislador no contempló en ellas, tal penalidad.
38. La situación descrita conllevó a que los docentes estatales acudieran a la acción de tutela, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en las decisiones judiciales. Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, en sentencia de 16 de mayo de 2016, negó el amparo solicitado, al considerar que dicho mecanismo jurídico no era el idóneo para decidir controversias respecto de las cuales no exista jurisprudencia pacífica, toda vez que la competencia para resolver acerca de una posible unificación de jurisprudencia le fue atribuida a esta Corporación, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

39. En tal virtud, la Corte Constitucional en ejercicio de la facultad de revisión prevista en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, seleccionó la anterior decisión judicial y se pronunció sobre la materia objeto de estudio, mediante la Sentencia de Unificación SU 336/17, en la cual unificó la jurisprudencia para señalar que en virtud de la finalidad de las cesantías y por tratarse de un derecho del cual es sujeto todo trabajador sin distinción alguna, a los docentes les es aplicable el régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, que contempla la posibilidad de reconocer a favor de estos la sanción por el pago tardío de las cesantías reconocidas, previo cumplimiento de los requisitos legales, en la medida que resulta ser la condición más beneficiosa y materializa los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, por las siguientes razones:

« […] (i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia.

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino territorial.

(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.

(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce por efecto de un nombramiento.

(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como empleados públicos.

(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.»

40. Por consiguiente, en garantía del derecho a la igualdad y el principio in dubio pro operario, previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, y en atención a que la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006 no exluyó al sector oficial docente del ámbito de aplicación, se tiene que los docentes son sujetos pasibles de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo represivo e inclusive preventivo en aras de la protección de la prerrogativa laboral – cesantías-.

6.1.2. Creación del FOMAG y el trámite establecido en normas reglamentarias para el pago de las prestaciones sociales de los docentes del sector oficial.

41. A través de La Ley 91 de 1989, el Congreso de la República creó el FOMAG y determinó sus competencias frente a la Nación y a las entidades territoriales. Dice la norma:

“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
Parágrafo - Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.”

42. Crea el FOMAG, en los siguientes términos:

“Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad”.

43. Por otro lado, se precisa igualmente que en relación con los docentes oficiales, la Ley 962 de 2005 «Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos», previó en su artículo 56 que las prestaciones sociales de los afiliados al FOMAG, serán reconocidas y pagadas por dicho fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre los recursos de este patrimonio autónomo, el cual en todo caso debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente.

44. El trámite fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005, los cuales a la letra señalan lo siguiente:

“Artículo 2°.Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
[…]
Artículo 3°.Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces. Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá: 1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo. 2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente. 3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo. 4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley. 5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme. Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo. Artículo 4°.Trámite de solicitudes.

El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación. Artículo 5°.Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.».

45. De acuerdo con la normativa transcrita, se tiene que para el reconocimiento y pago de los afiliados al FOMAG, el Decreto Reglamentario 2831 de 2005, previó unos términos especiales; no obstante, dado que la Ley 1071 de 2006 fue proferida por el Congreso de la República, órgano al que por mandato constitucional le corresponde hacer las leyes, y de otro lado, el decreto señalado se por el presidente en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, quien ejerce las funciones de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, dicha ley prevalece sobre el decreto reglamentario y en tal virtud, deberá aplicarse tal disposición legal en lo concerniente a los términos para el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas de docentes, dada su naturaleza jurídica de servidores públicos, así como la sanción moratoria.

46. Aunado a lo anterior, la Sala considera que no hay lugar a la aplicación conjunta del Decreto 2831 de 2005 para el trámite del reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes y la Ley 1071 de 2006, para la sanción moratoria en el evento en que la entidad pagadora incumpla el plazo, pues ello desconocería el principio de inescindibilidad que rige la aplicación de la ley, y en virtud del cual, se prohíbe acudir de manera parcial a varias normas para tomar lo favorable de cada una.

47. Consecuente con la disertación hecha, para esta Sala de Sección es muy importante recalcar la jerarquía normativa en cuya virtud debe prevalecer el mandato contenido en la Ley 1071 de 2006 en el trámite de las solicitudes de cesantías que promuevan los docentes oficiales; por lo que tanto entes territoriales como el Fomag deberán procurar su cumplimiento para tales propósitos. Así mismo, el Gobierno Nacional la tendrá en cuenta para si es del caso disponga de una reglamentación acorde con la ley.

48. Establecido lo anterior, la Sala decidirá el caso concreto atendiendo las normas y el criterio jurisprudencial de la Sección Segunda de esta Corporación y la Corte Constitucional, analizados en los acápites precedentes.

6.1.3. De la solución del caso.

49. En el sub júdice, el a quo accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que por criterios de igualdad laboral frente a otros servidores públicos a los docentes les es aplicable la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y debido al retardo injustificado en el pago de las sumas reconocidas por concepto de cesantías definitivas, dado que la entidad empleadora señaló que descontaría las sumas adeudadas por concepto de salarios de las mesadas pensionales y además, conoció de la progresiva imposibilidad física y mental del actor para prestar sus servicios de docente en las dos instituciones educativas en las que fue nombrado, condenó al FOMAG a un día de salario por cada día de mora, así:

i) Desde el 24 de marzo de 2011 hasta el 24 de octubre de 2012, por la prestación social definitiva reconocida en su calidad de docente nacionalizado por el tiempo laborado en la I.E República de Líbano - Cartagena.

ii) Desde el 24 de diciembre de 2011 hasta el 24 de octubre de 2012, por la prestación social definitiva reconocida en su calidad de docente nacional por el tiempo laborado ante la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

50. La apoderada judicial del FOMAG manifestó su desacuerdo frente a la decisión de primera instancia, al estimar que al actor no le asiste el reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, por cuanto, el régimen de cesantías de los docentes se encuentra regulado especialmente por la Ley 91 de 1989, la cual no contempló dicha penalidad y en tal virtud, no se puede pretender la aplicación de una sanción establecida en una norma general para un procedimiento que se encuentra regulado por una norma especial, y adicional a ello, el reconocimiento de cesantías por parte de la fiduciaria está sujeto a expresos lineamientos legales, turno de atención y disponibilidad presupuestal, razón por la cual, no se le puede endilgar una negligencia.

51. Como se expuso en el acápite precedente, de acuerdo con los mandatos constitucionales previstos en los artículos 13 y 53, en los términos señalados por la Sección Segunda como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la SU336/17 de la Corte Constitucional, los docentes al igual que los demás servidores públicos, son sujetos pasibles de la sanción moratoria prevista la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

52. En tal sentido, la Sala analizará el acervo probatorio aportado al proceso, en aras de determinar si se encuentran acreditados los supuestos fácticos alegados por el FOMAG, así:

53. Con la demanda se aportaron los siguientes medios de prueba:

1) Decreto 1121 de 24 de septiembre de 2009, por el cual el Secretario de Educación Distrital retiró del servicio al demandante, bajo las siguientes consideraciones:

“[…] Que el docente HARRY ANTONIO DÍAZ MENA, […], se encuentra vinculado al Distrito de Cartagena como docente Nacionalizado desde el año 1998, según Decreto No. 0358 del 30 de abril de 1998 y como docente Nacional desde el año 1982, según Decreto No. 121269 de julio 12 de 1982.

Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció a HARRY ANTONIO DÍAZ MENA dos pensiones de jubilación, una como docente Nacionalizado mediante Resolución No. 001743 de marzo 27 de 2003, y otra como docente Nacional mediante Resolución No. 001820 de mayo 5 de 2003.

Que a partir del reconocimiento de estas dos pensiones de jubilación en el año 2003, el docente viene recibiendo cuatro asignaciones del Estado; correspondientes a dos pensiones de jubilación y a sus dos vinculaciones como docente de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, lo cual solo es posible si se encuentra física y mentalmente apto para la tarea.

Que el docente ha sido evaluado por el servicio de Medicina Laboral debido a su condición de salud, siendo calificado con un 76,20% en el dictamen expedido por la Organización Clínica General del Norte, fechado el 4 de marzo de 2008.
Que está recibiendo doble asignación salarial como docente de planta de dos Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena, I.E. República del Líbano e I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sin estar prestando servicios como tal, debido al parecer a la pérdida de su capacidad laboral, incurriendo así en inasistencia a sus labores.”

Con fundamento en las razones expuestas, resolvió retirar al demandante y en el parágrafo único del artículo segundo de la parte resolutiva, ordenó lo que al tenor se transcribe a continuación:

“[…] El área de Nómina junto con el área de Prestaciones Económicas del SED, deberán efectuar una liquidación de las sumas pagadas no debidas al señor HARRY ANTONIO DÍAZ MENA, y una vez cuantificado se requerirá para su respectiva devolución y/o autorización de descuento de sus mesadas pensionales.” (Se destaca).

Contra la anterior decisión, en el artículo tercero del decreto se contempló que procedían los de ley, los cuales no fueron interpuestos por el actor.

2) Copia auténtica de la Resolución 4607 de 21 de diciembre de 2010 expedida por el Secretario de Educación Distrital de Cartagena de Indias, en atención a la solicitud con radicación 2009-CES-034207 de 22 de diciembre de 2009, por la cual se le reconoció al actor la suma de $73.534.047 por concepto de cesantías definitivas del tiempo laborado como docente nacionalizado desde el 25 de marzo de 1981 hasta el 24 de septiembre de 2009; valor respecto del cual se le descontaron $14.631.832 correspondientes a retiros parciales, quedando un saldo de $58.902.215.

El anterior acto administrativo se notificó personalmente al titular el 12 de enero de 2011.

3) Copia auténtica de la Resolución 2648 de 13 julio de 2011 expedida por el Secretario de Educación Distrital de Cartagena de Indias, de acuerdo con la petición con radicación 2009-CES-034013 de 22 de diciembre de 2009 por la cual se le reconoció al demandante el valor de $26.308.830 por prestar sus servicios como docente nacional desde el 24 de noviembre de 1976 hasta el 24 de septiembre de 2009; valor respecto del cual se le descontaron $18.538.284 por retiros parciales, quedando un saldo de $7.770.546.
El anterior acto administrativo fue notificado al titular el 7 de octubre de 2011.

4) Certificados de tiempo de servicio proferidos por la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena el 29 de enero de 2009, en los que se hizo constar respectivamente, que el actor se desempeñó:

• Como docente nacional en la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la jornada de la mañana.

• Como docente nacionalizado en la I.E República de Líbano de Cartagena, en la jornada de la tarde.

5) Copia auténtica de certificados de salarios expedidos 4 de diciembre de 2012, en los que se observa que los sueldos básicos devengados como docente de vinculación nacional y nacionalizado percibido en el último año de prestación de servicios durante la anualidad de 2009 (último año de prestación de servicios) fue igual, esto es, la suma de $2.304.963.

54. Según lo manifestado por la apoderada judicial del Distrito de Cartagena, al demandante se le solicitó la devolución de la suma de $131.199.714 por concepto de los salarios que fueron pagados sin que prestara sus servicios, así:

1) Oficio 2010-SED-EE-4617 del 6 de julio de 2010, por el cual se indicó:

“[…] lo estamos requiriendo para que se autorice por escrito y con destino a nuestra entidad, el descuento de sus cesantías definitivas que se hallan en curso en el área de Prestaciones Económicas y el descuento e las mesadas pensionales que viene percibiendo como docente, de la suma pagada a usted como sueldo de docente activo, sin estar laborando y acorde con las verificaciones hechas por esta Secretaría.
Una vez FIDUPREVISORA S.A, apruebe los proyectos de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas pendientes de trámite en el área de prestaciones a su favor, le enviaremos oficio dando alcance a éste, con los valores exactos de dichas cesantías pendientes y del porcentaje de descuentos de sus mesadas pensionales para saldar la deuda de los no pagado.[…]”

2) Por medio del Oficio 2011-SED-9025 del 13 de abril de 2011 se requirió nuevamente ante el silencio del demandante frente a la solicitud de devolución señalada en precedencia.

3) Igualmente, manifestó que ante la negativa tácita del titular, se emitió el Oficio 2012E4543 del 30 de agosto de 2012, por la Directora de Prestaciones Económicas de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, mediante la cual se ordenó el pago de los valores liquidados por concepto de cesantías definitivas por medio de las Resoluciones 4807 de 21 de diciembre de 2010 y 2648 de 13 de julio de 2011. El pago se efectuó, de acuerdo con la fijación del litigio en la Audiencia Inicial, el 24 de octubre de 2012.

4) Se observa que la petición de reconocimiento de la sanción por mora fue radicada ante la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena el 12 de diciembre de 2012, cuya negativa tuvo lugar a través del acto administrativo acusado, bajo el argumento que el retardo en el pago de los derechos laborales por parte del empleador, no siempre da lugar a una indemnización a favor del trabajador, por cuanto para que esta se genere debe probarse la mala fe, lo que no tiene lugar en el caso del asunto, toda vez que la demora se debió a que se estaba esperando un pronunciamiento por parte del docente respecto de la solicitud de autorización de descuento de los dineros pagados, durante el tiempo que el trabajador, pese a que estaba activo, no se encontraba laborando.

55. De acuerdo con la valoración probatoria efectuada por la Sala de decisión, se encuentra acreditado que contrario a lo señalado en la impugnación del FOMAG, la administración incurrió en un retardo en el reconocimiento de las cesantías definitivas, puesto que en virtud de la finalización del vínculo laboral a través del Decreto 1121 de 24 de septiembre de 2009, se le indicó al titular que el descuento de las sumas correspondientes a salarios no laborados se haría de las mesadas pensionales, más no de la prestación social – cesantías-, y pese a que el actor radicó la petición con el fin de obtener la liquidación y pago de tal emolumento el 22 de diciembre de 2009, la administración emitió el oficio por el cual requirió el reintegro hasta el 6 de julio de 2010, esto es, 6 meses 10 días después de la solicitud, por lo que no es de recibo el argumento relativo a que la administración suspendió el trámite con ocasión de la suma adeudada por el demandante.

56. Así las cosas, se observa que los correspondientes actos de liquidación fueron expedidos fuera del término de 15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, tal como se expone a continuación:

i) Petición con radicación 2009-CES-034027 del 22 de diciembre de 2009, por los servicios prestados como docente de vinculación nacionalizada, la cual fue resuelta a través de la Resolución 4607 del 21 de diciembre de 2010, cuyo plazo venció el 15 de enero de 2010, esto es, 11 meses y 27 días después.

ii) Petición con radicación 2009-CES-034013 del 22 de diciembre de 2009, por los servicios prestados como docente de vinculación nacional, la cual fue resuelta a través de Resolución 2648 del 13 julio de 2011, cuyo plazo venció el 15 de enero de 2010, esto es, 1 años 6 meses y 19 días después de finalizado el plazo.

57. De acuerdo con lo expuesto, en ambos casos la entidad incurrió en mora de más de un año en expedir el correspondiente acto de liquidación, de manera que en atención a la Sentencia de Unificación del 27 de marzo de 2007 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, ante la ausencia de pronunciamiento o resolución tardía por parte de la administración, el término inició a partir de la fecha de radicación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), más 10 días hábiles que corresponden término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011), y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 70 días hábiles, que al vencerse causaran la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

58. Por lo anterior, el período de mora en que incurrió la entidad demandada es superior al establecido por el tribunal de instancia que efectuó el conteo a partir de la ejecutoria de los actos administrativos de reconocimiento; sin embargo, en virtud del mandato constitucional de no desmejorar la condición del apelante único prevista en el artículo 31 de la Carta Política, en esta caso el FOMAG, no se le puede imponer una sanción que supere el lapso por el cual fue condenado.

59. Ahora bien, la Sala considera pertinente señalar igualmente, que la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago oportuno de las cesantías, no es accesoria a la prestación social, por cuanto es de carácter excepcional y solo tiene lugar por disposición de la normativa que la contempla, la cual tiene por objeto procurar que el empleador reconozca y entregue de manera oportuna la prestación reconocida y en su defecto sancionarlo; de manera que la sanción es una sola, con lo cual se materializa la finalidad de la norma, sin que pueda imponerse dos veces al FOMAG, entidad responsable del pago de las prestaciones sociales, cuyos recursos provienen de la Nación.

60. En ese orden, si bien se observa que al demandante le fue reconocida dicha prestación social a través de dos resoluciones por el tiempo laborado como docente nacional y nacionalizado, no encuentra la Sala de recibo la doble penalización impuesta al FOMAG por el Tribunal de instancia, dado que como se expuso no puede sancionarse dos veces a la misma entidad por la infracción en que incurrió respecto de una sola relación laboral.

61. Así las cosas, se aplicará la penalidad más favorable para el empleado, esto es, la correspondiente a un día salario por cada día de mora desde el 24 de marzo de 2011 hasta el 23 de octubre de 2012, día anterior a la fecha en que se hizo el pago, la cual se liquidará con base en el salario devengado por el demandante al momento de su retiro, es decir, $2.304.963. Lo anterior, debido a que los salarios percibidos en cada institución educativa y con base en los cuales se efectuó la liquidación definitiva de la prestación social fueron iguales, según se acreditó por medio de las certificaciones allegadas al expediente.

62. Ahora, en lo concerniente a la aplicabilidad del Decreto 2831 de 2005, mediante el cual se dispuso un procedimiento distinto a la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006, en relación a los términos para el reconocimiento de las prestaciones de los docentes, es de recordar, que en la Carta Política se previó una jerarquía normativa a través de la cual se estableció que las leyes proferidas por el Congreso de la República, tienen prevalencia y son de aplicación preferente dentro del ordenamiento jurídico.

63. Por consiguiente, como se expuso en acápites precedentes dado que dicha normativa de la cual se discute su aplicabilidad, fue proferida por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, la Ley 244 de 1995 expedida por el Congreso de Colombia, prevalece sobre el decreto reglamentario y en tal virtud, deberá aplicarse tal disposición legal en lo concerniente a los términos para el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas de los docentes, así como también la sanción moratoria.

64. De otro lado, no encuentra la Sala de recibo los argumentos del FOMAG, relativos a que por disposición legal, solo se procederá al pago y reconocimiento de las cesantías pretendidas siempre que haya disponibilidad presupuestal, por cuanto, la Corte Constitucional en sentencia C428 de 1997, estudió la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 344 de 1996, y para tales efectos, lo declaró condicionalmente exequible con excepción de las expresiones “reconocerse y liquidarse y”, bajo el entendido de que la gestión administrativa, no puede depender exclusivamente de la apropiación presupuestal, pues el objetivo acorde con la Constitución consiste en la agilización global de las solicitudes y reconocimientos pendientes de pago, en cuanto la mora causa grave daño a los trabajadores y compromete disciplinariamente a los servidores públicos responsables de ella.

65. Por lo expuesto en precedencia, la Sala modificará el numeral tercero de la sentencia proferida el 10 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar en cuanto el reconocimiento de la sanción moratoria deberá efectuarse desde el 24 de marzo de 2011 hasta el 23 de octubre de 2012, día anterior a la fecha en que hizo el pago y liquidable con base en el último salario devengado por el demandante, esto es, $2.304.963, por ser el correspondiente a la fecha en que se liquidaron las cesantías definitivas.

66. Aunado lo anterior, el FOMAG manifiesta su desacuerdo frente a la indexación del valor de las sumas de dineros reconocidas en virtud de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, que al tenor literal señala:
«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. [...] Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.»
67. Al respecto, la jurisprudencia de la sección segunda de esta Corporación en reiteradas ocasiones ha señalado la incompatibilidad entre la indexación y la sanción moratoria, al considerar que esta última no es un derecho laboral, sino una penalidad de carácter económico que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, por lo que, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, en tanto, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo, razón por la cual, en la parte resolutiva se revocara el numeral 4 de la providencia controvertida, toda vez que no hay lugar a indexar el valor de la condena.

6.1.8. Condena en costas.

68. En el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en costas a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso; descartándose así una apreciación que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

69. En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción. Por consiguiente, se revocará el numeral quinto de la parte resolutiva que condenó en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las consideraciones expuestas en precedencia.

70. Finalmente, se observa a folio 101 del proceso de origen que la Nación Ministerio de Educación Nacional, confirió poder a la abogada Ana Raquel Miranda de la Hoz identificada con C.C. 55.255.842 de Barranquilla y T.P. 179.052 del C. S. de la J., por lo que se le reconocerá personería para actuar dentro del proceso.

71. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 10 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Bolívar con excepción de los numerales tercero, cuarto, y quinto; y en su lugar se dispone:

«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca y pague al demandante señor Harry Díaz Mena identificado con C.C. 11.786.008, la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, desde el 24 de marzo de 2011 hasta el 23 de octubre de 2012, liquidable con base en el último salario devengado por el demandante ($2.304.963), por ser el correspondiente a la fecha en que se liquidaron las cesantías definitivas. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CARTO: No indexar la suma reconocida.

QUINTO: No condenar en costas.»

SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Ana Raquel Miranda de la Hoz identificada con C.C. 55.255.842 de Barranquilla y T.P. 179.052 del C. S. de la J., para actuar como apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con el poder que obra a folio 101 del expediente.
TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
En adelante FOMAG.
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
Según se observa a folio 1 del expediente. Establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Folios 1 a 6 del proceso de origen. Secretario de Educación Distrital. Folios 3 y 4 del proceso de origen.
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»
Folios 51 a 68 del proceso de origen. Citó como jurisprudencia para señalar que la sanción moratoria no opera de forma automática e inexorable, pues deberá demostrarse que el empleador actuó de mala fe, las siguientes sentencias: 3324 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia y del 10 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, dentro del proceso con radicación 2005-021560. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Folios 92 a 94. Folios 109 a 118 del proceso de origen.
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
«Por el cual se reglamenta el inciso 2º del artículo 3º y el numeral 6º del artículo 7º de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.»
M.P..: Eduardo Cifuentes Muñoz. Folios 122 a 127. Folio 124. La fecha correcta es, 21 de diciembre de 2010. Folio 124 del proceso de origen. Folios 484 a 505 del expediente. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 21 de mayo de 2009, dentro del proceso con Rad. 2004-0069-02 (0859-08), C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez.
“por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.”
“por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
23 ibídem.

Según se observa a folios 508 a 512 del expediente.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
«Por el cual se reglamentan el inciso2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7°  de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
Folios 546 a 547.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
[…]
Artículo 3º.- Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.»
«Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
[…]
ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.»

« Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su disposición.»
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.».
Este criterio fue expuesto en los fallos de 21 de mayo de 2009, expediente 23001-23-31-000-2004-00069-02. (0859-08). C.P.: Bertha Lucía Ramírez de Páez; de 21 de octubre de 2011, expediente 19001-23-31-000-2003-01299-01 (0672-09) C.P.: Gustavo Gómez Aranguren; de 22 de enero de 2015, expediente 73001-23-31-000-2013-00192-01. (0271-14) C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez; del 14 de diciembre de 2015, expediente 66001-23-33-000-2013-00189-01 (1498-14) CP: Gerardo Arenas Monsalve; del 17 de noviembre de 2016, expediente 66001-23-33-000-2013-00190-01 (1520-2014) CP: William Hernández Gómez; del 25 de mayo de 2017, expediente 18001233300020120004701 (0645-2014) C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez; del 8 de junio de 2017. expediente 73001233300020140019901 (0863-2015), C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otros.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»

«Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios»

«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»

Postura acogida en las sentencias del 9 de julio de 2009, expediente 0672-07. 76001-23-31-000-2004-01655-01. Número interno 0672-07. CP: Gerardo Arenas Monsalve; del 26 de agosto de 2010, expediente 1738-08. CP: Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 19 de enero de 2015. Número interno: 4400-13. CP: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; entre otros.

Radicación 11001-03-15-000-2016-00789-00. La Sección Segunda, Subsección B acumuló al asunto de la referencia los expedientes de tutela N° 2016-00760, 2016-00805, 2016-00827, 2016-00831, 2016-00936, 2016-00952, 2016-00857, 2016-00860, 2016-00909, 2016-00923, 2016-00927, 2016-00938, 2016-00964, 2016-00971, 2016-01004, 2016-01006 y 2016-01020. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

«Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.» (Se resalta)
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo
Ibidem 29. Ibidem 30.
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
«ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.»
«Por el cual se reglamentan el inciso2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7°  de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
«por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=315" \l "0" 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
Artículo 150 de la Constitución Política. Artículo 189 ibidem.
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.». Ibidem 29. Ibidem 30. Sentencia CE-SUJ2-005-16. Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15). C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. Ibidem 29. Ibidem 30. Folios 20 y 21. Folios 11 a 13. Folio 13. Folios 14 a 16. Folio 16. Folio 221 del cuaderno 2. Folio 223 del cuaderno 2. Folios 17 y 18 del cuaderno 2. Folio 47 del expediente administrativo contenido en el CD (folio 400 del expediente). Folio 34. Folio 124. Folios 35 y 36. Oficio SED-2013-RE-700 de 12 febrero de 2013, que obra a folio 9 y 10 del expediente.
“por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.”
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007 (IJ). Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01. C.P.: Dr. Jesús María Lemos Bustamante.
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 4. Términos.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»
«ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
[…]
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del s
ervidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Órgano que por mandato constitucional le corresponde hacer las leyes, articulo 150 de la Constitución Política. Artículo 189 ibídem. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Artículo 14º.- Las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, sólo podrán reconocerse, liquidarse y pagarse cuando exista apropiación presupuestal disponible para tal efecto, sin perjuicio que en los presupuestos públicos anuales se incluyan las apropiaciones legales para estos efectos y para reducir el rezago entre el monto de solicitudes y los reconocimientos y pagos, cuando existan. En este caso, el rezago deberá reducirse al menos en un 10% anual, hasta eliminarse. Art. 14 declarado Exequible excepto las expresiones "reconocerse, liquidarse y" subrayados. [ HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2350" \l "0" Sentencia C- 428 de 1997] [Sentencia T-206 de 1997] [Sentencia C-584 de 1997] [Sentencia C-061 de 1998]. Corte Constitucional. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1188" \l "0" Ver el Decreto Nacional 2712 de 1999 ,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5496" \l "1" Ver Art. 3° Decreto Nacional 1919 de 2002»
Sentencia del 31 de enero de 2008, Expediente 7749-05; Sentencia del 5 de agosto de 2010, Expediente 1521-09; Sentencia del 11 de julio de 2013, Radicación 1496-11; Sentencia del 14 de diciembre de 2015, Radicación 1498-14; Sentencia del 17 de noviembre de 2016, Radicación 1520-14.

Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (Artículos 361 y ss. CGP). Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
“ARTÍCULO 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Negrillas y subrayado fuera del texto original). Según poder que obra a folios 286 y 287 del expediente.

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