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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00164-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 13 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar (sala de decisión 1), que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Germanys del Toro Díaz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo consignado en la parte motiva. 2°. Revócase la condena en costas impuesta a la demandante, por las razones expuestas. 3°. Reconócese personería al doctor Carlos Arturo Orjuela Góngora, con cédula de ciudadanía 17.174.115 y tarjeta profesional 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los términos del poder obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI. 4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2014-00164-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
Demandante : Germanys del Toro Díaz
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar (sala de decisión 1), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 14 c.1). La señora Germanys del Toro Díaz, a
través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 18494 de 23
de abril, RDP 27232 de 14 de junio y RDP 31178 de 10 de julio, todas de 2013,
por medio de las cuales la UGPP le negó a la demandante la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la UGPP reconocer y pagar dicha prestación desde la fecha de
adquisición del estatus, indexar las sumas resultantes y sufragar los intereses
moratorios; por último, se le condene en costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que labora en la docencia
oficial desde el 21 de junio de 1978, nombrado por el gobernador de Bolívar,
por lo que el 11 de mayo de 2012 reclamó de la demandada la pensión gracia,

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

negada a través de los actos acusados, «por existir una sanción impuesta a
través de [D]ecreto 83 de febrero 12 de 2001».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados la Ley 200 de 1995 y los
Decretos 2277 de 1979 y 1726 de 1995.

Dice que la sanción por la cual se niega la prestación deprecada fue impuesta el
12 de febrero de 2001, fecha para la cual ya había cumplido 20 años de servicio.
Además, la junta seccional de escalafón del departamento de Bolívar no tenía
competencia para imponer tal amonestación como autoridad disciplinaria y las
sanciones no pueden ser imprescriptibles.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 132 a 137 c.1). La entidad demandada, a
través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a
los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no y
los demás no constituyen situaciones fácticas. De igual modo, propuso las
excepciones denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido
y prescripción. Asevera que «[…] a la actora se le investigó disciplinariamente,
sancionándola con Falta Grave, por haber aportado documentos falsos para
ascender al Escalafón Nacional Docente, causal de mala conducta prevista en
el literal h) Artículo 46 [del Decreto] 2277 de 1979 […] Observar una conducta
pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. Sanción impuesta […]
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° [de la] Constitución Política [y] el
artículo 41 numeral 15 de la Ley 200 de 1995 […]».

1.6 Providencia apelada (ff. 268 a 274 vuelto c.2). El Tribunal Administrativo
de Bolívar (sala de decisión 1), mediante sentencia de 13 de marzo de 2020,
negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al estimar que «[…]
se encuentra probado en el plenario que la demandante prestó sus servicios
como docente nacionalizada por más de 20 años, pero no conservó durante
todo el ejercicio de su profesión honradez, consagración, idoneidad y buena
conducta, faltando […]» a uno de los requisitos exigidos para obtener la pensión
gracia.

1.7 Recurso de apelación (ff. 279 a 293 vuelto c.2). Inconforme con la anterior
decisión, la accionante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación, habida cuenta de que el a quo «[…] no resolvió los problemas
jurídicos expuesto[s] en la fijación del litigio (infracción de normas superiores,
vulneración de los principios de proporcionalidad de la sanción, legalidad,
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igualdad e imprescriptibilidad de las sanciones), y mucho menos realiz[ó] un
análisis crítico de todas las pruebas existente[s] en el proceso, para
fundamentar su tesis expuesta en la sentencia de primera instancia, la cual debe
ser revocada en esta oportunidad procesal […]» (sic); que «[…] no es justo que
en casos iguales, donde se estudia la conducta la causal de mala conducta,
fueron resueltos de manera distinta por el Consejo de Estado, como un hecho
aislado. Y además no se estudia dentro de la motivación de la sentencia hoy
recurrida, y mucho menos en el ejercicio probatorio, el hecho de que dicha
sanción fue impuesta después de los 20 años de servicio brindado por la
docente» (sic), con lo cual «[…] SE LE NIEGUE EL DERECHO A LA
PENSIÓN DE GRACIA POR UN HECHO AISLADO Y NO REITERADO EN
SU VIDA COMO DOCENTE», sin observar que «[…] EL REQUISITO
MÍNIMO DE BUENA CONDUCTA E IDONEIDAD EN EL CARGO DE LA
DOCENCIA PARA SER BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE GRACIA, ES
20 AÑOS DE SERVICIOS» (sic).

Afirma que «[…] NO SE CONFIGURA CAUSAL DE MALA CONDUCTA, más
a[ú]n, cuando [se] revoca la Resolución 0294 de 6 de mayo de 1999, por la
JUNTA SECCIONAL DE ESCALAF[Ó]N DEL DEPARTAMENTO DE
BOL[Í]VAR, mediante resolución No 0017 de fecha 26 de Septiembre del año
2001, expresando en su parte motiva que los efectos retroactivos, cuando estos
nacieron a la vida jurídica estaban viciados y atenta contra la Constitución y
la Ley. Al ser revocada la resolución de forma directa, se determina que la
docente […], RENUNCIO AL ASCENSO POR EXISTIR IRREGULARIDADES
NO ATRIBUIBLES A SU CONDUCTAS, DESAPARECIENDO DE ESA
MANERA, LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO N° 031 DE
NOVIEMBRE DEL 2000, DONDE NACE EL DECRETO 83 DEL 12 DE
FEBRERO DE 2001, EN EL ENTENDIDO QUE EL PROCESO
DISCIPLINARIO, NACE POR LAS IRREGULARIDADES DE LA
RESOLUCIÓN QUE FUE REVOCADA POR LA MISMA ADMINISTRACIÓN,
Y DONDE [LA] DOCENTE NO SE BENEFICIÓ ECONÓMICAMENTE POR
EL ASCENSO» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 20 de
octubre de 2019 (f. 296 vuelto c.2) y admitido por esta Corporación a través de
auto 30 de noviembre de 2021 (f. 302 c.2), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 247 del CPACA.
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2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 10 de febrero de 2022 (f. 304 c.2), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido
en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las primeras1.

2.1.1 Parte demandante. La accionante insiste de manera idéntica en los
argumentos de apelación.

2.1.2 Entidad accionada. La UGPP, por intermedio de apoderado, aduce que
«[c]onforme al material probatorio que obra en el plenario no existe
fundamento jurídico para solicitar la nulidad de los actos administrativos
demandados, en cuanto no es viable el reconocimiento de la pensión gracia
debido a que la accionante no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos
por la Ley 114 de 1913, así como el Decreto 2277 de 1979, por cuanto, se
evidencia en el expediente administrativo de la demandante certificación
expedida por la Secretaria de Educación del Departamento de Bolívar, en la
cual indica que la interesada fue sancionada disciplinariamente por falsedad
de documentos públicos conforme el Decreto 83 del 12 de febrero de 2001»
(sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a
la Sala determinar si a la demandante le asiste razón jurídica para reclamar de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento de la pensión
gracia en cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario,
carece de fundamento, pues no colma la condición de observar buena conducta
en el ejercicio de sus funciones de docente, al haber sido sancionada
disciplinariamente por presentar documentos falsos para obtener el ascenso en
el escalafón docente.

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
4

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3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1.º de la Ley 114 de 19132 consagró por primera vez la pensión
gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19033, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 19284 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta

2
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
3
«[S]obre Instrucción Pública».
4
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
5

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complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual5.

La Ley 37 de 19336 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones
establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 1998, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y
4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.

5
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
6
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
6

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Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado
por la Ley 43 de 19757, los profesores de primaria y secundaria quedaron
vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a
educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la
Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían
diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto
de las pensiones estableció:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas transcritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo de 26
de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91
de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos
en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
7
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley8.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

8
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
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3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación
laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley
43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial
constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha
ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre
docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con
dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales
(FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
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Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación9
(se subraya y resalta).

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de
edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

9
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con
la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º
de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de
la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
10

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

a) Decreto 446 de 26 de mayo de 1978, mediante el cual el gobernador de
Bolívar nombró a la accionante como subdirectora de la escuela rural mixta El
Arroyo Hondo (ff. 29 y 30 c. pruebas).

b) De conformidad con el «formato» único para la expedición de certificado de
salarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (secretaría
de educación de Bolívar) [ff. 33 a 37 c.1], la accionante en condición de maestra
nacionalizada devengó entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de
2004 sueldo y primas de alimentación, clima, escalafón, grado, navidad y
vacaciones.

c) Resolución 31 de 15 de noviembre de 2000 (ff. 95 a 98), por la cual la junta
seccional de escalafón del departamento de Bolívar califica como grave la falta
cometida por la demandante, consistente en «ascender en el escalafón con
certificados falsos», atenuada por confesión de la disciplinada, y la sancionó
con suspensión del cargo. De esa actuación administrativa se evidencia que en
declaración rendida el 14 de julio de 1999, según informe de 7 de julio de 2000
(ff. 92 a 94) del secretario ejecutivo de la referida junta, la investigada
expresamente aceptó haber «[…] pagado a la señora IDALIS MENDOZA la
suma DE DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($225.000) para la
adquisición de siete (7) certificados – créditos, los cuales son los mismos que
ella presentó para ascender en el Escalafón Nacional Docente y que ascendió
en forma irregular»; y en el escrito de descargos (ff. 89 a 91 c.1) se adujo que
«[…] ha hecho varios cursos para subir de nivel que no ha[n] sido reconocidos
con posterioridad por la Secretaría de Educación. Y después la señora IDALIS
MENDOZA propone que conseguiría los créditos debidos con el pago de una
suma de dinero» (sic).

d) Decreto 83 de 12 de febrero de 2001, con el que el gobernador de Bolívar
suspendió a la actora por el término de 3 meses del empleo de docente, sin
derecho a remuneración, en atención a la sanción disciplinaria descrita en la
letra anterior (f. 99 c.1).

e) Resolución 17 de 26 de septiembre de 2001, a través de la que la junta
seccional de escalafón de Bolívar, por solicitud propia de la demandante, revoca
directamente, la Resolución 249 de 6 de mayo de 1999, por la cual se le ascendió
al escalafón 12 (ff. 105 y 106 c.1).

11

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

f) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación, conforme al cual para el 27 de enero de 2006 la demandante no
registraba sanciones disciplinarias (f. 102 c.1).

g) Resoluciones RDP 18494 de 23 de abril, RDP 27232 de 14 de junio y RDP
31178 de 10 de julio, todas de 2013 (ff. 39 a y 40, 48 y 49 52 y 53 c.1), por
medio de las cuales la UGPP le negó a la demandante el reconocimiento de la
pensión gracia deprecada el 27 de diciembre de 2012, por estar probado que la
«[…] peticionari[a] incurrió en una de las causales de mala conducta
contempladas en la Ley […]». En los actos administrativos acusados se advierte
que la actora nació el 31 de diciembre de 1954 y que presenta tiempos de
servicio como docente nacionalizada desde el 21 de junio de 1978.

De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que (i) la accionante
nació el 31 de diciembre de 1954; (ii) ha laborado en calidad de maestra
nacionalizada para el departamento de Bolívar desde el 21 de junio de 1978;
(iii) mediante Resolución 31 de 15 de noviembre de 2000, la junta seccional de
escalafón de Bolívar calificó como grave la falta cometida por la demandante,
consistente en presentar certificados falsos para ascender en el escalafón
nacional docente, atenuada por confesión de la disciplinada, y la sancionó con
suspensión del cargo y, en consecuencia, por Decreto 83 de 12 de febrero de
2001, el gobernador de Bolívar la suspendió del empleo por el término de 3
meses, sin derecho a remuneración; (iv) a través de Resolución 17 de 26 de
septiembre de 2001, la junta seccional de escalafón de Bolívar, por solicitud
propia de la actora, revocó directamente la Resolución 249 de 6 de mayo de
1999, por la cual se le ascendió al escalafón 12; y (v) con Resoluciones RDP
18494 de 23 de abril, RDP 27232 de 14 de junio y RDP 31178 de 10 de julio,
todas de 2013, la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia
deprecada el 27 de diciembre de 2012, por estar probado que la «[…]
peticionari[a] incurrió en una de las causales de mala conducta contempladas
en la Ley […]».

Ahora bien, sea lo primero anotar que, según lo dispuesto por el artículo 4° de
la Ley 114 de 1913, para gozar de la pensión gracia consagrada en esa norma,
es indispensable que el interesado, entre otros requisitos, compruebe haber
observado «buena conducta», exigencia que sostiene el a quo no colmó la
accionante, toda vez que fue sancionada disciplinariamente por haber
presentado documentos falsos para obtener el ascenso en el escalafón docente.

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Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

Respecto del cumplimiento del aludido requisito, la sección segunda
(subsecciones A y B) de esta Corporación ha sido reiterativa en advertir:

[…] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913 exige que el
servidor docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional,
ello no significa que una sola conducta considerada aisladamente como
reprochable pueda tenerse en cuenta como impedimento para el
reconocimiento de la pensión gracia pues, como se ha dicho en otras
oportunidades, el comportamiento censurable debe ser continuo durante el
ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que, así sea aislado,
amerite la sanción de pérdida de la pensión.

[…]

No resultaría equitativo que a un docente que ha demostrado que durante
un lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional ha observado
buena conducta se le tome en cuenta sólo un hecho desfavorable para
negarle la prestación10.

También se ha dicho que para negar la referida prestación, por incumplimiento
del requisito que obliga al educador a observar buena conducta, «[…] es
necesario que la conducta considerada como reprochable se haya reiterado en
el tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte
gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa,
impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales, especialmente, el
concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación»11.

Por tanto, corresponde a la Sala esclarecer la situación fáctica que encierra el
problema jurídico, para dar paso al análisis objetivo12 de la conducta desplegada
por la demandante, y con ello determinar si, de conformidad con los precedentes
jurisprudenciales a que se hizo referencia, la sanción disciplinaria por presentar
documentación falsa para el ascenso en el escalafón nacional docente reviste de
gravedad, que lleve a negar la pensión reclamada.

10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24 de abril
de 2003, radicación 15001-23-31-000-1999-1454-01 (4251-02), M. P. Jesús María Lemos Bustamante. En el mismo
sentido, también se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda,
subsección A, sentencia de 10 de julio de 2014, radicación 41001-23-31-000-2011-00083-01 (3330-13), M. P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de abril
de 2016, radicación 05001-23-33-000-2012-00893-01 (4119-13), M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
12
Al respecto, se puede consultar la sentencia C-371 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil, en la que se hace un
relato acerca del concepto de «buena conducta» y la forma como esta debe ser valorada cuando existe infracción a
los deberes jurídicos, «que puedan considerarse como manifestaciones de mala conducta».
13

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

En reciente oportunidad, esta subsección precisó una serie de condiciones para
la configuración del incumplimiento del requisito consistente en haber
observado buena conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia.
Así se discurrió:

Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena
conducta.

En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el
incumplimiento del requisito de observar buena conducta (artículo 4,
numeral 4, de la Ley 114 de 1913), se requiere:

i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el
infractor se encuentre al servicio oficial docente.

ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el
ordenamiento como causal de mala conducta.

iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento
de carácter administrativo que culmine necesariamente con una sanción
disciplinaria13.

iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo
acerca de la gravedad o levedad de la falta.

v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia
estima como un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta
considerada aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta
como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia. Y

vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o
que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros
derechos y libertades de la comunidad educativa14.[15].

En el asunto sub examine, de los documentos que reposan en el expediente se
tiene que, mediante Resolución 31 de 15 de noviembre de 2000, la junta
seccional de escalafón de Bolívar sancionó a la actora con suspensión del cargo,
por falta grave al presentar certificados falsos para ascender en el escalafón

13
Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección
segunda, subsección B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2014-00105-01 (383-
2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14
Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo,
sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-2011-00406-01
(4555-2014); y Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia
de 9 de marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-2013); ambas con ponencias del
consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24 de
marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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nacional docente, atenuada por confesión de la disciplinada, porque en
declaración rendida el 14 de julio de 1999, expresamente aceptó haber «[…]
pagado a la señora IDALIS MENDOZA la suma DE DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS ($225.000) para la adquisición de siete (7)
certificados – créditos, los cuales son los mismos que ella presentó para
ascender en el Escalafón Nacional Docente y que ascendió en forma irregular».

El procedimiento aplicado para imponer la referida sanción fue el numeral 15
del artículo 41 de la Ley 200 de 199516, que prescribe:

ARTÍCULO 41. PROHIBICIONES. Prohibiciones. Está prohibido a
los servidores públicos:

[…]

15. Proporcionar dato inexacto u omitir información que tenga incidencia
en su vinculación al cargo o a la carrera, sus promociones o ascensos.

[…]

La conducta antes descrita también se encuentra contenida en el Decreto
extraordinario 2277 de 197917, que en lo pertinente a las causales de mala
conducta establece:

Artículo 46. Causales de mala conducta. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:

a. La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez
o la toxicomanía;
b. El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales;
c. La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d. El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o
documentos públicos;
e. Aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f. El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación
reiterada de las prohibiciones;
g. El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h. El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción
o ascenso en el escalafón, o para obtener nombramientos,
traslados, licencias o comisiones;
i. La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j. El abandono del cargo.

16
«Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único».
17
«Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
15

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Por su parte, entre las sanciones previstas en el artículo 49 del referido
ordenamiento (Decreto extraordinario 2277 de 1979), por alguna de las causales
de mala conducta descritas en el artículo 46 idem, se encuentra la impuesta a la
demandante «[…] suspensión en el ejercicio del cargo, por el término de
noventa (90) días calendario y sin derecho a remuneración […]», descrita
como «Suspensión en el escalafón hasta por seis (6) meses que ocasiona la
pérdida de los derechos y garantías de la carrera docente por el término de la
suspensión, y la pérdida del tiempo de suspensión para los efectos de ascenso
en el escalafón».

Al respecto, se advierte que no es cierto, como lo indica la apelante, que la
sanción a ella impuesta haya sido una sin mayor gravedad18, sino que se trató
de una definitiva porque se logró comprobar que había presentado
documentación falsa para ascender en el escalafón nacional docente, conducta
que aunque se desarrolló en un solo momento (cuando aportó la documentación
falsa), se mantuvo en el tiempo mientras el acto administrativo de ascenso
estuvo vigente, pese a su posterior revocación, y que configura una maniobra
fraudulenta altamente reprochable de un educador.

Aunado a lo anterior, aunque la sanción fue atenuada por la confesión de la
disciplinada, ello no le quita gravedad a la falta, por el contrario, prueba, sin
lugar a dudas, que la conducta por la que fue sancionada sí fue cometida.

Desde esa perspectiva, en concordancia con los derroteros jurisprudenciales a
que se hizo referencia, considera la Sala que la conducta desplegada por la
demandante, objeto de reproche, afecta «gravemente» otros derechos y
libertades de la comunidad educativa, que constituye una conducta a todas luces
inaceptable y reprobable y da lugar a la falta grave que impide el
reconocimiento prestacional reclamado, sin que en esto tenga incidencia la
confesión, luego de la formulación de cargos, o que haya pedido que se revocara
el acto de ascenso en el escalafón, relacionados con la misma actuación
constitutiva de mala conducta.

18
Al respecto, el artículo 53 del Decreto extraordinario 2277 de 1979, establece: «SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
En caso de falta grave, de mala conducta, que a juicio de la junta seccional de escalafón determine una situación
de alta inconveniencia para la continuación del educador en el ejercicio del cargo mientras se cumple el proceso
disciplinario, el docente podrá ser suspendido provisionalmente por dicha junta, sin derecho a remuneración hasta
por sesenta (60) días, término dentro del cual, ésta determinará la sanción correspondiente. Si la determinación
final de la junta de escalafón fuere absolutoria, el docente será reintegrado al ejercicio de su cargo y se le pagarán
los salarios y prestaciones dejados de devengar por causa de dicha suspensión.
PARÁGRAFO. Las juntas de escalafón, de oficio o a solicitud del suspendido, podrán ampliar el término para
decidir hasta por treinta (30) días más, cuando ellas lo consideren conveniente para el perfeccionamiento de la
investigación».
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Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Por último, la conducta desarrollada por la accionante demostró el
incumplimiento de los deberes como servidora pública, por consiguiente, no
cumple uno de los requisitos que exige la Ley 114 de 1913, para acceder a la
pensión gracia.

Por otra parte, dado que la demandante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido,
se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201619, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

19
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
17

Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la accionante, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas impuesta a la
demandante.

Comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello confirió poder
en nombre de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se reconocerá
personería al profesional del derecho destinatario de aquel.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Expediente: 13001-23-33-000-2014-00164-01 (106-2021)
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Germanys del Toro Díaz contra la UGPP

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 13 de marzo de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar (sala de decisión 1), que negó las
pretensiones de la demanda incoada por la señora Germanys del Toro Díaz
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo
consignado en la parte motiva.

2°. Revócase la condena en costas impuesta a la demandante, por las razones
expuestas.

3°. Reconócese personería al doctor Carlos Arturo Orjuela Góngora, con cédula
de ciudadanía 17.174.115 y tarjeta profesional 6.491 del Consejo Superior de la
Judicatura, para representar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los
términos del poder obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI.

4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19

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