Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2023-07260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07260-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
18 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07260-01
Demandante: Germanys del Toro Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07260-01
Demandante GERMANYS DEL TORO DÍAZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La inmediatez. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Pensión gracia. Requisitos para su
reconocimiento.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Germanys del Toro Díaz
contra la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A que dispuso lo siguiente:
«Primero. Rechazar por improcedente, la acción de tutela interpuesta por la señora Germanys
del Toro Díaz, conforme a la parte considerativa que antecede».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de noviembre de 20231, la señora Germanys del Toro Díaz interpuso acción
de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«PRIMERO: Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, y en especial el derecho a la igualdad vulnerados a la señora
GERMANYS DEL TORO DIAZ, por los estrados accionados.
SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias emitidas en primera y segunda instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo y Consejo de Estado, sección segunda, Subsección B.
TERCERO: Ordenar a las entidades accionadas, proferir un nuevo fallo, estudiando los
inconformismos planteados en los recursos de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, donde se analice todos los medios de pruebas dejados de valorar.
CUARTO: ADVERTIR a los accionados, para que a futuro se abstenga de incurrir en las
acciones que dieron merito a iniciar esta tutela, pues no puede permitirse que se mutile el
cumulo probatorio existente en el proceso, obviando el principio de análisis integral de las
pruebas.
PRETENSION SUBSIDIARIA: Que, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, se profiera por parte de la Honorable Consejo de Estado, una decisión que
reemplace, como quiera que se aportan en su integridad el proceso administrativo adelantado
y todas las pruebas dejadas de valorar por los accionados, quienes actuaran de forma
imparcial».
1 Índice 2 en Samai.
1
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Demandante: Germanys del Toro Díaz
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2014, la señora Germanys del Toro Díaz interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el que solicitó la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad
demandada se negó a reconocer el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.
2.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar conoció en primera instancia el asunto,
bajo el radicado Nro. 13001-23-33-000-2014-00164-00.
Mediante providencia de 13 de marzo del 2020, el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que no se
encontraban acreditados los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia. A su vez, condenó en costas a la demandante.
La señora Germanys del Toro Díaz interpuso recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia.
2.3. Mediante sentencia de 7 de abril de 2022 (mensaje de datos enviado el 21 de junio
de 2022 a efectos de surtir la notificación), el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B confirmó parcialmente la providencia apelada, en el sentido en
que revocó la condena en costas impuesta.
2.4. La señora Germanys del Toro Díaz presentó solicitud de adición de la
sentencia, la cual fue negada mediante auto de 18 de agosto de 2022 (notificada
por estado del 30 de septiembre de 2022).
2.5. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, el
cual fue rechazado por improcedente en auto de 13 de diciembre de 2022
(notificado por estado de 27 de enero de 2023).
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial. Puntualmente, sobre el requisito de
inmediatez mencionó lo siguiente: «Se cumple este pedimento de la jurisprudencia, al estar
como último proveído dictado, el día 26 de mayo de 2023, notificado en Estado, el día 29 de
mayo del 2023, lo cual se está en el plazo prudencial».
Seguido, la parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico por omitir la valoración de la totalidad de las pruebas,
especialmente la prueba testimonial de la señora Edith Marrugo Ospino, en la cual
consta que esta última también fue sancionada por los mismos hechos imputados
a la demandante, que aun así goza de la pensión de gracia y que la demandante al
momento de la sanción ya contaba con más 20 años de servicio. Agregó que «los
docentes que fueron sancionados por la JUNTA SECCIONAL DE ESCALAFON DE BOLIVAR,
gozan de la pensión de gracia, y bajo esa premisa, el derecho fundamental de la demandante
ha sido vulnerado».
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia de 11 de diciembre de 2023, se requirió al abogado Dilson
Javier Ramírez del Toro para que aportara poder especial para adelantar el
trámite constitucional.
En virtud de tal requerimiento, la parte actora remitió lo solicitado.
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4.2. Mediante auto de 23 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Germanys del Toro Díaz contra del Tribunal
Administrativo de Bolívar y del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B; se vinculó en calidad de tercero con interés a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP); se reconoció personería al abogado Dilson Javier
Ramírez del Toro como apoderado de la tutelante; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP consideró que
la parte actora está empleando la acción de tutela como una tercera instancia
del trámite ordinario para que se revoque la decisión del juez natural.
Resaltó que en el medio de control se acreditó que a la tutelante no le asiste
derecho a que se le conceda una pensión gracia, debido a que «la demandante
prestó sus servicios como docente nacionalizada por más de 20 años, pero no conservó
durante todo el ejercicio de su profesión honradez, consagración, idoneidad y buena
conducta». De manera que aquella faltó a uno de los requisitos exigidos para
obtener la pensión gracia.
De otro lado, afirmó que en el caso no se presenta ninguno de los requisitos
generales y menos específicos para que proceda la acción de tutela.
Por último, agregó que la acción presentada carece del «principio de inmediatez
y subsidiaridad» y que en el caso ya ha operado la cosa juzgada, por lo cual no
hay lugar a modificar decisiones judiciales vía acción de tutela, cuando no se
vislumbra violación al debido proceso ni a ningún otro derecho fundamental.
Por lo expuesto, solicitó negar el amparo.
4.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar sostuvo que en la sentencia de
primera instancia se negaron las pretensiones de la parte actora, porque se
encontró probado que mediante Decreto 83 del 12 de febrero de 2001 el
gobernador de Bolívar suspendió a la docente Germanys del Toro Díaz por el
término de tres meses sin derecho a remuneración, puesto que incurrió en la
falta disciplinaria por mala conducta, consagrada en el Decreto 2277 de 1979,
consistente en usar documentos o informaciones falsas para inscripción o
ascensos de escalafón. Señaló que, justamente, uno de los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia es prestar sus servicios con honradez,
idoneidad y buena conducta; condición que la accionante no cumplió.
Igualmente, sostuvo que en la sentencia de segunda instancia el Consejo de
Estado señaló que la sanción impuesta a la accionante no se trató de un
asunto menor, sino de una sanción definitiva, pues se comprobó que la señora
Germanys del Toro Díaz presentó documentación falsa para ascender en el
escalafón nacional docente.
Aseguró que en la decisión de segunda instancia se subrayó que esa
circunstancia configura una maniobra fraudulenta reprochable de un educador
sin importar que la sanción haya sido atenuada por la confesión de la
accionante.
Por otra parte, sostuvo que en el caso no existe violación al debido proceso y
derecho de defensa, pues al asunto se le impartió el trámite procesal pertinente
y se realizó un análisis jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos
expuestos por el accionante.
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Finalmente, mencionó que no se cumplen con los requisitos generales y
específicos de procedencia señalados por la jurisprudencia constitucional.
Motivo por el cual solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta.
4.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B guardó silencio en el
curso del trámite de tutela.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 22 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta,
porque consideró que la tutela no cumplía con el requisito de inmediatez, ya que la
sentencia censurada se dictó el «7 de abril de 2022, mediante auto del 18 de agosto de
2022 se negó la solicitud de adición y el 13 de diciembre de 2022 se rechazó por improcedente
el recurso de reposición impetrado contra el anterior proveído, el cual se notificó por estado el
27 de enero de 2023, quedando ejecutoriado el 1.º de febrero de 2023, mientras que la solicitud
de tutela se radicó en la Secretaría General de esta corporación el 29 de noviembre de 2023».
Por consiguiente, la autoridad judicial aseguró que entre la firmeza de la sentencia
demandada y la interposición de la presente acción transcurrieron nueve meses y
veintiocho días; circunstancia que supera el término de seis meses señalado como
prudencial para el ejercicio de la acción. Finalmente, aseguró que no se acreditó
la ocurrencia de circunstancias que permitieran la flexibilización del requisito de
inmediatez.
6. Impugnación
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia, porque consideró que sí
se cumple con el requisito de inmediatez, debido a que la última actuación en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no corresponde al auto
de 13 de diciembre del 2022, sino al auto de obedézcase y cúmplase de 23 de mayo
del 2023, notificado el 29 de mayo de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo
de Bolívar. Por consiguiente, en su criterio, el estudio de la inmediatez debe
efectuarse a partir de esa providencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado
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y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente
la tutela, por considerar que no se cumplía con el requisito de inmediatez.
En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos generales
de procedibilidad, se determinará si al dictar la sentencia de 7 de abril de 2022, en
el marco del medio de control tramitado bajo el radicado 13001-23-33-000-2014-
00164-01, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en defecto
fáctico.
4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez
Uno de los requisitos generales para que la tutela contra providencias judiciales
proceda es que se acredite que la acción se interpuso en un plazo razonable. Este
requisito se conoce como inmediatez.
La Corte Constitucional6 ha señalado que si bien no es posible establecer un término
de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el
respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados7.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
7 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en
los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
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Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado 8
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de seis
meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por
considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional9.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»10.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta el
término de seis meses, se debe analizar también: «(…) (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición». (Negrillas fuera de texto).
Sobre este punto, en la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable» 11. Por ende, para analizar
si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la
situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales
se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la tutela.
Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la Sentencia SU-391 de 2016 como en la
providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto de la
inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar
el lapso de seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la
jurisprudencia constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el
cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo
paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.
5. Análisis del caso
5.1. Con base en lo anterior, la Sala advierte que en el caso examinado no se
cumple con el requisito de inmediatez.
Se advierte que la providencia controvertida de segunda instancia se profirió
el 7 de abril de 2022. Sin embargo, el análisis de inmediatez no podría
efectuarse a partir de la notificación de dicha decisión, dado que la accionante
presentó solicitud de adición de la sentencia, la cual fue negada mediante auto
de 18 de agosto de 2022. A su vez, aquella presentó recurso de reposición
contra la decisión que resolvió la adición, el cual fue rechazado por
improcedente en auto de 13 de diciembre de 2022, notificado por estado de
27 de enero de 2023.
De lo anterior, la Sala considera que en este caso el estudio de la inmediatez
debe efectuarse a partir de la notificación de la decisión que resolvió la solicitud
8 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
11 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
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de adición. No se podría tomar como punto de partida la providencia que
rechazó el recurso de reposición, porque este era abiertamente improcedente.
Por lo expuesto, se advierte que en el caso transcurrieron más de seis meses
entre la notificación de la providencia que resolvió la solicitud de adición y la
interposición de la acción de tutela.
La prueba de esta afirmación consiste en que el 30 de septiembre de 2022 se
notificó por estado el auto mediante el cual se resolvió la solicitud de adición;
sin embargo, la acción de tutela se presentó hasta el 29 de noviembre de 2023.
Lo anterior implica que, entre la notificación de tal decisión y la interposición
del amparo constitucional trascurrió un lapso de un (1) año, un (1) mes y
veintiocho (28) días. Situación que supera el plazo razonable de seis meses
a que alude la jurisprudencia de esta alta corte.
Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez,
ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo,
al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional12 no se encuentra acreditada una situación que
explique por qué la acción de tutela se interpuso luego de transcurrido ese
tiempo.
Ahora bien, en la impugnación de la sentencia de primera instancia, la parte
actora sostuvo que el estudio de inmediatez debe efectuarse a partir de la
notificación del auto de obedézcase y cúmplase proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
La Sala desestima ese argumento pues la postura reiterada por el Consejo de
Estado, desde la Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena
de esta corporación, radica en que el análisis de la inmediatez se efectúa a
partir de la notificación y excepcionalmente de la ejecutoria de la providencia
controvertida.
Adicionalmente, en el caso carece de sentido efectuar tal estudio tomando
como punto de referencia el auto de obedézcase y cúmplase dictado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, pues esta no es la providencia atacada. Por
consiguiente, el argumento expuesto por la parte actora no tiene vocación de
prosperidad.
5.2. Por otra parte, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.
Entonces, es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos
por la parte actora que todos los presupuestos generales se cumplan a
cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis
consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos planteados por la tutelante.
12 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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6. Conclusión
En consecuencia, al encontrar que la tutela no se interpuso dentro del lapso
prudencial establecido por la jurisprudencia de esta corporación y al no observar
una justificación para dicha dilación, se confirmará la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de la acción interpuesta por la señora Germanys del
Toro Díaz a falta del requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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