Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00443-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2014-00443-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00443-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00443-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
13 de octubre de 2022
1
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: SALMIRA ISABEL CERA LLERENA
Demandado: MUNICIPIO DE CALAMAR
Temas: Prima de servicios para empleados territoriales del
sector de la salud. Reconocimiento de cesantías
anualizadas, intereses y sanción moratoria para
funcionaria con vinculación legal y reglamentaria
vigente. Prescripción extintiva.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-175-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 25 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Salmira Isabel Cera Llerena en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 4 a 8)
1. Declarar la nulidad del Oficio del 19 de marzo de 2014 mediante el cual la
entidad demandada negó la petición formulada por la libelista, tendiente a
obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas
desde el 2 de junio de 1998 por el servicio prestado al municipio de
Calamar.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a dicho ente territorial
reconocer y pagar a favor de la señora Cera Llerena los siguientes
emolumentos: prima de servicios, vacaciones, bonificación navideña,
auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, dotación y uniformes, auxilio
educativo y subsidio familiar, conceptos adeudados desde el 2 de junio de
1998 y al menos hasta la fecha de presentación de la demanda (3 de
septiembre de 2014), así como los incrementos salariales en un 7.83%
conforme al Decreto 3265 de 2004, esto a partir de dicha anualidad.
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
3. Se condene a la parte pasiva a reconocer la sanción moratoria a favor de
la demandante por el no pago oportuno de las cesantías de las que era
titular, esto a razón de 1 día de salario por cada uno de retraso hasta
cuando se abone la totalidad de la prestación de adeudada.
4. Conminar a la autoridad demandada a indexar las sumas adeudadas, y que
igualmente aquella pague intereses moratorios sobre tales montos, así
como las costas y agencias en derecho a que haya lugar.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 4)
1. La señora Salmira Isabel Cera Llerena había sido nombrada en propiedad
por parte del departamento de Bolívar para ser vinculada al servicio
seccional de salud bajo el cargo de promotora rural en el Hospital de
Calamar, esto de conformidad con la Resolución 500 del 20 de mayo de
1988.
2. En virtud del proceso de descentralización del sistema de salud, la
demandante fue nombrada y posesionada directamente al servicio del
municipio de Calamar (Bolívar) desde el 2 de junio de 1998.
3. La libelista mediante petición radicada ante la referida entidad el 13 de
agosto de 2004 solicitó que le fueran reconocidas y pagadas las
prestaciones sociales causadas entre 2001 y 2004.
4. La entidad demandada a través de Oficio del 15 de junio de 2001 certificó
que a la mentada fecha le adeudaba a la libelista por concepto de derechos
prestacionales derivados de acuerdos y convenciones del sector salud los
siguientes conceptos:
5. La libelista formuló reclamación administrativa ante el municipio de
Calamar el 27 de julio de 2004 con la que deprecó el incremento salarial
del 7.83%. Posteriormente presentó petición del 23 de junio de 2005 por
medio de la cual instó el reconocimiento de las vacaciones
correspondientes a los períodos comprendidos entre el 16 de junio de
2003 y el 16 de junio de 2004, y entre esta última data y el 16 de junio de
2005.
6. Ante la ausencia de respuesta de la parte pasiva, la señora Cera Llerena
radicó petición el 20 de septiembre de 2007 en virtud de la cual deprecó el
pago de las vacaciones, las primas de servicios, el calzado y vestido de
labor, el subsidio familiar, el incremento salarial, los auxilios educativos y
los bonos navideños adeudados desde 1998 hasta 2007, así como el
salario pendiente de pago en diciembre de 2004, noviembre y diciembre
de 2005, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006 y
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2007. Estas mismas reclamaciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
fueron reiteradas por la demandante y otras empleadas de la entidad
territorial a través de escritos del 8 de enero de 2008 y el 24 de junio de
2010.
7. Con el Oficio del 18 de enero de 2014 expedido por la autoridad
demandada, esta dio respuesta a las mentadas peticiones, para lo cual
aseguró que aquellas no se habían resuelto toda vez que debieron realizar
la reconstrucción de las hojas de vida de sus empleados, puesto que dicha
documentación se incineró en una conflagración ocurrida en las
instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Calamar.
8. La demandante presentó una nueva petición ante el referido ente territorial
el 13 de marzo de 2014, ello con el fin de que le fueran reconocidas y
pagadas las prestaciones sociales adeudadas desde el 2 de junio de 1998
hasta la primera fecha en mención. Al respecto, la entidad en comento
emitió Oficio el 19 de marzo de 2014 con el que reiteró que no podía dar
respuesta de fondo a la solicitud, en la medida en que aún no se había
reconstruido la hoja de vida de la señora Salmira Isabel Cera Llerena,
quien al menos a la fecha de presentación de la demanda (3 de septiembre
de 2014) todavía se encontraba vinculada a la administración municipal.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 18 de agosto de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de resolver sobre las
excepciones:
«[…] Descendiendo al caso concreto, de conformidad con lo anterior, verifica el
Despacho que a nivel del petitum se suscita una ineptitud parcial, por cuanto el acto
acusado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a una irreparable
ruptura de su relación con algunas pretensiones.
Así las cosas, se observa que en la demanda se pretende la declaratoria de nulidad
del acto administrativo de fecha 19 de marzo de 2014 (FI. 58), el cual expide el Alcalde
Municipal de Calamar - Bolívar, en virtud de la petición visible a folio 59 - 62, negando
el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales, esto es, primas de servicio,
cesantías e intereses de cesantías por los años 1998 a 2013, las vacaciones
correspondientes a los años 1998 a 2008, la sanción moratoria por el no pago
oportuno de cesantías de los años 1998 a 2013, así como los intereses moratorios
sobre esas acreencias.
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
No obstante lo anterior, dentro del libelo demandatorio se pretende el reconocimiento
y pago de otras acreencias laborales que no fueron objeto de pronunciamiento por
parte de la Administración Municipal, tales como: las vacaciones correspondientes a
los años 2009-2014, bonificación Navideña, cesantías e intereses de cesantías
correspondientes al año 2014, auxilios educativos, dotación y uniformes, subsidio
familiar e incremento salarial, los cuales fueron solicitados en otras peticiones y
respecto de algunas negadas en otros actos administrativos aportados al expediente,
pero que no son materia de la litis, al no haberse demandado expresamente por la
parte accionante.
De tal manera que, al no individualizarse la totalidad de los actos administrativos que
en sede administrativa resolvieron las peticiones respecto de las precitadas
acreencias reclamadas en sede judicial, se configura una ineptitud que impide que se
emita pronunciamiento de fondo respecto de las mismas, esto es, las vacaciones
correspondientes a los años 2009-2014, bonificación navideña, cesantías e intereses
de cesantías correspondientes al año 2014, auxilios educativos, dotación y uniformes,
subsidio familiar e incremento salarial, por lo que el Suscrito Ponente da por terminado
el proceso respecto de ellas, y continua su trámite con las que si fueron debidamente
solicitadas. […]». (Folios 96 a 98 y CD obrante a folio 101 del plenario).
La decisión fue notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] se contrae a determinar:
i.) Si es nulo el acto administrativo de fecha 19 de marzo de 2014, por el cual Alcalde
Municipal de Calamar negó el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales,
esto es, primas de servicio, cesantías e intereses de cesantías por los años 1998 a
2013, las vacaciones correspondientes a los años 1998 a 2008, la sanción moratoria
por el no pago oportuno de cesantías de los años 1998 a 2013, así como los intereses
moratorios sobre esas acreencias; y ii.) si como consecuencia de lo anterior, tiene
derecho la accionante al reconocimiento y pago de dichas acreencias laborales. […]».
(Folio 98 y CD que reposa a folio 101 del expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 106 a 114)
El a quo profirió sentencia escrita el 25 de noviembre de 2019 por medio de la
cual declaró la nulidad del acto demandado, así como la prescripción sobre la
remuneración de las vacaciones, y a la vez negó las demás pretensiones de
la demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia destacó que la libelista se inscribió en el
escalafón de carrera administrativa a partir del 15 de marzo de 1995, por lo
que desde esa fecha aquella tiene derecho a que se le reconozcan y paguen
todas las prestaciones sociales previstas para los empleados públicos del
orden territorial como producto del tiempo laborado, las cuales de conformidad
con el Decreto 1919 de 2002, son las mismas señaladas para los servidores
del orden nacional.
Conforme a este contexto, señaló que en cuanto al reconocimiento y pago de
la prima de servicios, este pedimento se debe negar, toda vez que tal
prerrogativa es un emolumento de naturaleza salarial y no prestacional, la cual
se encuentra prevista en el Decreto 1042 de 1978 que es de aplicación
exclusiva para empleados del orden nacional, calidad que no ostenta la
libelista, pues su vinculación con el municipio de Calamar se dio en calidad
servidora del orden territorial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
Al respecto precisó que en el presente caso no resulta procedente inaplicar en
virtud de la figura de la excepción de inconstitucionalidad la expresión «del
orden nacional» contenida en el artículo 1.° del Decreto 1042 de 1978, como
en oportunidades anteriores lo había contemplado el Consejo de Estado, pues
a partir de la sentencia C-402 de 2013 que declaró exequible el referido aparte,
la Corte Constitucional concluyó que los factores salariales de los empleados
públicos a nivel nacional y territorial no se encuentran en un plano de igualdad,
al punto de que los haberes salariales contemplados en el artículo 42 ibidem
como la aludida prima de servicios, no puede ser extensible a funcionarios de
los distritos, departamentos o municipios como la señora Cera Llerena.
Con base en esta aclaración, destacó que el Decreto 1919 de 2002 solo
extendió el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden territorial, por lo que debe
tenerse en cuenta que de acuerdo a los literales a), f) y g) del artículo 42 del
Decreto 1042 de 1978, la prima de servicios no es una prestación social, sino
un factor de salario que por su naturaleza, no fue concebido como derecho
propio de los funcionarios de entidades como la demandada.
Por otra parte, en cuanto al otorgamiento de las vacaciones correspondientes
al período comprendido entre los años 1998 y 2008, precisó que tal concepto
laboral no es un sobresueldo, sino la garantía de un descanso remunerado del
empleado, tanto así que la compensación en dinero está prohibida salvo en
los casos taxativamente señalados en la ley. Indicó que una de las situaciones
de excepción a dicha regla, es el caso de los servidores que se desvinculen
de las respectivas entidades empleadoras y que no hubiesen disfrutado
materialmente de tal beneficio.
Sobre el punto acotó que la demandante presta sus servicios como empleada
pública en el municipio de Calamar (Bolívar) desde 1995, y que desde esa
fecha no le han sido compensadas en dinero las vacaciones, pues la parte
activa no demostró su pago, por lo que en principio se concluiría que
efectivamente estaría configurado a su favor este emolumento, no obstante,
adujo que aquel haber laboral se encuentra prescrito.
Manifestó que la señora Cera Llerena presentó petición el 13 de marzo de
2014, con la que solicitó el reconocimiento y pago de las vacaciones
adeudadas desde el 2 de junio de 1998 hasta el 2008. Asimismo resaltó que
la demanda por la negativa de aquel concepto fue presentada el 3 de
septiembre de 2014, por lo que aseguró que con la petición en sede
administrativa no se interrumpió el fenómeno de la prescripción de las sumas
a reconocer por concepto del derecho bajo estudio, toda vez que los cuatro
años contemplados para la estructuración de dicha figura jurídica se
cumplieron el 13 de marzo de 2010, lo cual implica que en aplicación del
artículo 23 del Decreto 1045 de 1978, las sumas causadas con anterioridad al
12 de marzo de 2010 están prescritas.
De otra parte, en cuanto a la pretensión dirigida a obtener el pago de las
cesantías y sus intereses adeudadas desde el 2 de junio de 1998, aseveró en
primer lugar que aquel auxilio es una prestación social originada en una
vinculación de tipo laboral que beneficia no solo al trabajador adscrito al sector
privado, sino también al vinculado al sector público, sea cual sea la modalidad
bajo la cual se haya generado el vínculo. Refirió que dicho emolumento se
reconoce cuando se rompe la relación entre la administración y el funcionario,
caso en el cual es definitiva, o cuando se dan los supuestos para su
otorgamiento de forma parcial, sin que el vínculo laboral cese, como cuando
su pago está relacionado con necesidades de adquisición o mejoramiento de
vivienda, entre otros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
Acerca de esta prerrogativa aseguró que la liquidación de las cesantías
anualizadas debe darse a 31 de diciembre del año en que se causaron, y su
pago tiene que realizarse antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo
administrador elegido por el empleado. Ahora, puntualizó que en el evento de
que la consignación no se efectué a más tardar en esa fecha, comienza a
correr la mora a cargo del empleador a razón de un día de salario por cada día
de mora.
Sobre el caso particular destacó que la libelista afirmó estar vinculada en la
actualidad al municipio de Calamar, por lo que al no existir prueba de su retiro
definitivo del servicio, resultaba improcedente ordenar el pago de las cesantías
e intereses adeudados, toda vez que lo adecuado era solicitar la consignación
de tales emolumentos en el respectivo fondo al cual aquella se encontrara
afiliada, ello en el entendido de que el pago de las prestaciones aludidas solo
es procedente cuando el empleado público termina su relación legal y
reglamentaria.
Ante este planteamiento refirió que tampoco resultaba viable ordenar el pago
de la sanción moratoria deprecada, puesto que de conformidad con lo previsto
en la Ley 244 de 1995, dicha indemnización tiene lugar siempre que la entidad
pública pagadora incumpla los términos perentorios para el abono de las
cesantías luego de que el servidor hubiese finalizado su vínculo con el Estado,
lo cual no se demostró en el sub lite.
Acorde con estos planteamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró
la nulidad parcial del acto administrativo demandado respecto de las
vacaciones adeudadas a la libelista desde el 2 de junio de 1998 hasta el año
2008; ii) declaró la prescripción de las sumas causadas por aquel concepto
anteriores a 2008; y iii) negó las demás pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 116 a 124)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se ordene
al municipio de Calamar, pagar las primas de servicio adeudadas del 2011 al
2014, así como el auxilio de cesantía, sus intereses y la sanción moratoria por
la falta de pago de tales conceptos desde 1998 hasta 2014.
Al respecto señaló que la Ley 10 de 1990 por medio de la cual se reformó el
sistema nacional de salud, optimizó el proceso de descentralización en la
prestación de los servicios de carácter asistencial mediante la participación de
las entidades territoriales, pues con anterioridad a la expedición de esta norma,
tal sector pertenecía al orden nacional, según el artículo 16 ibidem que confiere
a la Nación y a las entidades descentralizadas la posibilidad de ceder a los
departamentos, distritos y municipios, los bienes, elementos e instalaciones
destinadas para desarrollar estas actividades de salubridad pública, situación
que también se hizo necesario redefinir las condiciones laborales del personal
vinculado en dichas instituciones.
Resaltó que en virtud del artículo 17 de la norma ejusdem, el Legislador
garantizó a los funcionarios incorporados en el sector salud del orden
territorial, la permanencia los beneficios tanto salariales como prestacionales
de los que estos gozaban anteriormente.
Conforme a este contexto, aseguró que en lo referente al régimen salarial del
sector salud, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 439 de 1995, cuyo
ámbito de aplicación de acuerdo con el artículo primero es el siguiente: «El
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
presente decreto establece el Régimen Salarial y el Programa Gradual de
Nivelación de Salarios y bonificaciones especiales de los empleados públicos
de la salud del orden territorial». En tal sentido, sostuvo que en concordancia
con el artículo 5 ibidem, el cargo de promotor de salud que ocupó la señora
Cera Llerena sería uno de los empleos asociados beneficiarios de la
permanencia de los beneficios remunerativos en comento, entre estos los
relativos al régimen salarial.
Según lo anterior, adujo que la prima de servicios hace parte de aquellos
factores de salario previstos para los empleados públicos del orden nacional
que mantuvieron las entidades territoriales y descentralizadas en salud, por lo
que al no existir prueba de que dicho emolumento le fue pagado a la libelista,
esta tendría derecho a su reconocimiento en los términos del artículo 58 del
decreto 1042 de 1978.
Frente al fenómeno prescriptivo declarado en primera instancia, resaltó que el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 estipula que las acciones que emanen
de los derechos consagrados en dicho decreto «prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre
un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción
pero solo por un lapso igual». Indicó que de la misma manera, el Decreto 1848
de 1969 en su artículo 102 señala que las acciones que emanan de los
derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 prescriben en tres años,
contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haga exigible.
Con base en lo expuesto refirió que la demandante presentó reclamación ante
el municipio de Calamar el 19 de marzo de 2014, de manera que en aplicación
de lo consagrado en el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, solo prescribirían
los derechos laborales consolidados con anterioridad al 19 de marzo de 2011.
En punto a la negativa sobre las cesantías, los intereses a estas y la sanción
moratoria por el pago tardío de aquel auxilio, planteó que se aparta de la
consideración del a quo sobre el particular, toda vez que en la Constitución
Política el artículo 228 prevé que «Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial», de suerte que se debió tener en cuenta el hecho de
que tanto en vía administrativa como en la demanda, se contempló como
reclamación principal el pago de la totalidad de las cesantías adeudadas, y en
ningún momento se deprecó que fueran consignadas en el fondo respectivo,
habida cuenta de que dicho emolumento no es de este último, sino del
empleado.
Adicionalmente manifestó que cuando el trabajador no se ha desvinculado del
servicio, no le son aplicables los postulados de la Ley 244 de 1995, sino que
deben verificarse los preceptos del Decreto 1582 de 1998, la Ley 50 de 1990
y la Ley 344 de 1996 en lo que respecta también al reconocimiento de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.
Finalmente expuso que en cuanto a la determinación del fenómeno de la
prescripción trienal respecto del auxilio de cesantía, se debe considerar que
dicha prestación solo está disponible para el empleado una vez se termina el
vínculo laboral que lo liga con su empleador, por lo que durante la vigencia de
aquel nexo no puede acceder a dicha prerrogativa, sino en casos especiales
como son las solicitudes de anticipos parciales. En tal sentido sostuvo que el
término prescriptivo en el presente caso, solo podía empezar a contabilizarse
desde que la libelista se retirara del servicio, lo cual al momento de
presentación de la demanda no se había materializado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 12 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque el fallo apelado y en su lugar se acceda a sus pedimentos, para lo
cual reprodujo en su totalidad los argumentos esbozados en su recurso de
alzada.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 135 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe exclusivamente a los argumentos de impugnación de la parte
apelante, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿La señora Salmira Isabel Cera Llerena tiene derecho al
reconocimiento de la prima de servicios prevista en el Decreto 1042 de
1978 por el lapso comprendido entre 2011 y 2014, ello por ser empleada
pública del sector salud vinculada con el departamento de Bolívar antes
del respectivo proceso de descentralización contemplado en la Ley 10
de 1990, en vigencia de la cual fue incorporada directamente al servicio
del municipio de Calamar?
2. ¿La demandante consolidó el derecho al otorgamiento de las cesantías
anualizadas, así como los intereses sobre estas y la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de tales haberes causados desde 1998
hasta 2014, y de ser así, operó el fenómeno de la prescripción extintiva
respecto de dichos conceptos?
Primer problema jurídico
¿La señora Salmira Isabel Cera Llerena tiene derecho al reconocimiento de
la prima de servicios prevista en el Decreto 1042 de 1978 por el lapso
comprendido entre 2011 y 2014, ello por ser empleada pública del sector salud
vinculada con el departamento de Bolívar antes del respectivo proceso de
descentralización contemplado en la Ley 10 de 1990, en vigencia de la cual
fue incorporada directamente al servicio del municipio de Calamar?
Al respecto la Subsección sostendrá como tesis que: la demandante no tiene
derecho al pago de la prima de servicios consagrada en su momento para los
empleados públicos del orden nacional, tal como se explica a continuación:
Régimen salarial y prestacional de los trabajadores y empleados
del sector salud
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en vigencia de la Constitución
Política de 1886, el sistema de salud en el país estaba regulado por la Ley 10
de 19903, la cual contempló un proceso de descentralización en lo que
respecta a la administración y prestación del mentado servicio que estaba en
cabeza de la Nación, ello en asocio con las diferentes entidades territoriales y
el sector privado, tal como se indicó en su momento en el artículo 1.° de dicha
norma.
Ahora, con posterioridad a esta regulación, se observa que en el artículo 48
de la Constitución Política de 1991, se concretó con mayor énfasis la
descentralización del sector de la salud, esto al precisar que la seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio, cuya dirección,
coordinación y control es competencia del Estado en términos generales, con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad bajo los
parámetros que determine la ley.
En concordancia con lo anterior, los artículos 150 y 152 superiores otorgaron
al Congreso de la República la facultad para expedir leyes que regulen la
prestación de los servicios públicos, entre los que se encuentra el de la salud.3.
Con fundamento en ello, se expidió la Ley 100 de 1993 con la cual se creó el
Sistema General de Seguridad Social Integral. El régimen en mención previó
que los servicios de salud deben ser prestados en forma directa por la Nación
o las entidades territoriales a través de las empresas sociales del Estado
conforme lo señala el artículo 194 ibidem:
«[…] ARTÍCULO 194. NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en
forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará
principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen
una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por
las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto
en este capítulo […]».
Así las cosas, compete al Congreso de la República crear las ESE de carácter
nacional y a las asambleas y concejos municipales las del nivel territorial, las
cuales en ambos casos, son entidades descentralizadas que gozan de
autonomía administrativa y patrimonio propio4.
La Ley 100 de 1993 también determinó el régimen laboral aplicable a los
servidores públicos vinculados a las ESE. Al respecto el artículo 195 señaló:
«[…] ARTÍCULO 195.- Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se
someterán al siguiente régimen jurídico:
(…)
5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados
públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley
10 de 1990 […]».
De conformidad con la norma transcrita, el régimen laboral tanto de los
trabajadores oficiales como de los empleados públicos del sector de la salud,
3 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
3 Al respecto pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional T-999-2008; T-1024-2010 y T-195-
2011.
4 Ver sentencia C- 665 de 2000, en la que se indicó que la función primordial de las empresas sociales
del Estado, no consiste en el cumplimiento de tareas administrativas en un sentido general, sino que
radica ante todo en la prestación del servicio público de salud.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
es el consagrado en el capítulo IV de la referida Ley 10 de 1990, dentro del
cual se encuentra el artículo 30 que sobre la materia determinó lo siguiente:
«[…] Artículo 30º.- Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten
servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean
compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera
administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional
previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen
las convenciones colectivas de trabajo. A los empleados públicos del sector
de la salud de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados,
se les aplicará el mismo régimen prestacional de los empleados públicos
del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de la
presente Ley […]». (Subrayado intencional).
Por su parte, el artículo 17 de la regulación en comento al que remite el
enunciado transcrito en punto a su necesaria observancia, previó
expresamente lo siguiente:
«ARTICUL0 17. Derechos laborales. Las personas vinculadas a las entidades
que se liquiden, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, serán
nombradas o contratadas, según el caso por las entidades territoriales o
descentralizadas a las cuales, se hayan cedido los bienes, elementos o
instalaciones para la prestación de servicios de salud, sin perder la condición
específica de su forma de vinculación. A los empleados y trabajadores, se
les aplicará el régimen salarial y prestacional, propio de la respectiva
entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y
prestacional de que gozaban en la entidad liquidada. Cuando se trate de
empleados de carrera administrativa, o que hayan desempeñado cargos de
carrera, sin pertenecer a ella, se les reconocerá continuidad en la carrera o el
derecho de ingresar a ella, respectivamente. […]». (Destaca la Subsección).
Como se observa, en lo atinente a los empleados públicos vinculados a las
entidades prestadoras de servicios de salud, tanto antes como en vigencia de
la Ley 10 de 1990, al igual que en virtud de la Ley 100 de 1993, el régimen
prestacional que los cobija es el mismo aplicable a los servidores de la Rama
Ejecutiva del orden nacional por expreso mandato legal. No obstante, en
materia salarial dicho presupuesto no es el mismo, toda vez que ante la
ausencia de regulación explícita sobre el punto, resulta necesario acudir al
precepto del artículo 17 precitado, en el sentido de que el régimen
remunerativo de los servidores que venían de entidades liquidadas, sería el
que se determine específicamente para cada entidad empleadora.
Pues bien, el entendimiento de la divergencia prementada es indispensable
para verificar qué tipo de emolumentos pueden o no ser reconocidos a favor
de funcionarios como la demandante. Acerca de este punto, la Subsección
aclara que por salario se entiende todo pago habitual continuo o permanente
que tenga como fin retribuir directamente la prestación del servicio, esto es,
remunerar al empleado público por el ejercicio de su labor y asegurar su
liquidez y solvencia económica periódica en razón y con fundamento en una
serie de criterios de fijación del monto a cancelar relacionados con el tipo de
cargo, el nivel y el grado en la respectiva escala salarial, aspectos que
previamente están fijados por el Congreso de la República, el Gobierno
Nacional y las entidades territoriales en virtud de las reservas de competencia
que le corresponden a cada uno de estos actores.
Las prestaciones sociales por otro lado, constituyen los pagos realizados por
la entidad empleadora de forma directa (comunes) o indirecta (especiales), a
favor del servidor público vinculado, tendientes a garantizar las condiciones
materiales para el ejercicio del empleo, a cubrir las contingencias derivadas de
la labor desempeñada o para apoyar situaciones particulares de la relación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
entre la vida personal y laboral del trabajador, de manera que su
reconocimiento no pretende ser una contraprestación del servicio, sino de las
condiciones factuales que lo rodean desde el punto de vista de la seguridad
social5.
Esta diferenciación también fue explicada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública en la Guía de Administración Pública de agosto de 20186
cuando señaló:
«[…] Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al
trabajador directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad
social en diner n (sic) motivo de la misma. Se diferencian de los salarios en que
no retribuyen directamente los servicios prestados, y de las indemnizaciones,
en que no reparan perjuicios causados por el empleador.
[…]»
Bajo este contexto, al verificar la esencia o naturaleza jurídica de la prima de
servicios de que trata el artículo 58 del Decreto 1042 de 19787, que es la
reclamada por la libelista en esta instancia, se observa que su fin es, tal como
su nombre lo indica, retribuir la labor ejercida, por lo que dicho concepto es
catalogado como factor salarial al tenor del artículo 42, literal f) de la norma
ejusdem y no como una prestación social.
Ahora, en el sub examine se advierte que la parte activa fundamentó su
reclamo en que por ser empleada pública del sector salud descentralizado a
nivel territorial, el régimen salarial y prestacional aplicable a su caso en
atención a la Ley 10 de 1990, sería el mismo previsto para los servidores del
orden nacional, precepto que en realidad únicamente consagró lo propio en lo
referente a las prestaciones sociales y no respecto de los factores
remunerativos de tipo salarial como en efecto lo es la prima de servicios, de
manera que no es viable efectuar una interpretación extensiva de aquella
norma, tal como lo estimó el a quo en el fallo recurrido.
Sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, es de destacar que la libelista
aseguró que mientras estuvo vinculada con la Nación, aquella percibió la prima
de servicios. Empero, de las pruebas obrantes en la actuación no se advierte
lo propio, por lo que no es dable considerar que con su incorporación al sector
salud del municipio de Calamar, se hubiese disminuido el régimen salarial al
que se encontraba sometida o que particularmente se desconocieran los
haberes que devengaba desde su nombramiento inicial con el Estado.
Por otro lado, bajo esta misma línea de intelección, debe tenerse en cuenta
que en lo relativo a la unificación de regímenes entre empleados públicos de
distintos niveles dentro de la estructura de la administración a partir de la
expedición del Decreto 1919 de 2002, ello podría predicarse solo en cuanto a
las prestaciones sociales, no así frente a los factores que constituyen salario,
5 El referido marco conceptual de diferenciación entre régimen salarial y prestacional fue desarrollado
por esta misma Subsección en sentencia del 10 de septiembre de 2020, dictada en el proceso con
radicado: 52001-23-33-000-2015-00627-02 (1568-2017).
6 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Administración Pública: Régimen
prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial. Versión 2. Dirección Jurídica.
Agosto 2018.
7 «ARTÍCULO 58. La prima de servicio. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán
derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en los
primeros quince días del mes de julio de cada año.
Esta prima no se regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación
cualquiera que sea su nombre.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
pues entre ambos conceptos existe una diferencia sustancial que permite
evidenciar los efectos de la norma en comento.
Tal como lo precisó el a quo, existe una disparidad sustancial entre el régimen
salarial y el prestacional en el marco de la regulación laboral de los servidores
públicos, situación que impide contemplar o asumir ciertos beneficios
económicos bajo naturalezas jurídicas similares, pues hacerlo trae consigo
consecuencias en el equilibrio financiero de las nóminas de cada entidad, que
podría eventualmente ir en detrimento tanto de intereses particulares como
generales en cuanto a la protección del erario.
De hecho, sin perjuicio de lo anterior, así se esgrimiera que con el Decreto
2351 de 2014 «Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados
públicos del nivel territorial.», el Gobierno Nacional zanjó y dio fin al señalado
trato desigual entre funcionarios estatales de la Nación y de entidades
territoriales al haber fijado el mismo emolumento entre ambos, lo cierto es que
ello no debe entenderse bajo dicha perspectiva, habida cuenta de que aquel
condicionó el reconocimiento de tal concepto a una fecha específica de
efectividad fiscal sin creación de derechos adquiridos con anterioridad, es
decir, sin retroactividad.
Lo anterior se justifica precisamente porque en ejercicio de la competencia
asignada al Ejecutivo, la creación del aludido derecho económico se basó en
una unificación progresiva del régimen laboral de los empleados públicos, pero
no como una respuesta a una omisión diferencial injustificada del Estado,
según lo considerado por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad
del artículo 1.° del Decreto 1042 de 1978.
En todo caso, lo cierto es que el artículo 1.° del Decreto 2351 de 2014, previó
que el reconocimiento de la prima de servicios a favor de los empleados
territoriales como la libelista, tendría lugar a partir del año 2015, período que
no se encuentra en discusión judicial en esta instancia, toda vez que
expresamente en el recurso de alzada que limitó la competencia del ad quem,
se solicitó que se concediera el goce de dicho factor salarial por el lapso
comprendido entre 2011 y 2014 (ver folio 124), el cual como se extrae de lo
expuesto anteriormente, no era un tiempo válido para consolidar dicha
prerrogativa en favor de los servidores de los distritos, departamentos y
municipios.
En conclusión: la señora Salmira Isabel Cera Llerena no tiene derecho al
reconocimiento de la prima de servicios prevista en el Decreto 1042 de 1978
por el lapso comprendido entre 2011 y 2014, ello en la medida en que a pesar
de ser empleada pública del sector salud vinculada con el departamento de
Bolívar antes del respectivo proceso de descentralización contemplado en la
Ley 10 de 1990, en vigencia de la cual fue incorporada directamente al servicio
del municipio de Calamar, lo cierto es que dicha regulación en ningún
momento contempló la aplicación a favor de tales funcionarios del régimen
salarial de los servidores del orden nacional, toda vez que conforme a los
artículos 17 y 30 ibidem, se observa que los emolumentos a los que
funcionarios como la libelista tienen derecho en las mismas condiciones que
los del nivel central de la Rama Ejecutiva, son exclusivamente las prestaciones
sociales y no los factores de remuneración como en efecto lo es la prima
deprecada en esta causa judicial.
Segundo problema jurídico
¿La demandante consolidó el derecho al otorgamiento de las cesantías
anualizadas, así como los intereses sobre estas y la sanción moratoria por la
no consignación oportuna de tales haberes causados desde 1998 hasta 2014,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
y de ser así, operó el fenómeno de la prescripción extintiva respecto de dichos
conceptos?
Acerca de este cuestionamiento, la Subsección tendrá como tesis la siguiente:
La libelista tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas y sus intereses respectivos causados por el período comprendido
entre 1998 y 2013, no así del año 2014 por falta de reclamación de tal
anualidad en vía administrativa. Aun así, no es procedente que se condene a
la entidad demandada a la sanción moratoria por la falta de consignación
oportuna del mentado auxilio, esto conforme a la siguiente fundamentación
jurídica:
Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
La Ley 6.ª de 1945 en su artículo 17 señaló que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un
auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio
prestado con posterioridad al 1.º de enero de 19428.
A su turno, mediante el artículo 1.° del Decreto 2767 de 1945 se extendieron
la totalidad de las prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la
Ley 6.ª de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias,
comisarías y municipios, que incluyó el auxilio de cesantía9.
Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las previsiones sobre cesantías,
beneficios que también fueron extendidos a los trabajadores de los
departamentos, intendencias, comisarías y municipios, y, más adelante, el
Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación10, mientras
que el Decreto 1160 de 1947 previó que tendría derecho a dicho auxilio, el
empleado inscrito o no en carrera administrativa, sea cual fuere la causa de
su retiro, con la aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo
laborado, si era inferior a ese lapso.
Visto lo anterior, este régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por
cuanto para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el
último salario devengado.
Seguidamente, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro
(FNA), como un establecimiento público vinculado al otrora Ministerio de
Desarrollo Económico que, dentro de sus objetivos, en el artículo 2.º señaló:
«[…]
a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales;
8 «ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación
de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o.
de enero de 1942. […]».
9 «Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al
servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las
prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del
mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en
uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»
10 El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los
Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a
menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de
servicio, si éste fuero menor de doce meses.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del
empleado o trabajador;
c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del
Estado;
d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de
seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;
e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y
establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender
oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y
f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no
inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo
económico y social. […]».
La norma en comento también previó que se debían liquidar y entregar al
Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del estado del orden nacional, con excepción de las de los
miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros de
las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa
nacional.
En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del Decreto 3118
ejusdem, determinó:
«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en
favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo
empleado o trabajador. […]».
Por lo tanto, con su expedición, empezó en el sector público el desmonte de
la retroactividad del auxilio de cesantías, para dar paso al sistema de
liquidación anualizado, que en principio no era aplicable a los servidores
públicos del orden territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de
cesantías dispuesto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al
retroactivo, no obstante, las disposiciones que modificaron su naturaleza y
cobertura, permitieron su afiliación a los empleados de las entidades
territoriales y sus entes descentralizados (Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de
1998).
Por otra parte, la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en el artículo
99 de la siguiente manera:
«[…] El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de
la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de
trabajo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre
el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año
o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]»
A su vez, el artículo 13 de la Ley 344 de 199611 extendió el régimen de
cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con
posterioridad a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996), en virtud
del cual, la liquidación definitiva debía realizarse el 31 de diciembre de cada
año.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 de 199812 que amplió el régimen
de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores
públicos del orden territorial, así:
«[…] El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996
que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los
artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y
el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998. […]». (Subraya la Subsección)
En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que decidieran
acogerse al previsto en la precitada Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto
1582 de 1998 previó el siguiente procedimiento:
«[…]
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la seleccionada por
el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a
este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las
cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el
cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición. […]».
Adicionalmente, el Consejo de Estado en sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201613, arribó al mismo entendimiento, al
señalar:
«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de
11 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
12 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de
1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta
materia».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de
agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se
hubieran acogido al régimen anualizado, y para efecto de la liquidación
y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la
Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1° del Decreto 1582 de 1998. […]». (negrita fuera del texto
original)
De lo expuesto se colige que coexisten dos regímenes de cesantías, el
retroactivo para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30
de diciembre de 1996 y el anualizado, creado inicialmente para el sector
privado por la Ley 50 de 1990, y que fue extendido por la Ley 344 de 1996
para los servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en
vigencia (31 de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial.
Sin embargo, para aquellos servidores con vinculación anterior a la Ley 344
de 1996 y beneficiarios del régimen retroactivo, el Decreto 1582 de 1998 les
concedió la posibilidad de acogerse u optar por el régimen anualizado de
cesantías, previa solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del
emolumento al fondo de su elección, tal como lo previó en su artículo 3.°, como
procedimiento necesario para el precitado cambio.
Por otra parte, el Decreto 1252 de 2000, en su artículo 2, conservó el régimen
de cesantías retroactivas para los servidores públicos que a 25 de mayo de
2000 lo disfrutaban, hasta la terminación de la relación laboral.
Y en el mismo sentido, el Decreto 1919 de 2002, que extendió el régimen de
prestaciones sociales para los empleados públicos de la rama ejecutiva del
poder público del orden nacional a los servidores del orden territorial, previó
en su artículo 3.° que: «[…] Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando
el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los
términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000 […]».
Sobre el régimen de cesantías de los empleados del sector salud
Dado que los planteamientos que dan lugar a la presente providencia están
sustentados, entre otros aspectos, en que la demandante fue vinculada y aún
presta su servicio en el sector salud a nivel territorial en el municipio de
Calamar, a efectos de ofrecer un mayor entendimiento de cómo opera el
régimen de cesantías para dichos servidores, procede la Sala a realizar la
siguiente exposición:
De conformidad con lo esbozado en el acápite que antecede, se encuentra
que, en lo que respecta a los empleados públicos de todos los sectores,
incluidos los del sector salud, el régimen de cesantías aplicable corresponde
al previsto en las Leyes 6.ª de 1945, 65 de 1946, el Decreto 3118 de 1968 y
en especial el artículo 30 de la Ley 10 de 1990, el cual señala:
«[…] Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos. Las
entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de
salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean compatibles, los
principios propios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán,
como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968,
todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de
trabajo.
A los empleados públicos del sector salud de las entidades territoriales
y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen
prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 17 de la presente ley […]». (Líneas
intencionales).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
Con base en ello, se observa que los empleados del sector salud
pertenecientes al nivel territorial y sus entes descentralizados, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990, en materia
prestacional eran gobernados por las mismas previsiones que los nacionales,
por lo que, para la liquidación de sus cesantías debía remitirse a lo trazado por
el Decreto 3118 de 1968, el cual, conforme se expuso, previó el sistema
anualizado administrado por el Fondo Nacional del Ahorro.
Luego, tal como se explicó en líneas atrás, fue hasta la expedición de la Ley
344 de 1996 que se amplió la cobertura del auxilio de cesantías a los
empleados del sector público que se vincularan a los órganos y entidades del
Estado a partir de su fecha de promulgación, es decir, el 31 de diciembre de
1996. Luego, el Decreto 1582 de 1998 en su artículo 1.° extendió el régimen
de liquidación de cesantías anualizado a los servidores públicos del nivel
territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y que se afiliaran a
los fondos privados de cesantías.
Igualmente, la Ley 60 de 1993 «por la cual se dictan normas orgánicas sobre la
distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones», creó en su artículo 33 el
Fondo Prestacional del Sector Salud para el pago del pasivo prestacional de
sus servidores. Esta norma señaló:
«[…] El Fondo Prestacional garantizará el pago del pasivo prestacional por
concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación,
causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993 […]
El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, Distritales y
Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda
pública para pagar el pasivo prestacional según reglamento que para el efecto
se expida. Los pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones
podrán ser hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas
de previsión, al Instituto de los Seguros Sociales o a los fondos territoriales
que para el efecto se creen, y en todos los casos se entenderá que en la fecha
de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier
retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad
de prestación de servicios de salud que corresponda […]».
Es decir, los empleados públicos que prestaban sus servicios en el sector
salud del nivel territorial adquirían el derecho a ser beneficiarios del régimen
retroactivo antes de entrar a regir la Ley 60 de 1993.
Dicho fondo se creó como una cuenta especial de la Nación para garantizar el
pago del pasivo prestacional a favor de los servidores pertenecientes a las
entidades de salud del sector oficial, del subsector privado sostenido y
administrado por el Estado, de las entidades de naturaleza jurídica indefinida
pero igualmente sostenidas por aquel, por concepto de cesantías, reservas
para pensiones y pensiones de jubilación.
La Ley 100 de 1993 se refirió igualmente al Fondo Prestacional del Sector
Salud en su artículo 242 y conservó lo previsto por el legislador en la Ley 10
de 1990 al prohibir el reconocimiento del régimen retroactivo para los
empleados del sector salud en los siguientes términos:
«[…] El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley
60 de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por
pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del
sector salud que a la vigencia de esta ley tienen derecho a ello, conforme al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en ésta, será
asumido por el fondo del pasivo prestacional y las entidades territoriales, en
los plazos y términos de concurrencia que establece la misma ley.
A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni
pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en
el régimen de cesantía a ellos aplicable.
[…]
PARÁGRAFO: Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo,
entiéndese por cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las
pagadas a 31 de diciembre de 1993 […]». (Negritas de la Subsección).
Esta norma fue reglamentada inicialmente por el Decreto 530 de 1994, el cual
fue derogado por el Decreto 306 de 2004 que previó, entre otros aspectos, que
a partir de su vigencia y con motivo de la extinción del mentado fondo, sería el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad encargada de reconocer lo
adeudado en razón de las obligaciones derivadas para el sector salud bajo el
esquema del pasivo en comento, tal como se extrae del artículo 3.° que reza:
«Artículo 3°. Reconocimiento del pasivo prestacional. El pasivo prestacional
que a la entrada en vigencia del presente decreto aún no hubiere sido
reconocido por el entonces Ministerio de Salud en calidad de administrador
del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, será reconocido
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo.
Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron
suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de
2001 y para la suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público podrá:
a) Revisar los cálculos actuariales de cada institución hospitalaria teniendo en
cuenta únicamente el pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;
b) Revisar y modificar las certificaciones de beneficiarios expedidas por el
entonces Ministerio de Salud verificando que los reconocimientos
prestacionales estén ajustados a las normas legales y convencionales que
regían a la fecha del cálculo del pasivo para cada una de estas instituciones;
c) Expedir o modificar los actos administrativos de reconocimiento del monto
del pasivo, de beneficiarios y de porcentajes de concurrencia;
d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales, los plazos
y los mecanismos para el pago de las obligaciones;
e) Celebrar los contratos que se encuentran pendientes o suscribir los
modificatorios de los que se encuentran en ejecución, de acuerdo con las
revisiones efectuadas. En los convenios o sus modificatorios deberán
incluirse los mecanismos de actualización de los montos de la concurrencia a
la fecha de pago de las mismas.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer,
suscribir contratos y pagar el pasivo prestacional de cesantías y pensiones en
actos separados. Igualmente, el Ministerio podrá hacer contratos donde se
incluyan parcialmente beneficiarios ya reconocidos.»
Asimismo, por medio de la mentada norma en su artículo 8 previó los requisitos
para ser beneficiario del pasivo prestacional del sector salud, así:
«Artículo 8°. Beneficiarios. Se consideran beneficiarios del Pasivo
Prestacional del Sector Salud aquellos servidores públicos y trabajadores
privados que fueron certificados como tales por el Ministerio de Salud de
conformidad a la normatividad entonces vigente, sin perjuicio de las
modificaciones a que haya lugar con ocasión de la revisión que efectúe el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
Serán considerados como beneficiarios los trabajadores del sector salud que a
diciembre de 1993 pertenecían a una de las siguientes entidades o
dependencias y tenían acreencias prestacionales legales a las que se refiere
el artículo 2° del presente decreto, vigentes con las mismas:
a) Instituciones o dependencias de salud del subsector oficial del sector salud;
b) Entidades del subsector privado del sector salud, cuando hayan estado
sostenidas o administradas por el Estado, o cuyos bienes se hayan destinado
a una entidad pública en un evento de liquidación;
c) Entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector salud cuando se trate
de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, o
que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública.»
A partir de los extractos en cita, se observa que el régimen de retroactividad
en la liquidación de las cesantías de los empleados del sector salud culminó
efectivamente con la entrada en vigor del Régimen de Seguridad Social
diseñado en la Ley 100 de 1993, la cual previó en su artículo 242 que dicha
carga económica adeudada hasta el 31 de diciembre de 1993 sería asumida
por el Fondo del Pasivo Prestacional administrado por el Ministerio de Salud.
Sin embargo, como se aclaró con antelación, en razón del Decreto 306 de
2004, desde el 2 de febrero de 2004 cuando este fue proferido, el responsable
de tales pagos sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero solo en
lo atinente a la cobertura de las obligaciones contraídas en su momento por el
aludido fondo.
De lo anterior se colige que:
i) por regla general, el auxilio de cesantía de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993,
se liquida con el régimen de retroactividad, es decir, con base en el último
salario devengado al momento de la desvinculación de la entidad o de la
liquidación parcial de cesantías, según sea el caso, y cuyo pago estaba a cargo
del Fondo de Pasivo Prestacional del Sector Salud o del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con posterioridad al año 2004,
ii) o con el sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado en
la normativa que regula lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, el
Decreto 3118 de 1968, solo para aquellos empleados (en este caso del sector
salud), que hubiesen sido afiliados a aquella entidad antes del 23 de diciembre
de 1993 cuando fue promulgada la Ley 100 de 1993, o que motu proprio
hubiesen decidido acogerse al régimen anualizado desarrollado en la Ley 50
de 1990, el cual fue extendido para los empleados públicos del orden territorial
conforme a la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998.
Las anteriores conclusiones se acompasan con la postura que ha sido
asumida por parte de esta Subsección14 en casos con supuestos fácticos
similares al presente, en los cuales la controversia del litigio versaba en la
forma de liquidar el auxilio de cesantías de un empleado perteneciente al
personal del sector salud.
Sobre el régimen normativo que regula el pago de las cesantías
anualizadas y la sanción por la mora en su consignación para los
servidores públicos
14 Al respecto, ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, (i) sentencia del 5
de abril de 2017, radicación: 41-001-23-33-000-2013-00135-01(4402-2014), demandante: Beatriz
Beltrán Barragán; (ii) sentencia del 2 de julio de 2020, radicación: 47001-23-33-000-2015-00223-01
(4729-2017, demandante: Próspero Rangel Ribon.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
La Ley 50 de 1990 por medio de la cual se introdujeron reformas al Código
Sustantivo del Trabajo, previó en su artículo 99 la forma de liquidar las
cesantías en los términos que a continuación se citan:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del
contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o
en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador
en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]».
(Negrita de la Sala).
Ahora, pese a que la norma transcrita se encontraba destinada
específicamente a los trabajadores cobijados por los preceptos del Código
Sustantivo del Trabajo, la expedición de la Ley 344 de 1996 hizo extensivas a
los servidores públicos las normas concernientes a las cesantías. En efecto,
como se planteó anteriormente, la norma ejusdem definió el régimen
anualizado de liquidación de cesantías para los servidores públicos que se
vincularan a partir de su vigencia, y puntualmente en su artículo 13 previó lo
siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado
en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las
personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán
el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que
no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
Parágrafo. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se
aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
(Negrita de la Subsección).
Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998 consagró en su
artículo 1.° que: «El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los
servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de
1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los
artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el
de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro
será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
[…]». (Destaca la Sala).
Ahora bien, el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, consagró la
causación de una penalidad a cargo del empleador, a título de sanción, por la
tardanza en la consignación del auxilio de cesantías al fondo en el cual el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
empleado se encuentre afiliado, para lo cual estimó la fecha en la que la
obligación se haría exigible en los términos que a continuación se señala:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
[…]
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]».
De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, es claro
que el alcance de las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 amparan el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores
públicos, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998,
de modo que frente a la mora en la consignación de dicha prestación resulta
procedente el pago de una sanción correspondiente a un día de salario por
cada día de retardo.
De tal suerte que, si al 15 de febrero de la siguiente anualidad no se verifica el
depósito del monto correspondiente en el fondo de cesantías al que el
empleado se encuentre afiliado, este podrá requerir el reconocimiento y pago
de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 antes citado.
No obstante, es de destacar que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo
de Estado, es dable distinguir entre tres regímenes para la liquidación de las
cesantías, a saber: i) el de liquidación con retroactividad; ii) el de liquidación
anual; y iii) el de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. En lo que respecta
a este último marco jurídico esta Alta Corte15 se ha pronunciado de la siguiente
forma:
«[…] Conforme a lo anterior, se tiene que fue el mismo decreto el que estableció
un régimen diferenciador de liquidación y pago del auxilio de cesantías de los
funcionarios que se afilian a los fondos privados, respecto de los empleados
públicos que se vinculen al Fondo Nacional del Ahorro, diferencia ésta que se
justifica precisamente por la forma en que se causa el derecho, así como, se
cancela la prestación por parte de la entidad empleadora.
Fondo Nacional del Ahorro:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998,
las entidades públicas empleadoras deberán transferir mensualmente al Fondo
Nacional del Ahorro, por concepto de aportes una doceava parte de los factores
de salario que sean base para liquidar las cesantías, recibidos en el mes
inmediatamente anterior, devengados por los servidores públicos afiliados.
Dichos aportes se toman como una provisión de orden legal para el pago de
las cesantías de sus servidores.
➢ Para que se conviertan en cesantías deben haberse causado, lo que ocurre
a 31 de diciembre de cada año, o a la terminación de la relación laboral, fecha
para la cual el Fondo procede a trasladar a las cuentas individuales de cada
uno de los empleados públicos afiliados, los dineros aportados y reportados por
estos conceptos por parte de las entidades públicas, y a reconocer y abonar en
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de julio de 2014. Radicación
número: 66001-23-33-000-2012-00127-01(3764-13).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
las cuentas los intereses sobre las cesantías y la protección contra la pérdida
del valor adquisitivo de la moneda que las mismas hayan generado.
➢ El incumplimiento de la consignación mensual de los aportes
correspondientes a las doceavas partes de los factores de salario, genera
intereses moratorios mensuales equivalentes al doble del interés bancario
corriente.
➢ La sanción pecuniaria por mora es a favor del Fondo Nacional del Ahorro.
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que existen dos regímenes con
distintos objetivos sociales, con una naturaleza jurídica diversa, esto es, privada
y Estatal, así como un régimen legal que los hace diferentes.
Como se señaló en consideraciones precedentes, fue el citado Decreto 1582
el que expresamente excluyó la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, y solo consagró el beneficio
indemnizatorio para quienes se vinculen a los fondos privados.
Al respecto, considera la Sala que dicho argumento no se compadece con la
realidad teniendo en cuenta las circunstancias que rodean cada uno de los
regímenes señalados, esto es, el anualizado de los fondos privados
consagrado en la Ley 50 de 1990, y el del Fondo Nacional del Ahorro contenido
en la Ley 432 de 1998, como se explicó en consideraciones precedentes.
Adicionalmente, no existe ninguna violación al derecho a la igualdad como lo
afirma la recurrente, y que constituye la tesis del recurso, teniendo en cuenta
que dicha vulneración se presenta cuando a diversas personas que se
encuentren en situaciones similares se les otorga un trato diferente o
discriminatorio, hipótesis que no se presentan en el sub-lite […]». (Negrilla del
texto original).
En atención a lo esbozado previamente, es notorio que en el caso de los
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, el régimen anualizado de cesantías
conlleva una variación en cuanto a su tratamiento respecto del marco jurídico
general, pues el empleado oficial en tal condición no es titular de la
indemnización por mora en la consignación del auxilio, sino que lo es la
referida entidad, razón por la cual no es dable considerar que el primero sea
quien obtenga el reconocimiento y pago de la aludida sanción, al punto de
resultar improcedente una pretensión en tal sentido.
De la situación particular de la libelista
Frente a los supuestos de hecho demostrados en la presente causa judicial se
destacan los siguientes:
La señora Salmira Isabel Cera Llerena fue nombrada en propiedad por el
departamento de Bolívar en el cargo de promotora rural de Calamar al servicio
del Sistema Nacional de Salud, empleo para la cual tomó posesión desde el
13 de julio de 1984 (folio 19) y en el que fue ratificada según la Resolución 125
del 13 de julio de 1984 (folio 20).
La demandante fue inscrita en el escalafón de la carrera administrativa del
sector oficial de salud bajo la plaza de promotora de salud, código 50521005,
grado 05, ello de acuerdo con la Resolución 2381 del 15 de marzo de 1995
(folio 22).
La libelista tomó posesión del cargo de promotora de salud ante el
municipio de Calamar el 2 de junio de 1998 (Bolívar) (folio 21), ello por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
incorporación derivada del proceso de descentralización del servicio público
de salud.
Conforme a la certificación laboral del 18 de febrero de 2014 emitida por el
secretario de talento humano y servicios administrativos de la Alcaldía del
Municipio de Calamar (folio 23), se observa que a la referida fecha, la señora
Cera Llerena aún se encontraba vinculada en el empleo de promotora de salud
de la entidad que ha desempeñado desde el 2 de junio de 1998. Igualmente
se indicó que como contraprestación por el servicio prestado, aquella recibía
la asignación básica mensual, el auxilio de transporte y el subsidio de
alimentación.
La libelista formuló petición ante la autoridad demandada el 14 de marzo de
2014 (folios 59 a 62), con la que solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prima
de servicios prevista en el Decreto 1042 de 1978, ii) las cesantías adeudadas
y sus respectivos intereses por cada anualidad dentro del período
comprendido entre 1998 y 2013, iii) las vacaciones causadas a su favor desde
1998 hasta 2008, y iv) la sanción moratoria generada por el no pago oportuno
del auxilio de cesantía por los años 1998 a 2013.
El alcalde del municipio de Calamar suscribió el Oficio del 19 de marzo de
2014 (folio 58), con el que negó lo deprecado por la apelante al aducir que
debido a un incendio ocurrido en las instalaciones de la alcaldía municipal, no
se han encontrado los archivos sobre la hoja de vida de aquella y por lo tanto
no podrían reconocerse los emolumentos solicitados.
La señora Salmira Isabel Cera Llerena se encontraba afiliada al Fondo
Nacional del Ahorro durante el período reclamado de reconocimiento y pago
de cesantías, pues así se extrae de su propia afirmación en la siguiente
documentación:
i) Petición del 18 de febrero de 2014 (folios 23 a 25), suscrita y presentada por
la demandante ante el alcalde el municipio de Calamar en la que afirma lo
siguiente: «[…] 1.5. En octubre de 2013 le solicité al FNA extracto individual de
cesantías y no aparecen REPORTADOS O MIGRADOS los siguientes años: 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
[…] Con fundamento en las normas de carácter Constitucional y legal citadas, me
permito peticionar lo siguiente:
Liquidar y enviar las Cesantías de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007 al Fondo Nacional del Ahorro de los años mencionados ya que actualmente
se adelanta Proceso Jurídico y de embargo por parte de la institución a mi Vivienda,
por la alta deuda y el incumplimiento por parte de las Administraciones Municipales
de Calamar. […]». (Negrilla conforme a la transcripción y subrayado fuera de
texto).
ii) En respuesta a dicha reclamación, la entidad territorial demandada expidió
Oficio del 20 de febrero de 2014 (folio 26), signado por el alcalde municipal en
el que expresamente indica lo siguiente:
«[…] En relación con su petición de la referencia me permito informarle que a raíz de
un incendio ocurrido en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Calamar a
comienzo del 2008 y de público conocimiento, no nos ha permitido encontrar archivos
que nos den la certeza si el municipio ha consignado las cesantías de los años 2000
a 2007.
[…] Con respecto a las cesantías causadas durante mi administración (Iniciada el 1
de enero de 2012), hemos venido consignándola en el Fondo Nacional del Ahorro.
[…]». (Líneas de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
iii) Escrito elaborado, entre otras promotoras de salud, por la señora Cera
Llerena, el cual fue presentado ante la autoridad demandada el 10 de febrero
de 2005 (folios 40 a 42) con el fin de manifestar su inconformidad con la
respuesta a una de sus solicitudes de reconocimiento de prestaciones
sociales. Al respecto manifestaron explícitamente lo siguiente:
«[…] En relación a las Cesantías no la hemos solicitado cátedra (sic) sobre esta
Prestación Social, tenemos derecho a que se liquide y reconozca esta prestación. El
DL 1730/91 consagra que el valor que anualmente liquide el empleador por concepto
de auxilio de cesantía deberá consignarlo acompañando la respectiva liquidación
antes del 15 de Febrero del año siguiente en cuenta de capitalización individual a
nombre del trabajador en el Fondo de Cesantías correspondiente. No obstante dicha
fecha puede ser anticipada de común acuerdo por trabajadores y empleador.
Consagra además que el empleador que incumpla estos plazos deberá pagar al
trabajador un (1) día de salario por cada día de retardo.
Tenemos contraídas obligaciones Hipotecarias con el Fondo Nacional Ahorro y
estas sumas si la Alcaldía cumple lo establecido legalmente se aplican
automáticamente. […]». (Negrita de la Subsección).
iv) Certificado del 20 de junio de 2001 suscrito por el secretario de salud del
municipio de Calamar en el que indica que le adeuda a la libelista las cesantías
no consignadas al Fondo Nacional del Ahorro de los años 1999 por valor de
$567.422 y del año 2000 en igual cuantía a la anterior, esto junto a los
respectivos intereses moratorios (folio 49).
La parte activa en su demanda, al momento de fijar el litigio y en el recurso
de alzada (ver folio 119), ha sostenido que aún se encuentra vinculada al
servicio de la entidad territorial demandada bajo el cargo de promotora de
salud, y que además, a la fecha dicha autoridad no ha abonado a su favor las
cesantías, los intereses sobre estas y la sanción moratoria causada desde
1998 hasta 2014.
Frente a estos planteamientos fácticos la parte pasiva no se ha
pronunciado, dado que no intervino a lo largo de la actuación al abstenerse de
contestar la demanda. Adicionalmente, aquella tampoco aportó pruebas, faltó
a la audiencia inicial y no formuló alegatos de conclusión. Si bien la falta de
diligencia en esta causa judicial no genera los efectos de la confesión respecto
de entidades de derecho público, sí puede inferirse que tales postulados
fácticos alegados por la demandante son ciertos, en la medida en que se
trataba de negaciones indefinidas que requerían la demostración del supuesto
contrario por la parte contra quien se aducen, que en este caso era
precisamente el municipio de Calamar.
Como se extrae de este recuento factual, la señora Cera Llerena en su calidad
de empleada pública del sector salud descentralizado del orden territorial, y
además con vinculación legal y reglamentaria anterior a la expedición de las
Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993 (13 de julio de 1984), es beneficiaria del
régimen prestacional contemplado para los servidores del orden nacional,
puntualmente el fijado en el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 432 de 1998 en
materia de cesantías, el cual previó el sistema anualizado de liquidación que
es administrado por el Fondo Nacional del Ahorro al cual efectivamente se
encontraba afiliada, tal como se extrajo de varios medios de convicción
documentales.
De hecho, en el caso sub examine es claro por parte de la misma apelante,
tanto en su demanda como en su recurso, que sus pretensiones en este punto
están relacionadas con el reconocimiento y pago de las cesantías anuales y
sus intereses causados desde 1998 hasta 2013, ello de acuerdo con las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
previsiones de las Leyes 344 de 1996 y 432 de 1998, así como del Decreto
1582 de 1998 debido a la naturaleza de la referida afiliación al FNA.
Lo anterior conlleva asumir que la libelista se encuentra cobijada por el marco
regulatorio propio del régimen anualizado público para el otorgamiento de la
prestación en litigio, esto es, bajo los lineamientos del artículo 6.° de la Ley
432 de 1998 que consagraba lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 6º.- Trasferencia de cesantías de servidores públicos. En la
fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los
sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades
públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una
doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las
cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores
públicos afiliados.
El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para
cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las
sumas respectivas para todo el tiempo de la mora. […]».
Se destaca que dicho postulado fue modificado posteriormente por el artículo
193 del Decreto 19 de 2012 que reza lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 193. Transferencia de cesantías. El artículo 6 de Ley 432 de
1998, quedará así:
"ARTÍCULO 6. Transferencia de cesantías. Durante el transcurso del mes de
febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del
Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los
dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo
Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores
salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes
inmediatamente anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin
justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes
mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente
diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el
régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las
partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como
requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de
la autoridad correspondiente.
PARÁGRAFO. Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de
la obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas
empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de
transferencia de cesantías, y demás normas que la reglamenten, modifiquen o
sustituyan. […]».
En tal sentido, resulta evidente que la demandante por su calidad de empleada
pública del sector salud territorial, efectivamente tiene derecho a que la entidad
empleadora le reconozca y pague a su favor el auxilio de cesantía que se ha
causado anualmente, así como los intereses propios de dicha prerrogativa
conforme al artículo 12 de la Ley 432 de 1998, pues aquellos derechos son
inherentes al régimen prestacional que es aplicable a su situación particular.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
Al respecto, en el asunto sub lite se observa que conforme al litigio como fue
fijado en primera instancia, el cual a la vez delimitó el problema jurídico
resuelto por el a quo (ver folio 98), frente al cual además no hay discusión por
la parte apelante, el lapso por el cual aquella solicita el reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas, es el comprendido entre 1998 y 2013, de suerte
que al haberse planteado en la demanda la falta de consignación efectiva de
las cesantías en el fondo en el que esta se encuentra afiliada, y no haberse
demostrado lo contrario por parte de la entidad demanda, se torna procedente
acceder a lo deprecado en punto al mentado auxilio causado en cada
anualidad del período referido, así como los intereses inherentes a este.
Esto se afirma contrario a lo señalado por el tribunal de origen cuando denegó
el reconocimiento de dichos conceptos laborales al asegurar que ello procede
solo cuando se demuestre el retiro del servicio, porque no pueden realizarse
directamente estos pagos al empleado que siga vinculado al servicio público.
Sobre el punto, lo cierto es que tanto la referida prestación como los
respectivos intereses en este caso se causan anualmente y por lo tanto se
hacen exigibles por el titular frente a la eventual falta de reconocimiento en las
fechas determinadas para el efecto, sin que lo propio esté condicionado a la
terminación del vínculo legal y reglamentario, pues no se trata de un debate
sobre las cesantías definitivas, sino anualizadas.
Ahora, debe tenerse en cuenta que a pesar de la procedencia de la aludida
pretensión de restablecimiento del derecho, la orden de abonar el auxilio en
mención, efectivamente debe realizarse mediante consignación al fondo en el
que se encuentre vinculado el funcionario que aún mantiene vigente su nexo
laboral con el Estado, es decir, al Fondo Nacional del Ahorro en el caso de la
libelista. Lo anterior en la medida en que la pretensión en el sub iudice es el
otorgamiento de las cesantías adeudadas por cada año de trabajo oficial en
virtud de una relación legal que a la fecha no se ha extinguido, lo que implica
asumir que no se ha configurado la causa que permite el pago directo de la
prestación total acumulada como sería el retiro definitivo del servicio, o
parcialmente por ejemplo por actividades relacionadas con la compra o
mejoramiento de vivienda, así como el financiamiento de servicios educativos.
Lo mismo ocurre particularmente en el sub iudice con el reconocimiento de los
intereses causados sobre las cesantías insolutas, toda vez que al tener como
hecho probado que la demandante se encontraba afiliada al Fondo Nacional
del Ahorro, resulta aplicable a su caso los postulados propios del Decreto 3118
de 1968 y la Ley 432 de 1998, norma que en su artículo 12 permite el
reconocimiento de dicho concepto, pero no mediante la entrega directa del
dinero al afiliado, sino a través de la acreditación del valor correspondiente en
su cuenta individual con base en el siguiente postulado:
«[…] ARTÍCULO 12. INTERESES SOBRE CESANTÍAS. El Fondo Nacional
del Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor
público afiliado, un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de
Valor Real-UVR, certificada por el Banco de la República, sobre las cesantías
liquidadas por la entidad nominadora correspondientes al año inmediatamente
anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente. No
obstante, el cálculo del interés tendrá en cuenta las fechas en las que fue
consignada cada fracción.
Para el efecto, los saldos que administre el Fondo Nacional del Ahorro por este
concepto se denominarán en UVR y se reexpresarán en pesos de acuerdo con
el valor de la UVR, certificado por el Banco de la República, con base en la
fecha de consignación de cada una de las fracciones. […]».
Pues bien, bajo el entendido en comento sobre la afiliación de la recurrente al
Fondo Nacional del Ahorro, resulta evidente que su pretensión relacionada con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99,
numeral 3.° de la Ley 50 de 1990, no tiene vocación de prosperidad en esta
causa judicial, debido a que ese vínculo prestacional con dicha entidad, impide
dar aplicación a aquel precepto normativo, tal como lo ha sostenido el Consejo
de Estado al resolver casos de contornos similares, por ejemplo en reciente
sentencia del 28 de julio de 202216 cuando se planteó que:
«[…] (iii) La demandante es beneficiaria del régimen de liquidación de cesantías
previsto en la Ley 432 de 1998, esto es, el que rige para los afiliados al FNA,
comoquiera que es ese el fondo que administra la prestación de la accionante.
(iv) De lo expuesto, es forzoso concluir que la accionante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues en caso de tardanza en la consignación
de las cesantías para quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, el
legislador previó que lo que surge es el derecho a favor del fondo, de cobrar al
empleador los intereses moratorios de que trata el inciso 2 del artículo 6 de la
Ley 432 de 1998. […]». (Negrilla conforme a la transcripción).
Tal planteamiento se ratifica en esta oportunidad, pues, en efecto, según la
petición del 18 de febrero de 2014 (folios 23 a 25), la propia demandante
confirmó su calidad de afiliada al FNA para esa misma fecha, lo que implica
necesariamente dar aplicación a los preceptos del artículo 6.°, inciso 2.° de la
Ley 432 de 1998, en el sentido de que: «[…] El incumplimiento de la obligación
aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios
mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la
mora. […]», situación que es convalidada en virtud de la previsión de acciones
de cobro a favor del mentado fondo de conformidad con el artículo 7.° ibidem
que contempla lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 7º.- Acciones de cobro. Corresponde al Fondo Nacional de
Ahorro adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones de las entidades empleadoras, de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual el Fondo determine los valores adeudados, tendrá carácter de
título ejecutivo.
El Fondo podrá verificar la exactitud y oportunidad de las correspondientes
transferencias de cesantías, para lo cual gozará de facultades de investigación
y fiscalización en las entidades empleadoras, para tal efecto podrá:
a. Practicar visitas de inspección a las entidades;
b. Nóminas, presupuestos, balances y libros de contabilidad; y
c. Hacer requerimientos a los representantes legales, jefes de personal y
pagadores; […]».
Es decir, la normativa aplicable al presente caso confiere un derecho de cobro
de intereses moratorios en cabeza del Fondo Nacional del Ahorro para
reclamar lo propio ante el empleador del funcionario afiliado a dicha entidad,
ello en el caso de falta de traslado oportuno de los montos destinados a
financiar las cesantías causadas anualmente. Por lo expuesto, claramente es
improcedente acudir a la figura de la sanción moratoria de que trata el artículo
99, numeral 3.° de la Ley 50 de 1990 para conceder tal indemnización
directamente a la recurrente, pues aquella no es titular de esa prerrogativa en
la medida en que dicha regulación tampoco le es aplicable.
16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 28 de julio de 2022. Radicado: 13001233300020190013101 (3550-2021).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
De hecho, es necesario precisar que la previsión relativa al reconocimiento de
los intereses moratorios a favor del FNA y no del afiliado, fue objeto de estudio
de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional17, quien en razón de un
análisis sobre el derecho a la igualdad determinó lo siguiente:
«[…] El demandante considera que estos artículos consagran una situación que
desfavorece a los afiliados del Fondo Nacional de Ahorro frente a las
sociedades administradoras de fondos de cesantía, pues, mientras, en este
último caso, la sanción por mora en que incurre el empleador al consignar
tardíamente las cesantías de su empleado, corresponde a un día de salario a
favor del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, la
sanción es el doble del interés bancario corriente, y se causa a favor del Fondo
y no del trabajador.
La Corte considera que el presente examen de constitucionalidad, debe
avocarse no sobre las circunstancias secundarias del asunto, sino sobre lo que
constituye su núcleo esencial, es decir, determinar si las consecuencias del
mismo hecho generador, presenta diferencias sustanciales o no.
Para tal efecto, se tiene que el hecho generador consiste en el incumplimiento
del empleador de consignar oportunamente las cesantías de sus trabajadores.
En la ley 432 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se establecen
sanciones drásticas para dicho incumplimiento, con el propósito de
desestimular tal omisión.
La diferencia se encuentra en el monto de la sanción, es decir, en el aspecto
pecuniario del tema. Este aspecto, no sólo corresponde a un asunto adjetivo,
sobre el que no existen elementos que le permita a la Corte determinar cuál
monto es mayor o menor, sino que la explicación de la diferencia radica en que
se está en presencia de dos regímenes legales diferentes. En el caso de las
administradoras de cesantías, la sanción se rige por el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y para el Fondo, en la legislación que le es propia, la Ley
432 de 1998.
En consecuencia, por este aspecto, no existe la vulneración del principio de
igualdad que manifiesta el demandante, pues ante el mismo hecho generador
de la sanción, es decir, el incumplimiento en la consignación oportuna del valor
de las cesantías liquidadas al afiliado, se impone sanción de carácter
pecuniario, si bien es verdad que a favor del Fondo en el caso de sus afiliados,
o del trabajador, en el de las administradoras, distinción que se justifica, en
virtud de los distintos objetivos sociales y de régimen legal que tienen cada uno.
[…]». (Líneas intencionales).
De conformidad con lo esbozado hasta este punto, no es procedente el
reconocimiento de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a
favor de la demandante, pues en su condición de afiliada al Fondo Nacional
del Ahorro, le es aplicable el régimen de liquidación de cesantías previsto en
la Ley 432 de 1998, el cual no consagra la sanción por mora en la consignación
del valor de las cesantías, sino el cobro de intereses moratorios a favor del
FNA, regulación que como se planteó previamente, obedece a las
características propias del sistema de liquidación, la naturaleza y los objetivos
de dicho fondo, ello sin que se evidencia una vulneración al derecho
fundamental a la igualdad de la libelista debido a las particularidades de aquel
sistema de determinación del referido auxilio, así como por los beneficios
diferenciales que tienen los afiliados a la aludida institución.
Pues bien, en el entendido de que a la apelante le asiste el derecho a las
cesantías anualizadas y a sus respectivos intereses, resta verificar si frente a
17 Sentencia C-625 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
tales haberes operó el fenómeno de la prescripción extintiva como se analizó
en primera instancia y en atención al reclamo impugnativo de la demandante.
De la prescripción sobre los derechos en litigio
En lo relativo a la prescripción extintiva, el punto de partida para su estudio es
en sí mismo la situación jurídica que se pretende crear, modificar o extinguir
a través de la petición formulada ante la autoridad estatal encargada de
configurarla o materializarla. Por lo anterior, no resulta relevante identificar el
acto administrativo que decida lo propio ni la fecha de su notificación o
creación como en el caso de las decisiones presuntas, sino la determinación
del momento exacto desde el que el particular consolida su derecho por reunir
los requisitos para ello, es decir, cuando este se torna exigible ante la entidad
obligada a fin de que aquella lo concrete y haga efectivo a favor del titular.
Con base en dicho planteamiento, sobre el eje temático de este fenómeno
jurídico en comento, se hace necesario indicar que el Consejo de Estado18 ha
señalado que para su configuración se requiere que transcurra un determinado
lapso durante el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para
reclamar los derechos que se consideran vulnerados. Ese tiempo se cuenta
por 3 años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad
de interrupción del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine como se evidenció
anteriormente, el cual reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
Bajo el examen de este precepto transcrito y frente a la imperiosa necesidad
de determinar el momento a partir del cual se hizo exigible para la señora Cera
Llerena el derecho al auxilio de cesantía, es imperioso resaltar que dicha
prerrogativa y por contera los intereses liquidados sobre esta, corresponden
a aquellos haberes que se reconocen y liquidan anualmente mientras se
encuentra vigente una relación legal y reglamentaria. Es decir, en el asunto
de marras no se insta el otorgamiento de las cesantías definitivas por el retiro
del servicio de la libelista, pues conforme a su propia manifestación no
refutada a lo largo de la actuación, e incluso confirmada mediante una
certificación laboral (folio 23) emitida en el año 2014 hasta cuando se depreca
lo propio, se advierte que al menos para tal fecha no había ocurrido el mentado
supuesto, y por lo tanto lo adeudado y reclamado en esta oportunidad son las
cesantías anualizadas desde 1998 hasta 2013.
De conformidad con esta aclaración, es notoria la existencia de dos
situaciones jurídicas diferentes, cuyo tratamiento en cuanto al estudio de la
prescripción también es disímil. En cuanto al postulado en mención, esta
Subsección y en términos generales la Sección ha sido clara en indicar la
necesidad de verificar si el caso a analizar se centra en el litigio de
prestaciones periódicas o de prestaciones unitarias, así:
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
«[…] La prescripción, en general es un modo de extinguir derechos por el paso
del tiempo sin haberlos exigido, regla frente a la cual las prestaciones sociales
han recibido una connotación especial para darles el carácter de
imprescriptible, especialmente, el derecho a la pensión no se ve afectado por
tal hecho, aunque, no sucede lo mismo con las mesadas que no se hubieren
reclamado dentro del término previsto por la ley.
Tratándose de prestaciones periódicas se ha admitido que mientras el
vínculo laboral se encuentra vigente no opera dicho fenómeno pero
cuando aquel finaliza, cambia esa característica para convertirse en un
pago único que sí está sometido a la regla general de prescripción. […]».19
(Negrita fuera de texto).
Con fundamento en esta postura pacífica y unificada en cuanto a la naturaleza
de las prestaciones inherentes a un vínculo laboral con el Estado, es dable
aseverar que las cesantías anualizadas y sus intereses reclamados por la
demandante, necesariamente constituyen prestaciones periódicas en el
presente caso por pretender lo propio en plena vigencia del nexo legal y
reglamentario existente entre aquella y el municipio de Calamar desde el 2 de
junio de 1998.
En punto a la condición de prescriptibilidad del auxilio de cesantía, la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16
del 25 de agosto de 2016, dictada en el proceso con radicado: 08001-23-31-
000-2011-00628-01(0528-14), precisó lo siguiente:
«Respecto de las cesantías anualizadas, en el marco de la Ley 50 de 1990,
no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la obligación de su
consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de
lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para
realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado
y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la
afectación de los derechos del empleado. No obstante, cuando se trata de la
consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por
negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí
procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último
en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago,
no puede constituir un beneficio a su favor. En los anteriores términos se
precisa que las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno
prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas a ese
fenómeno.». (Negrita intencional).
En tal sentido, al margen de la fecha de la reclamación administrativa
mediante la cual la demandante solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas insolutas desde 1998 hasta 2013, lo cierto es que por
la propia naturaleza de la prestación debatida en esta causa judicial, resulta
inaplicable el fenómeno de la prescripción extintiva sobre tal prerrogativa, así
como de los intereses liquidados igualmente año tras año respecto de aquel
auxilio, esto en la medida en que por conexidad, lo accesorio (que en el
presente caso corresponde a los aludidos intereses), sigue la suerte de lo
principal. Ello habida cuenta de que la vigencia de una relación legal y
reglamentaria con el Estado para aquel período, así como en la actualidad,
conlleva inferir que lo pretendido es una prestación periódica que no puede
ser enervada por el paso del tiempo como sí ocurre con las cesantías
definitivas.
De acuerdo con las consideraciones previamente planteadas, en el asunto sub
examine se observa lo siguiente:
19Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 1.° de febrero de 2018. Radicado: 250002325000201201393 01 (2370-2015).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
La demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas y sus respectivos intereses causados por el período comprendido
entre 1998 y 2013, las cuales afirmó que no le han sido consignadas por parte
de la entidad territorial demandada en el FNA en el que se encuentra afiliada
para el efecto, situación que tampoco fue rebatida por parte de esta última al
no haber intervenido en ningún momento a lo largo de la actuación, ni haber
aportado alguna prueba que demostrara al abono efectivo y oportuno de dicha
prestación para cada uno de los años del lapso reclamado.
El 14 de marzo de 2014 la señora Cera Llerena radicó petición ante el
municipio de Calamar con el fin de solicitar el reconocimiento y pago del auxilio
de cesantía insoluto, los intereses causados sobre este y la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de dicha prestación, ello expresamente para
el siguiente período: «desde los años 1998 al 2013» (ver folios 59 a 62).
Analizado lo anterior, tal como se ha indicado previamente en la demanda y
en los argumentos esbozados en el recurso de alzada, lo pretendido por la
libelista es el reconocimiento de las cesantías, sus intereses y la sanción
moratoria desde 1998 hasta 2014, no obstante, de la reclamación
administrativa se extrae que lo propio fue deprecado solo hasta el año 2013,
de manera que en virtud del principio de congruencia, debido proceso y
derecho de defensa, deberá tenerse en cuenta en esta causa judicial que los
derechos en litigio corresponden solo a los causados para los años 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2012 y 2013, es decir, se excluirá de cualquier condena el año
2014, pues en sede administrativa tal anualidad no fue objeto de análisis por
parte de la administración y por lo tanto no podía ser objeto de discusión en
sede judicial.
Ahora bien, debido a que en el presente caso no fue allegado el reporte de
cesantías de la demandante en el FNA, y aquella en sus peticiones aduce que
los lapsos adeudados van del año 2000 al 2007, será necesario ordenar el
reconocimiento y pago del referido auxilio por el período comprendido entre
1998 y 2013, pero condicionado a que la entidad demandada no hubiese
realizado el traslado efectivo de la prestación para tales anualidades, por lo
que esta última deberá efectuar los cruces de información necesarios con el
Fondo Nacional del Ahorro a fin de no incurrir en un doble pago por el mismo
concepto.
En conclusión: la demandante consolidó el derecho al otorgamiento de las
cesantías anualizadas, así como de los intereses sobre estas causados
durante los años comprendidos entre 1998 y 2013, ello mediante traslado o
consignación de los recursos al Fondo Nacional del Ahorro, sin incluir en esta
oportunidad el año 2014 por falta de reclamación de tal período en vía
administrativa, lo cual impedía su reclamación en sede judicial por prevalencia
del principio de congruencia, debido proceso y derecho de defensa que le
asisten a la administración. En todo caso, se aclara que por tratarse la
prerrogativa bajo estudio de una prestación periódica de causación anual ante
la vigencia de una relación legal y reglamentaria, no se configura el fenómeno
de la prescripción trienal que pueda extinguir el derecho reclamado.
Ahora, no es procedente condenar a la entidad demandada a la sanción
moratoria prevista en el artículo 99, inciso 3.° de la Ley 50 de 1990 por la falta
de consignación oportuna del mentado auxilio, pues debido a la afiliación de
la libelista al FNA para el período reclamado, la normativa que sería aplicable
a su caso es la consagrada en los artículos 6.°, inciso 2.° y canon 7.° de la Ley
432 de 1998, en virtud de los cuales ante la referida situación de
incumplimiento por parte del empleador de la señora Cera Llerena, lo que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
genera es un derecho de cobro de intereses moratorios a favor y en cabeza
del aludido fondo y no de la afiliada.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone revocar parcialmente el ordinal tercero de la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Bolívar que denegó las pretensiones de la demanda, ello en el sentido de
ordenar a la entidad demandada reconocer de manera indexada a favor de la
libelista las cesantías anualizadas y sus respectivos intereses causados por
los años comprendidos entre 1998 y 2013, para lo cual deberá consignar los
valores correspondientes en el Fondo Nacional del Ahorro al cual aquella se
encontraba afiliada para dicho período, pero ello condicionado a que el
municipio de Calamar no hubiese realizado el traslado efectivo de la prestación
para tales anualidades, por lo que esta última deberá efectuar cruces de
información con el fondo en comento a fin de no incurrir en un doble pago por
el mismo concepto.
En todo lo demás se confirmará la sentencia impugnada que denegó las
demás pretensiones de la parte activa. Lo anterior habida cuenta de que
prosperan parcialmente los argumentos del recurso de apelación formulado
por la demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201620 sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP21, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
20 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
21 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público22.
No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante, ello al no observarse su
causación de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en la
medida en que prosperó parcialmente su recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente el ordinal tercero de la sentencia del 25 de
noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que
negó las demás pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Salmira Isabel Cera Llerena contra el municipio de Calamar.
En su lugar,
Segundo: Ordenar al municipio de Calamar reconocer de manera actualizada
a favor de la libelista las cesantías anualizadas y sus respectivos intereses
causados por los años comprendidos entre 1998 y 2013, ello conforme a las
previsiones de los artículos 6.° y 12 de la Ley 432 de 1998, para lo cual deberá
consignar o transferir los valores correspondientes al Fondo Nacional del
Ahorro en el que se encontraba afiliada, pero condicionado a que la referida
entidad territorial no hubiese realizado el traslado efectivo de la prestación para
tales anualidades, por lo que esta última deberá efectuar los cruces de
información necesarios con el fondo en comento a fin de no incurrir en un doble
pago por el mismo concepto.
Las sumas resultantes de la condena a favor de la parte activa se actualizarán,
aplicando para ello la siguiente fórmula:
R = RH Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico
(RH) que es lo dejado de percibir por la demandante, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente a la fecha en la cual se ordena el reconocimiento del derecho.
Finalmente, se niegan las demás pretensiones de la demanda.
Tercero: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
Cuarto: Sin condena en costa en esta instancia.
22 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicado: 13001-23-33-000-2014-00443-01 (2636-2020)
Demandante: Salmira Isabel Cera Llerena
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.