Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00131-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00131-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00131-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y Restabl ecimiento del derecho
Radicación : 13001233300020190013101 (3550-2021)
Demandante : Stefany Quintero Corredor
Demandado: E.S.E. Municipal de Magangué Río Grande de la
Magdalena
Tema: Sanción por mora en la consignación de las cesantías
anualizadas . Afilia ción al Fondo Nacional del Ahorro.
Intereses moratorios. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 26 de febrero de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
La señora Stefany Quintero Corredor , en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
siguientes:
1 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2. Archivo indexado
5_130012333000201900131012EXPEDIENTEDIGI20211019145620.PDF (3 a
11)
2Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA–
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001233300020190013101 (3550-2021)
Demandante: Stefany Quintero Corredor
1.1. Pretensiones
La nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio de la
E.S.E. Municipal de Magangué Río Grande de la Magdalena
respecto de la petición administrativa elevada el 19 de septiembre
de 2017.
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, pidió condenar a la demandada a (i) reconocer y pagar el
auxilio de cesantí as de los años 2011, 2012 y 2017 ; (ii) la sanción
moratoria consiste nte en un día de salario por cada d ía de retardo
por la no consignación oportuna de las cesantías entre los años
2011 a 2018 ; (iii) reconocer y pagar intereses legales equivalentes
al 12% anual, previstos en el numeral 2 de la Ley 50 de 1990, desde
la causación del auxilio hasta que se real ice su pago; (iv) indexar
las sumas reconocidas; (v) pagar las costas, y, (vi) cumplir la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.2. Fundamentos fácticos
Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:
La señora Stefany Quintero Corredor relató que (i) desde el 19 de
enero de 2011 labora al servicio de la E.S.E. Municipal de
Magangué Río Grande de la Magdalena , en el cargo de Técnico
Operativo; (ii) a partir del 2011 se afilió al Fondo Nacional del
Ahorro –FNA–, (iii) los días 15 de diciembre de 2015, 26 de julio de
2016 y el 17 de mayo de 2018, la demandada consignó
respectivamente las cesantías correspondientes a los años 2013,
2014 y 2015 ; (iv) a la fecha no han sido consignadas las cesantías
ni los in tereses a las cesantías corre spondientes a los años 2011,
2012 y 2017, causando la sanción moratoria prevista e n el inciso 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , así como los intereses legales
del 12% anual, contemplados en el numeral 2 ibidem.
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1.3. Normas violadas y concepto de violación
La demandante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: los artí culos 1, 2, 6, 25, 29, 48, 53, 83, 95, 122, 124 y
125 de la Constitución Política y las Leyes 432 de 1998, 50 de
1990, 344 de 1996 y 244 de 1995.
Al desarrollar el concepto de la violación afirmó que la entidad
accionada no cumplió con la obliga ción de consignar en forma
oportuna las cesantías y los intereses que sobre ellas se causan.
Citó el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, para indicar que a partir
de su expedición se pasó del régimen retroactiv o de las cesantías
al régimen anualizado con pago de intereses, de acuerdo con la
reglamentación establecida en el Decreto 1582 de 1998 , según el
cual, a los empleados territoriales se les aplica el régimen
establecido en las Leyes 50 de 1990 y 432 de 1998 , esta última
reglamentada por los Decretos 1582 y 1453 de 1998.
Luego, con la Ley 1071 de 2006, se reglamentó el pago de las
cesantías definitivas y parciales a lo s servidores públicos, se fijó
un término para su cancelación de acuerdo con los artículos 4 y 5
y, se establecieron sanciones por mora.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3
La E.S.E. Municipal de Magangué Río Grande de la Magdalena se
opuso a las pretensiones y en su def ensa propuso las excepciones
de (i) prescripción respecto de la sanción moratoria g enerada por
la no consignación de las cesantías, pues ella se hace exigible una
vez el empleador omite su deber de consignar el auxil io al fondo en
el que se encuentre afiliado el trabajador, activándose a partir de
3 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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a 128)
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ese momento la facultad de reclamar su pago, por lo que al ser una
obligación independiente que se genera diariamente por la tardanza
en la consignación de las cesantías, su término de prescripción
corre día a día desde ese mismo momento y en ese orden de ideas,
teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 14 de diciembre
de 2018, las cesantías correspondientes a 2011 y 2012 ya se
encuentran prescritas ; (ii) poder insufic iente y, (iii) falta de
agotamiento del requisito de conciliación .
3. AUDIENCI A INI CIAL 4
El 13 de agosto de 2020 , se llevó a cabo audiencia inicial en la que
se determinó (i) que no existe ninguna irregularidad que genere
nulidad; (ii) aplazó el estudio de la p rescripción para el momento
de proferir sentencia y declaró no probada s las restantes
excepciones, y, (iii) delimitó el problema jurídico, en los siguientes
términos:
«Com pet e en det er m inar al Tr ibuna l si los act os adm inist r at ivos
cont enidos en e l act o f ict o o pr esunt o negat ivo conf igur ado d e la n o
const ancia por par te de la dem andada de la pet ición del 19 de
sept iem br e de 2017, en la que se solicit a el pago del auxi lio de
cesant í as y el pago de la sanc ión m or a t or ia der ivada d el n o pago
opor t uno, se encuent r a inm er sa en las causales de nu li dad que se
alegan y en caso posit ivo si hay lugar el r est ableci m ient o
pr et endido. Lo ant er ior , sin per j uicio de ot r os pr oblem as jur í dicos
asociados que pue dan r esult ar de l d ebat e pr inci pal y de la
excepción post er gad a »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 5
Mediante sentencia del 26 de febrero de 2021 , el Tribunal
Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda con
los siguientes argumentos:
4 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2. Archivo indexado
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a 159)
5 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2. Archivo 0007Fallo.PDF
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(i) Respecto a la pretensión de pago del auxilio de cesantías de
los años 2011, 2012 y 2017 , sostuvo que , de acuerdo con la
respuesta allegada por parte del Fondo Nacional del Ahorro , la
accionante se encuentra afil iada a dicho fondo, y cesantías
correspondientes a las vigencias fiscales de los años 2011, 2012,
2016, 2017 y 2018, no han sido reportadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 7 de la Ley 432 de 1998 , el FNA se encuentra facultado
para adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento
de las obligaciones de las entidades empleadoras y, para tal efecto,
la liquidación mediante la cual el Fondo determine los valores
adeudados, tendrá carácter de título ejecutivo.
Concluyó que, a pesar de que el derecho al pago de las cesantías
es inherente al tra bajador, una vez este se afilie al FNA , transfiere
la facultad de accionar a esa entidad para el respectivo cobro,
debido a que el objeto de dicha entidad es administrar de manera
eficiente las cesantías del trabajador, por lo que entre sus
funciones se encuentra recaudar y cobrar las cesa ntías a las
entidades emp leadoras de sus afiliados, tal y como se expuso
anteriormente.
(ii) En cuanto a la pretensión de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, indicó que a la señora Quintero Corredor, quien
es afiliada al FNA, le es aplicable el régimen de cesantías regulado
en la Ley 432 de 1998, la cual no consagra una regla de remisión
expresa a la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990,
por lo que le resulta inaplicable en virtud del p rincipio de
inescindibilidad.
Tampoco es acreedora de la sanció n por mora establecida en el
artículo 6 de la Le y 432 de 1998 , pues la misma facult a al Fondo
para cobrar a su favor y no a favor del afiliado, intereses moratorios
a los empleadores del sector público po r la extemporaneidad en la
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consignación de los aportes mensuales.
(iii) Finalmente, expuso que no procede la pretensión de
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, al encontrarse la
ejecutante afiliada al FNA.
Condenó en costas a la demandante por haber sido la parte vencida
en el proceso.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
La accionante solicitó revocar la decisión y en su lugar , conceder
las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos :
(i) Indicó que no es acertado lo expuesto por el a quo, quien
consideró que no es beneficiaria de la indemnización moratoria
prevista en el artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990, por estar
cobijada por la Ley 432 de 1998.
En este aspecto, expresó que la Ley 50 de 1990, regula el auxilio
de cesantías para los trabajadores del sector privado, el cual está
sometido a tres sistemas de liquidación diferentes: (a) el sistema
tradicional contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo
(Artículos 249 y siguientes), que aplica a los t rabajadores
vinculados po r con trato de trabajo antes del 1 de enero de 1991;
(b) el sistema de liquidación definitiva anual , con manejo e
inversión a través de los llamados fondos de cesantías, que aplica
exclusivamente a los trabajadores vinculados por contrato de
trabajo a parti r del 1 de enero de 1991 y a los trabajadore s antiguos
que se acojan al nuevo sistema; y (c) el sistema de salario integral .
6 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2. Archivo
0011Recurso_apelación.PDF
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Por su parte, el se ctor público, con la expedición de la Ley 344 de
1996 (artículo 13, reglamentado por el Decreto 1582 de 1998),
extendió el régimen anualizado de cesantías a todas las personas
que se vincularan con los órganos y entidades del Estado a partir
del 31 de diciembre de 1996. En particular, consagró que el régimen
de liquidación y pago del auxilio de cesantías de los ser vidores
públicos del orden territo rial sería el previsto, entre ot ros, en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que consagra la sanción por el no
pago de las cesantías en los términos allí previstos .
(ii) Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que e n materia de
sanción moratoria por la no consig nación o pago oportuno del
auxilio de cesantías consagrada en la Ley 50 de 1990 , el empleador
debe asumirla y al no hacerlo dentro del término establecido debe
castigarse su omisión y aplicar por remisión , lo disp uesto en e l
artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990 .
(iii) A rgumentó que s i bien la Ley 50 de 1990 y la Ley 432 de 1998
coexisten entre sí, la primera se refiere a la sanción moratoria a
favor de los empleados del sector público y privado, m ientras que
la segunda se refiere al pago de intereses moratorio s a favor del
Fondo Nacional del Ahorro, y si bie n esa última norma presenta
vacíos, esos deben llenarse con aplicación de los principios de
remisión, integración y favorabilidad, pues en su criterio , «no es
justo que el trabajador no pueda reclamar su derecho a la
indemnización moratoria, teniendo en cuenta que es el único
perjudicado con la mora en la consignación de sus cesantías».
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes no se pronunciaron en esta etapa procesal con
fundamento en el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guard ó silencio
según se constata en el aplicativo SAMAI.
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7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 7
El Procurador dele gado ante esta instancia emitió concepto en el
sentido de confirmar la sentencia apelada por cuanto la
demandante, al ser afiliada al Fondo Nacional del Ahorro (FNA ) , no
es beneficiaria de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 , toda vez que la regulación exclusiva del Fondo
no la tiene establecida, ni resulta dable acudir a la citad a ley, dado
que ello conllevaría a la vulneración del principio de inescindibilidad
normativa.
En ese sentido, el presente asunto debe seguir las reglas
contenidas en la Ley 432 de 1998 (artículo 6, modificado por el 193
del Decreto 1912 de 2012), en virtud de las cuales, cuando exista
incumplimiento por parte de las entidades obligadas a consignar las
cesantías en el F ondo Nacional del Ahorro, lo que se genera es su
derecho al cobro d e intereses, mas n o sanción alguna a favor del
afiliado.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 328 9 del
7 Mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría Segunda del Consejo de
Estado, allegado a SAMAI visible a índice 9.
8« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o
Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
9« A R T Í C U L O
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El ju ez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
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Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda
instancia está circunsc rita a los a rgumentos expuestos por el
apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con las razones de impugnación esgrimidas en el recurso
de apelación interpuesto por la accionante, le corresponde a la Sala
determinar lo siguiente :
➢ ¿La señora Stefany Quintero Corredor tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, producto de la inoportuna
consignación de las cesantías causadas durante los a ños 2011
a 2018 en el Fondo Nacional de Ahorro al que se encuentra
afiliada?
Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: i) del régimen de cesantías anualizadas y sanción
por mora y, ii) análisis del caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Del régimen de cesantías anualizadas y sanción por mora
El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un
derecho en favor de los trabajadores del sector privado a través de
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sent encia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más d esfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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la Ley 10 de 1934, otorgándole un carácter indemnizatorio que
operaba por el despido que no fuere originado en mala conducta o
por incumplimiento del contrato; y en virtud de la Ley 6 de 1945, se
extendió a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente.
La Ley 6 de 1945 «Por la cual se dicta n algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisd icción especial de trabajo », en el artículo 12,
literal f ), estableció , a favor de los trabajadores oficiales, el derecho
al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se
reconocería con destino a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantía s », en su
artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como
base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se tiene en
cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en
todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el De creto 3118 de 19 68 creó el Fondo Nacional de
Ahorro –FNA–, y dentro de los objetivos para la administración de
sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio
de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales» 10, y
«proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 11; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio d e los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superin tendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales
10 A r t í c u l o 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
11 A r t í c u l o 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo,
en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.
Con lo previsto e n los artículos 27 , 28 y 33 ibidem, empezó el
llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías»,
pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los
empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y
la liquidación defin itiva por la porción de tiempo laborada durante
el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el
saldo que figure a favor de cada empleado.
La Ley 432 de 1998 «Por la cual se reorganiza el Fondo Nacion al
de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesantías 12, y, dentro de sus funciones, las de recaudo
y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección
contra la pérdida de su valor adquisitivo 13. Además, en los artículos
11 y 12, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto de
intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo
del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de
intereses sobre las cesantías.
En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término
de ley, las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro,
el artículo 6 estableció lo siguiente:
«Art í cul o 6 14. Tr asf erencia de cesant í as de ser vidor es público s. En
l a f echa est abl ecida para ef ect uar las consi gnaci ones de l os
12 A r t í c u l o 2.
13 A r t í c u l o 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
14 L a n o r m a e n c i t a f u e m o d i f i c a d a p o r
el artículo 193 del Decreto 019 de 2012;
no obstante, tal disposición es posterior a los años en que se causaron a favor
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aport es a l os si stemas general de pensi ones y de seguri dad
soci al en sal ud, l as ent i dades públ i c as empl eadoras de berán
t ransf eri r al Fondo Naci onal de Ahorro una doceava part e de l os
f act ores de sal ari os que sean base pa ra l i qui dar l as cesant í as,
devengado s en el mes i nmedi at ament e ant eri or para l os
servi dores públ i cos af i l i ados.
El i ncumpl i mi ent o de l a obl i gaci ón aquí es t abl eci da dará
derecho al Fond o para cobrar a su f avor i nt ereses morat ori os
mensual es, equi val ent es al dobl e i nt erés bancari o corri ent e
cert i f i cado por l a Superi nt endenci a Bancari a, sobre l as sumas
respect i vas para t odo el t i empo de l a mora.
Mensua lm ent e, las ent idades pública s em pleador as enviar án al
Fondo Nac iona l de Ahor r o una cer t if icación que cont enga el valo r
t ot al de los f act or es salar ia les qu e cons t it uyan base par a li quidar
cesant í as, devengados en el m es inm ediat am ent e ant er ior .
Los f uncionar ios com pet ent es de las ent idades públ icas
em pleador as, que sin just a causa no hagan opor t unam ent e las
consignac iones de l os apor t es m ensuale s o el enví o de los repor t es
anuales de cesant í as debidam ent e dil igenc iados, incur r ir án en
causal de m ala co nduct a que s er á sancionad a con ar r eglo a l
r égim en discip li nar i o vigent e. » (Se resalta).
En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «Por la cual
se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público,
se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones» , dio un paso adicional encaminado a ampliar la
cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías
para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguien te:
«Art í cul o 13. Sin per juic io de los der e chos convencion ale s, y lo
est ipulad o en la L ey 91 de 1989, a part i r de l a publ i caci ón de l a
present e Ley, l as personas que se v i ncul en a l os Ó rganos y
Ent i dades del Est ado t endrán el si guient e régi men de cesant í as:
a) El 31 de diciem bre de cada año se har á la liquid ación de f init iv a
de cesant í as por la anual idad o por la f r acción cor r espondi e nt e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación de la r el ación lab or al;
del demandante las cesantías que fueron consignadas tardíamente, por lo que
no procede su aplicació n.
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b) Les serán apl i cabl es l as demás normas l egal es v i gent es
sobre cesant í as, cor r espondient es al ór gano o ent idad al cual se
vincul en que no sean cont rari as a l o dispuest o en el li t eral a) del
present e art í cul o. » (negrilla de la Sala ).
La norma vigente a la f echa de expedición de la previamente citada,
que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de
1990, en cuyo artículo 99 consagró:
«Art í cul o 99. - El nuevo r égim en especial de auxilio de cesant í a,
t endr á las siguie nt es car act er í st icas:
1. El 31 de dici em br e de cada año se har á la liq uidac ión de f init iv a
de cesant í a, por la anual idad o por la f r acción cor r espondie n t e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación del cont r at o de t r abajo.
2. El em plead or cancelar á a l t r abajado r los int er eses l ega les de l
12% anual o pr opor ciona les por f r acción, en los t érm inos de las
nor m as vigent es sobr e el r égim en t r adicio nal de cesant í a, con
r espect o a la sum a causada en el añ o o en la f r acción que se l iqui de
def init ivam ent e.
3. El valor l iqu idado por concept o de ce sant í a se consignar á ant es
del 15 d e f ebr er o de l año s igu ient e, en c uent a ind ivid ual a n om br e
del t r abajador en el f ondo de cesant í a que el m ism o eli ja. El
em pleador que incu m pla el plazo seña l ado deber á pagar un dí a de
salar io por cada r et ar do.
4. Si al t ér m ino de la r elación labor al ex ist ier en saldos de cesant í a
a f avor del t r abajad or que no hayan sid o ent r egados al Fon do, el
em pleador se los pagar á dir ect am ent e con los int er eses lega les
r espect ivos. »
Finalmente, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998
reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto
de la liquidación an ual del auxilio de cesan tías de quienes se afilien
a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y
104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo
Nacional de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y
siguientes . Así lo determinó:
«A rt í cul o 1. El Régi m en de liquidac ión y pago de las cesant í as de
los ser vidor es públ i cos del nivel t er r it or ial y vincu lados a par t ir del
31 de diciem br e de 1996 que se af il ie n a los f ondos pr iv ados de
cesant í as, ser á el pr evist o en los ar t í culos 99, 102, 1 04 y dem ás
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nor m as concor dant es de la Ley 50 de 1990; y el de l os servidores
públ i cos del mi smo ni vel que se af ili en al Fondo Naci onal de
A horro será el establ eci do en el artícul o 5 y demás normas
pert i nent es de l a Ley 432 de 1998. » ( Se r esalt a) .
No obstante, para aquellos empleados que venían con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a
regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el
régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en
normas ante riores 15.
4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
En el caso de la señora Stefany Quintero Corredor se encuentra
acreditado lo siguiente:
a) Mediante la Reso lución 21 de 19 de enero de 2011 16, fue
nombrada en el cargo de Técnico Operativo código 367 de la
E.S.E. Municipal de Magangué Río Grande de la Magdalena.
b) Conforme a la certificación emitida por la E.S.E. Municipal de
Magangué Río Grande de la Magdalena del 29 de octubre de
2014 17, se constata que «labora en la planta de personal de la
Empresa Social del Estado del municipio de Magangué en el
cargo de Técnico Operativo desde el 19 de enero de 2011 […]».
c) Mediante escrito p resentado el 26 de julio de 2016 18 y reiterado
el 19 de septiembre de 2017 19, la accionante presentó «Petición
administrativa» ante la entidad demandada así:
15 E s d e c i r , e l s i s t e m a d e l i q u i d a c i ó n r e t r o a c t i v a , c o n s a g r a d o e n L e y 6 d e 1 9 4 5 ,
el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
16 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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17 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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18 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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19 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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Demandante: Stefany Quintero Corredor
«PRET ENSI Ó N P RI NCI PAL . Se declar e la ex ist encia de una
om isión qu e l leva consigo un a m or a por par t e de la E. S. E.
Munic ipa l de Magan gué Rí o Gr ande de la Magda lena [ …] , al no
consignar opor t una m ent e las cesant í as e int er eses de cesa nt í as
a las que t ie ne der echo m i poder dant e por per t enecer al n uevo
r égim en anua lizad o de cesant í as y el s i st em a a aplicar par a las
per sonas vincu ladas con el Est ado a par t ir de dic iem br e de 1 996.
Pr et ensión Subs idiar ia: Com o de ( sic) cualqui er a de las ant er ior es
declar aci ones, se reconozca, l i qui de y pague una
i ndemni zaci ón ( sic) , la ent idad dem and ada a f avor de la act or a
un( si c) dí a de sal ari o por cada dí a de mora en l a consi gnaci ón
de l as cesant í as d el año ( si c) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 sanción causa da desde el 15 de febr er o de 2012 hasta la
pr esent e f echa [ …] » . ( Negr illas de la Sal a)
Adicionalmente, solicitó que las sumas reconocidas «como
indemnización moratoria» sean actualiza das de acuerdo con el
IPC certif icado por el DANE a partir del 19 de enero de 2011 y
se paguen intereses moratorios.
d) La entidad demandada no se pronunció respecto de la
solicitud incoada, por lo que se configuró el silencio
administrativo ficto de que trata el a rtículo 83 20 del CPACA.
e) De acuerdo con el oficio 01 -2303-201807260179702, emitido por
el Fondo Nacional del Ahorro 21, «relacionado con la información
de sus cesantías de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
20 A r t í c u l o 8 3 . S i l e n c i o n e g a t i v o . T r a n s c u r r i d o s t r e s ( 3 ) m e s e s c o n t a d o s a
partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para
resolver la petición sin que esta se hub iere decidido, el silencio administrativo
se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió
adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de
responsabilidad a las autoridades. Tampoco las e xcusará del deber de decidir
sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los
recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la
demanda.
21 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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2016, 2017 y 2018 […]» , se constata que la de mandante figura
como activo aportante y que se consolidaron aportes de
cesantías por parte de E.S.E. Municipal de Magangué Río
Grande de la Magdalena así:
El «Extracto Individual de Cesantías» 22 expedido el 26 de julio
de 2018 , «en los cuales se puede evidenciar en detalle el
movimiento de las mismas, como consolidación, pago intereses,
pago del factor de protección, retiros […] y traslado de vigencias
anteriores.» , da cuenta de lo siguiente resp ecto del pago de las
cesantías:
AÑO
FECHA DESCRIPCIÓN ABONO
REPORTE
12/15/2015 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2013 1.809.240
12/15/2015 PAGO DE INTERESES 2013 22.814
07/26/2016 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2014 2.132.004
07/26/2016 PAGO DE INTERESES 2014 42.352
05/17/2018 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2015 2.185.767
05/17/2018 PAGO DE INTERESES 2015 74.607
4.2 Análisis sustancial
4.2.1. ¿La señora Stefany Quintero Corredor tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, producto de la inoportuna consignación
de las cesantías causadas durante los años 2011 a 2018 en el
Fondo Nacional de Ahorro al que s e encuentra afilia da?
De acuerdo con el análisis crít ico de las pruebas aportadas y
teniendo en cuenta el marco normativo expuesto en acápites
anteriores, se tiene acreditado lo siguiente:
22 Expediente digital, visible en SAMAI a índice 2.
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(i) La accionante presentó reclamación administrativa el 26 de julio
de 2016, reiterada el 19 de septiembre de 2017 (literal c) , en las
que solicitó el reconocimiento y pago «a favor de la actora [de] un
día de salario por cada día de mora en la consignación de las
cesantías del año (sic) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sanción
causada desde el 15 de febrero de 2012 hasta la presente fecha
[…]».
(ii) Según se indicó, la jurisprudencia de esta Corporación ha
distinguido tres regímenes para la liquidación de las cesa ntías, así:
(a) el de liquidación con retroactividad; ( b) el de liquidación anual;
y (c) el de los af iliados al Fondo Nacional del Ahorro. En torno a
estos últimos ha sostenido 23:
«Conf or m e a lo ant er ior , se t iene que f ue el m ism o decr et o el que
est ableció un r égim en dif er enciador de liquidac ión y pago del auxili o
de cesant í as de l os f uncionar ios qu e se af il ian a los f ondos
pr ivados, r espect o de los em plea dos p úblic os que se vinc ulen a l
Fondo Nac iona l d el Ahor r o, dif er en cia ést a que se just if ica
pr ecisam ent e por la f or m a en que se causa el der echo, así com o,
se cancela la pr est a ción por par t e de la ent idad em plead or a.
Fondo Naci onal del Ahorro:
➢ De conf or m idad con lo dispuest o en el ar t í culo 6 de la Ley
432 de 1998, las ent idades públic as em pleador as deber án t r ansf er ir
m ensualm ent e al F ondo Nac iona l del Ahor r o, por concept o de
apor t es una doceava par t e de los f act or es de salar io que sean base
par a liqu idar las ce sant í as, r ecibidos en el m es inm ediat am ent e
ant er ior , devengado s por los ser vid or es públ icos af i liad os. Dicho s
apor t es se t om an com o una pr ovisi ón d e or den lega l par a el pago
de las cesant í as de sus ser vidor es.
➢ Par a que se con vier t an en cesant í as deben haber se
causado, lo que oc ur r e a 31 de dicie m br e de cada año, o a la
t er m inación de la r elaci ón labor a l, f echa par a la cual el Fondo
pr ocede a tr asladar a las cuent as indivi duales de cada uno de los
em pleados púb l i cos af ili ados, los d iner os apor t ados y r epor t ados
por est os concept os por part e de las ent idades públic a s, y a
r econocer y abonar en las cuent as los in t er eses sobr e las ce sant í as
23 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e 2 2 d e j u l i o
de 2014, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), radicación número:
66001-23-33-000-2012-00127-01(3764-13).
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y la pr ot ecció n cont r a la pér d ida d el va lo r adquis it ivo de la m oneda
que las m ism as hayan gener ado.
➢ El incum pl im ient o de la consignació n m ensual de los apor t es
cor r espondient es a las doceavas par t es de los f act or es de salar io,
gener a int er eses m or at or ios m ensuales equiva lent es al do ble de l
int er és bancar io cor r ient e.
➢ La sanción p ecuni ar ia por m or a es a f avor del Fondo
Nacion al de l Ahor r o.
[ …]
Teniend o en cuent a lo ant er ior , es evident e que exist en dos
r egí m enes con dist int os objet iv os soci ales, con una nat u r aleza
jur í dica d iver sa, est o es, pr ivada y Est at al, así com o un r égim en
lega l que los hace d if er ent es.
Com o se señaló e n consider ac iones pr ecedent es, f ue el cit ado
Decr et o 1582 el que expr esam ent e excluyó la aplicaci ón del ar t í culo
99 de la Ley 50 de 1 990 a los af il iados a l Fondo Nac iona l de l Ahor r o,
y solo consagr ó el benef icio ind em ni zat or io par a quienes se
vincul en a los f ondo s pr ivados .
Al r espect o, consider a la Sala que dicho ar gum ent o no se
com padece con la reali dad t eniendo en cuent a las cir cunstancias
que r odean cada u no de los r egí m enes señalados, est o es, el
anual izado de los f o ndos pr ivados cons a gr ado en la Ley 50 d e 1990,
y el de l Fondo Naci o nal de l Ahor r o cont e nido en la Ley 432 d e 1998,
com o se explicó en consider ac iones pr e cedent es.
Adic iona lm ent e, no exist e ningun a viol a ción al der echo a la i gualdad
com o lo af ir m a la r ecur r ent e, y que const it uye la t esis de l r ecur so,
t eniendo en c uent a que dicha v ulner a ción se pr esent a c uando a
diver sas per sonas que se encuent r en en sit uaciones sim il a r es se
les ot or ga un t r at o dif er ent e o discr im in at or io, hipót esis que no se
pr esent an en el sub - lit e. »
(iii) La demandante es beneficiari a d el régimen de liquidación de
cesantías previsto en la Ley 432 de 1998 , esto es, el que rige para
los afiliados al FNA , comoquiera que es ese el fondo que administra
la prestación de la accionante .
(iv) De lo expuesto, es forzoso concluir que la accionante no tiene
derecho al recon ocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
pues en caso de tardanza en la consignación de las cesantías para
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quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, e l legislador
previó que lo que surge es el derecho a favor del fondo, de cobrar
al empleador los intereses moratorios de que trata el inciso 2 del
artículo 6 de la Ley 432 de 1998. 24
Valga señalar qu e la previsión relativa al reconocimie nto de los
intereses moratorios aludidos fue objeto de estudio de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 25, en relación
con la sanción moratoria establecida para el régimen anualizado, a
la luz del derecho a la igualdad y al respecto, concluyó:
«El dem andant e co nsider a que est os ar t í culos consagr an una
sit uación que desf a vor ece a los af iliad os del Fondo Nacio n al de
Ahor r o f r ent e a las sociedades a dm i nist r ador as de f ondos de
cesant í a, pues, m ient r as, en est e últ im o caso, la sanción por m or a
en que incur r e el em pleador a l consig nar t ar dí am ent e las cesant í as
de su em pleado, cor r esponde a un dí a de salar io a f av or del
t r abajador , en el caso de los af iliados al Fondo Nacion al de A hor r o,
la sanci ón es el do b le del int er és banca r io cor r ient e, y se causa a
f avor del Fondo y no del t r abajador .
La Cor t e consider a que el pr esent e exam en de const it ucionalid ad,
debe avocar s e no so br e las cir cunst anci as secundar ias de l a sunt o,
sino sobr e lo que const it uye su nú cleo esenc ia l, es decir ,
det er m inar si las consecuenci as del m ism o hecho gener ador ,
pr esent a dif er encias sust anciales o no.
Par a t al ef ect o, se t iene que el hecho gene r ador consist e en el
incum pl im ient o del em pleador de consignar opor t unam ent e las
cesant í as de sus t r abajador es.
En la ley 432 y en el Est at ut o Or gánico del Sist em a Financ i er o se
est ablecen sancio ne s dr ást icas par a dicho incum plim ie nt o, con el
pr opósit o de desest i m ular t al om isión.
La dif er encia se e nc uent r a en el m ont o de la sanc ión, es de cir , en
el aspect o pecuniar i o del t em a. Est e aspect o, no sólo cor r esponde
a un asunt o adjet ivo, sobr e el que no exist en elem ent os que le
per m it a a la Cor t e d et er m inar cuál m ont o es m ayor o m enor , s ino
24En el mismo sentido la sentencia de 28 de abril de 2022 radicado interno
3821-2021 y sentencia de 24 de febrero de 2022, radicado interno 0432 -2019,
C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia de 22 de febrero de 2018,
radicado interno 3124-2014 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
25 S e n t e n c i a C-625 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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que l a expl i caci ón de l a di f erenci a radi ca en que se e st á en
presenci a de dos regí menes l egal es di f erent es. En el caso de
l as admi ni st radoras de cesa nt í as, l a sanci ón se ri ge por el
Est at ut o O rgáni co del Si st ema Fi nanci ero y para el Fondo, en
l a l egi sl aci ón que le es propi a, l a Ley 432 de 1998.
En consecuenc ia, p or est e aspect o, no exist e la vu lner aci ón del
pr incip io de igua lda d que m anif iest a e l dem andant e, pues a nt e el
m ism o hecho gener ador de la sanción, es decir , el incum pli m ient o
en la cons ignac ió n opor t una del va lor d e las cesant í as l iqu i dadas
al af il iado, se im pone sanción de car áct er pecuniar io, si bien es
ver dad que a f avor del Fondo en e l caso de sus af iliados, o del
t r abajador , en el de las adm inist r ador as, di sti nci ón que se
j ust i f i ca, en vi r t ud de l os di sti nt os obj et i vos soci al es y de
régi men l egal que ti enen cada uno. » (Resalta la Sala).
En ese orden, no resulta procedente el reconocimiento de la
sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a favor de
la demandante, pues en su condición de afiliada al Fon do Nacional
del Ahorro, le es aplicable el régimen de liquidación de cesantías
previsto en l a Ley 432 de 1998 , el cual no consagra la sanción por
mora en la consignación del valor de las cesantías, sino el cobro
de intereses moratorios a favor del FNA, regulación que como se
dejó expuesto en el acápite anterior, obedece a las características
propias del sistema de liquidación, la naturaleza y los objetivos del
FNA, y que no resulta violatoria del derecho a la igualdad, dadas
las particula ridades de dicho sistema de liquidación de cesantías,
y los beneficios que tienen los afiliados al mismo.
5. Conclusión
Las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria pretendida, razón por la cual se deberá
confirmar la sentencia de primera instancia.
6. Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
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los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias de l derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxi liares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superio r
en caso de apelación.
Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto en los
numerales 1 y 8 d el artículo 365 del Código General d el Proceso,
en el presen te caso no hay lugar a imponer condena en costas,
pues si bien el recurso de apelación no fue favorable, lo cierto es
que la entidad demandada no intervino en el trámite de segunda
instancia, razón por la cual no se demostró su causación.
En mérito de l o expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 26 de febrero de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora STEFANY QUINTERO
CORREDO R contra la E.S.E. MUNICIPAL DE MAGANGUÉ RÍO
GRANDE DE LA MAGDALENA, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Sin c ondena en costas de segunda instancia por las
razones expuestas en la parte motiva.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001233300020190013101 (3550-2021)
Demandante: Stefany Quintero Corredor
TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI» .
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de 28 de julio de 2022.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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