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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00431-01

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00431-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 12 de febrero del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Rowinson Suárez Ayala en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, que accedió parcialmente 53 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 32 Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022) Demandante: Rowinson Suárez Ayala a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen y previas las anotaciones en el portal Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2016-00431-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Temas: Pensión de vejez. Régimen especial de los servidores del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 12 de febrero del 2021, por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 2, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Rowinson Suárez Ayala, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
Resoluciones GNR 23097 del 9 de septiembre del 2013 y GNR 209522 del 10 de
junio del 2014, proferidas por Colpensiones, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento de una pensión de vejez y se resolvió negativamente el recurso de
reposición interpuesto contra esa decisión; además, se solicitó la nulidad del acto
ficto presunto negativo generado a partir de la falta de pronunciamiento frente el
recurso subsidiario de apelación propuesto contra el acto que negó el derecho
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

pensional.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) ordenar a la parte demandada reconocerle una pensión de vejez de
acuerdo con el régimen previsto para la planta operativa del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, consagrado en el Decreto 1047 de 1978, es
decir, en cuantía del 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de
servicio, con inclusión de todos los factores salariales certificados por el Grupo de
Tesorería del extinto das, tales como asignación básica, prima de servicios, prima
de vacaciones, prima de navidad, prima de riesgo, subsidio de alimentación y
bonificación por servicios; (ii) reajustar los valores adeudados, de conformidad con
lo consagrado en el Código Contencioso Administrativo [sic]; (iii) pagar las
mesadas atrasadas desde el momento del retro del servicio; (iv) indexar o corregir
monetariamente los valores de la condena; y (v) que el cumplimiento de la
demanda se dé en los términos de los artículos 177 y 188 de la Ley 1437 del
2011.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Rowinson Suárez laboró por más de 20 años al servicio del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Entidad de la que fue
injustamente retirado, razón por la que el Juzgado 1 Administrativo de Cartagena,
en sentencia del 31 de marzo del 2011, ordenó el reintegro, sin solución de
continuidad, a un cargo de igual o mayor jerarquía que aquel que desempeñaba.
El retiro definitivo del servicio tuvo lugar el 11 de diciembre del 2011.

ii) Por medio de Resolución GNR 230397 del 9 de septiembre del 2013, y en
desconocimiento de lo ordenado por el juez de lo contencioso – administrativo, la
Administradora Colombiana de Pensiones le negó el reconocimiento de una
mesada pensional, al aducir que la entidad encargada de estudiar y decidir su
situación pensional era la AFP Porvenir, por «existir una afiliación al régimen de
ahorro individual».

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

iii) Dada la citada negativa, interpuso recurso de reposición, y en subsidio
apelación; el primero fue resuelto negativamente por medio de la Resolución GNR
209522 del 10 de junio del 2014, mientras que sobre el segundo no se emitió
pronunciamiento alguno, ante cuyo silencio se configuró un acto ficto presunto
negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 12, 25 y 53 de la Constitución Política
de 1991; 1401 de la Ley 100 de 1993; 138, 187 y 188 de la Ley 1437 del 2011; 2 e
inciso segundo del artículo 12 del Decreto 1835 de 1968; 1 del Decreto 1047 de
1978; 18 del Decreto 1933 de 1989; y 1 del Decreto 2646 de 1994. En desarrollo
del concepto de la violación, la parte demandante expuso los siguientes
argumentos:1

i) El Decreto 1047 de 1978 establece el régimen pensional para el personal con
funciones de dactiloscopia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS; por su parte, dichas prerrogativas fueron extendidas a los empleados que

cumplen funciones de alto riesgo a través del Decreto 1835 de 1994, entre los que
se encuentran los detectives de cualquier grado o denominación, tal como el señor
Rowinson Suárez Ayala.

ii) Si bien el nombramiento en el cargo de detective 208-07 [sic], desempeñado por
el accionante, fue declarado insubsistente a través de la Resolución 2275 del 12
de diciembre del 2000, en sentencia del 31 de marzo del 2011, proferida por el
Juzgado 1 Administrativo de Cartagena, se ordenó el reintegro a un cargo de igual
o superior categoría y el pago de todos los emolumentos salariales y
prestacionales dejados de pagar desde el momento de su desvinculación, orden
que fue cumplida por conducto de las Resoluciones 861 del 5 de julio y 951 [sin
mes] de ese mismo año.

1 Folios 9 al 25 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

iii) Del monto que le fue reconocido al accionante por concepto de salarios y
prestaciones se le descontó la suma de $ 70.000.000, los cuales fueron
trasladados al sistema de seguridad social en salud y pensión, este último, en el
caso particular, al entonces Instituto del Seguro Social. En virtud de lo ordenado
por la autoridad judicial, todo el tiempo que el señor Suárez Ayala estuvo por fuera
de la entidad de seguridad, hasta la fecha de su retiro definitivo del servicio, debe
ser tenido en cuenta para todos los efectos.

iii) Con lo expuesto, el señor Rowinson Suárez acredita un total de 21 años y 23
días de servicio, es decir, que cumple con los requisitos de los artículos 1047 de
1978 y 1933 de 1989, en aras de que se le reconozca una mesada pensional en
cuantía del 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio,
esto es entre el 13 de diciembre del 2010 y el 12 de diciembre del 2011 [sic], con
inclusión de todos los factores percibidos en ese periodo, que corresponden a:
asignación básica, bonificación por servicios, prima de navidad, prima de
vacaciones, prima de servicios, prima de riesgo y subsidio de alimentación.

iv) Sobre la inclusión de la prima de riesgo en el ingreso base de liquidación, el
Consejo de Estado unificó su postura a través de la sentencia del 7 de abril del
2011, radicado 200700249, en el sentido de indicar que al ser un emolumento de
retribución periódica y relacionada con el alto riesgo de las funciones
desempeñadas por los empleados del DAS, entre otros, debe hacer parte de la
base liquidatoria de la mesada pensional, posición reiterada en el fallo de esa
misma corporación del 1 de agosto del 2013, expediente 2008 00150 01 (007011).

1.2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones, por medio de apoderado judicial, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones del presente medio de control, de
acuerdo con las consideraciones que pasan a exponerse:2

2 Folios 217 al 227 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido

del expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

i) Los actos administrativos demandados se ajustan a derecho, toda vez que la
decisión allí contenida se adecúa a las normas que son aplicables al caso
concreto. Así, el señor Rowinson Suárez registra un traslado del régimen de prima
media con prestación definida, administrado hoy en día por Colpensiones, al
régimen de ahorro individual con solidaridad, específicamente al Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., lo cual ocurrió el 1 de abril del 2007.

ii) Se realizó una consulta interna con radicado 2015-1491523 ante la Gerencia
Nacional del Servicio al Ciudadano, con el fin de determinar lo atinente a la
afiliación del accionante, en cuya respuesta se manifestó que «se [revisó] la
consulta [de] afiliados y Asofondos y se evidencia que el ciudadano se encuentra
afiliado a la AFP-Porvenir 2007-02-18». De acuerdo con lo anterior, Colpensiones
carece de competencia para decidir sobre el derecho pensional reclamado, en
tanto es la administradora a la que el interesado esté afiliado quien tiene el deber
de decidir lo pertinente.

iii) En virtud de lo anterior, la demandada propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación demandada y
falta de derecho para pedir; buena fe; cobro de lo no debido; e innominada o
genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión número 2, por medio de
sentencia del 12 de febrero del 2021, accedió a las pretensiones de la demanda,
pues declaró la nulidad de los actos demandados; ordenó el reconocimiento de
una mesada pensional en favor del demandante en cuantía del 75 % de los
factores sobre los cuales efectuó aportes según el Decreto 1158 de 1994 y la
prima de riesgo, en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre del 2001 y el
11 de diciembre del 2011; conminó a Colpensiones para que solicite ante la UGPP
el reembolso de las cotizaciones realizadas a esa entidad por parte del DAS, en
favor del demandante; y condenó en costas a la parte accionada.

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

Las razones de la anterior decisión fueron las siguientes:3

i) El señor Rowinson Suárez Ayala laboró como detective del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, por un periodo de 21 años y 11 días,
comprendidos entre 20 de noviembre de 1990 y el 1 de diciembre del 2011. De
acuerdo con la fecha de ingreso a esa entidad, es beneficiario del régimen de
transición previsto en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 del 2003, que
remite al artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, lo que implica que está sujeto a las
normas vigentes antes de la Ley 100 de 1993, que para el caso concreto resulta
ser el Decreto 1047 de 1978.

ii) De acuerdo con el último decreto citado, el demandante tiene derecho a una
mesada pensional al cumplir 20 años de servicio, sin exigencia alguna sobre la
edad, requisito que se advierte satisfecho dados los efectos de la sentencia del 31
de marzo del 2011 del Juzgado 1 Administrativo de Cartagena, en donde se
ordenó el reintegro del accionante al DAS, sin solución de continuidad.

iii) A pesar de ser beneficiario del mencionado régimen de transición, tales
beneficios no incluyen lo relativo al ingreso base de liquidación, lo que quiere decir
sobre el particular debe acudirse a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 1158 de 1994. De
acuerdo con lo anterior, para la fecha de entrada en vigencia del régimen general
de seguridad social, al señor Suárez Ayala le faltaban más de 10 años para
adquirir el derecho pensional, lo que implica que su mesada debe ser liquidada
con base en lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio, esto es entre el
11 de diciembre del 2001 y el 11 de diciembre del 2011, fecha de retiro del
servicio.

iv) En cuanto a la conformación del ingreso base de liquidación, deben incluirse
aquellos factores sobre los cuales se efectuaron aportes al sistema pensional, en
cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1158 de 1994; además, también debe

3 Archivo denominado «02SentenciaPrimeraInstancia.pdf» en el archivo comprimido del expediente

digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

tenerse en cuenta la prima de riesgo, la cual, si bien no se encuentra enlistada en
la norma citada, ha sido prevista para tal efecto por vía jurisprudencial.

v) Sobre la competencia para reconocer la pensión discutida, el material probatorio
da cuenta de las cotizaciones realizadas, entre el 20 de noviembre de 1990 y el 30
de junio del 2009, a Cajanal y, del 1 de julio del 2009 al [11 de diciembre del]
2011, al ISS, hoy Colpensiones. En el expediente también obra prueba de una
serie de aportes realizados entre el año 2007 y el año 2019 a la AFP Porvenir S.A.
producto de tiempos laborados por el accionante en el sector privado.

vi) Dada la orden impartida por el Juzgado 1 Administrativo de Cartagena que
mantuvo incólume la relación laboral con el extinto DAS, en lo que atañe a los
periodos cotizados por esa entidad no se presentó un traslado de régimen, sino un
cambio del fondo pensional de Cajanal al ISS, lo que quiere decir que los últimos
aportes realizados en virtud de esa relación legal y reglamentaria se efectuaron a
la hoy denominada Colpensiones.

vii) Para efectos de definir la aludida competencia, debe tenerse en cuenta que el
derecho pensional del señor Rowinson Suárez atiende a un régimen de carácter
especial y, por lo tanto, más allá de la administración de los regímenes de prima
media o de ahorro individual, lo relevante es el último fondo al que realizó aportes,
que en este caso es la Administradora Colombiana de Pensiones; en virtud de lo
anterior, la entidad demandada se encuentra habilitada para solicitar ante la hoy
UGPP, el reembolso [sic] de los aportes realizados por el DAS a esa autoridad.

viii) Sobre la prescripción de mesadas, el accionante causó su derecho pensional
[los 20 años de servicio] el 20 de noviembre del 2010, solicitó el reconocimiento de
la pensión el 12 de abril del 2012 y radicó la demanda el 13 de mayo del 2016; a
partir del anterior recuento, entre la petición inicial y la presentación del medio de
control trascurrieron más de 3 años y, en consecuencia, se configuró dicho
fenómeno sobre las mesadas causadas antes del 13 de mayo del 2013.

ix) Finalmente, aclaró que a pesar de que al expediente se aportó copia de la

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

Resolución VPB 17735 del 26 de febrero del 2015, en la que Colpensiones resolvió
el recurso subsidiario de apelación propuesto contra la Resolución GNR 230397 del
9 de septiembre del 2013, dicho acto es ineficaz en atención a que fue notificado a
una dirección distinta a la suministrada por el interesado en la actuación
administrativa.

1.4. El recurso de apelación

Tanto la parte demandante como la demandada interpusieron recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo siguiente:

1.4.1 La apelación de Colpensiones4

i) Al revisar la historia laboral del demandante se advierte que cuenta con un
traslado del régimen de prima media con prestación definida, administrado por
Colpensiones, al régimen de ahorro individual con solidaridad, particularmente al
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. lo cual ocurrió el 1 de abril del
2007. Adicionalmente, la Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano, en
respuesta a la solicitud con radicado 2015-1491523 informó que el señor Suárez
Ayala se encuentra afiliado al mencionado fondo pensional de carácter privado.

ii) Colpensiones carece de competencia para reconocer la pensión de vejez del
demandante, en tanto es Porvenir S.A. quien debe decidir sobre lo pretendido por
el accionante y, en tal sentido, debe absolverse a Colpensiones de la condena
impuesta por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

1.4.2. La apelación del señor Rowinson Suárez5

i) El juez de primera instancia erró al realizar el cálculo para determinar la
prescripción de las mesadas, toda vez que nunca transcurrieron 3 años sin que se
hayan realizado actuaciones en sede administrativa. Para explicar lo anterior, el

4 Archivo denominado «05RecursoApelaciónColpensiones.pdf» en el archivo comprimido del
expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
5 Archivo denominado «06RecursoApelaciónDemandnate.pdf» en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

apelante realizó el siguiente cuadro:

No. ACTO FECHA
1. Vinculación al das 20/11/1990
2. Res. 2275/2000 declara insubsistente 12/12/2000
3. Sentencia Jdo. 1 Adtivo Cartagena 31/03/2011
4. Retiro del servicio 11/12/2011
5. Solicitud pensión 12/04/2012
6. Resolución GNR 230397 Colpensiones 09/09/2013
7. Recurso reposición y apelación 05/11/2013
8. Resolución GNR 209522 Colpensiones 10/06/2014
9. Acto ficto negativo
10. Radicación de la demanda 13/05/2016

ii) La solicitud de reconocimiento pensional fue interpuesta el mismo año en el que
se expidió la sentencia que ordenó el reintegro, sin solución de continuidad, del
demandante; sin embargo, Colpensiones tardó 17 meses en atender dicha
solicitud, decisión ante la cual se interpuso, oportunamente, los recursos de
reposición y apelación; el primero de ellos fue desatado más de 7 meses después,
al paso que transcurrieron cerca de 2 años más en espera de una respuesta al
recurso de alzada, evento no ocurrió y que forzó la interposición del medio de
control de la referencia.

iii) Otra razón de inconformismo radica en la conformación del ingreso base de
liquidación, en tanto se desconoció el principio de inescindibilidad de la norma y,
por consiguiente, no se aplicó correctamente el régimen de transición ni el régimen
pensional del Decreto 1835 de 1994. En ese sentido, en la Ley 100 de 1993 se
consagró que el Gobierno nacional se encargaría de establecer el régimen
pensional de los trabajadores que desempeñaran actividades de alto riesgo, lo
cual se materializó a través del citado Decreto 1835 de 1994.

iv) La referida norma contiene, en su artículo 18, los factores salariales que deben
integrar el ingreso base de liquidación; en virtud de ello, no hay lugar a acudir a
otras normas, ni muchos menos al Decreto 1158 de 1994, reglamentario del
régimen general de pensiones, el cual, como el mismo Tribunal concluyó, no es
aplicable al demandante dado el régimen especial de alto riesgo al que se
encuentra sujeto. A partir de las anteriores consideraciones, la pensión del señor
Rowinson Suárez debe liquidarse a partir «de todos los factores devengados»

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

entre el 11 de diciembre del 2010 y el 11 de diciembre del 2011.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la parte demandada guardaron silencio.

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.6

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer 3 aspectos, a saber: (i) si hay lugar a modificar el
periodo y el ingreso base de liquidación ordenado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar en la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar que el
reconocimiento de la mesada pensional del demandante se calcule con base en
todos los factores salariales devengados durante el último del servicio; (ii) si se
configuró o no el fenómeno de la prescripción trienal de mesadas; y (iii) si es
Colpensiones la administradora encargada de asumir el reconocimiento y pago de
la pensión del señor Rowinson Suárez Ayala.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978,7 el cual en su
artículo 18 dispuso que los empleados que se desempeñaran como

6 Constancia secretarial índice 10 del portal Samai.
7 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que

desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
8 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de

las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el
curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho
Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran
aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente,
en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya
referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18
años continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir
50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.

Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 9 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen10 y, en el artículo 10,11 previó que los empleados del referido
departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación,
al tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, en sus diferentes grados y
denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978.12

2.2.2. De las actividades de riesgo en el sector público en vigencia del
Sistema General de Seguridad Social

9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad»
10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad

tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración
pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de
1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las
que este decreto establece.»
11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación

previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al
personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que

permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor
de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la
pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios
de ese Departamento.»

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

El artículo 14013 de la Ley 100 de 199314 previó, en un principio, lo siguiente:

Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.

Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.

No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos, que circunscribió a las siguientes:

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Resaltado fuera del texto)

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción penal:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados
de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de
criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y
II. […].

De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición

13 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
14 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

especial15 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir,
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200316 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.

Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200317 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso
base de cotización.18

2.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el
régimen de transición. Postura unificada de la Sección Segunda del Consejo
de Estado

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de
noviembre de 2000,19 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa
precedente. Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos

15 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las

actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
16 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.».
18 Artículo 2.º, parágrafo 4.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.

13

Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989.

No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199420 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que
tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de
noviembre de 199421 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la
hizo incompatible solamente con las prestaciones con igual denominación
previstas en los Decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión
como factor salarial.

En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que
aquella prima de riesgo no constituye factor salarial.22 Sin embargo, más adelante
consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia
del 4 de agosto de 2010,23 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas
sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente de su denominación.24 Lo
anterior, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso
que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio de los
salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio, lo
cual sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no

20 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».
21 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad».
22 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23

25 000 2006 07509 01 (0112-09).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación

250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.

Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,25 la
Sección Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la
prima de riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.

Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió26 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los
cuales se consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28
de agosto de 2018,27 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el
régimen de transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a
partir de la sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas
aplicables a la liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban
de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben
incluir son los taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de
1998.28

Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había
estimado que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable
como consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de
diciembre de 2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se
acrediten los aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho
concepto. De lo contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la
prestación.29

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42

000 2013 02380 01 (2656-2014).
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
28 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»
29 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación:

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28
de julio de 2022, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó las siguientes
reglas:30

i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados
por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de
2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de
retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; sin embargo, el
ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumido r, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del
Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse
para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en
los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.

11001-03-15-000-2021-02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo
de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-01(AC).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia SUJ-

028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).

16

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de
2011.

iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.

Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se
fijaron se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de
aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del
principio de seguridad jurídica, son inmodificables.

2.2.4. Sobre la competencia de Colpensiones para el reconocimiento de
pensiones

El artículo 8 de la Ley 90 de 1946 creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales
como la entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio encargada de

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

la dirección y vigilancia de los seguros sociales. Dicho Instituto quedó dentro del
sistema general de seguridad social en pensiones adoptado por la Ley 100 de 1993
como único administrador del régimen pensional de prima media con prestación
definida.

Por su parte, su supresión se contempló en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007;
esta disposición igualmente creó la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), entidad pública que se convertiría de igual modo en la
administradora del régimen de prima media con prestación definida.

Así, el 28 de septiembre de 2012, fueron expedidos y entraron en vigencia los
Decretos 2011, que determinó y reglamentó la entrada en operación de
Colpensiones; 2012, que suprimió en el ISS las funciones y la estructura atinentes a
la administración del régimen pensional; y 2013, que ordenó la supresión de esta
última y su liquidación.

Los reconocimientos pensionales debieron ser asumidos por Colpensiones a partir
del 28 de septiembre de 2012 por disposición del artículo 3 del Decreto 2011 de ese
año, que a su vez fijó las funciones y operaciones de la entidad de la siguiente
manera:

Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES como
administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo
aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la
entrada en vigencia del presente Decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5°
del mismo.

2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

3. Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las reglas generales de competencia en cabeza
de Colpensiones para el reconocimiento de pensiones en favor de servidores
públicos beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la Sala de

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado las ha definido de la siguiente
manera:31

i) Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que
antes del 12 de julio de 200932 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron
los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.

ii) Es competencia también de la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas
personas que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas
autorizadas por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el
régimen de prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de
semanas cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima
media con prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja,
fondo o entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.

iii) En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora
general de dicho régimen en la actualidad .

Esta última regla tiene fundamento en el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 por el
cual se estableció la competencia general del ISS para el reconocimiento de las
pensiones en el régimen solidario de prima media con prestación definida, y dejó esa
competencia a las Cajas o fondos públicos, únicamente, respecto de sus afiliados y
mientras dichas entidades subsistieran.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se establece lo
siguiente:

i) El señor Rowinson Suárez Ayala nació el 19 de agosto de 1967.33

ii) Según certificado expedido por la Subdirección de Talento Humano del
Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de supresión, el señor
Rowinson Suárez Ayala se vinculó al extinto Departamento Administrativo de

31 Se extrae, además, de la siguiente decisión en un conflicto de competencias: Consejo de Estado,

Sala de Consulta y Servicio Civil. del 17 de febrero de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2020-00244-
00(C)
32 Fecha en la cual se realizó el traslado masivo de afiliados de Cajanal en Liquidación al ISS, de

acuerdo con lo preceptuado por el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009.
33 Folio 3 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

Seguridad, DAS, el 20 de noviembre de 1990, «en el cargo de alumno de academia
grado 03 de la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública, Curso 075,
según Resolución 3881 de 1990» y fue declarado insubsistente a través de la
Resolución 2275 del 12 de diciembre del 2000, cuando ostentaba el cargo de
detective 208-07.34

iii) El 16 de abril del 2001, el señor Rowinson Suárez interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Departamento Administrativo
de Seguridad, que fue resuelta el 31 de marzo del 2011 por el Juzgado 1
Administrativo del Circuito de Cartagena, en la que se declaró la nulidad de la
Resolución 2275 del 12 de diciembre del 2000 y, en consecuencia, se ordenó el
reintegro del demandante, sin solución de continuidad, a un cargo de igual o
superior categoría al que venía desempeñando.

Aunado a lo anterior, se dispuso el pago de «los sueldos, prestaciones sociales y
demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación
hasta la fecha en que se produzca su reintegro».35

iv) El 5 de julio del 2011, el DAS, en supresión, profirió la Resolución 861, en la
que, en cumplimiento parcial a la anterior condena judicial, reintegró al señor
Rowinson Suárez Ayala «al cargo de detective 208-07 de la planta global
operativa, asignado a la Seccional D.A.S. Bolívar».36

v) El 2 de diciembre del 2011, el DAS, en supresión, expidió la Resolución 951 «por
medio de la cual se reconoce el gasto y se ordena el pago de una sentencia
judicial», a través de la cual le reconoció al demandante la suma de $ 360.517.860
por concepto de sueldos básicos, subsidios de alimentación, primas de riesgo,
bonificaciones por servicios, primas de servicios, primas vacacionales,
indemnizaciones de vacaciones, bonificaciones especiales de recreación, primas

34 Folio 83 al 85 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
35 Folios 51 al 75 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
36 Folios 79 al 81 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

de navidad, auxilios de cesantías y dotaciones; con las respectivas deducciones
por aportes de previsión pensión patrono y afiliado, contribución escuelas e
institutos técnicos, contribución Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
contribución Caja de Compensación Familiar, contribución ESAP.37

vi) Según certificación visible en los folios 83 al 85 del expediente digital, expedida
por la Subdirección de Talento Humano del DAS en supresión, la historia laboral
del señor Rowinson Suárez Ayala da cuenta de un tiempo total de vinculación a la
entidad de 21 años, 4 meses y 27 días; sin embargo, aclara que en ese computo
no se han descontado 2 licencias no remuneradas de 30 y 27 días
respectivamente, lo que daría un total de tiempo efectivo de servicio de 21 años y
2 meses.

vii) Según comunicación del 12 de diciembre del 2011, el Departamento
Administrativo de Seguridad en proceso de supresión, aceptó la renuncia al cargo
de detective 208-7 presentada por el señor Rowinson Suárez Ayala, a partir de
esa misma fecha.38

viii) El 18 de abril del 2012, el señor Suárez Ayala interpuso ante Colpensiones
una solicitud de reconocimiento pensional.39

ix) El 9 de septiembre del 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones
profirió la Resolución GNR 230397, por medio de la cual negó el reconocimiento y
pago de la mesada pensional requerida por el demandante. La anterior negativa
obedeció a lo siguiente:40
[…]
revisada la documentación obrante dentro del expediente se encontró que el
asegurado presentó traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y
verificado el aplicativo de bonos pensionales se determinó que la entidad

37 Folios 99 al 187 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
38 Folio 95 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
39 Información extraída de la resolución GNR 230397 del 9 de septiembre del 2013, en folio 35 del

archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del expediente digital
ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
40 Folios 35 al 38 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Demandante: Rowinson Suárez Ayala

encargada de tramitar y decidir la prestación económica del asegurado es el
régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados de pensiones,
que en este caso corresponde a la AFP Porvenir.
[…]

x) El 5 de noviembre del 2013, el accionante interpuso recurso de reposición, y en
subsidio apelación, en el que argumentó que, dada la injusta desvinculación del
DAS de la que fue objeto en el año 2000, se vio en la obligación de vincularse al

sector privado en donde realizó aportes a otro fondo de pensiones, pero que
dados los efectos de la sentencia del 31 de marzo del 2011, se ordenó el pago de
los aportes al riesgo de vejez, los cuales fueron realizados, por el DAS, al Instituto
del Seguro Social, hoy Colpensiones, los cuales sirven de sustento para el
reconocimiento de la mesada especial de alto riesgo requerida.41

xi) El 10 de junio del 2014, Colpensiones emitió la Resolución GNR 209522, en la
que resolvió el recurso de reposición propuesto, en el sentido de confirmar en
todas sus partes la Resolución GNR 230397 del 9 de septiembre del 2013, de
acuerdo con lo siguiente:42

que el afiliado cuenta con un total de 1.732 semanas correspondientes a 247
semanas cotizadas.

Que en la página de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público así como en nuestro sistema usted aparece afiliado al régimen de ahorro
individual con solidaridad con el fondo privado AFP Porvenir.

Que por desempeñarse en su vida laboral como detective especializado, a pesar
de su traslado, es posible estudiar su prestación en el régimen especial del das
siempre y cuando cumpla con el cálculo de rentabilidad del que hablan las
sentencias C-789 del 2002 y SU-062 del 2010 […]

Sin embargo, este cálculo será procedente en cuanto su historial laboral refleje las
semanas suficientes para el reconocimiento de una prestación en el régimen de
prima media […]

Que frente al pago de las cotizaciones correspondientes a los aportes en pensión
del empleador reconocidas mediante sentencia judicial, en nuestro sistema no se
registra el pago de las mismas así como tampoco se encuentran reflejadas en la
historia laboral.

41 Folios 39 al 42 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
42 Folios 43 al 47 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

El expediente administrativo del asegurado no tiene ningún documento que
certifique que el pago de este cálculo actuarial se realizó al seguro social y por
tanto se hace necesario que esto se acredite y se haga la solicitud respectiva en
un punto de atención de Colpensiones, o que el asegurado se dirija directamente
ante su empleador para verificar el pago efectivo de esta suma de dinero.
[…]

xii) En los folios 296 al 310 reposa certificación de aportes expedido por el Fondo
de Pensiones Porvenir S.A. en donde constan una serie de aportes efectuados por
el accionante de forma intermitente entre el año 2007 y el año 2019 de carácter
voluntario o por empleadores del sector privado.

Xiii) En el expediente reposa copia de la Resolución VPB 17735 del 26 de febrero
del 2015, por medio del cual Colpensiones resolvió el recurso subsidiario de
apelación presentado por el accionante; sin embargo, se registró como dirección
de notificación el barrio España, Edificio Torres Madrid, apto 203, la cual es
distinta a la suministrada por el recurrente que corresponde a la carrera 8 #16-88
Oficina 1105, edificio Furgor, en la ciudad de Bogotá, error que se acompasa con
lo manifestado por el demandante que aseguró no haber sido notificado de acto
administrativo alguno que resolviera la alzada.43

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el presente asunto, la Sala seguirá el orden lógico planteado en la
formulación de los problemas jurídicos, es decir, secuencialmente, se decidirá
sobre el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al demandante,
luego sobre la configuración de la prescripción trienal de mesadas y, finalmente,
sobre la competencia de Colpensiones para asumir la obligación de pago del
derecho reclamado. El análisis será el siguiente:

2.4.1. Sobre el ingreso base de liquidación

El primer asunto a resolver, propuesto por el demandante, se refiere a la forma en

43 Aarchivo denominado «ExpedienteAdministrativo», en el archivo comprimido del expediente
digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó liquidar la mesada pensional que
le fue reconocida, pues considera el apelante que en materia de periodo e IBL no
debió acudirse al régimen general de pensiones, en tanto él es beneficiario del
régimen de transición del Decreto 1835 de 1994 y, por lo tanto, se le debe aplicar
integra e inescindiblemente lo dispuesto en el Decreto 1047 de 1978, aspecto que
no ha sido discutido por ninguna de las partes.

Pues bien, a pesar de los argumentos expuestos por la parte demandante, en
casos como el analizado en esta oportunidad corresponde a la Sala dar aplicación
a las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación SUJ-028-
CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, pues constituyen el precedente jurisprudencial

vigente para esta clase de asuntos. Lo anterior, en consideración a que esta
corporación, en la citada decisión, señaló que todos los casos pendientes de
solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, eran susceptibles de ser
destinatarios de sus efectos; salvo aquellos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

De ahí que el sub lite debe atenerse a los supuestos dados por la providencia
referida, pues sobre la pretensión del demandante, consistente en obtener una
mesada pensional especial de alto riesgo bajo el régimen del personal del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad, no ha operado el fenómeno jurídico de
la cosa juzgada, en la medida en que apenas en esta oportunidad se resolverá el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión del a quo.

Así las cosas, el señor Rowinson Suárez Ayala es beneficiario del régimen de
transición del Decreto 1835 de 1994, por encontrarse vinculado al entonces
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para la fecha de entrada en
vigencia de esa noma44 y, en virtud de ello, es titular de los beneficios pensionales
consignados en el Decreto 1047 de 1978, que consagra el reconocimiento de una
mesada pensional al cumplimiento de 20 años de servicio.

44 4 de agosto de 1994

24

Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

En estas condiciones, el accionante acreditó dicho requisito el 20 de noviembre
del año 2010, en atención a la orden impartida por el Juzgado 1 Administrativo del
Circuito de Cartagena, es decir, en plena vigencia de la Ley 100 de 1993, razón
por la que, en materia de periodo e IBL, su pensión de jubilación debe liquidarse
conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación
del 28 de julio de 2022, esto es, en aplicación del artículo 21 ibidem.

En ese sentido, el citado antecedente normativo dispone que «[…] Si faltare más
de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE». Así lo
ordenó el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia de primera instancia,
en la que fijó como extremos temporales del periodo liquidatorio el 11 de diciembre
del 2001 y el 11 de diciembre del 2011, es decir, los últimos 10 años de servicio.

Por su parte, en cuanto a los factores salariales que han de tenerse en cuenta, tal
y como se expuso en el marco normativo de esta decisión, estos corresponden a
los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y a la prima de riesgo en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003, postura que también se alínea
con lo decidido, por el a quo que ciñó su decisión a la actual posición del Consejo
de Estado en esta materia. En ese sentido, las razones disentimiento de la parte
demandante sobre el periodo y el ingreso base de liquidación no tienen vocación
de prosperidad y, en virtud de ello, se confirmará en lo pertinente el fallo recurrido.

2.4.2. Sobre la prescripción

Ahora, el demandante también se muestra inconforme con la prescripción trienal
decretada por el Tribunal, en tanto considera que dicho fenómeno no se encuentra
configurado. Sobre este aspecto, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 dispone
que «las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se ha hecho exigible».

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

Sobre el particular la Sala encuentra que la norma contiene un mandato según el
cual el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la fecha en que la
obligación se hace exigible, esto es, no hace referencia alguna a su conteo desde
el momento en que la entidad expide el acto a través del cual resuelve la
pretensión planteada. Al respecto, esta Subsección señaló en sentencia del 2 de
julio 201545 lo siguiente:

El artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 establece la figura de la prescripción en un
lapso de tres (3) años y regula que el simple reclamo del trabajador interrumpe la
prescripción por un lapso igual. Es decir, es dable pregonar la prescripción de los
derechos por un periodo máximo de seis (6) años.
Este fenómeno prescriptivo opera cuando concurran todas las circunstancias, entre
ellas, que sea evidente la exigibilidad frente a la cual se observe inactividad
injustificada del interesado o titular del derecho en lograr su cumplimiento, como se
presenta en el caso del sub lite al encontrarse que entre la primera solicitud de
reconocimiento de la pensión (14 de mayo de 2002) y la segunda petición que se
presentó bajo los mismos argumentos (10 de abril de 2008) transcurrieron más de 5
años.
La anterior situación significa que la primera petición del 14 de mayo de 2002
interrumpió la prescripción, pero sólo por tres años más que se cumplieron el 14 de
mayo de 2005 y en el sub lite se encuentra que la segunda petición de
reconocimiento sólo se radicó hasta el 10 de abril de 2008.

En ese orden, puede concluirse que el término de prescripción empieza a correr a
partir de la fecha en que el derecho se hizo exigible, y que la interrupción ocurre
una sola vez en un lapso igual contado desde la presentación de la reclamación
administrativa. Es decir, que luego de radicada la petición, el interesado cuenta
con tres años para demandar, en caso de que la entidad requerida sea renuente a
otorgar lo pedido en vía administrativa o que se configure una decisión presunta
negativa, so pena de activarse el fenómeno prescriptivo y de esta manera evitar la
extinción de las mesadas que se llegaren a ver afectadas por el transcurso del
tiempo.

Lo anterior tiene sustento en que la falta de respuesta de la entidad a las
peticiones presentadas por los ciudadanos tiene una consecuencia en la

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2015, radicado

76001 23 31 000 2011 01490 01(2621-14) M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

legislación y es el acaecimiento del silencio administrativo que a su vez implica la
configuración de un acto ficto o presunto, generalmente negativo.

Así las cosas, contrario a lo señalado por el recurrente, a efectos de acudir a la
administración de justicia, esta no debía esperar a que la entidad profiriera una
decisión de fondo sobre su pretensión, pues si bien podría demandar en cualquier
tiempo el acto ficto aludido, lo cierto es que la reclamación sobre un derecho o
prestación debida tendría que efectuarse dentro de los tres años, so pena de que
opere el fenómeno prescriptivo de las mesadas que de aquel se derive.

Ahora, sobre el caso bajo estudio ha de decirse que el accionante radicó la
solicitud de reconocimiento de la mesada pensional el 18 de abril del año 2012, 46
es decir, alrededor de 4 meses después del retiro del servicio que ocurrió el 12 de
diciembre del año anterior; del aludido requerimiento se obtuvo respuesta por
medio de la Resolución GNR 230397 del 9 de septiembre del 2013, la cual fue
notificada el 22 de octubre del 2013,47 esto es, poco más de 16 meses después.

La citada decisión fue recurrida,48 el 5 de noviembre del 2013 y el recurso fue
resuelto a través de la Resolución GNR 209522 del 10 de junio del 2014. Al
demandante no se le notificó acto administrativo alguno que resolviera el recurso
subsidiario de apelación, pues la dirección de notificación de la Resolución VPB
17735 del 26 de febrero del 2015 no corresponde con la suministrada por el
accionante. Finalmente, la presente demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue radicada el 13 de mayo del 2016, tal como consta en el acta de
reparto visible en el folio 189 del expediente digital.

De acuerdo con el anterior recuento, la Sala estima que el derecho reclamado se
hizo exigible a partir del retiro definitivo del servicio del señor Rowinson Suárez y
que el fenómeno de la prescripción se interrumpió, por una única vez, a partir de la

46 Tal como se consignó en la Resolución GNR 230397 del 9 de septiembre del 2013, en el folio 35

del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del expediente digital
ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
47 Folio 36 del archivo denominado «01ExpedienteDigital.pdf», en el archivo comprimido del

expediente digital ED_13001233300020160043(.zip), en el índice 2 del portal Samai.
48 Se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, tal como se detalló en el acápite de

hechos probados.

27

Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

solicitud de reconocimiento, que ocurrió el 18 de abril del año 2012; así, al
transcurrir tanto tiempo sin que Colpensiones emitiera una decisión de fondo, el
accionante debió optar por acudir a la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo, en aras de evitar la configuración de la prescripción trienal, en lugar
de aguardar y permitir el paso del tiempo.

En virtud de lo anterior, la parte demandante superó el tiempo para la interposición
de la acción —más allá de la interrupción del término prescriptivo—, razón por la
que es forzoso entender que la radicación de la demanda es el momento a partir
del cual se debe contabilizar hacia atrás, la extinción de las mesadas pensionales
y, en ese sentido, el reconocimiento efectivo del derecho procede a partir del 13
de mayo del 2013, por prescripción trienal.

Esta determinación ha sido desarrollada jurisprudencialmente49 en aquellos casos
en los que, pese a que se interrumpió el término prescriptivo por una vez con la
reclamación, no se acudió de manera pronta a la jurisdicción, en atención a que el
derecho pensional, por su connotación de prestación periódica, no prescribe ya
que se puede reclamar en cualquier momento; empero, no ocurre lo mismo
respecto de las mesadas pensionales que se llegaren a causar las cuales se
extinguen cada tres años.

Por los motivos expuestos la Sala encuentra que, tal como lo ordenó el Tribunal
Administrativo de Bolívar, las mesadas causadas con anterioridad al 13 de mayo
del 2013 se encuentran prescritas y, en consecuencia, se impone confirmar la
sentencia apelada.

2.4.3. Sobre la competencia de Colpensiones

La Administradora Colombiana de Pensiones en su recurso de apelación solo
discutió lo relativo a la competencia de esa entidad para reconocer y pagar la
mesada del demandante; para sustentar la alzada señaló que los aportes

49Véase entre otras, la sentencia 21 de octubre de 2021, rad. 20001-23-39-000-2017-00192-
01(0899-19) del 5 de abril de 2008, rad. 08001-23-33-000-2014-00069-01 (2268-2015), 6 y del de
mayo de 2019, rad. 08001-23-33-000-20013-00654-01 (4531-2015), M. P. William Hernández
Gómez.

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

pensionales del señor Rowinson Suárez fueron objeto de traslado al fondo de
pensiones Porvenir en el año 2007 y que, por tal razón, es esa entidad la
encargada de decidir lo pertinente sobre la pensión del accionante.

Frente a lo anterior, la Sala debe decir que dicho argumento fue estrictamente
transcrito de la contestación de la demanda y rebatido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la sentencia objeto de recurso, en la que se concluyó
que no es cierto que el señor Suárez Ayala se haya trasladado del régimen de
prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, sino que
dicha circunstancia obedeció a las relaciones laborales de carácter privado que
ostentó el interesado, dada la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento
de la que fue objeto el cargo que desempeñaba en el extinto DAS.

Así, Colpensiones no propuso reales razones de inconformismo frente a las
consideraciones realizadas por el a quo, sino que insiste en un argumento que ya
fue desatado y sobre cuyas consideraciones no expuso una réplica clara. Sin
embargo, al estudiar el material probatorio, esta Subsección se muestra de
acuerdo con las conclusiones a las que se arribó en la sentencia de primera
instancia, pues del análisis de semanas cotizadas suministrado por Porvenir S.A
se observan, en su mayoría, aportes realizados por empleadores de carácter
privado.

Si bien en dicho informe también se consignaron una serie de aportes realizados
por el «Departamento Administrativo de Seguridad en Supresión» ello solo
corresponde a los meses de agosto a diciembre del año 2011, mientras que, en la
sentencia del 31 de marzo del 2011, dictada por el Juzgado 1 Administrativo de
Cartagena, se dispuso el pago desde el año 2001 hasta la fecha de reintegro del
trabajador a la entidad, es decir más de 10 años de aportes.

Además, en la Resolución 951 del 2 de diciembre del 2011, citada en el hecho
probado número v, se ordenó el traslado de los aportes a seguridad social en
pensión del demandante al entonces Instituto del Seguro Social, hoy
Colpensiones. Entonces, si bien el señor Rowinson Suárez contó con una

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

afiliación a un fondo privado, no está probado dentro del plenario que se haya
desafiliado de la Administradora Colombiana de Pensiones, tanto es así, que lo
correspondiente al pago de aportes por el riesgo de vejez, en cumplimiento de la
aludida decisión judicial, fue consignado a la entidad demandada.

De ese modo, sí está probado que durante la relación laboral con el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad, realizó aportes al entonces Instituto
del Seguro Social; que el empleador realizó el pago de aportes a ese fondo; y
que el derecho fue reconocido en vigencia del Decreto 2011 del 2012, que en su
artículo 3 le asigna la competencia a Colpensiones para administrar, decidir y
pagar los derechos pensionales de sus afiliados.

La anterior interpretación ha sido respaldada por el análisis que sobre el particular
ha efectuado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cual ha
sido del siguiente tenor:50

i) Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que
antes del 12 de julio de 200951 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron
los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.

ii) Es competencia también de la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas
personas que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas
autorizadas por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el
régimen de prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de
semanas cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima
media con prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja,
fondo o entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.

iii) En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen
de prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como
administradora general de dicho régimen en la actualidad .
[negrilla de la Sala]

Finamente, debe decirse que, adicionalmente, para el reconocimiento de la
mesada pensional del accionante solo se tuvieron en cuenta las cotizaciones
efectuadas en el sector público, lo que quiere decir que aquellos aportes

50 Se extrae, además, de la siguiente decisión en un conflicto de competencias: Consejo de Estado,

Sala de Consulta y Servicio Civil. del 17 de febrero de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2020-00244-
00(C)
51 Fecha en la cual se realizó el traslado masivo de afiliados de Cajanal en Liquidación al ISS, de

acuerdo con lo preceptuado por el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009.

30

Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

realizados al fondo privado, por empleadores privados y cotizaciones voluntarias,
no hace parte del ingreso base de liquidación y que, en todo caso, en los términos
descritos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, si fuere necesario,
Colpensiones puede acudir a las atribuciones administrativas que le confiere la
Ley 100 de 1993 para requerir a Porvenir S.A. las cotizaciones que permanecen
bajo su administración.

En virtud de lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia en lo
relativo a la competencia de la demandada frente al reconocimiento y pago de la
mesada pensional del demandante.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,52 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de
la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas
se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo
así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en

52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

31

Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,53 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia en atención a que la decisión obedece a un
cambio jurisprudencial que se produjo en el trámite del proceso y a que no
resultaron probadas, en tanto ninguna de las partes intervino en esta oportunidad.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que no hay lugar a acceder a la modificación
pedida por la parte demandante en relación con el periodo y el ingreso base de
liquidación utilizado para calcular su mesada pensional, pues lo decidido por el
Tribunal se adecúa a la actual posición jurisprudencial sobre ese aspecto.
Tampoco hay lugar a revocar la sentencia apelada por los argumentos expuestos
por la Administradora Colombiana de Pensiones, en tanto la Sala considera que
es esa entidad la encargada de reconocer y pagar el derecho reclamado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 12 de febrero del 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por el señor Rowinson Suárez Ayala en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, que accedió parcialmente

53 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 13001 23 33 000 2016 00431 01 (3474-2022)
Demandante: Rowinson Suárez Ayala

a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones explicadas en la
parte motiva de esta decisión.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen y previas las anotaciones en el portal Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IBAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
LBC

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SBZ

33

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