República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-00594-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República – reiteración
jurisprudencial. Subtema 1: carácter no salarial de la prima especial. Subtema 2: carácter
irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante, UGPP) contra la sentencia
proferida el 26 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la
cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Fanny María Peña Miranda, en calidad de juez de la República, solicitó la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales y pensionales con la inclusión de la
prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. El tribunal
accedió a las pretensiones, al determinar que la prima especial del 30% es un
emolumento adicional a la remuneración salarial y constituye factor para la
reliquidación de la pensión de vejez. La sentencia apelada será confirmada con la
precisión de que proceden los descuentos de aportes para pensión.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Fanny María Peña Miranda, por conducto de apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la UGPP,
de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan1:
2.1.1. Pretensiones
2. La parte demandante solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones RDP
037115 del 11 de septiembre de 2015, expedida por la UGPP, mediante la cual negó
la reliquidación de la pensión de vejez; RDP 052641 del 11 de diciembre de 2015, que
resolvió el recurso interpuesto contra la anterior decisión; la Resolución 051 del 7 de
enero de 2016, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que
negó el reconocimiento y pago de diferencias salariales y prestacionales; y el acto ficto
o presunto negativo frente al recurso de apelación presentado contra esta última.
3. Asimismo, solicitó la nulidad parcial de la Resolución RDP 013490 del 19 de
marzo de 2013, por medio de la cual la UGPP reconoció y liquidó su pensión de vejez.
4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó la modificación
del acto de reconocimiento pensional para que se reliquide su pensión con la inclusión
de la prima especial de servicios, así como el reconocimiento y pago de los reajustes
salariales, prestacionales y demás conceptos derivados de la aplicación de la Ley 4 de
1992 y la Ley 270 de 1996.
5. Igualmente, pidió que se condene a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial al pago de los reajustes causados durante el tiempo en que ejerció como juez
de la República, estimados en $74.967.536, y a la UGPP al pago de las diferencias
pensionales causadas desde el reconocimiento de la pensión mediante la Resolución
RDP 013490 del 19 de marzo de 2013, por valor de $68.197.170, junto con las sumas
que se siguieran causando. También solicitó que las mesadas futuras fueran
reliquidadas y que los valores reconocidos fueran actualizados conforme a los artículos
187, 188 y 192 del CPACA.
2.1.2. Hechos
6. La demandante se desempeñó como juez de la República entre el 1 de marzo
de 2009 y el 31 de octubre de 2012, en distintos despachos judiciales. Posteriormente,
mediante la Resolución RDP 013490 del 19 de marzo de 2013, se le reconoció la
pensión de vejez con base en la asignación mensual más alta devengada en el último
año de servicio, con efectos a partir del 30 de marzo de 2012.
7. Sostuvo que, conforme a la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, la
prima especial de servicios equivale al 30% de la asignación básica salarial de los
jueces y tiene incidencia salarial. Sin embargo, afirmó que la Dirección Ejecutiva de
1 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp. 1 a 57
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Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
Administración Judicial la ha liquidado de manera incorrecta al no reconocerle dicho
carácter salarial, lo que habría afectado su ingreso base de liquidación y, como
consecuencia, sus prestaciones y pensión.
8. Indicó que esta postura ha sido respaldada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado que ha reconocido el carácter salarial de la prima especial de servicios.
9. Agregó que presentó derechos de petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la UGPP mediante los cuales solicitó la reliquidación, pero
ambas entidades negaron sus pretensiones al considerar que no era procedente
realizar pagos adicionales o que no eran competentes para su reconocimiento.
10. Frente a dichas decisiones, interpuso recursos de apelación que fueron
resueltos de manera desfavorable o configuraron silencio administrativo negativo.
Finalmente, intentó una conciliación extrajudicial, la cual resultó fallida, por lo que se
expidió constancia de no acuerdo, el 15 de junio de 2016.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 53 y
58 de la Constitución Política; 2 y 14 Ley 4 de 1992; 152, numeral 7 y 157 de la Ley
270 de 1996.
12. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante argumentó que la
interpretación dada a la prima especial de servicios por la Rama Judicial y la UGPP
vulneraba los artículos 1 y 2 de la Constitución, pues en lugar de representar un
incremento salarial para los funcionarios judiciales, se incorporaba a la asignación
básica sin aumentar los ingresos reales. Esto generaba una disminución en los efectos
salariales, prestacionales y pensionales, afectando las condiciones dignas y justas de
trabajo.
13. Sostuvo que la interpretación aplicada por las entidades demandadas resulta
contraria a la finalidad de la Ley 4 de 1992, ya que transforma una medida de nivelación
salarial en un mecanismo que reduce beneficios laborales. Además, planteó una
vulneración al derecho a la igualdad, debido a que algunos funcionarios obtuvieron la
reliquidación de sus salarios y prestaciones mediante decisiones judiciales, mientras
que a otros se les negó el mismo reconocimiento pese a encontrarse en idénticas
condiciones.
14. Afirmó que la interpretación adoptada por el Gobierno Nacional, la Rama
Judicial y la UGPP desconoce tanto la Constitución como la finalidad de la Ley 4 de
1992. Igualmente, citó pronunciamientos del Consejo de Estado que concluyeron que
la prima especial de servicios fue creada para aumentar la remuneración de los
funcionarios y no para disminuir los efectos salariales de una parte de sus ingresos,
pues ello afecta directamente sus prestaciones sociales.
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Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Rama Judicial
15. La entidad accionada se opuso a las pretensiones al considerar que carecían
de fundamento jurídico, ya que los salarios y prestaciones sociales habían sido
pagados conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus decretos
reglamentarios2.
16. Sostuvo que la Resolución No. 051 de 2016 fue expedida de conformidad con
las normas constitucionales y legales vigentes, en especial la Ley 4 de 1992, por lo
que consideró que no existe ningún vicio de nulidad. Asimismo, señaló que el
Congreso de la República había facultado al Gobierno Nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos y citó el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, que estableció una prima especial sin carácter salarial para determinados
funcionarios de la Rama Judicial, interpretación que, según indicó, había sido
respaldada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-279 de 1996.
2.2.2. UGPP
17. La entidad se opuso a todas las pretensiones formuladas por la señora Fanny
María Peña Miranda. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que no tenía competencia para reconocer prestaciones laborales ni resolver
controversias derivadas de la relación entre la Rama Judicial y sus funcionarios.
Sostuvo que su función se limitó a administrar la pensión de vejez reconocida a la
demandante con fundamento en los factores salariales efectivamente certificados y
percibidos durante su vida laboral3.
18. Asimismo, señaló que las solicitudes administrativas elevadas por la señora
Fanny María Peña Miranda fueron atendidas conforme al marco normativo vigente y
que la prestación reconocida se ajustó a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y sus
modificaciones.
19. Igualmente, afirmó que no existe fundamento jurídico para las pretensiones de
la demanda, toda vez que la pensión había sido reconocida mediante actos
administrativos debidamente motivados y con observancia de las normas aplicables.
En ese sentido, sostuvo que la liquidación debía efectuarse con base en el promedio
de lo devengado durante los últimos diez años de servicio y rechazó cualquier
pretensión económica adicional, al estimar que no adeudaba suma alguna a la
2Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp.78 a 88
3 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp.123 a 132
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
demandante y que todas sus actuaciones estuvieron amparadas por la presunción de
legalidad y el principio de buena fe.
20. De igual forma, argumentó que no resultaba procedente incluir factores
salariales sobre los cuales no se hubieran realizado aportes pensionales, pues ello
contrariaba las reglas que rigen el sistema de seguridad social.
21. Finalmente, planteó la excepción de prescripción respecto de aquellas
reclamaciones que no hubieran sido ejercidas dentro de los términos legales
establecidos, por considerar que la exigibilidad de tales derechos dependía de su
reclamación oportuna.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del 26 de enero de 2024, resolvió4:
Primero: declarar la nulidad de la Resolución No. 051 del 07 de enero de 2016 y del
acto ficto o presunto negativo de confirmación, expedidos por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por la cual negó el reconocimiento
y pago de diferencias salariales y prestaciones sociales a la señora Fanny María Peña
Miranda.
Segundo: declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 013490 del 19 de marzo de
2013, por la cual se reconoció y liquidó la pensión de la actora, así como, la NULIDAD
TOTAL de la Resolución 037115 del 11 de septiembre de 2015 y la Resolución RDP
052641 del 11 de diciembre de 2015, mediante las cuales se negó la reliquidación de
la pensión de vejez, todas expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social.
Tercero: condenar a la Nación- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
RECONOCER Y PAGAR a favor de la demandante, Dra. Fanny María Peña Miranda
por el tiempo comprendido desde el catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012) hasta
el treinta y uno (31) de octubre del mismo año, las diferencias dejadas de percibir por
el no pago de la prima especial del 30% del salario y/o asignación básica, de que trata
el artículo 14 de la ley 4 de 1992, entendida como un adicional a la asignación básica
mensual; en consecuencia se le ordena a la DEAJ a RELIQUIDAR Y PAGAR todas las
prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica mensual, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial, teniendo en cuenta
que únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del
sistema General de pensiones y del Sistema general de Seguridad Social en Salud en
los términos de la ley 797 de 2003.
Cuarto: condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social, a RELIQUIDAR Y PAGAR la pensión
de vejez que percibe la señora Fanny Peña Miranda, así como, las diferencias que
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Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 23Sentencia
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Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
surjan entre lo que se le ha pagado por concepto de mesadas pensionales y lo que
debió haberse pagado al hacer la liquidación en los términos de los artículos 2 y 14 de
la Ley 4 de 1992 y al decreto 546 de 1971, en el sentido de incluir el 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
Quinto: declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de los
derechos laborales, conforme a lo indicado en la parte motiva, teniendo como prescritos
los derechos causados desde el trece (13) de marzo de dos mil doce (2012) hacia atrás.
Sexto: declarar no probadas las demás excepciones propuestas por la Nación-
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial- Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Séptimo: ordenar que se hagan los descuentos de la ley a la parte demandante,
respecto a las sumas que reciba tras la reliquidación que se dispone en la parte motiva
de este proveído.
Octavo: ordenar a la Nación- Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial- Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
Protección Social a actualizar el valor de las sumas de dinero adeudadas al
demandante, en los términos del CPACA, dando aplicación la fórmula matemática de
indexación utilizada por el Consejo de Estado, relacionada en la parte considerativa de
esta sentencia.
Noveno: condenar a la Nación- Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial-
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
Protección Social a pagar al demandante los intereses moratorios contemplados en el
inciso tercero del artículo 192 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que se causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia
hasta la fecha en que produzca el pago de las condenas.
Noveno: [sic] abstenerse a condenar en costas conforme lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
[…]
23. Consideró que el salario asignado por la Rama Judicial a la señora Fanny Peña
Miranda entre los años 2009 y 2012 correspondió aproximadamente al 70% del valor
legal establecido para los jueces municipales. Advirtió que la prima especial no fue
reconocida como factor salarial, lo que generó una desmejora de sus derechos
laborales.
24. Determinó que las diferencias salariales debieron ser sobre el 100% de la
asignación básica, más el 30% excluido de la prima especial de servicios como factor
salarial, conforme a la Ley 4 de 1992.
25. Precisó que la prescripción de los derechos laborales en el sector público
operaba en un término de tres años desde la exigibilidad del derecho y que se
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
interrumpía con la presentación de una reclamación escrita ante la entidad
competente.
26. Estableció que, como la reclamación administrativa fue presentada el 13 de
marzo de 2015, los derechos causados antes del 13 de marzo de 2012 se encontraban
prescritos. Aclaró que los aportes pensionales no estaban sujetos a prescripción.
2.4. Recurso de apelación
27. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes descrita.
Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones5:
28. Sostuvo que el juez de primera instancia no analizó adecuadamente la situación
pensional de la demandante bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, a pesar de que este argumento había sido planteado durante el
trámite del proceso.
29. La entidad argumentó que, conforme a la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2018, el régimen de transición únicamente protegía los
aspectos relacionados con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, mas
no el ingreso base de liquidación. Por esta razón, consideró que la reliquidación
ordenada por el juez desconoció la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso.
30. Igualmente, manifestó que el factor correspondiente al 30% de la prima especial
no debía incluirse en el ingreso base de liquidación, toda vez que no existía prueba de
que sobre dicho concepto se hubieran efectuado aportes al sistema de pensiones.
Señaló, además, que la jurisprudencia vigente exigía que solo se tuvieran en cuenta
para la liquidación pensional aquellos factores salariales respecto de los cuales se
hubieran realizado las respectivas cotizaciones.
31. De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de mantenerse la reliquidación, se
ordene efectuar los descuentos correspondientes a los aportes no realizados sobre los
factores incluidos en la liquidación y que se declare la prescripción de las diferencias
pensionales causadas con más de tres años de anterioridad a la reclamación.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. El despacho sustanciador, mediante auto del 27 de abril de 20266, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 26 de
enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces. Asimismo,
inadmitió el recurso presentado por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial por ausencia de sustentación y ordenó notificar personalmente
5 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400,
31RecursoApelacionUGPP
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Samai, índice 4.
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
al procurador delegado ante el Consejo de Estado y a las partes, de conformidad con
lo previsto en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080
de 2021. El expediente ingresó al despacho sin que las partes ni el Ministerio Público
realizaran pronunciamiento alguno7.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer el presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA que
le confiere el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
34. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
35. ¿La inclusión del 30% correspondiente a la prima especial de servicios en el
ingreso base de liquidación pensional resultaba procedente, aunque no se hubieran
efectuado aportes sobre dicho porcentaje al sistema de pensiones?
36. ¿Operó la prescripción trienal sobre las diferencias pensionales reclamadas,
conforme a la fecha de presentación de la reclamación administrativa?
37. Para resolver los interrogantes planteados, a continuación, se realizan algunas
consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la
Nación, Rama Judicial. Luego, en el acápite de análisis del caso concreto, se
resolverán los problemas formulados.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. De la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
38. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
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Samai, índice 8.
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Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
39. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 19938 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
40. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones9, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
41. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de
los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».
8 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
9
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
42. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»10.
43. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»11.
44. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7.° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
45. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-
00(121-03).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
00(1831-07).
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»12. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 13.
46. Posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica»14.
En este escenario, estableció unos criterios de interpretación del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, en el siguiente orden:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-
00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
13 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18).
11
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80 % es un piso y un techo.
47. Frente a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el cómputo
de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el momento en
que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la prescripción,
para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito), contar 3 años hacia
atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción».
48. En lo atinente a la exigibilidad precisó que «el hecho constitutivo del derecho a la
prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…) En consecuencia, desde el 7 de
enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».
49. Por último, en sentencia del 9 de abril de 202415, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
9 de abril de 2024, exp. 11001032500020190060900(4735-2019).
12
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
50. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque la demandante no planteó argumentos específicos para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.4. Hechos probados
51. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra
acreditado lo siguiente:
52. La señora Fanny Peña Miranda laboró en la Rama Judicial desde el 1.º de julio
de 1989 hasta el 31 de octubre de 2012, conforme a la certificación expedida por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Bolívar, de fecha 22 de
septiembre de 201516.
53. La UGPP, mediante la Resolución RDP 013490 del 19 de marzo de 2013,
reconoció pensión de vejez a la señora Fanny Peña Miranda conforme al Decreto 546
de 1971, equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación conformado por la
asignación mensual más elevada devengada en el último año, razón por la cual le
reconoció una mesada pensional de $5.709.64717.
54. A través de la Resolución RDP 037115 del 11 de septiembre de 2015, la UGPP
negó la solicitud de reliquidación pensional presentada por la señora Fanny Peña
Miranda el 27 de abril de 2015, al considerar que el factor correspondiente a la prima
especial de servicios establecido en la Ley 4 de 1992 le correspondía ser reconocido
por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena y que, una vez
reconocido, debía reflejarse en el certificado de factores salariales expedido por la
entidad competente, con la firma del funcionario encargado, en este caso el tesorero
o pagador, lo que permitía su inclusión en la liquidación de la prestación18.
55. Por medio de la Resolución RDP 052641 del 11 de diciembre de 2015, la UGPP
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora Fanny Peña Miranda contra
la Resolución RDP 037115 del 11 de septiembre de 2015, mediante la cual confirmó
dicha decisión19.
56. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, mediante la
Resolución 051 del 7 de enero de 2016, resolvió la petición presentada por la señora
Fanny María Peña Miranda en la que solicitó la reliquidación de la asignación básica y
16 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp.22 a 23
17 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059 (.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp. 25 a 29
18 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp 31 a 33
19 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp 34 a 41
13
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
las prestaciones sociales de conformidad con los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992,
y negó dicha solicitud20.
57. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de apelación21. No
obstante, la entidad demandada, a la fecha de presentación de la demanda no había
resuelto el mismo.
58. A partir de la certificación de los factores salariales22 devengados por la
demandante, atinentes a algunos de los años en los que se desempeñó como juez
municipal y circuito, se tiene que recibió la asignación básica y la prima especial, así:
Vigencia Asignación Prima especial de
básica servicios
2009 $3,081,095.00 $924,329.00
2010 $3,158,123.00 $947,437.00
2011 $3,258,236.00 $977,471.00
201123 $4,192,625.00 $1,257,788.00
2012 $3,421,148.00 $1,026,345.00
Tabla 1. Prima especial
59. De la anterior tabla, además de evidenciarse que la remuneración mensual
establecida por el Gobierno nacional fue fraccionada en asignación básica y prima
especial, también se destaca que la anterior prima se calculó sobre la base del 30 %
del concepto de asignación básica24, más no de la suma establecida por el Gobierno
nacional para cada año.
3.5. Caso concreto
60. La señora Fanny Peña Miranda demanda la nulidad de las resoluciones
expedidas por la UGPP y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
mediante las cuales se niega la reliquidación de su pensión de vejez y de sus
prestaciones sociales. Solicita, a título de restablecimiento del derecho, la inclusión de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor
salarial, la reliquidación de su pensión, el reconocimiento y pago de diferencias
salariales y pensionales, así como la actualización e intereses correspondientes.
61. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó la reliquidación de las
20 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp. 47 a 50
21 Samai, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020160059(.zip), 13001233300020160059400, 01
CuadernoPrincipal, pp.52 a 57
22 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 39, documento «5_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 39»,
folios 26 al 32.
23 «13/07/2011 al 30/11/2011 juez circuito»
24 Esto puede comprobarse al tomar el rubro de asignación básica de cada año y multiplicarlo por el 30%, cuyo
resultado es el equivalente a la prima especial de la respectiva anualidad.
14
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Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
prestaciones sociales y de la pensión con inclusión del 30 % de la prima especial sobre
el 100 % de la asignación básica mensual. Dispuso el pago de las diferencias
causadas, la indexación y los intereses moratorios; ordenó realizar los descuentos de
ley y declaró probada la prescripción trienal respecto de los derechos causados con
anterioridad al 13 de marzo de 2012.
62. La UGPP apeló la decisión al sostener que el régimen de transición no protege
el ingreso base de liquidación, sino únicamente la edad, el tiempo de servicio y el
monto de la pensión. Afirma que el 30 % de la prima especial no integra el ingreso
base de liquidación por ausencia de aportes al sistema de pensiones y sostiene que la
entidad actuó conforme a los decretos salariales vigentes. Solicita, de manera
subsidiaria, la aplicación de descuentos por cotizaciones no realizadas, la declaratoria
de prescripción de las diferencias anteriores a tres años y la revocatoria de la condena
en costas.
63. La Sala aclara que el debate probatorio en el presente asunto se circunscribe al
estudio del reconocimiento de la prima especial de servicios y los efectos que dicha
prestación genera en la reliquidación de la pensión de la demandante. Por tanto, no se
encuentra en discusión el hecho de que a la actora le hubiese sido reconocida la
pensión de jubilación conforme a lo previsto en el Decreto 546 de 1971, pues dicho
aspecto no constituye materia de controversia dentro del presente proceso, contrario
a lo solicitado por la UGPP.
64. Por tanto, el análisis se limita a determinar si la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 se reconoce como factor salarial para la
reliquidación de la pensión de vejez, si su inclusión en el ingreso base de liquidación
resulta procedente aun cuando no existen aportes al sistema de pensiones, y si opera
la prescripción trienal respecto de las diferencias pensionales reclamadas.
65. Para resolverlo, se tiene acreditado que la demandante laboró en la Rama
Judicial entre el 1.º de julio de 1989 y el 31 de octubre de 2012, según certificación
expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Bolívar,
de fecha 22 de septiembre de 2015.
66. También se encuentra probado que la UGPP le reconoció pensión de vejez
mediante Resolución RDP 013490 del 19 de marzo de 2013, con un ingreso base de
liquidación equivalente al 75 % del salario más alto del último año de servicios, lo que
arrojó una mesada de $5.709.647.
67. Igualmente, se acredita que la UGPP negó la reliquidación solicitada mediante
Resolución RDP 037115 del 11 de septiembre de 2015 y confirmó dicha decisión
mediante Resolución RDP 052641 del 11 de diciembre de 2015. En el mismo sentido,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena negó la reliquidación
de la asignación básica y prestaciones mediante Resolución 051 del 7 de enero de
2016. Finalmente, se encuentra demostrado que la demandante percibió durante su
15
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
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vinculación la asignación básica y la prima especial de servicios, la cual se calculó en
cada vigencia en proporción del 30 % de la asignación básica, tal como se observa en
la certificación de factores salariales.
68. De la valoración de estas pruebas se establece que la remuneración mensual
de la demandante se fraccionó en asignación básica y prima especial, sin que esta
última correspondiera a un pago autónomo distinto del salario, sino a un componente
del mismo que fue separado. Esta situación evidencia la aplicación de un
fraccionamiento salarial que implicó la exclusión del 30 % de la base salarial para
efectos prestacionales y pensionales. En ese contexto, se tiene que la interpretación
adoptada por las entidades demandadas desconoció la finalidad del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, conforme a la cual la prima especial no puede traducirse en una
reducción de los efectos salariales de la remuneración total.
69. La Sala precisa que, de conformidad con los cargos de la apelación y el sustento
normativo tanto de esta providencia como de la sentencia de primera instancia, la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye un factor salarial
por mandato legal.
70. Ahora bien, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
constituye salario para liquidar la pensión, lo que implica el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones, los cuales son irrenunciables25 e imprescriptibles26.
Esta circunstancia supone el deber en cabeza de los jueces de instancia de ordenar
su reconocimiento en consonancia con el restablecimiento del derecho al que haya
lugar en un determinado caso, para efectos de evitar que se vulnere el derecho
fundamental a la seguridad social y las garantías constitucionales que lo protegen.
71. Además, la Sala advierte que en el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia se ordenó efectuar los aportes a pensión y a salud sobre la prima especial
del 30% del salario y/o asignación básica, al establecer que dicho porcentaje, excluido
a título de prima especial, constituye factor salarial para efectos del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, en los términos de la Ley 797 de 2003; por lo tanto, al haberse
reconocido judicialmente su carácter salarial, dicha prima integra la base de cotización,
en cuanto sobre ella recae la obligación de efectuar los aportes al Sistema de
Seguridad Social.
25 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
72. En este sentido, la Sala, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026,
consideró que la entidad demandada únicamente debía efectuar el pago de los aportes
pensionales «[...], tomando como base de cotización el 100 % de la asignación básica
más el 30 % de la prima especial de servicios, por todo el período durante el cual se
desempeñó como juez y mientras tuvo derecho a percibir dicha prestación».
73. Respecto de la prescripción, se encuentra demostrado que la reclamación
administrativa fue presentada el 13 de marzo de 2015, por lo que operaría la
prescripción trienal sobre las diferencias causadas con anterioridad al 13 de marzo de
2012, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969. No obstante, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento pensional se
efectuó mediante la Resolución RDP 013490 del 19 de marzo de 2013 y, de acuerdo
con la certificación expedida, el causante laboró hasta el 31 de octubre de 2012. En
consecuencia, al estar acreditado que la consolidación del derecho pensional y la
finalización del servicio ocurrieron con posterioridad al período considerado para
efectos de la prescripción, no se configura sobre las diferencias de la mesada
pensional reclamadas, razón por la cual estas resultan exigibles.
74. En ese sentido, la Sala únicamente adicionará el numeral cuarto para establecer
que la UGPP podrá adelantar el trámite correspondiente para lograr el pago de los
aportes pensionales derivados del reajuste de la prima especial a cargo de la entidad
empleadora.
3.6. Conclusiones
75. Por lo expuesto se concluye que la ausencia de aportes sobre la prima especial
no impide su inclusión en la liquidación pensional, dado que tales cotizaciones pueden
ser objeto de recaudo posterior por motivo del carácter salarial de dicho emolumento
y por la naturaleza irrenunciable e imprescriptible de los mismos.
3.7. Costas
76. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Adicionar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, que
quedará así:
CUARTO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social, a RELIQUIDAR Y PAGAR la pensión
de vejez que percibe la señora Fanny Peña Miranda, así como, las diferencias que
surjan entre lo que se le ha pagado por concepto de mesadas pensionales y lo que
debió haberse pagado al hacer la liquidación en los términos de los artículos 2 y 14 de
la Ley 4 de 1992 y al decreto 546 de 1971, en el sentido de incluir el 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
La UGPP podrá adelantar el trámite correspondiente para lograr el pago de los aportes
derivados del reajuste de la prima especial a cargo de la entidad empleadora;
atendiendo también que, en ningún caso pueden superarse el tope máximo de
remuneración establecido por el Gobierno nacional.
Segundo. Confirmar, en lo demás, la sentencia apelada, de acuerdo con los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-00594-02 (0953-2026)
Demandante: Fanny María Peña Miranda
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro.
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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