Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00715-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00715-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-00715-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)
Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Tema: Reconocimiento pensión gracia docente oficial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, Edilsa del Socorro Jiménez Ayala presentó una
demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones i)
1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante CPACA, «(p)or medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)
Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
RDP 7105 del 18 de febrero de 2016, por medio de la cual la asesora grado 16
con asignación de funciones de subdirector de determinación de derechos
pensionales de la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP
23531 del 24 de junio de 2016, suscrita por el director de este ente de previsión,
que confirmó el anterior acto administrativo al resolver el recurso de apelación
interpuesto en su contra.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en
cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de la asignación básica y
demás factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional; ii) ordenar el reajuste y la indexación de las
sumas adeudadas, así como el pago de los intereses a que haya lugar; iii) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iv)
condenar en costas al ente de previsión demandado.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Edilsa del Socorro Jiménez Ayala nació el 20 de marzo de 1958 y laboró
como docente en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina entre el 29 de marzo de 1978 y el 16 de julio de 1979 y en el
distrito de Cartagena desde el 18 de mayo de 1994 al 8 de abril de 2016,
esto es, por más de 20 años, periodo en el que se desempeñó con
honradez, idoneidad y buena conducta.
• El 30 de noviembre de 2015, solicitó a la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia, la cual le fue negada a través de la Resolución RDP 7105
del 18 de febrero de 2016, expedida por la asesora grado 16 con
asignación de funciones de subdirector de determinación de derechos
pensionales, acto administrativo que fue confirmado por el director de
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
pensiones mediante la Resolución RDP 23531 del 24 de junio de 2016 al
resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228
y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116
de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:
Los actos demandados desconocieron que, de acuerdo con las normas que
regulan la pensión gracia -Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989-, le asiste el derecho
al reconocimiento de la prestación, toda vez que demostró el cumplimiento de los
requisitos allí exigidos, pues cuenta con más de 50 años de edad y 20 años de
labores como docente oficial con carácter nacionalizado al servicio del
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Distrito de
Cartagena, iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación4:
La demandante no tiene derecho a la pensión gracia, pues no demostró 20
años de servicio en la docencia oficial con carácter territorial o
nacionalizado, pues los tiempos laborados a partir de 1994 fueron servidos
bajo la dependencia de autoridad nacional, tiempo que no puede ser
computado para efectos de obtener la prestación.
3 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 3 a 8.
4 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 75 a
84.
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, mediante sentencia
proferida el 29 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, para
lo cual declaró la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenó a la
UGPP reconocer a la demandante la pensión gracia en cuantía del 75% del
promedio mensual de todos los conceptos legales devengados en el último año
anterior a la adquisición del estatus pensional, a partir del 1.º de octubre de 2013.
Dispuso, asimismo, el ajuste de las sumas de dinero que resulten de conformidad
con el artículo 187 del CPACA y el cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 ibidem; y que no operó el fenómeno jurídico de la
prescripción y la procedencia de la condena en costas a la parte vencida.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:
• Luego de analizar la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, así
como la situación fáctica expuesta, la demandante cumple con los
requisitos exigidos por la norma para el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, habida cuenta que demuestra más de 50 años de edad, se
vinculó como docente oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
acredita un tiempo superior a 20 años de labores como maestra de carácter
nacionalizado y territorial y su desempeño fue con honradez y decoro.
• Lo anterior, en consideración a que nació el 20 de marzo de 1958, de
manera que cumplió la edad de 50 años el 20 de marzo de 2008, y se
desempeñó como docente de carácter nacionalizado y territorial al servicio
del departamento de San Andrés y Providencia entre el 29 de marzo de
1978 y el 16 de julio de 1979 y del Distrito de Cartagena del 18 de mayo de
1994 al 23 de abril de 2019, nombramientos que fueron efectuados por el
secretario de educación y el alcalde de estos entes territoriales,
5 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 192 a
207.
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
respectivamente. Aunado a ello, no figura dentro del plenario prueba alguna
que desvirtué que su desempeño fue con honradez y consagración.
• Entre la fecha de causación del derecho y la reclamación administrativa no
transcurrieron más de 3 años, como tampoco entre la solicitud y la
presentación de la demanda. Por lo tanto, no se configuró el fenómeno
jurídico de la prescripción, en atención a lo dispuesto en los artículos 41 y
102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
• Hay lugar a la condena en costas al ente de previsión demandado, en la
medida de su comprobación, en consideración a las previsiones de los
artículos 188 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en los artículos
365 y 366 de Código General del Proceso6.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación7 y lo sustentó así:
• La sentencia proferida por el a quo desconoció que Edilsa del Socorro
Jiménez Ayala incumple con los requisitos exigidos por las normas que
regulan la prestación para su concesión, dentro de las que se encuentran
las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, dado que no registró experiencia
como docente oficial con carácter territorial o nacionalizado por 20 años,
pues los tiempos servidos a partir de 1994 fueron de carácter nacional.
• La entidad ha obrado con honorabilidad procesal sin realizar actos dilatorios
o temerarios y por ello no debió condenarse en costas.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6 En lo sucesivo CGP, «(p)or medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan
otras disposiciones».
7 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF)NroActua2, folios 219 a
228.
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
La UGPP presentó alegatos en los que señaló que los tiempos laborados por la
actora deben ser desestimados para los efectos del reconocimiento pretendido,
comoquiera que, a la luz de la documental, se trata de una docente del orden
nacional, en tanto que sus salarios fueron pagados con recursos provenientes del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
La demandante guardó silencio.
1.6. El Ministerio Público
No se pronunció en la instancia procesal.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Establecer si ¿la demandante cumple con los requisitos para el reconocimiento de
la pensión gracia, especialmente en lo que tiene que ver con los 20 años de
servicios como docente de carácter nacionalizado o territorial?
Asimismo, determinar si ¿es procedente la condena en costas impuesta, en
primera instancia, a la parte vencida?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia
La Ley 114 de 19138, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20
8 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación9, señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal
diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública
primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la
secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así12:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni
recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte
de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197513 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de
198914, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia,
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200015 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos
que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas
concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada
quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada
o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de
la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala16 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
13 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y
se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
16 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio». (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó
esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (3805-
2014).
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pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial».
En la misma línea, esta sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202219, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».20
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) 20
años en el servicio educativo en una plaza territorial -antes del 31 de diciembre de
1980-, o nacionalizada y pueden acumular los tiempos con los laborados con
posterioridad y, (ii) no se puede exigir haber completado los requisitos antes del 31
de diciembre de 1989. Asimismo, no se requiere que el tiempo de servicio sea
continuo, toda vez que lo importante es la acreditación de la plaza.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado, respecto de Edilsa del Socorro Jiménez
Ayala, lo siguiente:
Nació el 20 de marzo de 195821.
A través del Decreto 56 del 14 de febrero de 197822, expedido por el intendente
especial y el secretario de educación de San Andrés y Providencia, junto con el
delegado ante el FER, fue nombrada como profesora de categoría de primaria en
la Escuela Misión Cristiana a partir del 20 de febrero de 1978, cargo del que tomó
posesión según consta en el acta 171 del 29 marzo de 197823.
El profesional especializado del Grupo de Desarrollo y Control de Talento Humano
de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Gobernación del departamento
21 Según cédula de ciudadanía visible en el índice 2 de SAMAI, documento
ED_ACTUACIONE_02ANEXOS(.PDF) N roActua 2, folio 94.
22 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_02ANEXOS(.PDF) NroActua2, folios 17 y 18.
23 Ibidem, folios 23 y 24.
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)
Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina expidió el 24 de agosto
de 2015 el certificado 25024, en el que hace constar lo siguiente:
«Que, según información en carpeta de historia laboral, el/la señor/a JIMENEZ AYALA
EDILSA DEL SOCORRO (…), prestó sus servicios como EMPLEADO PÚBLICO en la
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina desde el 20 de FEBRERO de 1978, hasta el 16 de JULIO de 1979, ocupando
el cargo de PROFESORA».
De acuerdo con el formato 1 certificado de información laboral expedido el 24 de
agosto de 201525 por la Gobernación del departamento del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina se observa que prestó sus servicios así:
Periodo de vinculación laboral Entidad empleadora Cargo /
Desde Hasta observaciones
Día Mes Año Día Mes Año
20 2 1978 16 7 1979 Gobernación Profesora
departamental
De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido el 21 de junio de 201626 por la Secretaría de Educación del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se
observa que ostentó vinculación del orden nacionalizado como docente en propiedad
del nivel primaria y con los siguientes tiempos de servicios:
Acto Administrativo Novedad Desde Hasta
Decreto 56 de 14/02/1978 Nombramiento I.E. Flowers 29/03/1978 16/07/1979
Hill
Decreto 231 de 11/07/1979 Renuncia
Total tiempo laborado 17 días, 3 meses, 1 año
El intendente especial y el secretario de educación del departamento del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto con el delegado
ante el FER, expidieron el Decreto 231 del 11 de julio de 197927, a través del cual
24 Ibidem, folio 30.
25 Ibidem, folio 38.
26 Ibidem, folios 92 a 93.
27 Ibidem, folios 142 a 143.
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)
Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
aceptaron su renuncia al cargo de profesora de la Escuela Misión Cristiana a partir
del 16 de julio de 1979.
Por medio del Decreto 426 del 4 de mayo de 199428, expedido por el alcalde y el
secretario de educación del distrito de Cartagena, en ejercicio de las facultades que
le confería el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y en virtud de un convenio de
cofinanciación celebrado entre el ente territorial y la Fiduciaria del Estado, fue
nombrada como maestra de primaria en una escuela oficial para proveer una de las
plazas creadas por el Decreto Distrital 423 del 4 de mayo de 1994, cargo del que
tomó posesión según acta 31 del 18 de mayo de 199429.
De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el 23 de abril de 201930 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, se observa que laboró al servicio de la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena como docente en propiedad del nivel primaria y que ostentó
régimen de pensiones cofinanciado distrital, así:
Acto Administrativo Novedad Desde
Decreto 426 de Ingreso y reingreso Escuela de Acción 18/05/1994
04/05/1994 Comunal San Pedro y Libertad,
Cartagena, Bolívar
Decreto 264 de Traslados Escuela José María Córdoba 27/03/199832
27/03/199831 de Pasacaballos, Cartagena, Bolívar
Resolución 88 de Traslados Escuela Distrital de Loma 19/07/2001
19/07/200133 Fresca, Cartagena, Bolívar
Resolución 263 de Organización y distribución Escuela 06/11/2001
06/11/2001 Distrital de Loma Fresca, Cartagena,
Bolívar
Decreto 330 de Terminación funciones asignadas Escuela 10/05/2002
10/05/2002 Distrital de Loma Fresca, Cartagena,
Bolívar
Decreto 312 de Incorporaciones Institución Educativa Ana 20/05/2003
28 Ibidem, folios 31 a 33.
29 Ibidem, folio 25.
30 SAMAI, índice 2, documento ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.PDF) NroActua 2, folios 175
a 177.
31 Ibidem, folios 21 al 23.
32 Según Acta de posesión 237, visible en SAMAI, índice 2, documento
ED_ACTUACIONE_02ANEXOS(.PDF) NroActua 2, folio 144.
33 Ibidem, folio 83.
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
20/05/2003 María Vélez de Trujillo, Cartagena, Bolívar
Decreto 57 de Incorporaciones Institución Educativa Ana 23/01/2004
23/01/2004 María Vélez de Trujillo, Cartagena, Bolívar
Resolución 82 de Traslados Institución Educativa Nuevo 08/03/2005
08/03/200534 Bosque, Cartagena, Bolívar
Decreto 808 de Terminación comisión Institución 29/09/2006
29/09/2006 Educativa Nuevo Bosque, Cartagena,
Bolívar
Decreto 928 de Ascensos Institución Educativa Nuevo 01/01/2007
28/12/2006 Bosque, Cartagena, Bolívar
Resolución 700 de Terminación de Comisión Institución 09/03/2007
09/03/2007 Educativa Nuevo Bosque, Cartagena,
Bolívar
Resolución 3575 de Organización y distribución Institución 16/10/2007
16/10/2007 Educativa Nuevo Bosque, Cartagena,
Bolívar
Resolución 976 de Ascensos Institución Educativa Nuevo 21/07/2009
24/09/2009 Bosque, Cartagena, Bolívar
Decreto 1055 de Continuidad Institución educativa sede 01/05/2011
04/04/2011 José María Córdoba, Cartagena, Bolívar
Resolución 567 de Ascensos Institución educativa sede José 01/06/2011
01/06/2011 María Córdoba, Cartagena, Bolívar
Total tiempo de servicios 6 días, 11
meses y 24
años
El 29 de octubre de 201535 declaró con fines extraprocesales ante el Notario Primero
del Círculo de Cartagena lo siguiente: «(m)anifiesto que por más de 20 años he
desempeñado mi labor como docente, con idoneidad, consagración, y buena
conducta, nunca he tenido amonestaciones ni he sido sancionada».
La Procuraduría General de la Nación el 23 de noviembre de 201536 expidió el
certificado de antecedentes 77406121, en el que hace constar que no registra
inhabilidades ni sanciones vigentes.
A partir de lo anterior, se tiene que la demandante cumplió 50 años de edad el 20
de marzo de 2008, en razón a que nació en este día y mes de 1958, y fue
nombrada por el intendente especial y el secretario de educación del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto
34 Ibidem, folios 27 a 30.
35 Ibidem, folio 39.
36 Ibidem, folio 86.
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con el delegado ante el FER, a través del Decreto 56 del 14 de febrero de 1978,
como profesora de categoría de primaria en la Escuela Misión Cristiana, cargo que
desempeñó del 20 de febrero de 1978 al 16 de julio de 1979, cuando le fue
aceptada su renuncia mediante el Decreto 231 del 11 de julio de 1979, expedido por
dichos funcionarios, lo que denota su vinculación con carácter nacionalizado y con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Este periodo no fue objeto de
controversia.
Asimismo, que fue nombrada por el alcalde del Distrito de Cartagena a través del
Decreto 426 del 4 de mayo de 1994, en ejercicio de las facultades del artículo 9 de la
Ley 29 de 1989 y en virtud de un convenio de cofinanciación celebrado entre el ente
territorial y la Fiduciaria del Estado, como maestra de primaria en una escuela oficial
para proveer una de las plazas creadas por el Decreto Distrital 423 del 4 de mayo de
1994, inicialmente en la Escuela de Acción Comunal San Pedro y Libertad y, con
posterioridad, por traslado e incorporación, en otras instituciones educativas,
desde el 18 de mayo de 1994 hasta el 23 de abril de 201937, lo que le permitió
acreditar 24 años, 11 meses y 6 días de servicios al servicio de este distrito. Este es
el tiempo objeto de controversia.
Al respecto, resulta pertinente recordar que, según la sentencia de unificación del 21
de junio de 201838, el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es
lo importante para el reconocimiento de la pensión gracia, como también lo es que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales,
que se circunscribía a las situaciones administrativas de los docentes a quienes se
les dirigió la pensión gracia por definición.
Así, entonces, en el plenario militan pruebas documentales (decretos de
nombramientos, actas de posesión y certificaciones) que permiten verificar la
37 Fecha tomada de certificado visible en samai índice 2 folios 175 al 177
(ED_ACTUACIONE_01CCPRINCIPAL(.P DF) NroActua 2).
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (3805-
2014).
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prestación del servicio en una plaza territorial y en los cuales aparece como
suscriptor de los mismos una autoridad de este orden (alcalde del distrito de
Cartagena), que de acuerdo con las reglas de la jurisprudencia vigente denota la
calidad del lugar en el cual prestó sus servicios.
Si bien en el certificado expedido el 23 de abril de 2019 por el Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio se hace constar que la demandante tiene un régimen
pensional cofinanciado, lo cierto es que ello no modifica el carácter de su
vinculación, la cual fue para ocupar una plaza distrital, conforme lo expresó la
sentencia de unificación del 21 de junio de 201839. En tal sentido, la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que «el personal de educadores cofinanciados
por la Nación lo integran docentes departamentales, distritales o municipales, lo
cual depende de las plazas a las que se hayan vinculado»40 y que este tipo de
vinculación no da lugar a que se pierda la condición territorial del docente.
Es de resaltar, que el acto de nombramiento por el periodo en controversia,
suscrito por el alcalde del Distrito de Cartagena, fue expedido con fundamento en
el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar,
remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios
cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del
Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el
Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de
personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes.
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon
(…)».
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (3805-
2014).
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicado 52001-23-33-000-2017-00322-01(2315-19), M-
P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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En este orden, se observa que respecto del periodo objeto de discusión se tiene
probado en el plenario que ocurrió por cuenta de un acto administrativo proferido
por una autoridad del orden territorial, como lo es el alcalde del Distrito de
Cartagena, lo que se adecúa a lo planteado en la sentencia de unificación, según la
cual para la «(p)rueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales».
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 91 de 1989, respecto de
la calidad del docente territorial que señala que estos corresponden a los «(…)
vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975».
Así las cosas, de conformidad con lo señalado, es claro que la demandante se
desempeñó como docente nacionalizada desde el 20 de febrero de 1978 hasta el
16 de julio de 1979 y posteriormente como maestra del orden territorial desde 18 de
mayo de 1994 hasta el 23 de abril de 2019, lo que, contrario a lo manifestado por el
apelante, le permite acreditar en debida forma la vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 y más de 20 años de servicios en dichas calidades, lo que se
denota a partir de los actos administrativos y certificaciones expedidas por las
entidades nominadoras que dan cuenta con suficiente claridad el carácter de las
plazas a ocupar de acuerdo con la línea jurisprudencial de esta sección.
De este modo, la Sala observa que la actora cumple los requisitos necesarios para
acceder a la pensión gracia y, en consecuencia, sobre este aspecto se confirmará
la sentencia apelada.
2.5. Costas
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021)
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La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispone:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se revocará la condena en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
41En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Edilsa del Socorro
Jiménez Ayala cumple con los requisitos necesarios para acceder a la pensión
gracia, como son el haber prestado los servicios como docente de carácter
nacionalizado y territorial por más de veinte 20 años, contar con 50 años de edad
y observar buena conducta durante su desempeño docente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el numeral quinto de la sentencia dictada el 29 de mayo de
2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, en cuanto
condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, que accedió a
las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Edilsa del Socorro
Jiménez Ayala contra la UGPP, según lo considerado en esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Demandante: Edilsa del Socorro Jiménez Ayala
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
20
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