Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00803-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00803-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-00803-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)
Demandante: Juan José Carbonell Torres
Demandado: E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias
Tema: Solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas de
personal de salud transferido del Servicio Seccional de Salud de
Bolívar a la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 5, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Juan José Carbonell Torres presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del oficio del 11 de abril de 2016, a través del cual la entidad
demandada le negó el reconocimiento de los derechos establecidos en la
sentencia C-241 de 2014, por la cual al pronunciarse sobre la exequibilidad del
Decreto Ley 1399 de 1990, protegió a todos los trabajadores escindidos,
incorporados, cedidos o reincorporados en el proceso de organización del sector
salud territorial.
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Juan José Carbonell Torres
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de «los siguientes derechos económicos con ocasión del
respeto del tipo de vínculo laboral en el sector salud del Departamento de Bolívar, así:
prima de vacaciones de 20 días, vacaciones disfrute de días adicionales según el tiempo
de servicio, subsidio de transporte si se devenga un máximo de 3 smlmv, prima de navidad
de 35 días, prima de servicios de 20 días, bonificación por antigüedad en porcentaje del
salario devengado de acuerdo [con el] tiempo de servicio, dotación de uniformes y
calzado»; y ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:
3.1. El 16 de febrero de 1991 se suscribió un convenio interadministrativo entre el
departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena en donde se estableció el
respeto por los derechos laborales de los servidores públicos transferidos en el
proceso de reorganización del sector salud del Servicio Seccional de Salud de
Bolívar, con base en la Ley 10 de 1990 y el Decreto 1399 de 1990.
3.2. Con el Decreto 626 de 14 de agosto de 1991, el distrito de Cartagena – Fondo
Distrital de Salud incorporó a Juan José Carbonell Torres, entre otros servidores,
y con la Resolución 2217 de 1991 se les reconoció vacaciones, prima de
vacaciones en 20 días, subsidio de transporte superior al establecido para la
época, auxilio de alimentación superior al de la época, 20 días de prima de
servicios, prima de navidad en 35 y 33 días, según la asignación salarial.
3.3. Por medio de la Resolución 447 de marzo de 1992 se reconoció un beneficio
laboral al personal transferido al distrito de Cartagena, consistente en una
bonificación de antigüedad.
3.4. Con posterioridad el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias creó
varias empresas sociales del Estado para la prestación de servicios de salud, entre
ellas el Hospital Local de Cartagena, ente que el 29 de agosto de 2000 suscribió
acta de entrega del personal que había pasado del Servicio Seccional de Salud de
Bolívar al distrito, para incorporarlos sin solución de continuidad en la señalada
ESE.
3.5. El 29 de mayo de 2012, la Junta Directiva del sindicato «ANTHOC» Bolívar le
solicitó a la ESE, el cumplimiento y aplicación de los beneficios adquiridos de los
trabajadores y empleados de la empresa que venían transferidos sin solución de
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continuidad del departamento de Bolívar, Servisalud; Distrito de Cartagena,
DADIS; y ESE distritales.
3.6. El 17 de febrero de 2016, Juan José Carbonell Torres entre otros peticionarios,
le solicitaron a la ESE Hospital Local de Cartagena «la posibilidad de pago de los
derechos laborales pecuniarios, en los términos del orden jurídico constitucional, protegido
(sic) a todos los trabajadores escindidos, transferidos, incorporados, cedidos o
reincorporados en el proceso de organización del sector salud territorial, conforme al
precedente judicial de la sentencia C-241 de 2014, que se pronunció sobre la exequibilidad
del Decreto Ley 1399 de 1990». Esta reclamación se denegó con el acto acusado
[oficio del 11 de abril de 2016], al considerar que la entidad no estaba facultada
para reconocer y pagar sumas de dinero respecto de las cuales no existía certeza
o no estaban determinadas en forma clara al no encontrarse cuantificados, en tanto
ello se debía efectuar a través de «conciliación administrativa ante las respectivas
procuradurías delegadas y aprobada por el respectivo Juez Administrativo competente».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 53 y 243 de la Constitución Política; el
Código Sustantivo del Trabajo2; 3 y 4 del Decreto 1399 de 1990; y la sentencia C-
241 de 2014.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. El acto acusado fue expedido con desviación de poder, bajo una apariencia de
legalidad en la respuesta a la petición formulada, toda vez que «dejó de reconocer y
aplicar los artículos 3 y 4 del Decreto Ley 1399 de 1990, al no respetar la forma de
vinculación del demandante y los derechos salariales y prestacionales que tenía y fueron
cedidos por el Servicio Seccional de Salud de Bolívar, en el proceso de descentralización
y organización del sector salud en el Departamento de Bolívar […]» y «desconoc[ió] el
orden jurídico laboral de los trabajadores del sector salud a la luz del precedente judicial
obligatorio de la sentencia C-241 del 2014».
5.2. Asimismo la decisión acusada fue expedida con infracción de artículos 3 y 4 del
Decreto Ley 1399 de 1990, al no querer reconocerle los derechos económicos
laborales reconocidos en las resoluciones 276 del 20 de marzo de 1990, 001 del 1
de octubre del 2001, 447 del 18 de marzo de 1992, el Decreto 626 del 14 de agosto
de 1991 y el convenio interadministrativo suscrito entre el distrito de Cartagena y
el Servicio Seccional de Bolívar, con ocasión del proceso de descentralización en
2 En lo sucesivo CST
3 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo
«01.ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 3 a 11
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el sector salud.
1.2. Contestación de la demanda
6. La ESE Hospital Local de Cartagena de Indias se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente4:
6.1. La solicitud de los derechos a que se refiere la sentencia C-241 de 2014 no
constituye una adecuada y específica pretensión, pues el demandante nunca ha
determinado ni cuantificado razonablemente lo reclamado, así como tampoco
discriminó el monto de cada concepto y si comprendía vigencias pasadas o futuras,
máxime cuando no presentó «una estimación razonada de la cuantía, simplemente
señaló en “$282.997.897”, tomando como base de liquidación desde el año 2003», sobre
un salario de $5.773.389 en 2016, pese a que correspondía al percibido a la fecha
de presentación de la demanda.
6.2. La entidad en condición de órgano descentralizado del orden territorial ha
cumplido con el reconocimiento y pago de los derechos laborales de Juan José
Carbonell Torres, quien tiene la calidad de empleado público y fue incorporado sin
solución de continuidad desde el 1º de octubre de 2001, con efectos fiscales desde
el 1º de septiembre de ese año, por lo que a la fecha de presentación de la
demanda, e incluso la fecha de respuesta de la petición formulada y la solicitud
previa de conciliación, transcurrieron más de 15 años, razón por la cual se
configuró la prescripción extintiva de los derechos laborales pretendidos.
6.3. Con fundamento en lo anterior, formuló las excepciones que denominó inepta
demanda por falta de requisitos formales – falta de cumplimiento del requisito
previo de intento de conciliación; prescripción extintiva; carencia de bases
razonadas para la determinación de las pretensiones, legalidad, validez y firmeza
de los reconocimiento y pagos laborales cumplidos a favor del actor; falta de causa
para pedir y ausencia de desviación de poder en el acto que se indica en la
demanda.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, en sentencia del 13 de
diciembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
4 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo
«01.ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 122 a 136
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en costas a la parte vencida. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y
jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente 5:
7.1. De acuerdo con las actas aportadas al proceso del 9 de noviembre de 1987, 21
de agosto de 1991 y 21 de septiembre de 2000, se acreditó que el demandante se
posesionó en propiedad como médico en el Centro de Salud de Daniel Lemaitre;
pasó de empleado de la Gobernación del Departamento de Bolívar - Servicio
Seccional de Salud de Bolívar, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias - Fondo Distrital de Salud; e incorporado a la ESE demandada.
7.2. Debido a su vinculación por medio de acto administrativo y su incorporación en
el sistema de carrera administrativa, era claro que desde el ingreso al servicio
seccional de salud de Bolívar se desempeñaba como empleado público, calidad
en la que fue transferido al ente distrital en aplicación de la Ley 10 de 1990.
7.3. De ahí que Juan José Carbonell Torres no tenía derecho al reconocimiento de
las prestaciones sociales reconocidas en las resoluciones 2217 de 1991 y 447 de
1992 proferidas por el alcalde de Cartagena, toda vez que este no tenía facultades
para fijar el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos, toda vez que
de conformidad con los artículos 150-19 y 189 constitucionales y 12 de la Ley 4ª
de 1992, esta es una atribución del Congreso de la República y en el gobierno
nacional, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado6. Además de lo
anterior, quedó demostrado que el actor tiene la condición de empleado público,
por lo tanto no podía beneficiarse de convenciones colectivas o cualquier otra
norma proferida por una autoridad del orden territorial.
1.4. El recurso de apelación
8. El demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos7:
8.1. El a quo desconoció que el sustento de la procedencia de las pretensiones de
la demanda es constitucional, en cuanto al respeto de los derechos laborales en el
proceso de descentralización en salud regulado por la Ley 10 de 1990. Se trata de
«derechos pecuniarios, están directamente vinculados con prestaciones sociales y
5 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo
«02.Sentencia.pdf»
6 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda,
sentencia del 25 de julio de 2013 [sin que señalara número de radiación]; y de la Sala de Consulta
y Servicio Civil, Concepto 1393 del 18 de julio de 2002
7 Samai, índice 2, actuación «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2 .rar», archivo
«04.RecursoApelacion.pdf»
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salariales que, al ser percibidos con anterioridad, por el trabajador, a este debe
respetársele la forma de vinculación y el orden salarial y prestacional, incluyendo su forma
de vinculación».
8.2. El tribunal solo analizó que «las prestaciones sociales y salariales, no son las fijadas
para la generalidad de los trabajadores vinculados al Estado, sin detenerse a analizar que
ese marco salarial y prestacional, no es el resultado de atribuciones asumidas por las
autoridades administrativas territoriales, sino que son las prestaciones que en razón de la
C-241 del 2014, se les debe seguir reconociendo en el vínculo laboral, sin solución de
continuidad», en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 1399 de 1990 y la
sentencia de la Corte Constitucional que declaró su exequibilidad que protegió «esa
confianza legítima - laboral en cuanto a los derechos percibidos por los servidores públicos
que estaban vinculados antes, durante la reorganización del sector salud».
8.3. Así entonces, el sustento del reconocimiento de los derechos económicos
señalados en la demanda era la sentencia C-241 de 2014 y con ocasión del
proceso de descentralización, más no como resultado de un conflicto de trabajo
que regulado por el Código Sustantivo de Trabajo conllevara la realización de una
convención colectiva de trabajo.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar en los términos del numeral 5
ibidem8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si Juan José Carbonell Torres tiene
derecho a que se le reconozcan las prestaciones económicas solicitadas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 2014?
8 Según se observa en el auto proferido el 14 de febrero de 2024, visible en el índice 4 de Samai
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la reorganización del Sistema Nacional de Salud en virtud del
Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 2014
12. En aras de la definición del problema jurídico es determinante definir el marco
jurídico aplicable a los servidores del sector de la salud, particularmente del orden
territorial, con el propósito de identificar el régimen prestacional aplicable. En
efecto, conviene señalar que a través del Decreto 2470 de 1968 10 estableció el
Sistema Nacional de Salud Pública como el conjunto de organismos encauzados
por la finalidad de procurar la salud de la comunidad con tres niveles funcionales:
nacional, seccional y local. Este último estaba constituido por recursos tales como
hospitales, centros y puestos de salud y demás instituciones encargadas de
ejecutar los programas de salud en su respectiva jurisdicción. Luego, el Decreto
621 de 1974 definió las funciones que debía desarrollar el Ministerio de Salud
Pública como director del sistema.
13. Posteriormente, el Decreto 56 de 1975 definió el Sistema Nacional de Salud
como «el conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como
finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción,
protección, recuperación y rehabilitación». Esta norma indicó que los servicios
seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de
Salud Pública [artículo 8], entidad que, al mismo tiempo, velaría por el cumplimiento
de sus normas y vigilaría el ejercicio presupuestal, entre otros asuntos. A su vez,
el Decreto 706 de 1974 dispuso que los servicios seccionales de salud serían
creados por contratos suscritos entre la nación, Ministerio de Salud Pública y los
departamentos, intendencias, comisarías y Distrito Especial de Bogotá y las
correspondientes beneficencias y loterías.
14. En relación con el modelo descrito, la jurisprudencia del Consejo de Estado
concluyó que el sistema seccional de salud no podía ser considerado como una
organización de la rama ejecutiva del orden nacional. Ello era así, en atención a
que su creación, organización y funcionamiento se estructuraba a partir de un
esquema contractual, fundado en el consentimiento de los prestadores del servicio,
el cual se diferenciaba de los organismos que integran la rama ejecutiva descritos
por el artículo 1 del Decreto 1050 de 1968. Así son «servidores departamentales
quienes prestan sus servicios en cargos permanentes de los organismos de dirección del
Sistema Nacional de Salud, a nivel seccional, como son los Servicios Seccionales de
10
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública»
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Salud»11. Este entendimiento ha servido de sustento a esta Sección para llegar a
la conclusión de que los empleados del sector salud vinculados a una dirección
seccional de salud eran servidores departamentales y no nacionales12.
15. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 el Congreso de la República reorganizó
el Sistema Nacional de Salud, razón por la cual se facultó en los artículos 16 y 22
de la citada ley al presidente para: (i) suprimir dependencias o programas de la
nación y entidades descentralizadas del orden nacional, que en virtud de la cesión,
no puedan continuar realizando el objeto para el cual fueron creadas y
organizadas; y (ii) ceder bienes y rentas a una entidad pública, de cualquier nivel
administrativo, o a una fundación o institución de utilidad común o asociación o
corporación, sin ánimo de lucro, que preste servicios de salud.
16. El artículo 17 de la Ley 10 de 1990 concerniente a los derechos laborales
dispuso lo siguiente:
«Artículo 17.- Derechos Laborales. Las personas vinculadas a las entidades que se
liquiden, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombradas o
contratadas, según el caso, por las entidades territoriales o descentralizadas, a las
cuales, se hayan cedido los bienes, elementos o instalaciones para la prestación de
servicios de salud, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. A los
empleados y trabajadores, se les aplicará el régimen salarial y prestacional, propio de
la respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y
prestacional de que gozaban en la entidad liquidada. Cuando se trate de empleados de
carrera administrativa, o que hayan desempeñado cargos de carrera, sin pertenecer a
ella, se les reconocerá continuidad en la carrera o el derecho de ingresar a ella,
respectivamente.
En lo relativo a los cargos que sean suprimidos se aplicarán en materia laboral las
mismas normas previstas en el Decreto 77 de 1987 y sus decretos reglamentarios, en
cuanto sean compatibles, y se garantizará, igualmente, la continuidad en la carrera
administrativa o su derecho a ingresar a ella.
Parágrafo.- La Nación responderá por el pago de las prestaciones adecuadas a la
fecha de la liquidación o supresión de que trata el artículo anterior a las personas
vinculadas a las entidades, dependencias o programas que se liquiden o supriman,
según el caso, y cuya naturaleza jurídica sea del nivel nacional».
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 4 de mayo de
1993, expediente: C-231 del 4 de mayo de 1993. En este auto se dirimió un conflicto de
competencias entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del Huila.
12 Al respecto se puede revisar la tesis reiterada contenida entre otras en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de febrero
de 2011, radicación: 440012331000200300906-02 (0553-10); 8 de marzo de 2018, radicación:
4400123330002014000155-02(0816-17); 22 de marzo de 2018, radicación:
440012331000200300906-02 (0553-10); y de la Subsección A, sentencia del 18 de enero de 2018,
radicación: 440012333000201490035-01 (1575-2016).
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Demandante: Juan José Carbonell Torres
17. El artículo 30 ibidem dispuso que las entidades públicas de cualquier orden que
prestaran servicios de salud aplicarían a sus trabajadores oficiales «en cuanto sean
compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les
reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968,
todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo». En
cuanto a los empleados públicos de ese sector y del orden territorial y sus entes
descentralizados, determinó que les era aplicable «el mismo régimen prestacional de
los empleados públicos del orden nacional», con la salvedad de que no se les podían
disminuir los niveles salariales y prestaciones de que venían gozando en las
entidades cuya liquidación se ordenó en virtud de lo dispuesto en el artículo 17
ibidem.
18. En cumplimiento de la ley habilitante, el presidente de la República expidió el 4
de julio el Decreto 1399 de 1990, por medio del cual se reguló la nueva vinculación
laboral de empleados oficiales y trabajadores del sector salud en los casos
específicos de los artículos 16 y 22 de la Ley 10 de 1990, cuyo ámbito de aplicación
se centró en el siguiente objetivo:
«El presente Decreto regula la nueva vinculación laboral de empleados públicos y
trabajadores oficiales que quedaren cesantes por motivo de la supresión, liquidación o
cambio de adscripción a otro nivel administrativo, de entidades o dependencias o
programas de la Nación, los departamentos, las intendencias y las comisarías, tanto
del sector central como del descentralizado, que en virtud de la cesión de que trata el
artículo 16 de la Ley 10 de 1990, no puedan continuar realizando el objeto para el cual
fueron creadas y organizadas. También se aplica a la reubicación y redistribución del
personal de los servicios seccionales de salud de conformidad con el artículo 18 de la
Ley 10 de 1990.
Igualmente regula la nueva vinculación laboral del personal que quedare cesante con
ocasión de la liquidación y disolución de las fundaciones o instituciones de utilidad
común en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19 de 1990, y que venían
siendo sostenidas y administradas por el Estado.
PARAGRAFO. Para los efectos del presente Decreto son niveles administrativos, el
nacional, el departamental, el municipal, el intendencial y el comisarial».
19. El Decreto Ley 1399 de 1990 recae específicamente sobre la nueva vinculación
laboral de empleados oficiales y trabajadores de entidades del sector salud
suprimidas, liquidadas o cedidas durante los dos años de facultades
extraordinarias conferidas al Presidente de la República en cumplimiento del
artículo 16 de la Ley 10 de 1990. Los artículos 3 y 4 previeron que los destinatarios
del señalado decreto podían mantener la modalidad de su vinculación, por lo que
si era empleado público el vínculo permanecería sin solución de continuidad y si
era trabajador oficial se incorporaría por contrato de trabajo; así como la extensión
de las prerrogativas salariales y prestacionales adquiridas en la entidad intervenida
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a la entidad receptora de la cesión, incluso si en esta última no estaba previsto
determinado factor salarial. Estas garantías se previeron así:
« Artículo 3° Obligación de vincular el personal cesante. Las entidades cesionarias
están obligadas a vincular el personal cesante al cual se refiere el primer inciso del
artículo 1o. del presente Decreto, sin perder la condición específica de su forma de
vinculación. Si el empleado oficial estaba vinculado por contrato de trabajo, tendrá la
nueva vinculación mediante esta modalidad. Si la vinculación anterior era como
empleado público, la nueva conservará esta misma modalidad.
Cuando se trate de personal cesante al cual se refiere el inciso final del artículo 1o. del
presente Decreto, éste deberá ser incorporado mediante, nuevo contrato de trabajo o
nombramiento, según el caso, a las entidades públicas o privadas a las cuales se
confíen los bienes y rentas de que trata el parágrafo segundo del artículo 22 de la Ley
10 de 1990.
Parágrafo 1o. Para hacer efectiva la incorporación del personal cesante, las entidades
cesionarias procederán de inmediato a tramitar la creación de los cargos respectivos
en sus plantas de personal. La liquidación de entidades y la cesión de bienes se
subordina a la expedición de la norma que apruebe las nuevas plantas que garanticen
la incorporación del personal a que se refiere este Decreto.
Parágrafo 2o. La nueva vinculación debe hacerse sin solución de continuidad.
Artículo 4° Garantía de derechos. A los empleados públicos y a los trabajadores
oficiales de que trata el presente Decreto, se les aplicará el régimen salarial y
prestacional propio de la entidad a la cual se les hace la nueva vinculación, sin que
pueda disminuírseles los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la
entidad liquidada o suprimida.
Por lo tanto los factores salariales y prestacionales serán los establecidos para la
entidad cesionaria, conservando en todo caso las cuantías que recibía la persona en la
entidad cedente, mientras permanezca vinculada laboralmente a la entidad cesionaria.
Si la entidad cesionaria no tuviere otorgado algún factor salarial o prestacional que el
empleado oficial sí estuviere percibiendo en la entidad suprimida o liquidada, se le
garantizará el pago de dicho concepto salarial o prestacional, mientras permanezca
vinculado laboralmente a la entidad cesionaria.
Parágrafo 1° Lo anterior no implica un cambio del sistema salarial ni prestacional en la
nueva entidad, ya que se trata tan solo de garantizar unos derechos protegidos por la
ley a unas personas específicas, de tal manera que cuando éstas se retiren del servicio,
desaparecen automáticamente tales remuneraciones transitorias.
Parágrafo 2° A las personas provenientes de las fundaciones o instituciones de utilidad
común y que sean incorporadas a entidades oficiales, o a entidades privadas, a las
cuales se les hayan confiado los bienes y rentas, se les aplicará el régimen salarial y
prestacional propio de la entidad cesionaria de los bienes, sin que se les puedan
disminuir los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad
suprimida o liquidada. Es entendido que esta prerrogativa se le mantendrá al personal
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anteriormente indicado mientras permanezca vinculado laboralmente a dichas
entidades públicas o privadas». [Se resalta]
20. Ahora, respecto de los trabajadores oficiales señaló que quienes quedaran
cesantes con ocasión de la supresión de cargos en entidades del sistema nacional
de salud liquidados, tendrían derecho a optar entre aceptar la nueva vinculación o
percibir por parte de la entidad en liquidación la indemnización que les fuere
aplicable [artículo 7]; en tanto que respecto de los empleados de carrera
administrativa, se les reconocería la continuidad en la carrera, de acuerdo con «las
disposiciones sobre la materia y de manera especial a la Ley 10 de 1990 y a sus decretos
reglamentarios» [artículo 11].
21. La anterior regulación que no fue incluida en la ley posterior, pues la Ley 443 de
1998 -derogada parcialmente por la Ley 909 de 2004-[3] pese a introducir un
cambio de legislación en materia de carrera administrativa, estableció de manera
general los derechos de todos los empleados de carrera a quienes se les
eliminaran el cargo por supresión, fusión de entidades, traslado de funciones de
una entidad a otra, o por modificación de planta, los cuales pueden optar por ser
incorporados a empleos equivalentes o a recibir una indemnización, sin disponer
un tratamiento especial para los del sector salud. En conclusión, no existe
incompatibilidad entre la ley posterior y las disposiciones señaladas, ni se reguló
íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería, es decir la
protección de los trabajadores cesantes.
22. En la sentencia C-214 de 2014, la Corte Constitucional resolvió una demanda
de inconstitucionalidad parcial contra el inciso primero del artículo 3 y los incisos
primero y tercero del artículo 4 del Decreto 1399 de 1990 por vulneración del
artículo 13 Superior, con fundamento en la transgresión del derecho a la igualdad
por parte de la ley frente a los trabajadores oficiales y empleados que se
encontraban en igual cargo, con las mismas funciones respecto de sus pares que
fueron incorporados producto de la cesión, supresión o reestructuración de la
entidad.
23. En primer lugar, la Corte Constitucional se refirió a la competencia para decidir
demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley proferidos con
poyo en el artículo 76 numeral 12, la fuente constitucional entonces vigente para
la habilitación legislativa del Ejecutivo, aun cuando no se fundamentaran en el
artículo 150.10 constitucional vigente. La Corte ratificó que por virtud del artículo
241 Superior, era competente para conocer los decretos con fuerza de ley
expedidos en vigencia de la Constitución Nacional de 1886.
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Demandante: Juan José Carbonell Torres
24. Como problema jurídico señaló que la protección especial que el ejecutivo en
uso de facultades legislativas extraordinarias otorgó a los trabajadores oficiales y
empleados públicos vinculados a empresas liquidadas, cedidas o suprimidas por
disposición de la Ley 10 de 1990 -consistente en mantener los beneficios laborales
y prestacionales adquiridos con ocasión de su vinculación con la anterior entidad,
por lo que debía resolver si constituía una vulneración del derecho a la igualdad de
aquellos trabajadores vinculados a la empresa receptora que prestaban los
mismos servicios y ostentaban igual cargo.
25. Al respecto consideró que el tratamiento especial otorgado al personal de las
empresas suprimidas, liquidadas o cedidas dentro del contexto de la integración
del sistema de salud iniciado con la Ley 10 de 1990, se justificaba en la protección
temporal y especial al derecho al trabajo que el legislador quiso prever para
aquellos funcionarios.
26. La Corte consideró que los grupos confrontados, a pesar de encontrarse dentro
de la categoría de empleados de carrera o trabajadores oficiales según el caso, se
distinguían de sus homólogos en la entidad receptora por el origen de su vínculo,
pues estos últimos se incorporaron a la nómina de la cesionaria bajo determinadas
condiciones, sin que su contrato fuera alterado a través del proceso de liquidación,
supresión o cesión; mientras que los trabajadores beneficiados por la norma
acusada fueron sometidos a un proceso de reestructuración, producto de lo cual la
entidad contratante desapareció de la vida jurídica como empleador, situación ante
la cual se dispuso la reubicación de dicho personal en otras entidades prestadoras
del servicio de salud, bajo la premisa de mantener las condiciones laborales
pactadas en el ente extinto.
27. En síntesis, concluyó que las normas acusadas superaron el test de igualdad,
habida cuenta de que: (i) los supuestos fácticos eran diferentes: una era la
situación jurídica en que se encontraban los servidores públicos cuya entidad
contratante fue suprimida, liquidada o cedida en los términos de la Ley 10 de 1990,
y otra, la de los trabajadores que para entonces tenían un contrato vigente con la
entidad receptora; (ii) la decisión de tratarlos de manera diferente estaba fundada
en un fin aceptado constitucionalmente consistente en la protección especial al
trabajo de los funcionarios cuya entidad no podía seguir desarrollando su objeto; y
(iii) la consecución de dicho fin por los medios propuestos fue posible y además
adecuada, en tanto que se supeditó que el funcionario permaneciera vinculado a
la entidad receptora.
2.3. Caso en concreto
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2.3.1. Hechos probados
28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente13:
28.1. En relación con la vinculación a la función pública, se observó que Juan José
Carbonell Torres fue nombrado en propiedad con Resolución 1525 del 23 de
octubre de 1987 como «médico tres horas diarias en el Centro de Salud de Daniel
Lemaitre», Servicio Seccional de Bolívar, según el acta de posesión del 9 de
noviembre de ese año14, con una asignación mensual de $33.420. Asimismo se
aportaron las siguientes actas de posesión:
Número y Acto de Empleo Situación Asignación
fecha nombramiento administrativa mensual
56 del Decreto 626 del «médico tres
21/08/9115 14/08/91 horas diarias en Incorporación en $74.607
el Centro de el distrito de
Salud de Daniel Cartagena
Lemaitre»
«médico general Incorporación en
del 21/09/0016 Resol. 001 de 8h, código 310» la ESE Hospital $2.202.002
2000 de Canapote
del 01/10/0117 No se indicó «médico general Incorporación en
8h, código 310, la ESE Hospital $8.631.245
grado 16» Local de
Cartagena de
Indias
28.2. Lo anterior también se certificó el 28 de noviembre de 201818, por el área de
talento humano de la ESE Hospital Local de Cartagena así:
«Que revisados los archivos de la empresa se encontró que el Doctor JUAN JOSÉ
CARBONELL TORRES […] labora en el cargo de MÉDICO GENERAL Código 211
Grado 23.
Fue nombrado en el Distrito Integrado de Salud desde noviembre 09 de 1987 y laboró
en esta entidad hasta el día 31 de julio de 1991. El día 01 de agosto de 1991 fue
transferido al Departamento Administrativo Distrital de Salud "DADIS" laborando en
esta entidad hasta el día 31 de agosto de 2000. A partir del 01 de septiembre de 2000
fue transferido a la antigua E.S.E. Canapote laborando en esta entidad hasta agosto 30
de 2001.- Finalmente fue incorporado a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias con
fecha 01 de octubre de 2001 y efectos fiscales desde el 01 septiembre de 2001 sin
13 Samai, índice 2, actuación «01ExpedienteDigitalizado»
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solución de continuidad.
Este empleado se encuentra vinculado a través de una relación legal y reglamentaria y
está inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa.
Que los conceptos que devenga actualmente son los siguientes:
• Asignación básica mensual,
• Bonificación de servicios,
• Prima de servicios,
• Bonificación por recreación,
• Prima de vacaciones,
• Prima de navidad,
• Cesantías.»
28.3. Además se aportó la siguiente documental:
de acuerdo laboral19 suscrita el 28 de diciembre de 1989 entre un
28.4. Acta
representante del departamento de Bolívar, el jefe y tres representantes del
Servicio Seccional de Salud de Bolívar, tres representantes de
«SINTRAHOSCLIPSIMBOL» y un representante de la Central Unitaria de
Trabajadores, Seccional Bolívar y «FINTRASALUD», por medio del cual se
reconoció a «todos [los] trabajadores del Servicio Seccional de Salud de Bolívar, a
excepción de aquellos trabajadores que renuncien expresamente a los beneficios del
mismo», entre otros beneficios económicos, los siguientes:
i) «prima de vacaciones de 20 días hábiles»;
ii) el disfrute de días adicionales de vacaciones de acuerdo con la siguiente escala:
Años de Día hábil(es) adicionales de vacaciones por cada año de
servicio servicio
1a5 1
6 y hasta 10 6
11 a 15 7
16 a 20 9
21 y en adelante 11
iii) «prima semestral de 20 días de salario [la] cual seguirá pagando en el mes de junio de
cada año»;
iv) «subsidio de transporte de $3.450 mensuales a los trabajadores que devenguen
sueldos equivalentes a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes»;
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v) «días adicionales en la prima de navidad de acuerdo con la siguiente escala, a partir de
1990»:
Sueldo Día hábil(es) adicionales de prima de navidad
hasta $71.240 5
$71.240 en adelante 3
vi) «bonificación por antigüedad» en porcentaje del salario devengado según el tiempo de
servicio, así:
Años de servicio Porcentaje
2 10
4 25
6 35
8 45
10 60
12 75
14 85
16 95
18 105
20 120
22 130
24 140
26 150
28 160
30 160
vii) «uniformes y calzado de conformidad con la ley vigente, a todos sus trabajadores y
empleados» [sic].
28.5. Resolución 0276 del 20 de marzo del 199020, por medio de la cual Servisalud
de Bolívar y el gobernador de ese departamento adoptaron el acuerdo laboral
firmado el 28 de diciembre de 1989 y señaló que para efectos de su aplicación era
necesaria la expedición de un acto administrativo que autorizara su cumplimiento
y ejecución.
28.6. Convenio del 16 de febrero de 199121 suscrito entre el gobernador de Bolívar,
el alcalde de Cartagena y el jefe del Servicio Seccional de Salud del departamento
señalado, con ocasión de la reorganización del sistema de salud ordenado en la
Ley 10 de 1990, el cual tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991, en cuya
cláusula novena se dispuso:
«[…]
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De los empleados y trabajadores. Los trabajadores y empleados de los diferentes
organismos de salud de la jurisdicción del DISTRITO continuarán con los derechos
adquiridos y obligaciones que tienen como servidores de los mismos, conforme a las
disposiciones legales que rigen para estos». [Se resalta]
28.7. Decreto 626 del 14 de agosto de 1991 «por el cual se incorporan unos
empleados de la gobernación del Departamento de Bolívar - Servicio Seccional de
Salud de Bolívar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias - Fondo
Distrital de Salud»22, en desarrollo del proceso de descentralización administrativa
de la salud realizado en virtud de la Ley 10 de 1990.
28.8. Resolución 2217 de 2 de diciembre de 1991, «por la cual se unos beneficios
laborales al personal transferido del Distrito Integrado de Salud de Cartagena
(SSSB) e incorporado a la planta de personal de la alcaldía de Cartagena mediante
Decreto 626 de 1º de agosto de 1991 »23, expedido por el alcalde de Cartagena,
para lo cual consideró que «el Servicio Seccional de Salud de Bolívar está transfiriendo
mensualmente los recursos económicos correspondientes, dentro de los aportes del
Situado Fiscal objeto del convenio interinstitucional suscrito entre la Gobernación de
Bolívar – Servicio Seccional de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Cartagena, al tenor de la
Ley 10/90, artículo 17, en concordancia con el artículo 4 de su Decreto Reglamentario
1399 de 1990». Como consecuencia de ello resolvió:
«[…]
Artículo 1.- Reconócense, desde el 1º de agosto de 1991, fecha de incorporación a la
Alcaldía de Cartagena (Secretaría-Fondo-Distrital de Salud) de los empleados
transferidos por el Servicio Seccional de Salud de Bolívar – Distrito Integrado de Salud
de Cartagena, los siguientes beneficios de orden salarial y prestacional:
1. Vacaciones = Disfrutarán, adicionalmente a los quince (15) días hábiles que estipula
la Ley, según tiempo continuo de servicios prestados en las entidades cedente y
cesionaria, así:
a. De uno (1) a cinco (5) años, un (1) dia hábil adicional por cada año servido
b. De seis (6) a diez (10) años, seis (6) días hábiles adicionales
c. De once (11) a quince (15) años, siete (7) días hábiles adicionales.
d. De dieciséis (16) a veinte (20) años, nueve (9) días hábiles adicionales.
e. De veintiún (21) años en adelante, once (11) días hábiles adicionales.
2. PRIMA DE VACACIONES = Se reconocerán y pagarán veinte (20) días en vez de
los quince (15) que estipula la Ley.
3. SUBSIDIO DE TRANSPORTE = Se reconocerá y pagará, durante la vigencia de
1991, a los empleados de que trata la presente Resolución y que devenguen un sueldo
igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales, un subsidio de transporte por valor
de $ 5.390.00 mensuales.
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4. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN - Se reconocerá por este concepto la suma de
$5.474.00 a quienes devenguen sueldos iguales o inferiores a tres (3) salarios mínimos
le gales.
5- PRIMA DE SERVICIOS - Se reconocerán y pagarán veinte (20) días en vez de los
quince que establece la Ley.
6. PRIMA DE NAVIDAD = Se reconocerán y pagarán treinta y cinco (35) y treinta y tres
(33) días, en vez de los treinta (30) que estipula la Ley, cuando se trate de empleados
suya asignación mensual sea igual o inferior a $71.240, o superior a esta suma
respectivamente» [sic].
28.9. Resolución 447 de 28 de marzo de 199224 expedida por el alcalde de
Cartagena y el secretario de salud distrital, por medio de la cual se reconoció la
bonificación por antigüedad al personal transferido del Distrito Integrado de Salud
de Bolívar e incorporado a la alcaldía de Cartagena mediante Decreto 626 de 1991,
en iguales términos a aquella reconocida en el acuerdo laboral del 28 de diciembre
de 1989.
28.10. Acta de entrega del personal del 29 de agosto de 2000 adscrito a los centros
de atención permanente (CAP), centros y puestos de salud que conformaron la
ESE Hospital Local La Esperanza25, en el que se anunció que «[…] según el detalle
del Anexo 1, en el que se relaciona un resumen de la hoja de cada uno de los empleados
y trabajadores, el cual contiene la denominación del cargo y la identificación de cada
empleado», sin que en efecto se allegara y del que no hizo parte el demandante, de
acuerdo con las actas de posesión y la certificación 28 de noviembre de 2018
señaladas en precedencia.
28.11. Sin embargo, sí se aportó el anexo 2, en el que se indicó que con ocasión a
la convención colectiva de trabajo aprobada el 1º de diciembre de 1994 y los
acuerdos laborales firmados entre el departamento de Bolívar y el sindicato
«ANTHOC», «algunos empleados y trabajadores clasificados como tipo 1» transferidos
del departamento al distrito de Cartagena, eran beneficiarios de las siguientes de
prestaciones extralegales, a saber:
prestación equivalencia
prima de vacaciones «equivalente a 23 días de salario para los empleados
oficiales y el equivalente a 22 días para los empleados
públicos» con base en los factores establecidos en
el artículo 17 del Decreto 1045 de 1978
prima de servicio «a los empleados oficiales […] equivalente a 23 días
de salario y a los empleados públicos una prima de
servicio tomándose como base para su liquidación los
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factores salariales establecidos en el artículo 59 del
Decreto 1042 de 1978»
prima de navidad «a los empleados oficiales […] equivalente a 38 días
de salarios y a los empleados públicos 37 días de
salario»
auxilio de transporte «un 40% por encima del valor del subsidio de
transporte legal vigente [y] a los empleados públicos
se les reconoce y cancela el establecido por el
gobierno, cuando devenguen hasta tres smlmv»
subsidio de alimentación «a los trabajadores oficiales se les reconoce y cancela
cuando devenguen hasta tres smlmv el valor que
decrete el Gobierno, más un 23% siendo $29.034 para
la presente vigencia.
A los empleados públicos que devenguen hasta tres
salarios mínimos legales se les reconoce y cancel el
establecido por el Gobierno»
bonificación por servicios «se reconoce y cancela a los empleados públicos y
prestados oficiales cada vez que cumplan un año de labor y es
equivalente al 50% del salario para sueldos hasta
$696.835, a quienes devenguen salarios superiores
se les cancelan el 35% en salario»
bonificación por recreación «dos días de asignación básica cada vez que cumplan
un año continuo de labor»
dotación de uniformes y «se entregan anualmente a los empleados que
calzado devengan hasta 3 salarios mínimos legales una
dotación de 5 uniformes y dos pares de calzados»
bonificación por antigüedad «cada vez que cumplan un año de servicio; si son
oficiales, y dos años de servicios si son empleados
públicos» en los porcentajes señalados entre 1 y 40
años
Años de servicio Días hábiles adicionales
vacaciones 1a5 1
6 a 10 6
11 a 15 7
16 a 20 9
21 en adelante 11
28.12. Resolución 001 del 1º octubre de 200126, «por medio de la cual se incorporan a
unos empleados y trabajadores de las antiguas E.S.E. La Esperanza, Canapote y San
Fernando a la nueva Empresa Social del Estado Hospital Local de Cartagena de Indias»,
en virtud de la fusión de estas27, en el que estaba el demandante como «médico
general (8 horas) código 310 grado 36». En el artículo 2 señaló que se la ESE daría
posesión a cada uno de los funcionarios incorporados y daría aplicación al régimen
salarial que se venía aplicando a cada una de las antiguas ESE.
28.13. El 31 de mayo de 2012 la Junta Directiva de la Asociación Sindical de
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Por médio del Acuerdo 43 del 24 de diciembre de 1999
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Demandante: Juan José Carbonell Torres
Trabajadores y Servidores públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y
Servicios Complementarios de Colombia «ANTHOC», Seccional Bolívar, le solicitó
a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias el cumplimiento y aplicación de los
beneficios adquiridos de los trabajadores y empleados de la empresa que vienen
transferidos sin solución de continuidad del departamento de Bolívar – Servisalud,
Distrito de Cartagena, DADIS y ESE distritales28.
28.14. El17 de febrero de 2016, Juan José Carbonell Torres entre otros
peticionarios, le solicitaron a la ESE Hospital Local de Cartagena «la posibilidad de
pago de los derechos laborales pecuniarios, en los términos del orden jurídico
constitucional, protegido (sic) a todos los trabajadores escindidos, transferidos,
incorporados, cedidos o reincorporados en el proceso de organización del sector salud
territorial, conforme al precedente judicial de la sentencia C-241 de 2014, que se pronunció
sobre la exequibilidad del Decreto Ley 1399 de 1990». Esta reclamación se denegó con
el acto acusado [oficio del 11 de abril de 2016]29 al considerar:
«[…]
Dando alcance a la Sentencia C- 241 de 2014, la cual declara la exequibilidad de
los artículos 3 parcial y 4 inciso primero y tercero del Decreto Ley 1399 de 1990
"Por medio del cual se regulan la nueva vinculación laboral de empleados oficiales
y trabajadores del sector salud en el caso de los artículos 16 y 22 de la Ley 10 de
1990", la entidad no puede entrar a reconocer derechos que no están determinados
claramente en su escrito de solicitud por cuanto los mismos no están cuantificados
y lo cual debe hacer a través de conciliación administrativa ante las respectivas
procuradurías delegadas y aprobada por el respectivo Juez Administrativo
competente. Por lo tanto se precisa que ante la improcedencia del reconocimiento
alegado es inviable entrar a reconocerlos.
La ESE Hospital Local Cartagena de Indias, no puede entrar a reconocer y pagar
sumas de dinero que es claro no se tiene la certeza, ni el pleno conocimiento, por
cuanto en su escrito de solicitud no se evidencia liquidación alguna en la cual se
demuestre lo afirmado por usted en relación a los derechos adquiridos que deben
ser reconocidos por la Entidad.
[…]»
2.3.2 Análisis sustancial
29. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, en sentencia de
primera instancia proferida el 13 de diciembre de 2022 negó las pretensiones de la
demanda por cuanto consideró que Juan José Carbonell Torres ostentaba la
condición de empleado público, razón por la cual no tenía derecho al
reconocimiento de las prestaciones sociales reconocidas en las resoluciones 2217
de 1991 y 447 de 1992 proferidas por el alcalde de Cartagena, según lo establecido
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Demandante: Juan José Carbonell Torres
en los artículos 150-19 y 189 constitucionales y 12 de la Ley 4ª de 1992, así como
tampoco podía beneficiarse de convenciones colectivas o cualquier otra norma
proferida por una autoridad del orden territorial.
30. La parte demandante presentó recurso de apelación con fundamento en que las
prestaciones reclamadas no eran las resultantes de atribuciones asumidas por
autoridades del orden nacional ni de una convención colectiva de trabajo, sino en
virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de
2014 que al declarar su exequibilidad protegió «esa confianza legítima - laboral en
cuanto a los derechos percibidos por los servidores públicos que estaban vinculados
antes, durante la reorganización del sector salud».
31. Al respecto, según lo probado en el caso concreto, se precisa que el 9 de
noviembre de 1987 el demandante tomó posesión en propiedad del cargo de
«médico tres horas diarias en el Centro de Salud de Daniel Lemaitre» en el Servicio
Seccional de Bolívar. Que luego del proceso de reorganización del sector salud
realizada a través del Decreto Ley 1399 de 1990 fue transferido al Departamento
Administrativo Distrital de Salud el 1º de agosto de 1991; luego al a la antigua ESE
Canapote laborando en esta entidad hasta agosto 30 de 2001 cuando en virtud de
la fusión entre entes de salud, se creó la ESE Hospital Local de Cartagena al que
fue incorporado a partir del 1 de septiembre de 2001 sin solución de continuidad.
32. Ahora bien, como se expuso en virtud de las facultades pro tempore el
presidente de la República reglamentó la Ley 10 de 1990 a través del Decreto 1399
de 1990, cuyos artículos 3 y 4 previeron la obligación de las entidades cesionarias
de incorporar al personal cesante sin que perdiera la condición específica de su
forma de vinculación, esto es como empleados públicos o trabajadores oficiales y
se les aplicaría el régimen salarial y prestacional propio de la respectiva entidad a
la cual se les hace la nueva vinculación, sin que pudiera disminuirse aquellos
beneficios de orden prestacional propios de la respectiva entidad liquidada o
suprimida.
33. En la sentencia C-241 de 2014 la Corte Constitucional señaló que las anteriores
disposiciones del Decreto 1399 de 1990 superaron el trato diferenciado de los
servidores públicos, esto es empleados públicos y trabajadores oficiales
incorporados a otra entidad con idénticas condiciones asignadas en la entidad
suprimida, cedida o liquidada; frente a los presuntamente discriminados al
desempeñar en la entidad receptora iguales cargos y funciones pero con otras
condiciones laborales y prestacionales.
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Demandante: Juan José Carbonell Torres
34. Lo anterior, en atención a que si bien la ley originó un tratamiento más favorable
para el grupo de los empleados públicos del Decreto 1399 de 1990, la justificación
de esa divergencia interpretativa se justificó en la protección especial del legislador
de los servidores públicos cesantes por motivo de la supresión, liquidación o
cambio de adscripción a otro nivel administrativo; y la temporalidad de sus efectos,
en atención a que los beneficios estaban supeditados a la duración del contrato o
la finalización de la relación legal y reglamentaria con la entidad receptora.
35. En el caso concreto, el demandante pretendió el reconocimiento de «los
siguientes derechos económicos con ocasión del respeto del tipo de vínculo laboral en el
sector salud del Departamento de Bolívar, así: prima de vacaciones de 20 días, vacaciones
disfrute de días adicionales según el tiempo de servicio, subsidio de transporte si se
devenga un máximo de 3 smlmv, prima de navidad de 35 días, prima de servicios de 20
días, bonificación por antigüedad en porcentaje del salario devengado de acuerdo [con el]
tiempo de servicio, dotación de uniformes y calzado», con fundamento en el Decreto
Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 1990.
36. Sin embargo, en virtud de los elementos de convicción allegados al proceso se
estableció que esos emolumentos son de origen convencional, en virtud del
acuerdo laboral suscrito el 28 de diciembre de 1989 entre el departamento de
Bolívar y las organizaciones sindicales «SINTRAHOSCLIPSIMBOL», «CUT» Bolívar y
«FINTRASALUD», la convención colectiva de trabajo aprobada el 1º de diciembre
de 1994 y los acuerdos laborales firmados entre el departamento de Bolívar y el
sindicato «ANTHOC», las cuales posteriormente se reconocieron en las
resoluciones 2217 de 2 de diciembre de 1991 y 447 de 1992 respecto del personal
incorporado del servicio seccional de salud de Bolívar al distrito de Cartagena.
37. Así las cosas, lo cierto es que solo eran destinatarios de esas señaladas
prestaciones los trabajadores oficiales, en tanto que los empleados públicos
estaban regulados por el Decreto 1045 de 1978, el cual previó las reglas generales
sobre prestaciones sociales de los servidores públicos del sector nacional, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 10 de 1990.
38. Esto obedeció a que si bien en calidad de empleados públicos se
encontraban facultados para el ejercicio del derecho a la negociación
colectiva de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Política, este no es
pleno, comoquiera que el artículo 150 numeral 19, literal e), le otorgó al
gobierno nacional la potestad de «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)
Demandante: Juan José Carbonell Torres
Pública, con sujeción a los objetivos y criterios generales que establecidos
por medio de una ley general, esto es la Ley 4 de 199230.
39. De ahí que el demandante como empleado público del orden
departamental no podía beneficiarse de los emolumentos prestacionales de
los acuerdos colectivos señalados, comoquiera que ello conllevaría a una
vulneración de la cláusula general de competencia establecida por mandato
constitucional y legal para la expedición del régimen prestacional de aquellos
servidores públicos [a diferencia de los trabajadores oficiales], cualquiera
sea su orden.
40. Así las cosas, la protección laboral se otorgó respecto de la modalidad de
vinculación que, en efecto le fue garantizada al incorporarse al
Departamento Administrativo Distrital de Salud, a la ESE Canapote y por
último a la ESE Hospital Local de Cartagena en carrera administrativa; más
no conllevaba el reconocimiento de las prestaciones solicitadas
fundamentado en la confianza legítima a partir de lo estipulado en el Decreto
Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 2014, en la medida en que no era
destinatario de aquellas en las entidades intervenidas y fusionadas debido a
su calidad de empleado público, pues aquellas fueron de origen
convencional y fue la razón por la que en primera instancia se indicó que
Juan José Carbonell Torres no podía beneficiarse de convenciones
colectivas. Por consiguiente no prosperan los cargos de la apelación.
41. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 13 de
diciembre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 5, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
30
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1° de la referida ley, quedó habilitado
para fijar, mediante decreto, el régimen salarial y prestacional, entre otros, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico.
22
Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)
Demandante: Juan José Carbonell Torres
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
44. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
45. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
46. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante.
4. Conclusión
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la protección laboral se
otorgó respecto de la modalidad de vinculación que, en efecto le fue garantizada
al incorporarse al Departamento Administrativo Distrital de Salud, a la ESE
Canapote y por último a la ESE Hospital Local de Cartagena en carrera
administrativa; más no conllevaba el reconocimiento de las prestaciones
solicitadas fundamentado en la confianza legítima a partir de lo estipulado en el
Decreto Ley 1399 de 1990 y la sentencia C-241 de 2014, en la medida en que no
era destinatario de aquellas en las entidades intervenidas y fusionadas debido a
su calidad de empleado público, pues aquellas fueron de origen convencional y fue
la razón por la que en primera instancia se indicó que Juan José Carbonell Torres
no podía beneficiarse de convenciones colectivas.
31 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00803-01 (7079-2023)
Demandante: Juan José Carbonell Torres
48. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 13 de diciembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, en tanto negó
las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG
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