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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-01002-01

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-01002-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, que negó las pretensiones de la demanda incoada por María Teresa Olivo de Arco contra la Gobernación de Bolívar. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 50En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 24 Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021) Demandante: María Teresa Olivo de Arco Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV 08001-23-33-000- 2020-00332-02 (0326-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 25

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2016-01002-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandantes: María Teresa Olivo de Arco
Demandado: Departamento de Bolívar

Tema: Prima técnica por evaluación de desempeño asignada por
entidad territorial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 2, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Teresa Olivo de Arco presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1 en orden a que
se declarara la nulidad del acto administrativo del 27 de abril de 2016 por el cual la
Secretaría de Educación Departamental de Bolívar le negó la reactivación y pago
de la prima técnica por evaluación de desempeño desde el 1° de septiembre del
2007 en adelante.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

solicitó i) el pago de la prima técnica por 4 meses faltantes del año 2007 y desde
el año 2008 en adelante; ii) el reconocimiento de los intereses moratorios de
conformidad con el porcentaje obtenido en los resultados de sus evaluaciones de
desempeño; iii) el pago de los intereses e indexación de las sumas causadas
desde el momento en el que se le debieron pagar hasta cuando se dicte la
sentencia; iv) la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la
prima técnica; y v) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
192 y 193 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. El 6 de enero de 1995 María Teresa Olivo de Arco tomó posesión del cargo de
promotor social, en el Colegio Benjamín Herrera de la Secretaría de Educación,
Cultura y Recreación del departamento de Bolívar.

3.2. Mediante la Resolución 267 del 5 de marzo de 1996 fue inscrita en el escalafón
de la carrera administrativa.

3.3. La Gobernación de Bolívar le reconoció la prima técnica por evaluación de
desempeño en 2 oportunidades a través de la Resolución 520 del 1° de abril de
2003, la cual fue adicionada en la Resolución 1601 del 8 de septiembre de 2003,
desde el año 1997 hasta el 2001 y por medio de la Resolución 1394 del 25 de
octubre de 2005, con acuerdo conciliatorio de pago del comité de conciliación en
actas del 12 de abril y 8 mayo del 2007, desde el año 2002 hasta el 31 de agosto
de 2007, fecha en la que dejó de pagársela.

3.4. Como trabajadora de la educación y de conformidad con los Decretos 1661 y
2164 ambos de 1991 y las Resoluciones 3528 de 1993 y 5737 de 1994 tenía
derecho a la reactivación y pago de la prima técnica por haber cumplido los
requisitos legales para ello, esto es tener la calidad de servidora pública inscrita en
carrera, haber sido evaluada satisfactoriamente y no haber sido sancionada
disciplinariamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2 y 13 de la Constitución Política; y 39
numeral 5 de la Ley 200 de 1995; los decretos 1661 y 2164 de 1991; y las
resoluciones 3528 de 1993 y 5737 de 1994 expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional.

2

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 2:

5.1. Adquirió el derecho al reconocimiento de la prima técnica al reunir los requisitos
legales exigidos para su otorgamiento, sin embargo, el departamento de Bolívar se
lo desconoció sin fundamento legal, pese a habérselo reconocido y pagado
mediante las resoluciones 520 del 2003 y 1394 del 2005; lo anterior con el
argumento de que es una empleada del orden nacional y que no se encontró pago,
ni liquidación en la base de datos a su favor por dicho concepto.

5.2. Con la decisión acusada la entidad territorial desconoció un derecho adquirido,
comoquiera que, ingresó a laborar el 6 de enero de 1995, esto es con anterioridad
a la expedición del Decreto 1724 de 1997 que suprimió la prima técnica, entre otros,
para el personal administrativo de la educación y se encontraba inscrita en carrera
administrativa antes de la entrada en vigencia del mencionado decreto, el 1° de julio
de 1997.

5.3. Se le violó el derecho a la igualdad frente a quienes en iguales condiciones se
les reconoció la prima técnica por evaluación del desempeño, pese haberla
percibido con anterioridad.

1.2. Contestación de la demanda

6. Agotada la etapa procesal para contestar la demanda, el departamento de Bolívar
guardó silencio.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, en sentencia proferida
el 12 de diciembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto
se pronunció en los siguientes términos3:

7.1. A la demandante no le resultan aplicables las resoluciones 03528 de 1993 y
05737 de 1994 por las cuales se reglamentó la asignación de la prima técnica para
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, como lo
reclamó en la demanda, porque no ostentaba la condición de servidora pública de
dicha planta, es decir, que fuera servidora pública del orden nacional vinculada al
ministerio o a la administración del servicio educativo en entidad territorial como lo

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF) NroActua 2»
páginas de la 1 a la 17.
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF) NroActua 2»

páginas de la 216 a la 239.

3

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

exigían tales resoluciones. Contrario a ello, se probó que su vinculación era del
orden territorial, en tanto, fue nombrada por el gobernador del departamento ante
quien se posesionó.

7.2. En torno a los decretos 1661, 2461 de 1991 y 1724 de 1997 que regulan la prima
técnica, la demandante carecía del derecho porque: i) el Consejo de Estado declaró
la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 en consecuencia la prima técnica
es única y exclusivamente para funcionarios del orden nacional; ii) el reconocimiento
prestacional a favor de la demandante por parte de la Gobernación de Bolívar en 2
oportunidades, esto es mediante las resoluciones 520 del 1° abril de 2003,
adicionada con la Resolución 1601 del septiembre 8 del 2003, y 1394 del 25 octubre
de 2005 se otorgó cuando ya se había declarado la nulidad del artículo 13 del
Decreto 2164 de 1991; iii) en un caso con supuestos fácticos y jurídicos similares el
Consejo de Estado concluyó que no le asistía el derecho a la prima técnica a una
empleada pública que cumplía funciones de auxiliar administrativa del orden
territorial porque el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 que extendió el campo de
aplicación de la prima técnica al nivel territorial fue declarado nulo4 y; iv) no era
posible afirmar que una situación jurídica subjetiva se consolidó e ingresó
definitivamente al patrimonio de una persona al haber sido creada con
desconocimiento del régimen constitucional y legal que imperaba al momento de su
definición, pues carecía de un justo título; tampoco se le podía aplicar el régimen de
transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, en tanto, de haber nacido el
derecho se fundamentó en una disposición nula.

1.4. El recurso de apelación

8. María Teresa Olivo de Arco interpuso recurso de apelación en los siguientes
términos5:

8.1. Si bien es cierto el Decreto 1724 de 1997 estableció que solo podría asignarse
la prima técnica a los niveles ejecutivo, asesor o ejecutivo y eliminó la posibilidad
para los demás niveles, también es cierto que incluyó un régimen de transición para
aquellos empleados a quienes se les hubiese otorgado y que, aunque
desempeñaran cargos diferentes a los descritos en tal decreto, continuaran
disfrutándola.

4 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de marzo de 2018, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF) NroActua 2»

páginas de la 242 a la 251

4

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

8.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado6 ha reconocido que es posible aplicar
el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 a quienes sin
ocupar cargos de los niveles directivos, asesor, ejecutivo, o sus equivalentes
cumplieran con los siguientes requisitos: i) el derecho al reconocimiento de la prima
técnica por evaluación de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991,
por haber laborado para la respectiva entidad en la vigencia de dicha norma y que
cumplieran los requisitos legales exigidos por esta; ii) hubiesen reclamado la prima
técnica antes o después de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997
siempre que tuvieran el derecho a ella en vigencia del Decreto 1661 de 1991; y iii)
que la entidad demandada injustificadamente hubiese guardado silencio frente a la
petición o resuelto en forma negativa.

8.3. Asimismo, el Consejo de Estado ha señalado que el derecho a percibir la prima
técnica se consolida con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del
Decreto 1724 de 1997 que restringió el derecho a obtenerla7, como en su caso que
la percibió antes de la expedición del citado decreto.

8.4. Los actos administrativos que le reconocieron la prima técnica se encuentran
vigentes y produciendo efectos jurídicos.

8.5. No se tuvo en cuenta que ocupa el cargo de profesional universitario, es decir,
que es una funcionaria que se encuentra amparada por el parágrafo 3 de la
Resolución 3528 del 16 de julio del 1993, que alude a que «el Ministro de Educación
Nacional, podrá otorgar prima técnica por evaluación del desempeño a funcionarios de
niveles diferentes conforme a lo establecido en el artículo tercero del decreto no. 1661/991,
teniendo en cuenta los requisitos exigidos y que la prima técnica por evaluación del
desempeño podrá otorgarse a todos los niveles» (sic).

8.6. En vigencia del Decreto 1661 de 1991 reunió todos los requisitos para que se le
otorgara la prima técnica por evaluación de desempeño y no se configuraron las
causales previstas para su pérdida.

1.5. Alegatos de conclusión

9. Las partes no presentaron alegatos en esta oportunidad8.

6 Sección Segunda, Subsección B, Sentencias del 25 de mayo de 2006, C.P. Jesús María Lemus

Bustamante, Rad. 25000-23-25-000-2001-04955-01(2427-04) y del 21 de enero de 2016, C.P.
Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 73001-23-33-000-2014-00136-01(4507-14).
7 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de octubre de 2005, C.P. Jaime Moreno García,

Rad. 15001-23-31-000-2000-00752-01 (2274-04).
8 Índice 15 de Samai, informe secretarial del 17 de junio de 2022.

5

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

1.6. El Ministerio Público

10. Vencido el término de traslado el Ministerio público no rindió concepto 9.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Se circunscriben a establecer ¿si María Teresa Olivo de Arco tiene derecho al
reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño que le fue
asignada por el departamento de Bolívar con fundamento en los decretos 1661 de
1991 y 1724 de 1997 y con posterioridad le dejó de pagar?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial de la prima técnica

2.2.1. Regulación de la prima técnica a partir de la Ley 60 de 1990

12. A través de la Ley 60 de 1990 el Congreso de la República «revist[ió] [a]l Presidente
de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de
remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras
medidas en relación con los empleados del sector público del orden nacional». La
mencionada ley otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para
modificar el régimen de prima técnica en las distintas ramas y organismos del sector
público, en los siguientes términos:

«Artículo 2. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Política,
revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 6
meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para adoptar las siguientes
medidas en relación con los empleos de las distintas ramas y organismos del poder
público.

1. Determinar las condiciones del retiro de los funcionarios. En desarrollo de esta facultad
podrán establecer sistemas especiales de retiro del servicio mediante compensación
pecuniaria, como la insubsistencia con indemnización y el retiro voluntario mediante
bonificación, para lo cual se precisará la naturaleza de estas figuras, los eventos y
requisitos para su aplicación, el monto y condiciones de la indemnización y bonificación
que se pagará, y el procedimiento para su reconocimiento.

2. Establecer un sistema mediante el cual se otorguen estímulos para los mejores
empleados oficiales.

3. Modificar el régimen de la prima técnica, para que además de los criterios existentes
en la legislación actual, se permita su pago ligado a la evaluación del desempeño y sin

9 Ibidem

6

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Demandante: María Teresa Olivo de Arco

que constituya factor salarial. Para el efecto, se determinará el campo y la temporalidad
de su aplicación, y el procedimiento, requisitos y criterios para su asignación.

4. Establecer un sistema de control y autorizaciones en relación con la negociación de
futuras convenciones colectivas de trabajo por parte de las Juntas Directivas y los
representantes legales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de los
establecimientos públicos del orden nacional, así como parte de los titulares de los
ministerios, departamentos administrativos y demás organismos y entidades del sector
público nacional».

13. En desarrollo de dichas atribuciones, y especialmente para regular lo que tiene
que ver con la prima técnica, el presidente de la República expidió los Decretos
1016 de 1991, «por el cual se establece la Prima Técnica para los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado y los Magistrados del Tribunal
Disciplinario», 1624 de 1991, «por el cual se adiciona el Decreto 1016 de 1991», y 1661
de 1991, «por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema
para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras
disposiciones», a los cuales se referirá la Sala a continuación:

2.2.1.1. Decreto 1016 de 1991

14. Por medio de sus artículos 1, 2 y 3, el gobierno nacional estableció una prima
técnica para los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del
extinto Tribunal Disciplinario, de la siguiente manera:

«Artículo 1.- Cuantía. Establécese una Prima Técnica a favor de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, de los Consejeros de Estado y de los Magistrados del
Tribunal Disciplinario, equivalente al 60% del sueldo básico y los gastos de
representación asignados a dichos funcionarios, en atención a las calidades
excepcionales que exigen para el ejercicio de las funciones propias de esos
empleos.
En ningún caso la Prima Técnica constituirá factor salarial, ni estará incluida en la base
de liquidación de aportes a la Caja Nacional de Previsión Social.

Artículo 2.- Campo de aplicación. Tienen derecho a la Prima Técnica los funcionarios
a que se refiere el artículo anterior, que hayan sido elegidos en propiedad y que
por reunir las calidades y requisitos exigidos para el desempeño del cargo, han
obtenido la confirmación de su designación.
En consecuencia, no requerirá para este efecto el cumplimiento del procedimiento
indicado en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 37 de 1989, ni se sujetará a los límites
previstos en el artículo 3 del mismo Decreto.
La Prima Técnica a que se refiere este Decreto, no se tendrá en cuenta para la
determinación de la remuneración de otros funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Público.

Artículo 3.- Temporalidad. La Prima Técnica se concederá a los funcionarios
jurisdiccionales de que trata el artículo 1º del presente Decreto durante el tiempo en que

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Demandante: María Teresa Olivo de Arco

permanezcan en el desempeño de sus cargos. En ningún caso habrá lugar al pago de
la Prima Técnica durante las licencias no remuneradas». [Se resalta].

2.2.1.2. Decreto 1624 de 1991

15. El Decreto 1016 de 1991 fue adicionado por el 1624 de 1991, en los siguientes
términos:

«Artículo 1.- Adiciónase el Decreto 1016 de 1991, en el sentido de establecer, en las
mismas condiciones, la prima técnica de que trata dicho Decreto a favor de los
siguientes funcionarios:

a) Jefes de Departamento Administrativo, Viceministros, Subjefes de Departamento
Administrativo, Consejeros del Presidente de la República, Secretarios de la Presidencia
de la República, Secretario Privado del Presidente de la República, Subsecretario
General de la Presidencia de la República, Secretarios Generales de Ministerios y
Departamentos Administrativos, Superintendentes, Superintendentes Delegados,
Gerentes, Directores o Presidentes de Establecimientos Públicos, Subgerentes,
Vicepresidentes o Subdirectores de Establecimientos Públicos, Rectores de
Universidad, Vicerrectores o Directores Administrativos de Universidad, Directores
Generales de Ministerios y Departamentos Administrativos;
b) Director Nacional de Instrucción Criminal;
c) Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación, Procurador
Auxiliar, Fiscales del Consejo de Estado, Procuradores Delegados y Secretario General
de la Procuraduría;
d) Contralor General de la República, Contralor Auxiliar, Asistente del Contralor y
Secretario General de la Contraloría;
e) Registrador Nacional del Estado Civil y Secretario General de la Registraduría. El
monto de esta prima será del 50% del total de lo que devenguen los funcionarios
relacionados en el artículo 1º de este Decreto, por concepto de sueldo y gastos de
representación.
Parágrafo.- Los Ministros del Despacho tendrán derecho a la prima de que trata este
artículo, cuando tramiten la respectiva solicitud ante el Jefe del Departamento
Administrativo del Servicio Civil. En tal caso bastará que este funcionario así lo
certifique». [Se resalta].

2.2.1.3. Decreto Ley 1661 de 1991

16. Posteriormente, el gobierno nacional expidió el Decreto 1661 de 1991 «[p]or el
cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar
estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones», y
en su artículo 1 definió la prestación como «un reconocimiento económico para atraer
o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que
se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de
conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección
o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada
organismo».

8

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

17. Asimismo, previó que existirían 2 criterios para otorgar la prestación: i) por título
de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional
o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones
propias del cargo durante un término no menor de tres años, para los niveles
profesional, ejecutivo, asesor o directivo, y ii) por evaluación de desempeño, que
podría ser asignada en todos los niveles. En otros aspectos relevantes señaló:

«Artículo 3.- Niveles en los cuales se otorga Prima Técnica. Para tener derecho al
disfrute de Prima Técnica con base en los requisitos de que trata el literal a) del artículo
anterior, se requiere estar desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo,
asesor o directivo. La Prima Técnica con base en la evaluación del desempeño
podrá asignarse en todos los niveles.
Parágrafo.- En ningún caso podrá un funcionario o empleado disfrutar de más de una
Prima Técnica.

[…]

Artículo 5.- Competencia para asignar Prima Técnica. Será competente para asignar la
Prima Técnica el jefe del organismo respectivo.

Artículo 6.- Procedimiento para la asignación de Prima Técnica.
a)- La solicitud deberá ser presentada en la oficina de personal del respectivo organismo,
o la dependencia que haga sus veces, con la documentación que acredite los requisitos
que se mencionan en el artículo 2º de este Decreto.
b)- Una vez reunida la información, el Jefe de Personal, o quien haga sus veces,
verificará si el solicitante llena los requisitos previstos en los artículos precedentes, para
lo cual contará con un término de 2 meses:
c)- Si el candidato llenare los requisitos, el jefe del organismo correspondiente proferirá
la resolución de asignación.
Parágrafo.- En todo caso, la Prima Técnica sólo podrá otorgarse previa la expedición del
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Artículo 7.- Forma de pago, compatibilidad con los gastos de representación. La Prima
Técnica asignada se pagará mensualmente, y es compatible con el derecho de percibir
gastos de representación. La Prima Técnica constituirá factor de salario cuando se
otorgue con base en los criterios de que trata el literal a) del artículo 2 del presente
Decreto, y no constituirá factor salarial cuando se asigne con base en la evaluación del
desempeño a que se refiere el literal b) del mismo artículo.

Artículo 8.- Temporalidad. El retiro del funcionario o empleado de la entidad en la cual
presta sus servicios implica la pérdida de la Prima Técnica asignada. Igualmente se
perderá cuando se imponga sanción disciplinaria de suspensión.
Parágrafo.- La Prima Técnica en todo caso podrá ser revisada, previa evaluación de
los criterios con base en los cuales fue otorgada. Cuando se asigne con base en
la evaluación del desempeño se perderá si cesan los motivos por los cuales se
asignó». [Se resalta].

9

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

2.2.1.4. Decreto Reglamentario 2164 de 1991

10
18. El anterior decreto fue reglamentado parcialmente por el 2164 de 1991 y en
términos generales, reprodujo la literalidad del Decreto Ley 1661 de 1991, pero
precisó, con un poco más de detalle, algunos aspectos del régimen de prima
técnica, entre ellos, que podría ser devengada por los servidores públicos de las
entidades territoriales, como se señaló en sus artículos 1 y 13.

19. De la lectura sistemática de los artículos 2 y 3 del Decreto ley 1661 de 1991 y de
los artículos 3, 4, 5 y 7 del Decreto reglamentario 2164 de 17 de septiembre de 1991
se pude concluir que, en vigencia de estas normas, para tener derecho a la prima
técnica en cualquiera de sus dos modalidades, es necesario que el servidor público
ocupe su cargo en propiedad.

20. Por un lado, para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada
y experiencia calificada, el empleo ocupado debe estar clasificado en los niveles
profesional, ejecutivo, asesor o directivo, y la experiencia debe ser evaluada por el
jefe del organismo correspondiente. Además, los requisitos presentados para
acceder a esta prima deben ser superiores a los exigidos para el empleo que
desempeñe el empleado público.

21. Por otro lado, la prima técnica por evaluación del desempeño, de acuerdo con el
artículo 3 del Decreto Ley 1661 de 1991, puede otorgarse a todos los niveles. En
virtud de esta disposición, el artículo 5 del Decreto 2461 de 1991 establece que esta
prima procede para los puestos mencionados anteriormente, siempre que la
calificación de servicios del empleado sea, como mínimo, del 90% en el año anterior
a la solicitud, conforme con lo dispuesto en su artículo 7. Esta norma precisa que la
designación de los cargos para recibir dicho beneficio debe realizarse en
consideración a la limitación establecida en el artículo 3 del Decreto Ley 1661 de
1991, que a su vez señala que, en todo caso, el reconocimiento puede ser revisado,
previa evaluación de los criterios con base en los cuales fue otorgado, y que cuando
se asigne con base en la evaluación del desempeño se perderá si cesan los motivos
por los cuales se asignó.

22. En cuanto al monto de la prima técnica, el Decreto Ley 1661 de 1991 establece
claramente que esta «se otorgará como un porcentaje de la asignación básica mensual
correspondiente al empleo del funcionario o empleado beneficiado, no pudiendo superar el
50% de dicha asignación». Además, ordena que su reajuste se realice en la misma
proporción que la variación de la asignación básica mensual. Este mandato se
reiteró en el artículo 10 del Decreto 2164 de 1991.

10 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991.

10

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23. La asignación de este beneficio salarial debe ser otorgada por «el jefe del
organismo correspondiente», previa solicitud del empleado, verificación de los
requisitos y expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, conforme lo
disponen los artículos 5 y 6 del Decreto 1661 de 1991 y 9 del Decreto 2164 de 1991.

24. Adicionalmente, en el caso de entidades descentralizadas, también debe
considerarse la aplicación que de este emolumento adopten sus juntas o consejos
directivos, en los términos del artículo 9 del primer decreto enunciado y 7 del
segundo.

25. De acuerdo con el artículo 8 del Decreto Ley 1661 de 1991, la prima técnica es
de carácter temporal. Se pierde cuando el empleado público se retira de la entidad
en la que trabaja o si se le impone una sanción disciplinaria. Además, puede ser
revisada en función de los criterios que motivaron su concesión. En línea con estos
principios, el Decreto 2164 de 1991, en su artículo 11, especificó las causales por
las cuales se pierde este beneficio salarial, así:

«Artículo 11.- Temporalidad. El disfrute de la prima técnica se perderá:
a) Por retiro del empleado de la entidad a la cual presta sus servicios;
b) Por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de las
funciones, caso en el cual el empleado sólo podrá volver a solicitarla transcurridos
dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia mediante
la cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo susceptible
de asignación de prima técnica;
c) Cuando haya sido otorgada por evaluación del desempeño, se perderá, además,
por obtener el empleado calificación de servicios en porcentaje inferior al establecido
en el artículo 5. de este Decreto o porque hubieren cesado los motivos por los cuales
se asignó.

Parágrafo. - La pérdida del disfrute de la prima técnica operará en forma automática,
una vez se encuentre en firme el acto de retiro del servicio, el de imposición de la
sanción, o la respectiva calificación.
La pérdida de la prima técnica por cesación de los motivos que originaron su
otorgamiento será declarada por el Jefe del organismo, mediante resolución motivada,
contra la cual no procederá recurso alguno»

2.2.2. Regulación de la prima técnica a partir de la Ley 4ª de 1992

26. En vigencia de la Constitución de 1991, a través del artículo 1 de La Ley 4ª de
199211, el legislador delegó en el gobierno nacional la tarea de fijar el régimen

11 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

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salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel
nacional, del Congreso de la República, de la Rama Judicial, del Ministerio Público,
de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública.

27. Para ello, en su artículo 2 ejusdem, se determinaron los objetivos y criterios que
debía atender el gobierno nacional, entre ellos, el respeto por los derechos
adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los
regímenes especiales y que en ningún caso se podrían desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales; la sujeción al marco general de la política macroeconómica
y fiscal; y la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.

28. Así las cosas, en lo que a la prima técnica se refiere y en desarrollo de la Ley 4ª
de 1992, el gobierno nacional la modificó en varios aspectos mediante el Decreto
1724 de 199712. Con tal norma, se reformaron los niveles y cargos que podían
beneficiarse del reconocimiento de la prima referida y que antes estaban contenidos
en el artículo 3 del Decreto 1661 de 1991 y, se dispuso:

«Artículo 1º.- La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo
podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados
con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus
equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Público»

29. En esa medida, el Decreto 1724 de 1997 eliminó la posibilidad de que se
reconociera la prima técnica a los niveles profesional, técnico, administrativo y
operativo.

30. En el artículo 4 ejusdem se estableció un régimen de transición que amparó las
situaciones de quienes habían adquirido el derecho a la prima técnica antes de su
expedición en cargos con niveles distintos a los que incluía la nueva normativa, en
los siguientes términos:

«Artículo 4.- Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto,
continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las
condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su
otorgamiento».

31. La anterior disposición fue objeto de dos interpretaciones por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que se abordaron en la sentencia del 21 de enero

12 Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.

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de 201613 de la siguiente forma:

«debe decirse que la lectura de la norma en cita planteó al interior en esta Sección dos
posibles interpretaciones, en los siguientes términos:

De acuerdo con la primera,14 dicho régimen de transición sólo podría beneficiar a quienes
viniendo del régimen anterior, es decir, del previsto por el Decreto 1661 de 1991, les
hubiera sido reconocida la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada pero no a quienes la hubieran obtenido por evaluación de
desempeño, dado que esta última modalidad, a diferencia de la otra, no tenía carácter
permanente y debía ser obtenida año tras año. En consecuencia, sus efectos no podían
extenderse a un régimen de transición que, como toda regulación de este tipo, busca
poner a salvo los derechos adquiridos o las expectativas de derecho frente a cambios
de legislación.

De acuerdo con la segunda tesis, que prevaleció en la Subsección,15 y que hoy
constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible aplicar
el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 a quienes, sin
ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes bajo
el nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren laborado
para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y que, desde luego,
cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima mencionada
en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a
la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

En síntesis, esta tesis reconoce el derecho a la prima técnica a quienes lo perdieron por
no pertenecer a los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes, restricción
impuesta por el Decreto 1724 de 1997, siempre que hubieren cumplido con las
condiciones señaladas en precedencia16.

[…] En conclusión, servidores públicos de niveles distintos al directivo, asesor o ejecutivo
o sus equivalentes tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica, aún bajo la

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de enero de 2016,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, expediente: 73001-23-33-000-2014-00136-01 (4507-
2014).
14 Salvamento del voto del doctor Jesús María Lemos Bustamante del 9 de octubre de 2003, a la

sentencia dictada el 8 de agosto de 2003, consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado,
expediente 23001-23-31-000-2001-00008-01 (0426-03).
15 Al respecto puede verse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”,

del 8 de agosto de 2003, consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente 23001-23-
31-000-2001-00008-01(0426-2003).
16 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B,

consejero pomnente Jesús María Lemos Bustamante, sentencia de 26 de mayo de 2005, expediente
No. 1892-04.

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vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que bajo las reglas establecidas por el
régimen anterior, el del Decreto 1661 de 1991, hubieren tenido derecho al citado
emolumento.17» (sic)

32. Así pues, los requisitos establecidos por la posición mayoritaria de esta
corporación derivaron en presupuestos a ser analizados en cada caso concreto,
para determinar la viabilidad de los reconocimientos de la prima técnica a
empleados que ocupaban cargos que bajo el nuevo ordenamiento no estaban
incluidos como beneficiarios.

33. En otras palabras, de acuerdo con la segunda interpretación, los servidores
públicos de niveles distintos al directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes tienen
derecho al reconocimiento de la prima técnica, aún en vigencia del Decreto 1724 de
1997, siempre que, bajo las reglas establecidas por el régimen anterior, esto es, el
del Decreto 1661 de 1991, hubieran tenido derecho a la citada prestación y cobijaba
tanto a servidores públicos del nivel nacional como del territorial en aplicación del
derecho a la igualdad, según se entendía hasta entonces.

34. Ahora bien, el régimen de prima técnica establecido en el Decreto 1724 de 1997
fue derogado expresamente con la expedición del Decreto Reglamentario 1336 de
27 de mayo de 2003,18 y este fue luego modificado y complementado por los
Decretos 2177 del 29 de junio de 200619 y 1164 del 1° de junio 2012;20 no obstante,
la Sala no hará un estudio detallado de estos, dado que el acto administrativo que
se demanda fue expedido en vigencia de los Decretos 1661, 2164 de 1991 y 1724
de 1997 y los cargos en su contra se relacionan directamente con la vulneración de
estos, luego en el estudio de legalidad no tiene incidencia la normativa posterior.

2.2.3. La prima técnica para los empleados del nivel territorial

2.2.3.1. Nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991

35. El Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 19 de marzo de 1998 en

17 Ibídem.

En igual sentido se pronunció la Subsección B en sentencia de 23 de marzo de 2006, expediente
No. 2202-05. Veamos:
“La prima técnica por estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada debe serles
reconocida, dando aplicación al régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, a
aquellos servidores a quienes, habiéndoseles reconocido por dicha modalidad, la perdieron como
efecto de la entrada en vigencia del citado decreto o porque, teniendo derecho a ella antes de la
entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, no les fue reconocida por la administración.
18 Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.
19 Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan

otras disposiciones sobre prima técnica.
20 Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del desempeño.

14

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el expediente 1195521, declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991,
por el cual se otorgaba facultades a los gobernadores y los alcaldes, para que
adoptaran los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima
técnica a los empleados públicos del orden departamental y municipal, por haberse
expedido con exceso de la potestad reglamentaria. Al respecto señaló que:

«La potestad reglamentaria, que tiene un origen constitucional, ha sido concebida como
la actividad que realiza el Presidente de la República, como suprema autoridad
administrativa, en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida
ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debiendo para ello, obrar
dentro de los límites de su competencia sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los
parámetros establecidos en aquella «(…)». El decreto que se expida en su ejercicio
debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiene que desarrollar y solo puede
desenvolver lo que explícita o implícitamente esté comprendido en la ley y, por tanto, no
puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus
disposiciones

La Ley 60 del 28 de diciembre de 1990, revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el
régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas en
relación con los “empleos del sector público nacional”. En concreto, frente a aspectos
que interesan dentro del presente proceso, lo habilitó en el numeral 3º del artículo 21
para “Modificar el régimen de la prima técnica, para que además de los criterios
existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado a la evaluación del
desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto, se determinará el
campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento, requisitos y criterios para
su asignación”.

En desarrollo de las anteriores disposiciones el Presidente de la República expidió el
Decreto 1661 de 1991, por medio del cual se modificó el régimen de prima técnica, se
reguló en el artículo 9 lo siguiente:

Otorgamiento de la Prima Técnica en las entidades descentralizadas. Dentro de los
límites consagrados en el presente Decreto, las entidades y organismos
descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus Juntas,
Consejos Directivos o Consejos Superiores, tomarán las medidas pertinentes para
aplicar el régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la
política de personal que adopten.

Una interpretación gramatical, sistemática, coherente, histórica y teleológica de los
anteriores preceptos, llevar a establecer que cuando el artículo 9.º del Decreto 1661
de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima técnica de las entidades
descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden nacional, habida
cuenta que, se reitera, la Ley de facultades en su epígrafe es diáfana al respecto.

Ahora bien, el Decreto 2164 de 1991, por el cual se reglamentó parcialmente el Decreto
– ley 1661 de 1991, en su artículo 13 indicó:

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de marzo de 1998, radicado 11995. M.P.

Silvio Escudero Castro.

15

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Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes
descentralizados. Dentro de los límites consagrados en el Decreto-ley 1661 de 1991 y
en el presente Decreto, los Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, mediante
decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de
prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de
acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fija para cada
entidad.

Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y del Decreto 1661 de 1991, en específico
de su artículo 9º, con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se advierte, sin lugar a
equívocos, como se indicó en la providencia que decretó la suspensión provisional y en
el auto que confirmó tal determinación, que se desbordaron los límites de la potestad
reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima técnica
a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de
verdad, la intención del Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias,
fue únicamente englobar o comprender a los empleos del sector público del orden
nacional

En el mismo orden de ideas se anota que la frase “y se dictan otras disposiciones”,
contenida tanto en el rótulo de la Ley 60 de 1990 como en el Decreto 1661 de 1991,
debe descifrarse en el entendido de que las mismas deben ligarse y relacionar con el
orden nacional, pues es el contenido lógico de dicho concepto (…)».

De acuerdo con la decisión proferida «(…) al expedirse el artículo 13 del Decreto 2164
de 1991, el Gobierno Nacional extralimitó la facultad extraordinaria que la Ley 60 de
1990, le confirió al Presidente de la República, toda vez que solo podía modificar la
nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de viáticos y gastos de
representación relacionados con los empleos del sector público del orden nacional, y no
para hacer extensiva la prima técnica a los empleados de los departamentos y
municipios, por tal razón, la norma mencionada devino en ilegal y fue anulada por la
corporación»22. [Se resalta]

36. En virtud del retiro del ordenamiento jurídico del artículo 13 del Decreto 2164 de
1991, la jurisprudencia del Consejo ha entendido de manera mayoritaria, que la
prima técnica quedó establecida exclusivamente para los empleos del sector público
del orden nacional23.

22 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 19 de octubre de 2017

C.P. William Hernández Gómez, Rad.: 20001-23-33-000-2013-00390-01(2914-15).
23 Sobre el particular se pueden consultar las siguientes sentencias del consejo de Estado. Sala de

contencioso Administrativo. Sección Segunda. C.P. Alberto Arango Mantilla, 3 de mayo de 2001,
número interno 1306-99; C.P. Alberto Arango Mantilla, 17 de junio de 2004, número interno 2113-
2003; C.P. Alberto Arango Mantilla, 17 de junio de 2004, número interno 2713-03; C.P. Jaime Moreno
García, C., 26 de octubre de 2006. Número interno: 2468-04; C.P. Jaime Moreno García. Bogotá
D.C., 23 de noviembre de 2006. Número interno: 3399-05; C.P. Ana Margarita Olaya Forero. Bogotá
D.C., 15 de mayo de 2003. Número interno: 5037-02; C.P. Ana Margarita Olaya Forero. Bogotá D.C.,
27 de abril de 2006. Número interno: 3331-05; C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá D.C., 21 de
mayo de 2009. Número interno 1588-08.

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2.3. Caso en concreto

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

37.1. El 6 de enero de 1995, María Teresa Olivo de Arco, se posesionó en el cargo
de promotor social, en el Colegio Benjamín Herrera de la Secretaría de Educación,
Cultura y Recreación de la Gobernación de Bolívar24.

37.2. Mediante la Resolución 267 del 5 de marzo de 1996 fue inscrita en el escalafón
de la carrera administrativa en el cargo promotor social, código 9009-04, de la
Gobernación de Bolívar25.

37.3. De conformidad con el certificado de antecedentes ordinarios 859334404 del
29 de agosto de 2016 expedido por la Procuraduría General de la Nación la
demandante no registra sanciones ni inhabilidades vigentes26.

37.4. Según consta en el formato único de hoja de vida la demandante desempeña
el cargo de profesional universitario27. Asimismo, obran actas de posesión del 7 de
junio de 2004 en el cargo de profesional universitario, código 340, grado 5, asignada
a la planta de cargos de la Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar en la
Institución Educativa Benjamín Herrera del municipio de Arjona [por incorporación
prevista en el Decreto 214 del 16 de marzo de 2004] 28; del 28 de noviembre de
2009 en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 13, incorporada a
la planta de cargos Administrativos de esa gobernación [dispuesta en el Decreto
0397 del 10 de noviembre del 2009]29; y del 25 de mayo de 2015 en el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 04, de la planta de personal de la
referida secretaría a la institución educativa a la cual había sido incorporada por el
Decreto 0842 del 25 de marzo de 201530.

37.5. Con ocasión de peticiones presentadas por servidores administrativos de la
educación en el departamento de Bolívar, quienes solicitaron la asignación y pago
de la prima técnica por evaluación de desempeño, la Gobernación de Bolívar expidió
la Resolución 520 del 1° de abril de 2003 por medio de la cual asignó la prestación

24 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF) NroActua 2»

página 28.
25 Ibidem, página 29.
26 Ibidem, página 30.
27Ibidem, páginas 171 y 172, según consta en el expediente administrativo remitido por la

Gobernación de Bolívar con destino al proceso judicial mediante oficio GOBOL-19-036658 del 31 de
julio del 2019.
28 Ibidem, página 179.
29 Ibidem, página 200.
30 Ibidem, página 201.

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de conformidad con las calificaciones de los años 1997 al 2001, en la cual a la
demandante se le asignó $0,0031, decisión que fue modificada con la Resolución
1601 del 16 de septiembre de 2003 «por el cual se resuelve un recurso de reposición»
en el sentido de «incluir dentro de los valores reconocidos y pagados las pretensiones»,
entre otros, a María Teresa Olivo de Arco32.

37.6. A través de la Resolución del 1394 del 25 de octubre de 2005, la Gobernación
de Bolívar revocó la decisión de la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento de Bolívar contenida en el oficio del 10 de diciembre de 2004 y en la
Resolución 0095 del 2 de abril del 2005 por las cuales se había negado el pago de
la prima técnica a quienes se les había reconocido por medio de la Resolución 520
de 2003 con fundamento en que dicho acto administrativo se encontraba en firme
y, por lo tanto, era inmodificable y continuaba produciendo efectos. En ese sentido,
se indicó que su desconocimiento resultaría más oneroso para la administración con
la eventual imposición de un pago por sentencia judicial, razón tal, para que la
Gobernación de Bolívar y la Secretaría de Educación del departamento continuaran
con el pago de la prima técnica por el periodo dejado de sufragar desde enero de
2002 y mientras la citada resolución se encontrara vigente, sin perjuicio de que
pudiese ser demandado ante la jurisdicción33.

37.7. El Comité de Conciliación del Departamento de Bolívar aprobó la solicitud de
conciliación por el pago de conceptos de prima técnica debidos a los empleados
administrativos a quienes se les había asignado dicho emolumento, entre otros, a
la demandante, desde enero del 2002 hasta el 31 de agosto del 2006 en las actas
del 12 de abril y del 8 de mayo del 200734.

37.8. Mediante peticiones del 3 de noviembre del 200935, 5 de octubre del 201136, y
20 de noviembre de 201237 la demandante y otros empleados solicitaron a la
Gobernación de Bolívar que continuara con el pago de la prima técnica que les había
sido dejada de sufragar.

37.9. Con el oficio del 27 de abril del 2016, la entidad demandada dio respuesta
negativa a la petición elevada por la demandante el 12 de abril de 2016 con el
argumento de que al revisar las bases de datos no se había encontrado evidencia
de que se le hubiese realizado pago alguno por dicho concepto y que mediante la

31 Ibidem, páginas de la 38 a la 42.
32 Ibidem, páginas de la 43 a la 47.
33 Ibidem, páginas de la 48 a la 51.
34 Ibidem, páginas de la 52 a la 56.
35 Ibidem, páginas de la 75 a la 78, sin fecha de recibo.
36 Ibidem, páginas de la 79 a la 83.
37 Ibidem, páginas de la 84 a la 88.

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sentencia del 19 de marzo de 1998 el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991,
reglamentario del Decreto 1661 de 1991, había sido declarado nulo por el Consejo
de Estado, por lo que, resultaba improcedente el pago solicitado para los empleados
del orden departamental38.

37.10. De acuerdo con el certificado del 28 de abril de 2016 suscrito por el Grupo de
Nómina de la Secretaría de Educación de Bolívar «revisado el Sistema de Información
dentro del proceso de Nómina, se constató, que a la señora MARIA TERESA OLIVO DE
ARCO con CC N° 45.457.255 no presenta liquidación por concepto de prima técnica»39.

37.11. Obran formatos de evaluación de desempeño laboral técnico, asistencial y
operativo sin personal a cargo en los empleos de promotor social y profesional
universitario de los siguientes períodos: desde 10 de febrero de 2003 hasta el 12 de
febrero de 200440; desde 13 de febrero de 2004 hasta el 12 de febrero de 200541;
desde 1 de agosto de 2005 hasta el 1 de enero de 200642; y desde 1 de febrero de
2006 hasta el 1 de julio de 200643.

37.12. Teniendo en cuenta los periodos reclamados en la demanda fueron aportados
al proceso44 las siguientes evaluaciones de desempeño: del 1° de agosto de 2007
al 31 de enero de 2008; del 1° de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010; del 1° de
febrero de 2010 al 31 de enero de 2011; 1° de febrero de 2011 al 31 de enero de
2012; 1° de febrero de 2012 al 31 de enero de 2013; 1° de febrero de 2013 al 31 de
enero de 2014; 1° de febrero de 2020 al 31 de julio de 2020; 1° de febrero de 2021
al 31 de enero de 2022; 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022; 1° de febrero
de 2022 al 31 de julio de 2022; 1° de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023; 1° de
enero de 2022 al 31 de julio de 2022; 1° de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023;
1° de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023; 1° de febrero de 2023 al 31 de enero
de 2024; 1° de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024; 1° de agosto de 2024 al 31
de enero de 2024; y 1° de febrero de 2024 al 31 de enero de 202545.

38 Ibidem, páginas de la 20 a la 23.
39 Ibidem, página 24.
40 Índice 2 Plataforma Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF)
NroActua 2» Pág. de la 173 a la 178
41 Índice 2 Plataforma Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF)

NroActua 2» Pág. de la 180 a la 185
42 Índice 2 Plataforma Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF)

NroActua 2» Pág. de la 186 a la 194
43 Índice 2 Plataforma Samai, expediente digital, archivo «ED_011300123330002016(.PDF)

NroActua 2» Pág. de la 195 a la 199
44
Comoquiera que, en primera instancia se habían decretado como prueba las evaluaciones de desempeño de
la demandante de los años 2007 en adelante y la Gobernación de Bolívar aportó la de unos años que no
correspondían a los objeto del litigio, mediante auto del 30 de noviembre de 2023, visible a índice 14 de
Samai, este despacho con fundamento en el artículo 213 del CGP las decretó de oficio, decisión reiterada a
través del auto del 30 de septiembre de 2024 obrante a índice 25 de Samai.
45
Índice 31 de Samai.

19

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

38. La controversia se circunscribe a determinar si María Teresa Olivo de Arco tiene
derecho al pago la prima técnica por el criterio de evaluación de desempeño desde
el 1° de septiembre del 2007 en adelante, la cual le había sido asignada por el
departamento de Bolívar mediante la Resolución 520 del 2003 en aplicación de lo
previsto en los decretos 1661 y 1724 de 1997 y la Ley 715 de 2001.

39. Sobre el particular, la Sala advierte que la demandante fue vinculada en periodo
de prueba el 6 de enero de 1995 en el cargo de promotor social, en el Colegio
Benjamín Herrera adscrito a la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación de la
Gobernación de Bolívar e inscrita en carrera administrativa a través de Resolución
267 del 5 de marzo de 1996. Posteriormente, por incorporación tomó posesión de
otros cargos asignados a dicha entidad, así: con actas de posesión del 7 de junio
de 2004 en el cargo de profesional universitario, código 340, grado 5; del 28 de
noviembre de 2009 en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 13; y
del 25 de mayo de 2015 en el cargo de profesional universitario, código 219, grado
04.

40. Asípues, es una servidora pública del orden territorial, sin que, por haber
ingresado a la planta de cargos del departamento con la incorporación de los
funcionarios del Fondo Educativo Departamental -en cumplimiento de la Ley 60 de
1993, derogada por la Ley 715 de 2001- y estar financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones para la educación, hubiese cambiado su vinculación. En
todo caso, esos dineros son de uso exclusivo del ente territorial.

41. En efecto, como lo concluyó el a quo, no le resultan aplicables las resoluciones
3528 de 1993 y 5737 de 1994 que regulan la prima técnica en el Ministerio de
Educación Nacional, porque no probó que tuviera la condición de servidora pública
del orden nacional, en este caso, de la planta del Ministerio de Educación Nacional
o que fuera servidora del orden nacional que prestara servicios administrativos
educativos en entidad territorial, como expresamente lo exigen tales resoluciones.

42. En esas condiciones, ha de precisarse sí de conformidad con el decreto 1661 de
1991 María Teresa Olivo de Arco tenía derecho a la prima técnica por evaluación
de desempeño.

43. Del marco normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia se observa que
la prima técnica por evaluación de desempeño solo se estableció para los
empleados públicos del orden nacional, presupuesto que no cumple la demandante.
Si bien, el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 dispuso que procedía el

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

reconocimiento para los empleados públicos de las entidades territoriales y sus
entes descentralizados, también lo es que dicha disposición fue declarada nula por
el Consejo de Estado en sentencia del 19 de marzo de 1998 al considerarse que el
gobierno nacional había excedido las facultades extraordinarias que le había
otorgado la Ley 60 de 1990.

44. En este punto es importante reiterar que el artículo 4 del Decreto 1724 de 199746
estableció un régimen de transición que amparó las situaciones jurídicas de quienes
habían adquirido el derecho a la prima técnica antes de su expedición en cargos
con niveles distintos a los incluidos en él, sin que tal transición se refiriera o
acogiera a los servidores públicos del orden territorial, pues a partir de la sentencia
que declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 quedó claro que los
servidores de dicho orden no tenían derecho a la aplicación del régimen de prima
técnica.

45. Aunado a ello, la prima técnica por evaluación de desempeño es una prestación
periódica de tracto sucesivo, de manera que su consolidación está sujeta a la
anualidad respectiva y se asigna luego de la obtención de la calificación anual, so
pena de su extinción. En consecuencia, podía la gobernación de Bolívar analizar
tanto los fundamentos fácticos como los jurídicos de su otorgamiento y encontrar
que, con fundamento en la declaratoria de nulidad citada, María Teresa Olivo de
Arco no tenía derecho a ella, como en efecto lo hizo en el acto administrativo
demandado.

46. En tal contexto, vale precisar que en la Resolución 520 del 200347 [la cual, si bien
no constituye el acto administrativo acusado, es, según la parte demandante, el
instrumento mediante el cual se le otorgó el reconocimiento prestacional] se indicó
que, en atención a que, para la fecha de expedición del Decreto 1724 de 1997, ya
se había solicitado la prima técnica por parte de los servidores administrativos de la
educación en el departamento era procedente su asignación. En dicho acto se
incluyó la nómina de los servidores beneficiarios —entre quienes se encuentra la
demandante—, así como la relación de las calificaciones de desempeño
correspondientes a los años 1997 al 2001; lo cual, a juicio de esta Sala, permite
concluir que dicha asignación se fundamentó en las evaluaciones de desempeño
de los años en mención.

47. Igual sucede con la Resolución 1394 del 25 de octubre 25 de 200548 que

46 «por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado. El

presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley
4 de 1992»
47
Modificada por la Resolución 1601 del 16 de septiembre de 2003
48
con acuerdo conciliatorio de pago del comité de conciliación en actas del 12 de abril y 8 mayo del 2007

21

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Demandante: María Teresa Olivo de Arco

determinó «[r]evocase, como en efecto se hace, la decisión de la Secretaría de Educación
y cultura del Departamento de Bolívar contenida en el oficio de Diciembre 10 de 2.004 y la
resolución 0095 de Abril 2 de 2.005, por las cuales se negó el pago de prima técnica a los
poderdantes del Doctor JORGE ADIB BLELL CERVANTES, y que les venía reconocida
mediante la Resolución 520 del 1° de abril de 2003» desde el año 2002 hasta el 31 de
agosto de 2007, momento en el se le dejó de pagar a prima según lo indicado en la
demanda.

48. De esta manera y de acuerdo con lo expuesto hasta aquí, la entidad territorial
anualmente debía verificar los presupuestos de causación de la prestación, máxime,
porque el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991 señala la posibilidad de
revisarla, previa evaluación de los criterios con base en los cuales fue otorgada.
Específicamente, en cuanto a la prima técnica asignada según el criterio de
evaluación del desempeño es viable su pérdida si cesan los motivos por los cuales
se otorgó.

49. En el sub judice, con ocasión de la petición presentada por la demandante con
radicado PQR 9272 del 12 de abril de 2016, y que dio origen al acto administrativo
acusado del 27 de abril del 2016, la entidad demandada señaló que, con
fundamento en la sentencia del 19 de marzo de 1998, el artículo 13 del Decreto
2164 de 1991, reglamentario del Decreto 1661 de 1991, había sido declarado nulo
por lo que resultaba improcedente el pago solicitado para los empleados del orden
departamental, criterio acorde con lo expuesto en precedencia.

50. Ahora bien, en el escrito de apelación la demandante argumentó que tenía
derechos adquiridos. No obstante, la Sala advierte que, de acuerdo con el marco
normativo expuesto, los decretos 1661 y 2164 de 1991 modificaron el régimen de
prima técnica de conformidad con las facultades otorgadas al gobierno nacional en
la Ley 60 de 1990 y, que, determinaron que aquel era en relación con los
empleados del sector público del orden nacional, razón tal, para que declarara
la nulidad de la disposición que extendió el régimen a los del orden territorial [artículo
13 del Decreto 2164 de 1991], por ende, a la demandante no se le desconoció un
derecho adquirido, pues para que el derecho fuera considerado así, era necesario
que hubiera cumplido los supuestos que la norma prevé para obtenerlo; sin
embargo, se insiste, comoquiera que ella era una servidora pública del orden
territorial no le era aplicable el régimen de prima técnica prevista para los del orden
nacional. En otras palabras, no cumplió con los presupuestos para que, en virtud de
la normatividad analizada, la entidad demandada estuviera en la obligación de
acceder a su solicitud.

51. Al respecto, en sentencia C-789 de 2002 la Corte Constitucional señaló que
«configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden
incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”, es decir,
que para que se configure un derecho adquirido, es necesario que se reúnan todas las
condiciones necesarias para adquirirlo antes de que opere el tránsito legislativo», garantía
que es fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de
los asociados y de estos con el Estado, no obstante, en el presente asunto no se
reunieron las condiciones para que se le asignara la prima técnica por cuanto sus
fundamentos normativos habían desaparecido del ordenamiento jurídico.

Así pues, de conformidad con el artículo 58 de la Carta Política, los derechos
52.

adquiridos «Se garantizan (…) con arreglo a las leyes civiles», lo que significa que son
prerrogativas que deben y debieron respetar el ordenamiento jurídico para que
obtengan esa connotación. Por consiguiente, la garantía del derecho adquirido,
entre otras exigencias, depende de que se hubiese alcanzado con respaldo en el
marco legal, «lo cual quiere decir que debe existir un justo título por lo que “solo pueden
tener la entidad suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan
el ordenamiento jurídico»49.

53. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 12 de
diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, que
negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

49 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, fallo de 9 de julio de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-
00499-01 (3558-17).

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01002-01 (3611-2021)
Demandante: María Teresa Olivo de Arco

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

58. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que María Teresa Olivo de
Arco no tenía derecho a la asignación de la prima técnica por evaluación de
desempeño como servidora pública del orden territorial con fundamento en los
decretos 1661 de 1991 y 1724 de 1997. En esas condiciones, se confirmará la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 2, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por María Teresa Olivo de Arco contra la Gobernación de Bolívar.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

50En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: María Teresa Olivo de Arco

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV 08001-23-33-000-
2020-00332-02 (0326-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

25

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