República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2020-00332-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Pensión de jubilación por acumulación por aportes.
Incumplimiento de tiempo de servicio
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 25 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Marleny de las Mercedes Petro Martínez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución RDP-009560 del 21 de marzo
de 2019, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de una pensión de vejez
de conformidad con la Ley 797 de 2003.
1
En lo que sigue Ugpp.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de que el demandante era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; ii) el reconocimiento pensional
desde el 24 de septiembre de 2010, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990; iii) el pago del retroactivo pensional; y iii) el
reconocimiento y pago de los intereses a los que hubiere lugar.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Marleny de las Mercedes Petro Martínez nació el 24 de septiembre de 1955.
3.2. Cotizó 348,85 semanas al Instituto de Seguros Sociales3 en actividades al
servicio del sector privado y 655 semanas como tiempos públicos; estos últimos al
haber laborado para el departamento del Atlántico, en el liquidado Hospital
Universitario de Barranquilla, en el cargo de secretaria desde el 21 de abril de 1987
hasta el 18 de enero de 2000, para un total de 1003,85.
3.3. Al 1°de abril de 1994 tenía 38 años de edad por lo que era beneficiaria del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Y a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 [esto es el 27 de julio de 2005] contaba con
1003,85 semanas cotizadas, por lo que se le hizo extensivo el régimen hasta el 31
de diciembre del 2014.
3.4. Cumplió 60 años el 24 de septiembre de 2010, por lo que en los términos del
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año,
acreditó los requisitos para que le fuera reconocida la pensión de vejez, puesto que,
a dicha fecha tenía 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y 500 en los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad al ISS [esto es entre el 24 de septiembre
de 1990 y el 24 de octubre de 2010].
3.5. Mediante la Resolución RDP 009560 del 21 de marzo de 2019, la Ugpp le negó
el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada, con fundamento en que solo
contaba con 999 semanas cotizadas y no contaba con el tiempo requerido para
beneficiarse del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1994, por lo
tanto, debía aplicársele la Ley 797 de 2003 frente al cual debía acreditar 57 años de
edad y 1300 semanas, lo que no ocurrió.
3.6. A través de la Resolución RDP 030023 del 4 de octubre de 2019, la citada
3
En lo que sigue ISS
2
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
administradora le reconoció una indemnización sustitutiva de pensión de vejez.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12, 13 y 20 del
Decreto 758 de 1990.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. Era beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma tenía 38
años de edad, razón por la cual su solicitud pensional debió analizarse bajo los
parámetros establecidos por el Decreto 758 de 1990.
5.2. Asimismo, a la entrada en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con
1003,85 semanas cotizadas y la última cotización la efectuó en el año 2000, por lo
que se le debía extender el régimen de transición hasta diciembre de 2014. En esa
medida, comoquiera que cumplió 55 años el 24 de septiembre del 2010 y contaba
con 1003,85 semanas cotizadas en cualquier tiempo y 500 semanas en los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad, era acreedora del reconocimiento pensional
de conformidad con el Decreto 758 de 1990.
5.3. La Ugpp le negó el derecho bajo la aplicación de la Ley 797 de 2003, porque
solo contaba con 999 semanas cotizadas. Sin embargo, en primer lugar, los
requisitos pensionales los cumplió el 24 de septiembre de 2010, en virtud del
régimen de transición que le fue extendido según lo previsto por el Acto Legislativo
01 de 2005 y, en segundo lugar, contaba con 1003,85 semanas cotizadas resultado
de sumar las 348,85 semanas cotizadas a Colpensiones por tiempos privados y 655
cotizadas a la Ugpp.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones5:
6.1. Marleny de las Mercedes Petro Martínez no era beneficiaria del régimen de
4
Índice 18 Samai del Tribunal, archivo
«13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_08001233300020200033(.zip)
NroActua 18», carpeta 08001233300020200033200, documento 01 COPIA DIGITAL DEMANDA
5
Índice 18 Samai del Tribunal, archivo
«13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_08001233300020200033(.zip)
NroActua 18», carpeta 08001233300020200033200, documento 13 Contestación de la demanda
UGPP
3
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
transición. En efecto, registró aportes privados al ISS en forma discontinua desde el
1° de abril de 1976 hasta el 17 de febrero de 1984 y luego a Cajanal entre el 21 de
abril de 1987 y el 18 de enero de 2000. Al 1° de abril de 1994 se encontraba
cotizando a Cajanal, entidad pública del orden nacional, por lo tanto, la fecha para
determinar si era o no beneficiaria del régimen era al 1° de abril de 1994 y no como
se manifestó en la demanda. Así «[s]e tiene entonces que para la entrada en vigencia
del sistema de seguridad social en pensiones 01 de abril de 1994 contara con una edad
superior a los 35 años (fecha de nacimiento 24-09-1955 al 01-04-1994: Edad al 01 de abril
de 1994 es de 38 años 7 meses). La parte demandante no es beneficiaria del régimen de
transición, por lo tanto, no le es aplicable el Articulo 36 de la Ley 100 de 1993, y su
prestación se rige a la luz de la ley 100 modificada por la ley 797 de 2003».
6.2. La demandante no contaba con las semanas requeridas para el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez solicitada, toda vez que para el año 2010 fecha en
que cumplió 55 años de edad, era necesario que acreditara 1175 semanas y según
su historia laboral, contaba con un total de 6,693 días laborados que corresponden
a 999 semanas.
6.3. Por último, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de las
obligaciones reclamadas; ii) cobro de los no debido; iii) buena fe; iv) compensación;
y v) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, en
sentencia proferida el 25 de agosto de 2023 declaró no probadas las excepciones
de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo debido y buena fe propuestas por la
Ugpp, y la nulidad del acto administrativo demandado; y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó:
«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP a pagar por
concepto de pensión de jubilación a la señora Marleny de las Mercedes Petro Martínez
en los términos previstos en la Ley 71 de 1988, derecho que se hizo exigible a partir del
24 de septiembre de 2010, las mesadas pensionales causadas a su favor y que
corresponden a las generadas a partir del 19 de diciembre de 2016. El IBL corresponderá
con los salarios sobre los cuales cotizó en los últimos 10 años y que guarden relación
con los factores salariales regulados en el Decreto 1158 de 1994.
CUARTO: Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas a favor de la
señora Marleny de las Mercedes Petro Martínez entre el 24 de septiembre de 2010 hasta
el 18 de diciembre de 2016. Lo anterior con base en lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
QUINTO: Condenar a la UGPP al reconocimiento y pago de intereses moratorios por el
no pago oportuno de la mesada pensional a favor de Marleny de las Mercedes Petro
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
Martinez a partir del 20 de abril de 2019, los cuales se liquidan con base en «[...] el
importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se
efectué el pago».
La UGPP podrá descontar la suma de dinero que habría sido pagada por concepto de
indemnización sustitutiva de pensión de vejez, de lo que corresponde reconocer a la
demandante por mesadas pensionales e intereses moratorios.
SEXTO: Sin costas».
8. Para tal efecto, se pronunció en estos términos6:
8.1. Marleny de las Mercedes Petro Martínez nació el 24 de septiembre de 1955, es
decir, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años
por lo que era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
referida ley.
8.2. En la Resolución RDP 030023 del 4 de octubre de 2019, por medio de la cual la
Ugpp le reconoció una indemnización sustitutiva de pensión de vejez a la
demandante, se señaló que había cotizado 655 semanas correspondientes al
periodo laborado en el departamento del Atlántico [Hospital de Barranquilla]. No
obstante, las cotizaciones que sirvieron de referencia para determinar que no tenía
derecho a una pensión de vejez, pero sí a una indemnización sustitutiva no
incluyeron las semanas que cotizó para el entonces ISS, las cuales, según la
certificación emitida por Colpensiones, sumaban un total 348.43 semanas.
Entonces, de la suma de las semanas cotizadas entre el año 1976 y el 18 de enero
de 2000 y las aportadas al ISS, se concluye que acumuló en total 1003,43 semanas.
8.3. Comoquiera que las semanas cotizadas por Marleny de las Mercedes Petro
Martínez acumularon aportes tanto del sector público como del sector privado, en
aplicación del principio iura novit curia, adquirió el derecho en aplicación de lo
previsto en la Ley 71 de 1988, la cual exige para el reconocimiento de una pensión:
20 años de servicio [1000 semanas de cotización] y 55 años de edad para las
mujeres, los cuales cumplió el 24 de septiembre de 2010.
8.4. La anterior conclusión, tiene fundamento en lo previsto en el parágrafo transitorio
4 del acto legislativo 01 de 2005, pues Marleny de las Mercedes Petro Martínez
tenía más de 750 semanas a la entrada en vigencia del citado acto y comoquiera
que su derecho se consolidó antes del 31 de diciembre de 2014, sí tenía derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en los términos previstos en la
Ley 71 de 1988. Para la liquidación de la prestación el IBL se debe computar con
los salarios sobre los cuales cotizó en los últimos 10 años trabajados y los factores
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Índice 36 Samai del Tribunal.
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
salariales señalados en el Decreto 1158 de 19947.
8.5. El 19 de diciembre de 2018 se interrumpió el término de prescripción con la
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez presentada por la
demandante ante la Ugpp, por lo que las mesadas causadas entre el 24 de
septiembre de 2010 y el 18 de diciembre de 2016 prescribieron y tiene derecho a
las causadas a partir del 19 de diciembre de 2016.
8.6. La Ugpp contaba hasta el 19 abril de 2019 para resolver sobre la reclamación
prestacional formulada por la demandante, pero aquella fue resuelta el 21 de marzo
de ese año, por lo que, resulta procedente reconocer y pagar a favor de Marleny de
las Mercedes Petro Martínez los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 por el no pago oportuno de la mesada pensional a partir del 20
de abril de 2019. Y, se deberá descontar de la condena [que incluye las mesadas
pensionales e intereses moratorios] lo recibido por concepto de indemnización
sustitutiva.
1.4. Los recursos de apelación
9. Marleny de las Mercedes Petro Martínez interpuso recurso de apelación en el cual
manifestó que8:
9.1. El a quo erró al determinar las mesadas que se encontraban prescritas, en tanto
señaló que se pagarían las causadas a partir el 19 de diciembre del 2016, sin
embargo, como en efecto lo indicó en la parte considerativa la solicitud pensional se
presentó el 19 de diciembre del 2018 y contados los 3 años de la prescripción se
debió ordenar el pago de las causadas desde el 19 de diciembre del 2015.
9.2. En el ordinal tercero de la sentencia recurrida, que reconoció la pensión y ordenó
el pago de las mesadas, pese a determinarse la fecha a partir de la cual se debía
comenzar a pagar la prestación no se especificó que además le correspondía a la
entidad demandada continuar con el pago de las mesadas que se siguieran
causando, ello a efectos de que la entidad no tome tal vacío como pretexto para no
cumplir con su obligación de forma vitalicia.
10. La Ugpp apeló la decisión de primera instancia y la sustentó así9:
10.1. Lo decidido en la sentencia recurrida no se circunscribió a lo solicitado tanto en
7
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección "A", en la sentencia de 25 de agosto de 2022.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05578-01 (2801-2020).
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Índice 41 del Samai del tribunal.
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Índice 40 del Samai tribunal.
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
sede administrativa como en la judicial, toda vez que la petición de reconocimiento
pensional estuvo encaminada a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 [aprobado
por el Decreto 758 de ese año] y, en consecuencia, el acto acusado se expidió bajo
los criterios solicitados y ajustado a derecho.
10.2. La aplicación de la Ley 71 de 1988 no fue congruente con lo pretendido en la
demanda ni con lo reclamado en sede administrativa, por lo que se desconoció el
principio de congruencia de las sentencias previsto en el artículo 281 del Código
General del Proceso10 aplicable a los asuntos de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
10.3. La
jurisdicción contenciosa administrativa es rogada, en consecuencia, la
sentencia debió limitarse a lo pretendido y a las normas invocadas como
desconocidas en la demanda, es decir, a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990.
10.4. La demandante no era beneficiaria del régimen de transición, en la medida en
que «[e]n sede administrativa la actora solo acredita un total de 999, La parte actora registra
aportes privados al ISS en forma discontinua desde el 01 de abril de 1976 al 17 de febrero
de 1984 y luego registra aportes a CAJANAL desde el 21 de abril de 1987 al 18 de enero
de 2000, tal como se encuentra plasmado en el acto administrativo RDP 009560 de fecha
21 de marzo de 2019. La señora MARLENYS DE LAS MERCEDES PETRO JIMENEZ, para
el 01 de abril de 1994 se encontraba cotizando para la CAJA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL CAJANAL entidad Pública del Orden Nacional, por lo tanto, la fecha para
determinar si es o no beneficiario del régimen de transición es la del 1 de abril de 1994 y no
como se manifestó en la demanda. Por lo tanto, consideramos que la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003» (sic).
10.5. Para acceder a la pensión de vejez bajo los parámetros de las citadas normas
debía cumplir con 57 años de edad y el número de semanas establecidas por la ley
según el momento de cumplir la edad, que para el presente asunto eran 1.300
semanas, las cuales no acreditó. Razón por la cual no era procedente el
reconocimiento pensional.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
8. La Ugpp reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y agregó
que en el expediente estaba acreditado que la demandante había cotizado un total
de 6,993 días cotizados, correspondientes a 999 semanas, por consiguiente, pese
a que al 1° de abril de 1994 tenía 39 años de edad y para el 29 de julio de 2005
[fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005] contaba con más de
750 cotizadas al sistema [lo que en principio la haría acreedora del régimen de
10
En lo que sigue CGP
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
transición] no cumplió los requisitos mínimos exigidos por el la Ley 71 de 1988 antes
del 31 de diciembre de 2014 [última fecha de vigencia del régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993], es decir, haber acreditado 20 años de servicio
[en entidades públicas o privadas] y 55 años de edad. Lo anterior por cuanto 20
años de servicio corresponden a 1028.57 semanas cotizadas, y aquella solo
contaba con 999. Incluso pese al error del a quo al indicar que había demostrado
1.003,43 semanas cotizadas, apartándose de lo efectivamente certificado, no
alcanzaba a acreditar al menos los 20 de años de servicio continuos o discontinuos
al sistema integral de pensiones, como lo exige la Ley 71 de 1988.
1.6. El Ministerio Público
9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto11.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
10. Se circunscriben a establecer ¿si el Tribunal Administrativo del Atlántico
desconoció el principio de justicia rogada y el privilegio previo de la administración
al analizar la situación del peticionario de acuerdo con disposiciones que no fueron
alegadas en la demanda ni en sede administrativa? ¿si Marleny de las Mercedes
Petro Martínez es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si,
en consecuencia, cumplió con los requisitos para el reconocimiento pensional en
los términos de la Ley 71 de 1988 por haber acumulado tiempo de servicio en el
sector público y privado? de ser negativa la respuesta anterior se deberá establecer
¿si se encuentra dentro de los presupuestos jurisprudenciales para acceder al
derecho pensional con la posibilidad de acumular tiempos de servicio público con
las cotizaciones efectuadas en el ISS en aplicación del Acuerdo 049 de 1990?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988
11. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se
permitía que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo
laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de
jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad
que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban
en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.
11
Obra envió de notificación a índice 7 de Samai.
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
12. Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma
de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».
13. Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989
y posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:
«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley».
14. La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto
1474 de 199712. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección
mediante la sentencia del 15 de mayo de 201413, por considerar que desconocía la
finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio
legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:
«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).
Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
12
Por el cual se derogan, modifican y lo adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748
de 1995 y se dictan otras disposiciones
13
Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011) consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve.
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios
de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional».
15. Así las cosas, comoquiera que la norma había cobrado vigencia a partir de tal
declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para
determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen
de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la
establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es que se
debía liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los
aportes durante el último año de servicio.
16. El criterio de la corporación era congruente con la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que señalaba que la liquidación de la
pensión correspondía al 75 % de lo devengado por el trabajador en el último año de
servicio. No obstante, esta postura ha sido recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201814, a partir de la cual el Consejo de Estado se inclinó por la taxatividad
de los factores de salario y concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas que se benefician de este.
17. Así, a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como
régimen anterior la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, se deben
seguir la regla y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación15, es decir, que el IBL
debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo
6.° del Decreto 2709 de 1994.
18. Respecto de la entidad competente para el pago de la pensión de jubilación bajo
el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994
dispuso:
«Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes
será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron
aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018 radicado 2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
15
Consejo de Estado. Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01
10
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
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sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor
tiempo de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha
prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes son del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las
mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago».
19. De acuerdo con lo anterior, la regla especial de competencia para el
reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación por aportes recae en la última
entidad de previsión social a la que el trabajador estuvo afiliado, siempre y cuando
el tiempo de vinculación hubiese sido igual o mayor 6 años, continuos o
discontinuos. De lo contrario, dicho reconocimiento corresponderá a la entidad o
fondo en el cual se haya realizado el mayor aporte.
2.2.2. En cuanto al régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990
20. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 1977 16,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez,
muerte, y asignaciones familiares.
21. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
(creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un como organismo del gobierno
que tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen
de dichos seguros) la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud».
22. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del 1°
de febrero de 199017 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social obligatorio
i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o extranjeros que
16
«Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
17
«por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte»
11
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presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de
aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales
y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con
las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas
totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores independientes; b) los
sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y, c) los
servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros sectores de
población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen de los seguros
sociales obligatorios.
23. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder a
la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
24. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia18 consideraba que no era posible sumar
los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía que esos
tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la posibilidad de
computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los artículos 13, literal
f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de prima media con
prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones, de manera que
no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de cada una de
ellas19.
25. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
18
Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
19
Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
12
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para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló20:
«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse
con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos
laborados a entidades públicas» [Se resalta].
26. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a
los afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector público
y privado. Esto dijo21:
«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque
su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de
vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso
a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados
concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las
cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos
de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993
y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales,
cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
20
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
21
Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
13
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cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las
pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990
en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Se resalta].
27. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201422. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las aportadas al ISS; y
ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión
para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva
al ISS.
28. Al
respecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicio prestado en entidades públicas con el cotizado en el
ISS:
«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:
22
Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
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7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios
exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las
semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese
Instituto”;
(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de
1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y
las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”23.
En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente24:
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.
Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
23
Sentencia T-201 de 2012.
24
Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
15
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principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».
29. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte
y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:
«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el
régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación
en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la
segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los
artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución25.
Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a
empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez». [Se resalta].
30. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en las
que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
25
Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En
el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se
consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como
fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las
personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr.
Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
16
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reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:
«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para
acceder a la pensión de vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional». [Se resalta].
31. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
providencias del 7 de noviembre de 201926 y del 23 de abril de 202027 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones efectuadas
en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
32. Sin embargo, no puede pasarse por alto que, en todos los asuntos analizados
por la Corte en la referida sentencia de unificación, se abordó la problemática
generada por la imposibilidad de acceder al beneficio pensional, para
trabajadores que no completaban los requisitos establecidos en la Ley 71 de
1988, ni en la Ley 797 de 2003. Por ejemplo, en la sentencia T-090 de 2009,
conoció de un caso en el que el ISS le negó la pensión de vejez a una persona que,
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
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sumado el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, acreditaba
un total de 1007 semanas, las cuales no eran suficientes para acceder a la
prestación en virtud de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que, para
ese momento, exigía un total de 1075 semanas. En aquella oportunidad, esa
corporación consideró que la negativa a la prestación reclamada en virtud de lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 «perjudicaba al peticionario porque implicaba la
pérdida de los beneficios del régimen de transición, ya que debía regirse de forma integral
por la Ley 100 de 1993».
33. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las disposiciones
que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía que aquellas
personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto
de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir que solo
quienes se encuentren en la situación de los demandantes que dieron lugar a esa
interpretación, pueden acceder a la pensión prevista en el Acuerdo 049 de 1990,
esto es, aquellos que no completaron los requisitos para pensionarse con las leyes
71 de 1988 o 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003).
2.3. Caso en concreto
34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
34.1. Marleny de las Mercedes Petro Martínez nació el 24 de septiembre de 195528.
34.2. Prestó sus servicios al departamento del Atlántico en el liquidado Hospital
Universitario de Barranquilla en el cargo de secretaria, desde el 21 de abril de 1987
hasta el 18 de enero de 200029.
34.3. Colpensiones certificó que cotizó 348.43 semanas para pensión en el sector
privado entre el 1° de abril de 1978 y el 17 de febrero de 198430.
34.4. Mediante la Resolución RDP 009560 del 21 de marzo de 2019, el subdirector
de determinación de derechos pensionales de la Ugpp le negó el reconocimiento y
28
Índice 18 Samai del Tribunal, archivo
«13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_08001233300020200033(.zip)
NroActua 18», carpeta 08001233300020200033200, subcarpeta 19 Expediente Administrativo
UGPP 2020-00332, archivo 3363 4729 UNIFICADO, página 25
29
Ibidem, página 37 según consta en el certificado del 12 de diciembre de 2018 expedido por la
subsecretaria de Talento Humano de la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico certificó
30
Ibidem, páginas 27 y 28
18
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
pago la pensión de vejez porque no cumplió con el requisito mínimo de semanas
exigido por la ley para acceder a la prestación, pues solo completó un total de 6.993
días laborados, correspondiente a 999 semanas; y comoquiera que le era aplicable
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para el año 2010 al cumplir
los 55 años de edad debía contar con 1.175 semanas. Ello, por cuanto el régimen
de transición tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme con lo
dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Para tal fin tuvo en cuenta los siguientes tiempos de servicio31:
Entidad en la que Desde Hasta Días
laboró
Privado 1° de abril de 1976 23 de julio de 1976 113
Privado 12 de agosto de 1976 15 de julio de 1980 1414
Privado 8 de septiembre de 1980 18 de mayo de 1982 611
Privado 21 de mayo de 1983 17 de febrero de 1984 267
Dto. Atlántico 21 de abril de 1987 18 de enero de 2000 4588
34.5. A través de la Resolución RDP 030023 del 4 de octubre de 2019, la citada
administradora reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por
los servicios prestados al departamento del Atlántico entre el 21 de abril de 1987 y
el 18 de enero de 2000 para un total de 4.588 días, correspondientes a 655
semanas, por un valor de $12.882.617, de conformidad con lo previsto en la Ley
100 de 199332.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre el principio de justicia rogada y el privilegio previo de la
administración al analizar la situación del peticionario de acuerdo con
disposiciones alegadas en sede administrativa cuando se reclama el
reconocimiento de una pensión
35. La Ugpp cuestionó que el análisis pensional efectuado por el Tribunal no se
hubiese limitado a lo solicitado por la demandante tanto en sede administrativa como
en la judicial, esto es a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, lo que a su juicio
desconoció que la jurisdicción contenciosa-administrativa es rogada y que debe
atender al principio de congruencia.
36. Sobre el particular, esta Corporación33 ha expresado que el juez administrativo
está en el deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y
no simplemente aplicar el principio de justicia rogada lo que es consecuente con el
31
Ibidem, páginas de la 6 a la 8
32
Ibidem, páginas de la 9 a la 12
33
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-
2013-00171-00(0415-13), C.P. Sandra Lisseth Ibarra
19
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
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deber de administrar justicia dispuesto en la Constitución Política, con el principio de
prevalencia del derecho sustancial y con el derecho de acceder a la administración
de justicia34.
37. Si bien, el litigio no giró alrededor de la aplicación de la Ley 71 de 1988 como
finalmente lo concluyó el a quo, lo cierto es que sí se pretendió el reconocimiento de
una pensión, lo que, a juicio de esta Subsección impone el deber de analizar la
situación del peticionario a la luz de las normas que le sean aplicables con miras a
establecer si podía o no beneficiarse de la prestación que fue reclamada. No puede
desconocerse entonces que se trata del reconocimiento de una pensión de jubilación
que se constituye en la materialización de derechos fundamentales a la seguridad
social y la vida digna. A juicio de la Corte Constitucional «los artículos 48 y 49 de la
Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y
por otro lado, como un servicio público , de tal manera que, por la estructura de este derecho,
es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución»35, lo que se
traduce en un deber para las autoridades administrativas y judiciales de atender y,
como consecuencia, retirar los obstáculos formales que le impidan su satisfacción.
38. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional para indicar que la
aplicación de tal principio no significa la imposición de un «límite a la labor interpretativa
del juez, cuando su aplicación al caso concreto restringe la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2), la prevalencia del derecho
sustancial sobre lo meramente adjetivo (art. 228) y el acceso a la administración de justicia
(art. 229)» pues lo contrario conduciría a la adopción de decisiones judiciales
incompatibles con el ordenamiento jurídico, especialmente, cuando con su aplicación
irrestricta se afecta el goce efectivo de los derechos fundamentales, de normas y
principios constitucionales, la real relación jurídico procesal entre las partes, los
derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario y, en general la
aplicación de normatividad relevante para la resolución de los asuntos que competen
a la jurisdicción36. Maxime cuando en los asuntos bajo análisis están en juego la
protección de los derechos constitucionales a la seguridad social, la protección y
asistencia a las personas de la tercera edad y la vida digna.
39. En efecto, en estos asuntos cobra mayor relevancia el análisis cuidadoso de la
normativa y jurisprudencia aplicable al asunto del peticionario que espera acceder al
beneficio pensional, deber que impone a las autoridades administrativas como
judiciales de examinar su historia laboral de cara a determinar el régimen que le
permita acceder a una prestación que proteja el riesgo al que se está enfrentando,
en este caso, la vejez. No puede desconocerse entonces que la seguridad social es
34
Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de 27 de enero de 2000, proferida en el
expediente 10867; de 20 de enero de 2006, proferida por la Sección Quinta, en el expediente 3836;
de 23 de febrero de 2010, proferida en el expediente 2066; de 11 de septiembre de 2013, proferida
en el expediente 20601.
35
Sentencia T-164 de 2013
36
Sentencia SU061 de 2018
20
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un servicio de carácter obligatorio [en los términos del artículo 48 Constitucional] que
debe proporcionarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, «en sujeción
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley»; lo que se traduce en un imperativo para todos los servidores públicos de
garantizar su prestación que, además, se constituye en un derecho irrenunciable, por
lo que la falta de mención del régimen aplicable al asunto, no puede servir como
excusa para dejar de analizar y, si es del caso, reconocer a fin de otorgarle garantía
a este derecho fundamental.
40. De acuerdo con lo anterior, la omisión del peticionario en señalar el régimen que
a la postre le resulte aplicable, no es óbice para dejar de examinarlo y, si es del caso,
reconocerlo. Lo anterior de manera alguna desconoce derechos y garantías
procesales, ni implica desatender el privilegio previo de un pronunciamiento de la
administración, pues desde la petición inicial reclamó el reconocimiento de una
pensión de jubilación.
41. Así pues, no puede considerarse que la administración perdió el privilegio del
pronunciamiento previo porque se tengan en cuenta en sede judicial normas no
invocadas en sede administrativa, teniendo en cuenta que cuando se eleva la
solicitud a la administración, ella está en la obligación de garantizar la protección de
los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento
jurídico y no solo las normas a que aluda el solicitante, por lo que en el instante en el
que se le pone de presente una situación pensional antes de acudir al juez, no solo
se le da la oportunidad de pronunciarse de manera previa, sino que se le reclama su
análisis a la luz de la normatividad que le sea aplicable.
42. En tal sentido, esta Subsección encuentra que no se desconoce el principio de
justicia rogada ni el privilegio previo de la administración al analizar la situación del
peticionario de acuerdo con disposiciones que no fueron alegadas en sede
administrativa cuando se reclama el reconocimiento de una pensión, pues es un
deber del Estado en general, proteger el derecho fundamental a la seguridad social,
sin establecer talanqueras que impidan su materialización.
2.4.2 En torno al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el
reconocimiento pensional en los términos de la Ley 71 de 1988
43. Sea lo primero precisar que en reiterados pronunciamientos la Sala ha expresado
que el sistema de transición normativa es un beneficio que la ley confiere a los
afiliados al sistema general de pensiones, consistente en que las personas que
cumplan con los presupuestos en ella señalados, tendrían derecho a que la pensión
se regule en forma diferente de la regla general prevista en la Ley 100 de 1993, es
decir, conforme con el régimen anterior. Dicho régimen se extendió hasta el 31 de
julio de 2010, excepto para aquellos trabajadores que amparados por la transición
21
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completaran 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo
01 de 2005, a quienes se les aplicó hasta el año 2014.
44. Ahora bien, con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen
que regulaba la posibilidad de reconocimiento pensional por acumulación de
tiempos tanto en el sector público como en el privado era la Ley 71 de 1988, la cual
establecía el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes en los
siguientes términos:
«Artículo 7. Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia
de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años
de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental,
municipal, intendencias, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales,
tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de
edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».
45. En esas condiciones, la pensión de jubilación por aportes resultaba de la
sumatoria de tiempos cotizados por aquellos empleados que durante su trayectoria
laboral hubiesen prestado sus servicios en los sectores público y privado, lo cual no
era posible hasta la promulgación de la Ley 71 de 1988, pues su expedición
respondió a la dificultad que imponían las normas que regulaban de forma separada
el régimen pensional de cada uno de dichos sectores.
46. En el presente asunto el a quo accedió al reconocimiento pensional y para tal
efecto indicó que la demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 porque, a su entrada en vigencia, aquella tenía 35 años y, comoquiera
que, en el trascurso de su vida laboral había acumulado tiempo de servicio en el
sector público y privado le era aplicable la Ley 71 de 1988. Así pues, señaló:
«[S]i se suman las semanas que cotizó la demandante entre 1976 y el 18 de enero de
2000, se concluye que acumuló en total 1003,43 semanas.
Como quiera que las semanas cotizadas por la ahora demandante acumulan aportes
tanto del sector público como del sector privado, en aplicación del principio iura novit
curia, le resulta aplicable lo previsto en la Ley 71 de 1988, la cual exige para el
reconocimiento de una pensión: 20 años de servicios (1000 semanas de cotización) y la
edad de 55 años para las mujeres. Es decir que, la ahora demandante, hizo exigible el
reconocimiento pensional a partir del 24 de septiembre de 2010, fecha en la cual cumplió
55 años» (sic)
47. Las partes presentaron recurso de apelación y en lo que corresponde a la Ugpp
cuestionó que el análisis pensional no se hubiese limitado a lo solicitado por la
demandante tanto en sede administrativa como en la judicial, esto es a la aplicación
del Acuerdo 049 de 1990, lo que a su juicio desconoció que la jurisdicción
22
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
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contenciosa-administrativa es rogada y que debe atender al principio de congruencia.
Aspecto que ya abordó la Sala en acápites anteriores. Además, sin que sean claros
los argumentos del por qué consideró que la demandante no era beneficiaria del
régimen de transición, en los alegatos de conclusión, indicó que pese a serlo no
cumplía con los 20 años de servicio exigidos por la ley para el reconocimiento del
derecho.
48. Revisadas las pruebas enunciadas, la Sala encuentra que Marleny de las
Mercedes Petro Martínez nació el 24 de septiembre de 1955, por lo que al 1° de abril
de 1994 tenía más de 35 años; de manera que era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; beneficio que conservó pues, tal y como lo concluyó
el a quo, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con las
750 semanas exigidas por la norma para tal fin. En ese orden, ostentaba el derecho
de adquirir la prestación por vejez de conformidad con alguno de los regímenes que
se encontraban vigentes con anterioridad [en el caso, según la Ley 71 de 1988].
49. Para una mejor comprensión y con el fin de verificar el tiempo cotizado por la
demandante se tiene que: Colpensiones certificó un total de 348.43 semanas
cotizadas y pese a que no obra constancia de las efectivamente cotizadas a la Ugpp,
según conta en la Resolución RDP 030023 del 4 de octubre de 2019 por la cual la
citada administradora le reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez por los servicios prestados al departamento del Atlántico, entre el 21 de abril
de 1987 y el 18 de enero de 2000, el tiempo de servicio correspondió a 4.588 días
equivalentes a 655 semanas [periodo laborado que se encuentra certificado por
Talento Humano de la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico]. Entonces,
de la sumatoria de los tiempos referenciados Marleny de las Mercedes Petro
Martínez completó 1.003,43 semanas. Por consiguiente, no acreditó las 1.042
semanas equivalentes a 20 años de servicio como requisito exigido por la Ley 71 de
1988 para acceder a la pensión en aplicación de esta norma.
50. Sobre el particular, tampoco advierte la sala con base en qué cálculo o
pronunciamiento jurisprudencial el tribunal de instancia consideró que para acceder
al reconocimiento debía acreditar 1.000 semanas cotizadas en los términos de la
normatividad bajo estudio.
51. En consecuencia, le asiste razón a la Ugpp y si bien es cierto que la demandante
era beneficiaria del régimen de transición también lo es que no cumplió con los
requisitos exigidos para acceder al derecho pensional en los términos en los que el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, accedió.
2.4.3. En relación con la aplicación de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley
797 de 2003
52. Ahora bien, se encuentra que la demandante pretendió el reconocimiento
23
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pensional con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y el a quo al encontrar que la
demandante no contaba con las condiciones para su aplicación, analizó el asunto
bajo el entendido de que era beneficiaria del régimen de transición y comoquiera que
había acumulado aportes tanto en el sector privado como en el público le era
aplicable la Ley 71 de 1988, régimen frente al cual, como se explicó en el anterior
apartado, no cumplió con los requisitos para acceder a la prestación solicitada. Sin
embargo, la Sala no pasa por alto que la entidad demandada tenía la obligación de
estudiar la solicitud pensional con base en las disposiciones que le eran aplicables,
por lo que, en la medida en que el objeto del presente litigio es el reconocimiento de
la pensión de vejez, la sala analizará lo correspondiente en los términos de la ley 100
de 1993.
53. De acuerdo con lo expuesto, se procederá a verificar si la demandante acreditó
los requisitos previstos para el reconocimiento pensional de conformidad con el
régimen de prima media, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: «1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años
de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre; 2. Haber cotizado un
mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005 el
número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
54. Luego, para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993 se
debe acreditar: a) 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del 1° de
enero de 2014 serán 57 y 62, en su orden; b) 1000 semanas cotizadas en cualquier
tiempo, las cuales aumentan a partir de 2005, así:
Año Semanas
2003 1000
2004 1000
2005 1050
2006 1075
2007 1100
2008 1125
2009 1150
2010 1175
2011 1200
24
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2012 1225
2013 1250
2014 1275
2015 1300
55. En cuanto al requisito de la edad: Marleny de las Mercedes Petro Martínez nació
el 24 de septiembre de 1955, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad
demandada la solicitud de reconocimiento pensional [18 de diciembre de 201837]
contaba con más de los 55 años exigidos por la ley, los que cumplió el 24 de
septiembre de 2010, esto es antes del aumento dispuesto a partir del 1° de enero de
2014.
56. En cuanto a las semanas cotizadas: de acuerdo con los mencionados
requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del
reconocimiento en el año 2010, deberá verificarse si acreditó haber cotizado un
mínimo de 1.175 semanas. Al respecto en el expediente se observa que cotizó: i) a
Colpensiones, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas: 348,43 semanas; y
ii) a la Ugpp, entre entre el 21 de abril de 1987 y el 18 de enero de 2000, un total de
4.588 días, equivalentes a 655 semanas, lo que equivale a: 1.003,43 semanas. Por
lo tanto, no cumplió con las semanas requeridas a la fecha en que cumplió la edad
para exigir el reconocimiento pensional.
2.4.4. Aplicación del Acuerdo 049 de 1990
57. De acuerdo con lo expuesto, Marleny de las Mercedes Petro Martínez prestó sus
servicios en entidades públicas y privadas, y se encuentra dentro de aquellos
escenarios en los que no alcanzó los requisitos previstos en la Ley 71 de 1985 ni los
de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
58. De esta manera, la demandante se encuentra dentro de los supuestos fácticos y
jurídicos en virtud de los cuales la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
analizada en el marco normativo de esta decisión, encontró necesario aplicar, por
favorabilidad, el Acuerdo 049 de 1990 pues, de lo contrario, perdería el derecho a
acceder a una pensión.
59. En ese sentido, para la Sala, este es un caso excepcional en el que, aun cuando
la peticionaria era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por
ello podía acudir a las disposiciones de la Ley 71 de 1988 por haber efectuado
aportes en los sectores público y privado, comoquiera que no completó los requisitos
37
Según consta en la Resolución RDP 009560 del 21 de marzo del 2019, por medio de la cual la
Ugpp le negó la pensión de vejez
25
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de tiempo de servicio (20 años equivalentes a 1040 semanas), debe acudirse a lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 que al efecto establece lo siguiente:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de
vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
60. De acuerdo con lo anterior, las semanas que deben acreditarse son las siguientes:
Acuerdo 049 de 1990
tasa de
+ semanas
reemplazo
500 45%
50 550 48%
50 600 51%
50 650 54%
50 700 57%
50 750 60%
50 800 63%
50 850 66%
50 900 69%
50 950 72%
50 1000 75%
50 1050 78%
50 1100 81%
50 1150 84%
50 1200 87%
50 1250 90%
61. Así, comoquiera que Marleny de las Mercedes Petro Martínez alcanzó los 55 años
de edad el 24 de septiembre de 2010 y el 18 de enero de 2000 [fecha de su última
vinculación laboral] había superado las 1000 semanas requeridas, tiene derecho a
una pensión con una tasa de reemplazo del 75%, efectiva a partir de la fecha en que
completó ambos requisitos, es decir el 24 de septiembre de 2010.
62. Valga precisar que aun cuando por virtud del Acuerdo 049 de 1990 se expidió el
reglamento general del ISS, esta normativa resulta aplicable a la pensión que como
consecuencia de esta decisión se ordena, pese a que corresponde a la UGPP
reconocerla, toda vez que se funda en cotizaciones efectivamente realizadas o
26
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exigibles a los empleadores a través de los mecanismos que el legislador ha
dispuesto para ello. En efecto, tal situación impone a la unidad la obligación de hacer
uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar los procesos de
cobro coactivo o requerir el bono pensional.
63. Así lo señala el artículo 2338 de la Ley 100 de 1993, al establecer que el empleador
que no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés
moratorio igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa
establece consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública
de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2439 y 5740 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
64. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos no
afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el
pensionado hubiere servido o aportado a ellos». De manera que la unidad cuenta con los
mecanismos necesarios para financiar la prestación que se está reconociendo.
65. Con esta decisión se otorga vigencia al derecho a la seguridad social, el cual se
constituye en un derecho mínimo irrenunciable y, en virtud del cual, todas las
autoridades judiciales y administrativas deben eliminar los obstáculos que impidan
su goce y ejercicio.
38
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
39
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado prestará mérito
ejecutivo.
40
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
27
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66. En consecuencia, la sala modificará la sentencia de primera instancia que accedió
al reconocimiento pensional con fundamento en lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y,
en su lugar, señalará que la prestación debe reconocerse de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990.
2.4.5. En torno a la prescripción de la prestación reconocida
67. La demandante presentó la reclamación ante la UGPP el 19 de diciembre de 2018,
por lo que las mesadas causadas entre el 24 de septiembre de 2010 y el 18 de
diciembre de 2015 se vieron afectadas por el fenómeno de la prescripción.
2.5. Costas
68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.
71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
72. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
41
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024)
Demandante: Marleny de las Mercedes Petro Martínez
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Marleny de las Mercedes
Petro Martínez no acreditó los requisitos previstos en las leyes 71 de 1988 y 100 de
1993, modificada por la 797 de 2003, para el reconocimiento de la pensión de vejez.
Sin embargo, por tratarse de una situación en la que se vería afectado su derecho
a la seguridad social y al mínimo vital, la Sala hará uso de lo dispuesto en el Acuerdo
049 de 1990 para reconocerle la prestación que reclama. En esas condiciones, se
modificará la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L A:
Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 25 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, los cuales quedarán así:
«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP a pagar por
concepto de pensión de jubilación a la señora Marleny de las Mercedes Petro Martínez
en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, derecho que se hizo exigible a
partir del 24 de septiembre de 2010, las mesadas pensionales causadas a su favor y que
corresponden a las generadas a partir del 19 de diciembre de 2015. El IBL corresponderá
con los salarios sobre los cuales cotizó en los últimos 10 años y que guarden relación
con los factores salariales regulados en el Decreto 1158 de 1994.
CUARTO: Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas a favor de la
señora Marleny de las Mercedes Petro Martínez entre el 24 de septiembre de 2010 y el
18 de diciembre de 2015. Lo anterior con base en lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia».
Segundo. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso
promovido por Marleny de las Mercedes Petro Martínez contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp) y, en su lugar se dispone:
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Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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