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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00422-01

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00422-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Juan Gregorio Eljach Pacheco contra la Nación, Congreso de la República, Senado de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV 08001-23-33-000- 2020-00332-02 (0326-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2022-00422-01 (6021-2023) Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JNFG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00422-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00422-01 (6021-2023)
Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco
Demandado: Nación, Congreso de la República, Senado de la República

Tema: Sistema de administración de cesantías de los empleados de la
Rama Legislativa

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda y su adición

1.1.1. Pretensiones

1. Juan Gregorio Eljach Pacheco presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio N DRH – CS – CV19-1236-2020 del
27 de octubre de 2020 y la Resolución 112 del 15 de febrero de 2021, por medio

1 En adelante CPACA

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00422-01 (6021-2023)
Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

de los cuales se negó la liquidación y pago de las cesantías bajo el régimen de
retroactividad.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) el reajuste y reliquidación
correspondiente «por concepto de retiro parcial de las cesantías que hubieren efectuado
o cuando se produzca la liquidación definitiva aplicándoles el régimen con retroactividad»;
(ii) girar con destino al Fondo Nacional del Ahorro2 «los dineros que correspondan para
garantizar que las cesantías parciales o definitivas del demandante sean tramitadas,
liquidadas y pagadas con la aplicación del régimen con retroactividad desde el momento
de su vinculación al servicio del Senado hasta la terminación de la relación laboral»; y (iii)
la condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Juan Gregorio Eljach Pacheco se vinculó al Senado de República antes del 31
de diciembre de 1996, toda vez que tomó posesión el 11 de mayo de 1995, fecha
para la cual se encontraba vigente el régimen retroactivo de cesantías y había
laborado sin solución de continuidad.

3.2. Pese a lo anterior, el auxilio de cesantías se ha reconocido y pagado de
acuerdo con el régimen anualizado establecido en la Ley 344 de 1996 y su
administración a cargo del FNA, sin que renunciara al señalado sistema de
liquidación.

3.3. El 14 de septiembre de 2020 le solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la prestación social de acuerdo con el régimen de
retroactividad; petición que fue denegada por improcedente a través del Oficio
NDRH – CS – CV19-1236-2020 del 27 de octubre de 2020.

3.4. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación y se confirmó por medio
de la Resolución 112 del 15 de febrero de 2021, expedida por la División de
Recursos Humanos del Senado de la República.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29, 42, 48 y 53 de la Constitución Política;
21 del Código Sustantivo del Trabajo; 17, literal a) de la Ley 6 de 1945; 7 de la Ley
33 de 1985; 13 de la Ley 344 de 1996; 138 y 152, numeral 2 de la Ley 1437 de
2011; 82 de la Ley 1564 de 2012; 11 del Decreto 1600 de 1945; 1 de la Ley 65 de
1946; 1 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 3, 27 y 32 del Decreto 3118 de 1968;
Decreto Reglamentario 1582 de 1998.
2 En lo sucesivo FNA

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Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. El auxilio de cesantías es: (i) una de las prestaciones sociales más importantes
para los trabajadores y su núcleo familiar en tanto contribuye al mejoramiento de
la calidad de vida al permitirle el acceso a los bienes y servicios indispensables; (ii)
un ahorro forzoso del trabajador cuyo pago recibe a la terminación de la relación
laboral, útil mientras se encuentre cesante; (iii) un derecho irrenunciable de todos
los trabajadores con una función social; y (iv) integrante de uno de los principios
mínimos fundamentales, a saber el pago de las prestaciones sociales, en la
medida en que cada una cumple una finalidad4.

5.2. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 5, esta prestación
social nació como un derecho de los empleados nacionales de carácter
permanente, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, con
un sistema de liquidación retroactivo pues el pago ocurría al momento del retiro
del servicio y con base en el último salario devengado6, el cual se modificó al
anualizado por medio del Decreto 3118 de 1968 y las leyes 33 de 1985 y 344 de
1996. Sus destinatarios son los servidores públicos que ingresaron con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996, cualquiera que fuera su nivel.

5.3. Es así como los empleados que ingresaron antes de la fecha [31 de diciembre
de 1996], «conservan su derecho a que la liquidación y pago de sus cesantías parciales
o definitivas se realice aplicándoles el régimen con retroactividad como es el caso del
demandante», razón por la cual los actos demandados se encuentran viciados de
nulidad por expedirse con infracción de las normas en que debían fundarse,
señaladas en precedencia.

5.4. El Departamento Administrativo de la Función Pública7 emitió el Concepto
20206000103851 del 16 de marzo de 2020, en el que indicó que los dos
regímenes de liquidación de las cesantías, retroactivo y anualizado, son aplicables
también a los empleados del Congreso de la República. El primero, respecto de
quienes ingresaron antes del 30 de diciembre de 1996 y, el segundo, con
posterioridad a esa fecha.

3 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 02
4 Según lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias T-661 de 1997 y C-486 de 2016
5 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2017, proferida dentro del proceso con radicado
66001233300020130044201 (1389-2015).
Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1777 del 25 de noviembre de 2006.
6 En caso de que el salario haya variado en los últimos tres meses de labores, se liquidará con el

promedio de lo devengado en el último año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 1160 de 1947.
7 En lo sucesivo DAFP

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Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

1.2. Contestación de la demanda

6. El Senado de la República se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se exponen a continuación8:

6.1. Los empleados del Congreso que pertenecían a la planta de personal antes de
la entrada en vigor de la Ley 5 de 1992, tienen derecho a las prestaciones sociales
establecidas en las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983; en tanto que los vinculados
con posterioridad, se rigen por las normas generales aplicables a los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

6.2. Los actos acusados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, habida
consideración que al demandante no le era aplicable el régimen retroactivo de
cesantías. Ello, en atención a que acreditó haber tomado posesión del empleo en
el Senado de la República el 11 de mayo de 1995, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 5 de 1992, norma que garantizó la aplicación del
régimen de cesantías retroactivo a quienes ingresaron antes del 17 de junio de
1992, mientras que los nombrados a partir de la fecha fueron regulados por las
normas generales aplicables a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.

6.3. El demandante pretendió la aplicación del régimen de liquidación del auxilio de
cesantías de los empleados públicos del orden territorial con los del sector
nacional y aún más específico, del Senado de la República, pues se reiteró en que
las normas aplicables eran la Ley 5 de 1992 y el Decreto 3118 de 1968.

6.4. Así lo consideró el DAFP en el Concepto 192261 de 2020, al expresar que los
empleados vinculados con posterioridad a la Ley 5 de 17 de junio de 1992 se rigen
por las normas generales aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
es decir el Decreto 1045 de 1978. Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil
definió en el Concepto 1777 de 2006 cuáles eran las entidades del orden nacional
cuyos funcionarios eran destinatarios del sistema retroactivo, dentro de las que no
incluyó al Congreso de la República

6.5. La entidad «de manera anual ha cancelado al señor Juan Gregorio Eljach el valor
correspondiente por la prestación cesantías, efectuando dicho pago al fondo de cesantías
correspondiente, ya siendo tema personal si este ha solicitado la entrega parcial de
aquellas, al demostrar que serían invertidas en los casos que señala la ley».

6.6. Con base en lo anterior, formuló como excepciones la inexistencia de
irregularidades que invalidaran los actos administrativos, presunción de legalidad

8 Ibidem 2, archivo digital 13

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de los actos demandados, inexistencia de la obligación y del derecho reclamado
por el demandante, buena fe en las actuaciones del Senado de la República,
cobro de lo no debido y genérica.

1.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia proferida el 21 de junio de 2023 negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante. Para tal
efecto, consideró lo siguiente9:

7.1. La fijación del objeto del litigio se definió en los siguientes términos: «determinar
si el demandante tiene derecho a que sus cesantías se liquiden en aplicación del régimen
de retroactividad establecido en las Leyes 6ª de 1945, 65 de 1946 y 344 de 1996, y los
Decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, y teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud
de pago de la prestación, en tanto se vinculó al servicio del Senado de la República con
anterioridad al 30 de diciembre de 1996».

7.2. De acuerdo con el Decreto 1303 de 1992, los miembros y empleados del
Congreso de la República vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 5 de
1992 son destinatarios de las normas anteriores a su expedición; mientras que los
nombrados luego de la entrada en vigencia de los decretos 1111 y 1303 de 1992,
quedaron sometidos al nuevo régimen salarial y prestacional, esto es el sistema
de cesantías anualizado.

7.3. La eliminación de la retroactividad para los senadores y representantes a la
cámara ocurrió por virtud del Decreto 906 de 1992 y a su vez, el Decreto 1111 de
1992 extendió a los empleados del órgano legislativo, el régimen anualizado
establecido para los empleados de la Rama Ejecutiva mediante el Decreto 3118
de 1968.

7.4. Así las cosas, si bien la Ley 344 de 1996 estipuló en el artículo 13 la aplicación
del régimen anualizado de cesantías a quienes se vincularan a los órganos y
entidades del Estado a partir de su publicación, lo cierto es que previo a su
expedición ya existían disposiciones legales que habían dispuesto de manera
específica como destinatarios de este régimen a ciertos servidores públicos, a
saber: los empleados de la Rama Ejecutiva vinculados después de la expedición
del Decreto 3118 de 1968; los senadores y representantes a la cámara que
ingresaron después del Decreto 906 de 1992; y los empleados del Congreso de la
República a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1111 de 1992.

9 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 29

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7.5. Según los elementos de prueba allegados al proceso, se acreditó que Juan
Gregorio Eljach fue nombrado secretario general grado 12 de la Comisión de
Orientación Territorial por medio de la Resolución 538 del 11 de mayo de 1995,
cuya posesión data de esa fecha y a la presentación de la demanda se
desempeñaba como secretario general del Senado de la República.

7.6. De ahí que el demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de sus
cesantías en forma retroactiva por cuanto le era aplicable el régimen previsto en el
Decreto Ley 3118 de 1968, el cual se encontraba vigente a la fecha de su
vinculación al servicio del Senado de la República. Esto por expreso mandato del
parágrafo del artículo 1 del Decreto 1111 de 1992, el cual determinó la aplicación
del sistema anualizado de liquidación de la Rama Ejecutiva del orden nacional a la
totalidad de servidores de la Rama Legislativa.

7.7. Sumado a ello, el artículo 2 del Decreto 906 de 1992 prohibió en forma
expresa la retroactividad en las cesantías de los miembros del Congreso de la
República, a partir de su publicación y la invalidez de cualquier norma contraria.

7.8. Al expedir el Concepto 20206000103851 del 16 de marzo de 2020, el DAFP no
tuvo en cuenta que el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1111 de 1992, proferido
en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, dispuso que los empleados de la planta de
personal del Congreso de la República tendrían derecho al régimen prestacional
de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel nacional, el cual, en lo
concerniente a las cesantías, era el regulado en el Decreto Ley 3118 de 1968,
norma que dispuso el régimen anualizado de dicha prestación. Así, la garantía de
mantener el régimen anterior quedó prevista solo para los empleados vinculados
con anterioridad a dicha norma. En tal sentido, se apartaba de este concepto.

7.9. El
anterior también fue el criterio expuesto por el DAFP en el Concepto
20206000103851 del 16 de marzo de 2020, respecto de los empleados del
Congreso vinculados con posterioridad a la Ley 5ª de 1992.

7.10. Si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en sus
Subsecciones A y D, accedió a las pretensiones similares a las consignadas en la
presente demanda, también lo es que la Subsección E, en sentencia del 26 de
mayo de 2023 negó en esa oportunidad las pretensiones en un asunto con
similitud fáctica10.

1.4. Recurso de apelación

8. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación

10 Exp. 25000-23-42-000-2021-00499-00, M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnón

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y lo sustentó en los siguientes términos11:

8.1. El litigio se fijó de manera acertada; sin embargo, la principal inconformidad es
frente a la interpretación del a quo, atinente a que los decretos 906 y 1111 de
1992 establecieron en forma explícita el régimen anualizado de cesantías para la
totalidad de los servidores vinculados a la Rama Legislativa del poder público.

8.2. Lo anterior, en atención a que si bien, conforme con el artículo 123 Superior,
tanto senadores como representantes a la cámara son miembros de las
corporaciones públicas, ello no significó que se les pudiera confundir con los
empleados públicos, aun cuando también pertenezcan a la categoría de
servidores públicos.

8.3. Pese a que con la expedición del Decreto 906 de 1992 «se produjo el desmonte
explícito del régimen con retroactividad de las cesantías para los nuevos miembros del
Congreso en virtud de lo establecido en el artículo 2», lo cierto es que esa disposición
«se refirió en particular a los nuevos miembros del Congreso y no a los empleados del
Congreso, categoría a la que pertenece mi representado, razón por la cual, mal podría
predicarse, que el desmonte de la retroactividad de las cesantías de los empleados del
Congreso se había producido con ocasión de la expedición del referido decreto».

8.4. Tampoco podía predicarse «el desmonte de la retroactividad de las cesantías de
los empleados del Congreso» por disposición del Decreto 1111 de 1992, en la
medida en que esta norma ni siquiera hizo referencia al auxilio de cesantías y aun
menos a la eliminación del régimen de liquidación retroactivo.

8.5. En tal sentido, la tesis expuesta en primera instancia sobre la aplicación del
sistema de liquidación anualizado a la totalidad de los servidores públicos de la
Rama Legislativa, con fundamento en los decretos 906 y 1111 de 1992, es
desacertada, pues son destinatarios de aquellas normas los senadores y
representantes a la cámara, mas no los empleados públicos al servicio de la
Corporación, como es el caso del demandante. Esto por cuanto se equiparó el
término «nuevos miembros del Congreso [Senadores y Representantes]» a «empleados
del Congreso».

8.6. El a quo no acogió la tesis expuesta en la demanda y en los alegatos de
conclusión, concerniente a que «de conformidad con lo establecido en la Ley 344 de
1996, se amplió la aplicación de la liquidación anual de las cesantías a todas las personas
que se vincul[aran] a los órganos y entidades del Estado luego de su entrada en vigencia,
ya que antes de esto el régimen anualizado sólo se encontraba contemplado para los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 3118 de 1968». Ello obedeció a que en la Ley 344 de 1996 no se
mencionó en forma expresa a los empleados del Congreso de la República, como

11 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 32

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destinatarios del «desmonte del régimen con retroactividad de sus cesantías».

8.7. El pronunciamiento judicial de primera instancia carecía de unidad de criterio
en torno al asunto materia de controversia, toda vez que se apartó del Concepto
20206000103851 del 16 de marzo de 2020 en el que se indicó que «los empleados
vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 tendrán un régimen de cesantía
anualizado, y los vinculados antes de esa fecha, pertenecerán al régimen retroactivo».

8.8. Lo anterior, en razón a que el fallador de primera instancia manifestó que no
tuvo en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1111 de
1992, que como ya se dijo no se refirió en específico al tema de las cesantías y su
forma de liquidación con respecto a los empleados del Congreso, tema objeto de
debate mencionado en la fijación del litigio.

8.9. El citado concepto fue solicitado por el Senado de la República, con el fin de
resolver un interrogante atinente a la consignación de las cesantías respecto de
los empleados de la Corporación. En aquel se «h[izo] alusión de “obiter ditum o dicho
de paso” del artículo 386 de la Ley 5ª de 1992, […] artículo [que] no se refirió en particular
al tema específico de la liquidación del auxilio de cesantías de los empleados del
Congreso, sino en relación al derecho que mantiene[n] los servidores vinculados a las
antiguas plantas de personal proveniente de la Ley 52 de 1978 y 28 de 1983, a continuar
percibiendo de ciertas prestaciones que venían devengando, y sobre el cual, ya se
precisó por parte de esa H. Corporación que se trataba de las señaladas en los artículos
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 52 de 1978, es decir al quinquenio, bonificación
vacacional, viáticos y primas de navidad, semestral, antigüedad y técnica, y no con
referencia al auxilio de cesantía» [sic].

8.10. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por la cual se denegaron las pretensiones en un asunto similar, no
es argumento suficiente, puesto que también se han proferido varios fallos
condenatorios sobre la materia. El criterio expuesto en estas últimas debió
prevalecer sobre la primera, en aplicación del principio de favorabilidad en materia
laboral previsto en los artículos 53 constitucional y 21 del Código Sustantivo del
Trabajo, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-098 de 2018.

8.11. Es así como debió acogerse la interpretación más favorable, esto es «que el
desmonte del régimen con retroactividad de las cesantías de los empleados del
Congreso, se produjo a partir de la entrada en vigencia el 31 de diciembre de la Ley 344
de 1996, ya que los ordenamientos anteriores no mencionaron expresamente a dichos
funcionarios como destinatarios del desmonte».

8.12. En suma, confirmar la tesis de primera instancia conllevaría la vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad y confianza legítima, pues las normas
que prohibieron la retroactividad en la liquidación del auxilio de cesantías antes de
la expedición de la Ley 344 de 1996 se efectuó en relación con destinatarios

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específicos.

1.5. Trámite de segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto13.

II. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

11. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
deben resolver los siguientes interrogantes:

11.1. ¿si Juan Gregorio Eljach Pacheco ostentaba la condición de miembro de
corporación pública o empleado público del Senado de la República?

11.2. De acuerdo con lo anterior ¿si tiene derecho a la liquidación de sus cesantías en
aplicación del régimen retroactivo?

12. Para resolver estos planteamientos se seguirá la siguiente estructura expositiva:
primero, se expondrá lo relacionado con las definiciones de miembro de corporación
pública y empleado público; segundo, se reseñarán las normas que regulan el auxilio
de cesantías y los regímenes de liquidación en el sector público; y tercero, se
resolverán los cargos de apelación. En este último, se abordarán los 2 temas
principales: la calidad que ostentaba Juan Gregorio Eljach Pacheco como secretario
general del Senado de la República y su régimen de liquidación de cesantías.

2.2. Análisis de la Sala

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1.1. Sobre los miembros de corporaciones públicas y empleados
públicos de la Rama Legislativa

13. El artículo 123 de la Constitución Política previó dentro del género de servidores

12 Así se indicó en el auto del 16 de febrero de 2024, visible en Samai, índice 5
13 De acuerdo con la constancia secretarial del 10 de abril de 2024, índice 8 de Samai

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públicos a «los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios».

14. La primera categoría hizo referencia a los miembros de las corporaciones
públicas de elección popular directa, entre los que se encuentran aquellos de
representación popular territorial, esto es ediles, concejales, diputados,
representantes a la Cámara y, en el orden nacional, senadores.

15. La Ley 28 de 1983 definió como «empleados de la Rama Legislativa del Poder
Público» a «[t]odas las personas naturales que presten sus servicios al Congreso de la
República» [artículo 1]. Su vinculación laboral [la norma se refirió específicamente a
los «empleados que conforman la planta de personal creada por la Ley 52 de 197814»],
se hace a través de nombramiento expedido por las respectivas mesas directivas
del Senado de la República y la Cámara de Representantes [artículo 2].

16. La clasificación de estos empleos se definió, por mandato del artículo 3 ibidem,
en: (i) de elección, a saber secretarios generales, subsecretarios generales,
secretarios auxiliares de las corporaciones y los secretarios generales de las
Comisiones Constitucionales y Legales; (ii) de nombramiento por resolución de las
mesas directivas, quienes tienen un período igual al de los congresistas, con
excepción de los empleos que de acuerdo con la planta de personal están
vinculados directamente a las presidencias y las vicepresidencias de las
corporaciones, esto es:

«[…]
Presidencia
a) el secretario privado
b) los profesionales asistentes
c) una secretaria ejecutiva
d) un chofer

Vicepresidencias 1ª y 2ª
a) el secretario privado
b) el profesional asistente
c) una secretaria ejecutiva
[…]»

17. Dentro de la clasificación también se encuentran: (iii) los asistentes de los
parlamentarios, empleos que no tienen período fijo y pueden ser nombrados y
removidos por resolución de la mesa directiva en cualquier momento a petición del
respectivo parlamentario que lo recomendó.

18. El artículo 4 ejusdem previó que los empleados de la Rama Legislativa, con

14 «Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus
asignaciones y se dictan otras disposiciones»

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independencia del origen de su nombramiento, tendrían derecho a su afiliación a
la Caja Nacional de Previsión Social y a devengar todas las prestaciones sociales
establecidas en la Ley 52 de 197815, entre estas el auxilio de cesantías, según se
expondrá más adelante.

2.2.1.2. En torno al auxilio de cesantías

19. El 4 de junio de 1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por
medio del Convenio 44 «sobre el desempleo» estableció la obligación atinente a la
determinación de «un sistema que garanti[zara] a los desempleados involuntarios» una
indemnización equivalente a una cantidad devengada con motivo de las
cotizaciones abonadas en virtud del empleo del beneficiario afiliado a un sistema
obligatorio/voluntario o, un subsidio -no un socorro- en la medida en que no
dependía del estado de necesidad del solicitante, constituido por una
remuneración que se otorgaría en las condiciones fijadas por la legislación
nacional, siempre que la pérdida del empleo no se hubiera generado como
consecuencia de la suspensión del trabajo causada por un conflicto de trabajo, por
su propia culpa o por abandono, y con el fin de obtenerla de forma fraudulenta.

20. El Convenio 44 de la OIT y los expedidos con posterioridad, sobre la protección
contra el desempleo no fueron ratificados por Colombia y en ese sentido no
integran el bloque de constitucionalidad16. Sin embargo, el 20 de noviembre de
1934, se expidió la Ley 1017 que previó una indemnización originada por la
terminación del contrato de trabajo, de acuerdo con el fin de protección al
desempleo señalado por esa organización internacional. En aquella se estableció
por primera vez la obligación de «extender por escrito» el contrato de trabajo en el
sector privado18, y en el artículo 14 señaló las concesiones y auxilios para los
trabajadores particulares, dentro de los cuales incluyó el de cesantías, equivalente

15 «Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus
asignaciones y se dictan otras disposiciones»
16 También se encuentran otros convenios de la OIT orientados a que los sistemas de seguridad

social brinden una ayuda al empleo y un apoyo económico a las personas desempleadas por
razones involuntarias, entre ellos, el 102 «sobre la seguridad social (norma mínima)» de 1952, que
fijó un nivel de protección conocido como «régimen de indemnización de desempleo» destinado a
cubrir la contingencia derivada de la suspensión de las ganancias ocasionada por la imposibilidad
de obtener un empleo conveniente en el caso de una persona protegida apta y disponible para
trabajar, según el período de cotización o las prestaciones recibidas durante la relación laboral
(parte IV, arts. 19 – 24).
Con base en este, la OIT adoptó el Convenio 168 de 1988 «sobre el fomento del empleo y la
protección contra el desempleo» de una persona apta y disponible para trabajar efectivamente,
cuyo ámbito se amplió no solo a la pérdida de las ganancias (total), sino también a la reducción de
aquellas (parcial), inclusive sin terminación de la relación de trabajo por motivos económicos,
tecnológicos, estructurales o análogos y en función de los recursos del beneficiario y de su familia
para garantizar condiciones vida saludables y dignas, según lo dispuesto en las normas nacionales
(arts. 10, 12, 16).
17 «Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos

derechos de los empleados».
18 Artículo 13 de la Ley 10 de 1934.

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a un mes de sueldo por cada año de servicio que prestaran y proporcional por las
fracciones de año. Este pago tenía un carácter indemnizatorio en caso de despido
sin justa causa o de terminación del contrato por vencimiento del plazo. Con esta
misma naturaleza, las leyes 95 de 1941, 56 de 1942 y 3 de 1943 ampliaron el
pago a algunos obreros y trabajadores dedicados a obras públicas.

21. La Ley 6 de 194519, en el artículo 12, literal f), previó las cesantías como una
prestación a cargo del patrono y, adicional a ello, les otorgó la posibilidad a los
trabajadores de adquirir las sumas acumuladas por ese concepto cada tres años
de labor continua o discontinua. El beneficio se extendió con la expedición de la
Ley 65 de 194620 a los empleados públicos tanto del nivel nacional como del
territorial y a los trabajadores particulares, con independencia de la causa del
retiro, a partir del 1° de enero de 194221. Para su liquidación se computaría no solo
el salario fijo sino «[…] lo que se percib[iera] a cualquier otro título y que impli[cara]
directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios». De este modo,
el legislador le sustrajo el carácter sancionatorio frente al empleador e
indemnizatorio para el trabajador.

22. Con la expedición del CST22 a través del Decreto 2663 de 1950 se buscó la
justicia en las relaciones laborales en el marco de la coordinación económica y
equilibrio social. Este estatuto definió varios de los principios que aún en la
actualidad inspiran la interpretación de las fuentes del derecho laboral, entre ellos,
la garantía de un mínimo de derechos irrenunciables en favor de los trabajadores.
En este contexto, el auxilio de cesantía fue previsto dentro del título de
prestaciones patronales comunes, entendido como un ahorro forzoso destinado a
cubrir el riesgo o contingencia derivada de la finalización del contrato de trabajo, a
fin de que atendiera sus necesidades mientras se encontrara cesante 23.

23. El ámbito de protección de esta prestación se amplió y se admitió su pago no
solo para contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar
los asalariados ante el cese de la actividad productiva (cesantías definitivas), sino
también para satisfacer ciertos requerimientos de educación y vivienda, así como
las de su núcleo familiar24 (retiros parciales de cesantías). De ahí se deriva para el

19 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
20 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
21 Artículo 1 de la Ley 65 de 1946.
22 En adelante CST.
23 «Artículo 249. Regla General. Todo {empleador} está obligado a pagar a sus trabajadores, y a

las demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como
auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción
de año».
24 En el régimen del Derecho laboral individual, el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 permite al

trabajador retirar las sumas abonadas en su cuenta por concepto de cesantías; y en Derecho
laboral administrativo, la posibilidad de retiros parciales fue prevista en la Ley 1071 de 2006.

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empleador la obligación de liquidar las cesantías de forma oportuna y en la cuantía
legal debida.

24. Si bien el artículo 249 del CST ya contaba con una prestación social a cargo del
empleador denominada auxilio de cesantías, cuyo propósito es que los cesantes
cuenten con unos recursos que les permitan asegurar la subsistencia durante el
periodo de desempleo, con la Constitución Política de 1991 se estableció el
principio de dignidad humana y una política social y económica justa perseguida
por el Estado social de derecho. Una de sus manifestaciones, es que todas las
personas tengan derecho a condiciones mínimas para subsistir entendidas como
mínimo vital.

25. En el ámbito laboral también se especificaron unos principios mínimos
irrenunciables, entre ellos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo,
la estabilidad en el empleo, la aplicación de la situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales, la garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, así como la protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

26. En relación con el fundamento normativo superior de las cesantías, la Corte
Constitucional25 ha señalado que se encuentra soportado en los artículos 42 y 48
de la Constitución Política y que se trata de una figura jurídica que responde a una
clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y
trabajador.

27. Asimismo, se ha reconocido que el auxilio de cesantías es una de las
prestaciones sociales más importantes para los trabajadores y sus familias, por
haberse instituido como un respaldo económico para que sus titulares accedan a
bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de su calidad de vida. En
la sentencia C-823 de 200626, luego de reseñar el paso de indemnización a
prestación social, resaltó su connotación de apoyo para el acceso a bienes y
servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población trabajadora y su núcleo familiar.

28. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que se trata de «un ahorro forzoso del
trabajador, que el empleador está obligado a cancelar a la terminación del vínculo laboral
y que al empleado le sirve para subvencionar sus necesidades mientras permanece

25 Sentencia C-171 de 2020.
26 En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del

Código Sustantivo del Trabajo, que establecía la exclusión de los trabajadores ocasionales del
pago del auxilio de cesantía, pues vulneraba la especial protección constitucional al trabajador.

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cesante o para atender otros requerimientos importantes [...]»27, como se mencionó
anteriormente. Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación,
explicó que se trata de un «ahorro que constituye prestación social»28.

29. De conformidad con lo establecido por los instrumentos internacionales 29 y la
jurisprudencia, las cesantías son una prestación de la seguridad social que de
manera conjunta -durante la vigencia de la relación laboral y al momento del
retiro-, responde a un beneficio mínimo establecido en la normativa laboral, el cual
adquirió la condición de irrenunciable por mandato del artículo 53 constitucional.

2.2.1.2.1. Sobre los regímenes de liquidación retroactivo y anualizado del
auxilio de cesantías

30. En lo concerniente a su liquidación, como se expuso, una vez se concedió al
auxilio de cesantías el carácter de prestación exigible a la terminación de la relación
laboral, su liquidación se efectuaba bajo un régimen denominado retroactivo, «a
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio»30, tal como fue previsto en
las leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y en el artículo 249 del CST.

31. En tal sentido, se advierte que el auxilio de cesantía así previsto -sistema
retroactivo-, hizo referencia a la relación de correspondencia que existe entre el
auxilio y los años de servicio prestados, debido a que se estableció la expresión «a
razón de»31, por lo tanto, se multiplica el sueldo o jornal por los años de servicio.
En consecuencia, en este caso el periodo que se tiene como referente para la
causación de las cesantías es directamente proporcional al tiempo de servicio,
esto es «un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio».

32. Este régimen tradicional de liquidación de cesantías acogió a los empleados del
sector público y privado de manera uniforme hasta la expedición del Decreto 3118
de 1968, cuando se creó el Fondo Nacional del Ahorro 32 como un establecimiento
público al cual debían afiliarse de forma obligatoria los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, así como de las empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a esta regla
estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas, los miembros de

27 Sentencia C-310 de 2007.
28 Concepto 1448 de 2002.
29 Convenios de la OIT 44 de 1934, 102 de 1952 y 168 de 1988.
30 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 10 de 1934, 1 del Decreto 2767 de

1945; 45, literal a), de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de
1947.
31 Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como: «diferencia constante entre

dos términos consecutivos de una progresión aritmética», «cociente de dos números o, en general,
de dos cantidades comparables entre sí» (tomado de https://dle.rae.es/raz%C3%B3n Indica la
correspondencia de la cantidad que se expresa a cada una de las partes de que se trata.
32 En lo que sigue FNA.

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la fuerza pública, así como el personal civil del ramo de la Defensa Nacional
(artículos 3 y 4 del Decreto 3118 de 1968).

33. Para los afiliados obligatorios del FNA, el Decreto 3118 de 1968 introdujo un
sistema de liquidación anualizado del auxilio de cesantías. Sin embargo, la norma
no impuso la misma condición para los trabajadores que se vincularan a dicha
entidad de forma voluntaria.

34. Más adelante, la Ley 33 de 1985 dispuso que, quienes ingresaran a la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, a partir del 1.° de enero de
ese año, se regirían por el Decreto 3118 de 1968 y las normas que lo adicionaran
y reglamentaran, en lo relacionado con la liquidación y pago de las cesantías.

35. Dentro de este régimen anualizado, que en esencia se mantiene a pesar de la
transformación de naturaleza jurídica del FNA a la de empresa industrial y
comercial del Estado, ordenada por la Ley 432 de 199833, el señalado fondo tiene
como objeto la administración de los recursos de las cesantías de determinados
empleados públicos y trabajadores oficiales, así como su protección contra la
depreciación monetaria y el reconocimiento de intereses. Todo ello, en aras de
contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado. La
viabilidad de este último propósito se garantizó al otorgarle la posibilidad de
conceder préstamos con garantía hipotecaria y educativos para los afiliados, su
cónyuge, compañero (a) permanente e hijos mediante convenios
interadministrativos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y de Estudios
Técnicos en el Exterior (Icetex)34.

36. El artículo 5 ibidem modificó la regla general de afiliación al FNA, puesto que a
partir de su vigencia, fue obligatoria, para «los servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional»; exceptuada para el «personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, [y] los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989», y
voluntaria para «los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios».

37. Asimismo, dentro del enfoque de apertura económica iniciado por el gobierno
nacional en 199035, con el fin de incrementar la productividad de capital y la

33 «Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y

se dictan otras disposiciones.»
34 Según lo dispuesto en la Ley 432 de 1998, por la cual se transformó la naturaleza del FNA a

Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente.
35 Ver: «La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 1990 – 1994». Prólogo

recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/gaviria_prologo.pdf

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inversión colombiana en la competencia internacional, la Ley 50 de 1990 implantó
un nuevo sistema en materia del derecho individual y colectivo. Su intención fue la
de crear nuevas unidades de producción, entre ellas, las cesantías administradas
bajo otro sistema por medio de instituciones financieras de carácter especializado
con el objeto de capitalizar sus rendimientos.

38. Este modelo se extendió al sector público con ocasión del artículo 13 de la Ley
344 de 199636, expedida para la racionalización del gasto público, el cual
determinó que «[s]in perjuicio de»37 los derechos convencionales y lo estipulado en
la Ley 91 de 1989, las personas que se vincularan al Estado a partir de su entrada
en vigor38 tendrían un régimen de cesantías de liquidación anual y definitiva cada
31 de diciembre, en armonía con las demás normas legales vigentes sobre esa
prestación del correspondiente órgano estatal.

39. Más adelante, el Decreto reglamentario 1582 de 199839 fijó como regla general
para los empleados públicos del nivel territorial la liquidación anual y la aplicación
del régimen previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 si se
afiliaban a los fondos privados; o el artículo 5 y demás normas pertinentes de la
Ley 432 de 1998, en caso de afiliación al FNA.

40. Luego, el Decreto 1252 de 200040, expedido en desarrollo de los principios
generales establecidos en la Ley 4 de 1992, previó que los empleados públicos,
trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública que se vincularan al servicio
del Estado a partir del 30 de junio de 200041 «tendrán derecho al pago de cesantías
en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según
el caso», incluso si en la entidad u organismo existía un régimen especial sobre tal
prestación social, con excepción de quienes disfrutaban de la retroactividad de las
cesantías antes del 25 de mayo de 2000.

41. En concordancia con lo anterior, el Decreto 1919 de 2002 42 extendió el régimen
de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel

36 Reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.
37 Según el Diccionario de la Real Academia Española la locución adverbial sin perjuicio de
significa «dejando a salvo» o «sin ir en detrimento o en contra de». El Diccionario de uso del
español dice que es una «expresión concesiva de sentido semejante a aunque», y el Gran
diccionario de uso del español actual le asigna como sentido «sin ir en detrimento o en contra de».
38 31 de diciembre de 1996.
39 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432

de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras
disposiciones en esta materia».
40 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los

trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
41 Fecha de entrada en vigor del Decreto 1252 del 2000.
42 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula

el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».

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nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo43.

42. De acuerdo con lo expuesto, el auxilio de cesantías como prestación social
inicialmente se liquidó de forma retroactiva y las sumas reconocidas por ese
concepto eran entregadas al trabajador particular o servidor público al momento
de la finalización de la relación laboral. Sin embargo, en aras de saldar el déficit
habitacional a nivel nacional, con la creación del FNA en 1968, en 1990 la Ley 50
dispuso lo propio para los trabajadores del sector privado, que luego fue extendida
a los servidores públicos del nivel territorial con la Ley 344 de 1996 y nacional con
el Decreto 1252 de 2000.

43. Estas dos formas de liquidación del auxilio, retroactiva y anualizada, son las
que delimitan el concepto del régimen de cesantías. De aquí que el artículo 98 de
la Ley 50 de 1990 los identificó así:

«Artículo 98.- El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes
regímenes:

1. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el
Capítulo VII, Título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo
celebrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
2. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará
obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su
vigencia.
[…]»

44. Conviene precisar que, si bien en algunas oportunidades la jurisprudencia ha
partido del concepto de régimen entendido como el «conjunto de normas por las
que se rige una institución, una entidad o una actividad»44, también es cierto que
esta no es la única acepción posible del término45. Esta aclaración resulta
necesaria en materia de cesantías, teniendo en cuenta que, dentro del conjunto de
trabajadores sometidos a una misma forma de liquidación de la prestación,

43 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
44 En este sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de

octubre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado11001-03-
25-000-2015-00544 00 (1501-2015)
45 En efecto, la RAE contiene las siguientes definiciones de régimen:

«1. m. Sistema político por el que se rige una nación.
2. m. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad.
3. m. Conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que
debe tomar una persona, generalmente por motivos de salud.
4. m. Conjunto de características regulares o habituales en el desarrollo de algo. El régimen de
lluvias no ha cambiado en los últimos años.
5. m. Gram. rección.
6. m. Gram. Término regido por otro. El régimen del verbo confiar es la preposición en.
7. m. Tecnol. Estado de una máquina o dispositivo cuando funciona de un modo regular y
permanente.»

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algunos reciben un trato diferenciado por las normas que los regulan a partir de
criterios tales como la naturaleza de la vinculación laboral, el tipo de actividades a
las que se dedican y la entidad que administra sus recursos. Esta situación en
muchas oportunidades lleva a afirmar que están cobijados por un régimen especial
de cesantías con liquidación anualizada.

45. En general, la mencionada denominación tiene como referente el ente
administrador, pues por lo regular, cada uno está sometido a las disposiciones
particulares, es este precisamente el caso del FNA. Incluso, la misma Ley 50 de
1990, en el numeral 2 del citado artículo 98, prescribe que en dicha norma se creó
un régimen especial, aunque la referencia es al anualizado, que en otras
oportunidades también se le ha denominado régimen general porque comprende a
la mayoría de los servidores. Así las cosas, la especialidad no se predica del
régimen sino del sistema de administración de cesantías, determinado por el
conjunto de reglas que les son aplicables a cada uno de ellos.

46. En ese orden de ideas, la delimitación de un régimen de cesantías parte de un
elemento en común e imprescindible en todos los casos, esto es la forma de
liquidación. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos
regímenes, el retroactivo y el anualizado. En cuanto a las particularidades que
llevan a un tratamiento normativo especial, es posible determinar que aquellas
están definidas en función del sistema de administración al que están sometidos
los recursos y su relación con el régimen es la de especie a género.

34. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos regímenes, el
retroactivo y el anualizado, así:

Régimen Normas Afiliados
Ley 10 de 1934 Servidores públicos y trabajadores
Ley 6 de 1945 particulares en general vinculados
RETROACTIVO
Ley 65 de 1946 antes de la expedición del Decreto
3118/68

Régimen Sistemas de administración Afiliados
(establecimiento Obligatorios: servidores públicos de
público) - Decreto 3118 la Rama Ejecutiva del orden nacional.
de 1968 Excepciones: miembros de las
cámaras legislativas, los miembros
de la fuerza pública y el personal civil
del sector defensa
(E.I.C.E.) - Ley 432 de Obligatorios: servidores públicos de
FNA
1998 la Rama Ejecutiva del orden
ANUALIZADO
nacional.
En forma voluntaria: los demás
servidores públicos y particulares.
Excepciones: miembros de la fuerza
pública y el personal civil del sector
defensa.
Trabajadores particulares con
Fondos administradores de contrato de trabajo vigente desde

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Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

cesantías - Ley 50 de 1990 1/1/91 y en el sector público, quienes
se vinculen a los órganos y entidades
del Estado desde el 27/12/1996 (Ley
344/96)

35. Corolario de lo anterior, es que la delimitación de un régimen de cesantías
parte de un elemento en común e imprescindible en todos los casos, esto es la
cuantía, puesto que en ambos regímenes -retroactivo y anualizado- el auxilio de
cesantías corresponde a un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, solo
que en el primero de aquellos, la entrega del valor por concepto del auxilio se
realiza a la finalización de la relación legal o reglamentaria con base en el último
salario devengado; en tanto que en el segundo, la liquidación se efectúa cada 31
de enero y su consignación se hace antes del 15 de febrero, so pena de la sanción
moratoria, de manera que si al término del vínculo existieren saldos de cesantías a
favor del trabajador que no hayan sido entregados al respectivo fondo, el
empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos46.

36. Asimismo, la Subsección establece que, si bien el Decreto 3118 de 1968
exceptuó a «los miembros de las cámaras legislativas» de la regla general de
afiliación al FNA, la Ley 432 de 1998 la modificó y solo la determinó para el
«personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, [y] los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», de modo que se convirtió en
voluntaria para los demás servidores del Estado.

47. Ahora bien, las características de cada uno de los sistemas dentro del régimen
de liquidación anual permiten identificar los aspectos disímiles entre ellos. En
primer lugar, todos comparten elementos tales como una entidad administradora,
la cuantía y fecha en la que se debe liquidar el auxilio, así como una regulación
sobre el traslado de los recursos al fondo administrador, esta información se
sintetiza de la siguiente manera:

RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
Un mes de 31 de diciembre Transferencia mensual
Ley 91 de 1989 FOMAG salario por cada (art. 19-3) de recursos sin
(art. 4) año de servicio o situación de fondos
proporcional
(art. 19-3)
Antes del 15 de febrero
Ley 50 de 1990 Fondos de Un mes de 31 de diciembre del año siguiente a la
cesantía salario por cada (art. 99-1) liquidación, en la
(artículos 99-6 año de servicio o cuenta individual a
Ley 50/90 y 35 proporcional nombre del trabajador
de la Ley (art. 99-1) en el fondo de cesantía
1328/98) que él mismo elija (art.
99-3)

46 Ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 4

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RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
Ley 432 de 1998 FNA Un mes de 31 de diciembre Transferencias
Servidores públicos de (art. 5 de la Ley salario por cada (art. 27 Dec. - mensuales del valor
la Rama Ejecutiva del 432/98) año de servicio o 3118/68) total de los factores
Poder Público del proporcional (art. salariales base para
orden nacional 29 Dec. 3118/68) liquidar las cesantías; y
• anual: del valor
liquidado en febrero, de
acuerdo con los dos
últimos números de
NIT para fijar fechas de
pago (arts. 34, 49 del
Dec. 3118/68 y 6 de la
Ley 432/98)
Ley 432 de 1998 FNA Les aplica el 31 de diciembre Los empleadores del
Servidores públicos del (arts. 5, 6 - régimen del art. (Ley 50/90, art. sector privado deberán
orden territorial y parág. y 8 de la 99 de la Ley 99-1) liquidar y consignar las
trabajadores Ley 432 de/98) 50/90, en lo cesantías de sus
particulares relacionado con trabajadores afiliados al
las fechas de FNA, antes del 15 de
transferencia de febrero del año
cesantías y siguiente, de acuerdo
demás normas con lo establecido en el
reglamentarias, art. 99 de la Ley 50 de
que modifiquen o 1990 (art. 9 Ley
sustituyan (Ley 432/98)
432/98, art. 6 -
parág.)

48. En segundo lugar, además del valor del auxilio de las cesantías, cada sistema
prevé sumas adicionales por concepto de intereses, rendimientos o protección
contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, intereses sobre las cesantías,
así:

RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
FOMAG reconoce y En el mes de
Ley 91 de 1989 N/A N/A paga un interés marzo del año
anual sobre el saldo siguiente
de las cesantías al (Acuerdo 39 de
31 de diciembre de 1998, art. 4)
cada año,
equivalente a la
suma que resulte de
aplicar la tasa de
interés que, según
la Superintendencia
Financiera, haya
sido la comercial
promedio de
captación del
sistema financiero
durante el mismo
período (art. 19-3)
Ley 50 de 1990 AFP abonarán El empleador paga En el mes de
cada trimestre y a N/A 12% sobre el valor enero del año

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RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
prorrata de sus anual o proporcional siguiente aquel
aportes liquidado (art. 99-2) en que se
individuales, los causaron (Ley
rendimientos en 52/75, art. 2)
las cuentas de sus
afiliados. Esta no
podrá ser inferior
a una rentabilidad
mínima
determinada por
la
Superintendencia
Financiera en
cada uno de los
portafolios de
inversión
administrados
(largo y corto
plazo), y por cada
período (arts. 101
de la Ley 50/90 y
52 de la Ley
1328/09)
Ley 432 de 1998 FNA FNA N/A
Servidores públicos N/A reconoce y abona reconoce y abona Se abona en la
de la Rama Ejecutiva en la cuenta del en cuenta el cuenta de
del Poder Público del afiliado como equivalente a la cesantías de
orden nacional mínimo un interés variación anual de la cada afiliado.
equivalente a la Unidad de Valor
variación anual de Real-UVR,
la Unidad de Valor certificada por el
Real -UVR Banco de la
certificada por el República, sobre las
Banco de la cesantías liquidadas
República, sobre por el empleador
su saldo correspondientes al
acumulado de año inmediatamente
cesantías a 31 de anterior. Para su
diciembre cálculo tendrá en
inmediatamente cuenta las fechas en
anterior (art. 11 las que fue
modif. por 224 de consignada cada
la Ley 1955/2019) fracción (art. 12
modif. por el 225 de
la Ley 1955/2019)
Ley 432 de 1998 N/A FNA El empleador paga En el mes de
Servidores públicos reconocerá y 12% sobre el valor enero del año
del orden territorial y abonará en anual o proporcional siguiente a aquel
trabajadores cuenta mínimo un liquidado (Ley en que se
particulares interés 50/90, art. 99-2) causaron (Ley
equivalente a la 52/75, art. 2)
variación anual de
la Unidad de Valor
Real -UVR
certificada por el
Banco de la
República, sobre
su saldo
acumulado de
cesantías a 31 de
diciembre
inmediatamente

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RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
anterior (art. 11)

49. En tercer lugar, se observa que en cada caso están reguladas las condiciones
y oportunidades de pago de la prestación, los mecanismos dispuestos para
asegurar los recursos, así como las consecuencias del incumplimiento de los
plazos legales, y su efectividad, así se muestra en el siguiente cuadro:

RÉGIMEN ANUALIZADO

SISTEMA Mecanismo para Pago de cesantías Sanción por pago tardío
garantizar la (retiros parciales y (cesantías parciales y
disponibilidad de los definitivo) definitivas)
recursos
La disponibilidad de los -Parcial: para vivienda y Sí, según lo previsto en la
Ley 91 de 1989 recursos está asegurada educación Ley 1071/06 artículo 5
desde la etapa de
planeación del -Definitivo: por retiro del Sentencias SU-336 de
presupuesto, en la que se servicio (Ley 1071/06 art. 2017 y CE-SUJ2-SII-012-
incorporan los recursos 3) 2018 (4961-2015)
necesarios para el pago
de las obligaciones del
FOMAG, durante el
respectivo período
incluso por el concepto
de cesantías y el traslado
de los recursos a cargo
del SGP y los entes
territoriales.
Ley 50 de 1990 Sanción moratoria a Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
cargo del empleador que por el CST: arts. 65 el CST: art. 65 respecto del
incumpla el plazo del art. (definitivo) y 102 de Ley empleador.
99-2. Deberá pagar un 50/90 (parcial)
día de salario por cada Servidores públicos: según
día de retardo Servidores públicos: la Ley 1071 de 2006, art. 5
-Parcial: para vivienda y
educación
-Definitivo: por retiro del
servicio (Ley 1071/06 art.
3)
Ley 432 de 1998 Se genera en favor del -Parcial: para vivienda y Cuando se trate de
Servidores públicos FNA el derecho para educación (Ley 1071/06) solicitudes presentadas
de la Rama exigir las sumas ante el FNA, se aplicarán
Ejecutiva del Poder respectivas por la vía -Definitivo: por retiro del
los términos fijados en los
Público del orden ejecutiva y para cobrar servicio (arts. 37 - 39 del
nacional sobre ellas intereses 2% Dec. 3118/68) arts. 4 y siguientes de la
mensual por el tiempo de Ley 1071 de 2006 (Dec.
la mora (art. 51 del 1562 de 2019, arts. 1 y 2)
Decreto 3118/68)

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Ley 432 de 1998 Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
Servidores públicos Le da derecho al FNA por el CST: art. 65 si es el CST: Ley 1071/06, art. 2)
del orden territorial para cobrar a su favor los definitivo y parcial, solo
y trabajadores intereses moratorios (art. para vivienda (art. 8 Servidores públicos:
9 Ley 432/98) parág. Ley 432/98) Cuando se trate de
particulares
solicitudes presentadas
ante el FNA, se aplicarán
los términos fijados en los
arts. 4 y siguientes de la
Ley 1071 de 2006 (Dec.
1562 de 2019, arts. 1 y 2)

2.2.1.3 Sobre las normas especiales que en materia de cesantías se
expidieron respecto de los congresistas y empleados de la Rama Legislativa

37. Como se expuso en precedencia, la Ley 28 de 1983 señaló en el artículo 4 que
los empleados de la Rama Legislativa tendrían derecho a las prestaciones
sociales establecidas en la Ley 52 de 197847, entre estas el auxilio de cesantías.

38. La Ley 33 de 198548 determinó que se entendería por cajas de previsión social,
aquellas entidades de cualquier nivel [nacional, departamental, municipal], con la
función de pagar las pensiones a los empleados oficiales, dentro de los que se
encontraban «los empleados públicos, nombrados o elegidos, los trabajadores oficiales y
los funcionarios de seguridad social» [artículos 13 y 14]. Asimismo, creó el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República como establecimiento público del
orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, con la función de efectuar el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales de los congresistas, empleados del Congreso y del
fondo, entre otras [artículo 15, numeral 1].

39. En virtud de las facultades otorgadas por la Ley 4 de 199249 el gobierno
nacional expidió el Decreto 906 del 2 de junio de 1992, en el que, al dictar
disposiciones en materia salarial para los miembros y empleados del Congreso de
la República, determinó que, a partir de su publicación, «los nuevos miembros del
Congreso no tendr[ía]n derecho a retroactividad en las cesantías» [artículo 2].

40. A su vez, la Ley 5 de 17 de junio de 199250, creó la estructura, organización
básica y la nueva planta de personal de las Cámaras Legislativas reiteró que «[l]os
funcionarios al servicio de las Corporaciones, se denominan empleados de la Rama
Legislativa del Poder Público» y la clasificación según el origen del nombramiento en
[artículo 384]:

47 «Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus
asignaciones y se dictan otras disposiciones»
48 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las

prestaciones sociales para el Sector Público»
49 Artículo 1, literal b)
50 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes»

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(i) de elección, entre los que se encuentran secretarios generales, subsecretarios
generales, secretarios generales de las Comisiones Constitucionales y los
coordinadores de las Comisiones legales de ambas Cámaras y el director general
del Senado de la República;

(ii) de libre nombramiento y remoción, entre los que enlistó al director
administrativo de la Cámara de Representantes, jefes de división y jefes de Oficina
del Senado y la Cámara, secretarios privados, profesionales universitarios,
secretarias ejecutivas y conductores de las presidencias y vicepresidencias de
ambas Cámaras; la secretaria ejecutiva, los conductores, el profesional II y el
asistente administrativo de la Secretaría General de ambas Cámaras; el
profesional universitario, y el conductor del director general del Senado;
conductores de las Comisiones Constitucionales y Legales de ambas Cámaras; el
asistente de control de cuentas de la Cámara, los coordinadores de las
Comisiones de Ética de ambas Cámaras y de Derechos Humanos y Audiencias, y
de la Comisión adscrita a organismos Nacionales e Internacionales del Senado.

(iii) de carrera administrativa, categoría de la que hacen parte los demás cargos
o empleos no señalados en los anteriores ordinales.

41. Así el empleo de secretario general es de elección de cada Cámara
Legislativa, según lo señalado en el artículo 46 ibidem, para un período de 2 años,
contado a partir del 20 de julio, fecha de instalación del cuatrienio legislativo.

42. Ahora bien, en el artículo 386 estableció la transición del personal actual, al
prever que «[l]os empleados que a la expedición de la presente Ley se encuentren
vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirán
disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales
establecidos a la fecha y expedición de esta Ley».

43. Debido a que la anterior disposición estableció una nueva planta de personal
para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, creó una nueva
nomenclatura de cargos y grados para las distintas denominaciones de los
empleos del Congreso de la república, a través del Decreto 1111 del 3 de julio de
1992, el gobierno nacional fijó la escala de asignación básica mensual. En el
parágrafo del artículo 1 extendió a los empleados públicos del Congreso, «el
régimen prestacional […] de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del nivel nacional».

44. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado en asuntos similares
que a los empleados vinculados al servicio del Congreso de la República con
posterioridad a la Ley 5ª de 1992 [17 de junio de 1992], le son aplicables las
disposiciones del régimen anualizado para la liquidación de sus cesantías
establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del poder público

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de nivel nacional51.

2.3 Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

45. En el expediente se encuentra probado lo siguiente52:

45.1. Juan Gregorio Eljach Pacheco fue nombrado secretario general grado 12 de
la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial, por medio de la Resolución 538 del 11 de mayo de 1995,
expedida por el director general y secretario general del Senado de la República 53,
del cual tomó posesión en la misma fecha54.

45.2. Según constancia suscrita el 19 de agosto de 2020 por la Jefatura de la
Sección de Registro y Control del Senado de la República55, el demandante «es
funcionario de planta desde el 11 de mayo de 1995» y a la fecha de expedición de la
certificación ocupaba el cargo de secretario general.

45.3. El 10 de marzo de 2005 solicitó el traslado de un fondo privado al FNA, a
partir del 7 de julio de 200556. En el extracto individual se observó la liquidación y
consignación anualizada de cesantías por los años 2006, 2008 a 2020 con el
correspondiente pago de intereses anual, así como retiros parciales el 26 de enero
y 4 de abril de 2011, el 18 de septiembre de 2013 y el 29 de agosto de 201857,
para un total de débitos de $252.000.000.oo.

45.4. El 14 de septiembre de 2020 solicitó a la demandada en conjunto con otros
empleados del Senado de la República, «que se les reconozca que tienen derecho al
régimen de cesantías con retroactividad previsto en la ley, en razón de que se vincularon
a esa Honorable Corporación con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, razón por la
cual no se les aplica el régimen anualizado de que trata el artículo 13 de la Ley 344 de
1996, y en consecuencia, se efectúen y paguen las reliquidaciones correspondientes al

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. De la Subsección

A, sentencia del 21 de marzo de 2024, dentro de los procesos con radicación 25000-23-42-000-
2022-00423-01 (6750-2023) y 25000-23-42-000-2021-00947-01 (4977-2023); y de la Subsección
B, sentencia proferida el 24 de mayo de 2024, dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-
2022-00520-01 (3080-2023).
52 De acuerdo con los elementos de prueba aportados con la demanda visibles en Samai, índice 2,

«ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15
53 Páginas 18 y 19
54 Página 20
55 Página 21
56 De acuerdo con el formulario de traslado 92535 del 10 de marzo de 2005 y extracto de cesantías

del 22 de septiembre de 2022
57De acuerdo con los elementos de prueba aportados con la demanda visibles en Samai, índice 2,

«ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», carpeta de antecedentes administrativos,
archivo digital 3

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momento de retiro parcial o definitivo de sus cesantías»58.

45.5. El 26 de octubre de 2020, el jefe de División de Recursos Humanos del
Congreso de la República expidió el Oficio DRH-CS-CV19-1236-202059 [uno de
los actos acusados], en el que denegó la petición, al considerar lo siguiente:

«[…] la Ley 6ª de 1945, el Decreto 1160 de 1947, y el Decreto 3118 de 1968
previeron el derecho al auxilio de cesantías para los servidores del sector público
en el orden nacional, en razón de un mes de sueldo por cada año de trabajo
continuo o discontinuo y proporcional por las fracciones de año, es decir un
régimen anualizado de cesantías, lo anterior permite concluir que no fue la Ley 344
de 1996 la que originó dicho régimen de liquidación.

Por lo expuesto, resulta improcedente acceder a la solicitud de reconocimiento y
pago de cesantías por retroactividad presentada a nombre de los funcionarios del
Senado de la República referidos, en tanto que: (i) El régimen anualizado de
cesantías para el orden nacional es aplicable incluso antes de la entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996 y; (ii) no existe norma especial que disponga la
aplicación del régimen de liquidación para los empleados públicos del Senado de
la República, las disposiciones en la materia están previstas para los congresistas.
[…]».

45.6. El 10 de noviembre de 2020 el demandante impugnó la decisión60 y fue
resuelta a través de la Resolución 112 del 15 de febrero de 202161 por la directora
general de la entidad en la que confirmó la decisión anterior, bajo el argumento
concerniente a que «no existe norma jurídica alguna que de forma específica establezca
para los empleados públicos de la Rama Legislativa un régimen de liquidación de
cesantías por retroactividad, por lo que no resulta procedente disponer el reconocimiento
de tal prestación social a favor de los funcionarios peticionarios».

45.7. La petición señalada también se presentó ante el FNA 62, entidad que por
medio del Oficio 01-2303-202009230209965 suscrito por el coordinador del Grupo
de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero, señaló que la solicitud era
improcedente, puesto que «si tiene algún régimen de retroactividad debe dirigirse a la
Jefatura de Personal de la entidad nominadora», máxime cuando las controversias
entre empleadores y los afiliados con ocasión de la liquidación y traslado de las
sumas correspondientes a la prestación social, debían resolverse por la autoridad

58 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15, páginas 24

y 25
59 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15, páginas 27

a 30
60 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15, páginas 32

a 36
61 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15, páginas 39

a 41
62 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15, páginas 44

y 45

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competente63.

2.3.2. Análisis sustancial del asunto

46. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia proferida el 21 de junio de 2023 negó las pretensiones de la
demanda, en atención a que ingresó al Senado de la República el 11 de mayo de
1995, razón por la cual le era aplicable el régimen previsto en el Decreto Ley 3118
de 1968, el cual se encontraba vigente a la fecha de su vinculación al servicio del
Senado de la República. Esto por expreso mandato del parágrafo del artículo 1 del
Decreto 1111 de 1992, el cual determinó la aplicación del sistema anualizado de
liquidación de la Rama Ejecutiva del orden nacional a la totalidad de servidores de
la Rama Legislativa. Sumado a ello, el artículo 2 del Decreto 906 de 1992 prohibió
en forma expresa la retroactividad en las cesantías de los miembros del Congreso
de la República, a partir de su publicación y la invalidez de cualquier norma
contraria.

47. En el recurso de apelación el actor manifestó su desacuerdo frente a la
interpretación del a quo, atinente a que los decretos 906 y 1111 de 1992
establecieron en forma explícita el régimen anualizado de cesantías para la
totalidad de los servidores vinculados a la Rama Legislativa del poder público, ya
que estas disposiciones eran aplicables solo a los senadores y representantes a la
Cámara, mas no los empleados públicos al servicio de la Corporación.

48. De acuerdo con la Ley 28 de 1983 ostentaba la condición de empleado de la
Rama Legislativa, de elección [artículo 3] y, en tal virtud, tenía derecho a devengar
el auxilio de cesantías por encontrarse enlistada dentro de las prestaciones
sociales establecidas en la Ley 52 de 1978.

49. Ahora, si bien el Decreto 3118 de 1968 introdujo un sistema de liquidación
anualizado cuando creó el FNA, del cual se exceptuó en forma expresa a «las
cesantías de los miembros de las Cámaras Legislativas [y] de los empleados de la
mismas», el Decreto 906 de 1992 estipuló en forma expresa que «los nuevos
miembros del Congreso no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías», cuyo
objeto de aplicación fueron los miembros y empleados del Congreso de la
República.

50. Con la expedición de la Ley 5 del 17 de junio de 1992, por la cual se determinó
la nueva planta de personal, reiteró que «[l]os funcionarios al servicio de las
Corporaciones, se denominan empleados de la Rama Legislativa del Poder Público» y a
través de la transición establecida por el artículo 386 ibidem, salvaguardó a los

63 Samai, índice 2, «ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2», archivo digital 15, páginas 47

y 48

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Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

empleados vinculados al Congreso antes de la expedición de la citada ley,
respecto de las prestaciones sociales, en los términos y condiciones previstos en
esa ley.

51. Asimismo, el artículo 1 del Decreto 1111 del 3 de julio de 1992 previó que «los
empleados públicos del Congreso» disfrutarían del régimen prestacional «de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel nacional», sin que
se exceptuara en modo alguno las cesantías, como el demandante lo señaló con
fundamento en el Concepto 20206000103851 del 16 de marzo de 2020 del DAFP.

52. De ese modo, para la fecha en que ingresó el demandante, esto es el 11 de
mayo de 1995 al Senado de la República como secretario general grado 12 de la
Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial, se había prohibido de manera expresa la aplicación del
sistema de administración retroactivo de las cesantías para los empleados del
Congreso de la República y, por virtud del Decreto 1111 de 1992, le era aplicable
el régimen anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel nacional.

53. Lo anterior, aunado a que para la fecha en que elevó la reclamación
administrativa, ejercía el empleo de secretario general del Senado de la República,
cuya afiliación al FNA era voluntaria a partir de la Ley 432 de 1998, y en efecto
ocurrió desde el año 2005, por lo que se efectuaron los traslados por los años
2006 y 2020 y efectuó retiros parciales por la suma de $252.000.000.oo.

54. Tampoco es de recibo el argumento concerniente a que procede su aplicación
de acuerdo con el principio de favorabilidad en materia laboral previsto en los
artículos 53 constitucional y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018.

55. En la referida sentencia, la Corte Constitucional garantizó los derechos
laborales mínimos del accionante, quien era un docente vinculado en
provisionalidad que nunca fue afiliado al correspondiente Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por error interno de la administración y a la
terminación de la relación laboral reclamó las cesantías y la sanción por mora.

56. En tal sentido, aquella providencia no constituye precedente judicial aplicable
en el asunto de la referencia, pues se refirió a la omisión del empleador frente a la
afiliación de un fondo administrador de cesantías, de tal manera que en virtud de
una interpretación favorable, el personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del
docente estatal, tal y como lo consideró el Consejo de Estado en la sentencia

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Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

SUJ-032-CE-S2-202364.

57. A diferencia de lo anterior, en el caso objeto de análisis, el demandante se
encontraba afiliado al FNA y le fue trasladado el valor correspondiente a la
prestación y además efectuó retiros parciales de acuerdo con los fines previstos
en la ley, de tal manera que no se desconoció en modo alguno el mínimo de
protección social previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

2.4. Costas

58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma65.

61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

62. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar
en costas a la parte apelante.

64 Dentro del proceso con radicación 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)

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3. Conclusión

63. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el demandante no era
beneficiario del sistema de administración retroactivo de las cesantías, habida
consideración que para la fecha en que ingresó al Senado de la República, esto es
el 11 de mayo de 1995, se había prohibido de manera expresa la aplicación del
sistema de administración retroactivo de las cesantías para los empleados del
Congreso de la República y, por virtud del Decreto 1111 de 1992, le era aplicable
la liquidación anual establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
del nivel nacional.

50. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 21 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Juan Gregorio Eljach
Pacheco contra la Nación, Congreso de la República, Senado de la República, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV 08001-23-33-000-
2020-00332-02 (0326-2024)

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Demandante: Juan Gregorio Eljach Pacheco

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JNFG

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