Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00258-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00258-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00258-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00258-01 (1296-2025)
Demandante: Argelia García de Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Sentencia segunda instancia
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 25 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Argelia García de Rodríguez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 35001 y RDP 36031 del 20 y 28
de noviembre de 2019; y RDP 1759 y ADP 490 del 24 y 31 de enero de 2020, por
medio de las cuales la Ugpp le negó el reconocimiento de una pensión de
«sobreviviente» o de la indemnización sustitutiva de la pensión en calidad de
cónyuge supérstite de Gustavo Eduardo Rodríguez Soto.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó de manera principal: i) el reconocimiento de la pensión de «sobreviviente» a
partir del 21 de enero de 2017; ii) el pago retroactivo de la pensión de vejez a la
1 En lo que sigue Ugpp.
2 Radicada el 4 de marzo de 2020. Acta de reparto en el folio 202 del expediente físico.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Argelia García de Rodríguez
que Gustavo Eduardo Rodríguez Soto tenía derecho desde el 16 de diciembre de
2005; iii) la indexación de las mesadas pensionales adeudadas y sus respectivos
intereses moratorios; y iv) la condena en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.
3. En caso de no prosperar las anteriores pretensiones solicitó subsidiariamente la
indemnización sustitutiva de la pensión.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
4.1. Gustavo Eduardo Rodríguez Soto nació el 11 de octubre de 1938 y contrajo
matrimonio con Argelia García el 5 de agosto de 1961. Laboró como secretario de
un juzgado de instrucción criminal del 10 de noviembre de 1961 al 3 de abril de
1962 y como dibujante del 4 de abril de 1962 al 8 de septiembre de 1963; «en el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario4 entre el 10 de noviembre de 1961 y el 8 de
septiembre de 1963»5; y en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana6 entre el 10 de enero de 1966 y el 29 de febrero de 1976 y desde
el 24 de marzo de 1983 hasta el 29 de mayo de 1990.
4.2. El 16 de diciembre de 2008 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social 7
el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión que le fue negada por medio
de la Resolución UGM 98 del 20 de junio de 20118.
4.3. Promovió acción de tutela en la que solicitó el amparo de su derecho a la
seguridad social y el consecuente reconocimiento de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez. La acción constitucional fue decidida por medio de
sentencia del 13 de abril de 2012 en la que se accedió al amparo y se le concedió
a Cajanal un término de 48 horas para reconocer el citado derecho, orden que fue
cumplida a través de la Resolución UGM 50368 del 21 de junio de ese año, pero
solo respecto de los tiempos laborados en Inurbe y, a pesar de la liquidación
realizada, el pago nunca se realizó.
4.4. Gustavo Eduardo Rodríguez Soto falleció el 21 de enero de 2017.
4.5. El 9 de septiembre de 2019, Argelia García de Rodríguez solicitó ante la Ugpp
el reconocimiento de una pensión de vejez o, subsidiariamente, de la
indemnización sustitutiva de la pensión.
4 En lo siguiente Inpec.
5 Así lo manifestó la demandante en los hechos. Sin embargo, con el material probatorio se
estableció que este periodo no fue laborado de manera doble, sino que corresponde al servido en
el Ministerio de Justicia, razón por la que las fecha son coincidentes.
6 En lo siguiente Inurbe.
7 En adelante Cajanal.
8 Este acto administrativo fue proferido en cumplimiento de una orden de tutela en la que se amparó
el derecho fundamental de petición del causante.
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Demandante: Argelia García de Rodríguez
4.6. A través de la Resolución RDP 35001 del 20 de noviembre de 2019 negó el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión porque esta había
sido pagada en el mes de mayo de 2013, mientras que por medio de la Resolución
RDP 36031 del 28 de noviembre de 2019 negó lo relativo a la pensión de
sobrevivientes y argumentó que el causante solo acreditaba 19 años, 1 mes y 25
días de servicios, tiempo insuficiente para el reconocimiento de una mesada
pensional.
4.7. Presentó recursos de apelación contra los citados actos administrativos que
fueron resueltos negativamente por medio de las resoluciones RDP 1759 y ADP
490 del 31 de enero de 2020.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 18 del Decreto
513 de 1998; y 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990.
6. En cuanto al concepto de la violación expuso lo siguiente9:
6.1. Gustavo Eduardo Rodríguez Soto era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, pues contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años
de servicios para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del sistema
general de seguridad social, por lo que tenía derecho a que se le reconociera una
pensión de «invalidez» en los términos del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 que
prevé la posibilidad de acceder a esa prestación si se acredita un mínimo de 300
semanas de cotización en cualquier época, requisito con el que cumplía10.
6.2. De acuerdo con los tiempos de servicios acreditados, el causante realizó
aportes por más de 1000 semanas, de manera que debió reconocérsele la pensión
de jubilación pretendida y luego sustituirla en favor de su cónyuge, deber omitido
por la Ugpp.
1.2. Contestación de la demanda
7. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos11:
7.1. La negativa frente al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la
9 Folios 19 al 29 del documento 118 del expediente digitalizado de la primera instancia.
10 Este argumento no guarda relación con algún padecimiento por parte de causante o una
disminución de la capacidad laboral.
11 Documento 27 del expediente digital. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de
Cundinamarca, UAPEC, fue erróneamente notificada como parte demandada y presentó
contestación visible en el documento 16 del expediente digitalizado en el que propuso como
excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva. La anterior situación fue corregida por
medio de auto del 28 de noviembre de 2022 en el documento 19, en el que se dispuso la correcta
notificación a la Ugpp.
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parte demandante obedece a que, en cumplimiento de la sentencia de tutela del
13 de abril de 2012, Cajanal profirió la Resolución UGM 50368 del 21 de junio de
2012 en la que le concedió a Gustavo Eduardo Rodríguez Soto una indemnización
sustitutiva de la pensión en cuantía de $9.463.417 que fue pagada en el mes de
mayo de 2013.
7.2. El citado pago obedeció, además, a que el causante era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por contera, de la Ley 33 de 1985
que previó el reconocimiento de una pensión de vejez para los servidores públicos
que acreditaran 55 años de edad y un tiempo mínimo de servicio de 20 años. A
pesar de que sí cumplió con el requisito de la edad, no ocurrió lo mismo con el
tiempo de servicio, pues solo acreditó poco más de 19 años de aportes. Así, al no
existir el derecho a la pensión de jubilación tampoco había lugar a conceder la
sustitución reclamada.
8. Propuso como excepciones la inexistencia del derecho, la cosa juzgada en
atención a la sentencia de tutela del 13 de abril de 201212, inexistencia de intereses
moratorios, improcedencia de intereses moratorios e indexación, improcedencia de
condena en costas, presunción de legalidad de los actos administrativos, buena fe,
prescripción y la innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
9. En sentencia del 25 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y no emitió condena en costas. La orden fue la
siguiente13:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 035001 del 20 de noviembre
de 2019, la Resolución RDP 036031 del 28 de noviembre de 2019, la Resolución RDP
001759 del 24 de enero de 2020 y el Auto ADP 00490 del 31 de enero de 2020, en lo
referente a la negación del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez.
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la UGPP (Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social), que proceda a reliquidar y
cancelar en favor de la señora Argelia García de Rodríguez, en su condición de
cónyuge supérstite, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del señor
Gustavo Eduardo Rodríguez Soto (q.e.p.d.), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, debiéndose tener en cuenta 86.47 semanas que
fueron cotizadas a Cajanal, las cuales corresponden al periodo laborado en el Ministerio
de Justicia-INPEC. La suma a pagar deberá ser ajustada de conformidad con la fórmula
planteada en la parte motiva de esta sentencia.
12 La parte demandada no aportó datos sobre esta decisión judicial, por lo que su identificación se
hará en el acápite de hechos probados.
13 Documento 156 del expediente digital.
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TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: Sin condena en costas en la instancia.
[…] [sic]»
10. La anterior decisión obedeció a los siguientes argumentos:
10.1. Aunque Gustavo Eduardo Rodríguez Soto sí era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 33 de 1985, no acreditó el tiempo
mínimo de servicio para ser titular de una pensión de vejez. Laboró para el Inurbe
del 10 de enero de 1966 al 29 de febrero de 1976 y del 24 de marzo de 1983 al 29
de mayo de 1990, sin embargo, en ese lapso tuvo una serie de interrupciones de
94 días no laborados sobre los cuales no se realizaron aportes al sistema y no
pueden ser computados para efectos pensionales.
10.2. Por su parte, trabajó en el Inpec del 10 de noviembre de 1961 al 8 de
septiembre de 1963 y en este periodo se probaron interrupciones totales por 60
días, lo que le da un total de 18 años, 8 meses y 4 días de servicio, esto es menos
de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 33 de 1985. Tampoco era posible
reconocerle una pensión de invalidez en los términos descritos en el artículo 6 del
Acuerdo 049 de 1990 porque no acreditó contar con una disminución de la
capacidad laboral que le diera derecho a ella, de modo que Gustavo Eduardo
Rodríguez Soto no dejó causada la pensión de vejez que pudiera ser sustituida.
10.3. Al no cumplir con la totalidad de los requisitos legales para ser titular de una
pensión de vejez, sí tenía derecho al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión, la cual le fue concedida por parte de la extinta Cajanal a
través de la Resolución UGM 50368 del 21 de junio de 2012 y pagada el 24 de
mayo de 2013 a la cuenta bancaria 3190989375, de acuerdo con lo manifestado
por la Ugpp y confirmado por Bancolombia.
10.4. Apesar de que Bancolombia no pudo certificar que el dinero haya sido
efectivamente retirado, en atención a que la guarda de esa información superó los
10 años de que trata la Ley 791 de 2002 y a que la parte demandante insistió en
que ese dinero nunca fue cobrado, lo cierto es que tanto la demandada como la
entidad bancaria dieron fe de que el rubro fue puesto a disposición del beneficiario
y no fue objeto de devolución a la administradora de pensiones, hecho corroborado
además con el cupón de pago Fopep 4568 del periodo 2013-5 a favor de Gustavo
Eduardo Rodríguez Soto por valor de $9.463.417, misma cantidad liquidada en la
Resolución UGM 50368 del 21 de junio de 2012, razón por la que no había lugar a
ordenar un nuevo pago sobre un emolumento ya desembolsado.
10.5. No obstante, para el cálculo de la indemnización sustitutiva de la pensión no
se tuvieron en cuenta los tiempos laborados en el Inpec que corresponden a 86.47
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semanas cotizadas a Cajanal, las cuales sí debieron ser reconocidas por la parte
demandada.
10.6. No se configuró el fenómeno de la prescripción en atención a su carácter
imprescriptible. Tampoco se advirtió conducta temeraria o maniobras dilatorias que
justificaran la imposición de la condena en costas.
1.4. Los recursos de apelación
11. Argelia García de Rodríguez apeló la anterior decisión de acuerdo con los
siguientes argumentos14:
11.1. El artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 previó el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del asegurado fallecido por muerte
común que cumpliera con las cotizaciones exigidas para la pensión de invalidez
que, de acuerdo con el artículo 6 ibidem, era de 300 semanas de aportes en
cualquier época, requisito que sí se acreditó en este proceso.
11.2. El presente asunto debió resolverse a la luz del principio de la condición más
beneficiosa porque, aunque Gustavo Eduardo Rodríguez Soto falleció en vigencia
de la Ley 100 de 1993, era beneficiario de su régimen de transición y del citado
Acuerdo 049.
12. La Ugpp también cuestionó la decisión de primer nivel y sustentó su recurso
así15:
12.1. Los derechos pensionales deben reconocerse de acuerdo con la norma
vigente al momento de su causación, lo que quiere decir que la pensión de
sobreviviente pedida por la cónyuge debe atender los términos establecidos en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993. De acuerdo con esa norma, el causante no
cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, de modo que
no había lugar a acceder a esa pretensión.
12.2. Gustavo Eduardo Rodríguez Soto no consolidó el derecho a una pensión de
vejez, pues, aunque tenía la edad exigida por la Ley 33 de 1985, únicamente
acreditó «19 años, 1 mes y 25 días de servicios», sin alcanzar los 20 años requeridos
por dicho régimen. En ese sentido, no podía predicarse la existencia de una
pensión de vejez post mortem ni reconocer una pensión de sobrevivientes derivada
de ese derecho.
12.3. Cajanal ya reconoció y pagó una indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez mediante la Resolución UGM 50368 del 21 de junio 2012, circunstancia que
impedía jurídicamente reconocer posteriormente una pensión de sobrevivientes o
14 Documento 162 del expediente digitalizado.
15 Documento 157 del expediente digitalizado.
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una nueva indemnización sustitutiva, toda vez que las cotizaciones utilizadas para
liquidar una indemnización sustitutiva no pueden volver a ser tenidas en cuenta
para producir otro efecto pensional.
12.4. El tribunal otorgó una relevancia indebida a los principios de favorabilidad,
condición más beneficiosa y la protección al mínimo vital porque ninguno de esos
principios puede suplir el incumplimiento de los requisitos objetivos establecidos
por la ley para acceder a las prestaciones reclamadas.
12.5. No debió emitirse condena en costas porque las decisiones tomadas en sede
administrativas se ajustaron al ordenamiento jurídico y no existió conducta dilatoria
o de mala fe que justificara la imposición objetiva de la sanción.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
13. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar16.
1.6. Concepto del Ministerio Público
14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto en esta
oportunidad17.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
15. Se circunscribe a establecer ¿si Argelia García de Rodríguez tenía derecho a
una pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge supérstite de Gustavo
Eduardo Rodríguez Soto? En caso negativo ¿si tenía derecho al reconocimiento
de una indemnización sustitutiva de la pensión con ocasión de las semanas que
en vida cotizó Gustavo Eduardo Rodríguez Soto quien se desempeñó como
empleado público?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La indemnización sustitutiva de la pensión
16. Una de las contingencias que se aseguran a través del Sistema General de
Pensiones es la vejez, con la finalidad de proteger al trabajador que una vez llega
a una edad en la que no puede seguir laborando pueda percibir un ingreso que le
garantice un mínimo vital y una congrua subsistencia.
16 Como se indicó en el auto admisorio del 22 de julio de 2025.
17 Constancia en el documento 10 del expediente digital en Samai.
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17. La Corte Constitucional en sentencia C-177 de 1998 se refirió a la pensión de
vejez como una compensación a la actividad desarrollada por un tiempo
considerable y que genera la disminución de la fuerza laboral. Por su parte, en la
sentencia C-230 de ese año señaló que no se trataba de un derecho gratuito, sino
que surgía por la acumulación de cotizaciones y de tiempo de servicio efectuados
por el trabajador.
18. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión de vejez depende del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, ya sea del sistema general
de pensiones o de alguno de los regímenes anteriores a su entrada en vigor. No
obstante, en ocasiones, las personas no logran reunir los requisitos dispuestos
para acceder a esa prestación, por lo que en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993
se dispuso una herramienta compensatoria denominada indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, que también procede cuando no se cumple con los
requisitos para obtener las pensiones por invalidez (artículo 45) y sobrevivencia
(artículo 49).
19. Al respecto la referida norma estableció lo siguiente:
«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el
mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».
20. La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 del 27 de
agosto de 200118, compilado en el Decreto 1833 de 2016, y en su artículo 1 dispuso
que el reconocimiento de la indemnización en el régimen de prima media con
prestación definida podía originarse cuando «con posterioridad a la vigencia del sistema
general de pensiones» se presentaran las siguientes situaciones:
«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993;
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic)
que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme
al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
18 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la
indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida».
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d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 199419, como
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual
genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994».
21. Por su parte, artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 estableció lo siguiente:
«Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada
Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.
En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las
cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización
sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la
obligación de reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep,
será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento
continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta
la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993».
22. De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de la indemnización en el régimen
de prima media con prestación definida puede originarse en 3 circunstancias:
i) como sustitutiva de la pensión de vejez; o ii) de la pensión de invalidez; o iii) de
la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993.
23. No obstante, la exigencia según la cual se deben cumplir los requisitos «con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones», fue declarada nula por
esta Corporación a través de sentencia de 14 de abril de 200520, por las siguientes
razones:
«En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y
manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría
que tal prestación se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con
prestación definida afiliados a una administradora de este régimen, que
habiendo cumplido la edad bajo el régimen anterior se retiren del servicio
bajo su vigencia, sin el número de semanas exigidas para tener derecho a
la prestación y declaren su imposibilidad de seguir cotizando al sistema.
[…]
19 El texto subrayado fue declaro nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 24 de julio de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2010-00279-00 (2292-10).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de abril de 2005, radicado:
11001032500020030011201 (0477-2003).
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Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en
la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS;
sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del
régimen de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho
de serlo, no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley
establece en su artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal
beneficio en el régimen anterior que los gobernaba.
[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por
lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma
reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la
ley reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad
de categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva
a la Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al
cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a
algunos afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada
de la vigencia de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir
cotizaron a dicho régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos
que ellas contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando,
quedarían privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador
[…]». [Se resalta].
24. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional21 al precisar lo
siguiente:
«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de
1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta
normatividad es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a
todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se
hubieren consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850 de 2008, al indicar:
‹El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se
encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber
estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de
entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad
para reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para
acceder a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que
en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la
indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa›.
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se
establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador
éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez,
pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la
Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a la
cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de
21 Corte Constitucional, sentencia T-849 A de 2009.
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favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior
[…]». [Se resalta].
25. El artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 fue modificado por el artículo 1 del Decreto
4640 de 200522, en el sentido de indicar que habrá lugar al reconocimiento de la
citada indemnización, para «afiliados al Sistema General de Pensiones» en las
siguientes situaciones:
«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993;
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que
su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al
artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, como consecuencia
de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o
sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994».
26. Esta exigencia fue declarada nula en sentencia del 11 de marzo de 201023, con
fundamento en lo siguiente:
«[…] la Sala considera que si el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, rige a partir de
su publicación y salvaguardó los derechos adquiridos en vigencia de las
disposiciones derogadas; la exigencia de ser afiliado al mismo para ser beneficiario
de la indemnización sustitutiva, riñe con los principios orientadores del Sistema de
Seguridad Social Integral y con el objetivo del Sistema General de Pensiones […].
De manera que son válidas las acusaciones hechas por el demandante y el
Ministerio Público contra el Decreto reglamentario en comento, cuando afirman
que con tal exigencia -ser afiliado al Sistema General de Pensiones- se excluye
de tal beneficio a las personas que para la fecha de entrada en vigencia no se
encontraban vinculadas ya fuera mediante contrato de trabajo, como servidores
públicos, como trabajadores oficiales, como empleados públicos, como
trabajadores independientes o prestando sus servicios bajo la modalidad de
prestación de servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector
privado. En otras palabras, retiradas del servicio activo.
Prohijar tal exigencia, vulneraría a todas luces el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 superior, se desconocería el principio de la
irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles y de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, así como la situación más favorable
22 «Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001»
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2017, radicado 11001-03-
24-000-2006-00322-00(0984-07).
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al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, la garantía a la seguridad social y la asistencia a las
personas de la tercera edad.
No hay que olvidar además, que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece
como característica del Sistema, que para reconocer las pensiones y
prestaciones que consagra dicha normativa se tendrán en cuenta la suma de las
semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la citada ley, al Instituto de
Seguros Sociales o cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o el tiempo de servicio.
Siendo ello así, como irrebatiblemente lo es, dicho beneficio no puede estar
consagrado exclusivamente para los afiliados, entendido como aquellos
vinculados al servicio a la entrada en vigencia de dicha Ley, sino para toda la
población, a la que el mismo sistema ampara de las contingencias derivadas de
la vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que él consagra, siendo una de ellas la indemnización sustitutiva».
27. Por su parte, la Corte Constitucional al conocer de varias acciones de tutela24
relacionadas con el reconocimiento de esta prestación ha señalado, que25:
«(i) Su desconocimiento contraviene el principio de favorabilidad en materia laboral
consagrado en el artículo 53 de la Constitución, en concordancia con el artículo 21
del Código Sustantivo de Trabajo.
(ii) Las entidades a las que se le realizaron los aportes incurren en un
enriquecimiento sin causa al retener los recursos que constituyen un ahorro del
trabajador y es a este a quien le correspondería, en primer lugar, disfrutarlos.
(iii) La indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no
dispuso un límite temporal para su aplicación, luego también son beneficiarias las
personas que cotizaron o prestaron sus servicios con anterioridad. Además, no se
condicionó su reconocimiento a cotizaciones posteriores a su expedición.
(iv) El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce, en el literal f)
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que se puede tener en cuenta los tiempos
de servicio o semanas cotizadas con anterioridad a su creación y bajo disposiciones
precedentes con independencia de si fueron cotizados al Instituto de Seguro Social,
caja, fondo o entidad del sector público o privado.
(v) Se trata de un derecho irrenunciable del trabajador que a su vez es
imprescriptible.
(vi) Si bien el trabajador no tiene que renunciar a la expectativa de cumplir las
semanas exigidas en la ley o el capital requerido, según el régimen pensional que
haya elegido, lo cierto es que tampoco existe la obligación de continuar efectuando
aportes hasta completar las exigencias legales para que le reconozcan la pensión,
por lo que resulta válido que una vez haya alcanzado la edad mínima para acceder
a la prestación periódica pueda proceder a solicitar la indemnización».
24 Sentencias T-850 de 2008, T-849A de 2009, T-1075 de 2012, T-083 de 211, T-062 de 2012, T-
865 de 2013 y T-122 de 2016.
25 T-125 de 2018.
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28. En este punto conviene destacar la procedencia del reconocimiento de la
indemnización sustitutiva a quienes prestaron servicios con anterioridad a su
creación; para el efecto, de conformidad con el literal f) del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, se tendrán en cuenta el número de semanas cotizadas con anterioridad a
la vigencia de esta ley, al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o
privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número
de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.
29. Así las cosas, la indemnización sustitutiva procede en favor de quienes alcanzan
la edad para obtener la pensión de vejez sin lograr el mínimo de semanas exigidas
para acceder a ella, antes o después de la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones, y manifiestan su imposibilidad de seguir cotizando. Asimismo, el artículo
2 del Decreto 1730 de 2001 previó que, en caso de aportes a distintas
administradoras de pensiones, cada una de aquellas debía efectuar el
reconocimiento, esto es, de manera individual, pero teniendo en cuenta el tiempo
cotizado en cada administradora.
30. Ahora, aunque la citada disposición se refiere a las administradoras de pensiones,
debe recordarse que el sistema de seguridad social funciona como un sistema de
aseguramiento, en donde estas se subrogan en el reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas de la seguridad social, siempre que el empleador ya sea
público o privado, que es el obligado primigenio y natural, afilie al trabajador y cumpla
con el pago de los aportes o cotizaciones.
2.2.2. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 de 1990
31. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 1977 26,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez,
muerte, y asignaciones familiares.
32. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
(creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un como organismo del gobierno
que tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen
de dichos seguros) la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del
Superintendente de Seguros de Salud».
26 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
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33. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del
1° de febrero de 199027 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social
obligatorio i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o
extranjeros que prestaran sus servicios a patronos particulares mediante contrato
de trabajo o de aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de
Seguros Sociales y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales
o asumidas totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores
independientes; b) los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades
Religiosas y, c) los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de
julio de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros
sectores de población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen
de los seguros sociales obligatorios.
34. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder
a la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más
años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
35. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia28 consideraba que no era posible
sumar los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía que
esos tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la
posibilidad de computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los
artículos 13, literal f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de
prima media con prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones,
de manera que no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de
cada una de ellas29.
27 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez
y Muerte»
28 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
29 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
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36. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló30:
«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el
anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez
contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma
anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden
consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y
los tiempos laborados a entidades públicas» [Se resalta].
37. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a los
afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector público
y privado. Esto dijo31:
«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo
049 de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se
invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más
beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con
los aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la
prestación de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que
para efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25
del Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el
acceso a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los
afiliados concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de
las cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con
tiempos de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100
de 1993 y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos
pensionales, cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos
no cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020,
radicación 70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre
otras, SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-
2020, 21 oct. 2020.
31 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
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se acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990
en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-
2020, CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el
número de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para
las pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de
1990 en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Se resalta].
38. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201432. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no hubiese
efectuado las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las
aportadas al ISS; y ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o
fondos de previsión para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan
efectuado de manera exclusiva al ISS.
39. Alrespecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicios prestados en entidades públicas con el cotizado en
el ISS:
«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:
7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual
los beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de
servicios exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular
las semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas.
La razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
32 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por
ese Instituto”;
(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71
de 1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes
y las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”33.
En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente34:
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.
Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».
40. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la
Corte y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:
33 Sentencia T-201 de 2012.
34 Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
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«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo
el régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma
interpretación en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los
supuestos posibles contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de
vejez. En ese sentido, la segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de
favorabilidad contenido en los artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código
Sustantivo del Trabajo, y al principio pro homine derivado de los artículos 1° y 2° de la
Constitución35.
Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y
a empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez» [Se resalta].
41. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en las
que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:
«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en
la Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los
diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de
servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los
trabajadores para acceder a la pensión de vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
35 Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos
humanos. En el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto
en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de
Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la
protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
(Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr. Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
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posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total
de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional» [Se resalta].
42. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
providencias del 7 de noviembre de 201936 y del 23 de abril de 202037 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicios públicos con las cotizaciones
efectuadas en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
43. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las
disposiciones que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía
que aquellas personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus
veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y
en el Instituto de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir
que solo quienes se encuentren en la situación que dio lugar a esa interpretación,
pueden acceder a la pensión prevista en el Acuerdo 049 de 1990, esto es, aquellos
que no completaron los requisitos para pensionarse con las leyes 71 de 1988 o
100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003).
2.3. Caso en concreto
44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii)
sentencia del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación
25000-23-42-000-2015-03699-01(3798-17).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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44.1. Gustavo Eduardo Rodríguez Soto nació el 11 de octubre de 193838, contrajo
matrimonio con Argelia García el 5 de agosto de 196139 y falleció el 21 de enero
de 201740. En vida se identificó con la cédula de ciudadanía 2.916.38941.
44.2. Laboró en el Ministerio de Justicia42 como secretario de juzgado de instrucción
criminal del 10 de noviembre de 1961 al 3 de abril de 1962 y como dibujante II-6
desde el 4 de abril de 1962 al 8 de septiembre de 1963. Durante este vínculo
laboral realizó aportes a Cajanal, excepto por el periodo de interrupción de 60 días
comprendidos entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 1963, reportados en $27 y $0
pesos43. El empleo desempeñado fue el de técnico operativo código 4080.
44.3. También trabajó en el Inurbe entre el 10 de enero de 1966 y el 29 de febrero
de 1976 y desde el 24 de marzo de 1983 hasta el 29 de mayo de 1990. En el primer
periodo disfrutó de una licencia no remunerada de 25 días y en el segundo lapso
una licencia igual, pero por 64 días, además de 6 días de suspensión sin salario44.
44.4. Por medio de la Resolución UGM 98 del 20 de junio de 2011, en cumplimiento
de la orden de tutela impartida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá45, Cajanal le negó el reconocimiento de una
indemnización sustitutiva de la pensión por no contar con aportes al sistema
pensional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 199346.
44.5. El 13 de abril de 2012, el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá amparó
provisionalmente los derechos fundamentales de Gustavo Eduardo Rodríguez
Soto a la seguridad social, igualdad y vida digna y, en consecuencia, ordenó a
Cajanal en Liquidación reconocer y pagarle la indemnización sustitutiva de la
pensión y al actor iniciar la acción judicial «respectiva para el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación» de esa
decisión47.
44.6. En cumplimiento de la anterior decisión, Cajanal en Liquidación profirió la
Resolución UGM 50368 del 21 de junio de 2012, por medio de la cual le reconoció
la indemnización sustitutiva de la pensión. Liquidó dicha prestación en un valor de
$9.463.417 y computó un total de 890 semanas laboradas al servicio de Inurbe
38 Folio 41 del documento 118.
39 Folios 149, 150, 155 y 205 del documento 118.
40 Folio 133 al 150 del documento 118. Certificado de fallecimiento del Estado de La Florida,
Estados Unidos de América, documento traducido y apostillado.
41 Folio 17 del expediente físico.
42 A este periodo se refería la parte demandante y el tribunal cuando afirmaron que el causante
laboró en el Inpec.
43 Certificado en el folio 125 y 131 del documento 118.
44 Folios 327 al 329 del documento 118.
45 Según se indicó en ese acto, la sentencia fue proferida el 20 de mayo de 2009. No se indicó
radicado del proceso.
46 Folios 65 al 69 del documento 118.
47 Folios 71 al 78 del documento 118.
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entre el 10 de enero de 1966 y el 29 de febrero de 1976 y del 24 de marzo de 1983
al 29 de mayo de 199048.
44.7. Para el anterior pago el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional,
Fopep, emitió el cupón de pago 4568 del mes de mayo de 2013 49 por valor de
$9.463.417 que fue consignado a favor del causante en la sucursal de
Bancolombia de la carrera 7 #30ª-28, centro internacional, de la ciudad de Bogotá,
dinero que no fue devuelto a la administradora de pensiones50.
44.8. El 9 de septiembre de 201951, Argelia García de Rodríguez solicitó ante la
Ugpp, como sucesora de Cajanal, el reconocimiento de una pensión de
sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite de Gustavo Eduardo Rodríguez
Soto o, en su defecto, el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión por el
tiempo laborado como servidor público52.
44.9. Las pretensiones fueron resueltas negativamente a través de actos
administrativos individuales. La citada indemnización fue negada con Resolución
RDP 35001 del 20 de noviembre de 201953 en atención a que al causante ya se le
había concedido y pagado ese derecho en el mes de mayo de 2013, mientras que
la pensión de sobrevivientes fue negada por medio de la Resolución RDP 36031
del 28 de noviembre de 201954 bajo el argumento de que el causante no había
cumplido con el requisito de haber aportado al menos 50 semanas durante los 3
años previos al fallecimiento.
44.10. El10 de diciembre presentó recurso de apelación contra las anteriores
decisiones55 que fueron confirmadas por conducto de la Resolución RDP 1759 del
24 de enero de 2020, al paso que según auto ADP 490 del 31 de enero de 202056
el recurso de apelación ya había sido resuelto y no había lugar a emitir un nuevo
pronunciamiento o acto administrativo57.
44.11. En cumplimiento del requerimiento judicial realizado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Bancolombia allegó memorial en el que indicó
que el 24 de mayo de 2013 el Consorcio Fopep consignó a favor de Gustavo
Eduardo Rodríguez Soto la suma de $9.463.417. Como prueba de lo anterior
aportó un cuadro en el que se observa el NIT del pagador, la cuenta de procedencia
del dinero, el consecutivo de la transacción, el nombre del titular beneficiario y el
número de la cédula que coinciden con los datos del causante. Ante un nuevo
48 Folios 93 al 107 del documento 118.
49 Folio 454 del expediente físico.
50 Según se indicó en el memorial visible en los folios 540 al 542 del expediente físico.
51 Según consta Enel sello de recibido de la empresa transportadora.
52 Folios 163 al 177 del documento 118.
53 Folios 255 al 257 del documento 118.
54 Folios 261 al 263 del documento 118.
55 Folios 339 al 355 del documento 118.
56 Folios 232 y reverso del expediente físico.
57 En el expediente no obra prueba que evidencie que se promovió una nueva apelación.
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requerimiento en el que se pidió informar si el dinero fue cobrado la entidad
manifestó que ya no contaba con esa información específica por haber transcurrido
más de los 10 años de que trata la Ley 791 de 200258.
44.12. ArgeliaGarcía de Rodríguez rindió testimonio en el que afirmó haber
convivido con el causante hasta su fallecimiento, negó que este hubiera recibido el
pago de la indemnización sustitutiva reconocida por Cajanal y manifestó que no
existen otros posibles beneficiarios de las prestaciones reclamadas, dado que sus
5 hijos son mayores de edad.
44.13. Mónica Ivette Rodríguez García, hija de la demandante y el causante,
manifestó que sus padres convivieron de manera permanente hasta que su padre
viajó a Miami en agosto de 2016 para pasar vacaciones y realizarse controles
médicos, estadía en la que le fue diagnosticado un cáncer de pulmón en estado
avanzado, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en el
extranjero hasta su fallecimiento. Explicó que su madre no pudo acompañarlo
inicialmente por motivos de salud y que solo viajó con posterioridad para las
exequias y honras fúnebres. Asimismo, afirmó que el causante nunca recibió el
pago de la indemnización sustitutiva reconocida por Cajanal, pese a que abrió una
cuenta bancaria para tal efecto; y señaló que los gastos funerarios fueron
sufragados por ella mediante un préstamo59.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
45. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en atención a que solo
ordenó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión por los
tiempos laborados por el causante al servicio del Ministerio de Justicia, que no
fueron tenidos en cuenta en la Resolución UGM 50368 del 21 de junio de 2012 que
reconoció y liquidó el citado derecho.
46. Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la anterior decisión,
La actora insistió en el derecho que le asiste al reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes en atención a la aplicación del principio de la condición más
beneficiosa en materia laboral. Por su parte la Ugpp afirmó que Gustavo Eduardo
Rodríguez Soto no causó un derecho pensional que pueda ser sustituido y que
tampoco cumplió con las exigencias para el reconocimiento de una pensión de
sobreviviente, así como que tampoco había lugar a «imponer una condena en costas»
[sic].
47. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que la condición de Argelia
58 Folio 565 del expediente físico.
59 Testimonios rendidos en audiencia de pruebas del 12 de julio de 2024. Cd en el folio 503 del
expediente físico.
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García de Rodríguez como cónyuge supérstite de Gustavo Eduardo Rodríguez
Soto no fue objeto de controversia por parte de la Ugpp ni durante el trámite de la
primera instancia ni con ocasión del recurso de apelación. Por el contrario, esa
calidad se encuentra acreditada con el registro civil de matrimonio y fue aceptada
por la entidad demandada incluso en sede administrativa, razón por la cual el
análisis del presente asunto partirá de ese presupuesto, sin que resulte necesario
efectuar consideraciones adicionales sobre ese aspecto.
48. Pues bien, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez constituye una prestación residual
o subsidiaria, prevista para aquellos afiliados que, pese a cumplir la edad requerida
para pensionarse, no alcanzan el número mínimo de semanas exigidas y, además,
manifiestan su imposibilidad de continuar cotizando al sistema. Su finalidad
consiste en compensar o devolver los aportes efectuados por el trabajador cuando
no logra consolidar el derecho pensional, evitando así que los recursos cotizados
permanezcan sin destinación prestacional.
49. En igual sentido, el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001, compilado en el Decreto
1833 de 2016, estableció que la indemnización sustitutiva procede únicamente
cuando el afiliado cumple con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez,
pero no reúne el número mínimo de semanas requeridas y declara la imposibilidad
de seguir cotizando. De este modo, el legislador diseñó dicha prestación como un
mecanismo destinado a cubrir la contingencia de la vejez en ausencia del
reconocimiento pensional.
50. En consonancia con lo anterior, el artículo 6 ibidem prevé expresamente la
incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva y las pensiones de vejez e
invalidez, al señalar que las cotizaciones tenidas en cuenta para calcular la
indemnización no podrán ser consideradas nuevamente para ningún otro efecto.
La finalidad de dicha prohibición consiste en impedir que los mismos aportes
financien simultáneamente dos prestaciones económicas dirigidas a cubrir la
misma contingencia.
51. En el expediente se encuentra acreditado que Gustavo Eduardo Rodríguez Soto
prestó sus servicios al Ministerio de Justicia entre el 10 de noviembre de 1961 y el
8 de septiembre de 1963, periodo durante el cual registró una interrupción de 60
días por la cual no efectuó aportes al sistema. Asimismo, laboró para el Inurbe
entre el 10 de enero de 1966 y el 29 de febrero de 1976 y desde el 24 de marzo
de 1983 hasta el 29 de mayo de 1990, vínculos en los que disfrutó de licencias no
remuneradas por 89 días y fue suspendido del servicio sin derecho a salario
durante 6 días. En consecuencia, una vez descontados los periodos en los que no
existió prestación efectiva del servicio ni cotización al sistema, el causante acreditó
un total de 18 años, 8 meses y 4 días de servicios computables para efectos
pensionales.
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52. Igualmente se encuentra demostrado que para el 1 de abril de 1994 tenía más
de 40 años de edad, razón por la cual era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, circunstancia que incluso fue
reconocida por la propia Ugpp y acogida por el tribunal de primera instancia. En
virtud de dicho régimen, las condiciones para acceder a la pensión de jubilación
debían examinarse conforme con la Ley 33 de 1985, cuyo artículo 1 exigía
acreditar, de manera concurrente, 55 años de edad y 20 años de servicios oficiales
continuos o discontinuos.
53. Si bien el causante satisfizo el requisito de la edad, no ocurrió lo mismo respecto
del tiempo de servicio, pues únicamente demostró haber laborado por poco más
de 18 años. Por consiguiente, no consolidó el derecho a una pensión de jubilación
bajo ese régimen y, en consecuencia, no dejó causada una prestación pensional
susceptible de ser sustituida a favor de sus beneficiarios.
54. La parte demandante sostiene que, en aplicación de los principios de
favorabilidad y de la condición más beneficiosa, el asunto debía resolverse
conforme con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año, por considerar que el causante reunía las 300 semanas de cotización
previstas en dicho régimen para acceder a la pensión de sobrevivientes. No
obstante, la Sala no comparte esa postura.
55. Lo anterior se debe a que el Acuerdo 049 de 1990 reguló el régimen
administrado por el entonces Instituto de Seguros Sociales y, por tanto, sus
disposiciones únicamente resultaban aplicables a quienes se encontraban afiliados
a dicha entidad. Sin embargo, en el presente asunto está demostrado que Gustavo
Eduardo Rodríguez Soto desarrolló su vida laboral como servidor público y efectuó
sus aportes al sistema de previsión administrado por Cajanal, circunstancia que
excluye la aplicación del citado acuerdo y confirma que el régimen llamado a
gobernar su situación jurídica era el previsto en la Ley 33 de 1985.
56. Conviene precisar que tal y como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, la Corte Constitucional en la sentencia SU-769
de 2014 estableció que para acceder a la pensión de vejez era posible acumular
tiempos cotizados en entidades públicas, aun cuando el empleador no hubiese
realizado aportes a cajas o fondos de previsión, con las semanas cotizadas al ISS,
con fundamento en el principio de favorabilidad laboral y en la ausencia de una
exigencia de cotización exclusiva al ISS en el Acuerdo 049 de 1990. A tal
conclusión se llegó luego de analizar 2 interpretaciones sobre la acumulación de
tiempos, una, que restringía la acumulación solo al ISS y, otra, que permitía sumar
tiempos del sector público y privado, la cual fue la acogida por la Corte
Constitucional al considerarla más garantista y acorde con el principio pro homine,
además, porque con la expedición de la Ley 100 de 1993 lo que se buscó fue
solucionar la fragmentación de regímenes pensionales, para lo cual se permitió la
acumulación de tiempos de servicio.
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57. En igual sentido se ha pronunciado esta Sección60, no obstante, también se ha
considerado que esta acumulación solo aplica a quienes no cumplen con los
requisitos de pensión bajo las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993
[modificada por la Ley 797 de 2003], evitando así la pérdida de beneficios del
régimen de transición61.
58. Sin embargo, a tales conclusiones ha llegado la sala en asuntos en los que el
interesado en la prestación efectuó cotizaciones al ISS, las cuales, de acuerdo con
los antecedentes reseñados, pueden ser acumuladas con otras realizadas en otras
cajas o administradoras de pensiones. Empero, se insiste, en esta oportunidad,
Gustavo Eduardo Rodríguez Soto durante toda su vida laboral efectuó cotizaciones
a Cajanal.
59. Tampoco es posible acudir al principio de la condición más beneficiosa para
desplazar el régimen jurídico objetivamente aplicable, pues dicho principio
constituye un criterio orientado a proteger las expectativas legítimas de los
trabajadores frente a los cambios normativos, pero no autoriza al juez para
construir un régimen híbrido, seleccionar aisladamente disposiciones
pertenecientes a estatutos distintos o inaplicar los requisitos expresamente
establecidos por el legislador.
60. En otras palabras, la condición más beneficiosa no permite sustituir el régimen
legal que gobierna el caso por otro diferente que resulte más favorable al
interesado, sino interpretar y aplicar el régimen jurídicamente procedente de la
manera más favorable cuando exista un margen de interpretación. En
consecuencia, no resulta jurídicamente viable acudir al Acuerdo 049 de 1990 para
reconocer una prestación cuya procedencia debía analizarse conforme con la Ley
33 de 1985.
61. Ahora, en todo caso, obra prueba suficiente de que mediante la Resolución
UGM 50368 del 21 de junio de 2012 la extinta Cajanal reconoció a favor de Gustavo
Eduardo Rodríguez Soto una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la
cual fue liquidada en la suma de $9.463.417. Como quedó expuesto, esta
prestación constituye un mecanismo residual que sustituye el reconocimiento de la
pensión de vejez cuando el afiliado no alcanza los requisitos para pensionarse y,
por expresa disposición del artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, resulta
incompatible con el reconocimiento posterior de una pensión de vejez o con la
utilización de las mismas cotizaciones para generar otra prestación pensional. Por
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); del 7 de
noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-000-2015-
03699-01(3798-17); y del 23 de abril de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-
2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
61 Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar
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tal razón, tampoco habría lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
pretendida por la demandante.
62. La Sala advierte que la actora ha sostenido durante el proceso que el causante
nunca recibió el dinero correspondiente a la indemnización sustitutiva reconocida
en el año 2012, lo cual constituye una afirmación indefinida cuya demostración
resulta particularmente compleja y que invierte la carga probatoria, razón por la
cual correspondía a la entidad demandada acreditar el hecho positivo consistente
en la realización del pago.
63. Dicha carga probatoria fue satisfecha, pues la Ugpp aportó la Resolución UGM
50368 del 21 de junio de 2012 y el cupón de pago expedido por el Fopep,
información que debe ser analizada en concordancia con la información
suministrada por Bancolombia, entidad que certificó que el 24 de mayo de 2013 el
consorcio consignó a favor de Gustavo Eduardo Rodríguez Soto la suma de
$9.463.417 en la cuenta bancaria correspondiente y que dichos recursos nunca
fueron reintegrados a la administradora pensional.
64. Aunque Bancolombia manifestó que ya no conservaba información acerca del
retiro efectivo de esos recursos debido al término legal de conservación
documental, dicha circunstancia no desvirtúa la eficacia de las pruebas aportadas,
las cuales acreditan suficientemente que la indemnización fue puesta a disposición
del beneficiario mediante consignación bancaria y que los recursos no fueron
reversados. A ello se suma que la parte demandante no allegó ningún elemento
de convicción que permita restarle credibilidad a la documentación expedida por la
administradora pensional y por la entidad financiera. En consecuencia, para la Sala
se encuentra demostrado que la indemnización sustitutiva reconocida en el año
2012 fue efectivamente pagada.
65. No obstante, la Sala coincide con el tribunal en cuanto concluyó que la
liquidación efectuada mediante la Resolución UGM 50368 del 21 de junio de 2012
no comprendió la totalidad de los tiempos de servicio acreditados por el causante.
En efecto, del contenido de dicho acto administrativo se desprende que para
calcular la indemnización únicamente fueron computados los periodos laborados
al servicio del Inurbe, mientras que se excluyeron las semanas cotizadas a Cajanal
durante el tiempo laborado en el Ministerio de Justicia. Como esas cotizaciones no
fueron consideradas para liquidar la indemnización sustitutiva inicialmente
reconocida, resulta procedente ordenar su reliquidación para incorporarlas, tal
como acertadamente lo dispuso el juez de primera instancia.
66. Finalmente, la Sala observa que la Ugpp cuestionó en su recurso la supuesta
condena en costas impuesta por el tribunal. Sin embargo, dicho reparo carece de
sustento, pues basta revisar la parte resolutiva de la sentencia apelada para
advertir que expresamente se dispuso no condenar en costas. En esas
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00258-01 (1296-2025)
Demandante: Argelia García de Rodríguez
condiciones, el argumento de inconformidad parte de un supuesto inexistente y,
por consiguiente, no amerita un análisis adicional.
67. En consecuencia, al no prosperar ninguno de los argumentos expuestos por las
partes apelantes, la Sala confirmará la sentencia proferida el 25 de febrero de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los
términos allí establecidos.
2.4. Costas
68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma62.
71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
72. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Argelia García de
62 En el mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1
de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Argelia García de Rodríguez
Rodríguez no tenía derecho al reconocimiento de una pensión de sobreviviente ni
a una nueva indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en su calidad de
cónyuge supérstite de Gustavo Eduardo Rodríguez Soto por los tiempos que él
laboró en el servicio público, pues Cajanal ya le reconoció la citada indemnización
en el año 2012, de modo que las semanas allí computadas no pueden ser utilizadas
para reconocer ningún otro derecho prestacional.
74. Al margen de lo anterior, la demandante sí tenía derecho a la reliquidación de
la indemnización concedida en el año 2012 porque en ese momento no se tuvo en
cuenta la totalidad de semanas laboradas por el causante y se dejaron de
indemnizar las laboradas al servicio del Ministerio de Justicia. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 25 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Argelia García de
Rodríguez en contra de la Ugpp, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC
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