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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00130-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00130-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias emitidas por el Consejo de Estado Sección Segunda, del 29 de abril de 2014, radicado: 11001032500020070008700 (1686-07) y Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. MODIFICAR y ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, en el sentido de: «DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas causadas con anterioridad al 19 de febrero de 2013, con excepción de la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, desde el siete de enero de 1993 y en adelante, mientras el demandante ocupe un cargo beneficiario de la prima especial de servicios». Tercero. MODIFICAR y ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, en el sentido de: «CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración a reconocer y pagar las diferencias existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales y prestaciones sociales sobre la base del 100 % del salario básico sin restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, a partir del 19 de febrero de 2013 y en adelante, mientras el demandante ocupe un cargo beneficiario de la prima especial de servicios. Igualmente, a pagar las diferencias por concepto de cesantías y a efectuar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de su remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-00130-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., seis (06) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00130-02 (0246-2026)
Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: Prima especial MODIFICA, ADICIONA y REVOCA
parcialmente sentencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se proceden a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes en contra la sentencia proferida el treinta (30) de agosto
de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Conjueces, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Ramiro Eliseo Flórez Torres, interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Inaplicar los decretos salariales anuales emitidos por el Gobierno nacional desde
el 2008 y en los años siguientes, dentro de los cuales se le niega el carácter
salarial a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4.ª
de 1992.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución 801 del 31 de marzo de 2016 y del

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».

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acto administrativo ficto producto del silencio por parte de la entidad frente al
recurso de apelación en contra de aquella, por medio de los cuales se niega el
reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias salariales y
prestacionales, con inclusión de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene reliquidar y pagar los salarios
y las prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial de servicios, de
1993 a 2007 y desde 2008 en adelante, teniendo en cuenta dicho emolumento
como factor salarial para la correspondiente reliquidación.

5. Que se actualicen las sumas reconocidas y se dé cumplimiento a la sentencia
en los términos de los artículos 187, 189 y 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que el demandante ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, en calidad de
juez de la República desde 1993 y el 19 de febrero de 2016, solicitó a la
demandada reliquidar el salario y las prestaciones sociales, con base en la prima
especial de servicios, durante los períodos laborados en el cargo de juez.
Petición que se negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera vulnerados los artículos 53 y 150 de la Constitución Política; 2, 14 y
15 de la Ley 4.ª de 1992.

8. Que los actos administrativos demandados fueron expedidos por fuera del marco
constitucional, legal y jurisprudencial que sobre el tema ha desarrollado esta
corporación, pues se fundamentan en los decretos salariales anuales expedidos
por el Gobierno nacional, dentro de los cuales se interpretó de forma errónea el
mandato establecido en la Ley 4.ª de 1992, en la cual se prescribió la prima
especial de servicios como un adicional al salario, pues contrario a esto, en
aquellos se tuvo como parte de la asignación básica, disminuyendo la base
salarial y con ello las prestaciones sociales de este tipo de funcionarios.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. La demanda se admitió el 16 de julio de 2018. La entidad2, se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial, por lo que dicho porcentaje no puede constituir factor de salario
para la liquidación y pago de las prestaciones sociales, lo cual fue objeto de
análisis y decisión de fondo por parte de la Corte Constitucional.

2 Ver archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«01CuadernoPrincipal» Págs. 109 a 121, visible a índice 2 de SAMAI.

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10. Que no es de su competencia la fijación o modificación del régimen salarial de
este tipo de funcionarios, pues tal facultad recae exclusivamente en el Gobierno
nacional, quien tiene la potestad de determinar que el 30 % de la remuneración
mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial.

11. Señaló que, en el presente asunto, las sumas reclamadas con anterioridad al 19
de febrero de 2013 se encuentran prescritas, teniendo en cuenta que el
demandante presentó la reclamación administrativa el 19 de febrero de 2016.

12. Propuso como excepciones las de falta de causa para demandar, indebida
integración del contradictorio y prescripción.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, mediante sentencia del
treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)3, accedió parcialmente a las
pretensiones. Expuso, que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la
remuneración básica de los servidores beneficiarios, por lo que declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados.

14. Declaró no probada la excepción de integración indebida del contradictorio, al
considerar que las dependencias que se pretende sean llamadas como litis
consortes necesarios, no son sujetos de derecho y hacen parte de la persona
jurídica denominada Nación, demandada en el presente asunto. Que, si bien los
ministerios son personas jurídicas, se consideran organismos principales de la
administración que integran la Rama Ejecutiva del poder público en el sector
central, por lo que no haya razón para que comparezcan en el presente asunto.

15. De otro lado, declaró no probada la excepción de ausencia de causa para
demandar, pues encontró demostrado que la Rama Judicial no canceló los
emolumentos reclamados en forma completa y, en consecuencia, condenó a la
entidad a reconocer, liquidar y pagar retroactivamente a favor del actor las
diferencias salariales y prestacionales con inclusión de la prima especial de
servicios, desde el 20 de febrero de 2013 y en adelante, con los respectivos
descuentos.

16. En cuanto a la excepción de prescripción, estimó que las sumas causadas con
anterioridad al 19 de febrero de 2013 se encuentran prescritas, teniendo en
cuenta que el demandante presentó la reclamación administrativa el 19 de
febrero de 2016.

17. Adicionalmente, ordenó la inaplicación de los decretos salariales anuales
emitidos por el Gobierno nacional de 2008 en adelante, en los cuales se negó el

3 Ver archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«35SentenciaPrimeraInstancia» visible a índice 2 de SAMAI.

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carácter salarial de la prima especial de servicios y se abstuvo de condenar en
costas a la parte demandada, bajo el argumento de que en el presente asunto
prosperó la excepción de prescripción.

18. De otro lado, por medio de memorial allegado el 29 de septiembre de 2025, el
demandante presentó solicitud de adición de la sentencia frente a la indexación
y el pago de intereses moratorios de lo debido a partir de la ejecutoria del fallo,
de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

19. Al respecto, el Tribunal, por medio sentencia complementaria del 24 de otubre
de 2025, ordenó adicionar la sentencia en el sentido de disponer que las sumas
a pagar en virtud del restablecimiento del derecho en el numeral segundo de
dicho fallo, sean indexadas conforme a las fórmulas que para ello aplica esta
corporación y que, en este mismo sentido, se reconozcan intereses moratorios
a favor del actor.

RECURSOS DE APELACIÓN

20. La parte demandada4 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
el juez de primera instancia falló más allá de lo pedido, pues reconoció como
adicional el 30 % del salario equivalente a la prima especial de servicios, sin
tener en cuenta que lo pretendido respecto de dicho emolumento era que se
reconociera como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales,
pretensión respecto de la cual no se realizó pronunciamiento alguno.

21. Que el Tribunal erró al ordenar la reliquidación de prestaciones sociales, pues
no existió una declaratoria de errada liquidación salarial y prestacional, ya que,
sin tal declaración, no se podía deducir que al demandante le asistía el derecho
al mencionado reajuste.

22. Que no se trata de desconocer el posible derecho que pudiera tener el
demandante, sino que ello no fue objeto de la demanda, como si lo fue el que se
tuviera a la prima especial como factor salarial para efectos de liquidar las
correspondientes prestaciones. Que esta corporación ya se pronunció con
suficiencia frente al carácter no salarial de dicho emolumento mediante
sentencia de unificación, lo cual fue omitido por el juez.

23. La parte demandante5 apeló la sentencia señalando como punto de partida
que, frente a la recurrido por la entidad, debe tenerse en cuenta que dentro de
la demanda se solicitó el reconocimiento y pago del reajuste del 30 % sobre el
salario y las prestaciones sociales de los años 1993 y siguientes, sin que ese
porcentaje se tuviera como factor salarial, sino como un adicional a la asignación
básica. Que incluso, la demandada conocía desde el momento en que se agotó
la vía gubernativa lo que realmente se estaba solicitado, porque en el acto

4 Ver archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«40RecursoApelacion» visible a índice 2 de SAMAI.
5 Ver archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«45ApelacionDemandante» visible a índice 2 de SAMAI

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administrativo demandado dejó clara su negativa al reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales en dicho periodo.

24. Consideró, que el fenómeno prescriptivo no puede aplicarse forzosamente con
base en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 – la cual fue utilizada como
fundamento en primera instancia para declarar la prescripción –; pues por medio
del fallo proferido por esta corporación el 20 de julio de 2025, se determinó que
tal providencia no tiene el carácter de unificadora, debiéndose analizar la
prescripción del presente asunto a la luz de la doctrina universal y la reiterada
jurisprudencia sobre el tema y teniendo en cuenta los efectos ex tunc de las
sentencias de nulidad de los decretos anuales emitidos por el Gobierno nacional.

25. Que, además, la sentencia en mención abarca el tema del derecho a la prima
especial de servicios, la cual no constituye factor salarial para efectos de la
liquidación de prestaciones sociales – salvo para pensión – y resulta
prescriptible; mientras que lo que se pretende con la demanda es la nulidad de
los actos administrativos negativos del reajuste de los salarios y prestaciones
sociales. Por tanto, estimó que dicha providencia resulta inaplicable al presente
asunto.

26. Que los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, relacionan en forma taxativa las
prestaciones y derechos laborales prescriptibles, dentro de los cuales no figura
la prima especial ni el derecho al reajuste salarial y prestacional del 30 %. Que,
además, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha sido clara en
establecer la imprescriptibilidad de los derechos o prestaciones laborales.

27. En este sentido y de conformidad con la sentencia del 29 de abril de 2014, señaló
que el término de prescripción debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de las
sentencias que declararon la nulidad de los decretos salariales anuales
proferidos por el Gobierno nacional, en los cuales se tuvo la prima especial como
parte del salario.

28. De otra parte, adujo que las cesantías no prescriben con los reajustes legales
ordenados, por tratarse de una prestación que solo es exigible cuando el
trabajador se retire en forma definitiva del servicio; que la entidad deberá realizar
los aportes a pensión en el respectivo Fondo Administrador de Pensiones
teniendo en cuenta la reliquidación ordenada en primera instancia, los cuales
resultan ser irrenunciables e imprescriptibles; y que debe condenarse en costas
a la entidad, tanto en primera como en segunda instancia, por haber resultado
vencida en el presente asunto. Al respecto, solicitó que se realice un
pronunciamiento de fondo, ante la omisión del juez de primera instancia de
referirse a lo anterior6.

6 Estos últimos argumentos fueron expuestos por el demandante mediante auto de complementación del
recurso, allegado en forma oportuna el 13 de noviembre de 2025. Ver archivo digital denominado
«1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF «47ComplementacionApelacion» visible a índice 2 de
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29. El 20 de marzo de 2026 se admitió el recurso de apelación presentado por el
demandante y se rechazó el interpuesto por la demandada7, debido a la
inexistencia de poder por parte de la apoderada para representar sus intereses.
La entidad, presentó recurso de reposición y en subsidio de súplica contra dicho
auto, señalando que, si bien se le había revocado el poder a la apoderada, el
mismo le fue conferido nuevamente el 7 de octubre de 2025, tal como consta
dentro del recurso de apelación al cual se adjunta.

30. De esta manera, por medio de auto del 25 de junio de 2026, se ordenó reponer
parcialmente el auto en mención y admitir el recurso de apelación presentado
por la Rama Judicial8.

31. Al respecto, la parte demandante allegó memorial en el cual reiteró lo expuesto
en el recurso de apelación.

32. La parte demandada no se pronunció y el Ministerio Público se abstuvo de emitir
concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

33. Corresponde a la Subsección determinar si en el presente asunto el demandante
pretendió que se tuviera la prima especial como factor salarial para liquidar sus
prestaciones sociales o, por el contrario, el reconocimiento de las diferencias
salariales producto del pago deficitario del salario y su consecuente reliquidación
prestacional; si operó la prescripción; si hay lugar a ordenar el pago de las
cesantías y aportes a pensión; y si resulta procedente condenar en costas a la
demandada tanto en primera como en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

34. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados

7 Ver archivo digital denominado «6Autoqueadmite_02462026admitedterec(.pdf) NroActua 4», visible a índice 4

de SAMAI.
8 Ver archivo digital denominado «15Autoqueresuel_KF02462026reposicion(.pdf) NroActua 14», visible a índice

14 de SAMAI.

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departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

35. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20149, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la
cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»

36. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201910, 11 de julio de 202311, 5 de septiembre de 202312, 5 de
diciembre de 202313, 6 de agosto de 202414 y 18 de diciembre de 202415. En
particular se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial y por tanto no incide en la liquidación de las
prestaciones sociales.

37. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202416, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

Resolución del caso concreto

38. Corresponde a la Sala resolver como primer asunto, lo concerniente al recurso
de apelación presentado por la entidad demandada, según el cual el fallador de
primera instancia incurrió en un fallo extra petita al ordenar la reliquidación del
salario y las prestaciones sociales a favor del actor, cuando ello no fue objeto de
la demanda, como sí lo fue el que se tuviera a la prima especial de servicios
como factor salarial para efectuar el correspondiente reajuste prestacional.

39. Para efectos de esclarecer lo anterior, se tiene que dentro de la demanda se
pretendió, entre otras cosas, lo siguiente:

«SEGUNDA: que se reconozcan y ordenen RELIQUIDAR Y PAGAR a mi
poderdante los salarios y todas sus prestaciones sociales (prima de servicio, de
navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados,
cesantías parciales y cualquier otra), durante los años 1993 a 2007, y 2008 y
siguientes, teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor
salarial, según lo previsto en la ley 4ª de 1992 y demás normas sobre la
materia»17

40. Por tanto, para la Sala es claro que en el presente asunto el demandante sí
solicitó la reliquidación y pago de su salario y prestaciones sociales, pero con
inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial para efectuar
dicho reajuste, razón por la cual, se procederá a analizar el restablecimiento del
derecho a la luz de ambas pretensiones18.

41. Se encuentra acreditado que el demandante ha laborado para la Rama Judicial
en calidad de juez de la República, desde el 11 de septiembre de 1992 hasta por

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
17 Ver archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«01CuadernoPrincipal» Págs. 1 y 2, visible a índice 2 de SAMAI»
18 Precisa la Sala que además de lo mencionado, lo que habilita para emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de la pretensión de reliquidación y pago de las prestaciones sociales derivadas de la disminución de
la asignación básica, es lo expresado en el concepto de violación en donde, entre otras cosas, se afirma «Al
calificar la administración el 30% del salario básico mensual como prima no constitutiva de factor salarial produjo
automáticamente la reducción del salario básico mensual de mi poderdante, y, por consiguiente, ese 30% no
se tuvo en cuenta para liquidar las prestaciones mencionadas». Ver archivo digital denominado
«ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF «01CuadernoPrincipal» Pág. 3, visible a índice 2 de
SAMAI»

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lo menos el 13 de febrero de 201719 y que su remuneración y prestaciones
sociales fueron percibidas en montos inferiores a los que le corresponden, tal
como se advierte en las constancias de pagos20, puesto que la entidad restó la
prima especial de servicios del 100 % del salario, aplicando una interpretación
errónea de los decretos expedidos por el Gobierno nacional a través de los
cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la
liquidación de la remuneración y las prestaciones se realizó sobre el 70 % de la
asignación básica.

42. Así pues, dicho factor no fue reconocido ni pagado al actor como un incremento
del sueldo y al considerarlo parte de aquel, se desconoció la finalidad del artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992.

43. En estos términos, la Sala advierte que, el demandante tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados
sobre la base del salario básico más el 30 % de este, que ha sido reconocido a
título de prima. De esta forma, también resulta procedente la reliquidación de
sus prestaciones sociales, calculadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle el 30 %, ya que la prima especial no tiene carácter salarial y,
por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales, salvo para
efectos de pensión. En este sentido, se modificará el numeral segundo de la
sentencia apelada, con el fin de precisar dicha orden.

44. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del
9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones
reglamentarias; por tanto, la Sala dispondrá estarse a lo resuelto en las
providencias citadas, en las cuales se precisó que el referido emolumento
constituye una adición al salario.

De la prescripción

45. En lo que respecta a la prescripción, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica21, que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, los interesados
podían interrumpir el término extintivo.

19 Tal como se advierte en los certificados laborales emitidos por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que reposan en el archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«01CuadernoPrincipal» Pág. 49 a 53, visible a índice 2 de SAMAI»

20 Ibidem.
21 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

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46. Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre
lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir por ingresos mensuales y
prestaciones sociales, desde el 19 de febrero de 2013, o sea tres años atrás de
la fecha en que solicitó el reajuste salarial y prestacional, debido a la prescripción
trienal, y desde ese día en adelante22, porque la petición fue radicada ante la
administración el 19 de febrero de 201623.

47. Lo anterior conlleva a modificar el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, pues se condenó al pago de las diferencias salariales y prestacionales
desde el 20 de febrero de 2013, cuando en realidad ha debido reconocerse el
derecho desde el 19 de febrero de 2013, tal como se explicó.

48. Sin embargo, dicho fenómeno no operará en lo que se refiere a las diferencias
de las cesantías causadas durante los periodos en que ha ocupado el cargo de
juez de la República, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201624, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación
laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto.

49. Tampoco en relación los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, pues estos constituyen un derecho imprescriptible e
irrenunciable25 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de
199326 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la
sostenibilidad del sistema27.

50. En ese orden de ideas, se modificarán y adicionarán los numerales segundo y
cuarto, del fallo impugnado para declarar la excepción de prescripción salvo en
lo que se refiere a la obligación de la demandada de pagar las diferencias por
concepto de cesantías y de reajustar y pagar los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones adeudados por concepto de mayor
valor de las cotizaciones a pensión del demandante, ante el fondo o
administradora en la que se encuentre afiliado.

51. Para el efecto se utilizará como ingreso base de cotización el 100% de la
remuneración mensual, calculada sobre el total de la asignación fijada

22 Dentro del proceso no se encuentra demostrado que se hubiere desvinculado del servicio.
23 Ver archivo digital denominado «1ED_13001233300020170013(.zip) NroActua 2», PDF
«01CuadernoPrincipal» Pág. 30, visible a índice 2 de SAMAI»
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
25 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
26 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
27 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, esto es, el salario
básico pagado en su momento sobre un 70%, más el 30% que le había sido
descontado a título de prima especial, con inclusión adicional de este último
emolumento debidamente reajustado, el cual solo es factor salarial para efectos
pensionales, esto, desde el 1.o de enero de 199328 y en adelante, mientras el
demandante ocupe un cargo beneficiario de la prima especial de servicios. Lo
anterior de conformidad con la ley.

De la condena en costas: análisis en primera y en segunda instancia

52. Procederá la Sala a analizar la procedencia de la condena en costas a la parte
demandada en primera y segunda instancia, lo cual fue objeto de apelación por
la parte demandante.

53. En lo que respecta a este punto, la Sala advierte que la modificación del artículo
188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia
de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil
de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia, en lugar
de la noción subjetiva basada en el actuar de las partes, la cual no constituye
justificación para resolver sobre esta carga.

54. De hecho, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley fue habilitar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, con lo cual se creó una excepción a la regla general, según la
cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien,
tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume. En ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas sobre la parte vencida en el proceso.

55. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. Con base en lo anterior se concluye que era procedente condenar en costas en
primera instancia a la accionada al haberse accedido a las pretensiones, pues
esto implicó una decisión desfavorable en su contra. En tal sentido se revocará
el numeral sexto de la sentencia apelada y en su lugar, se condenará en costas
a la entidad en primera instancia.

28 De conformidad con el artículo 3.o del Decreto 57 de 1993, reglamentario de la Ley 4. a de 1992, por la cual
se crea la prima especial de servicios.

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57. De otro lado, no resulta procedente condenar en costas en segunda instancia,
porque las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias emitidas por el Consejo de
Estado Sección Segunda, del 29 de abril de 2014, radicado:
11001032500020070008700 (1686-07) y Sección Segunda, Sala de Conjueces, del
9 de abril de 2024, radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. MODIFICAR y ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia del treinta
(30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Conjueces, en el sentido de:

«DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas
causadas con anterioridad al 19 de febrero de 2013, con excepción de la
obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías
y de efectuar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de
cotización el 100% de su remuneración, desde el siete de enero de 1993 y en
adelante, mientras el demandante ocupe un cargo beneficiario de la prima
especial de servicios».

Tercero. MODIFICAR y ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia del treinta
(30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Conjueces, en el sentido de:

«CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración a reconocer y pagar las diferencias existentes entre lo percibido
y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales y prestaciones
sociales sobre la base del 100 % del salario básico sin restarle ni sumarle a éste
el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, a partir
del 19 de febrero de 2013 y en adelante, mientras el demandante ocupe un
cargo beneficiario de la prima especial de servicios.

Igualmente, a pagar las diferencias por concepto de cesantías y a efectuar y
pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de
su remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada
anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial,
esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 %

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reconocido a título de prima especial, desde el 1.o de enero 1993 y en adelante
hasta que ocupe un cargo beneficiario de dicha prestación, con inclusión del
valor de este último emolumento, de conformidad con la ley».

Cuarto. REVOCAR el numeral sexto de la sentencia del treinta (30) de agosto de
dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Conjueces, para en su lugar, CONDENAR en costas a la demandada en primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Quinto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta (30) de agosto de dos
mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Conjueces.

Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.

Séptimo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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