Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00221-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00221-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00221-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00221-01 (4195-2022)
Demandante: Rafael Antonio Espitaleta Buelvas
Demandado: Universidad de Cartagena
Tema: sustitución pensional. Subtema 1: convivencia. Subtema 2: compañero
permanente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 17 de septiembre de 2021, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante solicita el reconocimiento de la sustitución pensional como beneficiario
de la causante, en la calidad de compañero permanente. El Tribunal accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar que sí acreditó los cinco años de
convivencia previos al deceso. Inconforme con esta decisión, la Universidad de
Cartagena interpuso recurso de apelación con sustento en que no se demostró la
convivencia. La Sala confirma el fallo apelado.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas, a través de apoderado, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda el
31 de octubre de 2016 contra la Universidad de Cartagena, con las siguientes
pretensiones:
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00221-01 (4195-2022)
Demandante: Rafael Antonio Espitaleta Buelvas
Demandado: Universidad de Cartagena
2. Declarar la nulidad de la Resolución 1132 del 23 de abril de 2015, que negó la
sustitución pensional al actor y la Resolución 119 del 2 de febrero de 2016, que resolvió
el recurso de reposición y la confirmó.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la Universidad
de Cartagena el reconocimiento de la sustitución pensional a partir del 6 de octubre de
2014, con el pago de las mesadas causadas. Asimismo, pidió que los valores
adeudados sean actualizados y que se reconozcan los intereses moratorios.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. La Universidad de Cartagena le reconoció a la señora Doralina Torres Torres
una pensión de jubilación, mediante la Resolución 472 del 21 de diciembre de 1989.
La pensionada falleció el 5 de octubre de 2014. El señor Rafael Antonio Espitaleta
Buelvas relató que durante 36 años convivió en unión libre con la señora Doralina
Torres Torres y que dependía para su subsistencia de la pensión de su compañera
permanente. Agregó que acompañó a la pensionada hasta su deceso como
compañero permanente y pagó todos los gastos del sepelio.
6. El 27 de octubre de 2014, el actor le pidió a la Universidad de Cartagena el
reconocimiento de la sustitución pensional, en la calidad de compañero permanente.
Sin embargo, la petición fue negada en la Resolución 1132 de 20151.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. La parte actora invocó las siguientes como normas infringidas:
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 275.
Ley 171 de 1961, artículo 12, por la cual se reforma la Ley 77 de 1959.
Decreto 3135 de 1968, artículos 19 y 34.
Decreto 434 de 1971.
Ley 33 de 1973.
Decreto 690 de 1974, artículo 1 y siguientes.
Ley 12 de 1975, artículo 1 y siguientes.
Ley 44 de 1977, artículo 1 y siguientes.
Ley 44 de 1980, artículo 1 y siguientes.
Constitución Política de 1991, artículos 48, 53 y 58.
Ley 100 de 1993, artículos 46 y 47.
Ley 797 de 2003, artículos 12 y 13.
1 Samai, índice 2, expediente digital, CD1.
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Demandante: Rafael Antonio Espitaleta Buelvas
Demandado: Universidad de Cartagena
Ley 1204 de 2008, artículos 1, 2, 3, 4 y 5.
8. Al explicar el concepto de violación, el actor expuso que la Universidad de
Cartagena vulneró sus derechos constitucionales a la seguridad social, al
reconocimiento pensional y al patrimonio económico, al negar la sustitución de la
pensión causada por la señora Doralina Torres Torres.
9. Afirmó que los actos demandados afectaron considerablemente sus ingresos
mensuales, pese a que la sustitución pensional tiene como finalidad proteger a quienes
dependían económicamente del pensionado y evitar que queden en situación de
desamparo con ocasión de su fallecimiento.
10. Asimismo, señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la sustitución
pensional constituye un mecanismo de protección para los familiares del jubilado
fallecido, pues busca impedir que, ante la muerte de quien contribuía al sostenimiento
del hogar, los beneficiarios deban asumir solos las cargas económicas derivadas de
su subsistencia.
2.2. Contestación
11. La Universidad de Cartagena se opuso a las pretensiones de la demanda.
Señaló que, mediante la Resolución 472 del 21 de diciembre de 1989, reconoció una
pensión vitalicia de jubilación a favor de la señora Doralina Torres Torres, quien falleció
el 5 de octubre de 2014.
12. Indicó que el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas solicitó, el 27 de octubre
de 2014, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. No obstante, también
compareció la señora Ilda Ena de Jesús Torres Torres, hermana de la causante, quien
manifestó que el demandante nunca convivió con la pensionada fallecida.
13. Expuso que, posteriormente, el actor presentó un nuevo escrito el 4 de marzo
de 2015, mediante apoderado, en el que reiteró su solicitud y aportó otros documentos,
entre ellos la copia del poder otorgado por la pensionada para cobrar la mesada
pensional, una cesión de electrodomésticos, la promesa de compraventa en la que
aparecían registrados el demandante y la causante, y una certificación del Hospital
Universitario sobre la asistencia brindada a la fallecida.
14. La entidad sostuvo que las pruebas aportadas no eran suficientes para acceder
al reconocimiento de la sustitución pensional, ya que existían contradicciones e
imprecisiones en las declaraciones allegadas por el actor.
15. Afirmó que el demandante no demostró la convivencia con la pensionada
fallecida, ni sus extremos temporales, en especial el requisito de haber convivido con
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Demandante: Rafael Antonio Espitaleta Buelvas
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ella durante por lo menos cinco años continuos anteriores a su muerte. Tampoco
acreditó, a juicio de la entidad, que dependiera económicamente de la causante o que
la hubiera acompañado durante su enfermedad hasta el momento de su fallecimiento.
En consecuencia, solicitó negar la nulidad de los actos administrativos demandados2.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 17 de septiembre
de 2021, declaró la nulidad de las resoluciones 1132 de 2015 y 119 de 2016, y ordenó
a título de restablecimiento del derecho «reconocer y pagar a favor del señor Rafael
Antonio Espitaleta Buelvas, en calidad de compañero permanente, la sustitución de la
pensión de jubilación que en vida devengaba la señora Doralina Torres Torres (q. e.
p. d.), en un cien por ciento (100%), a partir del 6 de octubre de 2014, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído». Asimismo, dispuso la actualización de
las sumas adeudadas, negó las demás pretensiones y condenó en costas a la parte
demandada.
17. El a quo consideró que las pruebas documentales aportadas constituían indicios
de la existencia de una relación de pareja entre el señor Rafael Antonio Espitaleta
Buelvas y la causante Doralina Torres Torres, pues daban cuenta de que compartieron
techo y de la existencia de manifestaciones de apoyo mutuo, solidaridad, confianza y
la voluntad de conformar una vida en común. Destacó la adquisición de créditos para
bienes, las gestiones relacionadas con la compra de vivienda, la designación del actor
como beneficiario de seguros de vida y el otorgamiento de poder para reclamar las
mesadas pensionales.
18. No obstante, precisó que para tener plena convicción sobre la convivencia
durante el periodo exigido, era necesario valorar esos documentos en conjunto con las
demás pruebas, especialmente las testimoniales. En ese sentido, observó que en el
expediente administrativo obraban declaraciones extrajuicio rendidas por Luis Alberto
Jiménez y Humberto Enrique Pérez de Arco, quienes afirmaron que el demandante
convivió en unión libre con la señora Doralina Torres Torres desde 1978 y hasta su
fallecimiento. Tales declaraciones, a juicio del Tribunal, también constituían indicios de
convivencia durante los cinco años anteriores al deceso, esto es, entre el 5 de octubre
de 2009 y el 5 de octubre de 2014.
19. La sentencia destacó que los testimonios rendidos en sede judicial también
tenían fuerza probatoria, por haber sido practicados con inmediación y contradicción.
Así entonces, valoró las declaraciones de Humberto Enrique Pérez de Arco y Carmen
Elena Viloria Guzmán, quienes explicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar
2 Samai, índice 2, expediente digital, Doc. 01Carpeta, págs. 150 a 156.
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sobre la relación de pareja y la convivencia del actor con la causante hasta la fecha de
su fallecimiento.
20. El Tribunal también tuvo en cuenta que el demandante asumió los gastos
funerarios de la señora Doralina Torres Torres, circunstancia que encontró
corroborada con el contrato de prestación de servicios exequiales allegado al
expediente.
21. Con fundamento en la valoración conjunta de las pruebas documentales y
testimoniales, conforme a las reglas de la sana crítica, el a quo concluyó que el señor
Rafael Antonio Espitaleta Buelvas mantuvo una relación de convivencia con la
causante durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, es decir, entre el 5 de
octubre de 2009 y el 5 de octubre de 2014.
22. El Tribunal determinó que no se configuró la prescripción de las mesadas
pensionales. Para ello, tuvo en cuenta que el derecho a la sustitución pensional fue
exigible a partir del 6 de octubre de 2014 y que la solicitud de reconocimiento y pago
se presentó ese mismo año, por lo que no transcurrió el término trienal.
23. Asimismo, advirtió que la entidad negó la prestación mediante la Resolución 1132
del 23 de abril de 2015, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición,
resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 00119 del 2 de febrero de 2016.
Como la presentación de la demanda se realizó el 31 de octubre de 2016, consideró
que tampoco transcurrieron más de tres años. Por tanto, el Tribunal estimó que no
había lugar a declarar prescritas las mesadas pensionales causadas3.
2.4. Recurso de apelación
24. La Universidad de Cartagena interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia. Sostuvo que el demandante no acreditó la convivencia efectiva
con la señora Doralina Torres Torres durante los cinco años anteriores a su
fallecimiento, ocurrido el 5 de octubre de 2014.
25. En relación con la prueba documental, afirmó que los documentos aportados por
el actor no demostraban la convivencia exigida. Indicó que la promesa de compraventa
databa de 2008, esto es, por fuera del periodo relevante de los cinco años previos al
deceso, y que no se acreditó la adquisición del inmueble por parte del demandante y
la causante. También cuestionó que algunos documentos no tenían fecha, lo que no
daba claridad sobre su alcance probatorio.
3 Samai, índice 2, expediente digital. Doc. 07.
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26. Frente a la prueba testimonial, la entidad apelante sostuvo que el testimonio de
Humberto Pérez de Arco era de oídas, pues el declarante no había visitado el hogar
de la pareja, no conocía fechas exactas y no le constaba directamente que el actor
hubiera asumido los gastos funerarios. En cuanto a la declaración de Carmen Elena
Viloria Guzmán, señaló que sus respuestas carecían de suficiente respaldo y que
incurrió en afirmaciones contradictorias.
27. La entidad, agregó que el demandante aparece en el RUAF4 afiliado en el
régimen contributivo como cotizante.
28. La Universidad también indicó que la hermana de la causante, Ilda de Jesús
Torres Torres, solicitó la sustitución pensional en calidad de hermana en condición de
invalidez y manifestó que vivía con la pensionada fallecida, que dependía
económicamente de ella y que no existía convivencia entre la causante y el
demandante. Agregó que dicha beneficiaria fue reconocida en sede administrativa y
recibió las mesadas correspondientes hasta su fallecimiento, por lo que el retroactivo
ordenado en la sentencia podría generar un doble pago en detrimento del erario.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, se admitió el recurso de apelación y
se prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de conformidad con el
numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20215. La parte demandada y el Ministerio
Público no se pronunciaron.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
31. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:
32. ¿El accionante, en la calidad de compañero permanente, tiene derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional por haber acreditado cinco años de
4 Registro Único de Afiliados del Ministerio de la Protección Social.
5 Samai, índice 4.
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convivencia previos al fallecimiento de la causante?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Sustitución pensional
33. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES6> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con
6 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
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el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
[…].
34. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»7. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado que
la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de vida que
tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado8.
35. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 20139, precisó que «el derecho a la pensión
de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto,
estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 10 y
noviembre 1º de 201211, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una
ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la
retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura,
toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es
la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior».
36. Por otra parte, la jurisprudencia también ha abordado el requisito de convivencia
en el contexto de la sustitución pensional. Así se ha determinado que debe ser
examinada y determinada según las particularidades relevantes de cada caso en
concreto. Por ello, aun en los eventos en que los cónyuges o compañeros no residen
en el mismo techo, por motivos de salud, trabajo o fuerza mayor, ello no conduce
obligatoriamente a establecer que desaparece la comunidad de vida, siempre y cuando
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-23-
31-000-2010-00983-01(3178-15).
8 Sentencia T-085 de 2021.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-000-
2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
10 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
11 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
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continúen los lazos afectivos de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y
ayuda mutua12.
37. Ahora bien, cuando el beneficiario es la compañera permanente o el compañero
permanente, esta Subsección ha considerado que el requisito de convivencia en los
cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del causante, busca evitar fraudes
al sistema, así:
[…] respecto del requisito de convivencia de los 5 años inmediatamente anteriores a la
muerte del causante, evitar que con vínculos de último momento y con convivencia sin
vocación de permanencia se adquiera el derecho pensional de forma fraudulenta solo
por buscar un provecho económico, en específico, para que los compañeros
permanentes sean beneficiarios de la sustitución pensional es necesaria la
demostración de tal requisito con anterioridad a la muerte del titular de la prestación y
para ello se debe valorar el vínculo acorde con el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia
efectiva, la comprensión y la vida en común al momento del fallecimiento, que son los
factores que legitiman el derecho reclamado»13.
3.4. Hechos probados relevantes
38. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Nacimiento y fallecimiento del causante y del beneficiario
39. En el proceso se acreditó que Doralina Torres Torres nació el 29 de junio de 1939,
como consta en la cédula de ciudadanía14. El señor Rafael Antonio Espitaleta nació el
11 de octubre de 1947, según la copia de su documento de identidad obrante en el
expediente15. La señora Doralina Torres Torres falleció el 5 de octubre de 2014, como
consta en el registro civil de defunción con serial 0856296816.
• Reconocimiento pensional
40. La Universidad de Cartagena, mediante la Resolución 472 del 21 de diciembre de
1989, reconoció una pensión de jubilación a favor de la señora Doralina Torres Torres.
Dicha prestación fue reajustada a través de la Resolución 102 de 199617.
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-65192017 (57055), del 10 de mayo de 2017,
M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 76001-23-33-000-2013-01098-01
(6105-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
14 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 01Carpeta, pág. 71.
15 Idem, pág. 58.
16 Idem, pág. 35.
17 Idem, págs. 58 a 60.
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• Pruebas sobre la convivencia
41. El 28 de mayo de 2008, los señores Rafael Antonio Espitaleta Buelvas y Doralina
Torres Torres suscribieron una promesa de compraventa, con firmas autenticadas ante
notaría, respecto de una casa lote ubicada en la urbanización Almirante Colón,
manzana W, lote 2, de la ciudad de Cartagena18.
42. En el expediente obran los documentos que dan cuenta de los vínculos
patrimoniales, económicos y de residencia entre el señor Rafael Antonio Espitaleta
Buelvas y la señora Doralina Torres Torres. Entre ellos se encuentran: i) formulario de
Seguros Alfa, en el que la señora Torres Torres figura como asegurada y el señor
Espitaleta Buelvas como beneficiario19; ii) orden de instalación y mantenimiento de
Telmex del 16 de agosto de 2008, a nombre del señor Espitaleta Buelvas, en la
dirección Almirante Colón, manzana W, lote 220; iii) comunicación de Financréditos del
9 de febrero de 2010, dirigida al señor Espitaleta Buelvas a esa misma dirección 21; iv)
pagaré suscrito por ambos como deudores prendarios ante Coldcréditos Ltda. 22; y v)
recibos de caja de Coldcaribe expedidos a favor del señor Espitaleta Buelvas, con
dirección en el barrio El Campestre23.
43. También obra una solicitud de ampliación de crédito y libranza del Banco Popular,
suscrita por la señora Doralina Torres Torres el 22 de noviembre de 2010, en la cual
indicó que el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas era su cónyuge 24.
44. El 1 de octubre de 2014, la señora Doralina Torres Torres otorgó poder, con firma
autenticada ante notaría, para autorizar al señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas a
recibir su mesada pensional ante el Banco Popular25. Asimismo, consta una
certificación bancaria de esa misma fecha en la que aparece el señor Espitaleta
Buelvas como persona autorizada y la señora Torres Torres como beneficiaria26.
45. La ESE Hospital Universitario del Caribe, mediante certificación del 6 de enero de
2015, hizo constar que el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas asistió a la señora
Doralina Torres Torres, a quien identificó como su esposa, durante el periodo en que
estuvo hospitalizada, esto es, del 16 de septiembre al 5 de octubre de 2014 27.
46. El 5 de octubre de 2014, fecha del fallecimiento de la señora Doralina Torres
18 Idem, págs. 36 a 37.
19 Idem, págs. 39 a 47, 49 a 54.
20 Idem, pág. 47.
21 Idem, pág. 48.
22 Idem, págs. 67 a 68.
23 Idem, págs. 72 a 85.
24 Idem, pág. 62.
25 Idem, pág. 87.
26 Idem, pág. 55.
27 Idem, pág. 40.
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Torres, el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas celebró contrato de prestación de
servicios exequiales con la Funeraria Los Olivos, documento en el cual aparece como
contratante y se indicó que la causante era su esposa28.
47. En el expediente administrativo obran las declaraciones extrajuicio sobre la
convivencia entre el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas y la señora Doralina
Torres Torres29, de los señores Humberto Enrique Pérez de Arco, Luis Alberto Jiménez
Tom, Dalida Hernández Bayuelo30, María Estela Meza Beltrán31 y del actor.
• Actos administrativos demandados
48. Mediante Resolución 1132 de 2015, el rector de la Universidad de Cartagena negó
la solicitud de sustitución pensional presentada por el demandante con ocasión del
fallecimiento de la señora Doralina Torres Torres. En dicho acto, la entidad tuvo por
probado el fallecimiento de la pensionada, pero negó el reconocimiento solicitado por
el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas, al considerar que no estaba acreditada la
convivencia durante el término exigido. En efecto, el acto indicó:
Que con los documentos aportados se puede verificar que la señora DORALINA
TORRES TORRES, falleció el 05 de octubre de 2014, por lo que el primer requisito
objetivo común para los dos peticionarios se encuentra satisfecho con los registros
civiles de defunción originales que ambos solicitantes aportaron.
Que en relación a los otros requerimientos que debe satisfacer el señor RAFAEL
ESPITALETA BUELVAS, quien reclama la sustitución de la pensión en calidad de
compañero permanente, tenemos que no se encuentra probada la vida marital ni la
convivencia por el espacio de tiempo señalado, pues las declaraciones que aporta con
su solicitud no son determinantes en señalar dichos aspectos, tal como se expondrá a
continuación.
Que al analizar las declaraciones, se observa que existe contradicción entre los lugares
fijados como residencia de los supuestos compañeros señor RAFAEL ESPITALETA y
la fallecida DORALINA TORRES TORRES, en razón a que en la declaración del señor
HUMBERTO PÉREZ DE ARCO, este manifiesta que conoce al solicitante como
compañero permanente de la pensionada, que lo conoce desde el año 1978 y que le
consta que estos vivían primero en el Barrio Campestre y seguidamente en el Barrio
Almirante Colón, y por otra parte la declaración rendida por el señor LUIS JIMÉNEZ
TOM, fija como sitio de residencia de la presunta pareja en el Barrio Vista Hermosa
(difiere de la anterior declaración que ubica a la presunta pareja en el barrio Almirante
Colón).
28 Idem, págs. 90 a 91.
29 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 02, págs. 37 a 39.
30 Samai, índice 2, expediente digital, doc 02, pág. 65.
31 Samai, índice 2, expediente digital, doc 02, pág. 66.
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Que la misma contradicción se presenta en la propia declaración jurada rendida ante
notario por el señor RAFAEL ESPITALETA BUELVAS, debido a que este señala que
convivió primeramente en el barrio Vista Hermosa y luego en Almirante Colón, sin
embargo, es objeto de censura el hecho que sea él mismo peticionario el que manifiesta
que actualmente su residencia la tiene en el Barrio Vista Hermosa en la calle 60D N°
29 A-21 y no lo fuera en la casa que presuntamente habitaba con la fallecida, máxime,
cuando el mismo señala que se fueron a vivir en el Campestre y después se mudaron
al barrio Almirante Colón, donde compartieron la vida diaria con las dos sobrinas y la
hermana de la pensionada, luego no hay correspondencia entre lo señalado por este y
la dirección que señala como el de residencia.
Que de acuerdo a lo anterior, ninguna (sic) no existe prueba suficiente que brinde
certeza en cuanto a la convivencia del señor RAFAEL ESPITALETA BUELVAS, y la
señora DORALINA TORRES TORRES, durante el periodo de tiempo comprendido
entre el 05 de octubre de 2009 y el 05 de octubre de 2014, como tampoco se logra
establecer la convivencia y la comunidad afectiva que según su dicho existió.
Que por otra parte, se observa la señora ILDA ENA DE JESÚS TORRES TORRES,
además, de la solicitud de negación de sustitución pensión en contra del señor RAFAEL
ESPITALETA BUELVAS, también reclama en su condición de hermana, la sustitución
de la pensión de la señora DORALINA TORRES TORRES, sobre esta petición se
considera que, si bien es cierto que mediante los testimonios que presentó, es decir los
de los señores TULIO RAMÓN CARO HERRERA, EDITH ELENA HERNÁNDEZ
OSPINO, DARÍO DE JESÚS VELEZ GALENO, MARTA CECILIA BUELVAS CÁSERES
y EVA DEL CARMEN TORRES DE CABARCAS, logra probar la dependencia
económica, en tanto todos señalan que la peticionaria no trabaja, no devenga pensión
alguna y su hermana era quien sufragaba los gastos del hogar, también lo es que la
pretensión de sustitución deberá negarse, por cuanto como se dijo en precedencia, era
menester demostrar el estado de invalidez para poder acceder a tal reclamación, ello
no está demostrado en el expediente, pues hace falta dictamen de la Junta de
Calificación que determine que su pérdida de la capacidad laboral corresponde al
porcentaje señalado en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, única forma de demostrar
en Colombia el estado de invalidez.
49. En la misma Resolución 1132 de 2015, la Universidad de Cartagena también negó
la solicitud elevada por la señora Ilda Ena de Jesús Torres Torres, hermana de la
causante. La entidad señaló que, si bien las declaraciones allegadas daban cuenta de
una posible dependencia económica frente a la pensionada, no se acreditó su estado
de invalidez mediante el dictamen de pérdida de capacidad laboral.
50. Contra la Resolución 1132 de 2015 se interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante Resolución 00119 de 2016, dictada por el rector de la Universidad
de Cartagena. En esta decisión, la Universidad de Cartagena confirmó la decisión de
negar el reconocimiento pensional, al reiterar que las pruebas testimoniales no
otorgaban certeza sobre la convivencia alegada por el señor Rafael Antonio Espitaleta
Buelvas, ni sobre sus extremos temporales. También sostuvo que la señora Ilda Ena
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de Jesús Torres Torres no acreditó el estado de invalidez en los términos exigidos por
la ley. La resolución en comento indicó:
Que al revisar el expediente, fundadamente podemos concluir que las pruebas
testimoniales contienen declaraciones contradictorias que no logran dar certeza de la
existencia de una relación de convivencia habida entre el señor RAFAEL ANTONIO
ESPITALETA BUELVAS y la causante, y mucho menos logran determinar con claridad
los extremos de ésta, máxime considerando que el reclamante tiene sociedad conyugal
vigente.
Que esta circunstancia desvirtúa la presunción de la existencia de una sociedad
patrimonial habida entre los supuestos compañeros permanentes que ahora permita el
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional reclamada por el señor RAFAEL
ANTONIO ESPITALETA BUELVAS por ser de naturaleza netamente económica o
patrimonial, razón por la cual no está llamado a prosperar su recurso.
Que por otra parte, de conformidad a lo establecido en la partida de bautismo de la
señora ILDA ENA DE JESÚS TORRES TORRES, se pudo determinar que ésta nació
el 18 de septiembre de 1934, concluyéndose que a la fecha cuenta con 81 años de
edad cumplidos; sin embargo, su avanzada edad no constituye de por sí una
circunstancia para considerarla inválida, en la medida en que, en estricto sentido, no
existe una pérdida de su capacidad laboral, pues en este caso el parágrafo del artículo
cuarto del Decreto 917 de 1999, contentivo del Manual Único para la Calificación de la
Invalidez ha establecido que: “Las consecuencias normales de la vejez, por sí solas,
sin patología sobre agregada, no generan deficiencia para los efectos de la calificación
de la invalidez en el Sistema Integral de Seguridad Social”.
Que con base en lo anterior, la interesada está obligada a aportar su calidad jurídica
de inválida, por cuanto las pruebas documentales arrimadas a la solicitud no
constituyen prueba idónea. Para determinar tal condición, es menester aportar el
dictamen médico laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en
donde se establezca una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, tal y como
lo establece el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no está llamado a
prosperar el recurso de reposición.
51. En la audiencia de pruebas del 19 de febrero de 2020, el Tribunal practicó los
testimonios de los señores Humberto Enrique Pérez de Arco y Carmen Elena Viloria
Guzmán32.
3.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo análisis, el accionante en la calidad de compañero
permanente solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la
Universidad de Cartagena que le negaron el reconocimiento de la sustitución
32 Samai, índice 2, expediente digital. Doc. 03.
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pensional. Como fundamento de la demanda, el actor alega que convivió durante 36
años en unión libre con la pensionada fallecida.
53. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del señor Rafael Antonio
Espitaleta Buelvas, efectiva desde el 6 de octubre de 2014. Consideró que las pruebas
demostraron una relación de pareja, viviendo bajo el mismo techo, con
manifestaciones de solidaridad, apoyo mutuo y el deseo de tener una vida en común.
54. La Universidad de Cartagena interpuso recurso de apelación porque, en su
criterio, la parte actora no acreditó la convivencia con la pensionada durante los cinco
años previos al fallecimiento. Reprochó que las pruebas documentales no daban
certeza sobre la convivencia, que el testimonio del señor Humberto Pérez de Arco era
de oídas y que Carmen Elena Viloria Guzmán incurrió en afirmaciones contradictorias.
55. Con el objeto de resolver el recurso de apelación en el proceso se encuentra
acreditado que la Universidad de Cartagena le reconoció a la señora Doralina Torres
Torres una pensión de jubilación, mediante la Resolución 472 del 21 de diciembre de
198933 y que la pensionada falleció el 5 de octubre de 201434.
56. Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia de la señora Doralina Torres
Torres con el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas, en punto de los reparos del
recurso de apelación, se anota que el compañero permanente debe acreditar el
requisito de convivencia de cinco años previos al fallecimiento35.
57. En primer lugar, se debe precisar que en atención a la fecha de fallecimiento de
la señora Doralina Torres Torres, el 5 de octubre de 2014, la norma que gobierna el
derecho a la sustitución pensional es la vigente para la fecha de la contingencia, es
decir, la data de la muerte de la causante. Para el caso bajo estudio entonces impera
remitirse a la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993, la cual entró en
vigencia el 29 de enero de 2003.
33 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 01Carpeta, págs. 58 a 60.
34 Idem, pág. 35.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2021, proceso con radicado
25000-23-42-000-2014-02823-01 (2661-17), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo, sentido se puede
consultar el fallo del 21 de enero de 2021, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 73001-23-33-
000-2015-00165-01 (5095-2018), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 5 de marzo de 2026, Subsección B, proceso con radicado 76001-23-33-000-2013-01098-01 (6105-
2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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58. Esto acorde con la sentencia de la Sección Segunda del 25 de abril de 2013 36,
criterio que fue reiterado en el fallo del 11 de agosto de 202237 al indicar que se aplican
las normas del Sistema General de Pensiones en materia de pensión de
sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento, sin
perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores.
59. En este orden de ideas, la norma aplicable es el artículo 12 de la Ley 797 de
2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual prevé que tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes «los miembros del grupo familiar del
pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca». En armonía con el
artículo 47 idem que señala entre los beneficiarios de la pensión en forma vitalicia al
compañero permanente que haya convivido 5 años continuos con anterioridad a la
muerte.
60. En segundo lugar, en el asunto bajo estudio, se considera que el demandante
sí acreditó la convivencia por el periodo de cinco años que corrió del 5 de octubre de
2009 al 5 de octubre de 2014. En efecto, si bien algunas pruebas documentales datan
de años anteriores al 2009, como el caso de la promesa de compraventa del 28 de
mayo de 200838, lo cierto es que su valoración se hace en conjunto de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, tal como lo dispone el artículo 176 del Código General del
Proceso al señalar que «las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».
61. Frente al reparo de la Universidad según el cual la prueba documental no
acredita la convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento, la Sala
precisa que dicho argumento parte de una valoración aislada de los medios de
convicción. Si bien algunos documentos datan de años anteriores al periodo
comprendido entre el 5 de octubre de 2009 y el 5 de octubre de 2014, ello no les resta
mérito probatorio, pues permiten reconstruir la existencia de una relación estable y
prolongada entre el demandante y la causante. Además, obran documentos ubicados
dentro del periodo relevante o inmediatamente próximos al deceso que corroboran la
comunidad de vida, tales como la comunicación de Financréditos del 9 de febrero de
2010 dirigida al actor a la dirección de Almirante Colón, la solicitud de crédito y libranza
del Banco Popular del 22 de noviembre de 2010 en la que la causante identificó al
actor como su cónyuge, el poder otorgado el 1 de octubre de 2014 para recibir la
mesada pensional, la certificación hospitalaria sobre el acompañamiento prestado
entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre de 2014 y el contrato de servicios
exequiales suscrito por el actor el día del fallecimiento.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-
000-2014-00444-01 (1655-2017).
38 Idem, págs. 36 a 37.
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62. En este orden de ideas, en el proceso obran pruebas por las cuales se
demuestra que la pareja residía en el inmueble objeto de la promesa de compraventa
ubicado en la urbanización Almirante Colón, manzana W, lote 2, como la orden de
instalación de la empresa Telmex39 y la carta de Financréditos del 9 de febrero de 2010
dirigida al actor para indicarle que estaba en mora40.
63. Asimismo, los lazos de solidaridad, apoyo mutuo y la existencia de un proyecto
de vida en común se acreditan con la solicitud de ampliación de crédito y libranza
«prestayá» del Banco Popular firmada por la señora Doralina Torres Torres del 22 de
noviembre de 2010, en el cual indicó que el señor Rafael Antonio Espitaleta era su
cónyuge41 y el pagaré 01381 en blanco de la empresa Coldcréditos Ltda. firmado por
Rafael Antonio Espitaleta y Doralina Torres Torres como deudores prendarios 42.
Además, se resalta que la señora Doralina Torres Torres otorgó poder43 en el que
autorizó al actor para recibir su mesada pensional y lo facultó para que administrara
su cuenta ante el Banco Popular44.
64. Adicionalmente, el actor acreditó que acompañó a la pensionada durante su
hospitalización en los días previos al fallecimiento, del 16 de septiembre al 5 de octubre
de 201445, y que firmó el contrato de prestación de servicios exequiales con la
Funeraria Los Olivos, documento en el cual aparece como contratante e indicó que la
causante era su esposa46.
65. Si bien en algunos de estos documentos, como la solicitud de ampliación de
crédito, la pensionada manifestó que el señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas era
su cónyuge, lo cierto fue que no contrajeron matrimonio, sino que se trataba de una
unión de compañeros permanentes.
66. También son pruebas que demuestran la convivencia las declaraciones
extrajuicio allegadas en sede administrativa47. En estas, el señor Humberto Enrique
Pérez de Arco manifestó que conocía a la pareja desde hacía aproximadamente treinta
años y que le constaba que convivieron en unión marital de hecho, de manera continua
e ininterrumpida, desde el año 1978 hasta el fallecimiento de la señora Torres Torres,
ocurrido el 5 de octubre de 2014. El señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas afirmó
que convivió con la señora Doralina Torres Torres en unión libre desde el año 1978
39 Idem, pág. 47.
40 Idem, pág. 48.
41 Idem, pág. 62.
42 Idem, págs. 67 a 68.
43 Idem, pág. 87.
44 Idem, pág. 55.
45 Idem, pág. 40.
46 Idem, págs. 90 a 91.
47 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 02, págs. 65, 66, 37 a 39.
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hasta el día de su fallecimiento; señaló que compartieron mesa, lecho y techo, y que
residieron inicialmente en el barrio El Campestre y posteriormente en el barrio
Almirante Colón. A su turno, el señor Luis Alberto Jiménez Tom manifestó que conocía
al señor Rafael Antonio Espitaleta Buelvas desde 1985 y que sabía que este convivió
con la señora Doralina Torres Torres bajo el mismo techo, de manera pacífica, pública,
notoria e ininterrumpida, desde el año 1978 hasta el fallecimiento de aquella.
Asimismo, las señoras Dalida Hernández Bayuelo y María Estela Meza Beltrán
expresaron que el actor convivió con la pensionada durante 30 años.
67. Es de anotar que si bien en sede administrativa, la Universidad de Cartagena
reprochó que el señor Luis Alberto Jiménez Tom informó una dirección de domicilio
diferente a la señalada por Rafael Antonio Espitaleta Buelvas, esta imprecisión del
testigo no puede conllevar a establecer la inexistencia de la convivencia entre el
accionante y la pensionada, toda vez que las demás pruebas tienen la fuerza
probatoria suficiente para demostrar la convivencia.
68. Ahora bien, en la audiencia de pruebas declaró el señor Humberto Enrique
Pérez de Arco, quien manifestó conocer al señor Rafael Espitaleta desde la década de
los setenta, pues residía en el barrio Blas de Lezo, cerca de la vivienda de los padres
de aquel. Indicó que solía frecuentar dicha casa y que también trabajaron juntos en la
Zona Franca Industrial de Cartagena.
69. En relación con la señora Doralina Torres, señaló que el señor Rafael Espitaleta
le comentó que sostenía una relación con ella. Además, afirmó que le constaba que
ambos convivieron como pareja durante largo tiempo, aunque precisó que no podía
indicar con exactitud las fechas de inicio y finalización de esa convivencia. Al ser
interrogado sobre el periodo aproximado, manifestó que la relación se extendió por
varios años. En este sentido señaló «me comentó que tenía relaciones con la señora
Doralina Torres. Ellos convivieron mucho tiempo. Incluso trabajaron en la Universidad
de Cartagena y convivieron mucho tiempo, como también cuando él quedó sin trabajo.
Ella le colaboraba a él bastante. Yo también hasta la fecha en que ella murió, que fue
en el 2014. Ella vivió ahí en el almirante en la fecha en que ella murió. Yo la conocí.
Muy buena mujer».
70. El testigo agregó que, cuando el señor Rafael Espitaleta quedó sin trabajo en la
Zona Franca, aproximadamente hacia el año 1991, la señora Doralina Torres le
brindaba apoyo económico y contribuía a su sostenimiento. También indicó que ella
residió en el barrio Almirante Colón hasta su fallecimiento, ocurrido en el año 2014 y
que el señor Rafael Espitaleta convivía con ella en ese lugar.
71. No obstante, aclaró que nunca ingresó al hogar conformado por la pareja,
aunque vivía cerca, aproximadamente a dos cuadras. Tampoco recordó haber
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compartido con ellos en eventos sociales, tales como cumpleaños, matrimonios u otras
reuniones familiares.
72. Finalmente, sostuvo que el señor Rafael Espitaleta le manifestó haber asumido
gastos relacionados con las exequias de la señora Doralina Torres. Sin embargo,
precisó que no tuvo a la vista documentos que acreditaran dicho pago, ya que su
conocimiento sobre ese aspecto provenía únicamente de lo que aquel le comentó
verbalmente.
73. En lo que respecta a la declaración del señor Humberto Enrique Pérez de Arco,
la entidad recurrente afirmó que se trataba de un testimonio de oídas, y por ello, no
probaba la convivencia; sin embargo, la Sala debe señalar que la valoración no se
puede hacer en forma aislada, pues lo cierto es que al contrastar lo dicho por el testigo,
con las demás pruebas aportadas al proceso y que fueron referidas anteriormente, es
claro que el actor sí conformó una pareja con la señora Doralina Torres Torres con el
ánimo de permanencia en el marco de un proyecto de vida en común, puesto que ella
incluso lo reconocía como su cónyuge. Asimismo, la narración general del testigo
sobre la relación de pareja merece credibilidad, dado que el demandante fue su
compañero de trabajo, de modo que tenían una relación cercana.
74. Ahora bien, en el proceso también declaró la señora Carmen Elena Viloria
Guzmán, quien indicó conocer al señor Rafael Antonio Espitaleta y a la señora Doralina
Torres Torres desde hacía más de cuarenta años, incluso desde la época en que eran
novios. Indicó que ambos residían en el barrio Blas de Lezo, lugar donde ella
frecuentaba a los familiares del señor Espitaleta, quien para ese entonces vivía con
sus padres y hermanos. Así señaló «yo los conozco a ellos [Doralina Torres Torres y
Rafael Antonio Espitaleta] desde que hace más de 40 años de conocerlos, desde que
eran novios. Entonces, después de eso, ellos se organizaron a vivir en unión libre
desde el año 78, por allá. Y nosotros parrandeábamos juntos. Yo los conocí todo el
tiempo viviendo juntos» (sic).
75. Señaló que, aproximadamente en el año 1978, el señor Rafael Antonio
Espitaleta y la señora Doralina Torres Torres iniciaron convivencia en unión libre en el
barrio El Campestre. Explicó que dicho sector era cercano al barrio Blas de Lezo y
que, con posterioridad, la pareja se trasladó al barrio Almirante Colón, donde
continuaron viviendo juntos.
76. La testigo afirmó que visitó en varias oportunidades el hogar conformado por la
pareja, en compañía de su esposo, y que dichas visitas eran frecuentes debido a la
cercanía y amistad que mantenían. Además, indicó que compartían en reuniones
sociales, fiestas de noviembre y otros espacios de integración, tanto en la vivienda de
la declarante como en otros lugares. Agregó que socialmente eran reconocidos como
pareja, pues en el barrio y en la familia era de común conocimiento que permanecían
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juntos y que el señor Rafael Antonio Espitaleta solía asistir con la señora Doralina
Torres Torres a diferentes eventos, incluso a actividades relacionadas con su trabajo.
77. En cuanto al sostenimiento económico del hogar, sostuvo que, mientras ambos
trabajaban, los gastos eran asumidos con los ingresos de los dos. Sin embargo, indicó
que, cuando el señor Rafael Antonio Espitaleta quedó desempleado, la señora
Doralina Torres Torres asumió principalmente la manutención del hogar.
78. Igualmente, afirmó que el señor Rafael Antonio Espitaleta presentaba a la
señora Doralina Torres Torres como su compañera permanente o cónyuge.
Finalmente, indicó que asistió a las honras fúnebres de la señora Doralina Torres
Torres y que en ellas estuvieron presentes el señor Rafael Antonio Espitaleta,
familiares de este y de la fallecida.
79. Cabe anotar que para la entidad recurrente, lo sostenido por la testigo Carmen
Elena Viloria Guzmán no tiene respaldo probatorio. Aseveración que la Subsección no
comparte, comoquiera que lo relatado por la testigo sobre la convivencia de pareja
entre el accionante y la pensionada coincide con lo narrado en las declaraciones de
Humberto Enrique Pérez de Arco y Luis Alberto Jiménez Tom, en cuanto a la relación
bajo el mismo techo que perduró hasta el fallecimiento de la pensionada. Asimismo,
de las pruebas documentales a partir de las cuales se establece que la pareja residía
en el inmueble ubicado en la urbanización Almirante Colón, manzana W, lote 2, de la
ciudad de Cartagena, sobre el cual firmaron un contrato de promesa de compraventa.
80. También, adquirieron obligaciones crediticias en conjunto. Así, cobra relevancia
lo indicado por la causante en la ampliación de crédito y libranza del Banco Popular,
donde aseveró que el actor era cónyuge. Aunado a lo anterior, se reitera que el actor
acompañó a la pensionada en los días de hospitalización previos a su deceso, estaba
autorizado ante el banco para manejar su cuenta y fue quien pagó los gastos
funerarios.
81. Por otro lado, la entidad recurrente reprocha que el demandante aparece en el
RUAF48 afiliado en el régimen contributivo como cotizante. Sin embargo, para la Sala
este hecho no desvirtúa la convivencia de la pareja en los cinco años previos al
fallecimiento. Aunado a que según el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el requisito de
dependencia económica no se exige al compañero permanente.
82. En último lugar, la Universidad indicó que la señora Ilda de Jesús Torres Torres
fue reconocida como beneficiaria de la sustitución pensional, en sede administrativa,
y por ello, se debía evitar un doble pago del retroactivo que reconozca la sentencia.
No obstante, se evidencia que la Resolución 1132 de 2015 también le negó la
48 Registro Único de Afiliados del Ministerio de la Protección Social.
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Demandante: Rafael Antonio Espitaleta Buelvas
Demandado: Universidad de Cartagena
sustitución pensional a la referida señora, porque no demostró el estado de invalidez.
Esta decisión fue confirmada en la Resolución 00119 de 2016. Además, en el proceso
se acreditó que la señora Ilda de Jesús Torres Torres falleció el 5 de enero de 2018,
como lo indica el registro civil de defunción49. De igual manera, el argumento relativo
a un eventual doble pago carece de sustento, porque la propia Universidad negó la
sustitución pensional a la señora Ilda de Jesús Torres Torres mediante las
resoluciones demandadas, al no encontrar acreditado el estado de invalidez.
83. En consecuencia, se concluye que el demandante sí demostró que convivió
durante los cinco años previos al fallecimiento con la señora Doralina Torres Torres,
por lo tanto, se confirmará el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones
de la demanda.
4. Costas
84. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 50 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad se revocará la condena en costas impuesta en primera instancia a la parte
demandada, y no se condenará en costas en segunda instancia, porque no se advierte
que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
85. El accionante, en calidad de compañero permanente, tiene derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional, porque acreditó que convivió con la
49 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 01, pág. 179.
50 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Rafael Antonio Espitaleta Buelvas
Demandado: Universidad de Cartagena
causante durante los cinco años anteriores al deceso y que entre ambos existieron
lazos de solidaridad, apoyo mutuo y un proyecto de vida en común.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente el fallo de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Bolívar, proferido el 17 de septiembre de 2021, que accedió a las
pretensiones de la demanda, salvo el numeral sexto que condenó en costas a la parte
accionada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en las dos instancias.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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