Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00396-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00396-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2017-00396-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
15 de julio de 2026
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00396-01 (70.338)
Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Reparación directa
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00396-01 (70.338)
Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda. La Sala es competente
para proferir esta providencia porque resuelve un recurso de apelación
interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, el cual
conoció del proceso en primera instancia en razón a la naturaleza del asunto y a
la cuantía de las pretensiones elevadas en la demanda1.
SÍNTESIS2
La sociedad Pesquera Mar y Redes Ltda., presentó demanda de reparación
directa contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la
accionada del deber de reparar los daños que el actor aduce le fueron causados
como consecuencia del error jurisdiccional en el que habría incurrido la Sala Civil
1 De conformidad con lo preceptuado por el numeral 5 del artículo 152 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA—, estatuto
procesal vigente a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al presente proceso, los tribunales
contencioso administrativos tienen asignada la competencia para conocer en primera instancia de los
procesos de reparación directa cuya cuantía supere los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes
—en adelante, SMLMV—. A su turno, el tercer inciso del artículo 157 de la misma Codificación establece
que “cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor”.
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta el valor de la pretensión encaminada al reconocimiento de
perjuicios materiales —$1.809`425.374 y $1.492’275.935, por concepto de daño emergente y lucro cesante,
respectivamente— y que el SMLMV para el año 2017 —anualidad en la cual fue presentada la demanda—
ascendía a la suma de $737.717,oo —https://uba.banrep.gov.co/htmlcommons/SeriesHistoricas/mercado-
laboral.html—, de suerte que mil SMLMV para ese año equivalían a $737’717.000,oo. La cuantía de la
demanda, en el caso sub judice, por consiguiente, supera el referido monto.
2 Temas: Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia/ error judicial.
1
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00396-01 (70.338)
Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la sentencia
que profirió el 4 de marzo de 2015 en el proceso ejecutivo que promovió la aquí
demandante contra la sociedad Transportes Calderón SA. La Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por
considerar que no se demostró la configuración del error judicial alegado por la
demandante.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. La demanda fue presentada el 21 de abril de 20173, a través de apoderada
judicial, por la sociedad Pesquera Mar y Redes Ltda., y en ella se elevaron como
pretensiones las que enseguida se sintetizan: (i) que se declare
administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de
la Judicatura, representado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
de los daños antijurídicos causados a la parte actora con ocasión del error judicial
materializado en la providencia contraria a la ley proferida por la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, “por desconocer los
derechos legítimamente tutelados por el legislador”; (ii) que se condene a los
demandados a indemnizar los perjuicios tanto materiales –$1.809`425.374 y
$1.492’275.935, por concepto de daño emergente y lucro cesante,
respectivamente—, como morales —por valor de $737`716.000– que le fueron
causados a la demandante; (iii) que se actualice la condena con base en el índice
de precios al consumidor certificado por el DANE y se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo —en adelante, CCA4—5.
2. Las pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones 6:
2.1. El 1 de junio de 2012 la sociedad Pesquera Mar y Redes Ltda., instauró
demanda ejecutiva por obligación de dar contra la compañía Transportes
Calderón S.A., con fundamento en un título ejecutivo complejo constituido por un
contrato de corretaje y el acta de una diligencia de inspección judicial anticipada;
el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Cartagena, que libró mandamiento de pago en favor de Pesquera Mar y Redes
Ltda., mediante auto calendado el 8 de junio de 2012.
3 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folio 116 del archivo
5_5_130012333000201700396012EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
4 Estatuto procesal citado en la demanda.
5 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 28 a 30 del archivo
5_5_130012333000201700396012EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
6 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 4 a 28 del archivo
5_5_130012333000201700396012EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
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Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
2.2. Contra el referido mandamiento de pago la empresa demandada interpuso
recurso de reposición y mediante auto fechado el 5 de septiembre de 2012 se
confirmó la providencia impugnada. Posteriormente el proceso fue asignado al
Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Cartagena, que el 27 de junio de
2014 dictó sentencia en la cual desestimó las excepciones propuestas por la
parte ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución. La parte demandada
interpuso el recurso de apelación contra esta decisión y dicho medio de
impugnación fue resuelto por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena mediante sentencia calendada el 4 de marzo de
2015, que decidió revocar la providencia apelada, negar la continuidad de la
ejecución por falta de título ejecutivo y decretar la terminación del proceso, entre
otras determinaciones.
2.3. La referida providencia dictada por el Tribunal de Cartagena incurrió en dos
flagrantes errores judiciales que vulneraron los derechos y garantías
fundamentales de la demandante: uno, el error de hecho derivado de desconocer,
ignorar y valorar indebidamente las pruebas que acreditaban la existencia de un
título ejecutivo complejo que sí reunía los requisitos contemplados tanto en los
artículos 488, 490 y 493 del Código de Procedimiento Civil –en adelante, CPC–
como en los artículos 1341 y 1343 del Código de Comercio –en adelante CCo–,
de suerte que en el pronunciamiento del Tribunal “ni siquiera se examinó los
documentos base de la ejecución y nada se dice sobre las obligaciones y
contraprestaciones que hemos reseñado literalmente para determinar si estas
estructuraban o no un título ejecutivo complejo”; y, dos, el error de derecho
consistente en “descocer (sic), ignorar, interpretar y aplicar indebidamente
normas legales en el asunto sentenciado”, en concreto los artículos 1341, inciso
final y 1343 del CCo., y 174, 175, 177, 187, 488, 490 y 493 del CPC.
B. Posición de la parte demandada
3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de sus pretensiones con base en los argumentos que
pueden ser sintetizados así:
3.1. La demandante en el presente proceso lo que realmente hace es controvertir
la interpretación jurídica realizada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil- Familia, respecto de las normas que regulan los títulos
ejecutivos complejos y el contrato de corretaje que se acompañaron a la
demanda ejecutiva que promovió la sociedad Pesquera Mar y Redes Ltda., pero
se observa que el Tribunal argumentó con suficiencia su decisión, apoyándose
en fundamentos razonables y estructurados en el marco de la autonomía de la
cual dispone la autoridad judicial. Por consiguiente, en modo alguno dicha
decisión encaja en la caracterización que tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como la del Consejo de Estado han efectuado de la providencia
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Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
incursa en error jurisdiccional, que debe ser un pronunciamiento arbitrario, injusto
y subjetivo.
3.2. Los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro
cesante cuya reparación reclama el accionante se basan en las sumas de dinero
que considera debieron serle reconocidas de haber prosperado las pretensiones
de la demanda ejecutiva, razón por la cual constituyen meras expectativas y no
un detrimento que verdaderamente le hubiere sido causado por razón del error
jurisdiccional cuyo acaecimiento aduce.
3.3. Con fundamento en los anteriores argumentos, propuso las excepciones que
denominó “carencia del derecho que se invoca y, correlativamente, inexistencia
de la obligación que se demanda” e “innominada”.
C. Sentencia recurrida.
4.1 En sentencia proferida el 27 de abril de 2023, el Tribunal Contencioso
Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda. La decisión
apelada resolvió lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR en su totalidad las pretensiones de la demanda que en
ejercicio del medio de control de reparación directa promovió la sociedad
pesquera MAR Y REDES LTDA, contra la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente,
previa devolución del remanente, si existiere.
4.2 Como fundamento de las anteriores decisiones, en lo sustancial, el Tribunal
de primera instancia expuso lo siguiente7:
4.2.1 Para que se configure el error jurisdiccional se debe verificar, además de la
firmeza de providencia censurada, que ella resulta contraria a la realidad procesal
–error fáctico– o al ordenamiento jurídico –error normativo– y causa un daño
personal, cierto y antijurídico al accionante. Corroborado que la sentencia
proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena se
encuentra en firme, el fallo apelado en el presente proceso trajo a colación tanto
la normatividad –artículos 488 y 490 del CPC– como la jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que establecen los requisitos
que deben concurrir en un título ejecutivo complejo.
4.2.2 A la luz de dichos parámetros, el Tribunal Administrativo de Bolívar analizó
la argumentación de la sentencia dictada el 4 de marzo de 2015 por la Sala Civil-
7 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
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Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
Familia del Tribunal Superior de Cartagena a la cual la parte actora en el presente
proceso achaca un error judicial, decisión ésta que, a juicio del Tribunal
Administrativo de Bolívar, tomó en consideración el marco normativo en el cual
debía apoyarse para examinar las características del título que se utilizó como
base para promover la demanda ejecutiva. Por consiguiente, concluyó el Tribunal
Administrativo a quo que la cuestionada no fue una providencia carente de
argumentación o sustentada en una justificación jurídicamente implausible,
irrazonable o manifiestamente contraria a derecho; al contrario, “se basó en
criterios interpretativos, conforme a los hechos probados, valorando en su
totalidad el material probatorio y las normas aplicables”.
4.2.3 La sola discrepancia del aquí demandante con la interpretación del Tribunal
de segunda instancia en el proceso de ejecución respecto de los requisitos del
título ejecutivo, no resulta suficiente para que se configure el error judicial. El
Tribunal Superior del Distrito de Cartagena estudió el documento utilizado como
título ejecutivo a la luz de la normatividad pertinente y aplicable al caso, análisis
que le llevó a concluir que el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad, en la
decisión de primera instancia, “entró a inferir e interpretar más allá del contrato,
para poder dar orden de seguir adelante con la ejecución”. Así, el
pronunciamiento proferido por el Tribunal Superior de Cartagena “se basó en
criterios interpretativos, conforme a los hechos probados, valorando en su
totalidad el material probatorio y las normas aplicables, reforzando así la decisión
emitida”.
4.2.4 Pese a que el artículo 365 del Código General del Proceso dispone que la
parte vencida debe ser condenada en costas, habida cuenta de que al presentar
su demanda “la demandante se respaldó en fundamentos legales y
jurisprudenciales (…) esta Corporación se abstendrá de imponer dicha condena,
en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
D. Recurso de apelación
5. La parte demandante interpuso el recurso de alzada; solicitó la revocatoria de
la decisión referida en el apartado anterior y que se acceda a las pretensiones de
la demanda, con fundamento en los siguientes reparos:
5.1. Pese al desconocimiento absoluto de los elementos demostrativos de la
existencia del título ejecutivo complejo dentro del proceso de ejecución, tanto el
Tribunal Administrativo de Bolívar como el Tribunal Superior de Cartagena nada
dijeron y menos examinaron respecto del asunto de fondo debatido en el juicio
ejecutivo. El Tribunal Administrativo no analizó “si los elementos probatorios
configurativos del título aportado estaban o no presentes en los documentos
traídos para la ejecución y limitó su argumentación a teorizar sobre la explicitud,
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Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
expresividad y claridad del título sin referirse a cada uno de los elementos que
este en particular presentaba”8.
5.2. Contrario a lo sostenido en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Cartagena, al igual que en la sentencia aquí recurrida, las obligaciones
contenidas en el título ejecutivo sí eran claras, expresas, exigibles, provenían del
deudor y constituían plena prueba contra éste, razón por la cual tanto la sentencia
del Tribunal Superior de Cartagena como la que aquí se impugna, “desconocieron
de manera consiente (sic) y deliberada el valor probatorio que como título
ejecutivo complejo contenían los documentos allegados al proceso civil”, pues “la
única respuesta correcta y atendible en el caso discutido que debió acoger el
Tribunal Civil de Cartagena y a su turno el Tribunal Administrativo de Bolívar al
sentenciar el litigio, era la dictada por el Juez Octavo Civil del Circuito de
Cartagena que libró inicialmente mandamiento de pago contra el demandado y
el Juez Único de Descongestión del Circuito de Cartagena que dictó sentencia
que ordenó seguir la ejecución”. De este modo, el Tribunal Superior de
Cartagena, Sala Civil Familia, en el presente caso, incurrió tanto en error de
hecho como en yerro de derecho9.
5.3. En criterio del impugnante, la decisión de fondo del Tribunal Administrativo de
Bolívar en este proceso “es incongruente o disonante respecto de los extremos
del relación procesal expuesta”, comoquiera que “nada examinó ni nada motivó
en lo concerniente a los medios de prueba configurativos del título ejecutivo
complejo y las normas regulatorias del mismo para determinar si este en verdad
se estructuraba para la ejecución civil”; además, sostuvo el recurrente que la
sentencia de primera instancia en el presente expediente “carece de motivación
jurídica y no tiene ninguna relevancia fáctica y normativa sobre el asunto discutido
en el proceso, en cuanto que el juzgador no estudió ni examinó el fondo del
asunto discutido…”
8 Por consiguiente, prosiguió el apelante en este aparte de su impugnación, “al resolver el problema jurídico
[el Ttribunal Contencioso Administrativo de Bolívar] no expuso ninguna razón como fundamento de la
conclusión a la que llegó, pues se limitó a determinar que la Sala de Decisión Civil del Tribunal de Cartagena
sí había analizado e interpretado el título ejecutivo allegados al expediente de la demanda de ejecutiva, sin
exponer consideración alguna respecto del análisis y valoración sobre los motivos esbozados por el
Tribunal de la jurisdicción civil, para determinar si aquellos se encuentran conforme a derecho o adolecen
de los motivos de censura judicial propuestos por la demandante como constitutivos de los graves errores
judiciales enfilados en la demanda”.
9 El primer tipo de yerro en mención – error de hecho– se habría configurado “por falso raciocinio de la
prueba, puesto que al asignarle el mérito persuasivo a dichos documento (sic) transgrede los postulados de
la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, los principios de la sana critica”. A
su turno, el error de derecho se habría materializado al desconocer, ignorar, interpretar y aplicar
indebidamente las normas legales aplicables –artículos 1341 y 1343 del CCo y 174, 175, 177, 187, 488, 490
y 493 del CPC–, lo cual determina que la decisión adoptada por la Jurisdicción civil –y también la aquí
recurrida– “carezca de una justificación jurídicamente atendible y no ofrezca una interpretación razonada
de las normas jurídicas y de las pruebas obrantes en el proceso resultando contraevidente que no podía
bajo ninguna circunstancia restársele eficacia demostrativa al título ejecutivo”. La normatividad que debió
ser aplicada “avizora en el juzgador su criterio subjetivo y caprichoso en flagrante desconocimiento de su
eficacia jurídica demostrativa…”.
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Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
E. Trámite en segunda instancia
6. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 29 de noviembre de
202310.
7. El Ministerio Público rindió concepto en la segunda instancia, mediante el cual
solicitó confirmar la sentencia impugnada y denegar las pretensiones de la
demanda11.
II. CONSIDERACIONES
F. Aspectos procesales
8. El medio de control de reparación directa fue el incoado por la sociedad
accionante, de manera oportuna si se tiene en cuenta el momento en el cual
ocurrieron los hechos sobre la base de los cuales se fundamenta la causa petendi
de la demanda12 y con apoyo en lo preceptuado por la norma aplicable en esta
materia al presente caso, que es la contenida en el literal i) del numeral 2º del
artículo 164 del CPACA13.
10 Índice 00004 de Samai Consejo de Estado.
11 Índice 00010 de Samai Consejo de Estado.
12 La sentencia de segunda instancia proferida de manera escrita por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, fue dictada el 4 de marzo de 2015 –índice 0002 de Samai
Consejo de Estado, folio 90 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf –. No obra en el expediente
prueba respecto del momento en el cual quedó ejecutoriada dicha providencia, de suerte que a partir de la
fecha de su expedición se aplicarán las reglas previstas en el artículo 302 del Código General del Proceso,
del siguiente tenor:
“Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada
una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.
Con fundamento en el precepto transcrito, si no se interpusieron recursos o formularon solicitudes de
aclaración o complementación de la sentencia mencionada y la misma se notificó el mismo día de su
expedición, debió cobrar firmeza el día 9 de marzo de 2015, de manera que a partir del 10 de los mismos
mes y año ha de iniciar el cómputo del término de caducidad de 2 años aplicable en el presente caso.
El 28 de febrero de 2017 la sociedad demandante radicó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio
Público –índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folio 34 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf–, cuando aún restaban diez
(10) días para expirar el plazo para la presentación oportuna de la demanda. El 18 de abril de 2017 la
Procuraduría expidió la constancia de haber sido declarada fallida la audiencia de conciliación –índice 0002
de Samai Consejo de Estado, folios 37 y 38 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf–, de manera que a partir del día
19 de los mismos mes y año se reanudó el cómputo del término. Al haber sido presentada la demanda el 21
de abril de 2017 –índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folio 116 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf–, lo fue de manera oportuna.
13 Precepto del siguiente tenor:
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
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Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
9.El requisito de la conciliación prejudicial ante el Ministerio Público fue
debidamente agotado por la parte actora14.
G. Sentido de la decisión
10. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda por cuanto el acervo probatorio obrante en el
expediente no permite tener por demostrada la configuración del error
jurisdiccional alegado por la parte actora.
H. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
11. A voces de lo normado por el artículo 90 constitucional, el Estado es
responsable por los daños antijurídicos que le resulten imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas; como bien se sabe, este
precepto no restringe la responsabilidad del Estado respecto de alguna rama del
poder público o algún segmento de las autoridades públicas y, por ende, ello
implica que las autoridades judiciales pueden dar lugar al acaecimiento de
circunstancias con la potencialidad de comprometer la responsabilidad estatal
siempre que se constate la concurrencia de los presupuestos establecidos en la
disposición constitucional aludida.
12. La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, consagró las
diferentes hipótesis bajo las cuales podría haber lugar a examinar la
responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, si bien es verdad
que no fue solamente a partir de la expedición de este conjunto normativo que
surgió la posibilidad de endilgar responsabilidad de este tipo al aparato estatal,
pues como recientemente tuvo ocasión de recordarlo la Sala15, la Constitución
Política ya lo avalaba. Los supuestos previstos en la Ley 270 fueron la
responsabilidad por privación injusta de la libertad, por defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia y por error jurisdiccional.
Respecto de este último evento, los artículos 66, 67 y 70 del conjunto normativo
en cita dispusieron cuanto se transcribe a continuación:
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
14 Según se acaba de referir, el 28 de febrero de 2017 la sociedad demandante radicó solicitud de
conciliación prejudicial ante el Ministerio Público –índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folio 34 del
archivo 6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf– y el 18 de abril de 2017
la Procuraduría expidió la constancia de haber sido declarada fallida la audiencia de conciliación –índice
0002 de Samai Consejo de Estado, folios 37 y 38 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf–.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2025, Radicación:
25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189), CP Diego Enrique Franco Victoria.
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00396-01 (70.338)
Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso
de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.
ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error
jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del
imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.
(…)
ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. El daño se entenderá
como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con
culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos
se exonerará de responsabilidad al Estado.
14. De las normas transcritas se desprende que el error jurisdiccional es aquella
hipótesis de responsabilidad por el ejercicio de la función judicial en la que la
censura se dirige directamente contra una providencia emitida por parte de una
autoridad investida de la referida potestad de iuris dictio. Además, el legislador
estableció solo dos presupuestos para la procedencia de la responsabilidad por
este concepto, a saber, que la providencia censurada esté en firme, de un lado
y, de otro, que el afectado hubiese interpuesto “los recursos de ley”, pues de lo
contrario se configuraría la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
15. Ahora bien, el legislador también estableció –artículo 66 de la Ley 270, recién
transcrito– que el error jurisdiccional se presenta cuando la providencia a la cual
se le achaca ha sido dictada de manera “contraria a la ley”; respecto del alcance
de esta última expresión, la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996,
mediante la cual realizó el control previo de constitucionalidad del proyecto de
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, señaló que no cualquier tipo de
yerro en el que pudiere incurrirse en la decisión jurisdiccional reprochada tiene la
virtualidad de comprometer la responsabilidad del Estado por este rubro, pues
para que tal cosa pueda acontecer, las deficiencias evidenciadas en el auto o
sentencia de las que se trate deben enmarcarse en la noción de vía de hecho:
[l]a situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o
desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo
administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional
debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y
flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo
de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y
las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de
conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta
Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos
presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones
de tutela, ha definido como una “vía de hecho”16 17
16 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
17 La Sala advierte que en la sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional señaló que “no es posible
reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a
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16. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado se apartó del alcance
dado por la Corte Constitucional al concepto de error jurisdiccional, pues estimó
desacertado equiparar esta hipótesis de responsabilidad con la vía de hecho, en
la medida que “en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error
jurisdiccional, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor,
sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia
judicial”18.
17. Así, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el error
jurisdiccional puede implicar una decisión contraria a la realidad probatoria –error
fáctico– o al ordenamiento jurídico –error de derecho–, siempre que el yerro
correspondiente tenga incidencia tanto en el fondo de la providencia judicial
respectiva como en la afectación del patrimonio del demandante. Al respecto, se
ha indicado:
El error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone
diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no
consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental
un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la
procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el
hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó
en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo
o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se
aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una
directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas
inexistentes o derogadas u otros similares;
(…)
El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la
naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica
de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en
la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones
válidas de los hechos o derechos, y (…) la equivocación del juez o magistrado
debe incidir en la decisión judicial en firme (…)19
18. Finalmente, es importante destacar que si bien es verdad que la configuración
del error jurisdiccional se alejó del concepto de vía de hecho, por lo que no es
necesario que se esté ante un yerro grosero y abiertamente ilegal del operador
judicial para que este supuesto de responsabilidad resulte aplicable, no es menos
cierto que el alcance de la noción de error jurisdiccional mal podría llevarse al
extremo de considerar que cualquier yerro identificable en la providencia judicial,
propósito del error jurisdiccional”; sin embargo, posteriormente la misma Corte Constitucional en sentencia
C 038 de 2006, al analizar la responsabilidad del Legislador, señaló que el artículo 90 constitucional no hacia
“distingos en cuanto al causante del daño”, por lo que la responsabilidad se podía predicar de “cualquier
autoridad pública”.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de junio de 2012, expediente 24690,
CP Hernán Andrade Rincón. Con similar alcance pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia
de 28 de enero de 1999, expediente 14399, CP. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 2 de mayo de 2007,
expediente 15576, CP Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15128,
C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 27 de 2006, expediente 14837, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
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por sí solo, tendría la entidad un yerro judicial indemnizable. Menos aún
ostentaría la connotación de error jurisdiccional la mera divergencia o
discrepancia interpretativa que pudiera darse respecto de la justificación fáctica
o jurídica dada, por el juez natural del proceso correspondiente, a la decisión
censurada. Lo anterior desnaturalizaría el carácter excepcional de esta figura,
desconocería el margen de interpretación legítima y de autonomía que asiste a
las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de su función y convertiría de facto
al juez de lo contencioso administrativo en superior funcional del juez natural, así
como al proceso de reparación directa en instancia adicional a las que se
hubieren agotado en la controversia judicial de origen. Tal la razón por la cual se
ha expresado lo siguiente:
Solo podrá entenderse configurado el error jurisdiccional cuando se produzcan
decisiones carentes de argumentación o justificación jurídicamente plausible.
En otras palabras, habrá error judicial cuando la interpretación o el
razonamiento jurídico expuesto como fundamento de la decisión sea
irrazonable o abiertamente contrario a la Constitución, la ley, los reglamentos
que gobiernan la materia o excluyan situaciones fácticas o probatorias
manifiestamente acreditados en el proceso, pues, se itera, la mera divergencia
interpretativa con el criterio del fallador no constituye un error jurisdiccional, ya
que debe tratarse de una verdadera falla en el servicio o función de administrar
justicia y no cualquier discordancia20.
I. El caso concreto a la luz de los presupuestos de análisis expuestos
respecto del contenido, alcance y límites de la noción de error
jurisdiccional
19. En el expediente quedó acreditado que la sociedad Pesquera Mar & Redes
Ltda., promovió ante el Juez Civil del Circuito de Cartagena, demanda ejecutiva
contra la sociedad Transportes Calderón S.A.; a tal efecto utilizó como título base
de la ejecución el contrato de corretaje celebrado por las partes en mención el 29
de marzo de 201121 y una inspección judicial que presentó como prueba
anticipada la ejecutante22 para que, en cumplimiento de una obligación de dar,
se le ordenara al ejecutado “entregar el treinta 30% por ciento del total de los
veintiséis (26) vehículos adquiridos, lo cual equivale a un total de siete (7)
vehículos de las diferentes calidades y naturaleza”23.
20. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena de Indias, mediante
proveído del 8 de junio de 2012, libró mandamiento de pago por obligación de
dar en contra de la sociedad Transportes Calderón S.A., para que entregara “el
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de marzo de 2013, expediente 24841,
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
21 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 53 a 57 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
22 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 61 a 62 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
23 Ver, en este sentido, el auto de fecha 8 de junio de 2012, mediante el cual el Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Cartagena libró mandamiento de pago en favor de la parte ejecutante. Cfr. Índice 0002 de Samai
Consejo de Estado, folios 63 a 64 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
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treinta 30% por ciento del total de los veintiséis (26) vehículos adquiridos, lo cual
equivale a un total de siete (7) vehículos de las diferentes calidades y naturaleza
(…) junto con los documentos que acrediten su tenencia y posesión…” 24. Esta
decisión fue impugnada por la sociedad ejecutada mediante la interposición del
recurso de reposición y, posteriormente, confirmada por ese mismo despacho
judicial, a través de providencia calendada el 5 de septiembre de 201225.
21. Dentro del mismo proceso, posteriormente, el Juzgado Civil del Circuito de
Descongestión del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia de 27 de
junio de 2014, desestimó las excepciones de “inexistencia de los requisitos
sustanciales del título ejecutivo complejo, derivado de los documentos aportados
por el demandante; ausencia de una obligación de dar y falta de exigibilidad de
una obligación de hacer y objeción a los perjuicios moratorios y compensatorios”
y ordenó “seguir adelante con la ejecución en contra de la demandada
TRANSPORTES CALDERON S.A. y a favor de la parte demandante MAR y
REDES LTDA. en la forma anotada en el mandamiento de pago, teniendo en
cuenta los perjuicios moratorios conforme a lo pedido en la demanda y los
artículos 493 y 499 del C. de P. C.”26.
22. La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la mencionada
sentencia, impugnación que fue desatada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Civil-Familia, mediante sentencia
fechada el 4 de marzo de 2015, en la cual revocó en todas sus partes el fallo
recurrido y, en su lugar, dispuso negar la continuidad de la ejecución por falta de
título ejecutivo, a la vez que decretó la terminación del proceso. Esta es la
providencia a la cual la parte actora en el presente expediente atribuye el error
jurisdiccional que le habría causado los daños antijurídicos cuya reparación
reclama27.
23. El pronunciamiento judicial que en este proceso es censurado por la parte
actora inició su amplia fundamentación con la descripción y explicación de los
presupuestos tanto normativos como jurisprudenciales que gobiernan el examen
que debe efectuarse del título, singular o complejo, empleado por el demandante
como base del inicio de un proceso ejecutivo; dicha exposición partió de la
referencia a los requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de
Procedimiento Civil –Estatuto procesal vigente para la época– y de la
interpretación que respecto de su alcance hizo la jurisprudencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
24 Idem.
25 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 66 a 70 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
26 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 71 a 89 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
27 Índice 0002 de Samai Consejo de Estado, folios 90 a 115 del archivo
6_6_130012333000201700396013EXPEDIENTEDIGI20230911094022.pdf.
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24. Con base en tales presupuestos, el Tribunal planteó y sustentó la tesis de
acuerdo con la cual los documentos arrimados por el ejecutante como título,
carecían de la explicitud y claridad plena normativamente requeridas, “en la
medida en que la totalidad de las obligaciones concertadas dentro del acuerdo
de corretaje que se pretenden cobrar, lucen equívocas, ambiguas o confusas, por
no tener la suficiente inteligibilidad para diferenciar o distinguir, en forma diáfana
o palmaria, el contenido o alcance de la prestación que de cada una se dice
debida”.
25. Si bien es verdad que con ánimo de brevedad sería aconsejable sintetizar los
planteamientos principales de la sentencia cuestionada, no es menos cierto que,
en criterio de la Sala, nada resulta más ilustrativo respecto de si los fundamentos
que la sustentan disponen del nivel de coherencia, de rigor y de solidez
argumentativa exigibles de una providencia judicial a efectos de discernir si se
configuró, o no, el error aducido por la parte actora, que citar de manera textual
los elementos centrales de dicha motivación, con el fin de que defiendan o
pongan en tela de juicio, inicialmente por sí mismos, la juridicidad del
pronunciamiento en el cual fueron insertados:
En este punto, corresponde recordar, que conforme lo ha considerado la
jurisprudencia, es deber del juez, al momento de proferir sentencia en el proceso
ejecutivo, revisar el acierto en los términos interlocutorios de la orden de pago
proferida.
(…)
Es decir, que al momento de proferirse la sentencia, el juzgador no se encuentra
atado a lo dispuesto en el mandamiento de pago, pues, se advierte por la
jurisprudencia, que tal orden puede estar en discordancia con el documento
base de la ejecución y, por ende, la misma no tiene vocación vinculante al
momento de la decisión definitiva.
(…)
5. Ahora bien, en el sub lite, en primer lugar encuentra esta Corporación, que al
hacerse el análisis liminar de ejecutabilidad del título compuesto traído en cobro,
por las sumas dinerarias y la obligación de dar dispuesta en el mandamiento de
pago, tales rasgos (claridad, explicitud y exigibilldad) debían aparecer en
conjunto en el documento presentado para el recaudo coactivo;
Dicho de otro modo, al descender el Tribunal al análisis de las pruebas aducidas
por la parte demandante, no surge, con las características enunciadas en líneas
inaugurales de la parte motiva, un título ejecutivo que le permita deprecar al
extremo activo, por lo menos en este asunto, las pretensiones ejecutivas
formuladas en el libelo.
(…)
En efecto, siendo así que en el instrumento privado que subyace los términos
del contrato de corretaje pactado entre las partes en disputa, como primera
medida tiene que, en su cláusulas iniciales [primera y segunda], quedó
convenido, en torno al objeto del contrato y por el que causaría mérito de
ejecución dicha convención, que el corredor sí se obligaba a una obtención y
posterior cesión del contrato, que independientemente de su asertividad dentro
de la naturaleza contractual misma del corretaje, como negocio jurídico de
colaboración, hace que se extrañe o que falte, en la profusión de pruebas
aportadas para completar el titulo ejecutivo, que ello así se haya fraguado o
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realizado, permitiendo hacer exigible por esta vía expedita, que no ordinaria, el
cobro de dicha remuneración que allí vino pactada.
Aun en más y como segunda medida, entiende la Sala, que habiéndose
sometido el contrato de corretaje, en su antepenúltima cláusula [octava], a unas
modalidades ahí puntualizadas de aparente extinción, entre las que llama la
atención, la contemplada en el literal d), que estipula en torno a la terminación,
según ahí se manifiesta, que éste se concluía "[P]or no haberse celebrado
ningún contrato proyectado en los primeros quince 15 días de vigencia del
presente contrato", lo cierto es que en este asunto no allegó la parte interesada
en la ejecución plena prueba de haberse cumplido ese hecho, en la forma y
plazo ahí prevenido, tal como lo predispone el artículo 490 del C. de P. Civil,
sino que las probanzas aportadas apuntan a que se concluya que el negocio
jurídico que el corredor afirma promovido, no se verificó o al menos consumó
en dicho término de quince días posteriores a la firma del contrato, lo cual
demuestra, al rompe, que el susodicho cumplimiento de la obligación
condicional contenida en la cláusula primera y segunda del referenciado
contrato de corretaje, no compone mérito de ejecución al menos desde las
condiciones de lo pactado, independientemente, claro está, de los efectos
sustanciales de dicha cláusula en el mismo aspecto que en todo caso es
exógeno al trámite propuesto.
(…)
En este modo, se dispendió la instancia inicial a entrar en discusión sobre ya no
el instrumento y lo que de éste se desprende o desglosa, sino sobre las
obligaciones que emanan del negocio mercantil que vino fraguado para cada
una de las partes, que se itera, fue la manera como en últimas procedió el a-
quo, destacando la Sala que respecto de ello cabe objeción o reproche, en
tanto, dicha decisión se separa del axioma de lo indiscutible, propio de los
trámites ejecutivos, al de la interpretación personal directa respecto de los
derechos de retribución a que el corredor tuviere derecho, ámbito que como
bien lo señala el recurrente, pareciere estar más cercano al camino de la
discusión a fuerza de ejercicios hermenéuticos de los contratos o disquisiciones
jurídicas, que no son propias de esta clase de procesos, sino más bien de la
senda ordinaria, como si se estuviere persiguiendo en el petitum demostrar la
existencia del contrato de corretaje, sus efectos, validez, valor y cumplimiento
de la prestación por parte del corredor, lo cual a no dudarlo, para la Sala es
extraño y por demás chocante a la naturaleza misma de los procesos ejecutivos
singulares.
Por consiguiente, a condición de lo expuesto se colige que, en el preciso caso
de autos, el referido contrato de corretaje pactado entre las partes en litigio, no
contiene los requisitos puntuales de claridad y expresividad a que alude el
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para tenerla por constitutiva de
un título ejecutivo pleno para ser cobrado por esta vía desde el momento en que
se intercaló, por lo que se evidencia el desacierto de la ejecución seguida
adelante por parte del a-quo a través de la providencia recurrida, sin que ello,
de contera implique, que las susodichas obligaciones a las que se hace
referencia en la demanda resulten quiméricas o figuradas, pues se trata de un
aspecto suficientemente avistado en las cláusulas contractuales de dicho
instrumento, que bien podrán ser determinadas y comprobadas en el proceso
pertinente, más no a través del ejecutivo, al que acudió directamente la parte
demandante.
El tenor pactado y expresado por las partes en el contrato de corretaje, título
base de la ejecución, requería, en juicio ejecutivo, de la acreditación documental
(para traducir y configurar la complejidad del título) de la existencia de la cesión
a que alude el contrato, así como que ello, principalmente, hubiera acaecido
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dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su suscripción, sin que sea
procedente constituir tal complejidad por vía de inferencia interpretativa que
excede la expresividad misma de lo acordado cuya viabilidad no es discutible
en proceso ejecutivo, sino en ordinario (que de por sí ya cursa paralelamente
en el Juzgado Primero Civil del Circuito, conforme se deduce del
documento que obra a folio 130 del C. Principal. 2) que indague el alcance
de la gestión del comisionista y sus eventuales prestaciones económicas.
Senda procesal que igualmente es la apta para determinar y aclarar la
ambigüedad relacionada, entre otros, con el momento en que la demandada
debía hacer los pagos o la entrega material de la tenencia porcentual de los
vehículos , la aplicación de los producidos a los porcentajes pactados, máxime
si se tiene en cuenta que los vehículos que se afirma ingresaron a la operación
de transporte lo hicieron en número y características en fechas diversas, amén
que entre ellos la utilidad difería conforme al tipo de vehículo etc, tópicos sobre
los cuales además la primera instancia se muestra incongruente al ordenar en
el mandamiento la entrega material de los vehículos e insistir en ello en la
sentencia, denegando los perjuicios compensatorios, pese a que la parte actora
en oportunidad puso de presente el incumplimiento de lo dispuesto en la orden
ejecutiva.
Es más, la falta de completud del título ejecutivo al momento de allegarlo con la
presentación de la demanda igual se traduce en falta de claridad para
determinar el período " indemnizable" como quiera que se afirma que el contrato
de colaboración, que hermenéuticamente se asimila por el a-quo a la cesión de
que trata el contrato de corretaje, tuvo una duración de 11 meses, pero sin
embargo, a la demanda simplemente se anexa copia de la inspección judicial
realizada a solicitud de un tercero, en las 23 instalaciones de otro tercero
"Transpersonal del Caribe Ltda.", el día 13 de Octubre de 2011, esto es apenas
cerca de tres meses después de la suscripción del contrato de colaboración del
demandado con el tercero y cerca de dos (2) y un (1) mes, respectivamente,
después de la prestación del servicio de algunos vehículos en Agosto y
Septiembre de 2011, según las dos facturas de cobro que Transportes Calderón
presenta a Transpersonal del Caribe.
Por ningún lado se otea, que con la presentación del libelo, se haya arrimado el
documento, el acta de terminación o liquidación o la prueba anticipada que de
fe de la duración efectiva del contrato de colaboración entre la demandada y el
tercero "Transpersonal del Caribe Ltda." durante el periodo de 11 meses que se
pretenden cobrar. A lo sumo de la inspección judicial (si tuviere la aptitud de
acreditar el cumplimiento de la condición suspensiva, ello no eximía a la parte
Interesada de requerir al deudor para constituirlo en mora) se podría por vía de
inferencia concluir que el contrato de colaboración duró cerca de dos (2) meses.
A falta de completar la complejidad del título con la prueba idónea que acredite
la duración del contrato de colaboración, se torna hipotético e incierto el período
que se demanda, lo que aunado a los demás aspectos echados de menos
atenta determinantemente con (sic) la expresividad, exactitud y claridad
contundente que demanda el título para que sea por vía de ejecución y no por
el declarativo que se diriman las pretensiones del interesado.
(…)
13. Por lo que en definitiva, de conformidad con todo lo ilustrado en líneas y
acápites precedentes, cual se anunció, se impone al Tribunal revocar la
sentencia de primer grado, a propósito de la inexistencia del título ejecutivo y,
en consecuencia, decretar la terminación del proceso (…)” (subrayas fuera del
texto original, negrillas incluidas en él).
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26. La sola lectura de los apartes transcritos, en especial de los que esta Sala se
ha permitido destacar, de la sentencia dictada por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, evidencia lo infundado de las
aseveraciones de la parte actora en el presente proceso, al achacarle al
pronunciamiento de marras el supuestamente carecer de una justificación
jurídicamente atendible; la sentencia en comento no solamente no desconoció,
sino que amplia y coherentemente se apoyó tanto en las previsiones normativas
–en especial en lo preceptuado por el artículo 488 del CPC–, como en los
desarrollos jurisprudenciales en materia de procesos ejecutivos efectuados por
la Corte Suprema de Justicia, que resultaban de imperativa observancia e
ineludible aplicación en el caso concreto que estaba abocada a resolver.
27. Fue con fundamento en el examen del entramado fáctico del asunto específico
que debía decidir, realizado a la luz de los referidos presupuestos jurídicos, que
el Tribunal Superior de Cartagena arribó a la conclusión, en la sentencia a la cual
se achaca el error judicial en el litigio aquí sub lite, en el sentido de que no
resultaba jurídicamente plausible la orden de llevar adelante la ejecución que
había adoptado la primera instancia en el proceso civil, al echarse en falta las
condiciones reclamadas por el artículo 488 del CPC en los documentos
invocados como título, en esa sede, por la parte ejecutante.
28. No resultan atendibles los cuestionamientos de la sociedad demandante
expresados en el recurso de alzada en este proceso de reparación directa, en
cuanto a la pretendida “carencia de motivación jurídica y poca relevancia fáctica y
normativa” de la argumentación desarrollada por la Sala Civil- Familia del Tribunal
Superior de Cartagena pues, como lo evidencian los principales apartados de la
sentencia cuestionada, que la Sala prefirió transcribir ampliamente en
precedencia, dicho pronunciamiento sí motivó de forma completa,
argumentativamente coherente y con solidez tanto conceptual como expositiva,
su decisión de revocar la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de
Descongestión del Distrito Judicial de Cartagena para, en su lugar, negar la
continuidad de la ejecución y ordenar la terminación del proceso.
29. Todo con base en la sencilla pero robusta razón de advertir la inexistencia del
título ejecutivo, en tanto que el contrato de corretaje y la inspección judicial
anticipada catalogados por la parte ejecutante como tal, no podían caracterizarse
por la claridad y explicitud tanto legal como jurisprudencialmente exigidas. Al
contrario, el Tribunal Superior de Cartagena justificó con suficiencia por qué
circunstancias el análisis sobre el alcance de los mencionados documentos
desbordaba las posibilidades de un proceso ejecutivo y debía ser objeto de un
litigio ordinario de conocimiento cuya existencia, por lo demás, la propia sentencia
reprochada constató y puso de presente como justificación adicional de las
decisiones que adoptó.
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30. Lejos de haber desconocido los elementos probatorios allegados al proceso
ejecutivo –como lo adujo la sociedad aquí apelante–, la sentencia que se dice
incursa en error judicial estudió con detalle el contenido y alcance tanto del
aludido contrato de corretaje suscrito entre la sociedad Pesquera Mar & Redes
Ltda., y la Sociedad Transportes Calderón S.A., como de la citada inspección
judicial anticipada. Fruto de ese análisis adecuadamente estructurado y
desarrollado, pudo advertir que las obligaciones concertadas en dicho negocio,
en criterio del sentenciador civil, resultaban equívocas, ambiguas o confusas, por
no tener la suficiente inteligibilidad para diferenciar o distinguir, en forma diáfana,
el contenido y alcance de las prestaciones que cada una de las partes debía a la
otra, lo cual generó dudas que impedían predicar con suficiencia la existencia de
obligaciones claras, expresas y exigibles.
31. De manera concreta, la sentencia de la Sala Civil Familia analizó las cláusulas
primera, segunda y octava del contrato de corretaje y ello le condujo a concluir
que la obligación de hacer que se reclamaba, resultaba confusa e incompleta, bajo
el entendido de no haberse allegado al proceso ejecutivo prueba alguna que
permitiera tener por acreditado que efectivamente se hubiere cumplido la
condición suspensiva pactada, lo cual impedía predicar la exigibilidad de la
obligación por la vía ejecutiva. Y en lo concerniente a la inspección judicial,
también fue objeto de examen, que en criterio del Tribunal Superior de Cartagena
llevó a la conclusión de acuerdo con la cual esa prueba en modo alguno podía
equipararse a un acta de terminación que diera fe de la duración efectiva del
contrato de colaboración entre la demandada y el tercero "Transpersonal del
Caribe Ltda.”; por ende, carecía de la aptitud de acreditar el cumplimiento de la
condición suspensiva en mención, lo que a su vez radicaba en cabeza del
acreedor la carga de requerir al deudor para constituirlo en mora.
32. Todo lo expuesto sirve asimismo para evidenciar que resultan implausibles los
cuestionamientos formulados por la sociedad apelante respecto de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en este proceso, pues tampoco
se aprecia justificado afirmar que se trata de un pronunciamiento incongruente o
que no examinó los medios de prueba configurativos del título ejecutivo complejo,
ni aplicó las normas que regulan esta suerte de documentos. Contrario a lo
expresado en el recurso de alzada, el Tribunal Administrativo de Bolívar sí
relacionó y analizó, entre otros medios de prueba, (i) el multicitado contrato de
corretaje suscrito el 29 de marzo de 2011 entre Transportes Calderón S.A. y Mar
y Redes Ltda; (ii) el contrato de colaboración empresarial, suscrito el 14 de julio
de 2011, entre Transpersonal del Caribe Ltda. y Transportes Calderón S.A.; (iii)
la diligencia de inspección judicial realizada el día 13 de octubre de 2011, por el
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena, en la empresa Transpersonal del
Caribe Ltda.; (iv) los autos y sentencias proferidos por la justicia ordinaria
respecto de la demanda ejecutiva interpuesta por la aquí recurrente. Todo para
constatar que dichas probanzas fueron valoradas a la luz de la normatividad que
establece los requisitos que han de concurrir en el título que se pretende ejecutar.
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33. Así pues, tras identificar y examinar el precitado acervo probatorio, el Tribunal
Administrativo de Bolívar lo cotejó con el análisis realizado y las decisiones
adoptadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala de
Decisión Civil-Familia, en la sentencia de 4 de marzo de 2015, para concluir que
no se presentó el error jurisdiccional alegado, ni por evidenciarse error fáctico ni
por constatarse yerro normativo, pues para el Tribunal Administrativo la
enjuiciada no fue una sentencia carente de argumentación o sin una justificación
jurídicamente plausible, irrazonable o abiertamente contraria a derecho. Al
contrario, el de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena fue un
pronunciamiento fundamentado en los hechos probados en el expediente
respectivo, los cuales fueron valorados en su totalidad y de manera acorde tanto
con las normas legales como con los desarrollos jurisprudenciales aplicables al
caso en concreto.
34. En conclusión, para esta Sala lo pretendido por la sociedad aquí apelante es
que el juez contencioso administrativo irrumpa de modo injustificado en el ámbito
de autonomía interpretativa del juez natural, el civil ordinario en este caso, para
revisar su valoración probatoria y su aplicación normativa, erigiéndose así este
proceso de reparación directa en instancia adicional a las agotadas en el litigio
ejecutivo de origen, lo que a todas luces desborda los propósitos del contencioso
de la responsabilidad extracontractual del Estado. Ello impone confirmar la
sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda.
J. Costas
35. Habida cuenta de que el artículo 188 del CPACA28 estableció un régimen
objetivo de condena en costas, esto es que sin importar la conducta asumida por
las partes durante el proceso, las costas deben imponerse, en los términos del
artículo 365 del CGP29, a la parte vencida y de que el recurso de apelación no
prosperó, la parte apelante debe ser condenada en costas y agencias en derecho
de segunda instancia, las cuales serán tasadas y liquidadas por el tribunal de
primera instancia, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 366 del CGP30.
28 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
29 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código. (…)”
30 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior (…)”.
18
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00396-01 (70.338)
Demandante: Pesquera Mar y Redes Limitada
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la parte demandada, las cuales serán tasadas por el
tribunal de primera instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
(con firma electrónica) (con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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