Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00839-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00839-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00839-03
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
1 de diciembre de 2025
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189)
Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189)
Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
Demandado: La Nación – Rama Judicial
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que negó
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso
en primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda1.
SÍNTESIS
Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco imputan responsabilidad por el error
jurisdiccional judicial incurrido en el trámite de varios procesos judiciales
adelantados por la jurisdicción civil. La Sala confirma la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, porque la parte demandante
no demostró los errores judiciales endilgados; adicionalmente, se declara la falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial en relación con una
imputación formulada en contra de la Fiscalía General de la Nación, quien no fue
demandada.
1 Según el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 los Tribunales Administrativos conocen en
primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV lo que ascendía
a trescientos sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos ($368.858.000) al momento
de presentación de la demanda. En este caso, las pretensiones de la demanda excedían dicho monto.
1
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189)
Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. Los señores Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco presentaron demanda
el 10 de mayo de 2017 en ejercicio del medio de control de reparación directa en
contra de la Nación – Rama Judicial, de acuerdo con las siguientes pretensiones2:
PRIMERA. Declare a la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva del Consejo
Superior de la Judicatura, ser administrativamente responsable de los perjuicios
materiales y morales causados a los aquí demandantes señores JORGE ISAAC
RODELO MENCO y señor EDISON RAFAEL RODELO MENCO, por fallas o
faltas del servicio de la función judicial con defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia y actuación anormal e irregular, que condujo a
que las sentencias judiciales con firmeza material, proferidas tanto por el
juzgado treinta y seis dentro del proceso allí radicado Nº 11001 40 03 036 2006
00; (sic) y por el juzgado sexto dentro del proceso allí radicado Nº 11001 40 03
036 2006 (sic), civiles municipales de Bogotá, a la fecha de la presente no se
hayan forzado a cumplir las condenas allí registradas en contra de la
inmobiliaria JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA, y a favor de los aquí
demandantes.
(…)
SEXTA: Declare a la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva del Consejo
Superior de la Judicatura, ser administrativamente responsable de los perjuicios
materiales y morales causados a los aquí demandantes señores JORGE ISAAC
RODELO MENCO y señor EDISON RAFAEL RODELO MENCO, por fallas en el
servicio de la función judicial con defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia y actuación anormal e irregular DEL JUZGADO TREINTA CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ Y SU SUPERIOR FUNCIONAL, quienes a conocimiento
de la demanda ejecutiva, le negaron a las dos sentencias presentadas allí
como título ejecutivo esa condición que por excelencia la tiene, de prestar
mérito ejecutivo que es el objeto final de todo proceso; derecho de cosa
juzgada negado en la forma que están registrados arriba a lo largo de los
hechos 7 y 8; aun estando estas dos sentencias certificadas por cada uno de los
dos juzgados de origen, de ser primera copia, ser autenticadas y prestar merito
ejecutivo, acompañada de un amplio acervo probatorio.
SÉPTIMA: Declare a la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva del Consejo
Superior de la Judicatura, ser administrativamente responsable de los perjuicios
materiales y morales causados a los aquí demandantes señores JORGE ISAAC
RODELO MENCO y señor EDISON RAFAEL RODELO MENCO, por fallas en el
servicio de la función judicial con defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia y actuación anormal e irregular que se presentaron en la atención dada
POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL Y LABORAL DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; al conocer y resolver la acción de tutela allí
radicada Nº 11001 02 03 000 2015 00298 00 y 02, quienes en las dos instancias
denegaron el amparo constitucional a la cosa juzgada registradas en las dos
sentencias y autos de decisión presentados en la demanda ejecutiva, en la
2 La Sala advierte que durante la audiencia inicial se declaró parcialmente la caducidad del medio de control
en relación con varias imputaciones de la demanda, y dicha decisión fue confirmada por esta Corporación.
Por ende, las pretensiones declarativas transcritas corresponden a aquellas que se estimaron oportunas.
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
forma que están registrados arriba a lo largo de los hechos registrados a
numeral 8.
OCTAVA: Declare a la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva del Consejo
Superior de la Judicatura, SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS PADECIDOS POR LOS AQUÍ DEMANDANTES, a causa de las
fallas en el servicio de la función judicial con defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y actuación anormal e irregular, QUE SE
PRESENTARON EN LA ATENCIÓN DADA POR EL JUEZ SETENTA CIVIL
MUNICIPAL Y SU SUPERIOR FUNCIONAL, quienes a conocimiento de la nueva
demanda incoada por la inmobiliaria JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA; radicada
allí con el Nº 11001 40 03 070 2011 00935 00, se han negado a escuchar a los
allí demandados, quienes son los mismos aquí demandantes. Obrando y
profiriendo decisiones contrarias al derecho fundamental constitucional, a
la defensa como al debido proceso, incluso negándose a atender las
excepciones previas presentadas en la contestación de esa demanda, en la
forma que están registrados arriba a lo largo de los hechos, a numeral 6.
NOVENA: Declare a la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva del Consejo
Superior de la Judicatura, SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS PADECIDOS POR LOS AQUÍ DEMANDANTES, a causa de las
fallas en el servicio de la función judicial con defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y actuación anormal e irregular, QUE SE
PRESENTARON EN LA ATENCIÓN DADA A LA DENUNCIA PENAL CONTRA
QUIEN OCUPANDO EL CARGO DE JUEZ SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTÁ; al declarar no probado los daños y perjuicios obrando contrario a las
decisiones proferidas por otros anteriores jueces que ocuparon ese mismo
despacho judicial y atendieron el mismo procesos (sic) en incidente de reparación
de daños y perjuicios en la forma que están registrados arriba a numeral 5.20.
(…)3 (negrillas y subrayas del original).
2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo
siguiente:
2.1. La inmobiliaria Juan Gaviria Restrepo Ltda. promovió en contra de los señores
Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco un proceso de restitución de inmueble
arrendado, tramitado bajo el radicado 11001-40-03-036-2006-01087-00 por el
Juzgado treinta y seis (36) Civil Municipal de Bogotá. El proceso culminó con
sentencia del 24 de noviembre de 2008, confirmada el 2 de octubre de 2009, en
la que se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la
inmobiliaria.
2.2. La inmobiliaria también inició un proceso ejecutivo singular en contra de los
señores Rodelo Menco bajo el radicado 11001-40-03-006-2006-00935-00. En
este proceso, el Juzgado Sexto (6) Civil Municipal de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda en sentencia del 18 de mayo de 2009, y condenó al
pago de costas y perjuicios a la inmobiliaria. Los señores Rodelo Menco iniciaron
incidente de regulación de daños y perjuicios, pero el juzgado negó las
pretensiones del incidente en providencia del 18 de febrero de 2011.
3 Pretensiones transcritas del memorial de reforma de la demanda fls. 61 a 128 cuaderno 1.
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
2.3. Los señores Rodelo Menco interpusieron denuncia penal contra el Juez Sexto
(6) Civil Municipal de Bogotá por haber omitido la indemnización de perjuicios en
el trámite del incidente de regulación de perjuicios. La denuncia le correspondió
al Fiscal 73 Delegado ante los Tribunales de Bogotá, el cual resolvió la denuncia
“en tiempo récord” sin “investigación alguna”.
2.4. Los señores Rodelo Menco promovieron demanda ejecutiva singular contra
la inmobiliaria para obtener el pago de las costas y perjuicios reconocidos en las
sentencias proferidas dentro de los procesos 11001-40-03-036-2006-01087-00 y
11001-40-03-006-2006-00935-00. Dicho proceso, identificado con el radicado
11001-31-03-030-2014-00358-00, fue tramitado ante el Juzgado Treinta (30) Civil
del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto del 4 de junio de 2014, negó el
mandamiento de pago. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de
Bogotá en providencia del 30 de enero de 2015, al considerar que las
mencionadas sentencias no contenían una obligación clara, expresa y exigible.
2.5. El señor Jorge Isaac Rodelo Menco promovió acción de tutela contra las
referidas decisiones judiciales, al considerar vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso. Dicha acción, radicada bajo el número 11001-02-03-000-
2015-00298-00, fue resuelta de manera desfavorable por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 25 de febrero de
2015, decisión que fue confirmada por la Sala de Casación Laboral en
providencia del 26 de mayo del mismo año.
2.5. Paralelamente, la inmobiliaria Juan Gaviria Restrepo Ltda. presentó una
nueva demanda de restitución de inmueble arrendado en contra de los señores
Rodelo Menco que se tramitó con el radicado 11001-40-03-070-2011-00935-00.
El Juzgado setenta (70) Civil Municipal de Bogotá, en sentencia del 31 de marzo
de 2016, declaró la terminación del contrato de arrendamiento del local comercial
por falta de prueba del pago de los cánones, ordenó la restitución del inmueble y
condenó en costas a los señores Rodelo Menco.
2.6. Los demandantes aducen que se presentaron “fallas en el servicio de la
función judicial con defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”,
por tres motivos:
2.6.1. En las sentencias proferidas en el proceso de restitución de inmueble
arrendado, radicado 11001-40-03-036-2006-01087-00, y en el ejecutivo singular,
radicado 11001-40-03-006-2006-00935-00, no se sancionó a la inmobiliaria con
multa por faltar a la verdad; además, en el proceso ejecutivo singular no se
reconocieron los perjuicios solicitados dentro del incidente de regulación de
perjuicios.
Las sentencias del proceso ejecutivo singular 11001-31-03-030-2014-
2.6.2.
00358-00 y de la acción de tutela 11001-02-03-000-2015-00298-00 se negaron
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
injustificadamente librar mandamiento de pago respecto de las dos (2) sentencias
favorables a los demandantes.
2.6.3. En el proceso de restitución de inmueble arrendado 11001-40-03-070-2011-
00935-00 se declaró la terminación del contrato de arrendamiento y se ordenó la
restitución del inmueble, sin que se hubiese dado trámite a las excepciones
propuestas por los señores Rodelo Menco.
B. Posición de la parte demandada
3. La Nación – Rama Judicial propuso la excepción de caducidad del medio de
control, toda vez que la imputación de responsabilidad se ceñía a las providencias
que negaron librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que adelantaron
los demandantes, y la demanda se formuló más de dos (2) años después de la
ejecutoria de la providencia de segunda instancia de dicho proceso. Agregó que
también procedía la excepción de “culpa de la víctima” habida cuenta que la
decisión de negar el mandamiento de pago se fundamentó en que los
demandantes no probaron los perjuicios dentro del incidente de regulación de
perjuicios que adelantaron.
C. Trámite relevante en primera instancia
4. En la demanda se solicitó, como medida cautelar, la suspensión de la sentencia
proferida por el Juzgado Setenta (70) Civil Municipal de Bogotá en el proceso de
restitución de inmueble arrendado radicado con el número 11001-40-03-070-
2011-00935-00. Esta medida fue rechazada por el Tribunal mediante auto del 22
de enero del 20184.
5. En la audiencia inicial llevada a cabo el 3 de octubre de 2018 se declaró la
caducidad respecto de las pretensiones relacionadas con el proceso de
restitución de inmueble arrendado, radicado 11001-40-03-036-2006-01087-00, el
ejecutivo singular, radicado 11001-40-03-006-2006-00935-00, y la providencia
que negó librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo adelantado por los
demandantes bajo el radicado 11001-31-03-030-2014-00358-005.
6. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, el cual fue resuelto por esta Corporación en auto del 24 de julio de
20196. En la providencia se confirmó la excepción de caducidad respecto de los
errores judiciales alegados en relación con las sentencias proferida en el primer
proceso de restitución de inmueble arrendado y en el primer proceso ejecutivo
4 Folios 37 y 38 cuaderno 13. Contra la decisión se interpuso recurso de apelación que fue rechazado (Folios
42 y 43 cuaderno 13), e igualmente recurso de queja, que fue resuelto por esta Corporación en auto del 12
de diciembre de 2019 en el sentido de estimar bien denegado el recurso de apelación (Folios 60 y 61
cuaderno 13).
5 Folios 199 a 202 cuaderno 14.
6 Folios 215 a 225 cuaderno 14
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
singular. Sin embargo, se revocó la decisión en relación con las pretensiones
relacionadas con las providencias que se negaron a librar mandamiento de pago
dentro del proceso ejecutivo adelantado por los demandantes bajo el radicado
11001-31-03-030-2014-00358-00.
7. En la decisión adoptada por esta Corporación, además, dispuso lo siguiente:
i) estimó oportunas las pretensiones relacionadas con las providencias
proferidas en el proceso ejecutivo 11001-31-03-030-2014-00358-00 y la acción
de tutela 11001-02-03-000-2015-00298-00 porque eran conexas, y el cómputo
de la caducidad solo inició a partir del 25 de junio de 2015, día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia que resolvió la tutela en segunda instancia, pues solo
con la decisión que negó el amparo fue que los demandantes tuvieron certeza de
su daño7; ii) también consideró oportuna la demanda en relación con la sentencia
proferida en el proceso de restitución de inmueble arrendado identificado con el
radicado 11001-40-03-070-2011-00935-00, contabilizada desde el 7 de abril
2016, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que ordenó la restitución, y iii)
en relación con la imputación de responsabilidad por la denuncia penal, indicó
que al “no encontrarse prueba en el expediente para establecer la fecha desde
la cual debe realizarse la contabilización de la caducidad, el análisis deberá
hacerse al momento de la sentencia” 8.
D. Sentencia recurrida
8. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 3 de diciembre de 2020, negó las pretensiones
de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante con base en las
siguientes consideraciones:
8.1.Negó la configuración de error jurisdiccional en las providencias que
denegaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo 11001-31-03-030-
2014-00358-00 que adelantaron los demandantes, porque las sentencias que se
pretendían ejecutar —esto es, las proferidas en los procesos de restitución de
inmueble arrendado radicado 11001-40-03-036-2006-01087-00 y en el ejecutivo
singular radicado 11001-40-03-006-2006-00935-00— no contenían una
7 El auto señaló “Como ya se precisó, el término de caducidad del medio de control de reparación directa
por error judicial se debe contabilizar desde que cobra ejecutoria la decisión judicial contentiva del error, no
obstante, cuando el justiciable interpone acción de tutela antes de presentar la demanda de reparación
directa con la finalidad de corregir el mismo error, en criterio de este Despacho el término debe contabilizarse
a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de tutela, toda vez que es a partir de ese momento
que el demandante tiene certeza de la existencia del error y de su carácter inmodificable, que abre camino
a la reclamación judicial por responsabilidad del Estado. Es desde allí que debe contarse el término porque
el daño que el demandante persigue evitar con la acción de tutela y que luego reclama en la acción de
reparación directa, es exactamente el mismo y lo causa la providencia en la que se alega la existencia del
error.”
8 La Sala advierte que en la parte resolutiva de esta decisión se señaló que también se confirmaba la
excepción de caducidad respecto del proceso “2011-935 [adelantado] ante el Juzgado 70 Civil Municipal de
Bogotá”. No obstante, dicha afirmación corresponde a un error de la providencia en la medida que el Tribunal
no declaró la excepción frente a esa imputación, además que en la parte considerativa de la providencia
interlocutoria se estimó “oportuna” la referida imputación.
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189)
Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
obligación clara, expresa y exigible. Añadió que la sentencia dictada en el último
de los procesos mencionados supeditó el reconocimiento de perjuicios a su
liquidación mediante incidente, trámite dentro del cual fueron rechazadas las
pretensiones de los demandantes.
8.2. Advirtió que la acción de tutela fue promovida como un mecanismo para
someter las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo a una tercera instancia.
Añadió que no se demostraron cuáles fueron las irregularidades u omisiones en
las que incurrieron las decisiones en sede de tutela, y que el reproche consistió
en simples discrepancias en la valoración realizada por los jueces
constitucionales, las cuales, por sí solas, no configuran un error jurisdiccional,
pues para su estructuración se requiere demostrar que dicha valoración fue
abiertamente irrazonable, circunstancia que no se acreditó.
8.3. Finalmente, destacó que en el proceso de restitución de inmueble arrendado
identificado con el radicado 11001-40-03-070-2011-00935-00 se profirió
sentencia de lanzamiento sin dar trámite a las excepciones formuladas por los
señores Rodelo Menco, habida cuenta de que la causal de restitución invocada
correspondía a la mora en el pago de las obligaciones de los señores Rodelo
Menco, quienes no demostraron estar al día. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 424 del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil, en
adelante, “CPC”, la parte demandada no sería oída durante el proceso al no
consignar el valor adeudado ni aportar prueba que acreditara encontrarse al día
en el cumplimiento de sus obligaciones.
8.4. Condenó en costas a la parte demandante, y por concepto de agencias en
derecho ordenó el pago de siete millones de pesos ($7.000.000).
E. Recurso de apelación
9. La parte demandante solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia
con fundamento en los siguientes reparos9:
9.1. La decisión de primera instancia incurrió en errores de hecho y de derecho,
porque no valoró adecuadamente el acervo probatorio ni reconoció la falla en el
servicio de la administración de justicia. Los señores Rodelo Menco obtuvieron
dos sentencias favorables —en los procesos radicados 11001-40-03-036-2006-
01087-00 y 11001-40-03-006-2006-00935-00— que condenaron a la inmobiliaria,
pero cuyo cumplimiento no fue forzado por diversos jueces.
9.2. “Las dos sentencias, fueron sometidas a incidente de daños y perjuicios”; sin
embargo, de manera irregular en dicho incidente se exoneró de responsabilidad
9 fls. 526 a 542 cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189)
Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
a la inmobiliaria, pese a que inclusive contestó la demanda incidental de forma
extemporánea.
9.3. La decisión de primera instancia “no pudo negar la falla del servicio” en que
se incurrió en el proceso ejecutivo 11001-31-03-030-2014-00358-00 que
adelantaron los demandantes contra la inmobiliaria, pues no se libró
mandamiento de pago en desconocimiento de que las dos sentencias aportadas
eran títulos ejecutivos complejos; además se desconoció el principio de
reparación integral y la posibilidad de condenar en abstracto a la reparación de
perjuicios.
9.4. Tampoco se desvirtuó el error en que incurrieron los jueces de tutela que
revisaron decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo singular adelantado por
los demandantes. Los jueces constitucionales se negaron a forzar el
cumplimiento de las dos sentencias que reconocían unos perjuicios a favor de los
señores Rodelo Menco, incurriendo, así, en la violación de derechos
fundamentales.
9.5. Mucho menos se desvirtuó la falla del servicio atribuible al Juzgado 70 Civil
Municipal de Bogotá en el proceso No. 11001-40-03-070-2011-00935-00, que
resolvió la restitución del inmueble sin atender las excepciones presentadas por
los señores Rodelo Menco. La decisión de primera instancia aplicó de manera
parcial el artículo 424 del CPC, y negó la aplicación de los artículos 515 a 524 del
Código de Comercio y el artículo 1609 del Código Civil, según el cual no podía
considerarse en mora a los Rodelo Menco mientras la inmobiliaria no cumpliera
las condenas impuestas a su favor.
9.6. La decisión de primera instancia revictimizó a los demandantes, pues no solo
no se ejecutaron las dos sentencias a su favor “convertidas en burla”, sino que,
por el contrario, se les condenó en costas.
F. Trámite relevante en segunda instancia
10. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante auto del
27 de agosto de 202110. Posteriormente, en providencia del 9 de noviembre de
2022, se negó una solicitud probatoria elevada por los demandantes11,
providencia que a su vez fue confirmada vía reposición el 13 de diciembre de
202212.
10 Folio 183 cuaderno principal
11 La solicitud probatoria consistía en “la publicación del Consejo Superior de la Judicatura de fecha febrero
16 de 2021” con la cual pretendía acreditar la postulación del magistrado Juan Carlos Garzón Martinez,
ponente del fallo de primera instancia, como aspirante al Consejo de Estado.
12 Folio 185 cuaderno principal.
8
Radicado: 25000-23-36-000-2017-00839-03 (67189)
Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
11. Finalmente, mediante auto del 10 de febrero de 2023, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión13. La parte demandante insistió en el
planteamiento del recurso de apelación, mientras que la Rama judicial solicitó la
confirmación de la sentencia de primera instancia14. El Ministerio Público no rindió
concepto.
II. CONSIDERACIONES
G. Oportunidad del medio de control ejercido con la demanda
12. La Sala reitera que mediante decisión ejecutoriada se declaró la caducidad
respecto de las imputaciones de error jurisdiccional endilgadas en el trámite de
los procesos de restitución de inmueble arrendado, radicado 11001-40-03-036-
2006-01087-00, y el ejecutivo singular, radicado 11001-40-03-006-2006-00935-
00. En consecuencia, la Sala se abstendrá de analizar la responsabilidad frente
a las referidas imputaciones.
13. Precisado lo anterior, se analizará la oportunidad de las demás imputaciones
de responsabilidad formuladas en la demanda. En efecto, si bien esta
Corporación, en auto del 24 de julio de 2019, estimó oportunas las demás
imputaciones, lo cierto es que los autos interlocutorios que rechazan excepciones
no hacen tránsito a cosa juzgada. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al
resolver un reparo vía tutela contra una decisión de esta Corporación en la que
se apartó de una decisión interlocutoria, señaló lo siguiente:
Teniendo en cuenta el anterior recuento probatorio, la Sala Plena considera que
respecto de los autos que declararon no probadas las excepciones de inepta
demanda por escogencia del medio de control y de caducidad del medio de control
de reparación directa, y que rechazó el recurso de apelación contra esa decisión
porque el Ministerio Público carecía del interés para recurrir, no es predicable el
principio procesal de la cosa juzgada judicial que fijan los artículos 189 del CPACA
y 303 del CGP, en tanto son providencias judiciales que están lejos de constituir
una sentencia ejecutoriada o un auto ejecutoriado que pone fin al proceso de forma
atípica. Solo respecto de estas categorías de providencias judiciales es que opera
la cosa juzgada judicial bajo las características de ser definitiva, inmutable e
inmodificable.15
14. En sentido similar, esta Corporación, con apoyo en jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y de la doctrina, ha señalado que el juez puede reexaminar
aquellas excepciones que fueron rechazadas durante el curso del proceso:
La Sala estima que es del caso retomar el tema [de la caducidad], no solo porque
la demandada reiteró su solicitud y los argumentos que la apoyan sino, además,
porque lo ocurrido en el incidente de excepciones no es óbice para un nuevo
pronunciamiento, como pasa a verse. La Corte Suprema de Justicia ha
considerado que es deber del juez volver a considerar y decidir sobre una
13 Folio 186 cuaderno principal
14 Índices 32 y 33 Samai
15 Corte Constitucional, SU 335 de 2023, MP Diana Fajardo Rivera
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excepción que ha sido negada como previa, cuando ella afecta la existencia misma
del proceso; así lo manifestó en sentencia del 26 de octubre de 2000: “(…) Desde
luego que si las excepciones previas fracasan y el proceso continúa su trámite,
nada obsta para el reexamen de la cuestión con ocasión de la sentencia, porque
la providencia que resuelve negativamente las excepciones previas carece de
fuerza vinculante con respecto a la sentencia que habrá de resolver el litigio, por
cuanto el juez no puede soslayar el deber de examinar oficiosamente las
condiciones de existencia y validez formal del proceso, es decir, los presupuestos
procesales, que, como quedó expuesto, son los que en principio se procuran
controlar con las excepciones procesales en comentario”. La anterior
consideración, tiene mayor fundamento cuando se trata de las llamadas
excepciones mixtas, entre las cuales se encuentra la de caducidad; así lo ha
manifestado la doctrina [Hernán Fabio López Blanco]: “ En verdad, las excepciones
mixtas de cosa juzgada, transacción y caducidad tienen como consecuencia
extinguir el proceso cuando se declaran probadas; (…) Sin embargo, y tal como se
advirtió cuando se declara no probada la excepción, el único efecto es el de
ordenar la prosecución del trámite, pero esto no impide que prosiga el debate y en
la etapa probatoria del proceso se alleguen otras pruebas que acredite
inequívocamente la existencia de la excepción y que ésta se declare probada en
la sentencia, en abierta contradicción con lo definido tiempo atrás.”. De acuerdo
con lo dicho, el hecho de que se negara la excepción de caducidad como previa,
no inhibe de ninguna manera a la Sala para volver a examinar dicha excepción en
la presente instancia16.
15. Finalmente, se destaca que la caducidad opera por el solo transcurso del
tiempo establecido por el legislador, y “por ser de orden público, es indisponible,
irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos
fácticos, puede declararla de oficio, inclusive en contra de la voluntad de las
partes”17. En efecto, el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso, en adelante, “CGP”, establece que el juez debe reconocer
oficiosamente en la sentencia los hechos que constituyen una excepción, salvo
las de prescripción, compensación y nulidad relativa que sí requieren petición de
parte.
16. La Sala estima que para la fecha de presentación de la demanda, 10 de mayo
de 2017, ya había fenecido el plazo para acudir a la administración de justicia e
imputar responsabilidad por las providencias proferidas en el proceso ejecutivo
11001-31-03-030-2014-00358-00. En efecto, el cómputo de caducidad en casos
de error jurisdiccional inicia a partir de la ejecutoria de la providencia acusada de
error, y, en este caso, la sentencia de segunda instancia de dicho proceso cobró
ejecutoria el 4 de febrero de 2015, día siguiente a la notificación del auto del
Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la decisión del juzgado de negar el
mandamiento de pago18. Así, la demanda presentada el 10 de mayo de 2017 fue
extemporánea, y sin que la conciliación prejudicial hubiese suspendido el término
porque se presentó el 9 de marzo de 201719, cuando el término había expirado.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de junio de 2005, expediente 73001-23-31-000-
2002-00003-01(AG), CP Alier Hernández Enríquez.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2006, expediente 15323, CP Mauricio
Fajardo Gómez
18 Folio 15 cuaderno 11
19 Y se declaró fallida el 9 de mayo de 2017 (folio 417 cuaderno 1)
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17. La Sala no comparte el criterio esbozado en el auto interlocutorio proferido por
esta Corporación, según el cual el término debe computarse desde la ejecutoria
de la sentencia de segunda instancia del proceso de tutela, puesto que el trámite
de tutela no es un recurso ordinario contra la providencia judicial acusada de
error. Al respecto, esta Subsección, en reciente decisión, señaló lo siguiente:
En relación, con los argumentos del recurso de apelación, la Sala destaca que
no resulta procedente admitir que la presentación de la acción de tutela prolongó
el inició (sic) del cómputo de caducidad, toda vez que se trata de un mecanismo
extraordinario que no afecta la firmeza de la decisión, en principio, como en
efecto sucedió en este caso. Es decir que la acción de tutela contra providencias
judiciales no es uno de los recursos que, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley
270 de 1996, constituyen presupuestos para la existencia de un error
jurisdiccional, sino de un mecanismo excepcional, que no se exige para examinar
esta hipótesis de responsabilidad del Estado, ni su ejercicio amplía el término de
caducidad de la acción de reparación directa; además, porque su ejercicio no
está sujeto a la voluntad del demandante, lo cual no puede alterar los términos
de caducidad, pues se trata de una figura de orden público20.
18. La imputación de responsabilidad en relación con el error jurisdiccional del que
se acusa las sentencias proferidas dentro del proceso de tutela 11001-02-03-000-
2015-00298-00 sí son oportunas. En este caso, la demanda presentada el 10 de
mayo de 2017 es oportuna porque la sentencia de segunda instancia del proceso
de tutela proferida el 26 de mayo de 2015 cobró ejecutoria el 24 de junio de
201521.
19. En relación con la imputación de responsabilidad relacionada con el proceso
de restitución de inmueble arrendado tramitado bajo el radicado 11001-40-03-
070-2011-00935-00, se advierte que el cómputo de caducidad inició el 9 de abril
de 2016, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que ordenó la restitución22.
Por ende, la demanda presentada el 10 de mayo de 2017, fue oportuna.
H. Falta de legitimación en la causa de la entidad demandada en relación
con la responsabilidad por la denuncia penal
20. Se advierte que en la demanda se imputó responsabilidad por el trámite de la
denuncia penal que formularon los demandantes en contra del Juez Sexto (6)
Civil Municipal de Bogotá; pero, la decisión de primera instancia no se pronunció
sobre la referida imputación. Al respecto, se pone de presente que el artículo 287
del CGP23 ordena que el juez de segunda instancia complemente la sentencia
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente
08001-23-33-000-2020-00364-01 (72303), CP Alberto Montaña Plata
21 La sentencia fue notificada el 19 de junio de 2015, por lo que su ejecutoria fue el 24 de junio de 2015
según el artículo 302 del CGP. (Folio 71 cuaderno 11).
22 Folio 326 cuaderno 1.
23 “ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
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del inferior sobre cualquiera de los extremos de la litis que debía ser objeto de
pronunciamiento, a condición de que la “parte perjudicada con la omisión haya
apelado”, requisito que se cumple en este caso.
21. Sobre la referida imputación lo procedente es declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Rama Judicial, pues la demanda se dirigió
únicamente en contra de esta, y no en contra de la Fiscalía General de la Nación,
que era la entidad llamada a responder por el trámite que se le dio a la referida
denuncia. Esta Sección en auto de unificación del 25 de septiembre de 2013
dispuso que, a partir de la Ley 446 de 1998, la representación de la Fiscalía
General de la Nación está en cabeza del Fiscal General de la Nación y no del
Director Ejecutivo de Administración Judicial, por lo que las demandas en contra
de aquella deben formularse en contra de la Fiscalía y no la Rama Judicial:
[E]n aquellos [procesos] iniciados a partir de la ejecutoria de esta providencia, sea
el Fiscal General de la Nación quien la represente, cuando el daño imputado sea
atribuible a un funcionario de esa institución, lo cual supondrá la aplicación
irrestricta al postulado de los artículos 149 del C.C.A. y 159 de la ley 1437 de 2011
–nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo–
que en esta materia reproduce lo contenido por la modificación introducida por la
ley 446 de 1998 al C.C.A., es decir, que el Fiscal General de la Nación es la
autoridad encargada de representar a la Nación en los procesos que se adelanten
contra ella por actuaciones imputables a la Fiscalía General.24
I. Sentido de la decisión
22. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, porque la parte demandante no demostró los errores judiciales
endilgados, y los reparos presentados en el recurso de apelación resultan
insuficientes para revocar la providencia del tribunal.
23. En la primera parte, la Sala se referirá a la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional y, en la segunda, a la inexistencia de responsabilidad en el caso
concreto.
J. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria”.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse
también la providencia principal.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, providencia del 25 de septiembre de 2013, expediente
20420, CP Enrique Gil Botero
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24. En la demanda se indicó que la imputación de responsabilidad se efectuaba
por las “fallas en el servicio de la función judicial con defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia”. No obstante, lo cierto es que las diferentes
censuras que se plantearon en la demanda se dirigieron en contra de
providencias judiciales, por lo que el caso debe analizarse bajo la óptica del error
jurisdiccional.
25. En los términos del artículo 90 constitucional el Estado es responsable por los
daños antijurídicos que le resulten imputables; norma que no restringe la
responsabilidad del Estado respecto de alguna rama del poder público o algún
segmento de las autoridades públicas, y que, por ende, implica que las
autoridades judiciales pueden originar, eventualmente, hipótesis de
responsabilidad del Estado en los términos señalados.
26. La Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
desarrolló las diferentes hipótesis de responsabilidad de la administración de
justicia, sin que pueda señalarse que fue con esta ley que surgió la posibilidad
de endilgar responsabilidad de este tipo, pues, como se vio, la Constitución
Política ya la avalaba. Las hipótesis fueron responsabilidad por privación injusta
de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y por
error jurisdiccional. Sobre esta última la norma señaló:
ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad
investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso,
materializado a través de una providencia contraria a la ley.
ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error
jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado
cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.
(…)
ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. El daño se entenderá como
debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave
o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará
de responsabilidad al Estado.
27. De las normas transcritas, es claro que el error jurisdiccional es aquella
hipótesis de responsabilidad por la función judicial en la que la censura se dirige
directamente contra una providencia judicial emitida por parte de una autoridad
jurisdiccional. Además, el legislador estableció solo dos presupuestos para la
procedibilidad de la responsabilidad por error jurisdiccional, siendo estos que la
providencia censurada esté en firme y que el afectado hubiese interpuesto “los
recursos de ley” so pena de que se configure la excepción de culpa exclusiva de
la víctima.
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28. Ahora bien, el legislador también estableció que el error jurisdiccional se
presenta cuando la providencia es “contraria a la ley”, aspecto en el cual es
relevante analizar el alcance que le ha dado la jurisprudencia:
28.1. La Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, que realizó el control
previo de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de administración de
justicia, señaló que no cualquier error puede comprometer la responsabilidad por
error jurisdiccional, sino que debe enmarcarse dentro de las hipótesis de vía de
hecho:
[l]a situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o
desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo
administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe
enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y
flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de
duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad
con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error
jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la
jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido
como una “vía de hecho”25 26
28.2. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado se apartó del alcance
dado por la Corte Constitucional al error jurisdiccional, pues estimó desacertado
equiparar esta hipótesis de responsabilidad con la vía de hecho, en la medida
que “en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error
jurisdiccional, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor,
sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia
judicial”27.
28.3. Así, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el error
jurisdiccional puede implicar una decisión contraria a la realidad probatoria (error
fáctico) o al ordenamiento jurídico (error de derecho), y que el error en ella
contenido incida en la decisión judicial. Al respecto, se ha indicado:
(…) El error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero,
supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no
consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un
25 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
26 La Sala advierte que en la sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional señaló que “no es posible
reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a
propósito del error jurisdiccional”; sin embargo, posteriormente la misma Corte Constitucional en sentencia
C 038 de 2006, al analizar la responsabilidad del Legislador, señaló que el artículo 90 constitucional no hacia
“distingos en cuanto al causante del daño” por lo que la responsabilidad se podía predicar de “cualquier
autoridad pública”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de junio de 2012, expediente 24690,
CP Hernán Andrade Rincón. Con similar alcance pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia
de 28 de enero de 1999, expediente 14399, CP. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 2 de mayo de 2007,
expediente 15576, CP Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15128,
C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la
procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el
hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en
un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de
derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al
caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o
indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o
derogadas u otros similares;
(…) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la
naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de
soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la
esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas
de los hechos o derechos, y (…) la equivocación del juez o magistrado debe incidir
en la decisión judicial en firme (…)28
28.4. Finalmente, es importante destacar que si bien la configuración del error
jurisdiccional se alejó del concepto de vía de hecho, por lo que no es necesario
que se esté ante un yerro grosero y abiertamente ilegal del operador judicial, lo
cierto es que el alcance de la configuración de error jurisdiccional no se puede
llevar al extremo de considerar que cualquier yerro judicial constituye, por sí solo,
un error jurisdiccional indemnizable. Lo anterior desnaturalizaría el carácter
excepcional de esta figura y desconocería el margen de interpretación legítima
que asiste a los jueces en el ejercicio de su función. Así:
Solo podrá entenderse configurado el error jurisdiccional cuando se produzcan
decisiones carentes de argumentación o justificación jurídicamente plausible. En
otras palabras, habrá error judicial cuando la interpretación o el razonamiento
jurídico expuesto como fundamento de la decisión sea irrazonable o abiertamente
contrario a la Constitución, la ley, los reglamentos que gobiernan la materia o
excluyan situaciones fácticas o probatorias manifiestamente acreditados en el
proceso, pues, se itera, la mera divergencia interpretativa con el criterio del
fallador no constituye un error jurisdiccional, ya que debe tratarse de una
verdadera falla en el servicio o función de administrar justicia y no cualquier
discordancia29.
K. Inexistencia de los errores judiciales imputados
29. Se procede al estudio de los errores judiciales endilgados en la demanda de
acuerdo a los reparos concretos formulados en el recurso de apelación, pues se
estima que se reúnen los presupuestos legales previos para la configuración de
error jurisdiccional: la censura se dirige contra providencias judiciales en firme, y
respecto de las cuales se interpusieron los recursos de ley.
30. En primera medida, se advierte que los demandantes, tanto en la demanda
como en el recurso de apelación, señalan que los errores judiciales reprochados
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 27 de 2006, expediente 14837, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 6 de marzo de 2013, expediente 24841,
C.P. Jaime Orlando Santofimio
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consistieron en que no se ejecutaron ni cumplieron “dos (2) sentencias”
favorables a los señores Rodelo Menco.
31. Las dos (2) sentencias a las que hace alusión la parte demandante
corresponden a las proferidas en los procesos 11001-40-03-036-2006-01087-00
y 11001-40-03-006-2006-00935-00, respecto de las cuales es necesario realizar
las siguientes precisiones:
31.1. El proceso 11001-40-03-036-2006-01087-00 correspondió a una demanda
de restitución de inmueble arrendado que promovió la inmobiliaria Juan Gaviria
Restrepo Ltda. en contra de los señores Rodelo Menco. El referido proceso fue
asignado al Juzgado treinta y seis (36) Civil Municipal de Bogotá el cual en
sentencia del 24 de noviembre de 200830 negó pretensiones y condenó en costas
a la inmobiliaria, decisión confirmada por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Civil del
Circuito de Bogotá en sentencia del 2 de octubre de 200931.
31.2. Por su parte, el proceso 11001-40-03-006-2006-00935-00 correspondió a
una demanda ejecutiva singular que la inmobiliaria adelantó en contra de los
señores Rodelo Menco. En este proceso, el Juzgado Sexto (6) Civil Municipal
Adjunto de Bogotá negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 18 de
mayo de 2009, y condenó al pago de costas y perjuicios a la inmobiliaria 32. Los
señores Rodelo Menco iniciaron incidente de regulación de daños y perjuicios 33,
pero el juzgado negó las pretensiones del incidente en providencia del 18 de
febrero de 201134.
32. La demanda ejecutiva que iniciaron los demandantes no pretendió la ejecución
de las dos (2) sentencias anteriormente referenciadas. En efecto, el proceso
ejecutivo singular, que se tramitó bajo el radicado 11001-31-03-030-2014-00358-
00, únicamente pretendió la ejecución de la sentencia proferida el 18 de mayo de
2009 por el Juzgado Sexto (6) Civil Municipal de Bogotá. Al respecto, en la
demanda ejecutiva se señaló lo siguiente:
La sentencia judicial aquí presentada es por excelencia título ejecutivo, proferida
por el juzgado SEXTO MUNICIPAL (del) distrito judicial de Bogotá, proceso allí
radicado con el No. 11001-40-03-006-2006-935-00 en contra de la empresa aquí
demandada, terminado con sentencia condenatoria de fecha 18 de mayo de 2009,
a favor de los aquí demandantes y en contra de la empresa aquí demandada JUAN
GAVIRIA RESTREPO & CIA S.A.35
33. Esta demanda ejecutiva fue resuelta de forma negativa por el Juzgado treinta
(30) Civil del Circuito en auto del 4 de junio de 2014, confirmado por el Tribunal
30 Folios 103 a 107 cuaderno 1
31 Folios 110 a 113 cuaderno 1.
32 Folios 124 a 125 cuaderno 1
33 Folios 132 a 139 cuaderno 1.
34 Folios 357 a 368 cuaderno 10
35 Folios 8 cuaderno 11
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Superior de Bogotá en providencia del 30 de enero de 201536. En las decisiones
se negó el mandamiento de pago, porque la sentencia proferida el 18 de mayo
de 2009 por el Juzgado Sexto (6) Civil Municipal de Bogotá, cuya ejecución se
pretendía, no cumplía los requisitos para considerarse un título ejecutivo:
Verificado el examen a que hay lugar y vistas las pretensiones invocadas en la
demanda, por el juzgado se observa, que se procura el recaudo de los valores
correspondientes a las “condenas impuestas en una sentencia judicial” proferida
por el Juzgado Sexto (6°) Civil Municipal Adjunto de Bogotá DC, aducida como
base de recaudo, con todo, se advierte lo siguiente:
En primer lugar, que en el proceso ejecutivo promovido por la sociedad Juan
Gaviria Restrepo & Cia. Ltda., contra Edison Rafael Rodelo Menco y Jorge Isaac
Rodelo Menco, que cursó en el Juzgado Sexto (6) Civil Municipal Adjunto de
Bogotá D.C., el 18 de mayo de 2009 se profirió sentencia en la que se condenó a
la demandante el pago de las costas y perjuicios; en segundo lugar, que por el
extremo demandado se presentó incidente de regulación de los perjuicios a que
se refiere la condena anterior; en tercer lugar, que por auto del 14 de septiembre
de 2009 se corrió traslado de dicho incidente de liquidación de perjuicios; en cuarto
lugar, que por autos del 22 de enero de 2010 y 16 de julio de 2010, no se tuvo en
cuenta el traslado del incidente por extemporáneo y se dio por precluido el término
probatorio incidental; en quinto lugar, que no se advierte al menos copia de la
providencia por medio de la cual se hubiere resuelto el incidente de liquidación de
perjuicios y en la que se estableciera el monto que por dicho concepto debía pagar
la sociedad demandada, acorde con lo establecido por el Art. 335 del C. de P. Civil;
y en sexto lugar, que los presupuestos de ejecutabilidad previstos por los Arts. 488
del C. de p. Civil, se refieren a que las obligaciones sean claras, expresas y
exigibles y consten en un documento que provenga del deudor o de su causante y
constituyan plena prueba contra él, por lo que en ese orden de ideas, tampoco se
evidencia o determina la concurrencia de los presupuestos sustantivos que
habiliten la orden de apremio que con base en la aludida sentencia se solicita.
(…)37
34. Con posterioridad, el señor Jorge Isaac Rodelo Menco interpuso acción de
tutela en contra de las anteriores providencias, alegando la vulneración del
derecho al debido proceso. La acción constitucional se tramitó bajo el radicado
11001-02-03-000-2015-00298-00, y fue resuelta negativamente por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 25 de
febrero de 2015; decisión que, a su vez, fue confirmada por la Sala de Casación
Laboral en providencia del 26 de mayo del mismo año38. En la última de estas
decisiones se señaló lo siguiente:
Revisada la actuación judicial criticada, en aras de confrontarla con la carta
Política, advierte la Sala que en ninguna agresión incurrió la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la providencia de fecha 4 de
julio de 2014 proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de la misma ciudad,
decisión que fue conforme a la normatividad aplicable y a la realidad procesal,
circunstancias que tornan razonable el pronunciamiento. (...) Valga reiterar que la
sola inconformidad del actor con el juicio del fallador ordinario, no estructura la
36 Folios 15 a 16; 34 a 40 cuaderno 11.
37 Folio 15 cuaderno 11.
38 Folios 172 a 179 cuaderno 11; Folios 345 a 349 cuaderno 1.
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irregularidad que por este medio es planteada. Ahora bien, de la confrontación de
los pronunciamientos criticados con la carta de derechos que es lo que
corresponde en esta sede, no surge el quebrantamiento que haría posible la
irrupción del Juez Constitucional en una contienda zanjada por el operador judicial
de la causa, máxime que no cumple con las exigencias contenidas en el artículo
488 del Código de Procedimiento Civil.
35. De lo anterior, se deduce que no es cierto que los demandantes intentaron
ejecutar dos (2) sentencias, y mucho menos que, como plantean en el recurso,
hubiesen iniciado incidente de regulación de perjuicios respecto de ambas
decisiones, pues solo adelantaron incidente en relación con la sentencia proferida
el 18 de mayo de 2009 por el juzgado Sexto (6) Civil Municipal de Bogotá dentro
del proceso con radicado 11001-40-03-006-2006-00935-00. Además, dicho
incidente culminó con auto del 18 de febrero de 2011, en el que se negaron las
pretensiones.
36. Tampoco puede acogerse el argumento de los demandantes según el cual la
sentencia de primera instancia del presente proceso de reparación directa “no
pudo negar la falla del servicio” en que incurrieron las autoridades judiciales en
las providencias respecto de las cuales imputa responsabilidad por error
jurisdiccional.
36.1. Lo anterior supondría que se está ante un régimen de falla presunta del
servicio en el cual es la entidad demandada la que tiene la carga de demostrar la
inexistencia de negligencia en su actuación, pues, de no hacerlo, prosperarían
las pretensiones de la demanda.
36.2. La Sala precisa que tratándose de la responsabilidad extracontractual del
Estado por error jurisdiccional no existe un régimen de responsabilidad de culpa
presunta. Y, en consecuencia, era a la parte demandante la que le correspondía
acreditar los errores judiciales endilgados en la demanda.
37. En cuanto a la actuación de los jueces de tutela, se advierte que en el recurso
de apelación los demandantes no elevaron ningún reparo concreto a la decisión
del tribunal de primera instancia de este proceso. Los demandantes señalaron
simplemente que los jueces constitucionales tampoco forzaron el cumplimiento
de “las dos sentencias” a su favor; pero, no controvirtieron los argumentos del
tribunal de primera instancia para negar la configuración de error jurisdiccional en
las decisiones constitucionales referentes a que la acción de tutela se tramitó
como una tercera instancia, que no se acreditó ninguna irregularidad en las
decisiones, y que en esta demanda se plantearon simples discrepancias con la
valoración judicial.
38. La última imputación de responsabilidad corresponde al supuesto error
jurisdiccional en que incurrió la sentencia de única instancia proferida el 31 de
marzo de 2016 por el Juzgado Setenta (70) Civil Municipal de Bogotá dentro del
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
proceso 11001-40-03-070-2011-00935-0039, y en la cual declaró terminado el
contrato de arrendamiento de local comercial suscrito entre la inmobiliaria Juan
Gaviria Restrepo Ltda. y los señores Rodelo Menco, pero sin haberle dado trámite
a las excepciones que estos últimos formularon. El tribunal estimó que la decisión
del juzgado se fundamentó en el artículo 424 del CPC; sin embargo, el recurso
de apelación planteó que se aplicó dicho artículo de forma parcial, y que, por el
contrario, no se aplicó el artículo 1609 del Código Civil, y los artículos 515 y
siguientes del Código de Comercio.
39. La Sala considera que sí era procedente que el Juzgado Setenta (70) Civil
Municipal de Bogotá dictara sentencia de lanzamiento sin darle trámite a las
excepciones formuladas por los señores Rodelo Menco. La demanda de
restitución de inmueble arrendado se fundamentó en la inexistencia de pago de
cánones40, y, el artículo 424 del CPC dispone que en tal evento el demandado
debe demostrar que está al día en sus obligaciones, so pena de no ser oído en
el proceso. La norma dispone lo siguiente:
Artículo 424. restitución del inmueble arrendado. <Artículo modificado por el
artículo 44 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate
de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador el inmueble
arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:
(…)
PARÁGRAFO 2o. Contestación, derecho de retención y consignación.
(…)
2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en
el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado
el valor total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los
cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de
pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o
si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo
con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquel.
(…)
PARÁGRAFO 3o. Oposición a la demanda y excepciones.
1. Si el demandado no se opone en el término del traslado de la demanda; el
demandante presenta prueba del contrato y el juez no decreta pruebas de oficio,
se dictará sentencia de lanzamiento.
2. Cuando se propongan excepciones previas se dará aplicación a los artículos 98
y 99. (…). (subrayado de la Sala)
39 Folios 320 a 322 cuaderno 1. Decisión, a su vez, confirmada por auto del 24 de enero de 2017 que rechazó
de plano el recurso de apelación presentado contra la sentencia (folio 325 cuaderno 1).
40 En la providencia señaló: “el día 19 de septiembre de 2011, instauró JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA
S.A., demanda abreviada en contra de EDISON RAFAEL RODELO MENCO y JORGE ISAAC RODELO
MENCO, pretendiendo la restitución de los bienes inmuebles ubicados en esta ciudad en la Calle 12 No. 6-
83 oficinas 201, 202, 203,208, 209, locales comerciales, (….) bajo el argumento que los arrendatarios
incumplieron el contrato al no pagar los cánones de arrendamiento desde el mes de enero de 2011 (…)
como la causal de la presente demanda es la mora en el pago de las correspondientes obligaciones pactadas
por las partes, por auto del 2 de marzo de 2012 se requirió a la parte pasiva para que acreditara el pago de
los cánones de arrendamiento en los términos del artículo 424 parágrafo 2 numerales 2 y 3 del C. de P.C.,
so pena de no ser escuchados en el transcurso del proceso, situación que a la fecha no se dio cumplimiento,
al no consignar el valor adeudado por concepto de cánones de arrendamiento (…)”
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
40. Como los señores Rodelo Menco no demostraron estar al día en sus
obligaciones, sí resultaba aplicable lo dispuesto en el numeral 1° del parágrafo 3
según el cual al no haberse opuesto (por no demostrar estar al día en los cánones
y, por ende, no ser oídos) procedía dictar sentencia de lanzamiento que fue lo
que dispuso el Juzgado Setenta (70) Civil Municipal de Bogotá en la sentencia
del 31 de marzo de 2006:
Así las cosas, y como en el presente evento, la causal alegada constituye una
afirmación indefinida, tal situación releve al demandante de su comprobación, de
acuerdo con el contenido del artículo 177 del ordenamiento procedimental civil,
todo lo cual indica que en este aspecto, se invierte la carga de la prueba en cabeza
de la parte demandada a quien le correspondía desvirtuar la veracidad de lo
afirmado por su contraparte demostrando el pago de los cánones imputados como
morosos con sus respectivos ajustes, actitud que como no fue asumida, de suyo
no enruta a dar aplicación a las previsiones del numeral 1° del parágrafo 3° del
artículo 424 del Código de Rito Civil (sic), pues resulta perfectamente válido que
se advere (sic) la causal de incumplimiento en el pago de los cánones de
arrendamiento denunciados en la demanda.
En virtud de lo anterior y como además, nos encontramos frente a una actuación
válida, habida cuenta que no se vislumbra irregularidad alguna para invalidar en
todo o en parte lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en el precitado
numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 424 del C. de P.C., se impone el
proferimiento (sic) de sentencia de restitución para acceder a las súplicas
demandatorias (sic)(…)
41. Al respecto, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la referida
sanción, y la estimó ajustada a la Constitución Política en la medida en que
velaba por la celeridad del proceso; además que no se trataba de una carga
desproporcionada a los arrendatarios:
La decisión del legislador extraordinario de condicionar el ejercicio de los derechos
del demandado - ser oído en el proceso, presentar y controvertir las pruebas que
se alleguen en su contra - a la presentación de documentos que certifiquen el pago,
no es contraria al contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso.
(…)
Para esta Corte es de meridiana claridad que la exigencia hecha al demandado de
presentar una prueba que solamente él puede aportar con el fin de dar continuidad
y eficacia al proceso, en nada desconoce el núcleo esencial de su derecho al
debido proceso, pudiendo éste fácilmente cumplir con la carga respectiva para de
esa forma poder hacer efectivos sus derechos a ser oído, presentar y controvertir
pruebas. La inversión de la carga de la prueba, cuando se trata de la causal de no
pago del arrendamiento, no implica la negación de los derechos del demandado.
Este podrá ser oído y actuar eficazmente en el proceso, en el momento que cumpla
con los requisitos legales, objetivos y razonables, que permiten conciliar los
derechos subjetivos de las partes con la finalidad última del derecho procesal:
permitir la resolución oportuna, en condiciones de igualdad, de los conflictos que
se presentan en la sociedad.41
41 Corte Constitucional, Sentencia C 070 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
42. Finalmente, las normas que la parte demandante invoca en el recurso como
aplicables –artículo 1609 del Código Civil, y los artículos 515 y siguientes del
Código de Comercio– no regulan el proceso de restitución de inmueble arrendado
ni resultan aplicables. En efecto, el artículo 1609 del Código Civil regula la mora
en los contratos bilaterales42 y los artículos 515 a 524 del Código de Comercio
regulan la protección legal de los establecimientos de comercio; pero, no son
disposiciones especiales que regulen el proceso de restitución de inmueble
arrendado, el cual sí estaba regulado de forma especial por el artículo 424 del
CPC que fue la norma que aplicó el Juzgado Setenta (70) Civil Municipal de
Bogotá.
L. Costas
46. La Sala confirmará la condena en costas de primera instancia. Los
demandantes plantearon que la decisión los revictimizó, porque negó
pretensiones y los condenó en costas; sin embargo, se advierte que el artículo
188 del CPACA43 estableció un régimen objetivo de condena en costas, esto es,
sin importar la conducta asumida por las partes durante el proceso, y que estas
se imponen, en los términos del artículo 365 del CGP44, a la parte vencida.
47. Además de lo anterior, como el recurso de apelación no prosperó, la parte
apelante debe ser condenada en costas y agencias en derecho de segunda
instancia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA, las
cuales serán tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo
con el artículo 366 del CGP45.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
42 “Artículo 1609. Mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a
cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.
43 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
44 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código. (…)”
45 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior (…)”.
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Demandantes: Edison Rafael y Jorge Isaac Rodelo Menco
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de caducidad respecto de la
imputación de responsabilidad relacionada con los errores jurisdiccionales
imputados a las providencias proferidas en el proceso ejecutivo 11001-31-
03-030-2014-00358-00.
SEGUNDO: DECLARAR de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Nación – Rama Judicial en relación con la imputación de
responsabilidad relacionada con el trámite dado a la denuncia penal que formulada
en contra del Juez Sexto (6) Civil Municipal de Bogotá.
TERCERO: CONDENAR a la parte demandante y a favor de la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL por concepto de agencias en derecho, a pagar la suma de SIETE
MILLONES DE PESOS ($7.000.000).
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaría de la
sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes devuélvanse
al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9 del
Acuerdo 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.”
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas segunda instancia a la parte demandante
en favor de la parte demandada, las cuales serán tasadas de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Aclaración de voto
Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
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