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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2017-00809-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2017-00809-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Inaplicar por inconstitucional, con efectos inter partes, la expresión «no» del parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999. 2. Revocar la sentencia apelada, de acuerdo con lo considerado en esta providencia. En consecuencia: Primero. Declarar la nulidad de las resoluciones nros. 1-03-241-201-639-1-1668, del 23 de diciembre de 2014, y 900285, del 08 de abril de 2015, mediante las cuales se profirió liquidación oficial de corrección respecto de 19 declaraciones de importación de la demandante y confirmó dicha liquidación, a la vez que denegó la ocurrencia del silencio administrativo positivo, respectivamente. Asimismo, la nulidad de la Resolución nro. 3990, del 08 de mayo de 2015, que resolvió el recurso de reposición contra la decisión que negó el silencio administrativo positivo. Segundo. A título del restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las declaraciones de importación modificadas mediante las resoluciones nros. 1-03-241-201-639-1-1668, del 23 de diciembre de 2014, y 900285, del 08 de abril de 2015, anuladas. 3. Sin condena en costas en ambas instancias. 4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 13001-23-33-000-2017-00809-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

29 de junio de 2023

Radicado: 13001-23-33-000-2017-00809-01 (27156)
Demandante: Rosmi SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00809-01 (27156)
Demandante: Rosmi SAS
Demandada: DIAN

Temas: Parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999- Tributos
aduaneros -Término para decidir de fondo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 11 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas, con base en el artículo 365 del
CGP (índice 2)1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial nro. 1-03-241-201-639-1-1668 del 23 de diciembre de
2014 (ibidem), la aduana corrigió diecinueve declaraciones de importación presentadas
en el año 2012, con las cuales la demandante importó al país leche en polvo originaria
de Argentina, en el sentido de modificar la tarifa arancelaria preferencial del 8% a la
general del 98% e imponer sanción por inexactitud del 10% sobre los mayores tributos
aduaneros determinados. Lo anterior, porque se incumplió el requisito de asignación del
cupo a la exportadora dentro del contingente para las importaciones de esa mercancía
según el ACE 59. El acto fue confirmado en la Resolución nro. 900285, del 08 de abril de
2015 (ibidem).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(ibidem):

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 1-03-241-201-639-1-1668, del 23 de
diciembre de 2014, expedida por la (…), por medio de la cual se profiera la Liquidación Oficial de
Corrección a las declaraciones de importación relacionadas en dicho acto administrativo, dentro del
expediente RA-2012-2014-336, por valor de trece mil quinientos veintinueve millones doscientos
ochenta y cinco mil pesos m/cte ($13.529.285.000) (anexo 3). Esta resolución fue notificada el 30 de
1 Del repositorio informático Samai.

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Demandante: Rosmi SAS

diciembre de 2014 (…).

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 900285, del 08 de abril de 2015, expedida
por (…), notificada por correo el día 09 de abril de 2015 (anexo 4), y por medio de la cual se resuelve
un (1) recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución nro. 1-03-241-201-639-1-1668,
del 23 de diciembre de 2015.

Tercera: Se declare la nulidad de la Resolución nro. 3990 de 08 de mayo de 2015 por el cual se
resuelve el recurso de reposición, por parte de (…) confirmando la Resolución 900-285 de 08 de abril
de 2015, por la cual se negó la declaratoria de silencio administrativo positivo solicitada contra la
Resolución 1668 de 23 de diciembre de 2014 de la (…) (anexo 5).

Cuarta: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores y a título de restablecimiento del
Derecho:

a. Se mantenga la firmeza de las 19 declaraciones de importación objeto de liquidación.

b. Se exonere de toda responsabilidad al importador Rosmi SAS.

c. Se archive el expediente administrativo RA-2012-2014-336

d. Que como parte del restablecimiento del derecho, se condene en costas a la (…) DIAN, y a que
reembolse a la sociedad Rosmi SAS los gastos en que haya incurrido correspondiente a agencias
en derecho, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

e. Si al momento de la sentencia se hubiese pagado suma alguna, se ordene su devolución junto
con sus respectivos intereses, indexaciones, actualizaciones y demás valores a los que haya lugar.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 2.º, 6.º, 13, 29, 83, 121,
123 y 209 de la Constitución; 9.º del CC (Código Civil); Ley 170 de 1997; Ley 1000 de
2005; 4.° y 5.º de la Ley 1609 de 2013; 1.º y 2.º del CPACA; 52 a 56 del Código de
Régimen Político Municipal; 2.º, 122, 123 y 128 del Decreto 2685 de 1999, y Decreto 141
de 2005, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):

Aseguró que en el sub examine se transgredieron las garantías fundamentales al debido
proceso e igualdad, y operó la caducidad de la potestad de gestión de la Administración,
porque la liquidación oficial de corrección demandada se notificó de forma extemporánea
lo que configuró el silencio administrativo positivo conforme a los artículos 512 y 519 del
EA, que omitió reconocer la demandada de forma injustificada.

Sostuvo que, presentó las declaraciones de importación entre el 03 de enero y el 26 de
marzo del 2012 sin considerar las prescripciones de la Resolución nro. 114, del 21 de
marzo de 2012, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
República de Argentina, Sagyp, -que reguló el contingente arancelario-, pues, dicha
normativa no estaba vigente en el momento de los hechos, sino a partir del 27 de marzo
de 2012, teniendo en cuenta que fue publicada en su país el 26 de marzo de 2012, por
lo que entró en vigencia el 27 de marzo siguiente y a partir de allí tendría vigor, por lo que
solo atendió a la liquidación que realizó el sistema informático de la aduana, junto con las
autorizaciones otorgadas con el registro ante el MINTIC, lo que dotó de convencimiento
del correcto diligenciamiento de las declaraciones presentadas. Además, sostuvo que
esa disposición que fijaba el contingente arancelario para el año 2012 debía ser publicada
en Colombia, a efectos de que fuera vinculante e hiciere exigible a usuario aduanero
observar el nuevo cupo conferido a la importación de la leche en polvo de acuerdo con
los artículos 52, 55 y 56 de la Ley 4 de 1913 y el principio de transparencia previsto en el
Gatt 1994. Por ese motivo, aseguró que la aplicación de la tarifa arancelaria preferencial
estuvo irradiada de una confianza legítima y seguridad jurídica, máxime porque las
declaraciones de importación fueron aceptadas con base en los artículos 122 y 123 del
EA. Concluyó que le era aplicable la tarifa arancelaria preferencial concedida en el Ace
59 (i.e. 8%), porque así lo detalló el servicio informático de la entidad y que no allegó la

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certificación de autenticidad de cupo de contingente, en tanto que el acuerdo no lo preveía
como soporte de la declaración y tampoco las normas del ordenamiento interno; añadió
que el sistema informático no pidió relacionar este soporte para los efectos de la señalada
tarifa arancelaria que empleó en sus declaraciones.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2)2. En primer lugar,
expuso que a la luz del artículo 512 del EA, el silencio administrativo positivo en materia
aduanera ocurre cuando no se emite el acto administrativo dentro del plazo de cuarenta
y cinco días luego de vencido el término de quince días para contestar el requerimiento
especial aduanero, oportunidad que no computa el tiempo para notificar el acto por
expresa disposición de dicha norma, lo cual ha sido avalado jurisprudencialmente (cita
sentencia del 13 de septiembre de 2012, exp. 18007, CP: Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas).

Adujo que la actora incumplió el requisito de comprobar si a sus proveedores en Argentina
se les había asignado el cupo correspondiente dentro del contingente establecido en el
acuerdo comercial para la desgravación arancelaria de la leche en polvo importada.
Sostuvo que la Resolución nro. 114, del 21 de marzo de 2012, fue proferida por el Estado
Parte quien fue desde el año 2006 la encargada de fijar el cupo de contingente asignado
por anualidad para la exportación de la mercancía objeto de importación de la actora, y
esta autoridad comunica a la aduana del país para ejercer el control según el tonelaje
asignado a cada compañía autorizada a exportar dicho producto, por lo que para el
trámite pertinente de importación, el importador es el encargado junto con su proveedor
en el exterior de observar la normativa que rige el requisito para acogerse al tratamiento
arancelario preferencial, de tal manera que ante la ausencia de normativa que fijara el
cupo para exportar leche en polvo significaba que el importador no podía acogerse al
beneficio pretendido y por eso le era aplicable la tarifa del 98%. Indicó que ni su sistema
informático, ni el del Ministerio de Comercio, establecen las desgravaciones arancelarias
aplicables o sus requisitos, pues es competencia de la ley, pero advirtió que en la etapa
probatoria de la investigación aduanera el referido ministerio sostuvo que las
importaciones de leche en polvo por fuera del contingente previsto en el ACE 59 debían
gravarse con un arancel del 98%. Además precisó que el sistema Siglo XXI es una
herramienta informática que sugiere la liquidación de los tributos aduaneros según la
subpartida arancelaria indicada por el declarante, pero que es al importador a quien le
compete conocer la normativa que rige la aplicación de los acuerdos comerciales con los
que pretenda amparar la operación, de ahí que no se le haya conculcado a su contraparte
la buena fe, ni el principio de confianza legítima.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 2). En primer lugar, expuso que
luego de cumplido el período probatorio tras la respuesta al requerimiento especial, la
aduana tenía cuarenta y cinco días para expedir la liquidación oficial, término que
finalizaba el 23 de diciembre de 2014, siendo esta la fecha de emisión de ese acto
definitivo, por lo cual no se configuró el silencio positivo invocado por la actora, pues los
términos de notificación no se computan dentro del plazo para proferir ese acto, conforme
al artículo 512 del EA. Por lo demás, puntualizó que, según el Decreto 3744 de 2005, los
contingentes provenientes de los países del Mercosur previstos en el Decreto 141 de
2 Formuló las excepciones de ineptitud de la demanda y falta de competencia por el factor territorial, esta última que

prosperó y significó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Bolívar. A su turno, frente a la excepción
de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, el a quo competente precisó que el reproche
consistía en que el poder conferido no relacionaba una de las resoluciones demandadas, pero estimó que ello no
significaba un poder insuficiente por lo que la desestimó en auto del 07 de mayo de 2019 (índice 2).

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2005, estarían a cargo del país exportador, a partir de 2006.

Así, para la época de los hechos (2012), la importación de leche en polvo desde Argentina
debía contar con la asignación de cuota en el contingente autorizado en el ACE 59, i.e.
1.900 toneladas al exportador, so pena de que no le fuese aplicable el acuerdo de
liberación comercial que estableció la desgravación parcial del arancel, sino la tarifa plena
del 98% empleada en los actos acusados. Asimismo, expuso que el certificado de
autenticidad de cupo era un soporte de la declaración que le era aplicable a la actora, por
cuanto ello estaba previsto desde el Decreto 3744 de 2005 y la Resolución nro. 462 de
2005, emitida por el MinAgricultura, en concordancia con la Resolución 031 de 2010,
emitida por el Grupo Mercado Común del Mercosur, según lo indicó providencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado (exp. 23547, CP: Milton Chaves García); según
esas disposiciones la asignación del contingente estaba a cargo del país exportador, de
manera que el importador debía acreditar la documentación que le sirviera para
demostrar que su mercancía estaría amparada por el programa de liberación comercial,
lo cual comprendía indagar acerca del contingente que fue incorporado por el país
exportador a partir de la Resolución nro. 114, del 21 de marzo de 2012. Agregó que la
demandante no podía ampararse en la información sugerida que suministraba el sistema
informático de la demandada en el sentido de que el arancel aplicable correspondía al
8%, pues el régimen arancelario preferencial está regulado en normas de orden
supranacional y nacional. Por lo anterior, impuso condena en costas a la actora como
parte vencida del juicio, con base en el artículo 365 del CGP.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primera instancia, solicitando y revocar la decisión
(índice 2), a esos efectos, ratificó en los argumentos de la demanda e insistió en que la
notificación del 30 de diciembre de 2014 de la liquidación oficial de corrección No. 12668
del 23 de diciembre de 2014 fue intempestiva y por ello se configuró el silencio
administrativo positivo, pues, a su juicio se tenía hasta el 24 o 26 de diciembre de 2014,
días hábiles para el cómputo de términos. Adujo que entender como valida esa
notificación, serviría para que la administración notificara cuando quiera, lo cual no puede
ser el entendimiento del artículo 512 del D. 2685 de 1999, pues la notificación en debida
forma produce importantes efectos en materia del derecho de defensa y su derecho al
debido proceso. Si bien tal disposición dispone que los términos para decidir de fondo,
no incluyen los requeridos para efectuar la notificación, la norma no señala que se pueda
notificar en cualquier momento, pues esto desatiende el principio de igualdad, máxime
cuando el estado es la parte más fuerte. De manera que se debe evitar una interpretación
que termine siendo inconstitucional. Debe tenerse en cuenta que la constitución debe
prevalecer sobre lo establecido en un decreto.

Seguidamente, insistió en que el sistema informático de la aduana liquidó los tributos
aduaneros con la tarifa arancelaria del 8%, en relación con las diecinueve declaraciones
de importación de leche en polvo, aseguró que la actora no pidió tratamiento preferencial
con base en un cupo de contingente arancelario, el cual nunca adujo tener, ni solicitó
ningún beneficio tributario con base en él. Argumentó que no había norma en el derecho
colombiano que exigiera tal certificado, como tampoco el Ace 59, que esto fue introducido
por la Resolución nro. 031 del 15 de junio de 2010, emitida por el Grupo Mercado Común,
Mercosur, conforme lo indicó la providencia del tribunal, pero que tal acto no fue publicado
en Colombia, conforme con lo previsto en la ley 4 de 1913 y el artículo 10 del Gatt 1994-
principio de transparencia-, de manera que no le era oponible. En el mismo orden,
reprochó que para cuando efectuó las importaciones no se había expedido la Resolución
Argentina nro. 114 del 21 de marzo de 2012 que autorizaba los cupos.

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Señaló que el tribunal omitió la lectura correcta de los artículos 122, 123 y 128 del Decreto
2685 de 1999 y decidió que toda la obligación era del usuario aduanero, lo que resultaba
contrario a derecho pues la ley impone al cumplimiento de formalidades para ambas
partes, no obstante, la DIAN incumplió su obligación de actualizar el sistema, pues de
haberlo estado, no hubiera validado las declaraciones, lo que efectuó por cerca de
ochenta días, sin haberle informado discrepancias, esto pese a que el artículo 122 señala
que el sistema valida la consistencia de la información antes de aceptarla y debe informar
las inconsistencias, lo cual no ocurrió. Anotó que el sistema no era una guía, ni una simple
herramienta, fue con el que se liquidaron los tributos aduaneros, de manera que jugaba
un papel definitorio. No es posible que se interprete el artículo 512 parágrafo literalmente
y se rechace la misma interpretación para las disposiciones anotadas. El sistema.

Así también anotó que las normas en que se sustentó el tribunal, aluden es al certificado
de origen, lo cual cumplió, e insistió en que la Resolución 031 de 2010, que fue la que
exigió el certificado del cupo del contingente arancelario, no fue publicada y por tanto no
era preexistente en Colombia al hecho juzgado.

Por último, invocó el precedente del mismo tribunal, sentencia del 29 de julio de 2016
(exp. 2014-00085, MP: Marcela López Álvarez), en la se concluyó que no existía norma
que regulara la administración del contingente para productos lácteos (partida 04.02),
como ocurría respecto de productos cárnicos, y que ni ACE 59, ni la Ley 1000 de 2005,
ni el Decreto 141 de 2005, condicionaron, para acogerse a la preferencia, que se
acreditara el cupo y que la DIAN no puede tomar decisiones sobre el régimen arancelario
en Colombia, basándose en normas extranjeras.

Finalmente se opuso a la condena en costas (índice 2).

Pronunciamientos finales

El ministerio público y la actora guardaron silencio, mientras que la demandada insistió
en los pronunciamientos de la contestación de la demanda y, frente a las costas
impuestas que impugna su contraparte, adjuntó copia del contrato de arrendamiento de
la fotocopiadora y escáner, junto con la certificación de la División de Gestión
Administrativa en la que se indica que el costo de copia del expediente administrativo fue
de $80,79 por unidad de copia, IVA incluido; respecto de las agencias en derecho solicitó
que se reconocieran, conforme con los ordinales 3.° y 4.° del artículo 365 del CGP, por
cuanto no requerían prueba en su causación (índices 12 y 13).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación
planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primer grado, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas. Así, debe
determinarse i) si la notificación de la liquidación oficial de corrección No. 12668 del 23
de diciembre de 2014 fue intempestiva, por haberse notificado el 30 de diciembre de
2014, y por ello se configuró el silencio administrativo positivo. De no prosperar lo
anterior, seguidamente se definirá sí de acuerdo con el Decreto 2906 de 2010, la
importación de leche en polvo efectuada por la apelante en 2012 cumplía con las
condiciones para acogerse al programa de liberación comercial del Ace 59 de 2004, de
tal forma que la tarifa arancelaria preferencial aplicable correspondiera a la del 8% y no
a la general del 98% determinada oficialmente en los actos demandados.

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A fin de dirimir este segundo asunto, se analizará si la Resolución nro. 114 del 21 de
marzo de 2012, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
República de Argentina, (en adelante, Sagyp) no era vinculante para la actora, en tanto
no fue publicada dentro del ordenamiento interno y no existía para la época en que se
realizaron las importaciones cuestionadas por la aduana. Asimismo se definiría sí, era
exigible el certificado de asignación del cupo que según afirma la apelante, fue
incorporada por Mercosur a partir de la Resolución 031 del 15 de junio de 2010, pero que
al no haber sido publicada dentro del ordenamiento interno, no le era oponible. También
se analizará sí no haber advertido el sistema informático de la aduana, sobre el requisito
del certificado de autorización del cupo (para el exportador proveedor argentino de la
mercancía), conforme a lo señalado por los artículos 122, 123 y 128 del EA, invalida la
actuación administrativa.

2- Con todo, la Sala excluirá del debate los argumentos de apelación relativos a que no
existía norma que regulara la administración del contingente para productos lácteos
(partida 04.02), sino a productos cárnicos, de acuerdo con el precedente horizontal que
invoca en la apelación. Esto en la medida en que se trata de un cargo novedoso, que
desbordan el objeto del recurso de apelación y que por ello, no procede su estudio, por
disposición del artículo 320 del CGP.

3- Para dirimir la actual controversia, acogerá la Sala el criterio jurídico que sustentó la
sentencia del 25 de mayo de 2023 (exp. 25332, CP: Milton Chaves García) que analizó
la legalidad tanto del Decreto 390 de 2016 (artículos 588 y 607) como del Decreto 1165
de 2019 (artículos 686 y 705), en lo referente a que el término para que la autoridad
aduanera decida de fondo una actuación administrativa, no comprende el término
requerido para su notificación, previsiones que reproducían el artículo 519 parágrafo del
Decreto 2685 de 1999, vigente para la época de los hechos, y que gobierna el asunto
controvertido, de modo que los juicios indicados en dicha providencia se extienden sobre
la norma no censurada en dicho proceso, pero que sí hace parte de la controversia del
presente debate, en tanto la actora reclama la configuración del silencio administrativo
positivo respecto de la liquidación oficial de corrección demandada, bajo la consideración
de que tal acto administrativo, debió notificarse en el término para emitirlo.

En el juicio de legalidad contra las disposiciones que señalaban “Dentro de los términos
para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho
acto administrativo” ( artículos 588 y 686 ) de los decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019,
la Sala precisó que si bien los defectos en la exteriorización, publicación y notificación del
acto no alteran la validez de su expedición, lo cierto es que sí afectan el núcleo esencial
del debido proceso, que se concreta en el ejercicio de la contradicción y defensa del
sujeto o sujetos a quién esté dirigida la decisión administrativa, bien sea mediante su
impugnación, y demanda en juicio, según sea el caso.

En ese orden, indicó dicha providencia que «el conocimiento de los actos mediante su
notificación debe ser oportuno, para garantizar también los principios de eficacia,
economía y celeridad de las actuaciones administrativas (artículo 3 del CPACA y 4 de la
Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013)», y que: «[f]rente al silencio administrativo en
materia aduanera, esta Sección ha precisado que dentro del plazo que tiene la
administración para decidir, debe expedir y notificar el acto. Entonces, la expresión decidir
no es sinónimo de expedir o dictar, sino que comprende tanto la expedición como la
notificación de la decisión. Solo así́ se entiende que la administración decidió́ un asunto
frente al administrado». Motivación que permitió a esta judicatura concluir que dentro del
término para decidir de fondo de que tratan los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de
2016; y 686 y 705 del Decreto 1165 de 2019, debían ser notificados los respectivos actos
administrativos, so pena de configurarse el silencio administrativo positivo.

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En línea con lo anterior debe destacarse que, la Corte Constitucional precisó la fuerza
que somete al juez de control de legalidad a dar prevalencia a los derechos
constitucionales fundamentales como el debido proceso cuando haya una afectación
grave a su núcleo esencial, de ahí que al estudiar la constitucionalidad del artículo 85 del
entonces Decreto 01 de 1984 (actualmente artículo 138 del CPACA), concluyó que el
juzgador aunque debe atender los cargos del concepto de violación que formula la parte
demandante en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que ello
«no puede significar que el juez administrativo pueda sustraerse de la obligación
contenida en el art. 4 de la Constitución, conforme al cual "En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales", norma esta última que tiende a garantizar la supremacía
y defensa del ordenamiento jurídico superior» (sentencia C-197 de 1999, MP: Antonio
Barrera Carbonell, en la cual se invoca la sentencia C-069 de 1995 en la que se señaló
la potestad de inaplicar decisiones que contraríen la Carta).

Siguiendo entonces el criterio jurídico que fijó la Corte Constitucional que impone al juez,
en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho, hacer prevalecer el ordenamiento
constitucional cuando alguna disposición la contraríe, en esta oportunidad la Sala, con
base en los artículos 4.° de la Constitución y 148 del CPACA, estima necesario inaplicar
con efectos inter partes la expresión del parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de
1999 que dispuso que dentro del término para decidir de fondo «no» se incluyen los
requeridos para su notificación, pues tal como se concluyó en la sentencia del 25 de mayo
de 2023 (exp. 25332, CP: Milton Chaves García) frente a las normas de los decretos 390
de 2016 y 1165 de 2019 -que reproducían el texto del parágrafo del artículo 512 del
Decreto 2685 de 1999-, dentro del lapso para emitir el acto administrativo de fondo debe
la autoridad notificarlo, a fin de garantizar el núcleo esencial del debido proceso en sus
vertientes de derecho a la defensa y a la contradicción del sujeto destinatario de la
decisión.

4- A la luz del derecho aplicable, no es un punto controvertido entre las partes, que el 16
de octubre de 2014 venció el período probatorio decretado por la aduana tras el
vencimiento del término para contestar el requerimiento especial, así que la autoridad
tenía hasta el 23 de diciembre siguiente para expedir y notificar la liquidación oficial de
corrección por ser el cumplimiento del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la
finalización del período probatorio, acto que, pese a haber sido emitido en la señalada
fecha, lo cierto es que su notificación se hizo el 30 de diciembre de 2014 (índice 2) por lo
que resulta intempestiva, dando lugar a la configuración del silencio administrativo
positivo previsto en el artículo 519 ídem, cuya consecuencia conduce a la firmeza de las
declaraciones de importación modificadas en ese acto (índice 2).

En consecuencia, prospera el cargo de apelación, razón por la que se relevará la Sala de
abordar el análisis de los demás cuestionamientos.

Como resultado de la prosperidad de las pretensiones de nulidad, se ordenará a título
de restablecimiento del derecho, la firmeza de las declaraciones de importación
modificadas mediante los actos acusados, pero no se accederá a la devolución de los
pagos que pudieron haberse efectuado por la actora con ocasión de los actos que serán
anulados, para lo cual debe atenderse el procedimiento de devolución que regule la
legislación aduanera.

Como lo anterior corresponde al restablecimiento consecuente de la anulación de los
actos demandados, no procede declarar exonerada a la actora de toda responsabilidad,
como lo solicita en las pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00809-01 (27156)
Demandante: Rosmi SAS

Por último, y como consecuencia igualmente de la revocatoria de la decisión de primera
instancia, se levantará la condena en costas impuesta a la actora por haber resultado
vencida en esa instancia.

5- Tampoco se impondrá condena en costas a la contraparte de la demandante, por no
estar demostradas, pues al tenor del ordinal 8.° del artículo 365 del CGP estas solo
proceden en la medida de su comprobación

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Inaplicar por inconstitucional, con efectos inter partes, la expresión «no» del parágrafo
del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999.

2. Revocar la sentencia apelada, de acuerdo con lo considerado en esta providencia. En
consecuencia:

Primero. Declarar la nulidad de las resoluciones nros. 1-03-241-201-639-1-1668, del 23 de diciembre
de 2014, y 900285, del 08 de abril de 2015, mediante las cuales se profirió liquidación oficial de
corrección respecto de 19 declaraciones de importación de la demandante y confirmó dicha
liquidación, a la vez que denegó la ocurrencia del silencio administrativo positivo, respectivamente.
Asimismo, la nulidad de la Resolución nro. 3990, del 08 de mayo de 2015, que resolvió el recurso de
reposición contra la decisión que negó el silencio administrativo positivo.

Segundo. A título del restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las declaraciones de
importación modificadas mediante las resoluciones nros. 1-03-241-201-639-1-1668, del 23 de
diciembre de 2014, y 900285, del 08 de abril de 2015, anuladas.

3. Sin condena en costas en ambas instancias.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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