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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-010-2017-00914-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-010-2017-00914-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión. 2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-010-2017-00914-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-010-2017-00914-01 (29609)
Demandante: PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO
S.A.S.
Demandado: DIAN
Temas: Procedimiento aduanero. Término para notificar actos definitivos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala de Decisión, que resolvió1:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional, con efectos inter partes, la expresión “no”
del parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de Resoluciones Nos. 231200001-639- 00530 del 24
de mayo de 2016; 007444 del 30 de septiembre de 2016; y 010043 del 20 de diciembre
de 2016 proferidos por la DIAN.

TERCERO: En consecuencia, DECLARAR la configuración de un SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO en favor de PROALCO S.A.S., y por ello, se DECLARA la
firmeza de la Declaración de Importación No. 352014000125530-5 con autoadhesivo No.
14308031313567 del 12 de abril de 2014; y que no existen obligaciones aduaneras por
concepto de salvaguardias arancelarias, emanadas de la misma.

CUARTO: De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, CONDENAR en costas de primera
instancia a la parte demandada, esto es, a la DIAN. LIQUÍDENSE por la Secretaría de la
Corporación. Conforme el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016, FÍJENSE
como agencias en derecho un (01) salario mínimo legal mensual vigente […]».

ANTECEDENTES

El 12 de abril de 2014, el importador Productora de Alambres Colombianos Proalco
S.A.S. presentó declaración de importación identificada con formulario núm.
352014000125530-5 y autoadhesivo núm. 143080313135672, mediante la cual importó
la mercancía denominada «producto alambrón de acero aleado al boro», clasificada en la
fracción arancelaria 7227.90.00.11.

El 22 de febrero de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura expidió el Requerimiento Especial

1
Índice 028 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2
Folio 9 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-010-2017-00914-01 (29609)
Demandante: PROALCO S.A.S.

Aduanero núm. 1-35-238-419-446-13, mediante el cual propuso corregir la declaración
de importación núm. 352014000125530-5, por la omisión en el pago de la medida de
salvaguardia provisional, por ello, aplicó un gravamen arancelario del 21,29%, en
cuantía de $855.912.806, a título de medida de salvaguardia provisional para las
importaciones de alambrón de acero, prevista en los artículos 2 y 3 del Decreto 2213
del 8 de octubre de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y un mayor
valor a pagar a título de IVA de $136.946.049.

Previa respuesta de la demandante4, el 24 de mayo de 2016, la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
expidió la Resolución 231200001-639-005305 por medio de la cual se formuló la
Liquidación Oficial de Corrección, en la cual acogió las glosas propuestas en el
requerimiento especial. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración6.

El 30 de septiembre de 2016, a través de la Resolución núm. 0074447, la Subdirección
de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de DIAN confirmó
el acto liquidatorio y negó la declaratoria de silencio positivo administrativo. Contra esta
última decisión, la demandante interpuso recurso de reposición8, el cual fue resuelto
por la misma dependencia el 20 de diciembre de 2016, a través la Resolución núm.
0100439, que confirmó la decisión recurrida.

DEMANDA

Productora de Alambres Colombianos Proalco S.A.S., en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho10, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 231200001-639-00530 del 24 de mayo de
2.016 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Buenaventura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 007444 del 30 de septiembre de 2.016
proferida por Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

3. Se declare la nulidad de la Resolución 010043 del 20 de diciembre de 2.016 la DIAN
proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

4. Como consecuencia de las decisiones a las que aluden los numerales anteriores se
restituya el derecho patrimonial de la demandante y por ende se declare que no existen

3
Folios 90 a 93 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
4
Folios 99 a 102 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
5
Folios 157 a 164 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
6
Folios 175 a 187 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
7
Folios 223 a 231 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
8
Folios 237 a 251 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
9
Folios 255 a 261 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
10
Índice 021 expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-00914-01 (29609)
Demandante: PROALCO S.A.S.

obligaciones aduaneras por concepto de salvaguardias arancelarias a cargo de la misma,
en la forma como lo pretende la entidad demandada, emanadas de la importación a la
que alude el formulario No. 352014000125530-5.

5. Que como consecuencia de la nulidad de la Resolución No. 010043 del 20 de
diciembre de 2.016 se declare que operó el silencio administrativo en favor de Proalco
en la forma solicitada por ésta a lo largo de la investigación y en el recurso de reposición
interpuesto contra el numeral Io de la Resolución No. 007444 del 30 de Septiembre de
2.016.

6. Que consecuencia de lo anterior, se ordene a la DIAN abstenerse de dar inicio a todo
y cualquier proceso de cobro coactivo de obligaciones aduaneras derivadas de las
salvaguardias provisionales correspondientes a las declaraciones de importación a las
que se ha hecho alusión.

7. Que se ordene a la DIAN proceder a cancelar la garantía global No. 01 DL016009
expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza y la finalización de
la medida de salvaguardia correspondientes a la declaración de importación a la que se
ha hecho alusión.».

Invocó como normas vulneradas el artículo 29 de la Constitución Política; los decretos
2213 del 8 de octubre de 2013, 046 del 14 de enero de 2014, 332 del 19 de febrero de
2014, 846 del 30 de abril de 2014, artículos 507 a 519 del Decreto 2685 de 1999,
Decreto 152 de 1998, el Anexo al Acuerdo de Salvaguardias del GATT, los numerales
1 y 2 del artículo 3 y artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución núm. 4240 de
2000. El concepto de la violación se resume, así:

Pretermisión de términos preclusivos y mandatorios: La demandada perdió
competencia temporal: i) para formular el requerimiento especial aduanero, porque el
artículo 509 del Decreto 2685 de 1999 fijaba un término de 30 días para su expedición
contado desde la identificación de la causal o de la posible infracción, en el caso
concreto la liquidación oficial se notificó el 25 de febrero de 2016, cuando tenía hasta
el 22 de febrero de 2016; y ii) para formular la liquidación oficial, pues el artículo 512
del Decreto 2685 de 1999 establecía un término de 45 días para su expedición
contados a partir del día siguiente al cual se radicó la respuesta al requerimiento
especial aduanero, en el caso concreto la demandante dio respuesta al requerimiento
especial el 16 de marzo de 2016 y se le notificó la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración el 5 de octubre de 2016.

Denegación de pruebas y omisión del traslado para alegar de conclusión: La
demandada vulneró el debido proceso en tanto: i) negó pruebas solicitadas que eran
conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias -las actuaciones de otras seccionales en
casos análogos-; y ii) omitió correr traslado para alegar de conclusión antes de
adoptarse la decisión definitiva.

Confusión del procedimiento de liquidación oficial con el de efectividad de garantía: La
demandada confundió y tramitó como si fueran uno sólo i) el procedimiento derivado
del requerimiento especial aduanero orientado a una liquidación oficial de corrección,
dispuesto en los artículos 507 a 519 del Decreto 2685 de 1999 y ii) el procedimiento
propio de la afectación de garantías contemplado en los artículos 530 y 531 de la
Resolución 4240 de 2000. Estos dos procedimientos corresponden a regímenes con
supuestos y finalidades distintas.

3

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-00914-01 (29609)
Demandante: PROALCO S.A.S.

Desconocimiento del carácter subsidiario de las garantías: La demandada desconoció
que la póliza operaba bajo una lógica subsidiaria, pues la obligación del garante se
activa únicamente si el tomador incumple y, por ende, no puede tratarse la garantía
como fuente principal de pago ni hacerse efectiva sin observar el presupuesto de
incumplimiento en los términos reglados. El artículo 530 de la Resolución 4240 de
2000, condicionaba la efectividad a la falta de acreditación de pago por el importador y
regulaba pasos y términos específicos para proceder, de modo que la actuación que
prescinde esas etapas o asume el siniestro sin presupuesto material vulnera el régimen
aplicable.

Desconocimiento del principio de justicia en materia aduanera: La DIAN quebrantó el
principio orientador de justicia dispuesto en el artículo 2 literal b del Decreto 2685 de
1999 al pretender exigir a la demandante más de aquello que la ley pretende, en la
medida en que i) buscó cobrar obligaciones cuya existencia se controvierte de manera
fundada y ii) apoyó decisiones restrictivas del derecho de defensa, como la negativa
probatoria en la interpretación oficial de conceptos internos, sustituyendo el mandato
legal por doctrina administrativa.

Improcedencia del cobro por salvaguardia provisional: El cobro de la sobretasa
derivada de la salvaguardia provisional es improcedente porque el régimen de
salvaguardias provisionales está limitado temporalmente -200 días- conforme al artículo
37 del Decreto 152 de 1998 y el artículo 6 del Anexo al Acuerdo de Salvaguardias del
GATT. Además, de los preceptos normativos se extrae que si se adopta una
salvaguardia definitiva que modifica la provisional previamente adoptada introduciendo
un contingente que queda libre del pago de la sobretasa arancelaria, la medida
provisional queda subsumida por ésta y se entiende reformada por la misma en cuanto
se haya incorporado algún cambio, como lo puede ser la adopción de una medida de
protección de carácter cuantitativo y no simplemente arancelario.

Desconocimiento del deber de aplicación uniforme: La DIAN incumplió el artículo 10 de
la Ley 1437 de 2011, que impone a las autoridades decidir de manera uniforme en
casos con supuestos fácticos y jurídicos iguales, en concreto, alega que existían
antecedentes en otras seccionales DIAN -Barranquilla e Ipiales- donde, frente a hechos
similares, se ordenó finalizar la modalidad de salvaguardia, cancelar respaldos y
archivar expedientes -Resoluciones 1911, 1912, 1919 y 1920 del 26 de agosto 2015-, por lo
que era exigible un trato consistente.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y condenas solicitadas, con
fundamento en lo siguiente11:

Conforme a los artículos 2 de la Ley 1437 de 2011, 27 del Código Civil y 5 de la Ley 57
de 1887, los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se rigen,
de manera preferente, por dichas disposiciones. En esa medida, la configuración del
silencio administrativo positivo en materia aduanera sólo procede en los eventos
taxativos previstos en el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, esto es, ante el

11
Índice 021 expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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incumplimiento de los términos para decidir de fondo. En el caso concreto, la
administración tenía como fecha máxima para expedir la liquidación oficial de
corrección el 25 de mayo de 2016, y el acto se expidió el 24 de mayo de 2016; por
consiguiente, se profirió dentro del término de 45 días establecido en el artículo 512
del Decreto 2685 de 1999. Además, el parágrafo de esa disposición precisaba que
dentro del término para decidir no se contabilizan los plazos requeridos para la
notificación, circunstancia que condujo a descartar la configuración del silencio
administrativo positivo.

Mediante el Oficio 135-201-245-000551 del 21 de mayo de 2015, la DIAN informó a la
demandante que los antecedentes administrativos solicitados fueron remitidos a la
División de Gestión de Fiscalización, por ser la dependencia competente para tramitar
la petición, en cumplimiento del artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000 y del
Memorando 00240 de 2008.

En cuanto al cobro de la salvaguardia provisional, la DIAN expuso: i) que, para la fecha
en que fue aceptada la declaración de importación objeto de controversia -12 de abril
de 2014-, se encontraba vigente el Decreto 2213 de 2013, el cual imponía al importador
la obligación de pagar la salvaguardia provisional o, en su defecto, garantizarla; en ese
marco, el importador optó por afianzar el pago mediante póliza global hasta que se
adoptara la medida definitiva, de modo que resultaba procedente afectar la garantía
para cubrir la salvaguardia definitiva derivada del mismo régimen; y ii) que, conforme
al artículo 37 del Decreto 152 de 1998, la salvaguardia provisional tenía una vigencia
de 200 días y, en todo caso, se extendía hasta la adopción de las medidas definitivas.

Finalmente, afirmó que en la liquidación oficial de corrección se dejó constancia de que
los hechos del trámite adelantado por la seccional de Barranquilla de la demandada no
guardaban relación con el procedimiento seguido respecto de la demandante, razón
por la cual se desestimó acoger dichos antecedentes como referente para la decisión.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, i) inaplicó por
inconstitucional, con efectos inter partes, la expresión «no» del parágrafo del artículo
512 del Decreto 2685 de 1999, ii) declaró la nulidad de los actos demandados, iii)
declaró la configuración de un silencio administrativo positivo en favor de la
demandante, iv) declaró la firmeza de las declaraciones de importación, y v) condenó
en costas a la entidad demandada, por lo siguiente12:

Si bien el Decreto 846 del 30 de abril de 2014 adoptó una medida de salvaguardia
definitiva; esto no significó que se subsumieran las medidas provisionales establecidas
inicialmente por el Decreto 2213 de 2013, pues la salvaguardia definitiva se estableció
en unos términos diferentes a la de la provisional, además, hubo una falta en su
continuidad entre el 27 y el 30 de abril de 2013. De manera que, se trató de decisiones
independientes y diferentes. En el caso concreto, la importación objeto de debate se
realizó el 12 de abril de 2014, y la medida de salvaguardia provisional tuvo vigencia
hasta el 27 de abril de 2014, en consecuencia, a la demandante le correspondía cumplir

12
Índice 024 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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con dicha medida, y con ocasión de ello, constituir la póliza de cumplimiento de
obligaciones aduaneras.

Conforme al artículo 37 del Decreto 152 de 1998, cuando se adopta una medida de
salvaguardia provisional, el importador puede optar por cancelar los tributos aduaneros
derivados de su aplicación o constituir una garantía ante la DIAN para afianzar su pago,
por el término de vigencia de la medida, fijado en 200 días. Si al concluir dicho término
no se adopta una salvaguardia definitiva, la autoridad aduanera debe ordenar la
cancelación de la garantía o la devolución de los tributos pagados. En el caso concreto,
vencido el plazo de vigencia de la salvaguardia provisional sin que se hubiera
establecido una medida definitiva, resultaba procedente que la DIAN ordenara la
cancelación de la garantía constituida por la sociedad demandante. En consecuencia,
no era procedente que se le exigiera a la demandante el cumplimiento de la
salvaguardia definitiva.

En cuanto al silencio administrativo positivo, consideró que conforme con los artículos
512 y 519 del Decreto 2685 de 1999, la administración dispone de un término de 30
días para decidir de fondo sobre la formulación de la liquidación oficial o el archivo del
expediente, el cual se amplía a 45 días cuando se presenta respuesta al requerimiento
especial aduanero sin que se decreten o nieguen pruebas. El incumplimiento de dichos
términos, cuando se trata de la formulación de una liquidación oficial, da lugar a la
firmeza de la declaración de importación.

En el presente caso, el requerimiento especial aduanero fue proferido el 22 de febrero
de 2016 y respondido el 16 de marzo del mismo año, por lo que el término de 45 días
vencía el 24 de mayo de 2016; aunque la liquidación oficial fue expedida en esa fecha,
su notificación se surtió el 27 de mayo de 2016. Conforme al criterio reiterado de esta
Corporación13, el término para decidir de fondo comprende tanto la expedición como la
notificación del acto administrativo, en garantía del debido proceso y del efecto útil del
silencio administrativo positivo, razón por la cual resulta inaplicable, con efectos inter
partes, la expresión del parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 que
excluye la notificación del cómputo del término. En consecuencia, al haberse notificado
la liquidación oficial por fuera del plazo legal, se configuró el silencio administrativo
positivo en favor de la demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN14 solicitó revocar la sentencia apelada, con sustento en lo siguiente:

El criterio jurisprudencial usado por el Tribunal para establecer la configuración del
silencio positivo administrativo se aplicó de forma indebida, pues este fue desarrollado
frente a normas posteriores -decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019- y no frente al
procedimiento señalado en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, en ese sentido,
la interpretación acogida por el Tribunal desconoció el principio de legalidad y la
seguridad jurídica, al aplicar retroactivamente un desarrollo jurisprudencial que no
trataba la actuación administrativa cuestionada.
13
Consejo de Estado, sentencia de 25 de mayo de 2023, Exp. Interno No. 25332 y sentencia de 29 de junio de 2023, Exp. Interno
27156.
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Índice 028 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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La salvaguardia provisional prevista en el Decreto 2213 de 2013 y la salvaguardia
definitiva adoptada mediante el Decreto 846 de 2014, comparte una finalidad, la
protección de la producción nacional frente al aumento de importaciones y se apoya
en los mismos supuestos fácticos y económicos, por lo que no puede desconocerse su
incidencia para efectos de exigir el cumplimiento de la obligación garantizada, aun
cuando la importación se hubiese realizado durante la vigencia de la medida
provisional. En ese sentido, en el caso concreto la garantía fue correctamente afectada.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 14 de noviembre de 2025, se admitió15 el recurso de apelación y se otorgó
el plazo establecido en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011
para que los sujetos procesales se pronunciaran al respecto. La demandante 16 pidió
confirmar la sentencia porque: i) en materia aduanera la decisión debe expedirse y
notificarse dentro del término previsto por la norma, y como la demandada no notificó
oportunamente -y además negó pruebas-, se configura el silencio positivo administrativo;
y ii) la discusión no es la finalidad de la salvaguardia -proteger la industria nacional-, sino
la ilegalidad del cobro al desconocer términos imperativos -en especial la vigencia máxima
de 200 días de la salvaguardia provisional- y las diferencias sustanciales entre la medida
provisional y la definitiva.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los
cuales la DIAN determinó en cabeza de la demandante un gravamen arancelario del
21,29%, en cuantía de $855.912.806, a título de medida de salvaguardia provisional
para las importaciones de alambrón de acero, y negó la configuración de un silencio
positivo administrativo.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, corresponde a
la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: i) determinar si, en el caso concreto,
con ocasión de la formulación de la liquidación oficial, se configuró el silencio
administrativo positivo y, como consecuencia de ello, la firmeza de la declaración de
importación; y, de no ser así, ii) establecer si a la demandante le era exigible el
gravamen arancelario derivado de la medida de salvaguardia provisional aplicada a las
importaciones de alambrón de acero amparadas por la declaración de importación
objeto de controversia.

Silencio positivo administrativo en materia aduanera

Para resolver el primer cargo de apelación, se reiterará -en lo pertinente- lo expuesto en
las sentencias del 25 de mayo17 y del 29 de junio18 de 2023, en cuanto a la tesis según
15
Índice 009 del expediente digital de esta Corporación.
16
Índice 016 del expediente digital de esta Corporación.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; radicado núm. 11001-03-27-000-2020-00015-00
(25332); Consejero Ponente: Milton Chaves García.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; radicado núm. 13001-23-33-000-2017-00809-01
(27156); Consejero Ponente: Wilson Ramos Girón.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-010-2017-00914-01 (29609)
Demandante: PROALCO S.A.S.

la cual el término con que cuenta la autoridad aduanera para decidir de fondo una
actuación administrativa comprende el tiempo requerido para la notificación de la
decisión.

(i) Sentencia del 25 de mayo de 2023 «Exp. Interno 25332 C.P. Milton Chaves
García»

En esta providencia se analizaron los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 y
686 y 705 del Decreto 1165 de 2019, -disposiciones que reprodujeron lo previsto en el
parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999-. Frente a los cuales la Sección sostuvo
que: i) no resulta admisible considerar que la sola expedición del acto administrativo
dentro del término legal sea suficiente para excluir la configuración del silencio
administrativo positivo, pues esta institución no tiene por finalidad salvaguardar per se
el debido proceso del administrado, sino que opera como una sanción frente al actuar
extemporáneo de la Administración; en efecto, si el administrado no conoce
oportunamente tanto la parte motiva como la resolutiva del acto, no puede afirmarse
que la actuación haya sido decidida o resuelta; ii) en materia aduanera, para efectos
del silencio administrativo positivo, dentro del término que tiene la Administración para
resolver las actuaciones o los recursos debe surtirse también la notificación de la
decisión, pues, de no ocurrir así, la actuación o el recurso se entienden resueltos a favor
del administrado; y iii) el término «expedir», utilizado en el artículo 512 del Decreto 2685
de 1999, no puede interpretarse en su sentido meramente literal, dado que admitir que
la Administración pueda expedir el acto sin notificarlo dentro del plazo legal vaciaría de
contenido la figura del silencio administrativo positivo y contrariaría el propósito del
legislador, orientado a garantizar una respuesta oportuna y efectiva al administrado, lo
cual sólo se cumple cuando este conoce la decisión adoptada.

(ii) Sentencia del 29 de junio de 2023 «Exp. Interno 27156 C.P. Wilson Ramos
Giron»

En esta providencia se abordó directamente el alcance del artículo 512 del Decreto
2685 de 1999 y se precisó que: i) aunque las irregularidades en la exteriorización,
publicación o notificación del acto administrativo no comprometen, por sí mismas, la
validez de su expedición, sí pueden afectar el núcleo esencial del debido proceso, en
cuanto inciden en la posibilidad real del destinatario de ejercer su derecho de defensa
y contradicción, ya sea mediante los recursos administrativos o a través de la acción
judicial correspondiente; ii) la Corte Constitucional ha establecido que, en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el juez tiene el deber de
hacer prevalecer el ordenamiento constitucional cuando advierta que una disposición
de rango inferior lo contraría; y iii) por ello, se consideró necesario inaplicar, con efectos
inter partes, la expresión contenida en el parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685
de 1999 según la cual dentro del término para decidir de fondo «no» se incluyen los
requeridos para la notificación, pues se concluyó que el plazo para expedir la decisión
debe comprender también su notificación, como garantía efectiva del debido proceso
en sus vertientes de defensa y contradicción.

Caso concreto

El Tribunal señaló que, en aplicación de la jurisprudencia de esta Corporación, el
término para decidir de fondo comprende tanto la expedición como la notificación del
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Demandante: PROALCO S.A.S.

acto administrativo, en garantía del debido proceso y del efecto útil del silencio
administrativo positivo. En consecuencia, concluyó que la liquidación oficial demandada
fue notificada por fuera del término de 45 días previsto en el artículo 512 del Decreto
2685 de 1999, en tanto que, el requerimiento especial aduanero fue proferido el 22 de
febrero de 2016 y su respuesta radicada el 16 de marzo del mismo año, por lo que el
plazo vencía el 24 de mayo de 2016 y solo fue notificada el 27 de mayo de 2016,
configurándose el silencio administrativo positivo.

La parte demandante alega que el a quo aplicó indebidamente el criterio jurisprudencial
de esta Corporación para establecer la configuración del silencio positivo, toda vez que
este criterio aplica frente a normas posteriores -decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019-
y no frente al procedimiento señalado en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, lo
cual vulnera el principio de legalidad y la seguridad jurídica, al aplicar retroactivamente
un desarrollo jurisprudencial que no trataba la actuación administrativa cuestionada.

Al respecto, es pertinente indicar que la sociedad demandante presentó la declaración
de importación identificada con formulario núm. 352014000125530-5 y autoadhesivo
núm. 14308031313567 del 12 de abril de 2014. De igual manera, el Requerimiento
Especial Aduanero núm. 1-35-238-419-446-1 de 22 de febrero de 2016 y la respuesta
al mismo (16 de marzo de 2016), así como la Resolución No. 231200001-639- 00530
del 24 de mayo de 2016 (liquidación oficial corrección) se profirieron en vigencia del
Decreto 2685 de 199919.

Aclarado lo anterior, el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, disponía que, vencido el
término para responder el requerimiento especial aduanero, la autoridad contaba con
un plazo de 30 días para expedir el acto administrativo que decidiera de fondo sobre la
imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del
expediente. Dicho término se ampliaba a 45 días cuando se presentaba respuesta al
requerimiento especial aduanero sin que se decretaran o se negaran pruebas, contado
a partir del día siguiente a su radicación. Además, el parágrafo de esa disposición
precisaba “Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos
para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los
artículos 564 y 567 de este decreto.”

En ese orden, conforme a la norma citada, durante la vigencia del Decreto 2685 de
1999 se entendía decidida o resuelta de fondo la actuación administrativa o el recurso
de reconsideración con la sola expedición del acto administrativo, sin que fuera exigible
su notificación al administrado para tener por cumplido el deber de decidir.

A su vez, el artículo 519 del del Decreto 2685 de 1999 establecía el carácter perentorio
de estos plazos y preveía que su incumplimiento daba lugar al silencio administrativo
positivo, el cual, tratándose de procedimientos orientados a la formulación de una
liquidación oficial, producía como efecto la firmeza de la declaración de importación.

19
El artículo 588 del Decreto 390 de 2016 (acto administrativo que decide de fondo) entró a regir el 18 de octubre de 2016, según
el artículo 51 de la Resolución 64 de 2016.
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Ahora bien, conforme al criterio de las providencias que aquí se reitera, en materia
aduanera la configuración del silencio administrativo positivo exige no solo la
expedición, sino también la notificación del acto administrativo dentro del término legal
para decidir de fondo, pues únicamente así puede entenderse que la Administración
resolvió efectivamente la actuación frente al administrado. En consecuencia, cuando la
decisión no es oportunamente notificada, se configura el silencio administrativo positivo
con los efectos previstos en la ley, en particular, la firmeza de la declaración de
importación tratándose de la formulación de una liquidación oficial, criterio que resulta
aplicable al análisis del caso concreto.

Por lo tanto, encuentra acertada la decisión del Tribunal de inaplicar la expresión «no»
del parágrafo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, en tanto que, la notificación
de los actos administrativos de fondo constituye un componente esencial del debido
proceso, ya que garantiza el derecho de defensa y contradicción.

Aunado a lo anterior, tal y como lo constató el a quo, en este caso, obra en el expediente
que la demandante dio respuesta al Requerimiento Especial Aduanero núm. 1-35-238-
419-446-1 el 16 de marzo de 201620; en consecuencia, el término de 45 días para
adoptar una decisión de fondo se contabilizaba a partir del 17 de marzo de 2016 y
vencía el 24 de mayo de 2016. Si bien la demandada expidió la Liquidación Oficial de
Corrección 231200001-639-0053021 el 24 de mayo de 2016, lo cierto es que su
notificación a la demandante solo se surtió el 27 de mayo de 201622, esto es, por fuera
del término legal para decidir de fondo.

En tales condiciones, al encontrarse acreditado que la notificación del acto
administrativo se efectuó por fuera del término legalmente previsto, se configuró el
silencio administrativo positivo, con las consecuencias jurídicas que ello comporta. En
efecto, dicha circunstancia implica la pérdida de competencia temporal de la
Administración para decidir de manera válida sobre el asunto, lo que configura una
causal de nulidad del acto, en los términos expuestos por el a quo.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, al no prosperar el cargo
de apelación.

Condena en costas

Por último, conforme con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP23,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA24, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202525, procede la

20
Folio 75 de los anexos al escrito de la demanda, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
21
Folios 157 a 164 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
22
Folios 165 de los antecedentes administrativos, índice 021 del expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
23
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce
ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte vencida
en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la discrecionalidad que
confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados».
24
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
25
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias
en derechos”
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condena en costas en segunda instancia contra la demandada al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes la
sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1)
SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se ordenará al
tribunal que trámite el incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión.

2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La presente
providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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